S-018-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Carlos Esteban Jaramillo Schloss <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C.,veintitr\u00e9s (23) de Mayo de mil novecientos noventa y siete (1997).- <\/p>\n
<\/p>\n
Ref: Expediente 4504 <\/p>\n
Se deciden por la Corte los recursos de casaci\u00f3n interpuestos por ambas partes contra la sentencia de fecha diecis\u00e9is (16) de abril de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario seguido por BLANCA CECILIA SANGUINO DE SAN JUAN, GLORIA AMPARO MILLAN DE CONTRERAS, en su propio nombre y en el de sus hijos SANDRA MILENA, CARLOS FELIPE y CESAR ANDR\u00c9S CONTRERAS, y MAR\u00cdA EUGENIA ARARAT DE MONTES, en su propio nombre y en el de su hijo OSCAR MOIS\u00c9S MONTES, contra la empresa AEROV\u00cdAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A., AVIANCA. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
1. Por escrito presentado ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 10 de octubre de 1988, los actores en \u201cacci\u00f3n extracontractual\u201d demandaron a la empresa AVIANCA, apoy\u00e1ndose en los art\u00edculos 1880, 1881 y 1006 del C\u00f3digo de Comercio, as\u00ed como en los Arts. 2341 y siguientes del C\u00f3digo Civil, ello con ocasi\u00f3n del accidente a\u00e9reo en que perdieron la vida Cesar Humberto Contreras Chaustre, Oscar Montes Gamboa y Le\u00f3n San Juan Baptista, para pedir que en sentencia se declare que la empresa demandada es responsable de la muerte de dichos se\u00f1ores ocurrida a bordo de un avi\u00f3n perteneciente a esa aerol\u00ednea, el HK1716 – vuelo AV 410 – ruta Bucaramanga- C\u00facuta- Cartagena- Barranquilla. En consecuencia se la condene a pagar a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n a: 1) GLORIA AMPARO MILLAN DE CONTRERAS, esposa de Cesar Humberto Contreras, y a CARLOS FELIPE, CESAR ANDR\u00c9S y SANDRA MILENA CONTRERAS MILLAN, sus hijos; 2) MAR\u00cdA EUGENIA ARARAT DE MONTES, esposa de Oscar Montes, y a OSCAR MOISES MONTES ARARAT su hijo; y 3) BLANCA CECILIA SANGUINO DE SAN JUAN, esposa de Le\u00f3n San Juan, los perjuicios de car\u00e1cter material y moral que esa responsabilidad implica y que estiman los demandantes en: 1) veinticinco mil (25.000) gramos oro puro, o su equivalente en pesos, ciento diecisiete millones doscientos cincuenta y ocho mil pesos ($ 117\u2019258.000); 2) dieciocho mil setenta y siete con 31\/100 (18.077,31) gramos oro puro, o su equivalente, ochenta y cuatro millones setecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos catorce pesos con 28\/100 ($84.788.414,28); y, once mil ciento treinta y dos con 37\/100 (11.132,37) gramos oro, o su equivalente, cincuenta y dos millones doscientos catorce mil cuatrocientos pesos ($52\u2019214.400), respectivamente, sumas que dejan de percibir los herederos a causa de la muerte de sus respectivos esposos y padres de quienes depend\u00edan econ\u00f3micamente; no obstante, solicita la demanda que para la determinaci\u00f3n final de las indemnizaciones, se tenga en cuenta la inflaci\u00f3n ocurrida desde el 17 de marzo de 1988 hasta el momento en que se produzca la cuantificaci\u00f3n de la condena, a objeto de mantener el valor adquisitivo de la suma que se les pague a los damnificados, puesto que dicha indemnizaci\u00f3n es un derecho que nace en el momento de la muerte de los se\u00f1ores Contreras, Montes y San Juan de tal suerte que la sentencia no har\u00e1 mas que reconocer dicho derecho y no constituirlo; e igualmente, que sobre las sumas correspondientes se condene a la demandada a pagar intereses a la tasa corriente. En fin, solicitan que a dicha entidad se le imponga la obligaci\u00f3n de pagar las costas causadas durante el curso del proceso. <\/p>\n
Como soporte f\u00e1ctico de las anteriores pretensiones, los actores relatan que el d\u00eda diecisiete (17) de marzo de 1988 se accident\u00f3 en el cerro \u201cEspartillo\u201d, en jurisdicci\u00f3n del Municipio de Zulia, Departamento del Norte de Santander, el avi\u00f3n HK 1716 perteneciente a la empresa AVIANCA que hacia el vuelo AV-410, ruta Bucaramanga- C\u00facuta- Cartagena- Barranquilla y despeg\u00f3 de la ciudad de C\u00facuta aproximadamente a las 13:17 horas; y que los se\u00f1ores Cesar Humberto Contreras Chaustre, Oscar Montes Gamboa y Le\u00f3n San Juan Bautista, perecieron a bordo de dicha aeronave en la cual viajaban como pasajeros. <\/p>\n
2. De la anterior demanda se corri\u00f3 traslado a la entidad demandada quien compareci\u00f3 por conducto de apoderado, respondiendo al libelo incoativo donde manifest\u00f3 que no le consta la ocurrencia del accidente, ni la propiedad ni ruta del avi\u00f3n, ni si los citados se\u00f1ores viajaban a bordo de dicha aeronave, ni si perecieron en ella, pero a pesar de estas negativas por dem\u00e1s curiosas, expresamente se opuso a las pretensiones deducidas por cuanto, seg\u00fan dijo, en el caso en referencia el siniestro ocurri\u00f3 por un error de conducta que la empresa no pudo prever ni evitar, aunque actu\u00f3 con diligencia y prudencia y cumpli\u00f3 con todos los requisitos legales establecidos para llevar a cabo la actividad de transporte a\u00e9reo que le es propia. As\u00ed mismo propuso como excepciones de fondo la carencia de causa y la inexistencia de los derechos pretendidos y de las obligaciones demandadas. <\/p>\n
Paralelamente, por escrito separado formul\u00f3 la excepci\u00f3n previa de falta de competencia por raz\u00f3n del territorio, fund\u00e1ndose en que el domicilio principal de la compa\u00f1\u00eda demandada es la ciudad de Barranquilla, defensa que tuvo por demostrada el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y en consecuencia, orden\u00f3 remitir el expediente a dicha ciudad, donde por reparto correspondi\u00f3 el conocimiento del asunto al Juzgado Tercero Civil del Circuito. <\/p>\n
3. Planteada la cuesti\u00f3n litigiosa dentro de los extremos que se han dejado rese\u00f1ados, la primera instancia culmin\u00f3 con sentencia de fecha veintinueve (29) de abril de 1992 donde el juzgado de conocimiento resolvi\u00f3 declarar no probadas las excepciones de m\u00e9rito formuladas y declarar civilmente responsable a la empresa Aerov\u00edas Nacionales de Colombia S.A. \u201cAVIANCA\u201d por los perjuicios sufridos por los demandantes con ocasi\u00f3n del accidente de la aeronave HK 1716 de la cual era propietaria, ocurrido en el municipio de El Zulia (Norte de Santander) el d\u00eda 17 de marzo de 1988, accidente en el cual perdieron la vida los se\u00f1ores Cesar Humberto Contreras Chaustre, Oscar Mois\u00e9s Montes Gamboa y Le\u00f3n San Juan Baptista. En consecuencia, conden\u00f3 a la demandada a pagar, por concepto del resarcimiento demandado, a) A AMPARO MILLAN FLETCHER y sus hijos SANDRA MILENA, CESAR ANDRES y CARLOS FELIPE CONTRERAS MILLAN, 11.600 gramos oro, en proporci\u00f3n del 50% para la primera y 50% para los restantes en partes iguales; b) A MARIA EUGENIA ARARAT DIAZ y su hijo OSCAR MOISES MONTES ARARAT, 11.000 gramos oro en cuant\u00eda de 50% para cada uno; y c) A BLANCA CECILIA SANGUINO SANTANDER, 7.500 GRAMOS ORO, sumas estas que debe cancelar la demandada tres d\u00edas despu\u00e9s de ejecutoriado el fallo. Tambi\u00e9n conden\u00f3 a la empresa en cuesti\u00f3n a pagar las costas del proceso. <\/p>\n
Inconforme con esa decisi\u00f3n, recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n esta \u00faltima, impugnaci\u00f3n a la cual adhirieron los actores dentro del t\u00e9rmino estipulado para el efecto, y as\u00ed surtido el tr\u00e1mite de ley, termin\u00f3 la segunda instancia con providencia del diecis\u00e9is (16) de abril de 1993, en virtud de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla confirm\u00f3 el fallo impugnado, excepto en el monto de la indemnizaci\u00f3n correspondiente a cada uno de los actores, la que fij\u00f3 en la siguiente forma: a) AMPARO MILLAN FLETCHER, 3.671 gramos oro; SANDRA MILENA CONTRERAS MILLAN, 585.81 gramos oro; CARLOS FELIPE CONTRERAS MILLAN, 920.66 gramos oro; y CESAR ANDR\u00c9S CONTRERAS MILLAN, 829.76 gramos oro. b) MARIA EUGENIA ARARAT DIAZ, 1.977.64 gramos oro, y OSCAR MOISES MONTES ARARAT, 1.496.32 gramos oro. Y, c) BLANCA CECILIA SANGUINO SANTANDER, 4.031.34 gramos oro, agregando que tales sumas deben cancelarse en moneda legal colombiana conforme certificaci\u00f3n expedida por el Banco de la Rep\u00fablica (Art. 875 C. Co.), dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia, agregando la cantidad de 73.63 gramos oro para cada uno de los demandantes por concepto de da\u00f1os morales, y conden\u00f3 en costas de la segunda instancia a la parte demandada con reducci\u00f3n del 50%. <\/p>\n
II . LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA MATERIA DE IMPUGNACION. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Luego de hacer el acostumbrado recuento de los antecedentes procesales y resumir el contenido de la demanda incoada, la sentencia de primer grado y los alegatos presentados durante la segunda instancia, inicia el Tribunal el estudio del asunto advirtiendo que en el presente proceso concurren los presupuestos procesales por cuanto, expresa, se trata del juez competente, las partes resultan capacitadas civil y procesalmente para intervenir en la litis y la demanda, aunque pareciera no cumplir con severidad los requisitos de forma exigidos por la ley, debe ser interpretada en su conjunto, en forma razonada y l\u00f3gica, cometido que emprende a continuaci\u00f3n con el fin, as\u00ed puesto de manifiesto en el fallo, de identificar la clase de acci\u00f3n en este caso entablada, considerando que se reclama por los demandantes el pago de los perjuicios producidos como consecuencia del fallecimiento de varios pasajeros en un accidente a\u00e9reo. Se\u00f1ala en este orden de ideas que trat\u00e1ndose de accidentes del tipo indicado, los herederos de las v\u00edctimas podr\u00e1n ejercitar de manera separada o exclusiva, \u201cla acci\u00f3n contractual transmitida por su causante y la extracontractual derivada del perjuicio que personalmente les haya inferido su muerte\u201d (Art. 1006 C. de Co), norma que a la vez no permite que se acumulen en una misma demanda, la acci\u00f3n tendiente a reclamar perjuicios causados a la v\u00edctima con el incumplimiento del contrato de transporte, es decir aquella cuyo objeto lo constituya la reparaci\u00f3n del da\u00f1o hereditario contractual, y la acci\u00f3n que persigue una indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os personales producidos con ocasi\u00f3n del mismo hecho, acci\u00f3n esta por lo tanto de estirpe extracontractual. Apunta el ad quem que en el presente asunto, se demand\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda transportadora AVIANCA \u201cen acci\u00f3n extracontractual\u201d, acumulando las varias pretensiones de los demandantes por provenir de la misma causa, versar sobre el mismo objeto y porque deben servirse parcialmente de las mismas pruebas, expresando al efecto el escrito de demanda que persigue el reconocimiento judicial del derecho de los actores a recibir indemnizaci\u00f3n por perjuicios causados a ellos, solicitando sea declarada la responsabilidad por muerte de los se\u00f1ores Cesar Humberto Contreras Chaustre, Oscar Montes Gamboa y Le\u00f3n San Juan Baptista, ocurrida a bordo de un avi\u00f3n de la empresa aludida, y el pago a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n, a sus esposas e hijos, de \u201clos perjuicios de car\u00e1cter material y moral que esa reponsabilidad conlleva\u201d, estim\u00e1ndolos en gramos oro y enfatizando que \u201ctodos los anteriores son valores que dejan de percibir los herederos a causa de la muerte de sus respectivos esposos y padres de quienes dependen econ\u00f3micamente\u201d y que \u201cdicha indemnizaci\u00f3n es un derecho que nace en el momento de la muerte de dichos se\u00f1ores\u201d. Estima, pues, el sentenciador que con apoyo en los elementos de an\u00e1lisis as\u00ed resaltados, \u201cclaramente aparece que el actor expres\u00f3 en su demanda lo que quer\u00eda\u201d, sin que hubiera sido necesario acudir a razonamientos complicados, por lo que, concluye, se cumplieron todas las formalidades del C\u00f3digo de Procedimiento Civil para la formulaci\u00f3n de la demanda del modo debido y por ello, carecen de fundamento las objeciones que en este campo hace la entidad apelante frente al criterio expuesto sobre el particular en la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
2. Sentada la premisa que antecede y calificada satisfactoriamente la idoneidad formal de la demanda, la corporaci\u00f3n sentenciadora trayendo a cuento el art\u00edculo 1880 del C\u00f3digo de Comercio y despu\u00e9s de resumir los principios que al tenor de este precepto hacen particularmente estricta la responsabilidad del transportador por v\u00eda a\u00e9rea de pasajeros, advierte que en el presente evento se dan todos los supuestos para la prosperidad de la acci\u00f3n incoada pues, dice, ninguna duda emerge de que el d\u00eda 17 de marzo de 1988, cuando realizaba el vuelo AV. 410 en la ruta Bucaramanga- C\u00facuta- Cartagena- Barranquilla, se accident\u00f3 el avi\u00f3n HK 1716 perteneciente a la empresa AVIANCA, pereciendo la totalidad de sus ocupantes entre los que se contaban Cesar Humberto Contreras Chaustre, Oscar Montes Gamboa y Le\u00f3n San Juan Baptista. Al efecto se\u00f1ala el Tribunal que la empresa no puede exonerarse de responsabilidad al no haber acreditando su diligente y prudente proceder, y siguiendo orientaciones jurisprudenciales que le atribuyen pleno vigor probatorio a los informes producidos por organismos estatales de control en materia de accidentes a\u00e9reos y sus posibles causas, hace referencia al presentado aqu\u00ed por el Departamento Administrativo de Aeron\u00e1utica Civil (folio 50 del cuaderno principal) en el cual, despu\u00e9s de observarse que en el desarrollo del fatal vuelo se presentaron algunas fallas de planeaci\u00f3n y de orientaci\u00f3n por parte de los pilotos, se hacen recomendaciones finales sobre el estricto cumplimiento que deben dar las empresas y sus empleados a las normas t\u00e9cnicas que reglamentan la aviaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Despu\u00e9s de anotar que la principal obligaci\u00f3n a cargo del transportador a\u00e9reo de personas es la de conducirlas sanas y salvas al lugar de finalizaci\u00f3n del respectivo trayecto, seguidamente hace ver el fallador que \u201ctomaron los accionantes la acci\u00f3n propia, aut\u00f3noma, por el perjuicio directamente recibido a causa del accidente, con origen en el hecho il\u00edcito, por la inobservancia de una regla gen\u00e9rica de buen obrar, a fin de reparar el quebranto causado al inter\u00e9s personal, afectando su patrimonio de forma exclusiva\u201d, y discurriendo sobre la base de este supuesto, se\u00f1ala la sentencia que de las declaraciones tomadas por comisionado dentro del proceso se colige que las accionantes, esposas de los pasajeros fallecidos, depend\u00edan econ\u00f3micamente de ellos, encontrando tambi\u00e9n demostrado con prueba de car\u00e1cter documental obrante en los autos, los lazos familiares que permiten a los actores reclamar la indemnizaci\u00f3n, unidos al hecho de que las v\u00edctimas, al momento de su fallecimiento, prestaban sus servicios a entidades privadas y del Estado. <\/p>\n
As\u00ed, situada la cuesti\u00f3n en este punto y remiti\u00e9ndose al texto del Art. 1881 del C. de Comercio respecto del cual considera la sentencia en estudio que la limitaci\u00f3n cuantitativa de la indemnizaci\u00f3n por pasajero all\u00ed consagrada tambi\u00e9n opera cuando la acci\u00f3n contra el transportador la deducen terceros damnificados y por lo tanto es de \u00edndole extracontractual, pasa a ocuparse el Tribunal de fijar la cuant\u00eda del resarcimiento a cargo de la demandada y en favor de cada uno de los demandantes, partiendo de la base de que ambas partes apelaron y en consecuencia \u201c\u2026 el principio de la reformatio in pejus no es escollo para definir el punto sin ninguna sujeci\u00f3n \u2026\u201d. <\/p>\n
As\u00ed, pues, a juicio del Tribunal es de rigor efectuar las operaciones matem\u00e1ticas pertinentes, teniendo presente la vida probable de cada uno de los pasajeros fallecidos, sus ingresos promedio mensuales, deducci\u00f3n por gastos personales, dependencia de los hijos del fallecido, y establecidos la duraci\u00f3n del da\u00f1o y el valor nominal del lucro cesante, para lo cual, haciendo suyo el punto de vista de un renombrado tratadista y aludiendo a las tablas de supervivencia o vida probable en Colombia contenidos en la Resoluci\u00f3n 1439 de 1.972 de la Superintendencia Bancaria; deja consignada en la providencia la siguiente liquidaci\u00f3n: \u201cTABLA 1: Valor actual de una suma \u00fanica pasada, que se utiliza para indicar el da\u00f1o emergente o el lucro cesante pasados que producen una sola fecha. Tabla 2: Que se utiliza para liquidar el da\u00f1o emergente o el lucro cesante pasados que se producen d\u00eda tras d\u00eda. TABLA 4: Valor actual de una suma que se paga n veces hacia el futuro con un inter\u00e9s del 6% anual. Se usa para liquidar el valor actual del lucro cesante o del da\u00f1o emergente futuro o peri\u00f3dico\u201d; operaciones que luego detalla como a continuaci\u00f3n se indica: <\/p>\n
1. CESAR CONTRERAS CHAUSTRE <\/p>\n
Ingreso Mensual Promedio (incluye <\/p>\n
prestaciones,cesant\u00edas, <\/p>\n
bonificaciones, vacaciones, etc.) $ 232.845.oo <\/p>\n
Duraci\u00f3n per\u00edodo indemnizable <\/p>\n
supervivencia probable del fallecido <\/p>\n
(Resol. 1439\/72 Superbancaria). 37. 1 a\u00f1os = 445 meses <\/p>\n
Per\u00edodo durante el cual cada uno de los demandantes habr\u00eda requerido ayuda econ\u00f3mica del fallecido: <\/p>\n
a) C\u00f3nyuge demandante al momento de la muerte del esposo: 37 a\u00f1os\/edad <\/p>\n
Supervivencia Probable: 38. 04 <\/p>\n
b) Hijo 1: Carlos Felipe = para llegar a la <\/p>\n
mayor\u00eda de edad le falta: 12 a\u00f1os 8 meses =152 meses Para llegar a los 25 a\u00f1os en que requer\u00eda <\/p>\n
del sustento: 84 meses 236 meses. <\/p>\n
c) Hijo 2: C\u00e9sar Andr\u00e9s = para llegar a la <\/p>\n
mayor\u00eda de edad le falta: 9 a\u00f1os 4 meses = 112 meses. Para llegar a los 25 a\u00f1os en que requer\u00eda <\/p>\n
del sustento: 84 meses <\/p>\n
196 meses <\/p>\n
d) Hijo 3: Sandra Milena para llegar a la <\/p>\n
mayor\u00eda de edad le falta: 2 a\u00f1os <\/p>\n
8 meses = 32 meses <\/p>\n
Para llegar a los 25 a\u00f1os en que requer\u00eda <\/p>\n
del sustento: 84 meses <\/p>\n
116 meses <\/p>\n
LUCRO CESANTE PASADO <\/p>\n
Liquidaci\u00f3n mediante el valor de reposici\u00f3n o reemplazo. <\/p>\n
Suma actualizada: <\/p>\n
Tiempo transcurrido entre accidente y fecha liquidaci\u00f3n en sentencia: <\/p>\n
17-03-88 a 17-03-92 = 5 a\u00f1os = 60 meses. <\/p>\n
Tabla 1 1.3488 x $232.845. = $ 314.061.33 <\/p>\n
20% Deducci\u00f3n Gastos Personales = 64.812.26 Suma actualizada = $251.249.oo <\/p>\n
$125.624.50 x 69.7700 (tabla 2) = $8\u2019764.821.36 <\/p>\n
Hijos: Corresponde mitad entre 3 <\/p>\n
$41.874.83 x tabla 2 Cada uno: <\/p>\n
$2\u2019921.607.12 = $ 8\u2019764.821.36 <\/p>\n
Subtotal = $ 17\u2019529.643.oo <\/p>\n
LUCRO CESANTE FUTURO <\/p>\n
– Esposa: Comparando con la vida <\/p>\n
probable el fallecido, se deja la <\/p>\n
supervivencia del occiso igual, 445 meses, <\/p>\n
y se descuentan los 60 meses ya calculados, <\/p>\n
y en aplicaci\u00f3n a la tabla 4, se obtienen: <\/p>\n
385 meses x 178.266358 = $ 22\u2019394.622.oo <\/p>\n
– Hijo 1: 176 meses x 116.861320 = 4\u2019893.548.oo <\/p>\n
– Hijo 2: 136 meses x 98.504778 = $ 4\u2019124.870.83 <\/p>\n
– Hijo 3: 56 meses x 48.981445 = 2\u2019051.089.60 <\/p>\n
Subtotal = 33\u2019464.130.44 <\/p>\n
LUCRO CESANTE PASADO + LUCRO CESANTE FUTURO <\/p>\n
Esposa: $ 31\u2019159.443.oo <\/p>\n
Hijo 1: $ 7\u2019815.155.11 <\/p>\n
Hijo 2: $ 7\u2019043.477.92 <\/p>\n
DA\u00d1O MORAL <\/p>\n
Se tasa conforme se solicit\u00f3 extrajudicialmente: $625.000.oo para cada demandante = 73.63 grs\/oro. <\/p>\n
Al convertir estos valores en gramos oro, conforme valoraci\u00f3n dada por el Banco de la Rep\u00fablica, en marzo 17 de 1988, $8.488.57, obtenemos: <\/p>\n
Da\u00f1o Moral <\/p>\n
Esposa: 3.671.oo grs\/oro m\u00e1s 73.63 grs\/oro <\/p>\n
Hijo 1: 920.66 grs\/oro m\u00e1s 73.63 grs\/oro <\/p>\n
Hijo 2: 829.76 grs\/oro m\u00e1s 73.63 grs\/oro <\/p>\n
Hijo 3: 585.81 grs\/oro m\u00e1s 73.63 grs\/oro <\/p>\n
TOTAL: 6.007.23 grs\/oro m\u00e1s 249.52 grs\/oro <\/p>\n
2. OSCAR MONTES GAMBOA <\/p>\n
Ingreso Mensual Promedio $ 123.984.oo <\/p>\n
Duraci\u00f3n Per\u00edodo Indemnizable <\/p>\n
Supervivencia probable del <\/p>\n
fallecido (Resol. 1439\/72 Superbancaria). <\/p>\n
44.52 a\u00f1os = 534 meses <\/p>\n
Per\u00edodo durante el cual cada uno de los <\/p>\n
demandantes habr\u00eda requerido ayuda <\/p>\n
econ\u00f3mica del fallecido. <\/p>\n
a) Esposa: Igual tiempo vida probable del occiso. <\/p>\n
b) Hijo: Naci\u00f3 23 julio\/88. Al momento de fallar: <\/p>\n
4 a\u00f1os 8 meses: <\/p>\n
Faltan para 25 a\u00f1os: 20 a\u00f1os 4 meses = 244 meses <\/p>\n
LUCRO CESANTE PASADO <\/p>\n
Valor promedio mensual <\/p>\n
20% Deducci\u00f3n gastos personales $ 33.445.92 <\/p>\n
Suma actualizada $ 133.783.69 <\/p>\n
Esposa: Mitad $66.891.84 60 meses $ 4\u2019667.043.67 <\/p>\n
Hijo: $66.891.84 60 meses $ 4\u2019667.043.67 <\/p>\n
Subtotal $ 9\u2019334.087.35 <\/p>\n
<\/p>\n
LUCRO CESANTE FUTURO <\/p>\n
Esposa: 534 – 60 = 474 meses x tabla 4 <\/p>\n
$66.891.84 x 181.193121 = $ 12\u2019120.341.25 <\/p>\n
Hijo: 244 – 60 = 184 meses x tabla 4 <\/p>\n
$66.891.84 x 120.113273 = $ 8\u2019034.597.77 <\/p>\n
LUCRO CESANTE PASADO + LUCRO CESANTE FUTURO: <\/p>\n
Esposa: $ 16\u2019787.384.92 <\/p>\n
Hijo: $ 12\u2019701.644.44 <\/p>\n
Total $ 29\u2019489.026.36 <\/p>\n
DA\u00d1O MORAL <\/p>\n
Se tasa conforme se solicit\u00f3 extrajudicialmente: <\/p>\n
$625.000.oo para cada demandante = 73.63 grs\/oro <\/p>\n
Al convertir estos valores en gramos oro, conforme valoraci\u00f3n dada por el Banco de la Rep\u00fablica, en marzo 17\/88, $8.488.57, obtenemos: <\/p>\n
Da\u00f1o Moral <\/p>\n
Esposa: 1.977.64 grs\/oro m\u00e1s 73.63 grs\/oro <\/p>\n
Hijo: 1.496.32 grs\/oro m\u00e1s 73.63 grs\/oro <\/p>\n
TOTAL: 3.473.96 grs\/oro m\u00e1s 147.26 grs\/oro <\/p>\n
3. LEON SAN JUAN BAPTISTA <\/p>\n
Ingreso Mensual Promedio $ 219.300.oo <\/p>\n
Duraci\u00f3n Per\u00edodo Indemnizable. <\/p>\n
Supervivencia probable del fallecido <\/p>\n
(Resol. 1439\/72 Superbancaria). 12.86 a\u00f1os = 154 meses <\/p>\n
LUCRO CESANTE PASADO <\/p>\n
Valor promedio mensual: $219.300.oo <\/p>\n
x tabla 1= $ 295.791.84 <\/p>\n
20% Deducci\u00f3n gastos personales $ 59.158.36 <\/p>\n
Suma actualizada 236.633.48 <\/p>\n
Esposa = 100% <\/p>\n
Promedio mensual actualizado <\/p>\n
$236.633.48 x tabla 2 $ 16\u2019509.917.89 <\/p>\n
LUCRO CESANTE FUTURO <\/p>\n
Esposa: 154 – 60 = 94 meses x tabla 4 <\/p>\n
$236.633.48 x 74.853073 $ 17\u2019712.743.15 <\/p>\n
LUCRO CESANTE PASADO + LUCRO CESANTE FUTURO: <\/p>\n
Total 34\u2019222.661.04 <\/p>\n
Al convertir la suma total en gramos oro, tenemos: 4.031.61 gramos oro <\/p>\n
DA\u00d1O MORAL <\/p>\n
Finalmente declara el Tribunal que no es del caso aplicar intereses e \u00edndices mensuales del costo de vida, dado que las cantidades se contabilizaron actualizadas y al tener expresi\u00f3n en oro, mantienen su valor y quedan corregidos los efectos nocivos del deterioro por inflaci\u00f3n del signo monetario. <\/p>\n
III. DEMANDAS DE CASACION Y CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
Como ya se dej\u00f3 dicho, contra la sentencia de segundo grado las dos partes interpusieron sendos recursos de casaci\u00f3n, demandas ambas que se presentaron con cuatro cargos que dado el alcance que se les asigna, ser\u00e1n estudiados por la Corte en el orden que la l\u00f3gica impone, es decir, se examinar\u00e1n delanteramente los tres iniciales de la entidad demandada, el primero planteado por la causal segunda de casaci\u00f3n, el segundo por la causal primera denunciando infracci\u00f3n indirecta de la ley debido a errores probatorios, y el tercero que aduce violaci\u00f3n directa de normas sustanciales. As\u00ed mismo, teniendo en cuenta que el cuarto cargo propuesto por la demandada y los cuatro presentados por la parte actora se refieren a la liquidaci\u00f3n de perjuicios efectuada por el Tribunal, y que el tercero de entre estos \u00faltimos est\u00e1 llamado a prosperar con el efecto, como en su momento se ver\u00e1, de eliminar dicha liquidaci\u00f3n en su integridad, despachado \u00e9ste no es del caso entonces analizar las censuras restantes que, en tanto hacen referencia parcial a esa materia, pierden por consiguiente su raz\u00f3n de ser. <\/p>\n
-Secci\u00f3n Primera- <\/p>\n
RECURSO DE LA PARTE DEMANDADA <\/p>\n
<\/p>\n
Cargo Primero. Con apoyo en la segunda de las causales de casaci\u00f3n que consagra el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, acusa la sentencia de no estar en consonancia con los hechos de la demanda; y para explicar esta tesis parte el censor de la importancia que tiene la \u201ccausa petendi\u201d y su formulaci\u00f3n completa en el proceso civil, entendida ella como los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones entre los cuales deben estar los necesarios para la adecuada calificaci\u00f3n de la acci\u00f3n deducida en juicio. Sostiene, entonces, que el Tribunal profiri\u00f3 una sentencia incongruente \u201cpues conden\u00f3 a AVIANCA con fundamento en hechos que no fueron invocados por la parte demandante, en el escrito de la demanda\u201d, y agrega que \u201cbasta leer por lo tanto los tres hechos que fueron afirmados por la parte demandante para justificar sus pretensiones, y leer a continuaci\u00f3n el fallo del Tribunal, para darse cuenta que la incongruencia \u2018brilla al ojo\u2019 en varios pasajes de la sentencia\u201d, aseveraci\u00f3n \u00e9sta que deriva b\u00e1sicamente de la circunstancia de que el ad quem se hubiera referido a la \u201cdependencia econ\u00f3mica\u201d de las demandantes respecto de los pasajeros fallecidos en el accidente, a los \u201cnecesarios lazos\u201d que permiten incoar la acci\u00f3n civil extracontractual que se ha ejercido en el proceso, y \u201cla vinculaci\u00f3n\u201d de esos mismos pasajeros con diversas entidades, cuando a elementos de esta \u00edndole no se refiri\u00f3 la \u201ccausa petendi\u201d descrita o invocada en la demanda que al proceso le dio comienzo, y por tanto no fueron objeto de pronunciamiento cuando se contest\u00f3, luego AVIANCA no pudo solicitar pruebas para controvertirlos. Concluye que \u201cellos, aunque aparecieron demostrados, no pueden ser tenidos en cuenta por el fallador de segunda instancia, son extra\u00f1os a la causa petendi establecida en la demanda, est\u00e1n por fuera de la relaci\u00f3n jur\u00eddica procesal que se trab\u00f3 entre las partes al conocerse la demanda y su contestaci\u00f3n que vinculan a las partes y delimitan el campo de decisi\u00f3n del juzgador\u201d. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
A la luz de las normas pertinentes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil en su redacci\u00f3n original que data de 1970 (arts. 305 y 368-2), la incongruencia como motivo de casaci\u00f3n, s\u00f3lo pod\u00eda constatarse confrontando la parte resolutiva de la sentencia impugnada \u00abcon las excepciones\u00bb propuestas por el demandado y que hubieren sido alegadas \u00absi as\u00ed lo exige la ley\u00bb, y tambi\u00e9n con las pretensiones aducidas por el demandante, las que no solamente se encontraban en la demanda inicial del proceso sino tambi\u00e9n las que se hicieron valer \u00aben las dem\u00e1s oportunidades que este C\u00f3digo contempla\u00bb, pues as\u00ed lo preceptuaba el primero de aquellos preceptos citados. As\u00ed, pues, como en aqu\u00e9l entonces la inconsonancia s\u00f3lo se daba al cotejar las disposiciones del fallo de instancia con las peticiones de la demanda y las excepciones, la causal de casaci\u00f3n en referencia no se estructuraba cuando la causa de pedir y lo resuelto, al cotejarlos, no ofrec\u00edan la necesaria armon\u00eda, ya que, entonces, de configurarse esta hip\u00f3tesis, desarreglo tal pod\u00eda invocarse en casaci\u00f3n con base en la causal primera por \u00aberr\u00f3nea interpretaci\u00f3n de la demanda\u00bb. Esa doctrina, acorde por lo dem\u00e1s con las normas legales vigentes a las que acaba de hacerse alusi\u00f3n, se mantuvo por la Corte hasta cuando, como lo apunta el recurrente, en fallo de 28 de noviembre de 1977 (sin publicar) la Sala de Casaci\u00f3n Civil sent\u00f3 la tesis de que \u00ab…la incongruencia no s\u00f3lo se presenta cuando confrontadas las resoluciones de la sentencia con las peticiones y defensas de las partes se observa que el fallo es extra, ultra o minima petita, porque puede acaecer que a pesar de existir armon\u00eda cabal entre aqu\u00e9llas y \u00e9stas, se presente el fen\u00f3meno de la incongruencia, como cuando demand\u00e1ndose la nulidad del proceso con fundamento en la incompetencia del fallador, se declara el vicio, pero con apoyo en otra causal no alegada, como la de haberse omitido el t\u00e9rmino para pedir pruebas… La sentencia para ser congruente debe decidir s\u00f3lo sobre los temas sometidos a composici\u00f3n del juez y con apoyo en los mismos hechos alegados como causa petendi, pues si se funda en supuestos f\u00e1cticos que no fueron oportunamente invocados por las partes, lesionar\u00eda gravemente el derecho de defensa del adversario (…) Tal el fundamento para afirmar que igual da condenar a lo no pedido, que acoger una pretensi\u00f3n deducida, pero con causa distinta a la invocada, es decir, con fundamentos de hecho no alegados\u00bb. <\/p>\n
Este enfoque conceptual que por cierto no fue reiterado, dio base sin embargo para que el legislador de 1989 (Decreto 2282 de 7 de octubre), modificara el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y como consecuencia obvia el 368 del mismo estatuto, en el sentido de ampliar el \u00e1mbito propio de la incongruencia como vicio que hace posible la infirmaci\u00f3n de las sentencias civiles en sede de casaci\u00f3n, declarando que se produce tambi\u00e9n cuando el fallo no guarde congruencia, no s\u00f3lo con las peticiones del demandante y las excepciones formuladas en su defensa por el demandado, sino tambi\u00e9n \u00abcon los hechos\u00bb objeto del debate. O sea que hoy, al amparo de la legislaci\u00f3n procesal vigente, la causal de casaci\u00f3n originada en incongruencia se da tambi\u00e9n (art. 368-2) cuando no est\u00e1 la sentencia \u00aben consonancia con los hechos\u00bb aducidos o afirmados como fundamento de las pretensiones de la demanda o de las excepciones propuestas por el demandado, y ello no obstante que el mismo legislador de 1989, como lo hab\u00eda determinado el de 1970, de antemano hab\u00eda consagrado como uno de los eventos en que se abre paso la causal primera de casaci\u00f3n, la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial \u00abpor error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la demanda\u00bb, por manera que, frente a este estado de cosas, en sentencia del 15 de octubre de 1993 esta Sala se vio precisada a explicar que en el plano te\u00f3rico \u201c\u2026 la diferencia entre el error in procedendo, tipificador de la incongruencia, y el error de hecho en que se pueda caer al apreciar la demanda, propio de la causal primera de casaci\u00f3n, no se ha desdibujado a ra\u00edz de la innovaci\u00f3n introducida al citado numeral 2 del art\u00edculo 368, ya que en el primer evento el juzgador, al considerar los hechos sustentantes de la pretensi\u00f3n, no hace cosa distinta a la de despreocuparse de la demanda para tomar \u00fanicamente en cuenta aquellos que, de acuerdo con su personal criterio, resultan dignos de ser valorados. En la segunda hip\u00f3tesis, por el contrario, el juez parte de obedecer la regla que le habla de la sujeci\u00f3n a los hechos de la demanda, mas cuando pretende fijar el sentido de la misma resulta alter\u00e1ndolos, siendo este el motivo por el cual aqu\u00ed ya no sea atinado hablar de desatenci\u00f3n o prescindencia de la demanda\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Entendidas as\u00ed las cosas, si ha de partirse del supuesto seg\u00fan el cual, al tenor de los preceptos legales de los que viene haci\u00e9ndose menci\u00f3n, la incongruencia es puesta de manifiesto por todo exceso o desviaci\u00f3n en la indispensable correspondencia que debe existir entre el fallo y el objeto de la litis, dicho defecto se hace patente siempre que el sentenciador de instancia profiere una resoluci\u00f3n resolviendo cuestiones de modo y por fundamentos de hecho del todo extra\u00f1os a los aducidos oportunamente por los litigantes en aquellos actos llamados a fijar concretamente la materia del debate. Dicho en otras palabras, as\u00ed como es deber del juez pronunciarse en su sentencia sobre todo lo que se le ha pedido por las partes y solamente sobre ello, sin pecar por defecto y tampoco por exceso, igualmente le est\u00e1 vedado emitir su juicio decisorio apoy\u00e1ndolo en elementos f\u00e1cticos ajenos al estado del conflicto tal y como este le es sometido a su conocimiento, lo que significa que cuando el sentenciador en su fallo concede aquello que ha sido solicitado sin distorsionar en su esencia los hechos invocados, resuelve con vista en ellos y basado en argumentos que le suministran las pruebas, forzoso resulta descartar la incongruencia, toda vez que la modalidad en examen, en eventos como el que acaba de descartarse no se produce, habida cuenta que en semejante hip\u00f3tesis, es claro que la \u00abraz\u00f3n de dar\u00bb expresada en la sentencia, guarda equilibrada correspondencia con la \u00abraz\u00f3n de pedir\u00bb, siempre en el bien entendido, se repite, que los jueces, sin quebrantar el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, no pueden atribuirse el poder de sustituir de oficio acciones o excepciones por otras diversas de aquellas que las partes en litigio sometieron a su jurisdicci\u00f3n, extremo que en manera alguna se presenta, valga insistir, cuando dichos funcionarios, sin quebrantar ninguna de las limitaciones inherentes a su funci\u00f3n y ci\u00f1\u00e9ndose por ende al debate procesal, le imprimen conformaci\u00f3n jur\u00eddica a los hechos que de \u00e9l forman parte para luego aplicarles las reglas de derecho que estiman pertinentes. <\/p>\n
Y es esto justamente lo que sucede en el presente caso y por ello el cargo en estudio tiene que desestimarse, pues basta comparar la resoluci\u00f3n judicial en cuya virtud se declara civilmente responsable a la empresa AVIANCA por los perjuicios sufridos por los demandantes con ocasi\u00f3n del accidente de la aeronave en el cual perdieron la vida los se\u00f1ores Contreras, Montes y San Juan, conden\u00e1ndose como consecuencia a la demandada a pagar a los actores la indemnizaci\u00f3n se\u00f1alada, para encontrar que dicha resoluci\u00f3n guarda perfecta correlaci\u00f3n con el cap\u00edtulo petitorio de la demanda en el cual solicitan se declare a AVIANCA responsable de tales da\u00f1os y, por lo tanto, se la condene a indemnizar a los actores quienes afirman obrar en calidad de \u201cesposos e hijos\u201d de los fallecidos, sucesores de los mismos que reclaman el pago de las cantidades que dejan de percibir a causa de su muerte por cuanto \u201cdepend\u00edan econ\u00f3micamente de ellos\u201d; lo dispositivo del fallo resuelve virtualmente y con la eficacia necesaria todo aquello que fue objeto del pleito contenido en este expediente y, en consecuencia, no es de recibo remitirse a los razonamientos expuestos por el Tribunal \u201c\u2026 en varios pasajes\u201d de la providencia impugnada, intentando artificialmente atribuirle a esta \u00faltima un defecto del que en verdad no se resiente. <\/p>\n
Y aunque lo anterior es suficiente para que el cargo no pueda alcanzar la finalidad que se propone, no est\u00e1 por dem\u00e1s advertir que las referencias de la sentencia que el censor selecciona en orden a sustentar su tesis, obedecen sin duda a planteamientos formulados desde la demanda inicial del proceso. A \u201cdependencia econ\u00f3mica\u201d de las actoras y sus hijos frente a los pasajeros muertos en el tr\u00e1gico accidente, y a \u201clos necesarios lazos\u201d entre ellos, espec\u00edficamente se refiere la demanda en la formulaci\u00f3n de las pretensiones que constituyen su objeto, por cuanto tales supuestos fueron la base para instaurar la acci\u00f3n y justificar la indemnizaci\u00f3n reclamada, y \u201cla vinculaci\u00f3n de los pasajeros con algunas empresas\u201d se muestra como inequ\u00edvoco reflejo de la prueba recaudada, sin transponer ese marco de obligada referencia, para establecer el valor del lucro cesante reclamado como rubro indemnizable a cargo de la compa\u00f1\u00eda transportadora, importe que se pretendi\u00f3 hacer constar con documentos presentados por los actores, junto con la prueba de la calidad en que actuaban, como anexo a la demanda, con el \u00fanico prop\u00f3sito de fijar la cuant\u00eda de la prestaci\u00f3n resarcitoria a cargo de la compa\u00f1\u00eda demandada, adem\u00e1s de que por la oportunidad en que se alleg\u00f3 esa informaci\u00f3n, de ella tuvo conocimiento la demandada desde la contestaci\u00f3n de la demanda, por lo que queda desprovista de toda fuerza la peculiar teor\u00eda, expuesta ahora por el casacionista, en el sentido de considerar \u201csorpresivos\u201d para su representada los documentos en menci\u00f3n. <\/p>\n
Todo lo expuesto basta para desechar por infundado el cargo. <\/p>\n
Cargo Segundo. Con apoyo en la primera de las causales que consagra el Art. 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, acusa la sentencia de haber quebrantado indirectamente, por aplicaci\u00f3n indebida, los art\u00edculos 1006, 1880, 1881 del C\u00f3digo de Comercio, 1613, 2341 del C\u00f3digo Civil y 8o. de la ley 153 de 1887, y por falta de aplicaci\u00f3n el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ello debido al error de hecho de car\u00e1cter manifiesto cometido por el sentenciador en la interpretaci\u00f3n del escrito de la demanda. <\/p>\n
A manera de desarrollo de la censura as\u00ed compendiada, afirma el censor que \u201cde la lectura de la demanda, hay claridad que por lo que se pide el actor expres\u00f3 en las pretensiones o petitum lo que quer\u00eda. No obstante, se qued\u00f3 corto en la exposici\u00f3n de los hechos, en los que se apoyaban las pretensiones solicitadas. Con otras palabras, los hechos expuestos en la demanda, constituyen apenas la enunciaci\u00f3n del derecho invocado. El actor se qued\u00f3, por decirlo de alguna manera en el umbral de la exposici\u00f3n de la causa petendi, pues, su apoderado no expres\u00f3 los hechos fundamentales para la calificaci\u00f3n de la acci\u00f3n deducida en el juicio, de lo que dependen aspectos tales como la legitimaci\u00f3n en la causa, el inter\u00e9s para obrar etc.\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Sostiene que el fallador de instancia no hizo ninguna calificaci\u00f3n sino que, seg\u00fan dice, se limit\u00f3 a decir que se trataba de una acci\u00f3n extracontractual, tal como se afirm\u00f3 en la demanda, sin determinar si los hechos en que se apoyan las pretensiones la estructuraban debidamente, olvidando que al demandado no puede exig\u00edrsele la indemnizaci\u00f3n sino en tanto y en cuanto se hayan acreditado los presupuestos de tal responsabilidad y, adicionalmente, que los elementos que identifican la correspondiente acci\u00f3n, encuentren cabal expresi\u00f3n en los hechos y las pretensiones contenidos en la demanda. Agrega que \u201cno le basta al juez establecer en la sentencia que una determinada norma abstracta del legislador contempla la situaci\u00f3n concreta que en el libelo se plantea, sino que es indispensable verificar que la acci\u00f3n es intentada por el titular del derecho contra la persona obligada y, adicionalmente, que quien la ejerce tiene inter\u00e9s para hacerlo. Al actor incumbe entonces, demostrar la legitimaci\u00f3n en la causa, por activa y por pasiva y adem\u00e1s que tiene inter\u00e9s para accionar, lo que en trat\u00e1ndose de una acci\u00f3n extracontractual no es otra cosa que afirmar la existencia de los perjuicios sufridos y la demostraci\u00f3n de los mismos\u201d. Sostiene adelante que el fallador de instancia se dej\u00f3 guiar por la afirmaci\u00f3n de la demanda en el sentido de que la indemnizaci\u00f3n es un derecho que nace en el momento de la muerte de los se\u00f1ores…y que tal declaraci\u00f3n lo excusaba de demostrar el inter\u00e9s que ten\u00edan para exigir de AVIANCA el reconocimiento y pago de una indemnizaci\u00f3n en ejercicio de una acci\u00f3n extracontractual que, estima el recurrente, era la \u201craz\u00f3n para pedir\u201d en este caso derivada de afirmar que el demandado le hab\u00eda causado un perjuicio, en que consist\u00eda, su extensi\u00f3n etc, a lo que agrega que \u201cdesde luego que tal inter\u00e9s es una de las condiciones de la acci\u00f3n que deben tenerse en cuenta al proferir el correspondiente fallo\u201d y que, de no existir, solamente puede producirse una sentencia \u201cdesestimatoria de las pretensiones, por encontrarse frente a una inepta demanda, es decir, ante la ausencia en el proceso de uno de los presupuestos procesales\u201d, concluyendo as\u00ed que, en este asunto, el Tribunal se encontraba frente \u201ca un petitum y una causa petendi\u201d que no coincid\u00edan y el razonamiento que le permiti\u00f3 unirlos para fallar de fondo, seg\u00fan sus dichos, solo pudo obedecer a una \u201cerrada interpretaci\u00f3n\u201d de donde se sigue que \u201cel tribunal, so capa de interpretar una demanda que no pod\u00eda interpretar, actu\u00f3 \u2018ad libitum\u2019, alter\u00f3 los hechos constitutivos de la misma, mejor dir\u00eda los recre\u00f3, y por ende, modific\u00f3 tambi\u00e9n las bases sobre las cuales se trab\u00f3 la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
En fin, manifiesta la censura que \u201cseg\u00fan un principio fundamental del derecho procesal sin inter\u00e9s no hay acci\u00f3n, esto es, para el caso que nos ocupa, que no puede demandarse la indemnizaci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios sino (sic) se ha sufrido perjuicio alguno. En la demanda no afirmaron los demandantes como causa petendi el haber sufrido perjuicios. Esta absoluta vaguedad de la causa petendi fue recreada a su gusto por el fallador de instancia que so pretexto de una l\u00f3gica y razonada interpretaci\u00f3n de la demanda, concluy\u00f3 que si era del caso condenar a la aerol\u00ednea demandada por concepto de perjuicios materiales, los que liquid\u00f3\u201d. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
Para despachar este cargo, cumple empezar se\u00f1alando que, luego de leer la demanda inicial del proceso y de compararla con el fallo que sobre su m\u00e9rito decidi\u00f3, se advierte con suma facilidad que el Tribunal no alter\u00f3 el contenido objetivo de ese escrito, ni en su causa de pedir ni en las peticiones formuladas, y que, por lo tanto, no incurri\u00f3 al respecto en el yerro de hecho que le endilga el censor, porque tal como se dej\u00f3 dicho en el estudio realizado para examinar el cargo que antecede, la sentencia declar\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda demandada responsable del accidente a\u00e9reo ocurrido el 17 de marzo de 1988 en jurisdicci\u00f3n municipal del Zulia, y en consecuencia la conden\u00f3 a indemnizar los da\u00f1os por los demandantes experimentados, lo que sin lugar a duda corresponde a la cuesti\u00f3n de fondo que aparece f\u00e1cticamente sustanciada y jur\u00eddicamente individualizada en la demanda que al proceso le dio comienzo, de acuerdo con los datos que en dicho escrito fueron consignados con observancia de los requisitos que para el efecto contempla el Art. 75 (numerales 5 y 6) del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, normas estas que como se sabe, inspiradas por cierto en una larga tradici\u00f3n imperante en la pr\u00e1ctica forense espa\u00f1ola desde el Siglo XVI, tan solo le exigen al actor indicar en su libelo los componentes f\u00e1cticos adecuados para identificar, con la perspectiva propia del t\u00edtulo que en derecho es suficiente para justificarla, la pretensi\u00f3n incoada, por manera que en este sistema llamado de la \u201csustanciaci\u00f3n\u201d, a diferencia de lo que parece dar a entender el recurrente en el cargo que se estudia, no es condici\u00f3n para la idoneidad formal de la demanda el que se puntualicen todos los pormenores que se estimen relevantes en las s\u00faplicas (petitum) o en los hechos que las fundamentan (causa petendi), sino que basta fijar \u201c\u2026 los que son primordiales en orden a especificar el origen y la identidad de la pretensi\u00f3n \u2026\u201d (G.J. Tomo CII, p\u00e1g. 38), poniendo al descubierto desde un principio la conexi\u00f3n que debe haber entre el estado de cosas antecedente que origin\u00f3 el litigio, el fin que se aspira alcanzar al entablar la demanda y el tipo de pronunciamiento que se solicita para que sobre ella recaiga. <\/p>\n
Cosa muy diferente es que en cuanto al inter\u00e9s y la legitimaci\u00f3n de los demandantes, derivados de la calidad en que act\u00faan y en la que reclaman la indemnizaci\u00f3n, el casacionista considere que se trata de circunstancias no demostradas dentro del proceso, motivo de inconformidad que, tal como se deduce de la lectura de la acusaci\u00f3n formulada, viene a ser en realidad el soporte del cargo. En efecto, en la acusaci\u00f3n se leen aseveraciones del siguiente tenor: \u201cal demandado no puede exig\u00edrsele la indemnizaci\u00f3n sino en tanto y en cuanto se hayan acreditado los elementos de tal responsabilidad\u201d, \u201cal actor incumbe entonces, demostrar legitimaci\u00f3n en la causa, por activa y por pasiva y adem\u00e1s que tiene inter\u00e9s para accionar, que entrat\u00e1ndose de una acci\u00f3n extracontractual no es otra cosa que afirmar la existencia de los perjuicios sufridos y la demostraci\u00f3n de los mismos\u201d, el fallador de instancia se dej\u00f3 guiar por la afirmaci\u00f3n de la demandada de que la indemnizaci\u00f3n es una derecho que nace en el momento de la muerte de los se\u00f1ores….\u201d, que \u201ctal declaraci\u00f3n lo excusaba de demostrar el inter\u00e9s que ten\u00edan para exigir de AVIANCA el reconocimiento y pago de una indemnizaci\u00f3n en ejercicio de una acci\u00f3n extracontractual\u201d, y que \u201cla conclusi\u00f3n obvia, que surge de la inexistencia del inter\u00e9s en cabeza de los demandantes, es que el juez no pod\u00eda dictar una sentencia condenatoria sino, por el contrario una desestimatoria de las pretensiones, por encontrarse frente a una inepta demanda, es decir, ante la ausencia en el proceso de uno de los presupuestos procesales\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Se sigue, entonces, de las anteriores transcripciones que el recurrente de lo que se duele, no es de la equivocada inteligencia de la demanda resultante de haberse incurrido en un falso supuesto acerca de su materialidad objetiva, sino de no haberse demostrado por los demandantes la legitimaci\u00f3n sustancial para obrar y el inter\u00e9s que les asiste para reclamar la indemnizaci\u00f3n a cuyo pago fue condenada la empresa de transporte a\u00e9reo demandada, cr\u00edticas \u00e9stas que indudablemente no tienen relaci\u00f3n con la apreciaci\u00f3n que de la demanda realiz\u00f3 el Tribunal, sino con las piezas probatorias que le permitieron dar por acreditadas esas condiciones de las que depende el acogimiento judicial de la acci\u00f3n y que, en efecto, han de estar demostradas dentro del proceso para que pueda emitirse sentencia estimatoria, lo cual conduce a que en casaci\u00f3n, si se entiende que tales elementos no cuentan con la prueba necesaria para tenerlos por acreditados, lo que se debe combatir espec\u00edficamente es la apreciaci\u00f3n judicial de las piezas probatorias de las cuales los haya deducido, bien porque las supuso cuando en realidad no exist\u00edan o porque interpret\u00f3 indebidamente otras que no ofrec\u00edan tal demostraci\u00f3n o, si se trata de error de derecho, porque las pruebas de donde dedujo la legitimaci\u00f3n o el inter\u00e9s que se consideran no existentes, adolecen de alg\u00fan defecto en su producci\u00f3n que no permite utilizarlas como fuente de certeza judicial. <\/p>\n
Basta, pues, cuanto queda dicho para desechar el segundo de los cargos formulados en el escrito sustentatorio del recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada en este proceso. <\/p>\n
Cargo Tercero. Con apoyo en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, acusa la sentencia impugnada de haber quebrantado directamente, por aplicaci\u00f3n indebida, los arts. 1006, 1880, 1881 del C\u00f3digo de Comercio, los art\u00edculos 1613 y 2341 del C\u00f3digo Civil, y el art\u00edculo 8o. de la Ley 153 de 1887, as\u00ed como tambi\u00e9n, por falta de aplicaci\u00f3n, el art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
En apoyo de la tesis que acaba de indicarse, asevera el recurrente que seg\u00fan se lee en la demanda, el proceso fue iniciado en ejercicio de una acci\u00f3n \u201cextracontractual\u201d y que el fallador de instancia, en \u201ccorrecta inteligencia\u201d sobre el punto, llega a la misma conclusi\u00f3n, determinando que la responsabilidad que se reclama proviene de la presunta inobservancia de una norma de conducta que ocasion\u00f3 da\u00f1o a los demandantes y se pretende obtener la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado al inter\u00e9s personal de cada uno de ellos. <\/p>\n
Transcribe a continuaci\u00f3n varios apartes de la sentencia impugnada para luego sostener que \u201cellos dejan ver claramente, la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1006, 1880, 1881 del C\u00f3digo de Comercio y 1613 del C\u00f3digo Civil\u201d, explicando a continuaci\u00f3n que cuando un pasajero muere durante la ejecuci\u00f3n de un contrato de transporte, los causahabientes pueden ejercer la acci\u00f3n contractual o la extracontractual sin que les sea dado acumular ambas en una misma relaci\u00f3n jur\u00eddica, dada la diferencia en cuanto a la titularidad de las acciones que cada una de ellas engendra, el tipo de perjuicios que pueden reclamarse y el contenido de las obligaciones que sancionan, agregando que \u201cno es posible tampoco al juez fallar una de estas responsabilidades con normas propias de la otra. En otras palabras, dado el r\u00e9gimen jur\u00eddico que gobierna tanto a la responsabilidad civil contractual como a la extracontractual, no es posible decidir procesos en los que se debata esta \u00faltima con normas que gobiernan a la primera y viceversa\u201d, argumento que llevado al caso de autos, conduce a concluir que el juez \u201cha debido estudiar el proceso y por ende la presunta responsabilidad de la demandada a la luz de las disposiciones legales que gobiernan la responsabilidad extracontractual, desde luego que esa fue la que invocaron los demandantes al instaurar el correspondiente proceso y as\u00ed lo determin\u00f3 claramente el tribunal (…) queda patentizado, entonces, que el fallador de instancia hizo actuar en la causa sometida a su composici\u00f3n, normas de car\u00e1cter sustancial que no lo regulaban\u201d refiri\u00e9ndose a los art\u00edculos 1880 y 1881 del C\u00f3digo de Comercio relativos al transporte a\u00e9reo de pasajeros que, seg\u00fan dice, \u201cpor voluntad de los accionantes no tiene relievancia en el presente proceso, pues la hipot\u00e9tica obligaci\u00f3n indemnizatoria de AVIANCA se hace derivar no del citado acto jur\u00eddico, sino de la presunta infracci\u00f3n de una regla de conducta\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Concluye el recurrente su argumentaci\u00f3n apuntando que si bien es cierto que, tanto la responsabilidad contractual como la extracontractual descansan sobre el concepto de \u201cculpa\u201d y ambas suponen la existencia de un perjuicio, \u201cno es indiferente la manera como el juez de la causa llegue a establecer la responsabilidad en cabeza del demandado\u201d, y a\u00f1ade que, en este caso, se estableci\u00f3 la responsabilidad aquiliana de la demandada con base en los art\u00edculos 1880 y 1881 del C\u00f3digo de Comercio, normas reguladoras del contrato de transporte, y que \u201ces posible que de haber aplicado las normas que gobiernan la responsabilidad aquiliana, en nuestro sistema legal, el fallador hubiera llegado a condenar al pago de perjuicios de manera similar a como se hizo en el presente caso. Si bien eso es posible desde el punto de vista te\u00f3rico procesal, no queda ninguna duda que en el caso de autos, a la aplicaci\u00f3n de los arts. 1613 y 2341 del C\u00f3digo Civil y el art\u00edculo 8o. de la Ley 153 de 1887, normas con fundamento en los (sic) cuales el fallador de instancia conden\u00f3 y liquid\u00f3 los perjuicios materiales y morales respectivamente, \u00e9ste lleg\u00f3 por la senda equivocada, propia de la responsabilidad contractual\u201d. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
<\/p>\n
1. En orden a decidir sobre este cargo, preciso resulta recordar una vez m\u00e1s la diferencia existente entre las dos fases que le son inherentes a la v\u00eda de impugnaci\u00f3n que consagra el numeral 1\u00ba del Art. 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la cual tiene como supuesto b\u00e1sico para su prosperidad, la violaci\u00f3n de la ley sustancial a la que puede llegarse por dos caminos cuya distinci\u00f3n no debe olvidarse atendiendo a los importantes efectos que encierra. El primero de tales rumbos implica de suyo la exclusi\u00f3n de todo reparo sobre la apreciaci\u00f3n de pruebas y, por lo tanto, la impugnaci\u00f3n se concreta derechamente en la imputaci\u00f3n al fallo de quebrantamiento de la ley sustancial que se considera inaplicada, indebidamente actuada o mal interpretada por el juzgador frente a un cuadro f\u00e1ctico bien visto a trav\u00e9s de la evidencia disponible en el proceso, mientras que el segundo parte de la existencia de errores probatorios de hecho o de derecho atribuibles a la sentencia y determinantes de la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial por falta de aplicaci\u00f3n o por aplicaci\u00f3n indebida. Es decir, la violaci\u00f3n directa se da independientemente de todo yerro en la estimaci\u00f3n de los hechos, o sea, sin consideraci\u00f3n a los medios de convicci\u00f3n tenidos en cuenta para la construcci\u00f3n de las proposiciones en que se funda el fallo proferido o, como lo ha dicho la Corte, cuando \u201c… tampoco existe reparo que oponer contra los resultados que en el campo de la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica haya encontrado el fallador, como consecuencia del examen de la prueba…\u201d(G.J. Tomo CXLVI, p\u00e1g. 60); por el contrario, la violaci\u00f3n es indirecta cuando el fallador deja de aplicar una norma que regula el caso o aplica una que le es extra\u00f1a por haber incurrido en errores de la naturaleza atr\u00e1s se\u00f1alada, y es precisamente en obedecimiento a estas nociones que cuando se formula un cargo por la v\u00eda directa, resulta claro que el recurso no puede separarse en lo m\u00e1s m\u00ednimo de las conclusiones a que lleg\u00f3 el fallador en la determinaci\u00f3n de los hechos; el \u00fanico an\u00e1lisis que puede formularse como sustento de un cargo formulado con tal perspectiva, ha de limitarse a las normas sustanciales que considere inaplicadas, aplicadas indebidamente o interpretadas en forma equivocada, con absoluta prescindencia de consideraciones que discrepen de la apreciaci\u00f3n del juzgador en el campo f\u00e1ctico y que persigan, por ende, un nuevo examen cr\u00edtico centrado en este aspecto espec\u00edfico de la controversia. <\/p>\n
Y con relaci\u00f3n a la trascendencia de los errores que se denuncian invocando la causal primera de casaci\u00f3n, se tiene por sabido que no obstante la presencia de un yerro por m\u00e1s ostensible que pueda parecer, \u00e9ste no conduce en forma autom\u00e1tica a la casaci\u00f3n del fallo pues para que esto suceda, debe adicionalmente demostrarse que tal equivocaci\u00f3n tiene la trascendencia suficiente para que, de no haberla cometido el juzgador, el fallo habr\u00eda sido diferente al recurrido, convirti\u00e9ndose por lo tanto en causa eficiente de la decisi\u00f3n censurada. Al respecto esta corporaci\u00f3n tiene se\u00f1alado que la violaci\u00f3n a la ley sustancial solo funda el recurso de casaci\u00f3n y da lugar al quiebre de la sentencia de instancia cuando es trascendente, o sea cuando repercute o incide en la decisi\u00f3n a tal punto que sin ella el juez habr\u00eda fallado el pleito en sentido diverso, favorable a los intereses de quien recurre. El art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil as\u00ed lo exige, al estatuir que en la demanda de casaci\u00f3n debe determinarse la clase de error que se hubiere cometido \u2018y su influencia en la violaci\u00f3n de norma sustancial\u2019, luego carece de esta condici\u00f3n y por ello no conduce a la infirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, el yerro de jure que, como el de facto, a pesar de existir, no lleva al juzgador a fallar el caso litigado en forma distinta a la que legalmente corresponde (G.J. T. CLVIII, p\u00e1g. 24). <\/p>\n
2. En el desarrollo del cargo que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, se se\u00f1ala como err\u00f3nea la aplicaci\u00f3n que el ad quem hizo de normas que, seg\u00fan el recurrente, est\u00e1n reservadas para regular la responsabilidad contractual a cargo del transportador de pasajeros por aire, sosteniendo que los art\u00edculos 1880 y 1881 del C\u00f3digo de Comercio, referentes a esa modalidad de contrataci\u00f3n y aplicados por el fallador, \u201cpor voluntad de los accionantes no tiene relievancia en el presente proceso, pues la hipot\u00e9tica obligaci\u00f3n indemnizatoria de AVIANCA se hace derivar no del citado acto jur\u00eddico, sino de la presunta infracci\u00f3n de una regla de conducta\u201d, afirmaci\u00f3n que en un primer an\u00e1lisis, permite inferir que lo que se denuncia en realidad es una supuesta desatenci\u00f3n imputable al Tribunal de los elementos que permiten definir la naturaleza de la acci\u00f3n que en realidad hicieron valer los demandantes quienes, seg\u00fan dice, derivan la responsabilidad de la demandada, no del transporte concebido como negocio jur\u00eddico incumplido, sino de la presunta infracci\u00f3n por parte de esa misma entidad de un deber general de seguridad, con desvinculaci\u00f3n de toda obligaci\u00f3n convencional preexistente; se trata, pues de una acusaci\u00f3n cuyo contenido no es propio del motivo concreto de casaci\u00f3n aducido pues, valga recordarlo, las impugnaciones orientadas por la v\u00eda que autoriza en su primera parte el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, exigen entre otras cosas que el recurrente no se separe de las conclusiones a que lleg\u00f3 el fallador en la ponderaci\u00f3n de los medios obrantes en el proceso y por lo mismo no muestre inconformidad ninguna con la concepci\u00f3n que de las circunstancias materiales constitutivas del litigio, tuvo dicho organismo. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta por lo menos significativo que el cargo aqu\u00ed analizado se hubiera formulado cuando el recurrente era sabedor de que no era factible tener por demostrada la influencia en la decisi\u00f3n del presunto error denunciado, advertencia que dej\u00f3 clara al afirmar en el texto de su demanda de casaci\u00f3n que \u201ces posible que de haber aplicado las normas que gobiernan la responsabilidad aquiliana, en nuestro sistema legal, el fallador hubiera llegado a condenar al pago de perjuicios de manera similar a como se hizo en el presente caso\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Se sigue de lo anterior que este cargo cae irremediablemente en el vac\u00edo. <\/p>\n
-Secci\u00f3n Segunda- <\/p>\n
RECURSO DE LA PARTE ACTORA <\/p>\n
Cargo Tercero. En este cargo se acusa el fallo de infringir indirectamente, a consecuencia de error evidente de hecho, por falta de aplicaci\u00f3n, (sic) los art\u00edculos 174, 187, 233, 241 y 308 del C. P. C. y los art\u00edculos 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1626, 1627 y 1649 del C.C., 8o. de la ley 153\/87, y 1880 del C. Co. <\/p>\n
El defecto as\u00ed puntualizado -dice la correspondiente demanda- consiste en que la corporaci\u00f3n sentenciadora no tuvo en cuenta \u201c \u2026 o tuvo por inexistente \u2026\u201d el peritaje que por iniciativa oficiosa del juez de primera instancia, obra como prueba en el expediente y que rindieron los peritos Nelson Charris Coronado y Nestor (sic) Carbonell Acosta, dictamen que no objet\u00f3 ninguna de las partes, desacierto este que condujo al Tribunal \u201c \u2026 a negar la indemnizaci\u00f3n plena del da\u00f1o causado (..) permitiendo as\u00ed el enriquecimiento sin causa de Avianca \u2026\u201d. <\/p>\n
Sostiene el recurrente en apoyo de su tesis que al Tribunal no le estaba permitido pretermitir el aludido peritaje pues fue legalmente aducido al proceso; incurri\u00f3 as\u00ed en una evidente conducta omisiva \u201c\u2026 respecto del peritaje \u2026\u201d que lo llev\u00f3 al quebranto indirecto de las normas sustanciales indicadas en el encabezamiento del cargo, favoreciendo el indebido enriquecimiento de la compa\u00f1\u00eda demandada a costa de los demandantes para quienes la indemnizaci\u00f3n que tienen derecho a percibir sufre injusto menoscabo. <\/p>\n
<\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
1. Como ya se dej\u00f3 indicado en las consideraciones efectuadas con ocasi\u00f3n del cargo tercero de la demanda de casaci\u00f3n presentada por AVIANCA, incurre el fallador en infracci\u00f3n indirecta de normas de derecho sustancial cuando el origen de su desacierto se encuentra en la verificaci\u00f3n de los hechos a la luz del elenco probatorio disponible en el proceso, deficiencia esta en la que como se sabe, puede verse incurso el Tribunal a causa de errores de hecho o de derecho en la apreciaci\u00f3n de dicho material demostrativo, errores que para los fines propios del recurso de casaci\u00f3n, adem\u00e1s deben ser trascendentes en tanto determinantes de una equivocada percepci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica litigada de tal naturaleza que, de no haber ella mediado, otro habr\u00eda tenido que ser el juicio jurisdiccional emitido y otro tambi\u00e9n el resultado final de la causa. <\/p>\n
En este orden de ideas, la doctrina jurisprudencial ha afirmado con particular \u00e9nfasis (G.J. Tomo CXXIV, p\u00e1g. 448) que el error de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria, punto de partida seg\u00fan acaba de verse en una de las fases de la primera causal de casaci\u00f3n, se da en ciertos casos de excepci\u00f3n, a saber: a) Cuando el sentenciador supone prueba inexistente en el proceso y por ende sus apreciaciones se basan en elementos de convicci\u00f3n engendrados imaginativamente; b) Cuando ignora por inadvertencia o falta de cuidadosa observaci\u00f3n la prueba que s\u00ed existe en autos, siendo de advertir que en este evento no es dable presumir esa ignorancia \u201c\u2026 cuando las conclusiones del pronunciamiento se justifican a la luz de esas mismas pruebas \u2026\u201d (G.J. Tomo CXVII, p\u00e1g. 119); y en fin, c) Cuando altera la objetividad de la prueba, adicionando o mutilando su real contenido. Unicamente en estos supuestos se ofrece el tipo de error probatorio del cual viene haci\u00e9ndose m\u00e9rito, o sea que se configura esa notoria contraevidencia que en casaci\u00f3n debe quedar demostrada ineludiblemente para que la respectiva acusaci\u00f3n no resulte inoperante. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Dentro del expediente que contiene el proceso al que le puso fin la decisi\u00f3n de segunda instancia objeto del presente recurso de casaci\u00f3n, observa la Corte que por auto del 6 de febrero de 1991 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla, haciendo uso de la facultad otorgada por el art\u00edculo 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, orden\u00f3 de oficio la pr\u00e1ctica de algunas pruebas entre las que se encuentra un dictamen pericial \u201ccon el fin de establecer la vida probable de los se\u00f1ores C\u00e9sar Humberto Contreras Chaustre, Oscar Montes Gamboa y Le\u00f3n San Juan Baptista, partiendo de la que ten\u00edan al momento de su muerte y se determine la cuant\u00eda de lo que hubiesen producido desde la fecha de la muerte hasta la fecha l\u00edmite de su vida probable, teniendo como base los ingresos o productividad de cada uno que aparece en el expediente\u201d, y para tal efecto design\u00f3 como peritos a Nels\u00f3n Charris y Martha Carbonell quienes se posesionaron el d\u00eda indicado y rindieron su dictamen el 29 de agosto de 1991, experticia de la cual, por auto del 19 de septiembre del mismo a\u00f1o, se orden\u00f3 dar traslado a las partes por el t\u00e9rmino de tres d\u00edas sin que ellas hayan manifestado reparo alguno acerca de dicho trabajo y sus conclusiones. <\/p>\n
Teniendo en cuenta que no se observa en el texto del fallo recurrido menci\u00f3n alguna al citado peritazgo que permita deducir que el ad quem, al ocuparse de establecer la existencia del da\u00f1o indemnizable y efectuar su valuaci\u00f3n pecuniaria, tuvo alguna raz\u00f3n para hacerlo de lado, no queda otro camino que afirmar que, simplemente, tal prueba no fue vista por el Tribunal, incurriendo as\u00ed en patente error de hecho que impone, desde luego, declarar pr\u00f3spero el cargo tercero en estudio y, por lo tanto, infirmar la sentencia recurrida en lo que hace a la extensi\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n que la compa\u00f1\u00eda de aviaci\u00f3n demandada debe satisfacer a cada uno de los demandantes. <\/p>\n
IV. LA SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
En firme la definici\u00f3n de la responsabilidad patrimonial a cargo de la entidad demandada, queda pendiente, para reemplazar en sede de instancia la decisi\u00f3n infirmada, determinar el alcance de los perjuicios resarcibles y la fijaci\u00f3n en cifra num\u00e9rica concreta de la respectiva deuda indemnizatoria, aspecto que debe incluir la estimaci\u00f3n actualizada del da\u00f1o que para cada uno de los demandantes signific\u00f3 la muerte de su esposo o padre. En consecuencia estima la Corte indispensable hacer uso de la facultad contenida en el art\u00edculo 240 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, para solicitar a los mismos peritos que rindieron el dictamen fechado el 29 de agosto de 1991 que lo complementen actualiz\u00e1ndolo a la fecha. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley CASA la sentencia que en el proceso de la referencia dict\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 16 de abril de 1993, y antes de adoptar en instancia la decisi\u00f3n que debe reemplazarla: <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
<\/p>\n
Disponer la complementaci\u00f3n del dictamen pericial rendido el 29 de agosto de 1991, con el fin de que en un t\u00e9rmino no mayor a diez (10) d\u00edas, los peritos establezcan en cantidad num\u00e9rica cierta, el valor actual de los perjuicios reales que a la fecha, para cada uno de los demandantes signific\u00f3 la muerte de su esposo o padre, debiendo los expertos, con vista en el expediente y de acuerdo con el mismo m\u00e9todo por ellos seguido en el trabajo inicial cuya complementaci\u00f3n aqu\u00ed se ordena, tomar en consideraci\u00f3n, para efectuar la liquidaci\u00f3n correspondiente, los siguientes elementos: a) La vida probable de las actoras en el caso de las viudas y el tiempo durante el cual los hijos deb\u00edan recibir ayuda econ\u00f3mica de los padres; b) la vida probable de las v\u00edctimas fatales del accidente tantas veces citado, factores que desde luego deben relacionarse, con los anteriores en orden a fijar la duraci\u00f3n de los per\u00edodos indemnizables a que hubiere lugar; c) la asistencia econ\u00f3mica que, dadas las condiciones particulares y en la hip\u00f3tesis de que no hubieran fallecido el 17 de marzo de 1988, fecha en la cual acaeci\u00f3 el insuceso, habr\u00edan estado en capacidad de suministrarle a sus esposas e hijos por el resto de la vida probable de cada uno de ellos, Humberto Contreras Chaustre, Oscar Montes Gamboa y Le\u00f3n San Juan Baptista, teniendo en cuenta el ingreso mensual que realmente recib\u00edan, sus aptitudes laborables, las perspectivas de razonable progreso a ellas inherentes como los incrementos salariales y los gastos en que con seguridad una persona de la condici\u00f3n de los fallecidos podr\u00eda incurrir. <\/p>\n
Con el fin de que sean adoptadas todas las medidas necesarias para que tenga cabal cumplimiento esta providencia, con amplias facultades legales incluidas la de disponer el relevo de los peritos si a ello hubiere lugar y designar otros que los sustituyan, as\u00ed como tambi\u00e9n la de ordenar el traslado del dictamen complementario de conformidad con el Art. 238 Numeral 4\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y fijar los honorarios correspondientes, se comisiona al Juzgado Tercero Civil del Circuito de la ciudad de Barranquilla. Por Secretar\u00eda l\u00edbrese despacho con los insertos del caso. <\/p>\n
Ante la prosperidad del recurso que hizo valer la parte actora, no procede imponer condena por concepto de costas; y son de cargo de la demandada las causadas en la actuaci\u00f3n a que dio origen el recurso de casaci\u00f3n por ella interpuesto. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
<\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
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S-018-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Carlos Esteban Jaramillo Schloss Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C.,veintitr\u00e9s (23) de Mayo de mil novecientos noventa y siete (1997).- […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81454","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81454","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81454"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81454\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81454"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81454"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81454"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}