S-009-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veintidos (22) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997).- <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 4753 <\/p>\n
Procede la Corte a decidir el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 22 de octubre de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en el proceso ordinario adelantado por Mar\u00eda Nelly Rivera y sus hijos Efra\u00edn Alfonso, Erika Fernanda, Oscar Hern\u00e1n, Sandra Socorro, Nelly Constanza, Adriana Mar\u00eda y Rafael Enrique Tob\u00f3n Rivera, contra Gaseosas Posada Tob\u00f3n S.A. y Pedro V\u00e9lez Alzate. <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
I.- Por demanda de 18 de junio de 1991 que por repartimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medell\u00edn, solicitaron los mencionados demandantes que con audiencia de los referidos demandados se les declarase a \u00e9stos responsables de los \u00abda\u00f1os y perjuicios\u00bb morales y materiales causados a aqu\u00e9llos, por ende, se les condenase a su pago. <\/p>\n
II.- Los actores apoyaron sus pretensiones en los hechos que seguidamente se compendian: <\/p>\n
a) El 10 de enero de 1991, a las 7 y 20 de la noche, se encontraba Harold Eduardo Tob\u00f3n Rivera en la carrera 58 con la calle 23 del Municipio de Bello, cuando fue atropellado por el veh\u00edculo automotor tipo cami\u00f3n y con placas LL-2875, conducido por Pedro V\u00e9lez Alzate, empleado de la empresa Gaseosas Posada Tob\u00f3n S.A., a consecuencia de lo cual falleci\u00f3 aqu\u00e9l horas m\u00e1s tarde. <\/p>\n
b) \u00abHarold Eduardo, se encontraba sentado sobre su motocicleta, parqueado sobre el and\u00e9n…en el lado izquierdo de la carrera 58, cuando de repente dicho cami\u00f3n que transitaba a alta velocidad…gir\u00f3 de manera intempestiva\u00bb, y al parecer el conductor V\u00e9lez perdi\u00f3 el control del veh\u00edculo y se precipit\u00f3 contra aqu\u00e9l. <\/p>\n
c) El mencionado accidente, que le caus\u00f3 la muerte a Harold Eduardo, se debi\u00f3 a imprudencia del conductor del cami\u00f3n, pues mientras la v\u00edctima \u00abse encontraba parqueado al costado izquierdo de la v\u00eda, sobre el anden en su motocicleta, el conductor del veh\u00edculo tipo cami\u00f3n repartidor de la empresa ‘Postob\u00f3n’ transitaba por el costado derecho de la v\u00eda y en forma sorpresiva gir\u00f3 hacia la izquierda y pasando la zona verde y el and\u00e9n, atropell\u00f3 a los circunstantes (sic) con los resultados anotados y luego choc\u00f3 contra el muro \u2018de la panader\u00eda\u2019 Juaco'\u00bb. <\/p>\n
d) Harold Eduardo Tob\u00f3n al momento del accidente ten\u00eda 22 a\u00f1os y 5 meses de edad, y seg\u00fan las tablas de mortalidad ten\u00eda \u00abuna supervivencia de 55 a\u00f1os y 7 meses\u201d . Era hijo de Oscar Tob\u00f3n y Mar\u00eda Nelly Rivera, quienes le sobreviven, junto con sus hermanos demandantes. <\/p>\n
e) Debido a que el padre de Harold Eduardo abandon\u00f3 el hogar, \u00e9ste se vio obligado a emplearse para el sostenimiento de su familia, y al momento del accidente laboraba en el establecimiento \u00abQuesera Royal\u00bb, con un salario promedio mensual de $54.025, destinando el 80% del mismo a los gastos de la casa. <\/p>\n
f) La muerte de Harold Eduardo Tob\u00f3n Rivera ha ocasionado a los demandantes los perjuicios materiales y morales que da cuenta la demanda. <\/p>\n
III.- La demandada \u00abPostob\u00f3n\u00bb respondi\u00f3 en el sentido de oponerse a las s\u00faplicas de la demanda, expresando desconocer los hechos, y aclarando que el automotor de placas LL 2875 a la fecha del accidente no era de su propiedad, por cuanto lo hab\u00eda enajenado a la \u00abEmpresa Distribuidora Betancur Jaramillo y C\u00eda. Ltda.\u00bb, seg\u00fan el contrato de compraventa que anexa; y que Pedro V\u00e9lez Alzate no ten\u00eda ning\u00fan v\u00ednculo laboral con ella, por lo que propuso las excepciones que denomin\u00f3 falta de \u00abLegitimaci\u00f3n en la causa pasiva\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abno ten\u00eda ninguna vigilancia sobre el carromotor\u00bb. <\/p>\n
IV.- El otro demandado, representado por curador ad-litem, contest\u00f3 con oposici\u00f3n a las s\u00faplicas, expresando desconocer la mayor\u00eda de los fundamentos f\u00e1cticos. <\/p>\n
V. Adelantado el litigio en esas condiciones, la primera instancia termin\u00f3 con sentencia de 11 de junio de 1993, mediante la cual el a-quo hizo los pronunciamientos siguientes: <\/p>\n
\u00ab1.- Se declara civilmente responsable al se\u00f1or PEDRO VELEZ ALZATE y a la persona jur\u00eddica \u00abGASEOSAS POSADA TOBON S.A. ‘POSTOBON’ por los da\u00f1os y perjuicios ocasionados en el accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el diez (10) de enero de 1991, hechos que tuvieron su ocurrencia en la carrera 58 con la calle 23 del Municipio de Bello y donde perdiera la vida el joven HAROLD EDUARDO TOBON RIVERA. <\/p>\n
\u00abLa condena total tiene un monto de TRECE MILLONES OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($13.008.364,OO), que en favor de los demandantes se discrimina as\u00ed: Para la se\u00f1ora MARIA NELLY RIVERA, la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($9.508.364,oo m.l.) y para los restantes demandantes: EFRAIN ALFONSO, ERIKA FERNANDA (menores representados por su se\u00f1ora madre), OSCAR HERNAN, SANDRA SOCORRO, NELLY CONSTANZA, ADRIANA MARIA y RAFAEL ENRIQUE TOBON RIVERA, de a QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000.OO) m.l., para cada uno de ellos. <\/p>\n
\u00abCOSTAS a cargo de la parte accionada. <\/p>\n
\u00abCons\u00faltese la presente providencia por ante el Superior (Art. 386 del C. de P.C.)\u00bb. <\/p>\n
VI.- Con excepci\u00f3n del demandado Pedro V\u00e9lez Alzate las partes recurrieron en apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n precedente, terminando la segunda instancia con fallo de 22 de octubre de 1993 en el que se confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo, con modificaci\u00f3n de la condena impuesta por concepto de lucro cesante en favor de la se\u00f1ora Mar\u00eda Nelly Rivera, fijada en la suma de once millones cuatrocientos setenta y siete mil setencientos catorce pesos ($11.477.714), que obtiene el ad-quem de fijar la indemnizaci\u00f3n consolidada en dos millones ciento once mil quinientos dieciocho pesos ($2.111.518) y la anticipada en la suma de nueve millones trescientos treinta y seis mil ciento noventa y seis pesos ($9.336.196); condena que impone al codemandado Pedro V\u00e9lez Alzate, pues a la empresa \u201cGaseosas Posada Tob\u00f3n S.A.\u201d la absuelve \u201cde cargos endilgados en su contra\u201d. — Al mismo codemandado V\u00e9lez Alzate lo condena al pago de las costas procesales de ambas instancias. <\/p>\n
VII Insatisfecha la parte demandante con lo as\u00ed decidido por el ad-quem, interpuso el recurso de casaci\u00f3n que ahora resuelve la Corte. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Referidos por el Tribunal los antecedentes del litigio, sienta a continuaci\u00f3n las reflexiones siguientes: <\/p>\n
a) Que el art\u00edculo 2356 del C.C. hace referencia a la responsabilidad civil que se deriva del ejercicio de actividades peligrosas, misma que conforme con los hechos y pretensiones de la demanda ha invocado la parte actora, contentiva de una presunci\u00f3n de culpa \u00aben contra del agente respectivo, quien s\u00f3lo puede llegar a eximirse de aquella acreditando la existencia de fuerza mayor, caso fortuito o la intervenci\u00f3n de un elemento extra\u00f1o como el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la v\u00edctima\u00bb. <\/p>\n
b) Que la parte demandante, para el buen suceso de su pretensi\u00f3n, solo tiene que acreditar el hecho nocivo, el da\u00f1o y la relaci\u00f3n de causalidad, pues la culpa se presume. <\/p>\n
c) Que el hecho nocivo se encuentra acreditado con el informe del accidente, la prueba de la defunci\u00f3n y la no oposici\u00f3n en el punto por parte de los demandados. <\/p>\n
d) Que el da\u00f1o y los consiguientes perjuicios se evidenciaron con el fallecimiento del joven Harold Eduardo Tob\u00f3n Rivera, y aparece obvia la relaci\u00f3n de causalidad. <\/p>\n
e) Que as\u00ed \u00abplanteada la situaci\u00f3n, ti\u00e9nese que la parte demandada no invoc\u00f3 eximente de responsabilidad tendiente a enervar los efectos de la acci\u00f3n, pues como bien se sabe, para el caso del conductor del automotor se\u00f1or Pedro V\u00e9lez Alzate, su representaci\u00f3n estuvo a cargo de un curador ad-litem quien, a pesar de su oportuna intervenci\u00f3n, s\u00f3lo hizo la manifestaci\u00f3n de oponerse a las declaraciones y condenas pero sin esgrimir ning\u00fan fundamento, y el apoderado de la empresa co-demandada no formul\u00f3 reparos al aspecto de la responsabilidad civil extracontractual que cab\u00eda por el siniestro, sino que su intervenci\u00f3n se enrut\u00f3, como ya se hab\u00eda dicho al inicio de este prove\u00eddo, a la comprobaci\u00f3n de una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva pues seg\u00fan manifest\u00f3, \u00abla empresa Postob\u00f3n S.A. nada tiene que ver con el lamentable insuceso ya que no ten\u00eda ninguna vigilancia sobre el carromotor, ni relaci\u00f3n laboral alguna con el codemandado PEDRO VELEZ ALZATE y en efecto no est\u00e1 llamada a responder por la obligaci\u00f3n pretendida. (fl. 64)\u00bb. <\/p>\n
f) Sigue diciendo el Tribunal que en este \u00aborden de ideas y admitiendo en gracia de discusi\u00f3n que conforme a (sic) las normas de tr\u00e1nsito es propietario del veh\u00edculo quien como tal aparece inscrito en la oficina correspondiente, no se puede desconocer que independientemente de esa circunstancia responde quien sea el guardi\u00e1n de la misma en los t\u00e9rminos en que se plasm\u00f3 en la sentencia del a-quo, agregando lo que a continuaci\u00f3n se indica literalmente: <\/p>\n
\u201cDe otro lado, la misma compa\u00f1\u00eda distribuidora, en el contrato de compraventa en que adquiri\u00f3 el veh\u00edculo de manos de Postob\u00f3n, asumi\u00f3 en la cl\u00e1usula sexta el riesgo por el ‘pago de multas por sanciones de polic\u00eda y tr\u00e1nsito, o por cualquier otra causa, durante el tiempo que el veh\u00edculo est\u00e9 a su cuidado. As\u00ed mismo, ser\u00e1 el \u00fanico responsable de los da\u00f1os que pueda ocasionar a terceros por sus acciones u omisiones culpables o negligentes en el uso o manejo del veh\u00edculo o por el riesgo que su explotaci\u00f3n implica’ (fl. 59 vto.). <\/p>\n
\u00abPor lo tanto queda claro que el guardi\u00e1n de la cosa con la que se ocasion\u00f3 el insuceso, no era Postob\u00f3n sino la compa\u00f1\u00eda distribuidora como compradora que adem\u00e1s fue del automotor, debiendo absolverse a la entidad co-demandada por cuanto demostr\u00f3 como qued\u00f3 dicho, que no ejerc\u00eda el poder de direcci\u00f3n y control sobre el multicitado carromotor. <\/p>\n
\u00abTal aserci\u00f3n resulta m\u00e1s robustecida con los testimonios que seguidamente se analizar\u00e1n en sus aspectos m\u00e1s relievantes para el efecto, con los que se respalda el desprendimiento que de la guarda de la actividad peligrosa desarrollada, hab\u00eda hecho la empresa Postob\u00f3n S.A.\u201d. <\/p>\n
Agrega el Tribunal que el desprendimiento de la guarda del automotor por parte de Postob\u00f3n S.A. se evidencia a\u00fan m\u00e1s con los testimonios de NICOLAS ALBERTO RIVERA GUERRA, quien como empleado de la empresa demandada declara que el conductor Pedro V\u00e9lez Alzate trabajaba al servicio de una distribuidora particular de la f\u00e1brica, denominada Betancur Jaramillo, y que el carro lo vendi\u00f3 Postob\u00f3n a \u201cGorbach\u00f3\u201d, due\u00f1o de la citada distribuidora; ABELARDO BUITRAGO LOAIZA, quien declara que Postob\u00f3n trabaja con carros \u201cfleteros\u201d de particulares y en este caso con uno de la distribuidora de gaseosas \u201cBetancur y C\u00eda. Ltda.\u201d; AUGUSTO BOTERO BETANCUR, quien como gerente de Postob\u00f3n S.A. suscribi\u00f3 en su momento los contratos de distribuci\u00f3n y compraventa aludidos (obrantes entre folios 56 a 60 del cuaderno principal) y al declarar reconoci\u00f3 como ciertos tales acuerdos, a\u00f1adiendo que la empresa distribuidora era la due\u00f1a del veh\u00edculo; y JUAN GUILLERMO BETANCUR RENDON, quien como suscriptor de esos contratos de distribuci\u00f3n y compraventa en su calidad de gerente de la empresa Distribuidora Betancur Jaramillo y C\u00eda. Ltda. reconoci\u00f3 el contenido de los mismos. <\/p>\n
Tras indicar que la prueba trasladada no puede apreciarse por cuanto Postob\u00f3n S.A. no fue parte en el proceso dentro del que se recepcion\u00f3, el Tribunal se ocupa a continuaci\u00f3n de los testimonios de ALVARO DIEGO MORALES y LUZ AMPARO GIRALDO (FLS. 82, 83, 91 Y 92 C. N\u00b0 3) para decir que \u201cfueron contestes en atribuir la autor\u00eda del hecho a la actividad exclusiva desplegada por el cami\u00f3n agresor\u201d, que embisti\u00f3 a Harold Eduardo Tob\u00f3n Rivera caus\u00e1ndole la muerte. <\/p>\n
De esa manera el sentenciador concluye que es preciso revocar la sentencia del a-quo en cuanto ata\u00f1e a la demandada Postob\u00f3n S.A., a quien se absolver\u00e1 de las pretensiones, no as\u00ed al codemandado Pedro V\u00e9lez Alzate frente a quien se demostr\u00f3 su responsabilidad y no apel\u00f3. En armon\u00eda con esa conclusi\u00f3n se\u00f1ala que el da\u00f1o emergente que dedujo el a-quo en favor de Mar\u00eda Nelly Rivera \u201cpermanecer\u00e1 inc\u00f3lume por virtud de la comprobaci\u00f3n de su erogaci\u00f3n en la cuant\u00eda fijada\u201d, y que \u201clo propio ocurrir\u00e1 con el perjuicio moral por cuanto hace parte del arbitrio judicial…\u201d, no as\u00ed con el lucro cesante futuro y consolidado deducido en favor de la mencionada actora por cuanto la base \u201caproximativa\u201d que tuvo en cuenta el a-quo \u201cno constituy\u00f3 ning\u00fan par\u00e1metro t\u00e9cnico-cient\u00edfico que permitiera a las claras llegar a esa cuantificaci\u00f3n luego de un an\u00e1lisis razonado\u201d. <\/p>\n
Nota por \u00faltimo el ad-quem que es acertado el examen hecho por los auxiliares de la justicia en cuanto fijaron la indemnizaci\u00f3n consolidada o vencida en $2\u2019111.518 y la anticipada o futura en $9\u2019336.196, t\u00e9rminos en los que advierte se reformar\u00e1 la sentencia de primer grado. <\/p>\n
LA IMPUGNACION <\/p>\n
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Un \u00fanico cargo, por la causal primera de casaci\u00f3n, formula la parte recurrente contra la sentencia del Tribunal, el cual hace consistir en quebranto de los art\u00edculos 2341, 2342, 2343, 2344, 2347, 2349 y 2356 del C.C.; 1317 y 1320 del C. Co., 17 de la Ley 33 de 1986, 261 del C. Nal. de Tr\u00e1nsito Terrestre, por falta de aplicaci\u00f3n, a consecuencia de errores de hecho y de derecho cometidos por el ad-quem en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
El cargo lo desarrolla sobre los asertos siguientes: <\/p>\n
a) Que desacert\u00f3 el Tribunal al aplicar el criterio doctrinal de la Corte sobre la concepci\u00f3n de la guarda de la cosa, criterio que s\u00f3lo es aplicable en Francia pero no en Colombia donde impera la teor\u00eda del dominio. <\/p>\n
b) Que err\u00f3 de hecho el Tribunal al apreciar el contrato de distribuci\u00f3n celebrado entre las personas jur\u00eddicas Gaseosas Posada Tob\u00f3n S.A. y distribuidora Betancourt Jaramillo Ltda. lo mismo que el contrato de compraventa del veh\u00edculo automotor celebrado entre las mismas partes. <\/p>\n
c) Que en lo que toca con el mal denominado contrato de distribuci\u00f3n, lo que acordaron las partes fue un contrato de agencia comercial seg\u00fan se infiere de sus cl\u00e1usulas, y que al haberse incorporado al proceso sin el respectivo registro mercantil no es oponible a terceros de buena fe exenta de culpa (arts. 1317 y 1320 del C. Co.). <\/p>\n
d) Que el mal llamado contrato de distribuci\u00f3n aportado por la codemandada Postob\u00f3n, tampoco ten\u00eda reconocidas las firmas de los representantes legales, porque si bien este impase se trat\u00f3 de resolver mediante las declaraciones de reconocimiento de firmas y contenido que hicieran los representantes de ambas empresas, ocurri\u00f3 que Augusto Botero Betancourt, representante de Postob\u00f3n, reconoci\u00f3 su firma y el contenido del contrato firmado el 29 de mayo de 1986, pero con relaci\u00f3n a la ejecuci\u00f3n del referido negocio jur\u00eddico que ten\u00eda una duraci\u00f3n de siete a\u00f1os \u00abno pudo argumentar nada, debido a que despu\u00e9s de firmado el contrato s\u00f3lo estuvo seis meses m\u00e1s dentro de la compa\u00f1\u00eda, pues se retir\u00f3 en octubre de 1986\u00bb. Y por otra parte Juan Guillermo Betancourt Rend\u00f3n, representante de la Distribuidora Betancourt Jaramillo y C\u00eda. Ltda., aunque reconoce su firma y el contenido del contrato, declara que el automotor al momento del accidente lo ten\u00eda un primo suyo de nombre Iv\u00e1n Dar\u00edo Betancourt que qued\u00f3 encargado del negocio y que le pagaba las cuotas a Postob\u00f3n, que el carro sigue figurando a nombre de esta \u00faltima empresa; que su primo era el que lo explotaba en ese momento; que Postob\u00f3n permiti\u00f3, entonces, que Iv\u00e1n Dar\u00edo distribuyera sus productos y continuara administrando el veh\u00edculo. <\/p>\n
d) Que el Tribunal no apreci\u00f3 en su integridad el testimonio de Juan Guillermo Betancourt Rend\u00f3n y tampoco hizo un an\u00e1lisis del contrato referido, porque de haberlo hecho habr\u00eda conclu\u00eddo que era un contrato de agencia comercial, inoponible a terceros de buena fe. <\/p>\n
e) El ad-quem incurri\u00f3 en manifiesto error de hecho al no apreciar el indicio grave y preciso que surge en contra de Postob\u00f3n de la declaraci\u00f3n rendida por el empleado de dicha empresa Abelardo Buitrago Loaiza, quien declara que al veh\u00edculo automotor que caus\u00f3 el accidente lo vio al otro d\u00eda cuando lo llevaron a la f\u00e1brica. <\/p>\n
f) Que el Tribunal incurri\u00f3 \u00aben error de derecho al no apreciar las siguientes pruebas\u00bb: La certificaci\u00f3n de Transportes y Tr\u00e1nsito del Municipio de Itagu\u00ed que atribuye a Postob\u00f3n el dominio del automotor que caus\u00f3 el da\u00f1o y el documento p\u00fablico autenticado por el Juzgado 98 de Instrucci\u00f3n Criminal, que pone de presente que Dar\u00edo de J. Rodr\u00edguez M\u00e9ndez, autorizado por Postob\u00f3n, reclama el automotor en la Inspecci\u00f3n de Tr\u00e1nsito del Municipio de Bello, con lo que se acredita que la empresa es la propietaria del cami\u00f3n causante del siniestro. <\/p>\n
SE CONSIDERA <\/p>\n
1.- El cargo, tal como viene planteado, no puede abrirse paso, como quiera que concurren respecto de \u00e9l serias deficiencias de t\u00e9cnica que la Corte no puede subestimar, porque el recurso de casaci\u00f3n, a pesar de las reformas introducidas, sigue siendo extraordinario, formalista y dispositivo. <\/p>\n
2.- En efecto, el cargo, tal como fue estructurado por la parte recurrente, se aleja de la disciplina t\u00e9cnica del recurso de casaci\u00f3n en los siguientes aspectos: <\/p>\n
a) Cuando la sentencia impugnada se funda en varios pilares de orden probatorio y la acusaci\u00f3n viene montada por la causal primera de casaci\u00f3n por v\u00eda indirecta, es menester que se ataque y destruyan todos los soportes de ella para poder infirmarla, pues si la impugnaci\u00f3n no comprende la totalidad de los puntos de apoyo que le sirven de fundamento, o si a\u00fan atac\u00e1ndolos queda por lo menos uno que sea suficiente para respaldar la sentencia, \u00e9sta no puede ser quebrada. <\/p>\n
La jurisprudencia de la Corte ha sostenido insistentemente sobre el particular que cuando el fallo acusado se basa en multiplicidad de pruebas, \u00abcada una con fuerza suficiente para sustentar la decisi\u00f3n jurisdiccional, no es dif\u00edcil descubrir que si la censura en casaci\u00f3n es ineficaz para desvirtuar todos los soportes del fallo, porque permanece en vigor alguno que le mantiene su firmeza en derecho, a\u00fan en el supuesto de que fueren destruidos los motivos restantes de la sentencia acusada, \u00e9sta en manera alguna puede ser quebrada\u00bb (Cas. Civ. de 6 de agosto de 1958, LXXXVIII, 596; 24 de enero de 1962, XCVIII, 10; 29 de enero de 1966, CXV, 59 y 60; 4 de octubre de 1973; 23 de marzo de 1977, no publicadas). <\/p>\n
b) El Tribunal para absolver a la sociedad demandada, por no estar legitimada pasivamente, no solo se apoy\u00f3 en el denominado contrato de \u00abdistribuci\u00f3n\u00bb, y en el contrato de compraventa del automotor con el que se caus\u00f3 el da\u00f1o, celebrado entre \u00abPostob\u00f3n\u00bb y la sociedad Distribuidora Betancourt Jaramillo y C\u00eda Ltda., sino en los testimonios rendidos por Nicol\u00e1s Alberto Rivera y Abelardo Buitrago Loaiza; elementos de convicci\u00f3n que la censura no combate, pues si mencion\u00f3 el contrato de distribuci\u00f3n referido fue para destacar que no era tal sino de agencia comercial y que adem\u00e1s hab\u00eda perdido vigencia, sin hacer alusi\u00f3n concreta empero al contrato de compraventa y menos a la interpretaci\u00f3n de la cl\u00e1usula sexta de dicho negocio jur\u00eddico que fue fundamental en la conclusi\u00f3n y decisi\u00f3n del Juzgador de segundo grado. Y si tambi\u00e9n menciona la parte recurrente el testimonio de Abelardo Buitrago Loaiza, no lo combate en la apreciaci\u00f3n y conclusi\u00f3n que sac\u00f3 el Tribunal, sino en un punto diferente. <\/p>\n
Dicho en otras palabras, as\u00ed fuese cierto el error f\u00e1ctico cometido por el Tribunal al apreciar el contrato de compraventa referido cuya eficacia dej\u00f3 realmente en entredicho Juan Guillermo Betancur Rend\u00f3n, a\u00fan as\u00ed ese yerro no podr\u00eda ser examinado de fondo por la Corte en vista de que tal contrato no fue la \u00fanica fuente probatoria que examin\u00f3 el Tribunal para desplazar la \u201cGuarda de la actividad\u201d en persona distinta a Postob\u00f3n S.A., y porque los restantes elementos de persuaci\u00f3n en que para ello se apoy\u00f3 no resultaron combatidos en el cargo, permitiendo as\u00ed que la decisi\u00f3n se mantenga. <\/p>\n
c) Fuera de lo dicho, que ser\u00eda suficiente para la improsperidad de la acusaci\u00f3n, tambi\u00e9n es oportuno dejar sentado que el error de derecho a que se refiere la causal primera de casaci\u00f3n planteada en el cargo presupone la existencia y apreciaci\u00f3n en el proceso de la prueba y el quebranto por el Juzgador de las normas legales que disciplinan su m\u00e9rito probatorio. Por consiguiente, mal puede cometerse un yerro de este linaje respecto de pruebas no tenidas en cuenta en la sentencia que se impugna, porque si esto \u00faltimo es lo que ha acontecido, el yerro ser\u00eda de facto. <\/p>\n
Sobre el yerro de valoraci\u00f3n ha sostenido la Corte que se incurre en \u00e9l, \u00abcuando se aprecian pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las aval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente prohibe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere\u00bb (Cas. Civ. de 25 de agosto de 1973, CXLVII, 61). Y tambi\u00e9n ha sostenido la Corte que es impropio y alejado de la t\u00e9cnica que se acuse una sentencia por yerro de valoraci\u00f3n desarroll\u00e1ndolo, como si fuera de hecho, en que determinadas pruebas no fueron tenidas en cuenta, porque ambos yerros tiene claros perfiles que los diferencian. En efecto, el \u00abyerro de derecho se sit\u00faa en un \u00e1ngulo distinto, pues consiste en que el sentenciador, no obstante ver bien la prueba en su materialidad misma, no le otorga el valor demostrativo que la ley le asigna, o le atribuye uno que \u00e9sta le niega. Y ese sencillo enunciado hace ver que en el campo probatorio, cada uno de los dos errores, el de hecho y el de derecho, asume una entidad espec\u00edfica propia, en cuya virtud no pueden confundirse ni hacerse derivar el uno del otro\u00bb (Cas. Civ. de 6 de septiembre de 1967). Por ello, la Corte ha insistido en sostener que \u00abmal puede cometerse un error de derecho respecto de pruebas no tenidas en cuenta en la sentencia\u00bb (Cas. Civ. de 30 de abril de 1964). <\/p>\n
Y aqu\u00ed acontece que el yerro de valoraci\u00f3n, que la censura le achaca al Tribunal en cuanto no apreci\u00f3 la certificaci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Transportes y Tr\u00e1nsito de Itagu\u00ed ni el documento proveniente del Juzgado 98 de Instrucci\u00f3n Criminal, no estructura yerro probatorio de derecho sino la comisi\u00f3n de un t\u00edpico error de hecho, resinti\u00e9ndose as\u00ed el cargo de confundir uno y otro yerro, lo que es inadmisible, como acaba de explicarse, por los perfiles propios que caracterizan a cada uno de ellos. <\/p>\n
3.- No obstante lo anteriormente discurrido que hace inevitable el fracaso de la censura, debe la Sala hacer la precisi\u00f3n doctrinal que el asunto exige en torno al alcance que, entre los varios que consider\u00f3, le dio el Tribunal al concepto de \u201cguardi\u00e1n de la actividad\u201d, y por el que concluy\u00f3 que el poder efectivo de uso, direcci\u00f3n o control sobre el veh\u00edculo causante del da\u00f1o, no lo ten\u00eda Postob\u00f3n S.A. \u201csino la Compa\u00f1\u00eda distribuidora como compradora que adem\u00e1s fue del automotor\u201d; conclusi\u00f3n con la cual parece dar a entender que en el supuesto de este litigio bast\u00f3 la venta mencionada, efectuada por Postob\u00f3n S.A., para que se produjera el desplazamiento de la \u201cguarda\u201d, esto es, para que el vendedor escapara sin m\u00e1s a la responsabilidad civil que le fue imputada, no obstante conservar una incuestionable vinculaci\u00f3n econ\u00f3mica con el veh\u00edculo causante del da\u00f1o. <\/p>\n
A fin de perfilar ese concepto en su debida dimensi\u00f3n, la Corte se ve en la necesidad de efectuar este formal reparo por cuanto, muy a pesar del alcance de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en esta actuaci\u00f3n, con tal consideraci\u00f3n desconoci\u00f3 el Tribunal la apuntada vinculaci\u00f3n y por ende la noci\u00f3n te\u00f3rica de \u201cguarda compartida\u201d, seg\u00fan la cual en el ejercicio de actividades peligrosas no es extra\u00f1a la concurrencia de varias personas que, desde diversos \u00e1ngulos y en atenci\u00f3n a sus propios intereses o beneficios, puedan ejercer al tiempo y a su manera la direcci\u00f3n o control efectivo de aquellas y que a todas les impone el deber jur\u00eddico de impedir que se convierta en fuente de perjuicios para terceros, cuesti\u00f3n que ciertamente omiti\u00f3 examinar el sentenciador en el caso sub-judice, a pesar de las evidencias existentes en el proceso que llevan a concluir que Postob\u00f3n S.A., sin embargo de efectuar la venta mencionada, no permaneci\u00f3 apartada ni indiferente al desempe\u00f1o, funcionamiento y control intelectual de la actividad peligrosa desplegada por el automotor tantas veces citado, actitud que por fuerza ha de entenderse asumida por aquella entidad en cuanto y en tanto obten\u00eda de esa actividad lucro o provecho econ\u00f3mico evidente. La posici\u00f3n de Postob\u00f3n S.A. que en consecuencia muestra el proceso, es entonces significativa en poner de manifiesto la existencia de un factor suficiente de atribuci\u00f3n de responsabilidad que no era dable desconocer por principio bajo el simple enunciado de la venta tantas veces referida, pues razones jur\u00eddicas exist\u00edan para imputarle la correspondiente obligaci\u00f3n resarcitoria en que dicha responsabilidad consiste, tanto a la compradora como a la vendedora. <\/p>\n
Empero, como ya se advirti\u00f3, las deficiencias ya exteriorizadas del cargo examinado impiden que sea la Corte quien resuelva el litigio siguiendo las directrices trasadas, pues ante aquellas esa no es la tarea que le corresponde. <\/p>\n
Necesario es precisar adem\u00e1s, que no todas las pruebas trasladadas a esta actuaci\u00f3n del proceso penal seguido contra el conductor del automotor, requer\u00edan ratificaci\u00f3n para poder tener valor frente a la codemandada Postob\u00f3n S.A., como lo dijo el Tribunal, ya que entre dichas pruebas se encuentra la certificaci\u00f3n expedida por la competente autoridad de tr\u00e1nsito seg\u00fan la cual dicho automotor fue entregado a esa sociedad con posterioridad al accidente, una vez \u00e9sta demostr\u00f3 su titularidad sobre \u00e9l; documento que por no haber sido objeto de tacha de falsedad en estas diligencias por parte de la entidad codemandada contra quien aqu\u00ed se opuso, goza de presunci\u00f3n de autenticidad al tenor del art\u00edculo 252 del C. de P.C., que le permit\u00eda poder ser estimado por parte del sentenciador ad quem, a pesar de lo cual \u00e9ste no encontr\u00f3 obst\u00e1culo en exigir respecto de toda la prueba trasladada y sin la debida distinci\u00f3n que el caso ameritaba, la comentada ratificaci\u00f3n, echada de menos, cual se dijo, de manera general. <\/p>\n
4.- Viene de lo dicho que el cargo no est\u00e1 llamado a prosperar, tal como deber\u00e1 manifestarlo la Corte, a pesar de lo cual esta Corporaci\u00f3n no impondr\u00e1 condena en costas a la parte recurrente en casaci\u00f3n, habida cuenta que aun cuando la sentencia de segunda instancia permanecer\u00e1 inc\u00f3lume frente a los efectos del recurso extraordinario, ella si fue materia de la ya referida correcci\u00f3n doctrinal que as\u00ed lo impone, al tenor del inciso final del art\u00edculo 375 del C. de P.C. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida en este proceso ordinario por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. <\/p>\n
Sin costas en el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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S-009-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA MAGISTRADO PONENTE: NICOLAS BECHARA SIMANCAS Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veintidos (22) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997).- Referencia: Expediente No. 4753 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81445","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81445","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81445"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81445\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81445"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81445"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81445"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}