S-017-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997) <\/p>\n
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Referencia: Expediente No. 4653 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los demandados BRAULIO MORA Y AURA HERNANDEZ DE MORA contra la sentencia de 4 de junio de 1993, proferida por la Sala Civil-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en este proceso ordinario promovido por EDUARDO ANTONIO HURTADO LOPEZ frente a los recurrentes. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Mediante demanda presentada el 16 de octubre de 1991 ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto L\u00f3pez (Meta), EDUARDO ANTONIO HURTADO LOPEZ demand\u00f3, por conducto de apoderado judicial, a BRAULIO MORA y AURA HERNANDEZ DE MORA, para que previos los tr\u00e1mites del proceso ordinario de mayor cuant\u00eda, se declare que el demandante es \u201cdue\u00f1o absoluto de la propiedad y tradici\u00f3n del setenta y cinco por ciento (75%)\u201d de un inmueble rural denominado \u201cBUENOS AIRES\u201d, ubicado en la Inspecci\u00f3n de Pachaquiaro, municipio de Puerto L\u00f3pez, cuyos linderos inserta en la pretensi\u00f3n primera del libelo. <\/p>\n
Igualmente, para que se condene a los demandados a restituir el inmueble determinado en la proporci\u00f3n que como due\u00f1o le corresponde (75%), \u201cen com\u00fan y proindiviso\u201d, y a pagar a su favor los \u201cfrutos civiles o naturales\u201d, producidos en el citado inmueble desde enero de 1988 hasta la fecha en que se haga entrega material del mismo; o en subsidio aquellos que hubiere producido con mediana inteligencia y cuidado \u201cde haber la cosa estado en poder de su due\u00f1o, seg\u00fan tasaci\u00f3n de peritos\u201d. <\/p>\n
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2.- Expone, como fundamento f\u00e1ctico de las anteriores pretensiones, que mediante escritura p\u00fablica No. 3213 del 10 de septiembre de 1991, otorgada en la Notar\u00eda Treinta y Dos del Circulo de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, la cual fue debidamente registrada en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos, adquiri\u00f3 del se\u00f1or GIOVANNY ANIBAL MEJIA CALDERON, la propiedad del inmueble mencionado; que en enero de 1988 los demandados \u201cinvadieron la totalidad del inmueble que se reclama\u201d sin el consentimiento de quien fuera para la \u00e9poca su propietario, fecha a partir de la cual se han portado como poseedores \u201cde la totalidad de la finca\u201d, usufructu\u00e1ndola de manera permanente y sin realizar mejora alguna distinta \u201cal uso corriente en cultivos y pastoreo de ganados\u201d; que, finalmente, al momento de la citada ocupaci\u00f3n, el inmueble se encontraba apto para cultivar \u201carroz y otros productos\u201d. <\/p>\n
3.- Admitida la demanda mediante providencia de 22 de octubre de 1991 (fol. 14, C-1), se orden\u00f3 correrla en traslado a los demandados quienes oportuna y conjuntamente la contestaron, oponi\u00e9ndose a todas sus pretensiones y negando todos sus fundamentos de hecho, excepto el relacionado con el se\u00f1alamiento de ser los poseedores materiales del inmueble. De otro lado, formularon las excepciones perentorias que nominaron: ausencia de los requisitos para la acci\u00f3n de dominio o reivindicatoria, prescripci\u00f3n, inexistencia de t\u00edtulo de dominio y\/o simulaci\u00f3n del mismo, justo t\u00edtulo anterior. Por \u00faltimo, reclamaron el reconocimiento de mejoras (fols. 18-27, C-1). <\/p>\n
4. Adelantado en esos t\u00e9rminos el proceso, la sentencia de primera instancia de 30 de octubre de 1992 (fols. 324-350), declar\u00f3 infundadas las excepciones perentorias propuestas, declar\u00f3 al demandante propietario pleno del setenta y cinco por ciento (75%) del inmueble pretendido y conden\u00f3 a los demandados a restituir ese porcentaje en favor de aqu\u00e9l en el t\u00e9rmino que igualmente se\u00f1al\u00f3; orden\u00f3, adem\u00e1s, el registro de la sentencia en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Puerto L\u00f3pez. <\/p>\n
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Adem\u00e1s, rec\u00edprocamente conden\u00f3 a las partes a pagar determinadas cantidades: a los demandados el equivalente al 75% de los frutos civiles y naturales, actualizados a la fecha de la entrega del inmueble, y al demandante el valor de las mejoras que se plantaron en el mismo. Tambi\u00e9n reconoci\u00f3 a favor de los demandados, sin cuantificar, los gastos ordinarios que debieron invertir en producir los frutos. <\/p>\n
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Por otro lado, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n que declar\u00f3 no probadas las excepciones perentorias formuladas y la relacionada con el reconocimiento del derecho de dominio o propiedad en cabeza del demandante, en proporci\u00f3n al 75%. Revoc\u00f3, sin embargo, la orden de restituci\u00f3n sobre ese porcentaje, la cual sustituy\u00f3 por la siguiente: \u201cPoner en posesion (sic.) a EDUARDO ANTONIO HURTADO LOPEZ de la cuota parte que como comunero del inmueble Buenos Aires ya identificado, le corresponde…, posesi\u00f3n que se traduce en el ejercicio de sus derechos de comunero de conformidad con la ley\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
1. Situado en el campo de las consideraciones, el Tribunal estim\u00f3 prioritario ocuparse de estudiar las nulidades procesales invocadas por la parte recurrente, relativas al hecho de haberse seguido un procedimiento diferente del especial se\u00f1alado por la legislaci\u00f3n agraria y no haberse citado al Procurador Agrario, as\u00ed como a las personas indeterminadas que pudieran verse afectadas con la sentencia (causales 4a. y 9a. del art. 140 C. de P.C.). <\/p>\n
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1.1.- Sobre la primera de las causales de nulidad procesal invocadas se\u00f1al\u00f3 que ciertamente el procedimiento seguido en el caso en estudio fue el ordinario establecido en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, mas no el especial previsto para asuntos de naturaleza agraria en el decreto-ley 2303 de 1989. Pese a ello, indic\u00f3 que \u201cno opera la nulidad planteada\u201d, pues si bien no se adecu\u00f3 el tr\u00e1mite oportunamente, se ofreci\u00f3 a las partes las m\u00e1ximas garant\u00edas de defensa por la amplitud de los t\u00e9rminos que ofrece el procedimiento ordinario, frente a los restringidos del procedimiento especial (art. 144, numeral 6o., c\u00f3digo citado). <\/p>\n
1.2.- Respecto a la falta de citaci\u00f3n de las personas indeterminadas, no encontr\u00f3 el Tribunal norma que haga obligatorio su emplazamiento, pues si bien el art. 29 del decreto 2303 de 1989 estatuye que el juez debe integrar el contradictorio en los procesos donde sea necesario, no est\u00e1 consagrando la obligatoriedad de emplazar a las personas indeterminadas en todo proceso sometido a la jurisdicci\u00f3n agraria, mucho menos cuando, como ocurre en el sub-judice, la relaci\u00f3n procesal en la acci\u00f3n reivindicatoria debe trabarse \u00fanicamente entre el titular del dominio y quien tiene la calidad jur\u00eddica de poseedor. <\/p>\n
En cuanto hace a la comunicaci\u00f3n al Procurador Agrario, el ad-quem se\u00f1al\u00f3 que si bien ella no se realiz\u00f3 en el auto admisorio de la demanda, el juez de conocimiento mediante auto de 5 de junio de 1992 (fol. 279, C-1) orden\u00f3 la citaci\u00f3n, con lo cual se sane\u00f3 la irregularidad anotada, a tal punto que el Ministerio P\u00fablico compareci\u00f3 solicitando informe del proceso, pero sin concretar su intervenci\u00f3n. <\/p>\n
2.- Despejado el aspecto atinente a la validez del proceso, pasa el ad quem a examinar desde el punto de vista probatorio la titularidad del dominio del inmueble reclamado, luego de lo cual concluye que entre el actor EDUARDO ANTONIO HURTADO LOPEZ y la demandada MARIA AURORA HERNANDEZ DE MORA, \u201cexiste una comunidad singular sobre el inmueble materia de la litis\u201d, donde aqu\u00e9l es titular del 75% y \u00e9sta del 25%. <\/p>\n
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En efecto, seg\u00fan la prueba documental tra\u00edda al proceso para tales prop\u00f3sitos, el inmueble fue adquirido por TOMAS MARTINEZ LEGUIZAMON a MARGARITA PINEDA DE RUIZ, mediante escritura p\u00fablica No. 428 de 27 de marzo de 1961 de la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Villavicencio, debidamente registrada (fols. 241-243, C-1). Posteriormente fue adjudicado, en su totalidad, en un proceso de sucesi\u00f3n a la se\u00f1ora LETICIA DEL CARMEN LEGUIZAMON, seg\u00fan consta en el certificado de tradici\u00f3n, anotaci\u00f3n 02 (fol. 6, ib). Despu\u00e9s, en virtud de un proceso ordinario de petici\u00f3n de herencia entablado por MARIA AURORA MARTINEZ DE CARDENAS y MARIA CLEOTILDE DE LOS DOLORES MARTINEZ LEGUIZAMON contra la citada adjudicataria, el cual result\u00f3 fundado, como dan cuenta las pruebas trasladadas (fols. 189 y s.s., ib.), mediante escritura p\u00fablica No. 894 de 10 de marzo de 1989 (fol. 245-262, ib.), debidamente registrada, las partes de dicho proceso establecen, por v\u00eda transaccional, que las demandantes quedan \u201cen conjunto…titulares precisas, claras y concretas de las tres cuartas partes, o sea del setenta y cinco por ciento (75%)\u201d, mientras que la demandada LETICIA DEL CARMEN MARTINEZ LEGUIZAMON \u201cse reserva la cuarta parte (25%)\u201d del inmueble, para \u201cratificarle la transferencia de esa cuarta parte a la se\u00f1ora AURORA HERNANDEZ DE MORA, a quien ya hab\u00eda hecho cesi\u00f3n de esa parte por escritura p\u00fablica 1266 de marzo 31 de 1987\u201d (fols. 238-239, ib.). <\/p>\n
Por su parte, agrega el Tribunal, MARIA AURORA MARTINEZ DE CARDENAS y MARIA CLEOTILDE DE LOS DOLORES MARTINEZ LEGUIZAMON, \u201cvendieron el 75% de sus derechos sobre el inmueble\u201d al se\u00f1or GIOVANNY MEJIA CALDERON, mediante escritura p\u00fablica 1614 del 15 de mayo de 1991 (fols. 226-233, C-1), debidamente registrada, quien a su vez vendi\u00f3 esos mismos derechos al ahora demandante EDUARDO ANTONIO HURTADO LOPEZ en virtud del t\u00edtulo que invoca en el libelo (fols. 9-12, ib.). <\/p>\n
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3.- Dilucidados as\u00ed los derechos de ambas partes, el Tribunal se\u00f1ala que al establecerse la existencia de una comunidad en la proporci\u00f3n se\u00f1alada, sobre el inmueble perseguido, comunidad que es desconocida por la parte demandada al estar posey\u00e9ndolo y usufructu\u00e1ndolo en su \u201ctotalidad\u201d, la pretensi\u00f3n reivindicatoria debe prosperar con base en el art. 949 del C. C. y no en el 946 ib\u00eddem, invocado por el demandante, pues al se\u00f1alar en el libelo la cuota que pretende reivindicar no hay base legal para interpretar dicho precepto en la forma como lo hace el recurrente, en cuanto la acci\u00f3n de dominio \u201csolo puede ejercerla el comunero que ha perdido la posesi\u00f3n de determinada parte del bien com\u00fan\u201d. Por el contrario, seg\u00fan jurisprudencia invocada como sustento de autoridad1, la determinaci\u00f3n del inmueble que menciona el art. 949 del C. C., se encuentra referida es \u201ca una cuota en abstracto y no precisamente a la fracci\u00f3n territorial de la cosa com\u00fan en que puede concretarse dicha cuota\u201d. <\/p>\n
En tales circunstancias, el ad-quem concluye que el \u00e9xito de las pretensiones s\u00f3lo puede traducirse, como igualmente lo se\u00f1ala la Corte en las providencias citadas, en la entrega al comunero demandante de la coposesi\u00f3n del predio indiviso, es decir, \u201cen la entrega de la posesi\u00f3n de su cuota para que pueda ejercer, con arreglo a la ley, sus derechos de copropietario en la cosa com\u00fan y en la proporci\u00f3n que le corresponde\u201d, pues no es factible determinar \u201cla parte del inmueble a que se contrae la cuota, ni establecer cuales de las mejoras encontradas en \u00e9l corresponden a la parte del inmueble que le corresponder\u00eda en un 75%\u201d. En consecuencia, trayendo literalmente doctrina de esta Corporaci\u00f3n, se\u00f1ala que \u201csi lo que se pretende es la terminaci\u00f3n de la comunidad por medio de la partici\u00f3n o por la venta de la cosa com\u00fan, le basta al comunero ejecutar la acci\u00f3n divisoria, ya que el juicio ordinario franquea a los comuneros la oportunidad de hacer valer sus derechos y defender las encontradas pretensiones\u201d2. <\/p>\n
4.- As\u00ed las cosas, el Tribunal modific\u00f3 la sentencia apelada para revocarla, como en efecto lo hizo, en cuanto a las determinaciones relativas a la restituci\u00f3n material del 75% del inmueble materia del litigio y al pago de mejoras y frutos, confirm\u00e1ndola en todo lo dem\u00e1s. Sustituy\u00f3, por ende, la citada orden de restituci\u00f3n, por la de poner en posesi\u00f3n al demandante, en abstracto, de la cuota parte que como comunero le corresponde, \u201cposesi\u00f3n que se traduce en el ejercicio de sus derechos de comunero de conformidad con la ley\u201d. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Contra la citada sentencia los demandados interpusieron el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que ahora se decide, formulando tres cargos: el primero con apoyo en la causal 5a., el tercero en la causal 3a. y el segundo en la causal 1a., del art. 368 del C. de P. C., los cuales ser\u00e1n despachados por la Corte en ese orden, en acatamiento a lo dispuesto en el art. 375 ib\u00eddem. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1.- En este cargo se acusa la sentencia impugnada de haber sido dictada en un proceso afectado de las causales de nulidad procesal previstas en los numerales 4o., 5o. y 9o. del art. 140 del C. de P. C., no saneadas, a juicio del recurrente. <\/p>\n
1.1.- En procura de sustentar la primera de ellas, el censor parte del hecho indiscutido de haber sido presentada la demanda despu\u00e9s de la vigencia del decreto 2303 de 1989 y ser de naturaleza agraria el objeto jur\u00eddico del proceso, como es la acci\u00f3n reivindicatoria de un predio rural. <\/p>\n
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A partir de ello indic\u00f3 que, seg\u00fan el Tribunal, un tr\u00e1mite inadecuado no conlleva nulidad si a pesar de tener el asunto ventilado un procedimiento especial, para su soluci\u00f3n se le imprimi\u00f3 el previsto para el proceso ordinario en el c\u00f3digo adjetivo civil. No se trata de eso -dice la censura-, el punto es que un proceso relativo a la jurisdicci\u00f3n agraria tiene que tramitarse por el r\u00e9gimen all\u00ed previsto, es decir, por el especial, no s\u00f3lo porque este debe prevalecer sobre las disposiciones de car\u00e1cter general (arts. 1o., 2o. y 40 de la ley 153 de 1887), sino porque esa normatividad es de orden p\u00fablico y, por ende, de obligatorio cumplimiento. <\/p>\n
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1.2.- La causal de nulidad por adelantarse el proceso despu\u00e9s de haber ocurrido un motivo legal de suspensi\u00f3n, el recurrente la sustenta a partir del hecho de no haberse ordenado la comunicaci\u00f3n sobre la existencia del proceso al Procurador General de la Naci\u00f3n. Esto porque el art. 30 del decreto 2303 de 1989 as\u00ed lo exige, disponiendo, adem\u00e1s, que \u201cmientras dicha comunicaci\u00f3n no se remita la actuaci\u00f3n quedar\u00e1 en suspenso\u201d, sin que tal suspensi\u00f3n afecte \u201cla notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda ni el t\u00e9rmino para contestarla\u201d. En consecuencia, como por imperativo legal s\u00f3lo se permite la realizaci\u00f3n de esos dos actos procesales, a partir de ah\u00ed el proceso se suspende hasta que se produzca en legal forma la comunicaci\u00f3n, pero como aqu\u00ed se adelant\u00f3 sin cumplir esa exigencia, la causal de nulidad se estructura, pues ocho meses despu\u00e9s, a\u00fan de manera indebida, se verific\u00f3 esa comunicaci\u00f3n <\/p>\n
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1.3.- La indebida citaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico es la \u00faltima de las causales de nulidad procesal aducidas. Para sustentarla, el censor se\u00f1ala que despu\u00e9s de admitida la demanda el juzgado dispuso dar aplicaci\u00f3n al art. 30 del decreto 2303 de 1989, pero a la Procuradur\u00eda Delegada para asuntos agrarios, mas no al Procurador General de la Naci\u00f3n como lo ordena la ley, precisamente para que sea \u00e9sta quien solicite la intervenci\u00f3n de aqu\u00e9lla, como es obvio por ser su delegada, \u201cde acuerdo con lo previsto en los art\u00edculos 12 y 13 de la ley 135 de 1961, y 11 de la ley 4 de 1973\u201d. <\/p>\n
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2.- Las nulidades procesales planteadas, agrega el recurrente, no se han saneado porque el tr\u00e1mite inadecuado de la demanda es insaneable y porque \u201cEn mi alegato de segunda instancia, en el capitulo VI, se\u00f1al\u00e9 las nulidades que se invocan en el presente escrito. Luego, no puede sostenerse que se han saneado al no alegarlas\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Las nulidades procesales no responden a un concepto netamente formalista, sino que revestidas como est\u00e1n de un car\u00e1cter preponderantemente preventivo para evitar tr\u00e1mites inocuos, son gobernadas por principios b\u00e1sicos, como el de especificidad o taxatividad, trascendencia, protecci\u00f3n y convalidaci\u00f3n. Por ello, siguiendo la orientaci\u00f3n de restringir en lo posible los motivos de invalidez procesal, el C\u00f3digo de Procedimiento Civil consagr\u00f3 todo un sistema a dicho prop\u00f3sito, en cuanto consign\u00f3 reglas en relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n y la oportunidad para alegarlos, dejando al juez la potestad de rechazarlas de plano cuando la solicitud de nulidad se funde en causal distinta de las determinadas en ese capitulo, en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas u ocurrieron antes de promoverse otro incidente de la misma \u00edndole, o cuando se propone despu\u00e9s de allanada (art. 143). Esto significa, entonces, que las causales de nulidad procesal no pueden ser formuladas por cualquier persona, ni en el momento que discrecionalmente quiera. <\/p>\n
Por ello, el art. 368, numeral 5o., del C. de P. C., permite alegar como motivo de casaci\u00f3n, las nulidades procesales que no se hubieren saneado. Al respecto la Corte ha reiterado que en casaci\u00f3n pueden aducirse \u00fanicamente los vicios procesales constitutivos de nulidad pendientes de saneamiento, o que sean insaneables, resultando del todo improcedente un ataque contra un fallo definitivo, susceptible de dicho recurso, edificado en tal motivo, si las irregularidades invocadas como determinantes de la invalidez no existen, si existiendo no est\u00e1n contempladas taxativamente en el art. 140 ib\u00eddem, o si est\u00e1ndolo y siendo por esencia saneables, no son alegadas o han sido convalidadas expresa o t\u00e1citamente por la parte afectada con ellas3. <\/p>\n
2.- Seg\u00fan se deduce del art. 144, in fine, del C. de P. C., la nulidad procesal originada en el tramite inadecuado de la demanda, se considera saneada cuando \u201cun asunto que deb\u00eda tramitarse por el proceso especial se tramit\u00f3 por el ordinario, y no se produjo la correspondiente adecuaci\u00f3n del tr\u00e1mite en la oportunidad debida\u201d, lo cual significa, contrario sensu, que la prosperidad de esa causal de nulidad como motivo de casaci\u00f3n, s\u00f3lo tiene lugar cuando a pesar de corresponderle al caso propuesto a composici\u00f3n judicial el camino se\u00f1alado para el proceso ordinario, se le encaus\u00f3 sin embargo por un procedimiento con menores oportunidades de defensa. Por lo tanto, el saneamiento de esa nulidad procesal en la forma dicha, el C\u00f3digo de Procedimiento Civil la ofrece como soluci\u00f3n en la medida en que no se haya restringido el derecho de defensa, vale decir, \u201cen el caso en que los t\u00e9rminos para ejercitar el derecho de defensa del demandado queden subsumidos dentro del \u00e1mbito temporal consagrado por el tr\u00e1mite procesal efectivamente imprimido al proceso, debido a que \u00e9stos deben desarrollarse dentro de un marco cronol\u00f3gicamente m\u00e1s amplio; en tales circunstancias es indudable que el derecho de defensa del demandado no sufre mengua de ninguna especie, como quiera que dispone de oportunidades m\u00e1s amplias para comparecer y exponer su derecho\u201d4. <\/p>\n
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En ese orden, es claro para la Corte que la causal de nulidad procesal propuesta como motivo de casaci\u00f3n, esto es, por tr\u00e1mite inadecuado de la demanda, no puede abrirse paso en raz\u00f3n a que si bien el camino que se le imprimi\u00f3 al asunto fue el se\u00f1alado para el proceso ordinario de mayor cuant\u00eda, en su oportunidad debida el juez no adecu\u00f3 el tr\u00e1mite al sendero se\u00f1alado en la legislaci\u00f3n agraria (art. 85 del C. de P. C.), ni con ese mismo fin la parte demandada formul\u00f3 la excepci\u00f3n previa correspondiente (art. 97, numeral 8o. ib\u00eddem), a pesar de haber se\u00f1alado el demandante en el libelo que el procedimiento a seguir era el ordinario reivindicatorio de mayor cuant\u00eda (fol. 4, C-1). Adem\u00e1s, no debe perderse de vista que la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la defensa de la parte demandada no sufri\u00f3 mengua alguna, toda vez que los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el proceso agrario para ejercitarlo, quedaron subsumidos dentro del tr\u00e1mite del proceso ordinario civil. <\/p>\n
Ahora, si se confronta el procedimiento adelantado (proceso ordinario de mayor cuant\u00eda), con el tr\u00e1mite del proceso ordinario reglamentado por el decreto 2303 de 1989, como el del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en t\u00e9rminos de oportunidades defensivas resulta m\u00e1s amplio y garantista, necesariamente debe concluirse que a casos como el presente le son aplicables los principios que inicialmente se identificaban como rectores de las nulidades procesales, entre ellos, concretamente, los de protecci\u00f3n y trascendencia, pues lo cierto es que la irregularidad per se no pudiera considerarse como invalidante de la actuaci\u00f3n, cuando como verdad averiguada se tiene que el derecho de defensa de la parte demandada result\u00f3 inc\u00f3lume. Lo contrario implicar\u00eda un privilegio a la forma, que es lo que precisamente seculariza los indicados postulados. Por lo dem\u00e1s, la aplicaci\u00f3n de tales principios los autoriza expresamente el art. 14 del decreto 2303 de 1989, cuando consagra la remisi\u00f3n a los principios \u201cque orientan el sistema procesal colombiano\u201d, como pautas de aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n, cuando al interior del propio decreto se halla una laguna o deficiencia procesal, tal como ocurre con ocasi\u00f3n del caso, ya que en el r\u00e9gimen procesal propio del citado decreto no se encuentra un sistema particular y agotado de las nulidades procesales. <\/p>\n
3. Las otras dos causales de nulidad procesal, esto es, la proveniente de la indebida citaci\u00f3n o comunicaci\u00f3n del ministerio p\u00fablico y la concerniente al adelantamiento del proceso despu\u00e9s de haber ocurrido una causal legal de suspensi\u00f3n, las formula el recurrente como motivo de casaci\u00f3n porque \u201cEn mi alegato de segunda instancia, en el capitulo VI, se\u00f1al\u00e9 las nulidades que se invocan en el presente escrito. Luego, no puede sostenerse que se han saneado al no alegarlas\u201d. <\/p>\n
4.- El art. 140, numeral 9o., del C. de P. C., consagra como causal de invalidez del proceso el hecho de no citarse \u201cen debida forma al Ministerio P\u00fablico en los casos de ley\u201d. Mas, como qued\u00f3 dicho, en el sub-judice el motivo de nulidad se endereza porque la comunicaci\u00f3n referida en el art. 30 del decreto 2303 de 1989, no se remiti\u00f3 al Procurador General de la Naci\u00f3n, sino directamente al Procurador Agrario (fol. 280, ib.). <\/p>\n
Aun cuando lo anterior es cierto, debe se\u00f1alarse que el art. 143, inciso 3o., del C. de P. C., claramente establece que esa causal de nulidad \u201c’s\u00f3lo podr\u00e1 alegarse por la persona afectada\u201d, vale decir, por quien debiendo haber sido llamado a intervenir en el proceso no lo fue o lo fue ilegalmente. Esto porque se trata de una nulidad esencialmente saneable por el comportamiento expreso o t\u00e1cito de quien la ley le atribuy\u00f3 legitimaci\u00f3n para proponerla, lo cual acaece, en el \u00faltimo caso, cuando act\u00faa en el proceso sin alegar la nulidad correspondiente (art. 144, numeral 3o., ib\u00eddem). Por supuesto, en virtud del principio de protecci\u00f3n, esa causal s\u00f3lo puede considerarse en relaci\u00f3n con la parte cuyo derecho le fue cercenado por causa de la irregularidad procesal, y no por cualquier sujeto procesal. Por ello, la Corte ha sostenido que \u201cla eventual falta de citaci\u00f3n al Ministerio P\u00fablico si bien es motivo de nulidad en los t\u00e9rminos del numeral 9o. del art. 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, su declaraci\u00f3n s\u00f3lo puede ser solicitada por el mismo funcionario no citado al proceso en legal forma, no por cualquiera de las partes a su mejor conveniencia, como ocurre en el presente recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los demandados\u201d5. <\/p>\n
Lo anterior indica que esta otra causal de nulidad procesal no puede prosperar como motivo de casaci\u00f3n, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de no haberlo invocado directamente la persona afectada, es decir, el propio Ministerio P\u00fablico. De ah\u00ed que resulta injur\u00eddico afirmar que la nulidad no se ha saneado al haberse propuesto en el alegato de instancia, pero por la persona no legitimada para ello. <\/p>\n
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No obstante debe se\u00f1alarse que el art. 30 del decreto 2303 de 1989, no exige que la comunicaci\u00f3n deba hacerse directamente al Procurador General de la Naci\u00f3n. Por el contrario, la norma prev\u00e9 que el aviso se remitir\u00e1 a la \u201cProcuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n\u201d con el fin de asegurar la participaci\u00f3n oportuna del \u201ccorrespondiente procurador agrario\u201d (subraya la Corte), y ello fue lo que ocurri\u00f3 en el caso concreto. En efecto, en el proceso aparece constancia que esa comunicaci\u00f3n se dirigi\u00f3 al Procurador Agrario, quien inmediatamente intervino solicitando la informaci\u00f3n pertinente (fol. 283, C-1). <\/p>\n
5.- En relaci\u00f3n con el tercero de los motivos de nulidad invocado, esto es, por haberse adelantado el tr\u00e1mite del proceso existiendo una causa de suspensi\u00f3n del mismo (art. 140, num. 5\u00ba. del C. de P. C.), la cual se presentaba hasta tanto no se diera aviso al Ministerio P\u00fablico, siendo coherente con el an\u00e1lisis hecho a prop\u00f3sito del motivo de invalidez fincado en la no citaci\u00f3n del Procurador General de la Naci\u00f3n, debe insistirse que respecto de esta otra causa de nulidad procesal, tambi\u00e9n existe falta de inter\u00e9s para su alegaci\u00f3n por parte del recurrente, por cuanto la suspensi\u00f3n del proceso esta instituida para la \u201cprotecci\u00f3n\u201d de quien debe ser citado, que por virtud de la suspensi\u00f3n, ve garantizada la facultad procesal de la intervenci\u00f3n, esto es, de llegar a un proceso en ciernes que le permita cumplir a cabalidad con la funci\u00f3n y misi\u00f3n que le ha encomendado la ley. De ah\u00ed que el art. 30 del decreto 2303 de 1989, disponga que el aviso a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, deba ordenarse \u201cen el auto admisorio de la demanda\u201d, esto es, al comienzo del proceso. De manera que si el aviso en el caso concreto se orden\u00f3 y cumpli\u00f3 \u201cocho meses\u201d despu\u00e9s, cuando el proceso ya estaba en otra etapa, entonces quien vio afectadas sus atribuciones procesales fue el Ministerio P\u00fablico, noticiado cuando estaban precluidas oportunidades para su actuaci\u00f3n, pero en modo alguno la parte recurrente que sin restricci\u00f3n hab\u00eda actuado en el proceso, quien por consiguiente no sufri\u00f3 menoscabo de sus derechos procesales. Ah\u00ed la raz\u00f3n de la ausencia de un inter\u00e9s propio que por contera lo legitimara para la alegaci\u00f3n de la nulidad. <\/p>\n
6.- En consecuencia, el cargo en su integridad no est\u00e1 llamado a prosperar. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
1.- En este cargo se acusa la sentencia del Tribunal de contener en su parte resolutiva declaraciones o disposiciones contradictorias (causal tercera de casaci\u00f3n). <\/p>\n
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2.- Para desarrollarlo, el impugnante se\u00f1ala que el juzgado de primera instancia conden\u00f3 a los demandados a restituir al demandante, dentro de los seis d\u00edas siguientes a la ejecutoria del fallo, el setenta y cinco por ciento (75%) del predio \u201cBuenos Aires\u201d, decisi\u00f3n que el Tribunal no encontr\u00f3 \u201cdable para el derecho\u201d, por ello la revoc\u00f3 y orden\u00f3 en su lugar: \u201cPoner en posesion (sic.) a EDUARDO ANTONIO HURTADO LOPEZ de la cuota parte que como comunero del inmueble Buenos Aires ya identificado, le corresponde (75%), posesi\u00f3n que se traduce en el ejercicio de sus derechos de comunero de conformidad con la ley\u201d. <\/p>\n
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3.- La contradicci\u00f3n en que incurri\u00f3 el Tribunal es tan manifiesta, dice la censura, pues mientras libera al demandado de restituir el predio en el 75%, al ordenar poner ese porcentaje en posesi\u00f3n al demandante, al mismo tiempo lo condena a restituirlo, quebrantando el principio l\u00f3gico sobre que una cosa no puede ser y ser al mismo tiempo bajo el mismo aspecto. <\/p>\n
4.- Por lo anterior solicita se case la sentencia para que en sede de instancia la Corte revoque la disposici\u00f3n que contradice la absoluci\u00f3n y la hace inejecutable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Desde otrora la Corte ha se\u00f1alado y reiterado que para la configuraci\u00f3n de esta causal, debe aparecer en la parte resolutiva del fallo disposiciones o declaraciones notoriamente contradictorias, que hagan imposible su cumplimiento, como cuando \u201cuna afirma y otra niega, o si una decreta la resoluci\u00f3n del contrato y otra su cumplimiento, o una ordena la reivindicaci\u00f3n y la otra reconoce la prescripci\u00f3n adquisitiva, o una reconoce la obligaci\u00f3n y la otra el pago\u201d6. Igualmente esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que ese cargo en casaci\u00f3n no puede abrirse paso si la contradicci\u00f3n que existe es mas aparente que real, es decir, cuando se puede superar mediante una l\u00f3gica y razonada interpretaci\u00f3n del conjunto de la sentencia7. <\/p>\n
2.- En el sub-judice, no se advierte el error de procedimiento referido por la censura, pues si bien la sentencia del ad-quem revoc\u00f3 la orden que hab\u00eda impartido el juez del conocimiento en el sentido de restituir materialmente a favor del demandante, su porcentaje de cuota de dominio (75%) en el inmueble pretendido, y a la vez orden\u00f3 poner en posesi\u00f3n del actor \u201cla cuota parte que como comunero del inmueble Buenos Aires ya identificado, le corresponde…\u201d, no significa, como lo afirma el recurrente, que sobre el mismo punto de derecho simult\u00e1neamente absolvi\u00f3 y conden\u00f3. <\/p>\n
En efecto, la modificaci\u00f3n de la sentencia impugnada en ese aspecto era consecuencia l\u00f3gica de las consideraciones en ella contenidas, pues de no haberlo hecho as\u00ed posiblemente habr\u00eda incurrido en contradicci\u00f3n. Seg\u00fan el Tribunal, la prosperidad de la pretensi\u00f3n reivindicatoria se hacia viable con base en el art. 949 del C. C., s\u00f3lo sobre una cuota abstracta y no a una fracci\u00f3n territorial de la cosa com\u00fan donde pudiera concretarse la cuota de dominio del demandante. Por lo tanto, al no ser factible determinar \u201cla parte del inmueble a que se contrae la cuota\u201d, no pod\u00eda ordenarse la restituci\u00f3n material de una parte del terreno, sino que se hacia necesario, como en efecto lo hizo, concretar la orden de entrega \u00fanicamente a la coposesi\u00f3n del predio indiviso, vale decir, a \u201cla entrega de la posesi\u00f3n de su cuota para que pueda ejercer, con arreglo a la ley, sus derechos de copropietario en la cosa com\u00fan y en la proporci\u00f3n que le corresponde\u201d. <\/p>\n
3.- Se observa, entonces, que la sentencia simplemente sustituy\u00f3 la decisi\u00f3n con el fin de armonizar la parte considerativa con la resolutiva. Por consiguiente, al descubrirse f\u00e1cilmente su coherencia y la viabilidad de su cumplimiento, el cargo no puede abrirse paso. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1.- En este cargo se acusa la sentencia impugnada de quebrantar indirectamente los art\u00edculos 762, 946, 947, 948, 949, 950 y 952 del C.C., 258 y 264 del C. de P.C., como consecuencia de errores evidentes y trascendentes de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2.- Para desarrollar el cargo, el recurrente deja por sentado que el art. 762 del C. C., consagra una presunci\u00f3n de dominio en favor del poseedor, la cual, en trat\u00e1ndose de proceso como el presente, el reivindicante debe desvirtuar aduciendo t\u00edtulos de dominio anteriores a la posesi\u00f3n material del demandado, so pena del fracaso de la pretensi\u00f3n como en el caso sucede, por cuanto la presunci\u00f3n no se desvirt\u00faa con los documentos aportados. <\/p>\n
<\/p>\n
3.- Seguidamente procede a identificar los errores de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria que atribuye a la sentencia combatida, los que reduce a la omisi\u00f3n en que incurri\u00f3 el Tribunal al no percatarse que la posesi\u00f3n de los demandados data desde el 26 de abril de 1982, \u201cseg\u00fan consta en la promesa bilateral de compraventa que obra a folios 35 y siguientes del cuaderno No. 1\u201d; y al no observar que a folio 28 y siguientes del mismo cuaderno \u201cexiste fotocopia de una diligencia de entrega\u201d del predio materia de la litis en donde la demandada AURA HERNANDEZ DE MORA formul\u00f3 oposici\u00f3n alegando posesi\u00f3n material, la cual le prosper\u00f3. <\/p>\n
Inobserv\u00f3 igualmente el ad-quem que con las escritura p\u00fablicas Nos. 894 de 28 de febrero de 1989 (fols. 245-262), 6913 de 10 de octubre de 1989 (fols. 185-186 y 235-236, ib.), 1266 de 31 de marzo de 1987 (fols. 238-23, ib.) y 428 de 27 de marzo de 1961 (fols. 241-243, ib.), no se acredit\u00f3 t\u00edtulo anterior a la fecha de la posesi\u00f3n material de los demandados. <\/p>\n
<\/p>\n
4.- En procura de demostrar los yerros denunciados y su incidencia en la decisi\u00f3n, acot\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
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4.1.- Es cierto que las MARTINEZ LEGUIZAMON dicen ser herederas de TOMAS MARTINEZ LEGUIZAMON, seg\u00fan la escritura 894. Sin embargo, no existe prueba de ese hecho, s\u00f3lo se afirma que la sucesi\u00f3n de ese causante se protocoliz\u00f3 en la Notar\u00eda Segunda de Villavicencio, mediante escritura 1808 de 18 de noviembre de 1983, pero este instrumento no fue aportado al expediente. Adem\u00e1s, como el parentesco se acredita con las actas del registro civil, aqu\u00e9l instrumento no es id\u00f3neo para probar esa circunstancia. <\/p>\n
4.2.- Con relaci\u00f3n a la escritura p\u00fablica No. 421 de 27 de marzo de 1961, mediante la cual TOMAS MARTINEZ LEGUIZAMON adquiri\u00f3 el fundo, el censor se\u00f1ala que entre este documento y el aportado por el demandante como t\u00edtulo de dominio (fols. 9-12, C-1), \u201cno existe nexo jur\u00eddico alguno\u201d, pues no se present\u00f3 ninguna hijuela de adjudicaci\u00f3n a las hermanas MARTINEZ LEGUIZAMON, luego esta prueba no se puede suponer. <\/p>\n
<\/p>\n
4.3.- Por \u00faltimo, dice, que las sentencias judiciales \u201cque obran a folios 188 a 317 del cuaderno No. 1\u201d, no son medio de prueba y s\u00f3lo tienen efecto interpartes. Adem\u00e1s, tienen fecha posterior a la posesi\u00f3n de los demandados y no fueron allegadas conforme a la ley, pues no aparece que se hayan expedido por orden del juez. Es m\u00e1s, en esas providencias no se orden\u00f3 rehacer la partici\u00f3n, ni se declar\u00f3 la nulidad de tal trabajo. <\/p>\n
<\/p>\n
5.- Concluye el recurrente que al no haber acreditado el demandante que los t\u00edtulos de dominio por \u00e9l aducidos son anteriores a la posesi\u00f3n material de los demandados, la Corte debe casar la sentencia impugnada, y luego como tribunal de instancia revocar la de primer grado y desestimar las pretensiones del actor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El Tribunal despach\u00f3 favorablemente la pretensi\u00f3n reivindicatoria en la forma dicha, bajo la consideraci\u00f3n de haber encontrado en la prueba documental aportada que entre el actor EDUARDO ANTONIO HURTADO LOPEZ y la demandada MARIA AURORA HERNANDEZ DE MORA, \u201cexiste una comunidad singular sobre el inmueble materia de la litis\u201d, donde aqu\u00e9l es titular del 75% y \u00e9sta del 25%. <\/p>\n
El cargo que se estudia, como aparece de la sustentaci\u00f3n que hace el recurrente en la demanda de casaci\u00f3n, omite por completo impugnar esa conclusi\u00f3n probatoria, suficiente por si para prestarle apoyo a la decisi\u00f3n impugnada, pues fue de ella que el Tribunal y en aplicaci\u00f3n a lo se\u00f1alado en el art. 949 del C. C., sentenci\u00f3 que el \u00e9xito de las pretensiones s\u00f3lo pod\u00eda traducirse en la entrega al comunero demandante de la coposesi\u00f3n del predio indiviso para que pueda ejercer, con arreglo a la ley, sus derechos de copropietario en la cosa com\u00fan y en la proporci\u00f3n que le corresponde. Desde luego, para afirmar la existencia de la mencionada comunidad, en el an\u00e1lisis del certificado de registro del inmueble y de los t\u00edtulos de propiedad aportados, incluyendo el mediato contenido en la escritura p\u00fablica No. 428 de 27 de marzo de 1961 de la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Villavicencio, el Tribunal comprendi\u00f3 por igual a ambas partes <\/p>\n
En efecto, se\u00f1al\u00f3 que mediante aquel t\u00edtulo TOMAS MARTINEZ LEGUIZAMON adquiri\u00f3 de MARGARITA PINEDA DE RUIZ y otra, el inmueble materia del proceso, el cual posteriormente fue adjudicado en su totalidad a LETICIA DEL CARMEN MARTINEZ LEGUIZAMON, contra quien las se\u00f1oras MARIA AURORA MARTINEZ DE CARDENAS y MARIA CLEOTILDE DE LOS DOLORES MARTINEZ LEGUIZAMON entablaron, con \u00e9xito, un proceso de petici\u00f3n de herencia. Por ello, aqu\u00e9lla fue condenada a restituir a \u00e9stas \u201cuna tercera parte de cada uno de los bienes que le fueron adjudicados en el mortuorio, y dentro de los que se incluye el ahora materia de la litis\u201d. Precisamente, en virtud de esa sentencia, llegaron al acuerdo transaccional al que se hizo referencia, en el cual la precitada LETICIA DEL CARMEN se reserv\u00f3 la cuarta parte del inmueble (25%) para ratificarle, en palabras del Tribunal, \u201cla transferencia de esa cuarta parte a la se\u00f1ora AURORA HERNANDEZ DE MORA, a quien ya hab\u00eda hecho cesi\u00f3n de esa parte por escritura p\u00fablica 1266 de marzo 31 de 1987\u201d (fols. 238-239, ib.). <\/p>\n
Con todo, si el cargo se entendiera en el sentido que por estarse alegando una posesi\u00f3n excluyente y superior al t\u00edtulo de dominio aducido por el demandante, se estar\u00eda proponiendo un argumento de impugnaci\u00f3n directamente dirigido contra el fundamento de la sentencia antes rese\u00f1ado, porque entonces se llegar\u00eda a sostener que el demandante a la postre no demostr\u00f3 su calidad de copropietario, lo cierto es que el cargo carece de raz\u00f3n porque de todos modos en el expediente si obra una cadena de t\u00edtulos de dominio anterior a la posesi\u00f3n de la demandada. V\u00e9ase: <\/p>\n
En primer lugar debe dejarse claro que la posesi\u00f3n de la demanda no data del a\u00f1o de 1982, como se afirma en la contestaci\u00f3n de la demanda, porque el contrato por medio del cual se perfeccion\u00f3 la promesa de compraventa de la totalidad del inmueble (fols. 35-36, C-1), esto es, el contenido en la escritura p\u00fablica No. 100 de 28 de marzo de 1985 de la Notar\u00eda Unica del C\u00edrculo de Puerto L\u00f3pez (fols. 37-39, ib.), fue \u201crescindido\u201d (resciliado) por la escritura p\u00fablica No. 1266 de marzo 31 de 1987 de la Notar\u00eda Primera de Villavicencio (fols. 237-239, ib.), documento en el cual, adem\u00e1s, LETICIA DEL CARMEN MARTINEZ LEGUIZAMON transfiri\u00f3 a la demandada ANA HERNANDEZ DE MORA, a t\u00edtulo de venta, una cuota parte \u201cequivalente a una tercera parte (1\/3)\u201d sobre el inmueble de marras. Obs\u00e9rvese c\u00f3mo en el mismo instrumento (cl\u00e1usula quinta) se expres\u00f3 que en esa \u201cmisma fecha queda la compradora en posesi\u00f3n real y material con todas sus anexidades, usos, dependencias y servidumbres, que legalmente corresponden a su cuota parte\u201d, lo que indudablemente equivale a reconocer dominio ajeno en las 2\/3 partes restantes. <\/p>\n
Por otro lado, aparece demostrado que el inmueble fue adquirido por TOMAS MARTINEZ LEGUIZAMON a MARGARITA PINEDA DE RUIZ y SARA SANCHEZ, mediante escritura p\u00fablica No. 428 de 27 de marzo de 1961 de la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Villavicencio, debidamente registrada (fols. 241-243, C-1). Posteriormente fue adjudicado, en su totalidad, en un proceso de sucesi\u00f3n a la se\u00f1ora LETICIA DEL CARMEN LEGUIZAMON, seg\u00fan consta en el certificado de tradici\u00f3n, anotaci\u00f3n 02 (fol. 6, ib). Despu\u00e9s, en virtud de un proceso ordinario de petici\u00f3n de herencia entablado por MARIA AURORA MARTINEZ DE CARDENAS y MARIA CLEOTILDE DE LOS DOLORES MARTINEZ LEGUIZAMON contra la citada adjudicataria, el cual result\u00f3 fundado, como dan cuenta las pruebas trasladadas (fols. 189 y s.s., ib.), mediante escritura p\u00fablica No. 894 de 10 de marzo de 1989 (fol. 245-262, ib.), debidamente registrada, las partes de dicho proceso establecen, por v\u00eda transaccional, que las demandantes quedan \u201cen conjunto…titulares precisas, claras y concretas de las tres cuartas partes, o sea del setenta y cinco por ciento (75%)\u201d, mientras que la demandada LETICIA DEL CARMEN MARTINEZ LEGUIZAMON \u201cse reserva la cuarta parte (25%)\u201d del inmueble, para \u201cratificarle la transferencia de esa cuarta parte a la se\u00f1ora AURORA HERNANDEZ DE MORA, a quien ya hab\u00eda hecho cesi\u00f3n de esa parte por escritura p\u00fablica 1266 de marzo 31 de 1987\u201d. A su turno, MARIA AURORA MARTINEZ DE CARDENAS y MARIA CLEOTILDE DE LOS DOLORES MARTINEZ LEGUIZAMON, \u201cvendieron el 75% de sus derechos sobre el inmueble\u201d al se\u00f1or GIOVANNY MEJIA CALDERON, mediante escritura p\u00fablica 1614 del 15 de mayo de 1991 (fols. 226-233, C-1), debidamente registrada, quien a su vez vendi\u00f3 esos mismos derechos al ahora demandante EDUARDO ANTONIO HURTADO LOPEZ en virtud del t\u00edtulo que invoca en el libelo (fols. 9-12, ib.). <\/p>\n
Conforme a esa cadena ininterrumpida de t\u00edtulos se desprende sin lugar a dudas que el EDUARDO ANTONIO HURADO LOPEZ y AURORA HERNANDEZ DE MORA son copropietarios del inmueble pretendido, el primero en el equivalente al 75% y la segunda en el 25%, conclusi\u00f3n a la que igualmente arrib\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
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2.- Ha sido jurisprudencia constante de la Corte, reiterada ante la exigencia que impone el car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n, que cuando el fallo de instancia se apoya en varias consideraciones de orden jur\u00eddico y probatorio, es deber del recurrente, para la prosperidad de la censura, combatirlas todas, impugnando la sentencia por violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, seg\u00fan corresponda, pues de no procederse as\u00ed, las no atacadas seguir\u00edan prest\u00e1ndole base firme. Lo anterior, porque como la casaci\u00f3n no constituye una tercera instancia, la actividad jurisdiccional de la Corte debe concretarse a la revisi\u00f3n del fallo impugnado dentro de los l\u00edmites demarcados por el recurrente. Por lo tanto, como la sentencia arriba amparada por la presunci\u00f3n de acierto, los medios probatorios o las apreciaciones jur\u00eddicas no combatidos por el impugnante, siguen intangibles para la Corporaci\u00f3n y prest\u00e1ndole apoyo a la decisi\u00f3n cuando estos constituyen soporte esencial de su estructura. <\/p>\n
En consecuencia, como lo referente a la conclusi\u00f3n fundamental acerca de la existencia de la comunidad qued\u00f3 por fuera del panorama de la impugnaci\u00f3n, resulta inocuo examinar si se incurri\u00f3 o no en los errores de hecho denunciados. <\/p>\n
3.- Lo dicho ser\u00eda suficiente para rechazar el cargo. Sin embargo, de su contexto se advierte otras deficiencias de orden t\u00e9cnico, pues no obstante venir montada la censura en la comisi\u00f3n de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria, en su demostraci\u00f3n el recurrente alude a errores de derecho. En efecto, se\u00f1al\u00f3 que el sentenciador de segundo grado apreci\u00f3 las copias tra\u00eddas del proceso ordinario, sin haber sido incorporados al expediente conforme lo se\u00f1ala la ley y sin tener la constancia de que hayan sido expedidas por orden del juez (arts. 253, 254 y 115 del C. de P. C.). Por otro lado, dice que en el expediente no existe la prueba del parentesco de las MARTINEZ LEGUIZAMON con el causante TOMAS MARTINEZ LEGUIZAMON, es decir, las actas del registro civil (decreto-ley 1260 de 1970, art\u00edculos 101-103 y 105), raz\u00f3n por la cual cualquier otro documento, como la escritura p\u00fablica 894, resulta inid\u00f3neo para probar dicha circunstancia. <\/p>\n
<\/p>\n
Indudablemente, apreciar pruebas allegadas al proceso sin la observancia de los requisitos necesarios para su obtenci\u00f3n, como es el caso de la primera hip\u00f3tesis se\u00f1alada por el recurrente, y acreditar un hecho con una prueba distinta a la requerida por la ley en forma espec\u00edfica para el efecto, como es lo referente a las pruebas del estado civil de las personas, constituye t\u00edpicos errores de derecho en la apreciaci\u00f3n probatoria, pero nunca de hecho. La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sido constante en reiterar que el segundo yerro descansa en la equivocada contemplaci\u00f3n objetiva de la prueba en cuanto a su existencia y contenido material, mientras que el primero se relaciona con la interpretaci\u00f3n o inaplicaci\u00f3n de las normas legales que regulan la prueba. <\/p>\n
4.- Ahora, si en aras de la amplitud se pasara por alto lo hasta aqu\u00ed discurrido para rechazar el cargo y se aceptara la comisi\u00f3n de uno u otro yerro en la apreciaci\u00f3n probatoria, a\u00fan para estudiarlos por separado, la Corte se tropezar\u00eda con un obst\u00e1culo insalvable para dicho prop\u00f3sito. En efecto, se afirma que entre el t\u00edtulo remoto y el presentado por el demandante, no existe nexo jur\u00eddico, precisamente por no haberse acreditado el parentesco de los tradentes con el inicial propietario. Esta circunstancia, sin embargo, resulta intrascendente en relaci\u00f3n con las conclusiones del Tribunal, pues, de un lado, lo relativo a si en verdad ellas eran herederas o no del causante, es un hecho ajeno a la acci\u00f3n de dominio y, de otro, para verificar lo atinente al modo de adquisici\u00f3n del derecho por cada uno de ellos, el ad-quem tambi\u00e9n tuvo en cuenta el certificado del registrador de instrumentos p\u00fablicos (fol. 6, C-1), donde aparece la inscripci\u00f3n de cada uno de esos actos jur\u00eddicos, acerca de lo cual, como se nota en el tenor del cargo, la censura ni siquiera hizo menci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
5.- Por lo dicho, el cargo que se despacha igualmente est\u00e1 llamado al fracaso. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 4 de junio de 1993 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Civil-Laboral, en este proceso ordinario instaurado por EDUARDO ANTONIO HURTADO LOPEZ frente a BRAULIO MORA y AURA HERNANDEZ DE MORA. <\/p>\n
Costas del recurso a cargo de los demandados recurrentes. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase oportunamente al Tribunal de origen. <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
1Cas. Civ. sentencias de 12 de febrero de 1963 y 30 de junio de 1989. <\/p>\n
2Cas. Civ. sentencia de 16 de septiembre de 1959. <\/p>\n
3Cfr. Cas. Civ. sentencia de 13 de julio de 1987 y G. J. Tomo CCXXXI, p\u00e1gs. 384 y s.s. <\/p>\n
4Cas. Civ. Sentencia de 13 de junio de 1991, <\/p>\n
5Cas. Civ. sentencia de 11 de junio de 1992. <\/p>\n
6Cas. Civ. sentencia de 16 de agosto de 1973. <\/p>\n
7Cfr. Cas. Civ. sentencia de 11 de mayo de 1984, entre otras. <\/p>\n
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S-017-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997) […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81453","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81453","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81453"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81453\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81453"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81453"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81453"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}