S-016-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997). <\/p>\n
Ref: Expediente No. 4754 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 29 de abril de 1993, proferida por el Tribunal Superior -Sala de Familia- del Distrito Judicial de Pasto en el proceso ordinario de Antonia Alvear de C\u00e1rdenas, Francisco Tom\u00e1s y Luis Eudoro Alvear Moncayo, Luis Enrique Alvear Estrella, Em\u00e9rita Alvear de Mu\u00f1oz, Segundo Edelberto Alvear Coronel y Jos\u00e9 Olimpo, Alfredo, Segundo Federico, Pr\u00f3spero e Ismenia Alvear Delgado contra Samuel Di\u00f3genes Moreno Delgado y Amado Rafael Viveros Burbano. <\/p>\n
I. Antecedentes <\/p>\n
1. En la demanda respectiva pidieron los actores que se declare que el dominio de los inmuebles all\u00ed relacionados en el numeral primero del petitum pertenece \u00aba la causante se\u00f1orita MARINA ALVEAR MORENO, representada actualmente por sus legatarios testamentarios\u00bb y ahora demandantes, y que, en consecuencia, los demandados sean condenados a restituir dichos predios \u00aben favor de la causante representada por los legatarios testamentarios\u00bb, junto con los frutos debidos y las cosas que forman parte de los mismos, cancel\u00e1ndose adem\u00e1s las matr\u00edculas inmobiliarias relacionadas en el quinto numeral del mismo petitum. <\/p>\n
Subsidiariamente pidieron que se declare que los actores \u00abtienen vocaci\u00f3n hereditaria para suceder a la finada MARINA ALVEAR MORENO en su condici\u00f3n de asignatarios testamentarios, de las propiedades detalladas en los hechos 1o., 2o., 3o. y 6o. de acuerdo con la voluntad de la causante consignada en el testamento cerrado elevado a escritura p\u00fablica No. 544 de 14 de abril de 1.988, Notar\u00eda 3a. de Pasto\u00bb, y que, por consiguiente, se les adjudique \u00abdicha cuota hereditaria\u00bb y se declare ineficaz \u00abla adjudicaci\u00f3n que en favor de SAMUEL DIOGENES MORENO DELGADO y la venta que hizo este se\u00f1or a don AMADO RAFAEL VIVEROS BURBANO se hiciera en el proceso de sucesi\u00f3n de la causante MARINA ALVEAR MORENO y MARIA JOBA CALIXTA MORENO D. en el Juzgado PROMISCUO DEL CIRCUITO de La Cruz\u00bb, con la modificaci\u00f3n de los registros inmobiliarios de acuerdo con las cuotas all\u00ed mismo se\u00f1aladas. Por cuya raz\u00f3n los demandados deben ser condenados a restituir a los actores \u00abtanto la posesi\u00f3n material de la cuota de los bienes antes adjudicados ocupados por ellos, como todos los aumentos (accesiones), lo mismo que los frutos civiles y naturales percibidos desde el d\u00eda del fallecimiento de la causante hasta el d\u00eda en que se inscriba esta sentencia: y no solamente los percibidos sino los que se hubiera podido percibir con mediana inteligencia y cuidado como poseedores de mala f\u00e9 (arts: 1323, 961 y ss. del C.C.)\u00bb. Por \u00faltimo que se inscriba la sentencia en el registro inmobiliario correspondiente a los distintos inmuebles. <\/p>\n
2. Los anteriores pedimentos vienen sustentados en los hechos que seguidamente se resumen: <\/p>\n
a) Marina Alvear Moreno distribuy\u00f3, en su testamento del 15 de julio de 1986, entre los demandantes los distintos bienes que aparecen rese\u00f1ados en el primer hecho de la demanda. Pero al morir ella, Samuel Di\u00f3genes Moreno Delgado adelant\u00f3 el sucesorio respectivo en el juzgado Civil o Promiscuo de La Cruz, \u00aba espaldas de los legatarios testamentarios\u00bb y por sentencia de 8 de junio de 1988 \u00abse hizo adjudicar estos bienes\u00bb, \u00e9poca desde la cual empez\u00f3 a poseer los inmuebles, vendiendo luego uno de ellos, denominado El Jard\u00edn Getzeman\u00ed, a Amado Rafael Viveros Burbano, mediante escritura p\u00fablica 5839 de 18 de octubre de 1988, de la Notar\u00eda Segunda de Pasto, el que desde entonces posee el comprador. <\/p>\n
b) Tanto Samuel como Amado se reputan due\u00f1os, sin serlo, \u00abcomo quiera que derivan sus t\u00edtulos de quien (sic) no eran due\u00f1as\u00bb de las fincas que los actores \u00abtratan de reivindicar y de la subsidiaria petici\u00f3n de herencia\u00bb; son poseedores de mala fe, han plantado mejoras, no tienen derecho para ganar por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
c) El testamento fue abierto en la notar\u00eda 3a. de Pasto, siendo ello viable \u00abporque la se\u00f1ora MARIA JOVA CALIXTA MORENO falleci\u00f3 seg\u00fan constancia que se adjunta\u00bb, y el proceso de sucesi\u00f3n se tramita en el juzgado \u00ab1o. Civil de Pasto\u00bb. <\/p>\n
d) \u00abA la muerte de la se\u00f1orita Marina Alvear Moreno le hicieron adjudicar a la se\u00f1ora Mar\u00eda Jova Calixta Moreno los bienes en la condici\u00f3n de madre. Y despu\u00e9s cuando Mur\u00eda (sic) Mar\u00eda Jova Calixta Moreno se hizo adjudicar el sr. Samuel Di\u00f3genes Moreno Delgado, sin ning\u00fan esfuerzo\u00bb. <\/p>\n
3. Por auto de 20 de abril de 1989 se inadmiti\u00f3 la demanda, porque, entre otras cosas, se \u00abpropone un proceso Ordinario Reivindicatorio, que a criterio de este despacho no ser\u00eda \u00e9ste, sino el que establece el Art. 948 del C. C.\u00bb, punto acerca del cual asegur\u00f3 la actora, en el memorial con que dijo subsanarla: <\/p>\n
\u00abComo la cuesti\u00f3n es una iniciativa del demandante, si ESTOY DE ACUERDO QUE SE TRAMITE EL PROCESO DE PETICION DE HERENCIA, para lo cual se tendr\u00e1 en cuenta lo expuesto en el libelo principal\u00bb. <\/p>\n
Ante lo cual se admiti\u00f3 la demanda en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abSE ADMITE, la anterior demanda ordinaria de petici\u00f3n de Cuota Hereditaria …\u00bb. <\/p>\n
4. Con oposici\u00f3n a las pretensiones se dio respuesta a la demanda, acept\u00e1ndose algunos hechos, exigiendo la prueba de otros y calificando de inocuos otros m\u00e1s. <\/p>\n
Ad\u00fajose b\u00e1sicamente la nulidad del testamento – con fundamento en lo cual m\u00e1s adelante dijo excepcionarse-, al ser elaborado bajo circunstancias dudosas, debido a que, en primer lugar, all\u00ed se desconoci\u00f3 la leg\u00edtima rigurosa que como heredera \u00fanica correspond\u00eda a Joba Calixta Moreno, madre de la testadora; tanto, que \u00e9sta adelant\u00f3 el sucesorio correspondiente en el juzgado primero civil del circuito de Pasto, en el que se pronunci\u00f3 sentencia el 4 de febrero de 1988, registr\u00e1ndose posteriormente los bienes en la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de all\u00ed mismo. En segundo t\u00e9rmino, la testadora, dada la enfermedad que por entonces padec\u00eda y los medicamentos que le fueron administrados, se encontraba en estado preag\u00f3nico al momento de testar -precisamente unas horas antes de morir-, configur\u00e1ndose as\u00ed la inhabilidad que consagra el numeral 3 del art.1061 del C\u00f3digo Civil. Y por \u00faltimo, la absurda distribuci\u00f3n de los bienes, demuestra la incapacidad en que se encontraba para testar, o el influjo de ciertas personas interesadas en su patrimonio. <\/p>\n
Afirm\u00f3se, de otra parte, que, al fallecer Joba Calixta, Samuel Moreno entr\u00f3 en posesi\u00f3n de los bienes desde el momento mismo en que se defiri\u00f3 la herencia, vale decir, desde el 23 de noviembre de 1987, \u00abfecha en que se admiti\u00f3 la demanda de sucesi\u00f3n en el Juzgado Promiscuo del circuito de La Cruz (N) propuesta por el se\u00f1or Samuel Moreno\u00bb, la cual termin\u00f3 con sentencia de adjudicaci\u00f3n del 8 de junio de 1988; posteriormente vendi\u00f3 un inmueble a Amado Viveros, estando en leg\u00edtimo derecho de hacerlo. De manera, pues, que tanto Samuel como Amado \u00abposeen sus predios como amos, se\u00f1ores y due\u00f1os e instaurando las mejoras que consideren convenientes\u00bb; y puesto que adquirieron por procedimientos jur\u00eddicos leg\u00edtimos -el primero mediante sucesi\u00f3n por causa de muerte y el segundo por compraventa-, son poseedores de buena fe. <\/p>\n
Reit\u00e9rase la duda sobre el testamento por cuanto se desconoci\u00f3 los derechos de Joba Calixta, agreg\u00e1ndose ahora que \u00abas\u00ed lo estipula la cl\u00e1usula que dice que el testamento tendr\u00eda efecto cuando Joba Calixta Moreno, muriese de aqu\u00ed se desprende cierta conducta sospechosa con la que se elabor\u00f3 el testamento\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se aleg\u00f3 -con lo que tambi\u00e9n dijo luego excepcionarse- que no se conoce \u00abla verdadera pretenci\u00f3n (sic) de la demanda. Pues, si es reivindicaci\u00f3n no prosperan las pretenciones (sic) porque chocar\u00eda con lo estipulado en el Art. 948 del C. C. Y, si es de petici\u00f3n de herencia, tampoco existen las pruebas pertinentes que los ubique como herederos, como lo determina la ley\u00bb. Adem\u00e1s, el testamento aportado no sirve como prueba del dominio contra los t\u00edtulos que ostentan los demandados. \u00abTampoco determina prueba de un mejor derecho para la petici\u00f3n de herencia\u00bb. <\/p>\n
5. Por auto de 31 de agosto de 1990 cit\u00f3se como demandado a Over Ramiro Viveros Estrella, quien junto con Viveros compr\u00f3 el inmueble arriba relacionado. Contest\u00f3 la demanda en t\u00e9rminos similares. <\/p>\n
6. Mediante prove\u00eddo de 4 de marzo de 1991 se remiti\u00f3 el proceso a la jurisdicci\u00f3n de familia, correspondiendo en reparto al juzgado primero de familia de Pasto, el que finiquit\u00f3 la instancia por sentencia de 13 de octubre de 1992, desestimatoria de las pretensiones por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
7. Apelada la decisi\u00f3n por los demandantes, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Pasto la confirm\u00f3, pero aclarando que lo hac\u00eda \u00abpor las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia y centradas \u00fanica y exclusivamente a la pretensi\u00f3n de ‘petici\u00f3n de herencia'\u00bb. <\/p>\n
8. La misma parte actora recurri\u00f3 entonces en casaci\u00f3n. <\/p>\n
II. La sentencia del tribunal <\/p>\n
El proemio est\u00e1 dedicado a historiar el litigio; luego, denotando que concurren las condiciones para el fallo de m\u00e9rito, se dio al estudio de la legitimaci\u00f3n en la causa, con la siguiente advertencia: <\/p>\n
\u00abY para ello partimos del escrito de abril 25 de 1989 que a la postre determin\u00f3 el pronunciamiento del auto admisorio de la demanda de 26 de junio de ese mismo a\u00f1o, centrando nuestro estudio en la pretensi\u00f3n subsidiaria de ‘petici\u00f3n de herencia'\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, determin\u00f3 la naturaleza jur\u00eddica de la petici\u00f3n de herencia, haciendo \u00e9nfasis en que, seg\u00fan el art\u00edculo 1321 del C\u00f3digo Civil, \u00abquien pretende ejercer dicha acci\u00f3n debe tener la calidad de heredero\u00bb, toda vez que \u00absi el demandante no demuestra tener derecho a la herencia que se controvierte, es decir, si no acredita que es asignatario a t\u00edtulo universal, entonces su actividad procesal est\u00e1 llamada al fracazo (sic), pues la de petici\u00f3n de herencia es acci\u00f3n que se ejercita por quien es heredero frente a quien se pretende igualmente heredero\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante se refiere a las asignaciones a t\u00edtulo universal y singular, haciendo estas precisiones: las primeras se llaman herencias y las segundas legados. Adem\u00e1s, \u00abel asignatario de herencia se llama heredero, y el asignatario de legado legatario; aqu\u00e9l representa al causante en todos sus derechos y obligaciones, mientras que \u00e9ste no\u201d. <\/p>\n
Con tales premisas, y de cara al testamento aducido por los aqu\u00ed demandantes, enfatiz\u00f3 que \u00e9stos \u00abno representan a la testadora, y no tienen m\u00e1s derechos que los que expresamente se les confiere, entre tales derechos est\u00e1 el de hacer efectiva su acreencia y el de poder defender su asignaci\u00f3n como puede hacerlo cualquier acreedor en guarda de sus leg\u00edtimos intereses\u00bb, raz\u00f3n por la cual \u00abno est\u00e1n legitimados para reclamar con fundamento en la pretensi\u00f3n de petici\u00f3n de herencia los legados que les fuera dejados en la memoria testamentaria\u00bb. <\/p>\n
Por fuera de que si bien frente a Samuel Di\u00f3genes podr\u00eda concluirse en \u00faltimas \u00abque puede ser causahabiente de la causante MARINA ALVEAR MORENO\u00bb, es lo cierto que dicha calidad est\u00e1 lejos de \u00abatribu\u00edrseles a los demandados AMADO RAFAEL VIVEROS BURBANO y OVER RAMIRO VIVEROS ESTRELLA quienes sin m\u00e1s dilaci\u00f3n en esta litis ocupan la categor\u00eda de terceros y no de herederos ni de MARINA ALVEAR MORENO ni de MARIA JOVA CALIXTA MORENO vda. de ALVEAR ya que los bienes que estos adquirieron mediante escritura p\u00fablica No. 5839 del 18 de octubre de 1988 otorgada en la notar\u00eda segunda del c\u00edrculo de Pasto y por venta que les hiciera el se\u00f1or SAMUEL DIOGENES MORENO DELGADO, los deja por fuera para legitimarlos en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
Cosas esas que lo llevaron a decidir as\u00ed: <\/p>\n
\u00abDesde luego que resultando ausente los dos extremos requeridos por la ley para la confrontaci\u00f3n concurrente o prevalente de la vocaci\u00f3n hereditaria, referido a la falta de calidad de herederos de quienes se postulan como de mejor derecho frente a los demandados de los cuales \u00fanicamente SAMUEL DIOGENES MORENO DELGADO tiene reconocida su calidad de heredero de su hermana MARIA JOVA CALIXTA MORENO vda. de ALVEAR ello es m\u00e1s que suficiente para confirmar la sentencia materia de alzada, pero por las razones que esta Sala ha venido consignando anteriormente centradas \u00fanica y exclusivamente a la pretensi\u00f3n de ‘petici\u00f3n de herencia’ pues desbord\u00f3 el a quo su an\u00e1lisis al referirse tambi\u00e9n a la s\u00faplica reivindicatoria cuando esta hab\u00eda salido de la esfera procesal con el escrito presentado por la parte actora el 25 de abril de 1989 por medio del cual se subsan\u00f3 los defectos e irregularidades que anot\u00f3 el funcionario de conocimiento y que determin\u00f3 finalmente la admisi\u00f3n de la demanda por auto de 26 de junio de ese mismo a\u00f1o para la formaci\u00f3n de proceso ordinario de ‘petici\u00f3n de herencia'\u00bb. <\/p>\n
III. La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
Quinto cargo <\/p>\n
Ind\u00edcase que se configur\u00f3 la nulidad prevista en el numeral 1o. del art. 140 del C. de P. C., porque si bien el juzgado civil del circuito era \u00abcompetente\u00bb para conocer de las acciones reivindicatoria y de petici\u00f3n de herencia formuladas en el juicio, no lo es menos que cuando entr\u00f3 en vigor la jurisdicci\u00f3n de familia (1o. de febrero de 1989), \u00abla acci\u00f3n reivindicatoria o de dominio qued\u00f3 asignada al conocimiento de los jueces civiles, mientras que la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia paso (sic) al conocimiento de los jueces de Familia, por disponerlo as\u00ed el decreto 2272 de 1989\u00bb. <\/p>\n
A partir de tal fecha \u00abocurri\u00f3 una transformaci\u00f3n de la demanda\u00bb; el actor \u00absigui\u00f3 insistiendo con sus dos pretensiones, los demandados siguieron defendi\u00e9ndose de las dos pretensiones\u00bb. Y el juzgado civil del circuito decidi\u00f3 el 4 de marzo de 1991 la remisi\u00f3n del expediente a la jurisdicci\u00f3n de familia \u00abpor considerar -dice el recurrente- que tanto la reivindicaci\u00f3n como la petici\u00f3n de herencia se hab\u00edan formulado bajo la condici\u00f3n de herederos testamentarios alegada por los demandantes\u00bb; por su parte, el de Familia, avoc\u00f3 el conocimiento, el 6 de junio de 1991, del \u00abproceso de reivindicaci\u00f3n y de petici\u00f3n de herencia\u00bb. <\/p>\n
Reconocen los recurrentes que se han presentado al proceso apoyados b\u00e1sicamente en su condici\u00f3n de \u00abherederos testamentarios de Marina Alvear\u00bb; se\u00f1alan, empero, que son sustancialmente diferentes \u00abla acci\u00f3n de dominio regida por el art. 946 y SS del C. C. y la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia que contempla el art. 1321 y ss. del C. C. Esta encaja perfectamente en el numeral 12 del art. 5 del decreto 2272 de 1989, m\u00e1s all\u00ed no tiene cabida la acci\u00f3n de dominio\u00bb. <\/p>\n
Y ante tal situaci\u00f3n desemboca en que \u00abcomo la demanda tiene pretensiones principales y subsidiarias, en principio el Juez competente es el Juez de las pretensiones principales, por tanto para nuestro caso, debe ser el Juez Civil del Circuito y en segunda instancia el mismo Tribunal Superior pero en su sala Civil, y no el Juez de Familia ni la Sala de Familia del H. Tribunal\u00bb. <\/p>\n
Por lo que piden que se decrete la nulidad a partir del 4 de marzo de 1991 y se disponga que el conocimiento del proceso corresponde al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto \u00abpor efecto de las pretensiones principales\u00bb. <\/p>\n
Pero adem\u00e1s alegan que se incurri\u00f3 en la nulidad del numeral 2 del ya citado art. 140 del C. de P. C, porque \u00abentendida la Jurisdicci\u00f3n de Familia como una parte de la Jurisdicci\u00f3n ordinaria, el Juez de familia carecer\u00eda de competencia funcional frente a la pretensi\u00f3n reivindicatoria\u00bb. Y diciendo apoyarse en los mismos argumentos de la anterior, los transcribi\u00f3 \u00edntegramente. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Ni aun admitiendo por v\u00eda de mera hip\u00f3tesis el planteamiento del cargo, seg\u00fan el cual el litigio vers\u00f3 sobre dos pretensiones -cosa que difiere de la realidad seg\u00fan se demostrar\u00e1 al despachar m\u00e1s adelante otros cargos particularmente el cuarto-, se configurar\u00eda la nulidad alegada en \u00e9l, sencillamente porque igual a los jueces de familia hubiese correspondido el conocimiento de la acci\u00f3n reivindicatoria, junto con la de petici\u00f3n de herencia, dado que todo el sustrato f\u00e1ctico y jur\u00eddico esgrimido por los demandantes tiene por fuente indiscutida los derechos sucesorales que ellos apuntalan en el testamento otorgado por la causante Marina Alvear Moreno. <\/p>\n
Ciertamente, arguyen los actores, como fundamento de sus pretensiones, que el respectivo proceso de sucesi\u00f3n se adelant\u00f3 haciendo caso omiso del testamento en el que ellos figuran como \u201clegatarios testamentarios\u201d; y que con tal proceder fue como Samuel Di\u00f3genes logr\u00f3 hacerse adjudicar los bienes all\u00ed especificados, uno de los cuales enajen\u00f3 luego a Amado Rafael Viveros Burbano, quien desde entonces lo posee. <\/p>\n
Lo que es decir, la reivindicaci\u00f3n no estar\u00edase formulando sino en \u00edntima conexi\u00f3n con un cuestionamiento que le precede, consistente, cual f\u00e1cil es apreciarlo, en que los demandantes consideran que el derecho est\u00e1 de su lado en virtud de la condici\u00f3n de \u201clegatarios testamentarios\u201d, y de ah\u00ed que cuestionen la inicial adjudicaci\u00f3n que de los bienes obtuvo Samuel Di\u00f3genes y, consecuentemente, la venta subsiguiente de uno de los bienes a quien hoy lo posee materialmente. <\/p>\n
Con tal entorno litigioso, es patente que la controversia pertenece de suyo a los que se enmarcan dentro de la preceptiva del art\u00edculo 5, numeral 12, del Decreto 2272 de 1989, en cuanto que, en su parte pertinente, atribuye a los jueces de familia el conocimiento de los procesos contenciosos sobre \u201cderechos sucesorales\u201d. <\/p>\n
Total, aun cuando fuese cierto -cosa que, rep\u00edtese, no admite la Corte- que la reivindicaci\u00f3n acab\u00f3 haciendo parte del thema decidemdum, tampoco habr\u00eda la nulidad por falta de competencia del juez de familia, lo que determinar\u00eda la improsperidad del cargo. <\/p>\n
El cargo, pues, no se abre paso. <\/p>\n
Primer cargo <\/p>\n
Se acusa la violaci\u00f3n derecha de los art\u00edculos 946, 947, 948, 950, 952, 961 y 964 del c\u00f3digo civil, por falta de aplicaci\u00f3n; y los n\u00fameros 1008, 1010, 1011, 1012, 1013, 1155, 1162, 1321, 1324 y 1325 del mismo cuerpo normativo, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. <\/p>\n
Aqu\u00e9llos los dej\u00f3 de aplicar con respecto a la reivindicaci\u00f3n propuesta en la demanda; \u00abpretensi\u00f3n que necesitaba un pronunciamiento judicial\u00bb. De haber aplicado dichas normas, que son las que otorgan el derecho al propietario de un bien para exigir que el poseedor se lo restituya, \u00abla sentencia de segunda instancia habr\u00eda sido revocatoria de la de primera instancia, y en su lugar se habr\u00eda reconocido el derecho que ten\u00edan los demandantes a que se les restituya los bienes relacionados en la demanda, con sus frutos\u00bb. <\/p>\n
Las otras disposiciones fueron err\u00f3neamente interpretadas en relaci\u00f3n con la pretensi\u00f3n subsidiaria, pues concluy\u00f3 equivocadamente \u00abque la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia est\u00e1 instituida \u00fanicamente en favor del heredero y no del legatario\u00bb. <\/p>\n
Explica que \u00absi bien es cierto la herencia constituye una universalidad de derechos y obligaciones del causante, tambi\u00e9n es cierto que dentro del mismo concepto se encuentran ubicadas o tienen existencia propia las cosas singularmente consideradas, cosas que pueden estar o no relacionadas como legados. Dicho en otras palabras, si corelacionamos (sic) las herencias con los legados no es dif\u00edcil concluir que las herencias son el continente y los legados son el contenido. Desde este punto de vista, con un simple razonamiento l\u00f3gico se puede concluir que quien puede lo m\u00e1s, puede lo menos. Es decir que si la acci\u00f3n contemplada en el art. 1321 del C. C. est\u00e1 encaminada a proteger el derecho leg\u00edtimo sobre una universalidad de bienes, con mayor raz\u00f3n se encamina a proteger los derechos sobre una parte determinada de esos bienes\u00bb. <\/p>\n
El correcto entendimiento de tales normas hubiese impuesto la revocatoria de la sentencia apelada, y el tribunal \u00abhabr\u00eda ordenado la restituci\u00f3n de los bienes en favor de los demandantes\u00bb. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
La acusaci\u00f3n viene fraccionada en dos partes cabalmente distinguibles: de un lado, el casacionista se duele de que no se hubiese decretado en su favor la reivindicaci\u00f3n que como s\u00faplica principal pidi\u00f3 en la demanda, endilgando por \u00e9sto al tribunal la violaci\u00f3n directa de las normas que tutelan el derecho del reivindicante; y, de otro, enfila un ataque por la denegatoria de la petici\u00f3n de herencia, imputando al tribunal la violaci\u00f3n tambi\u00e9n directa de las disposiciones que consagran tal derecho. <\/p>\n
La anterior distinci\u00f3n obedece a que la situaci\u00f3n del recurso no es la misma en las dos partes se\u00f1aladas, pues que la primera de ellas no se ajusta a la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n, conforme pasa a verse. <\/p>\n
Bien se sabe que la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial a que alude la causal primera de casaci\u00f3n, supone, siempre y en todo supuesto, una discusi\u00f3n de tipo netamente jur\u00eddico, pues el desacierto que entonces se imputa al sentenciador es el m\u00e1s t\u00edpico de los denominados juris in judicando, es decir, el que recae en el razonamiento l\u00f3gico que entra\u00f1a la sentencia, justamente cuando se dispone, de cara a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria definida en el proceso, al discernimiento del derecho que corresponde a las partes, resultando a la postre, como consecuencia del desatino as\u00ed cometido, una desarmon\u00eda entre su decisi\u00f3n y la voluntad efectiva de la ley. En una palabra, el desacierto que caracteriza tal vicio se ubica en la actividad puramente intelectual, esto es, independientemente de los aspectos f\u00e1ctico y probatorio del proceso. <\/p>\n
La v\u00eda directa, pues, implica que el recurrente realice una labor en que principalmente dispute al tribunal el razonar l\u00f3gico sobre el derecho sustancial que concierne al caso, referidos en resumen a la existencia, validez y alcance de los preceptos legales que a su juicio resultaron quebrantados por el sentenciador. <\/p>\n
Y ocurre que en el presente caso ni por asomo se ve cosa parecida, a lo menos en la parte espec\u00edfica que del cargo se examina. Quedarse en el simple enunciado de la inaplicaci\u00f3n de las normas que amparan la reivindicaci\u00f3n, sin exponer el razonamiento que lo sustente, lejos est\u00e1 de constituir una cabal formulaci\u00f3n del ataque en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Es m\u00e1s: ant\u00f3jase que no habr\u00eda podido realizar dicha tarea, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que el tribunal jam\u00e1s examin\u00f3 el m\u00e9rito de la pretensi\u00f3n reivindicatoria; exactamente se abstuvo de abordar ese estudio, por cuanto en su criterio ya no hac\u00eda parte del thema decidendum. Mal podr\u00eda entonces el recurrente irrumpir en un debate que auscultase el fondo de la pretensi\u00f3n, si es que, como se vio, el tribunal no la estudi\u00f3 aduciendo para ello razones puramente procesales; razones \u00e9stas que, por dem\u00e1s, si no son removidas, impiden la formulaci\u00f3n exitosa del recurso; y para su remoci\u00f3n no se ofrece id\u00f3nea la v\u00eda directa de la primera causal, pues entonces ser\u00eda forzosa una discusi\u00f3n de tipo procesal, antes que la puramente jur\u00eddica. <\/p>\n
Prueba contundente de todo ello es el contraste que marca la segunda parte del cargo, en la que el recurrente s\u00ed presenta su posici\u00f3n jur\u00eddica que aspira se anteponga a la del tribunal, diciendo, en compendio, que \u00e9ste se equivoca al creer que la petici\u00f3n de herencia no le asiste al legatario; y para hacerlo, rebate el entendimiento y el alcance que ha de d\u00e1rsele al art\u00edculo 1321 del C\u00f3digo Civil. Pretensi\u00f3n \u00e9sa que el sentenciador s\u00ed despach\u00f3 en el fondo. <\/p>\n
Lo que ahora sucede es que el recurrente carece de raz\u00f3n jur\u00eddica. Con\u00f3cese perfectamente, en efecto, que quiz\u00e1s el m\u00e1s acusado atributo de los derechos reales est\u00e1 en el derecho de persecuci\u00f3n que les es propio, para cuya efectividad el legislador ha previsto y reglamentado de manera intensa las acciones pertinentes. Y bien es cierto que la acci\u00f3n que por antonomasia sirve a ese prop\u00f3sito es la reivindicatoria, como que cuadra con la naturaleza jur\u00eddica de la gran mayor\u00eda de los derechos reales; por excepci\u00f3n no cabe en trat\u00e1ndose del de herencia, pues su caracter\u00edstica esencial, cual es la de ser una universalidad jur\u00eddica, se opone a la singularidad que es inmanente en la reivindicaci\u00f3n. Fue necesario, as\u00ed, reglamentar una acci\u00f3n especial que se denomina petici\u00f3n de herencia y que disciplinan los art\u00edculos 1321 y siguientes del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
De ah\u00ed que el art\u00edculo 948 del mismo cuerpo normativo hubiese dispuesto terminantemente: \u00abLos otros derechos reales pueden reivindicarse como el dominio, excepto el derecho de herencia\u00bb. Y que hubiera agregado en el inciso segundo: \u00abEste derecho produce la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia, de que se trata en el libro 3o.\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien. Cuanto hace a la titularidad de la petici\u00f3n de herencia, ha de decirse exactamente lo que corresponde con los dem\u00e1s derechos reales. Puede ejercitarla quien sea el titular del correspondiente derecho: verbi gratia, en el de dominio el propietario, y en el de la herencia el heredero; cosa en la que quiso ser expl\u00edcita la ley, pues para \u00e9ste \u00faltimo dispuso en el art\u00edculo 1321 atr\u00e1s mencionado: <\/p>\n
\u00abEl que probare su derecho a una herencia, ocupada por otra persona en calidad de heredero, tendr\u00e1 acci\u00f3n para que se le adjudique la herencia y se le restituyan las cosas hereditarias …\u00bb (Res\u00e1ltase deliberadamente). <\/p>\n
Que es acci\u00f3n que s\u00f3lo corresponde al heredero lo tiene suficientemente definido la jurisprudencia, como que en muchas oportunidades ha expresado que \u00abes la que confiere la ley al heredero de mejor derecho para reclamar los bienes de la herencia ocupados por otra persona, que tambi\u00e9n alega t\u00edtulo de heredero. Es, pues, una controversia en que se ventila entre el demandante y el demandado a cu\u00e1l de ellos le corresponde en todo o en m\u00e1s parte el t\u00edtulo de leg\u00edtimo sucesor del causante en calidad de heredero, y, de consiguiente, la universalidad de los bienes herenciales o una parte al\u00edcuota sobre estos. Por consiguiente, la cuesti\u00f3n de dominio de los bienes en esta acci\u00f3n es consecuencial y enteramente dependiente de la cuesti\u00f3n principal que all\u00ed se discute sobre la calidad de heredero\u00bb (XLIX, 229; LXXIV, 19). Hase dicho, en trasunto, que \u00abEs la calidad de heredero en que se apoya el demandante, controvertida por el demandado heredero, lo que constituye la cuesti\u00f3n principal de esta especie de acci\u00f3n\u00bb (LII, 660). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es patente que el legatario, no siendo heredero, no es titular de la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia. Y esto porque, concordemente con lo que ya se dej\u00f3 elucidado, su derecho no es referido a una universalidad jur\u00eddica sino a una cosa singular; evento que, por lo mismo, se enmarca en la regla general garantizadora del derecho de persecuci\u00f3n de los derechos reales. Precisamente porque el legatario ostenta una calidad jur\u00eddica distinta de la de heredero, es por lo que el art\u00edculo 1162 del c\u00f3digo civil enfatiza que no se convierte en heredero ni porque as\u00ed se lo denomine, aun en el testamento. <\/p>\n
De modo que bien estuvo el ad quem cuando en este juicio ech\u00f3 de menos la legitimaci\u00f3n de los actores para incoar la petici\u00f3n de herencia, siendo que son meros legatarios. Porque viene al caso repetir que no pudi\u00e9ndose predicar de los actores \u00abla calidad de herederos testamentarios o abintestato del causante (…), la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia por ellos promovida resulta indudablemente infructuosa\u00bb (Cas. Civ. de 28 de noviembre de 1990, proceso ordinario de Roberto Aconcha Khon y otra contra Mar\u00eda Berenice Khon Sattler). <\/p>\n
Subsecuentemente, el cargo no prospera. <\/p>\n
Segundo cargo <\/p>\n
Por \u00e9ste se denuncia la violaci\u00f3n indirecta, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 946, 947, 948, 950, 952, 961, 964, 1008, 1010, 1011, 1012, 1013, 1055, 1056, 1155 y 1162 del C\u00f3digo Civil, debida a errores de derecho. <\/p>\n
Arranca el impugnante recordando el valor probatorio que el sentenciador otorg\u00f3 al libelo que la parte actora present\u00f3 a ra\u00edz de la inadmisi\u00f3n de la demanda, calendado el 25 de abril de 1989, para significar enseguida: \u00aben ese documento cree ver el H. Tribunal la escogencia por parte del actor de las pretensiones subsidiarias como \u00fanicas, sin que sea as\u00ed, ni siquiera como respuesta al auto admisorio de la demanda\u00bb. <\/p>\n
De manera que \u00abel alcance probatorio\u00bb de tal documento, el cual transcribe, no es, como equivocadamente lo sostiene el tribunal, el del retiro de la pretensi\u00f3n principal, o sea la reivindicatoria. Pues cuando all\u00ed se afirm\u00f3 que \u00abestoy de acuerdo que se tramite el proceso de petici\u00f3n de herencia\u00bb, lo que se hizo fue sencillamente ratificar \u00abunas pretensiones que ya tra\u00eda la demanda inicial pero como subsidiarias, lo cual se apareja con otros documentos que se encuentran en varias partes del proceso, como la contestaci\u00f3n de la demanda por parte de todos los demandados, quienes atacaron con gran vehemencia tanto las pretensiones principales as\u00ed como las subsidiarias, as\u00ed se sigue presentando en las diferentes actuaciones de las partes demandante y demandada, hasta el punto de que la sentencia de primera instancia se refiere expresamente a las pretensiones reivindicatorias, para denegarlas, as\u00ed como se refiere expresamente a las pretensiones subsidiarias\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed que el ad quem ha debido pronunciarse sobre todas las pretensiones. Pero desconoci\u00f3 el verdadero valor probatorio de aquel libelo, infringiendo de ese modo los art\u00edculos 174, 175 y 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, normas que dicen que toda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en pruebas regular y oportunamente aportadas, que hay un r\u00e9gimen de prueba libre y que todas las pruebas deben apreciarse en conjunto. <\/p>\n
Por contera, \u00abla indebida interpretaci\u00f3n\u00bb de tal documento, seg\u00f3 la posibilidad para \u00abque en conjunto con las dem\u00e1s pruebas que obran en el expediente, como el testamento otorgado por Marina Alvear Moreno, las escrituras de propiedad de los predios y las hijuelas debidamente registradas de la partici\u00f3n que se realiz\u00f3 dentro del proceso de sucesi\u00f3n de F\u00e9lix Alvear, se puede llegar a la conclusi\u00f3n de que los actores pueden y est\u00e1n facultados para ejercer acciones tendientes a recuperar los bienes que se le hab\u00eda legado\u00bb; as\u00ed fue como se vulneraron las normas sustanciales ya relacionadas, tuteladoras de la \u00abreivindicaci\u00f3n de los predios en favor de los demandantes con base en los t\u00edtulos allegados al proceso, el testamento y las escrituras de la causante, que ante la inegable (sic) posesi\u00f3n sobre los predios reclamados por parte de los demandados y la total identidad de los bienes, deducida de la contestaci\u00f3n de la demanda, habr\u00eda conducido al H. Tribunal a revocar la sentencia de primera instancia y acceder a las pretensiones principales de la demanda, pues como quiera que sea existe una verdadera prevalencia de los t\u00edtulos de Marina Alvear Moreno sobre aquellos t\u00edtulos que se elaboraron contrariando la voluntad de la causante\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s se present\u00f3 la infracci\u00f3n medio de los art\u00edculos 251, 264, 276 y 279 del C. de P. C., los cuales aluden a lo que debe entenderse por un documento, \u00abel alcance probatorio de los mismos, su reconocimiento impl\u00edcito, cuando crey\u00f3 ver en el escrito referenciado del 25 de abril de 1989 una clara manifestaci\u00f3n de renuncia de unas pretensiones\u00bb. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Pese a que ha sido reiterado en sinn\u00famero de oportunidades, la situaci\u00f3n aqu\u00ed presentada fuerza a hacerlo una vez m\u00e1s, para indicar que los yerros probatorios que estructuran la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial pueden ser de hecho o de derecho; y que son tan notorias sus diferencias, que la distancia que los separa se torna irreductible. De modo que su planteamiento ha de ser preciso y corresponder a la naturaleza de cada uno de ellos; o, lo que es lo mismo, ha de guardarse el casacionista de darles un tratamiento indistinto o de trocarlos en su formulaci\u00f3n, dado que \u00abal paso que el de hecho ata\u00f1e a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ello da por probado o no probado el hecho, el error de derecho parte de la presencia indiscutible de la probanza en autos y concierne al m\u00e9rito legal que el juzgador le atribuye o le niega, en contravenci\u00f3n a los preceptos de la ley sobre pruebas\u00bb. <\/p>\n
Y fue ineludible acotar lo anterior, porque en este cargo, a despecho de denunciarse la comisi\u00f3n de un error de derecho, la censura lo desenvuelve con un planteamiento que corresponder\u00eda al de hecho. Ciertamente todo el cuestionamiento apunta a la contemplaci\u00f3n objetiva o material del documento all\u00ed singularizado, porque, en resumen, el recurrente se duele de la interpretaci\u00f3n que el sentenciador deriv\u00f3 del contenido del mismo, al deducirle un alcance que no corresponde a su genuino significado. A juicio del recurrente, con dicho escrito no se estuvo proscribiendo la acci\u00f3n reivindicatoria suplicada como principal, sino simplemente ratificando la que subsidiariamente tambi\u00e9n se imploraba, o sea la de petici\u00f3n de herencia, con lo que -son palabras suyas- se present\u00f3 \u00abla indebida interpretaci\u00f3n\u00bb del prenombrado documento. <\/p>\n
<\/p>\n
Explicado desde otro \u00e1ngulo, tal planteamiento, a la par que concierne a la contemplaci\u00f3n de la prueba como elemento material, no denuncia ninguna de las hip\u00f3tesis que configura el yerro de derecho, vale decir, no toca con el desacato a la ley probatoria acerca de la producci\u00f3n de la prueba, o del m\u00e9rito que ella misma se encargue de suministrar o cercenar a un determinado medio de persuasi\u00f3n. Habida cuenta que, como lo ense\u00f1a esta Corporaci\u00f3n, \u00aben esta clase de yerro puede hoy incurrir el fallador cuando aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente prohibe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere\u00bb (CXLVII, p.61). <\/p>\n
En este caso no se trata, en verdad, de que el escrito a que alude la censura haya sido arrimado irregularmente al proceso, o que el juzgador considere que se trata de un medio de prueba que por ley no es apto para probar tal o cual cosa, ni que, en fin, para la prueba de lo anhelado por el recurrente est\u00e9 exigiendo un medio de persuasi\u00f3n espec\u00edfico y distinto a ese. <\/p>\n
Por \u00faltimo, tal formulaci\u00f3n tampoco roza para nada con las violaciones medio que expresamente contiene el cargo. El problema, en estrictez jur\u00eddica, no es si el juzgador rehus\u00f3 el an\u00e1lisis conjunto de las pruebas, o si desconoci\u00f3 lo que la ley entiende por documento como medio de prueba y su reconocimiento impl\u00edcito, o si fue arrimado irregularmente al expediente. Nada de esto dice relaci\u00f3n con el desarrollo de la censura. La discusi\u00f3n se centra en si la manifestaci\u00f3n que all\u00ed hizo la parte actora tiene el alcance que el tribunal le dio, esto es, si con ella se estaba eliminando la reivindicaci\u00f3n inicialmente pedida, cosa que no acepta el recurrente. En definitiva, un aspecto puramente material de la prueba. <\/p>\n
En tales condiciones no medra el cargo. <\/p>\n
Tercer cargo <\/p>\n
Se\u00f1ala la transgresi\u00f3n indirecta, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 948, 1008, 1010, 1011, 1012, 1013, 1055, 1056, 1321, 1322, 1323 y 1325 del C\u00f3digo Civil; asimismo la violaci\u00f3n, por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de los distinguidos con los n\u00fameros 1155 y 1162 del mismo ordenamiento, \u00abnormas de derecho sustancial que regulan la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia\u00bb. Lo cual sucedi\u00f3 \u00abcomo consecuencia de errores de derecho derivados de la infracci\u00f3n de normas probatorias\u201d. <\/p>\n
Dice la censura, en el desarrollo del cargo que el tribunal enderez\u00f3 su estudio a \u00abrestarle el correspondiente valor probatorio al testamento presentado con el libelo demandatorio; esto es, a negar \u00abla legitimaci\u00f3n que el testamento otorgaba a los legatarios para reclamar los derechos derivados de \u00e9l, frente a quienes se hab\u00edan apoderado de los bienes dejados por MARINA ALVEAR MORENO, contrariando su \u00faltima voluntad mediante la distribuci\u00f3n intestada de sus bienes\u00bb. <\/p>\n
De ese modo, \u00abAl desconocer el valor probatorio al testamento\u00bb, viol\u00f3 el tribunal los art\u00edculos 174, 175, 251, 264, 276, 279 del C. de P. C., que disponen, en su orden, que las decisiones sean fundadas en las pruebas regular y oportunamente aportadas al proceso; que existe un r\u00e9gimen de prueba libre; qu\u00e9 debe entenderse por un documento; el alcance probatorio de \u00e9ste y su reconocimiento impl\u00edcito. Desde luego que el testamento aqu\u00ed presentado \u00abes una prueba fehaciente de la voluntad de la \u00faltima testadora en constituir a los demandantes en continuadores de su personalidad patrimonial, lo que puede hacerse \u00fanicamente con acciones propias para proteger ese patrimonio como es la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia\u00bb. <\/p>\n
El art. 1321 del C. C. se inaplic\u00f3 porque el tribunal entendi\u00f3 err\u00f3neamente los arts. 1155 y 1162 del mismo c\u00f3digo, \u00abpues estim\u00f3 que por las diferencias que estas dos normas consagran para las asignaciones a t\u00edtulo universal y a t\u00edtulo singular, tambi\u00e9n en ellas se conten\u00eda la diferenciaci\u00f3n en cuanto a la acci\u00f3n de protecci\u00f3n del derecho correspondiente, sin que eso sea cierto. Es verdad que los asignatarios a t\u00edtulo universal pueden representar al causante (art. 1155) lo que no le est\u00e1 permitido al legatario (art. 1162), pero \u00e9sta diferencia en nada influye para el ejercicio de la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia, toda vez que \u00e9sta se ejerce a nombre directo del heredero o legatario m\u00e1s no a nombre del causante\u00bb. Y ello lo condujo a inaplicar tambi\u00e9n el art. 1325 del C. C. que permite la reivindicaci\u00f3n frente a terceros que no poseen las cosas a t\u00edtulo de herederos, caso en el cual se enfila la acci\u00f3n restitutoria contra los actuales poseedores. <\/p>\n
Pide, en consecuencia, que se case la sentencia del tribunal y en sede de instancia se revoque la del a quo, decretando la reivindicaci\u00f3n de los predios en la forma como se pidi\u00f3 en la demanda\u00bb. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Tambi\u00e9n en este cargo se distinguen dos partes: en la primera, se formula un presunto desconocimiento del valor probatorio del testamento; en la segunda se alega, con argumentos puramente jur\u00eddicos, la err\u00f3nea inteligencia dada a los art\u00edculos 1155 y 1162 del C\u00f3digo Civil, siendo esa la raz\u00f3n por la cual se ech\u00f3 de menos la legitimaci\u00f3n del legatario para implorar la petici\u00f3n de herencia. <\/p>\n
El contraste es manifiesto entre ambas cosas, como que la primera corresponde en su planteamiento a lo que es la v\u00eda indirecta de la ley sustancial, al paso que la segunda a la directa; tanto, que en \u00e9sta se denuncia la err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de las normas, cuyo alcance, como bien se sabe, consiste en que siendo la norma llamada a regular la situaci\u00f3n f\u00e1ctica del litigio, se la entiende de mal modo. <\/p>\n
Es manifiesto, as\u00ed, que se trata de una simbiosis inaceptable en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la primera parte es inexacta, habida consideraci\u00f3n que el tribunal jam\u00e1s le rest\u00f3 valor demostrativo al testamento; muy por el contrario, de \u00e9l dedujo la calidad jur\u00eddica que aceptan los recurrentes, o sea la de legatarios. Justamente de esta premisa parti\u00f3 para desembocar, con un criterio estrictamente jur\u00eddico -que es el que se plantea en la segunda parte de la acusaci\u00f3n-, que al legatario no le asiste acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia. As\u00ed, jam\u00e1s se pudo haber cometido error de derecho alguno. <\/p>\n
Y la segunda parte, tal como se vio al despachar el primer cargo, no tiene asidero jur\u00eddico; reit\u00e9rase, seg\u00fan la preceptiva entonces analizada, la petici\u00f3n de herencia no corresponde m\u00e1s que al heredero; el legatario, no teniendo esa condici\u00f3n, est\u00e1 privado de acci\u00f3n semejante, y es imposible romper la taxatividad que all\u00ed se revela para dar cabida ilegal al legatario. <\/p>\n
Por \u00faltimo, la incorrecta formulaci\u00f3n del ataque encuentra su punto culminante en el hecho de que no denunci\u00e1ndose m\u00e1s que la violaci\u00f3n de las normas consagratorias de la petici\u00f3n de herencia, inexplicablemente al expresarse el alcance de la impugnaci\u00f3n reclama el casacionista, no que se acoja esa pretensi\u00f3n, sino la reivindicatoria, la cual no aparece comprendida en el ataque. <\/p>\n
Tampoco alcanza prosperidad el cargo. <\/p>\n
Cuarto cargo <\/p>\n
Se reprocha el quebrantamiento indirecto de los art\u00edculos 946, 947, 948, 950, 952, 961, 964, 1008, 1010, 1011, 1012, 1013, 1055, 1056, por falta de aplicaci\u00f3n; y 1155 y 1162 del mismo c\u00f3digo, por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n. Debido ello al \u00aberror manifiesto de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de la adici\u00f3n de la demanda probocada (sic) por el auto inadmisorio, de la contestaci\u00f3n a la misma y de las otras pruebas que se relacionar\u00e1n m\u00e1s adelante\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, expresan los recurrentes, desacert\u00f3 el ad quem al apreciar el contenido del libelo que present\u00f3 la parte actora a ra\u00edz de la inadmisi\u00f3n de la demanda, al creer que las expresiones all\u00ed empleadas significaban que se \u00abestaba retirando las pretensiones de la demanda\u00bb, cuando en verdad \u00e9sto no surge \u00abni siquiera con un grado de duda razonable\u00bb. Pues lo que se afirm\u00f3, en s\u00edntesis, fue: \u00abEstoy de acuerdo que se tramite el proceso de petici\u00f3n de herencia, para lo cual se tendr\u00e1 en cuenta lo expuesto en el libelo principal\u00bb; pretensi\u00f3n que ya estaba contenida en la demanda desde un comienzo, con el car\u00e1cter de subsidiaria, lo que al parecer no percat\u00f3 el a quo, \u00abporque la inadmisi\u00f3n claramente se produjo por falta de indicaci\u00f3n de los lugares para notificaci\u00f3n de los demandantes, pues leyendo dicho auto inadmisorio (flio 79) la menci\u00f3n de la acci\u00f3n consagrada en el art. 948 del C. C. surge como una sugerencia al actor m\u00e1s no como una raz\u00f3n para inadmitirle la demanda, sugerencia que bien analizada tambi\u00e9n resulta confusa puesto que el art. 948 del C. C. se refiere a la extensi\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria para proteger otros derechos reales, menos el derecho real de herencia\u00bb. <\/p>\n
Desacert\u00f3 igualmente en la contemplaci\u00f3n de los escritos de contestaci\u00f3n de la demanda y de alegaciones en donde las partes \u00abapoyaron sus argumentos sustentando la reivindicaci\u00f3n por parte de los actores o atac\u00e1ndola por parte de los demandados\u00bb. <\/p>\n
Desatinos que llevaron al tribunal a desconocer totalmente la presencia de otras pruebas que legitimaba a los demandantes para reivindicar, como el testamento y las escrituras p\u00fablicas que singulariza el recurrente, \u00abpues con ellos se pone de presente la titularidad de los demandantes, con la contestaci\u00f3n a la demanda se establece el car\u00e1cter de poseedores de los demandados y con la misma por la manera como se contest\u00f3 se establece la debida identidad de los bienes, pues estos presuestos (sic) fueron admitidos por los demandados, quienes han atacado \u00fanicamente la legitimidad de los demandantes para reivindicar\u00bb. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Y la parte actora fue enf\u00e1tica en se\u00f1alar que la demanda inicial conten\u00eda dos pretensiones: principalmente la reivindicaci\u00f3n y en subsidio la petici\u00f3n de herencia. Mas a\u00f1adi\u00f3: \u00abComo la cuesti\u00f3n es una iniciativa del demandante s\u00ed ESTOY DE ACUERDO QUE SE TRAMITE EL PROCESO DE PETICION DE HERENCIA\u00bb. Sin duda alguna que esta manifestaci\u00f3n representa una clara alusi\u00f3n a lo que el juzgado hab\u00eda dicho en cuanto al petitum de la demanda. Y su respuesta implica el acogimiento de la \u00absugerencia\u00bb del fallador, porque justamente la acci\u00f3n que consagra el art. 948 del C. C. es la de petici\u00f3n de herencia, la misma que dijo el sentenciador ser la procedente en vez de la reivindicaci\u00f3n formulada. <\/p>\n
Lo que traduce que los actores optaron finalmente por la \u00fanica pretensi\u00f3n de petici\u00f3n de herencia. Y no fue como ahora se alega, que aquello se enunci\u00f3 como una simple ratificaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n subsidiaria, porque entonces el p\u00e1rrafo transcrito aparecer\u00eda de una inutilidad absoluta, desde luego que en el mismo escrito el actor ya hab\u00eda anunciado que el libelo inicial conten\u00eda tanto una como otra. En efecto, fuera de todo lugar estar\u00eda el haber agregado que s\u00ed estoy de acuerdo con que el juicio que se tramite sea de petici\u00f3n de herencia; estuvo de acuerdo, pero \u00bfcon qui\u00e9n? Pues con el juzgado que manifest\u00f3 en el auto inadmisorio que la reivindicaci\u00f3n solicitada no era la procedente sino la que regula el art. 948 del C. C.. <\/p>\n
Y, por \u00faltimo, cualquier sombra de hesitaci\u00f3n que pudiera caber -cosa que no cabe en la Corte- se extirpa con mirar el auto que a la postre admiti\u00f3 la demanda, cuyo tenor literal, que no habla sino de la petici\u00f3n de herencia, ninguna objeci\u00f3n mereci\u00f3. D\u00edjose all\u00ed textualmente: \u00abSE ADMITE, la anterior demanda ordinaria de petici\u00f3n de Cuota Hereditaria\u00bb. <\/p>\n
En fin, el caso es que jam\u00e1s habr\u00eda un error de los que en casaci\u00f3n autorizan el quiebre de la sentencia, porque lo manifiesto y protuberante que respecto de \u00e9l exige el recurso extraordinario no aparecer\u00eda por parte alguna. A lo sumo se presentar\u00eda una disputa intelectiva en la que el tribunal, dada la autonom\u00eda de que goza sobre el particular, no merecer\u00eda reproche, desde luego que lejos est\u00e1 su criterio de constituir una contraevidencia procesal. <\/p>\n
El cargo, entonces, fracasa. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. Decisi\u00f3n <\/p>\n
A m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia que el Tribunal Superior de Pasto dict\u00f3 el 29 de abril de 1993, reca\u00edda en el proceso ordinario de Antonia Alvear de C\u00e1rdenas y otros contra Samuel Di\u00f3genes Moreno Delgado y otros, materia del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Costas de la impugnaci\u00f3n extraordinaria a cargo de los recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase tempestivamente al tribunal de procedencia. <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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S-016-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997). Ref: Expediente No. 4754 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81452","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81452","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81452"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81452\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81452"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81452"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81452"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}