S-019-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997).- <\/p>\n
Referencia: Expediente No.4845 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 30 de julio de 1993, pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 en este proceso ordinario iniciado por Pedro Nel Clavijo Salinas, Myriam Amparo Clavijo de Guti\u00e9rrez, Jairo Clavijo R\u00edos, Mar\u00eda Victoria Clavijo de Arias, Martha Clavijo de Villareal, Patricia Ruth, Dario y Sandra Clavijo R\u00edos, frente a Carlos Julio Romero y Juana V\u00e1squez de Mayorga. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
I.- Por demanda cuyo conocimiento asumi\u00f3 el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, los mencionados actores solicitan que con audiencia de los referidos demandados se declare que les pertenece en com\u00fan y proindiviso el lote de terreno cuya ubicaci\u00f3n y linderos indican en la petici\u00f3n primera de la demanda reformada (fls. 70 a 74 C.1); que, como consecuencia de lo anterior, se condene a los demandados a restituir a los propietarios en com\u00fan y proindiviso la porci\u00f3n de ese lote que ocupan, porci\u00f3n identificada por sus respectivos linderos en la petici\u00f3n segunda de la demanda; que se condene a los demandados a pagar los correspondientes frutos civiles y naturales desde cuando ocuparon el inmueble, hasta cuando se produzca la restituci\u00f3n, teniendo en cuenta que son poseedores de mala fe; y que se les imponga las costas del proceso. Adicionalmente, los actores formularon pretensiones subsidiarias, al reformar la demanda (fls. 70 a 74 C. 1), similares en esencia a las principales, de las que s\u00f3lo se diferencian en cuanto identifican la porci\u00f3n del lote a reivindicar de conformidad con la descripci\u00f3n que hacen los demandados del lote que poseen, al contestar la demanda. <\/p>\n
II.- Las anteriores pretensiones se hacen descansar en los hechos seguidamente sintetizados: <\/p>\n
a) Mediante escritura p\u00fablica N\u00b0 2212 de 10 de noviembre de 1952, otorgada en la Notar\u00eda Sexta de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Pedro Nel Clavijo Salinas compr\u00f3 a Edilberto Castro Morales y Honorio P\u00e9rez Salazar los lotes n\u00fameros 4, 5 y 6 de la Urbanizaci\u00f3n Salazar, all\u00ed alindados, comprador que dio en venta posteriormente a Carlos Tomas Rojas el lote n\u00famero 5, por escritura N\u00b0 2244 de 30 de julio de 1962, de la misma Notar\u00eda, dejando para s\u00ed los lotes 4 y 6. <\/p>\n
b) Al momento de la compra, Clavijo Salinas ten\u00eda sociedad conyugal vigente con Bernarda R\u00edos de Clavijo, por cuya muerte se inici\u00f3 el correspondiente proceso sucesorio, en el cual \u00abse les adjudic\u00f3 a los demandantes en com\u00fan y proindiviso los lotes 4 y 6 ya identificados\u00bb, englobados en uno solo por escritura N\u00b0 420 de 19 de abril de 1985 9 sic), con linderos generales descritos en la petici\u00f3n primera de la demanda. <\/p>\n
c) Muerto el heredero Pedro Nel Clavijo R\u00edos, la cuota que le correspondi\u00f3 a \u00e9ste en la mortuoria de su madre Bernarda R\u00edos de Clavijo le fue adjudicada a su padre y tambi\u00e9n demandante Pedro Nel Clavijo Salinas, quien, mediante contrato verbal, dio en arrendamiento a Jos\u00e9 Trinidad Barrios en 1970 y hasta el mes de noviembre de 1976, la parte del lote n\u00famero 4 identificada en la petici\u00f3n segunda de la demanda; porci\u00f3n esta que, despu\u00e9s de dicha fecha, tom\u00f3 en la misma calidad Eliseo Onofre Barrios Curtidor, a quien el arrendador no le recibi\u00f3 m\u00e1s la renta a partir del mes de noviembre de 1986, solicit\u00e1ndole la devoluci\u00f3n del bien. <\/p>\n
d) En el mes de abril de 1988 se enteraron los actores que en la porci\u00f3n del lote aludido se encontraban personas desconocidas, \u00aby como el se\u00f1or BARRIOS CURTIDOR hab\u00eda sido llevado a la C\u00e1rcel en varias oportunidades se pens\u00f3 que se trataba de una invasi\u00f3n\u00bb, lo que origin\u00f3 querella policiva por ocupaci\u00f3n de hecho, frente a la que se opusieron los aqu\u00ed demandados, aduciendo posesi\u00f3n derivada de compra que hicieron a Barrios Curtidor. <\/p>\n
e) Los demandantes han sido despojados del uso y goce del inmueble ocupado por los demandados, por lo cual han sufrido perjuicios. <\/p>\n
III.- Enterada de la demanda, Juana V\u00e1squez de Mayorga la contest\u00f3 oportunamente, manifestando que la escritura n\u00famero 2212 de 10 de noviembre de 1952 es inexistente de conformidad con el art. 100 del decreto 960 de 1970 y el art. 2595 del C.C., por no haber sido suscrita por el Notario Sexto de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, lo que no le permit\u00eda ser registrada; que la adjudicaci\u00f3n \u00abhecha en el sucesorio no sanea el vicio de inexistencia antes mencionado\u00bb; que no es cierto que Barrios Curtidor hubiese ocupado el inmueble como arrendatario despu\u00e9s del mes de noviembre de 1976, y que ni antes ni despu\u00e9s de 1986 \u00e9ste hizo pago de arrendamiento alguno, pues siempre ocup\u00f3 el bien con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o; que s\u00f3lo hasta el a\u00f1o de 1988 los demandantes intentaron perturbar la posesi\u00f3n quieta y pac\u00edfica de los demandados, cuando presentaron demanda de lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho, resuelta en forma adversa; y que Barrios Curtidor vendi\u00f3 la posesi\u00f3n que ten\u00eda a los demandados mediante escritura n\u00famero 2364 de 1988, pasada en la Notar\u00eda Doce de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, posesi\u00f3n esa superior a los 20 a\u00f1os, pues sumada a la de los demandados les da a \u00e9stos derecho para demandar la adquisici\u00f3n por prescripci\u00f3n extraordinaria. Termina, pues, con oposici\u00f3n a las pretensiones de los actores, contra las que propone las excepciones que denomina \u00abinexistencia del t\u00edtulo adquisitivo del dominio en cabeza de la parte actora lo que los inhabilita para accionar de conformidad con lo dispuesto por los art\u00edculos 950 y 951 del C. Civil\u00bb, \u00abcarencia de personer\u00eda sustantiva de los demandantes\u00bb, y \u00abprescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
El demandado Carlos Julio Romero contest\u00f3 igualmente la demanda, diciendo que la escritura 2212 es inexistente por carecer de la firma del Notario Sexto de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1; que Edilberto Castro Morales y Honorio P\u00e9rez Salazar compraron en comunidad \u00abun bien formado por los lotes cuatro, cinco, seis y siete y no ha habido desde entonces divisi\u00f3n material, lo que nos lleva a afirmar que no se trata de una comunidad liquidada, careciendo por lo tanto los actores de personer\u00eda jur\u00eddica sustantiva…\u00bb; que Barrios Curtidor fue verdadero poseedor de la porci\u00f3n del predio pretendido, la cual enajen\u00f3 a los demandados; y que los actores jam\u00e1s han ejercido posesi\u00f3n material sobre ese bien. Consecuente con lo anterior, se opone a las pretensiones de los actores, y tras aseverar que no presenta demanda de reconvenci\u00f3n porque \u00e9stos no tienen t\u00edtulo v\u00e1lido de dominio, propuso las excepciones que denomin\u00f3 \u00abInexistencia, invalidez o nulidad del t\u00edtulo que aducen…los demandantes…\u00bb, \u00abcarencia de personer\u00eda sustantiva de los demandantes o falta de legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb y \u00abprescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Descorriendo el traslado de la demanda integrada (la inicial y su reforma) los demandados, luego de remitirse a lo por ellos ya expuesto al contestar el libelo inicial, manifiestan (fls. 80 a 82 C. 1) que mediante Resoluci\u00f3n N\u00b0 1178 de 3 de abril de 1989 la Superintendencia de Notariado y Registro autoriz\u00f3 al Notario Sexto de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 para suscribir la escritura N\u00b0 2212 de 10 de noviembre de 1952, en obedecimiento a lo cual \u00e9ste procedi\u00f3 de conformidad el 14 de abril de 1989; que esta autorizaci\u00f3n es violatoria de los art\u00edculos 16, 20, 30, 51 y 135 de la C.N. vigente para entonces, lo mismo que de los art\u00edculos 2586, 2595 y concordantes del C.C., \u00abvigentes al momento de escribirse (sic) el documento en noviembre del a\u00f1o de 1952\u00bb, y el art\u00edculo 100 del Decreto 960 de 1970; fundamentos esos que los llevaron a proponer contra las pretensiones de los actores, \u00abadem\u00e1s de las ya propuestas\u00bb, la EXCEPCION DE NULIDAD de aquella resoluci\u00f3n de la Superintendencia de notariado y registro, lo mismo que de las resoluciones 0907 y 0936 de 13 y 15 de marzo de 1989 de la misma entidad. <\/p>\n
IV.- La primera instancia del proceso termin\u00f3 con sentencia de 25 de septiembre de 1992, en virtud de la cual el a-quo hizo los siguientes pronunciamientos: <\/p>\n
\u00ab1.-\u00b0 Declarar no probada ninguna de las excepciones propuestas, dadas las motivaciones antes anotadas. <\/p>\n
\u00ab2\u00b0.- Declarar que el lote de terreno, identificado por su ubicaci\u00f3n y linderos en las pretensiones de la demanda, es de propiedad de los se\u00f1ores PEDRO NEL CLAVIJO SALINAS, MYRIAM AMPARO CLAVIJO DE GUTIERREZ, JAIRO CLAVIJO RIOS, MARIA VICTORIA CLAVIJO DE ARIAS, MARTHA CLAVIJO DE VILLAREAL, PATRICIA CLAVIJO RIOS, DARIO CLAVIJO RIOS, SANDRA CLAVIJO RIOS y, como consecuencia de ello, se condena a los demandados CARLOS JULIO ROMERO y JUANA VASQUEZ DE MAYORGA a restituir el mismo a favor de los actores en el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. <\/p>\n
\u00ab3\u00b0.- Condenar a los demandados a pagar a favor de los demandantes, a t\u00edtulo de frutos civiles, la suma de $20.000.oo mensuales, a partir del d\u00eda en que fueron notificados de la demanda inicial y hasta cuando se materialice la restituci\u00f3n del bien inmueble objeto del proceso. <\/p>\n
\u00ab4\u00b0.- Condenar en las costas del proceso a los demandados\u00bb. <\/p>\n
V) Inconforme con lo as\u00ed decidido, la parte demandada recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n, dando lugar a que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, por sentencia de 30 de julio de 1993, dispusiera lo siguiente: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: Modificar la sentencia recurrida proferida el 25 de septiembre de 1992 por el Juzgado 24 Civil del Circuito de esta ciudad, la que quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
\u00aba) Conf\u00edrmanse los numerales 1o., 2o., 3o., y 4o. de su parte resolutiva. <\/p>\n
\u00abb) Decl\u00e1rase que los demandados son poseedores de buena fe, y en consecuencia tienen a su favor el derecho a que se les reconozca y paguen, con derecho de retenci\u00f3n,las mejoras plantadas en el inmueble, detalladas y avaluadas pericialmente en la suma total de Un mill\u00f3n quinientos veinte mil pesos ($1’520.000.oo) m\/cte. <\/p>\n
\u00abSEGUNDO: Condenar a los demandados al pago de las costas de esta instancia, pero s\u00f3lo en un 70% de su valor real\u00bb. <\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Despu\u00e9s de citar los elementos requeridos por la doctrina y la jurisprudencia para estructurar la acci\u00f3n de dominio, el Tribunal se ocupa del material probatorio del proceso en orden a determinar si aquellos requisitos se cumplen en este caso particular, se\u00f1alando al respecto que aun cuando al momento de otorgarse la mencionada escritura p\u00fablica N\u00b0 2212 (10 de noviembre de 1952), el Notario Sexto de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 no la autoriz\u00f3 con su firma, es lo cierto que ese requisito se cumpli\u00f3 posteriormente, cuando, en obedecimiento a resoluci\u00f3n emanada de la Superintendencia de Notariado y Registro en el a\u00f1o de 1989 y con arreglo al art\u00edculo 100 del Decreto 960 de 1970, dicho funcionario procedi\u00f3 de conformidad, una vez corrobor\u00f3 que el proyecto de escritura N\u00b0 2212 \u00abse encontraba completo en cuanto a firmas de los otorgantes y comprobantes fiscales necesarios, y firmada por los testigos instrumentales, haciendo falta s\u00f3lo la firma del Notario de la \u00e9poca\u00bb, con lo cual, prosigue el tribunal, se dio al instrumento el car\u00e1cter de escritura p\u00fablica, y se rescat\u00f3 y dio eficacia al acto o autorizaci\u00f3n cuya firma se omiti\u00f3, adquiriendo el t\u00edtulo validez en forma retroactiva a la fecha de su otorgamiento, por expreso mandato del art\u00edculo 767 del C.C.. En esas condiciones, sigue diciendo el Tribunal, quedan sin base jur\u00eddica las excepciones de \u00abinexistencia, invalidez o nulidad del t\u00edtulo\u00bb, \u00abcarencia de personer\u00eda sustantiva\u00bb o \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en causa por activa\u00bb, \u00abpues el negocio jur\u00eddico…surte sus efectos desde tal fecha (noviembre 10 de 1952), m\u00e1xime cuando judicialmente no ha sido declarado nulo (art. 1740 C.C.); ni las partes contratantes por un acto de voluntad han decidido dejarlo sin efecto (art. 1602 C.C.); no siendo del resorte de esta Corporaci\u00f3n, entrar a analizar y considerar lo concerniente a nulidad sobre las resoluciones emanadas de la Superintendencia de Notariado y Registro\u00bb (fl. 22 C. 2). <\/p>\n
Con fundamento en la aludida autorizaci\u00f3n notarial del t\u00edtulo y el aporte del respectivo certificado de libertad y tradici\u00f3n, el sentenciador encuentra cumplido el requisito atinente a la existencia de dominio en los actores. <\/p>\n
Relativo a la posesi\u00f3n de los demandados, el Tribunal trae a colaci\u00f3n que \u00e9stos compraron a Eliseo Onofre Barrios Curtidor las mejoras, servidumbres y posesi\u00f3n que \u00e9ste ten\u00eda sobre el bien a reivindicar (escritura N\u00b0 2364 de 30 de agosto de 1988, otorgada en la Notar\u00eda Doce de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1), pero advierte que si bien se les debe reconocer la calidad de poseedores de buena fe, no hay fundamentos para declarar pr\u00f3spera la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n que ellos proponen, pues no obstante que invocan el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la suma de posesiones (arts. 778 y 2521 del C.C.), en el proceso no existen pruebas contundentes que demuestren en forma inequ\u00edvoca que Barrios Curtidor hubiese tenido efectivamente la calidad de poseedor, calidad que por el contrario le niegan los testigos Mar\u00eda Carolina Valdivieso de Mart\u00ednez (fls. 130 a 133 C. 1), Martha In\u00e9s Hinestroza de Rangel (fls. 133 a 135 C. 1), Elvia Barrios Curtidor (fls. 135 a 137 C. 1) y Julia Venegas de Rojas (fls. 137 a 139 C. 1), \u00abquienes en forma detallada, dando la raz\u00f3n y ciencia de su dicho, son enf\u00e1ticos en declarar que ELISEO ONOFRE BARRIOS CURTIDOR era mero tenedor del lote, pues reconoc\u00eda dominio en cabeza de PEDRO NEL CLAVIJO SALINAS…\u00bb, y por cuanto \u00ab…respecto a los dem\u00e1s declarantes tra\u00eddos por los demandados, a unos no les consta en qu\u00e9 calidad qued\u00f3 el antes mencionado luego que su padre Jos\u00e9 Trinidad Barrios y su hermana Elvia Barrios Curtidor se fueron de este inmueble, y otros afirman que era cuidando el lote sin saber a ciencia cierta en qu\u00e9 condici\u00f3n o calidad lo ocupaba\u00bb. Estas reflexiones llevan al ad-quem a considerar que no puede darse la suma de posesiones porque Barrios Curtidor era mero tenedor. <\/p>\n
Tras concretar que se cumplen adem\u00e1s los requisitos de \u00abcosa singular\u00bb e \u00abidentidad entre lo pose\u00eddo y lo pretendido\u00bb, el Tribunal concluye que hay lugar a la confirmaci\u00f3n del fallo apelado, pero modific\u00e1ndolo en el sentido de reconocer el pago de mejoras en favor de los demandados, y en el de reconocerles derecho de retenci\u00f3n. <\/p>\n
Tres cargos, todos por la causal primera de casaci\u00f3n, proponen los recurrentes contra la sentencia del Tribunal, de los cuales la Corte estudiar\u00e1 en forma conjunta los dos primeros por tener defectos comunes, y luego el tercero. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Mediante \u00e9ste se acusa la sentencia de infringir los art\u00edculos 174, 187 del C. de P.C., 6\u00b0, 669, 946, 950, 1500, 1501, 1740, 1741, 1752, 1753, 1857, 2322 a 2340, 2594, 2595 del C.C., 16 a 27 de la ley 85 de 1890, 2\u00b0 de la Ley 50 de 1936, 26 de la C.N., 1886, 30, 288, 230 de la C.N., por falta de aplicaci\u00f3n; 946, 947, 950, 669 del C.C., 100 del Decreto 960 de 1970 y 47 del Decreto 2184 de 1983, por aplicaci\u00f3n indebida, a consecuencia de preterir unas pruebas y apreciar err\u00f3neamente otras. <\/p>\n
Con el prop\u00f3sito de demostrarlo los recurrentes manifiestan que por escritura N\u00b0 175 de 17 de enero de 1952 (sic), otorgada en la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Mario Salazar V\u00e9lez vendi\u00f3 a Edilberto Castro Morales y Honorio P\u00e9rez Salazar un lote de terreno localizado en el \u00abMunicipio de Usaqu\u00e9n, urbanizaci\u00f3n Salazar\u00bb, de 5.625v2 de \u00e1rea, de las cuales adquiri\u00f3 el primero de esos compradores 2.500V2, y 3.125V2 el segundo; que, al aquirir en la forma indicada, subsiste esa comunidad porque no se ha terminado de conformidad con las causas se\u00f1aladas en el art\u00edculo 2340 del C.C.; que ambos compradores dijeron vender por la citada escritura N\u00b0 2212 a Pedro Nel Clavijo Salinas 3.975V2 de aquel lote; que esta \u00faltima escritura es inv\u00e1lida por no haber sido autorizada con su firma por el Notario de la \u00e9poca; que siendo por esa raz\u00f3n Clavijo Salinas s\u00f3lo aparente titular del derecho de dominio, vendi\u00f3 a Carlos Tom\u00e1s Rojas Agudelo la porci\u00f3n identificada como lote N\u00b0 5, \u00absin que hubiera habido desenglobe ni identificaci\u00f3n del predio que quedaba al hacer la segregaci\u00f3n\u00bb, por lo que, al tenor del folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 050-0300147 (fl. 14 C. 1), \u201cfiguran como titulares del derecho de dominio, CASTRO MORALES EDILBERTO, PEREZ SALAZAR HONORIO, en com\u00fan y proindiviso y en una cuota equivalente a veinte varas cuadradas (20V2) JOSE MARIA CHIARI ROJAS, PEDRO NEL CLAVIJO, MYRIAM AMPARO CLAVIJO, MARIA VICTORIA CLAVIJO, JAIRO ALFONSO CLAVIJO, MARTHA CONSTANZA CLAVIJO, RUTH PATRICIA CLAVIJO, PEDRO NEL CLAVIJO (sic) DARIO FERNANDO CLAVIJO, SANDRA, PILAR Y PEDRO NEL CLAVIJO S. Y adem\u00e1s CARLOS TOMAS ROJAS AGUDELO\u201d; que el Tribunal apreci\u00f3 mal esta \u00faltima prueba (folio de matr\u00edcula N\u00b0 050-300147) y dej\u00f3 de apreciar la preanotada escritura 157, lo mismo que el folio de matr\u00edcula N\u00b0 050-1161408 (fl. 39 C. 1) corroborante de la aseveraci\u00f3n anterior (la existencia de la comunidad). <\/p>\n
Reitera la invalidez de la susodicha escritura N\u00b0 2212 con arreglo al art\u00edculo 2595 del C.C. vigente para entonces, norma que, agrega, no ten\u00eda previsto ning\u00fan procedimiento de saneamiento distinto al de la ratificaci\u00f3n del art\u00edculo 1753 ib\u00eddem; que esos preceptos los ignor\u00f3 el Tribunal, al igual que los de los art\u00edculos 6\u00b0, 1740, 1741 y 2\u00b0 de la ley 50 de 1936, dej\u00e1ndolos de aplicar, \u00abnormas todas que se refieren a la nulidad absoluta que debe ser declarada de oficio por el Juez\u00bb. Precisa entonces que el ad-quem apreci\u00f3 mal dicha escritura (la 2212) y la matr\u00edcula inmobiliaria del folio 14 del cuaderno 1 \u00abporque dio validez a la escritura sin firma y no observ\u00f3 la comunidad que surg\u00eda…y expresamente dej\u00f3 de pronunciarse sobre las resoluciones de la Superintendencia de Notariado que tambi\u00e9n obran en el proceso\u00bb, violando as\u00ed los art\u00edculos 174 y 187 del C. de P.C. <\/p>\n
Indica m\u00e1s adelante la censura, que si el Tribunal hubiese tenido en cuenta el art\u00edculo 1857 del C.C., habr\u00eda llegado a la conclusi\u00f3n de que la escritura 2212 era inv\u00e1lida, lo mismo que el contrato en ella contenido; que no hubo venta ni tradici\u00f3n; que el bien no sali\u00f3 del dominio de los vendedores Edilberto Castro Morales y Honorio P\u00e9rez Salazar. En este orden de ideas, precisan luego que la referida escritura vino a firmarse por el Notario s\u00f3lo el 14 de abril de 1989 bajo la vigencia del art\u00edculo 47 del Decreto 2148 de 1983, disposici\u00f3n inaplicable por ser irretroactiva a la luz de la Constituci\u00f3n Nacional, y que la Superintendencia del ramo dict\u00f3 las resoluciones que autorizaron la firma de la escritura con violaci\u00f3n de todo procedimiento\u00bb. Que de haber analizado esas resoluciones en armon\u00eda con las disposiciones citadas, habr\u00eda llegado a la conclusi\u00f3n, por v\u00eda de excepci\u00f3n, que \u00abno surten efecto alguno en vista de que fueron dictadas en contra de lo dispuesto por el art\u00edculo 2595 y 1753 del C.C….\u00bb. <\/p>\n
Los recurrentes puntualizan, en otro aparte de su censura, que la nulidad de la escritura 2212 no otorga derecho a los actores para actuar como reivindicantes, porque el registro de un t\u00edtulo nulo no subsana la nulidad, y que la falta de apreciaci\u00f3n de unas pruebas y la mala apreciaci\u00f3n de otras llevaron al Tribunal a ver en ellos legitimaci\u00f3n en causa, sin advertir la existencia de una comunidad, para la que habr\u00eda que demandar, y de la que son titulares Edilberto Castro Morales y Honorio P\u00e9rez Salazar. <\/p>\n
Solicitan, en consecuencia, se case la sentencia recurrida, se revoque la del a-quo y se nieguen las pretensiones de los actores. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
En \u00e9l se combate la sentencia por quebrantar indirectamente los art\u00edculos 4\u00b0, 174, 175, 176, 187, 265 del C. de P.C., 26, 29, 228, 230 de la C.N., 6\u00b0, 669, 740, 745, 746, 756, 762, 1500, 1501, 1849, 1857, 2322 a 2340, 2512, 2535, 2594, 2595 del C.C., 16 a 27 de la Ley 95 de 1980, 2\u00b0 de la Ley 50 de 1936, por falta de aplicaci\u00f3n; 767, 669, 946, 950, 1602 del C.C., 100 del Decreto 960 de 1970, 47 del Decreto 2148 de 1983, por aplicaci\u00f3n indebida; 1740, 1741, 1753 del C.C. y 38 de la ley 153 de 1887, por falta de aplicaci\u00f3n, a consecuencia de error de derecho cometido por el Tribunal en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
Exponen los recurrentes al desarrollarlo, que el Tribunal cometi\u00f3 el yerro denunciado al otorgarle valor como t\u00edtulo de dominio a la precitada escritura N\u00b0 2212, estando el documento y el contrato en \u00e9l contenido afectados de nulidad absoluta, al faltarle al instrumento la firma del Notario de la \u00e9poca, ello de conformidad con los art\u00edculos 2594 y 2595 del C.C. vigentes a la saz\u00f3n, y por cuanto ese vicio no se subsan\u00f3 como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 1753 ib\u00eddem, ni tampoco fue allanado por las resoluciones comentadas de la Superintendencia de Notariado y Registro, ya que al aplicarse por ellas retroactivamente el art\u00edculo 47 del Decreto 2148 de 1983 resultan sustancialmente nulas, pues quebrantan el principio constitucional de la irretroactividad de la ley, lo mismo que el del debido proceso. <\/p>\n
Reiteran l\u00edneas m\u00e1s adelante los impugnantes que los art\u00edculos 100 del Decreto 960 de 1970 y 47 del Decreto 2148 de 1983 eran inaplicables, como lo hizo la Superintendencia de Notariado y Registro, porque la ley no es retroactiva al tenor de mandato constitucional, porque a m\u00e1s de lo anterior, se encontraba prescrita la acci\u00f3n para solicitar el remedio all\u00ed previsto, por haber transcurrido m\u00e1s de 20 a\u00f1os desde cuando se otorg\u00f3 el acto nulo; todo lo cual los lleva a cuestionar que el Tribunal hubiese manifestado que no ten\u00eda porque entrar a analizar las resoluciones expedidas por dicha entidad, y a manifestar que la \u00abexcepci\u00f3n de nulidad por ilegalidad e inconstitucionalidad de esas resoluciones\u00bb debi\u00f3 considerarse y decidirse por el sentenciador. Que al dar validez a la tantas veces citada escritura N\u00b0 2212 y al contrato en ella incorporado, el Juzgador advirti\u00f3 derecho de dominio en los actores y su legitimaci\u00f3n para demandar en la forma en que lo hicieron, cuando ellos no son leg\u00edtimos propietarios, por ser inv\u00e1lida tambi\u00e9n la tradici\u00f3n. <\/p>\n
Tras explicar el concepto de la violaci\u00f3n de las normas que citan, los recurrentes solicitan a la Corte casar la sentencia del ad-quem para que, en sede de instancia, revoque la del a-quo y profiera la que en derecho corresponde. <\/p>\n
SE CONSIDERA <\/p>\n
1.- Al quebranto del derecho sustancial puede llegarse por dos v\u00edas o caminos diferentes, seg\u00fan que el desacierto cometido por el sentenciador dependa o no del examen probatorio. En el primer evento se ha dicho que la violaci\u00f3n se produce de manera indirecta porque la transgresi\u00f3n de la ley queda sujeta a la constataci\u00f3n irregular de los hechos por parte del Juez, que solo de contragolpe conduce a su inaplicaci\u00f3n o a su aplicaci\u00f3n inexacta, en tanto que la vulneraci\u00f3n se produce de manera directa cuando el Juzgador incurre en esas mismas conductas o en la de interpretar err\u00f3neamente la ley, pero en este caso con total prescindencia del problema probatorio, como cuando ignora la existencia de la norma o desconoce su v\u00e1lidez y alcance; supuestos estos en los que se ha dicho que el error es puramente jur\u00eddico, por oposici\u00f3n al primero que surge de la falsa apreciaci\u00f3n de los hechos. <\/p>\n
2.- Por ser, entonces, el error jur\u00eddico y el probatorio dos conductas bien distintas y perfectamente delimitadas del Juzgador en la violaci\u00f3n de la ley sustancial, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido reiteradamente que ellas no se deben confundir y menos entrelazar en una misma v\u00eda o camino de impugnaci\u00f3n, por cuanto ello constituye irregularidad t\u00e9cnica de la acusaci\u00f3n que impide a la Corte ocuparse de su desarrollo y a la casaci\u00f3n de cumplir a cabalidad sus fines de nomofilaquia y de unidad interpretativa de la jurisprudencia. <\/p>\n
3.- Del defecto t\u00e9cnico acabado de mencionar se resienten precisamente los dos cargos aqu\u00ed estudiados, por cuanto en ambos la Censura, tras anunciar claramente que la infracci\u00f3n a la ley sustancial cometida por el Tribunal se produjo como consecuencia de los yerros probatorios que en ellos le se\u00f1ala, le achaca adicionalmente, dentro del mismo camino de impugnaci\u00f3n por v\u00eda indirecta, desacierto en cuanto a la validez y alcance dados por \u00e9ste a algunos preceptos legales, con lo cual los cargos no s\u00f3lo confunden los dos caminos de acusaci\u00f3n antes referidos, sino que refunden en un mismo concepto de infracci\u00f3n a la violaci\u00f3n directa e indirecta de la ley sustancial. <\/p>\n
En efecto, al paso que en esas acusaciones se le enrostra al ad-quem no haber apreciado la escritura 157, ni el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 050-1161408, y haber apreciado err\u00f3neamente el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 050-300147 y la escritura 2212 que adem\u00e1s se valor\u00f3 con quebranto de las normas de disciplina probatoria, le atribuyen al propio tiempo a dicho juzgador haber dado aplicaci\u00f3n retroactiva en forma ilegal a los art\u00edculos 100 del Decreto 960 de 1970 y 47 del Decreto 2184 de 1983, lo que es inaceptable por tocar esto \u00faltimo con un yerro puramente jur\u00eddico de ese sentenciador, que no admit\u00eda ser mezclado, en la forma indiscriminada en que lo hizo la censura, con las conclusiones f\u00e1cticas de aqu\u00e9l. <\/p>\n
4.- A\u00fan dejando de lado el defecto t\u00e9cnico encontrado, los cargos tampoco podr\u00edan salir adelante, por las consideraciones que a continuaci\u00f3n se consignan: <\/p>\n
4.1. Mediante escritura N\u00b0 157 de 17 de enero de 1952 otorgada en la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 (fl. 34 C. 1), Mario Salazar V\u00e9lez vendi\u00f3 a Ediberto Castro Morales y Honorio P\u00e9rez Salazar los lotes n\u00famero 4, 5, 6 y 7 de la Urbanizaci\u00f3n Salazar \u201cseg\u00fan plano que se protocolizar\u00e1 el d\u00eda veinticuatro (24) de enero de mil novecientos cincuenta y dos (1952) Notar\u00eda S\u00e9ptima (7) de Bogot\u00e1; manifestando dicha escritura que sumados o unidos todos ellos constitu\u00edan un globo mayor con extensi\u00f3n total de 5.625V2, cuyos linderos generales quedaron descritos en ese instrumento. No lo dice la Censura pero si se indica adem\u00e1s all\u00ed (cl\u00e1usula segunda) que \u201c…de la extensi\u00f3n total, corresponden dos mil quinientos varas cuadradas (2.500V2) al se\u00f1or Honorio P\u00e9rez Salazar, y tres mil ciento veinticinco varas cuadradas (3.125V2) al se\u00f1or Edilberto Castro, siendo entendido que al primero se le se\u00f1ala desde ahora el lote n\u00famero siete (7) de una extensi\u00f3n de mil seiscientos cincuenta varas cuadradadas (1650V2) como parte de las que le corresponden, qued\u00e1ndole ochocientos cincuenta varas (850 V2) dentro de los lotes restantes…\u201d (se subraya). <\/p>\n
As\u00ed, Honorio P\u00e9rez Salazar adquiri\u00f3 como cuerpo cierto y exclusivamente para \u00e9l el lote numero (7), pero en com\u00fan y proindiviso con Edilberto Castro Morales los lotes 4, 5, y 6, en proporci\u00f3n de 850 V2 el primero y de 3.125 V2 el segundo; lotes esos que enajenaron los dos propietarios a Pedro Nel Clavijo Salinas en su integridad mediante escritura n\u00famero 2212 de 10 de noviembre de 1952, otorgada en la Notar\u00eda sexta de esta ciudad (fls. 222 y 280 C.1), con lo cual se acab\u00f3 la comunidad de P\u00e9rez Salazar y Castro Morales respecto de esos lotes (4, 5 y 6) al haber adquirido las cuotas de ambos y como cuerpo cierto el comprador. Honorio P\u00e9rez Salazar, por su lado, hab\u00eda enajenado con anticipaci\u00f3n (escritura No. 733 de 25 de febrero de 1952 de la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Bogot\u00e1) parte del lote n\u00famero 7 de su exclusiva propiedad a Jos\u00e9 Mar\u00eda Chiari R., pues de acuerdo con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 050-1161408 (ver folio 39 C.1) la venta de cuerpo cierto fue de 1.630 V2, cuando los derechos del vendedor en ese predio eran de 1.650 V2 seg\u00fan la escritura n\u00famero 157 ya mencionada, con lo cual le quedaron al parecer a dicho vendedor sobre el citado lote (n\u00famero 7) derechos equivalentes a 20 V2. <\/p>\n
De manera que si la comunidad entre Edilberto Castro Morales y Honorio P\u00e9rez Salazar fue s\u00f3lo en relaci\u00f3n con los lotes 4, 5 y 6 de la urbanizaci\u00f3n Salazar que a ellos pertenecieron de manera exclusiva, y si adem\u00e1s estos mismos comuneros vendieron sus derechos de cuota sobre esos lotes a Pedro Nel Clavijo Salinas, lotes \u201cque figuran en el plano que se protocoliz\u00f3 seg\u00fan excritura de 24 de enero de mil novecientos cincuenta y dos (1952) de la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Bogot\u00e1\u201d y que en forma global quedaron incorporados dentro del predio mayor que la correspondiente escritura de venta 2212 (fls. 222 y 280 C.1) describi\u00f3 por sus linderos, por fuerza se tiene que concluir que no s\u00f3lo desapareci\u00f3 la comunidad de los vendedores respecto de esos lotes en particular y del globo mayor por estos formados y enajenados como cuerpo cierto en general, sino que ninguno de dichos se\u00f1ores conserva hoy derechos sobre ellos; como obviamente tampoco podr\u00eda tenerlos Jos\u00e9 Mar\u00eda Chiari R., que adquiri\u00f3 derechos sobre cuerpo cierto pero en relaci\u00f3n con el lote n\u00famero 7. <\/p>\n
Entonces, como los vendedores de los lotes 4, 5 y 6 de la citada Urbanizaci\u00f3n Salazar, es decir, Edilberto Castro Morales y Honorio P\u00e9rez Salazar, eran propietarios del ciento por ciento de los derechos sobre ellos, que identificaron por sus linderos y enajenaron mediante la referida escritura 2212, l\u00f3gicamente el comprador Clavijo Salinas se convirti\u00f3 en el \u00fanico propietario de los mismos, para todos los efectos legales subsiguientes. <\/p>\n
<\/p>\n
Es cierto que Pedro Nel Clavijo Salinas vendi\u00f3 posteriormente el lote n\u00famero 5 a Carlos Tom\u00e1s Rojas Agudelo por escritura No. 2244 de 30 de julio de 1962 (fl.284 C.1), pero de all\u00ed no se desprende, cual lo aduce la censura, comunidad entre vendedor y comprador relativa a los derechos adquiridos por el primero frente a Edilberto Castro Morales y Honorio P\u00e9rez Salazar, toda vez que como se desprende de las cl\u00e1usulas primera y segunda de la aludida escritura (2244) la venta del lote n\u00famero 5 se efectu\u00f3 como cuerpo cierto, reserv\u00e1ndose Clavijo Salinas exclusivamente para \u00e9l los lotes 4 y 6. <\/p>\n
Tiene dicho la Corte y ahora lo reitera que \u201cEs equivocada la afirmaci\u00f3n hecha por v\u00eda general de que el adquirente a t\u00edtulo de venta o permuta de una parte del terreno sujeto a comunidad, necesariamente entra a formar parte de la misma y no puede tener por ese t\u00edtulo el dominio como cuerpo cierto sobre la respectiva porci\u00f3n del inmueble, con prescindencia del resto. Y es err\u00f3neo tal concepto, porque no hay impedimento de ninguna clase para que los comuneros, obrando de consuno, procedan a transferir a un tercero todo el terreno o parte de \u00e9l, como cuerpo cierto y determinado por los linderos y cabida -si es el caso- y que en el t\u00edtulo respectivo se se\u00f1alen. Al obrar todos de acuerdo y trasferir sus diversos derechos en el inmueble o parte de \u00e9ste, el adquirente pasa a ser titular del dominio pleno sobre lo que recibe, exactamente como suceder\u00eda si el tradente fuera uno solo y obrara en calidad de \u00fanico due\u00f1o…Cosa muy distinta ocurre cuando uno o varios de los comuneros -no la totalidad-, venden los derechos indivisos sobre el inmueble a un tercero. En este caso, en raz\u00f3n de que la cuota del tradente no est\u00e1 radicada en porci\u00f3n determinada ninguna del inmueble, pues apenas concurre con las cuotas de los dem\u00e1s en todas, y cada una de las partes del bien, el adquirente solamente recibe derechos indivisos o cuota parte en la comunidad. As\u00ed pasa a ser comunero en sustituci\u00f3n de su antecesor, porque los derechos trasmitidos por aqu\u00e9l no le confieren el pleno dominio sobre porci\u00f3n ninguna del terreno…Es decir, se deben diferenciar dos casos: cuando los comuneros que representan el ciento por ciento de los derechos venden el pleno dominio que as\u00ed reunidos les corresponde sobre todo el inmueble, o parte de \u00e9ste; y cuando uno o m\u00e1s de los comuneros, due\u00f1os s\u00f3lo de cuotas sobre el total, enajenan sus derechos en la comunidad…En el primer caso, las personas que adquieren de todos los copropietarios porciones del terreno com\u00fan, delimitadas por sus particulares linderos, y que por ende pasan a ser due\u00f1os de cuerpo cierto respecto de esas partes que han salido de la indivisi\u00f3n, nada tienen que ver con las zonas que permanecen en cabeza de la primitiva comunidad ni con los nuevos contratos que celebren los comuneros para su venta o permuta…\u00bb (Cas. de 15 de septiembre de 1952, G.J. LXXIII, p\u00e1g. 231). <\/p>\n
4.2- La ley, por lo general, no es retroactiva, pues se expide para que rija en el futuro, y por tal raz\u00f3n el legislador no puede establecerla para situaciones pret\u00e9ritas, comprensivas de derechos adquiridos bajo el imperio de una norma anterior, como quiera que \u00abEvidentemente, el desarrollo de la libertad civil habr\u00eda de sufrir grave da\u00f1o, si el ciudadano, al obrar seg\u00fan y conforme a la ley para adquirir derechos, pudiera temer que otra ley posterior le privase de los que leg\u00edtimamente adquiri\u00f3\u00bb (Pascuale Fiore, De la Retroactividad e Interpretaci\u00f3n de las leyes, p\u00e1g. 28). <\/p>\n
La raz\u00f3n de ser de la regla de no retroactividad, dice Josserand, \u00abSe deduce de la autoridad misma de la ley: Para que la ley inspire confianza a quienes han de obedecerla -la confianza que hace lo mejor de su fuerza- es indispensable que los actos verificados bajo su \u00e9gida subsistan, sin variaci\u00f3n, y ocurra lo que ocurra. Si no fuera as\u00ed, las transacciones estar\u00eda amenazadas de destrucci\u00f3n y la vida jur\u00eddica carecer\u00eda de seguridad, tanto que, en definitiva, quedar\u00eda arruinada la autoridad misma de la ley. No se creer\u00eda en ella, siendo sustituido el orden legal por el r\u00e9gimen de la arbitrariedad\u00bb (Derecho Civil, Tomo I, Vol\u00famen I, P\u00e1g. 79). <\/p>\n
Con todo, es preciso clarificar lo que debe entenderse por retroactividad de la ley, en orden a determinar cu\u00e1ndo se presenta en verdad \u00e9ste fen\u00f3meno. Un primer aspecto por dilucidar es el relativo a la ubicaci\u00f3n de las normas expedidas por el legislador en consideraci\u00f3n al inter\u00e9s p\u00fablico, por cuanto frente a ellas no cabe hablar de derechos adquiridos respecto de la aplicaci\u00f3n inmediata de las mismas, lo que denota obviamente la ausencia de retroactividad, pues como lo ense\u00f1a Josserand \u00abAnte estas exigencias, tienen que ceder los intereses particulares: no se pueden hacer valer derechos adquiridos en oposici\u00f3n al orden p\u00fablico. Tampoco puede hablarse, en tal caso, de retroactividad de la ley; obra intensamente, conforme a las necesidades sociales, se aplica inmediatamente, sin m\u00e1s; el efecto inmediato es cosa distinta al efecto retroactivo…contra el orden p\u00fablico no hay, puede decirse, derechos adquiridos, de suerte que determinadas leyes que parecen obrar retroactivamente, en realidad, obran inmediatamente, sin m\u00e1s, conforme a su naturaleza y a las necesidades sociales, y sin que el legislador haya tenido necesidad de dar explicaciones sobre el particular. Como se ha hecho notar con mucha raz\u00f3n, se ha establecido con excesiva frecuencia la confusi\u00f3n entre la aplicaci\u00f3n retroactiva de la ley y la aplicaci\u00f3n inmediata de la misma, confusiones peligrosas e injustificadas\u00bb (ob. cit., p\u00e1gs. 81 y ss.). <\/p>\n
La ley es retroactiva -indican Planiol y Ripert- \u00abCuando vuelve sobre el pasado, ya sea para apreciar las condiciones de legalidad de un acto, o para modificar y suprimir los efectos ya realizados de un derecho. Fuera de esto (prosiguen) no hay retroactividad, y la ley puede modificar los efectos futuros de los hechos o actos, a\u00fan anteriores a ella, sin ser retroactiva\u00bb (Tratado Elemental de Derecho Civil, Tomo II, p\u00e1g.129). Orientado por similar criterio, Eduardo Zuleta Angel cita a Vareillas-Sommieres, resumiendo su teor\u00eda en el sentido de indicar que la retroactividad de la ley se presenta\u00bb…a) Cuando borra o destruye en el pasado los efectos ya producidos de un acto o de un hecho anterior, o en otros t\u00e9rminos, cuando nos arrebata un derecho en el pasado; y b) Cuando suprime o modifica in futurum uno de nuestros derechos actualmente existentes en raz\u00f3n de un hecho pasado\u00bb (Estudios Jur\u00eddicos, Bogot\u00e1, Ed. Temis, 1974, p\u00e1g. 49). De manera que mientras la ley nueva no entre a regular el pasado para suprimir efectos realizados de un derecho, ni a desconocer hacia el futuro la realidad de derechos ya anticipadamente constituidos, ella no tiene alcance retroactivo ni lesiona derechos adquiridos. Adem\u00e1s, aun cuando la ley nueva puede llegar a modificar los efectos futuros de hechos o actos anteriores, no por ello puede sostenerse que se vulneran los derechos de que se trata, pues aqu\u00ed se presentar\u00eda el fen\u00f3meno de la retrospecci\u00f3n, caracterizado por actuar sobre los efectos a\u00fan pendientes o sin producirse y no sobre la causa generadora del derecho, que distingue particularmente a la retroactividad. <\/p>\n
Precisamente por eso el Consejo de Estado, al decidir demanda relativa a la aplicaci\u00f3n del Decreto 1070 de 1956, sostuvo en sentencia de 15 de mayo de 1961 que \u00ab…en el derecho positivo colombiano el principio de la irretroactividad de la ley no es de car\u00e1cter absoluto, ni tiene el mismo valor con respecto a las distintas clases de ley, pues, por ejemplo, cuando \u00e9stas son expedidas ‘por motivos de utilidad p\u00fablica o inter\u00e9s social’ o sea cuando interesan m\u00e1s a la sociedad que al individuo, cuando se inspiran m\u00e1s en el inter\u00e9s general que en el de los individuos, cuando se dicten ‘por motivos de moralidad, salubridad o utilidad p\u00fablica’, tienen efecto general inmediato, aunque restrinjan derechos amparados por la ley anterior, porque el inter\u00e9s privado debe ceder al inter\u00e9s p\u00fablico o social\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, los particulares no pueden prevalerse de las irregularidades que, por una u otra causa, surgen en el devenir de la vida diaria para pretender derivar de ellas la existencia de derechos adquiridos, menos cuando el ordenamiento jur\u00eddico est\u00e1 orientado, por principio general, a subsanar esas situaciones. De ah\u00ed que, cual lo ha expuesto igualmente la Corte, las leyes de orden p\u00fablico encaminadas a remediar injusticias sociales existentes, se expidan no s\u00f3lo con el prop\u00f3sito de evitar que tales injusticias se produzcan en el futuro sino que se eliminen las ya producidas; o, en otros t\u00e9rminos, que su aplicaci\u00f3n comprenda las nuevas situaciones y las anteriores (cfr. Sentencia de 18 de julio de 1956, G.J. LXXXIII, p\u00e1g. 260). <\/p>\n
Pues bien, independientemente de la invalidez y nulidad con alcances generales que la censura le atribuye a la resoluci\u00f3n 0936 de 15 de marzo de 1989, sobre la cual no le corresponde pronunciarse directamente a esta jurisdicci\u00f3n, lo cierto es que en el caso de este proceso no se dio aplicaci\u00f3n retroactiva de la ley cuando, con arreglo a los art\u00edculos 100 del Decreto 960 de 1970 y 47 del Decreto 2184 de 1983, la Superintendencia de Notariado y Registro autoriz\u00f3, en el a\u00f1o de 1989, al Notario S\u00e9ptimo de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 a suscribir la escritura N\u00b0 2212 de 10 de noviembre de 1952, que en su momento no firm\u00f3 su antecesor, pues en verdad no se ve que con ello se desconozcan, hacia el pasado o hacia el futuro, los efectos ya cumplidos de un derecho constituido por ley anterior. Pero si lo anterior fuere poco, preciso es advertir, como circunstancia insoslayable, que estando orientado el legislador al expedir esos decretos por la necesidad de implantar el Estatuto del Notariado y de entronizar una sistem\u00e1tica regulaci\u00f3n de la funci\u00f3n notarial, el cumplimiento de lo all\u00ed dispuesto compromete sin ninguna duda el inter\u00e9s p\u00fablico, lo cual explica a las claras la justificaci\u00f3n y conveniencia de dar aplicaci\u00f3n a dicha normatividad desde cuando se produjo su promulgaci\u00f3n en todos los casos all\u00ed contemplados de escrituras que, sin justificaci\u00f3n legal, carecieren de la firma del correspondiente notario, inclusive frente a las otorgadas antes de su expedici\u00f3n. Desde luego que ante tales consideraciones no cabe hablar de derechos adquiridos en cabeza de ninguna persona, y ning\u00fan fundamento v\u00e1lido tiene argumentar que, por haber transcurrido m\u00e1s de 20 a\u00f1os desde cuando esa escritura 2212 se otorg\u00f3, la autorizaci\u00f3n notarial obtenida en 1989 no era jur\u00eddicamente posible, por estar prescrito el derecho de Clavijo Salinas a solicitar la aplicaci\u00f3n del Decreto 960 de 1970 \u00f3 el 2148 de 1983. <\/p>\n
Lo anteriormente discurrido hace razonable adem\u00e1s tener por v\u00e1lidas indirectamente las resoluciones comentadas de la Superintendencia de Notariado y Registro, cual lo estim\u00f3 t\u00e1citamente el Tribunal, y por ende, ocurrida en 1989 la autorizaci\u00f3n notarial de la nombrada escritura 2212, no remite a dudas que esa autorizaci\u00f3n gener\u00f3 la validaci\u00f3n del t\u00edtulo de propietario que en su momento ostent\u00f3 Pedro Nel Clavijo Salinas sobre los lotes all\u00ed mencionados, a partir del 10 de noviembre de 1952 cuando dicha escritura se otorg\u00f3, por cuanto, como lo dijo con acierto el ad-quem, esa conclusi\u00f3n es la que se impone al tenor del claro texto del art\u00edculo 767 del C.C., y es la que surge de interpretar cabalmente los art\u00edculos 742, 743 y 752 del mismo ordenamiento. Es de ver, por otra parte, que al validarse retroactivamente el t\u00edtulo, la tradici\u00f3n efectuada con base en \u00e9l se torna as\u00ed mismo v\u00e1lida y recobra todos sus efectos legales, tal como se desprende del art\u00edculo 745 ib\u00eddem. <\/p>\n
No es de recibo, entonces, sostener en orden a demostrar los yerros denunciados, que la escritura 2212 es inv\u00e1lida porque no cab\u00eda la autorizaci\u00f3n notarial en los t\u00e9rminos de los Decretos 960 de 1970 \u00f3 2148 de 1983 y que la \u00fanica convalidaci\u00f3n posible del t\u00edtulo era la ratificaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1757 del C.C., pues este precepto regula una situaci\u00f3n jur\u00eddica sustancialmente diferente. Por \u00e9stas y las anteriores consideraciones tampoco tendr\u00eda asidero la excepci\u00f3n de inaplicabilidad respecto de las resoluciones comentadas. <\/p>\n
<\/p>\n
4.3.- Ahora bien, las pruebas del proceso demuestran adicionalmente que los lotes 4 y 6 que fueron de propiedad exclusiva de Pedro Nel Clavijo Salinas se adjudicaron en la sucesi\u00f3n de Bernarda R\u00edos de Clavijo (esposa de aqu\u00e9l) y a todos los demandantes en comunidad con Pedro Nel Clavijo R\u00edos, hijo leg\u00edtimo de la citada causante (fls. 225 a 231 C. 1), a quien sucedi\u00f3 luego mortis causa su padre leg\u00edtimo Pedro Nel Clavijo Salinas (fls. 188 a 221 C. 1); todo lo cual explica el por qu\u00e9 los actores son los \u00fanicos propietarios en com\u00fan y proindiviso de la porci\u00f3n de terreno que aqu\u00ed persiguen en reivindicaci\u00f3n y cu\u00e1l la raz\u00f3n por la que el Tribunal no cometi\u00f3 los yerros probatorios de hecho y de derecho que se le atribuyen, cuando decidi\u00f3 en la forma en que lo hizo. <\/p>\n
<\/p>\n
5.- Los cargos, siendo as\u00ed, son impr\u00f3speros. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
<\/p>\n
Por su conducto se le endilga a la sentencia la infracci\u00f3n de los art\u00edculos 4\u00b0, 174, 187, 176, 213 del C. de P.C., 669, 762, 764, 765, 782, 2512, 2535, 2551 del C.C., por falta de aplicaci\u00f3n; 946, 947 y 950 del C.C., por aplicaci\u00f3n indebida, a consecuencia de error de derecho cometido por el Tribunal en el campo probatorio. <\/p>\n
Para demostrarlo los recurrentes aluden a la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta por ellos en relaci\u00f3n con \u201cla acci\u00f3n de los demandantes en caso de que estuvieran legitimados para instaurarla\u201d, agregando que al resolverla el Tribunal \u00abno apreci\u00f3 las pruebas en conjunto, violando as\u00ed el art\u00edculo 187 del C. de P.C., sino que form\u00f3 dos grupos de testigos y los encontr\u00f3 antag\u00f3nicos, negando credibilidad al grupo de los demandados y dando cr\u00e9dito al grupo de los demandantes\u00bb. El cargo analiza a continuaci\u00f3n los testimonios recepcionados a instancias de los demandantes, concretamente los que rindieron Mar\u00eda Carolina Valdivieso de Mart\u00ednez Guerra, Martha In\u00e9s Hinestroza de Rangel y julia Vanegas de Rojas, los que transcribe en lo pertinente, concluyendo que con esas exposiciones no se puede dar por probada la existencia del contrato de arrendamiento que encontr\u00f3 en ellas el sentenciador, pues \u00abno son responsivos los testimonios, no deponen de ciencia propia, dicen haber oido decir del contrato de Bernarda R\u00edos, no demuestran en forma inequ\u00edvoca y contundente la relaci\u00f3n contractual de arrendamiento como lo afirma el Tribunal…entre Clavijo y Barrios Curtidor\u00bb. <\/p>\n
Notan c\u00f3mo para que el dicho de un grupo de testigos puedan demostrar la existencia de un contrato, deben ser completos, concordantes, precisos y responsivos; que en el presente caso ello no ocurri\u00f3, por cuanto no se estableci\u00f3 su iniciaci\u00f3n, ni el valor de la venta, ni la forma de pago; que si el Tribunal hubiera apreciado en conjunto y adecuadamente los testimonios de Mar\u00eda Carolina Valdivieso de Mart\u00ednez Guerra, Martha In\u00e9s Hinestroza de Rangel, Elvia Barrios Curtidor, Julia Vanegas de Rojas, Rafael Antonio Garc\u00eda Olaya, Segundo Noe Rinc\u00f3n, Jos\u00e9 Avelino Garc\u00eda Poveda, Luis Baltazar Cort\u00e9s, Joaqu\u00edn Duque Berm\u00fadez y Jaime Arturo Acosta Parado, de los cuales destaca algunos apartes, habr\u00eda deducido que, desde el a\u00f1o de 1965, Barrios Curtidor inici\u00f3 su posesi\u00f3n sobre el bien, mediante el pastoreo de ganados, siembras y habitaci\u00f3n; y que dada la presunci\u00f3n consagrada por el art. 762 del C.C. y la suma de posesiones entre Barrios Curtidor y los demandados en virtud de la venta que aqu\u00e9l hizo a \u00e9stos f\u00e1cil es colegir que transcurrieron m\u00e1s de 20 a\u00f1os de posesi\u00f3n hasta 1988, lo cual les da derecho a los \u00faltimos para proponer, como lo hicieron, la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Al explicar el concepto de la violaci\u00f3n, los recurrentes puntualizan que, en \u00abla apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb, el Tribunal quebrant\u00f3 los art\u00edculos 4\u00b0, 174, 175, 176, 177, 187, 213 y 217 del C. de P.C., y que, por lo mismo, \u00abviol\u00f3 de modo indirecto, cometiendo error de derecho, los art. 762 del C.C….\u00bb, al igual que las restantes disposiciones de la misma obra citadas al inicio del cargo. <\/p>\n
En consecuencia, solicitan a la Corte casar la sentencia del ad-quem para que, como Tribunal de instancia, revoque la del a-quo y deniegue las pretensiones de los demandantes. <\/p>\n
SE CONSIDERA <\/p>\n
1.- El error de derecho se presenta cuando el Juez le otorga a los medios de convicci\u00f3n un valor que les niega el legislador; o cuando desconoce el que \u00e9ste les asigna; o cuando los pondera no obstante que se aducen al proceso contrariando las normas legales que regulan su producci\u00f3n, conducencia o eficacia; o cuando a pesar de verlas en la realidad objetiva que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar err\u00f3neamente que fueron ilegalmente rituadas. En ninguna de esas hip\u00f3tesis el juzgador deja de ver materialmente las pruebas obrantes en los autos, ni desfigura la que act\u00faa en ellos haci\u00e9ndole decir lo que en realidad no expresa, pues estas \u00faltimas conductas tocan con la existencia misma de la prueba en el proceso, lo cual estructura, como se sabe, yerro probatorio de facto, sustancialmente diferente del anterior. Por ende, si la sentencia recurrida en casaci\u00f3n se combate por yerro de valoraci\u00f3n, el desarrollo del cargo no puede presentarse como si se tratase de un error de hecho, por cuanto esa confusi\u00f3n se opone a la distinta naturaleza jur\u00eddica de uno y otro de estos yerros. Igual irregularidad t\u00e9cnica se presenta cuando, para demostrar el error de valoraci\u00f3n probatoria, el impugnante acude a razonamientos que tocan simult\u00e1neamente tanto con la contemplaci\u00f3n jur\u00eddica como con la material de las pruebas sin hacer la necesaria distinci\u00f3n que es precisa en orden a diferenciar cu\u00e1l o cu\u00e1les de ellas est\u00e1n asociadas con uno y otro yerro, como quiera que en este caso tambi\u00e9n se presenta entrecruzamiento censurable. <\/p>\n
2.- El cargo del que se ocupa ahora la Sala peca de la confusi\u00f3n se\u00f1alada, en la medida en que le enrostra al Tribunal haber formado dos grupos de testigos (el de los actores y el de los demandados ) y haberle negado credibilidad al \u00faltimo para otorg\u00e1rsela al primero, no obstante que \u00e9ste no demuestra en realidad la existencia del contrato de arrendamiento a cuyo t\u00edtulo seg\u00fan el fallo ocup\u00f3 el inmueble Barrios Curtidor, pero que s\u00ed encontr\u00f3 acreditado el sentenciador entre \u00e9ste y Clavijo Salinas muy a pesar de que \u201cno son responsivos… no deponen de ciencia propia… no demuestran en forma inequ\u00edvoca y contundente la relaci\u00f3n contractual de arrendamiento como lo afirma el Tribunal…\u201d. Al reflexionar as\u00ed la censura y aun cuando argumenta seguidamente que la conclusi\u00f3n probatoria del Tribunal hubiese sido distinta de haber examinado en conjunto el material probatorio, el ataque entr\u00f3 en el campo del error probatorio de hecho pues se ocup\u00f3 de la materialidad o contenido objetivo de la prueba en tanto agreg\u00f3 m\u00e1s adelante y luego de transcribir lo que consider\u00f3 pertinente de cada uno de los testimonios recepcionados a iniciativa de la parte actora que \u201ccon estas declaraciones no se puede dar por probada la existencia del contrato de arrendamiento, porque no son responsivos… no deponen en ciencia propia, dicen haber o\u00eddo decir del contrato a Benarda Rios, no demuestran en forma inequ\u00edvoca y contundente la relaci\u00f3n contractual de arrendamiento como lo afirma el Tribunal, existente entre Clavijo y Barrios Curtidor\u201d. En tales circunstancias, en efecto, la censura involucra indiscriminadamente conductas del fallador propias de la contemplaci\u00f3n misma de la prueba (su credibilidad), lo cual traduce que aquella refunde en un mismo concepto de violaci\u00f3n probatoria dos formas distintas de \u00e9sta, e incurre as\u00ed en el defecto t\u00e9cnico anotado. <\/p>\n
Es preciso recordar que a partir de su fallo del 7 de mayo de 1968, la Corte abandon\u00f3 su doctrina de calificar como error de derecho el m\u00e9rito que atribu\u00eda el Juez a los testimonios Vagos, contradictorios o incompletos, para se\u00f1alarlo como de facto en vista de que, en rigor, lo que ocurr\u00eda era una alteraci\u00f3n del contenido objetivo de la prueba, como lo precis\u00f3 en pronunciamiento de 10 de julio de 1974 cuando dijo: \u201cSi, pues, en punto de estimaci\u00f3n de pruebas, el error de hecho tipifica un desacierto en la apreciaci\u00f3n del contenido objetivo de \u00e9stas y no en la legalidad de su producci\u00f3n o su eficacia, sigue hoy teniendo toda su vigencia la doctrina de la Corte, seg\u00fan la cual \u2018… la calificaci\u00f3n que de los testimonios haga el sentenciador, vale decir, si en su concepto son vagos, incoherentes o contradictorios, o, por el contrario, responsivos, exactos y completos; si concuerdan o no en el heho y en las circunstancias de tiempo, modo y lugar; si ha de d\u00e1rseles o no credibilidad de acuerdo con los principios de la sana cr\u00edtica, etc., es una cuesti\u00f3n de hecho que cae bajo el poder discrecional de que goza el juzgador de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, y cuyo desacierto al enjuiciar esas calidades, por referirse a la objetividad misma de la prueba, entra\u00f1a un error de hecho y no de derecho…\u2019 (Sent. del 7 de mayo de 1968 y 23 de julio de 1970)…\u201d (no publicada). <\/p>\n
En el mismo fallo agreg\u00f3 la Sala: \u201cDe esta suerte, la censura que con fundamento en error de derecho en la apreciaci\u00f3n de los testimonios recibidos formula el casacionista, yerro que hace consistir sustancialmente en que los declarantes, al contrario de lo que afirma el Tribunal, no dan la raz\u00f3n de sus dichos, resulta improcedente; puesto que si el ad-quem equivocadamente los consider\u00f3 responsivos, exactos y completos, ese pretenso yerro, por referirse directamente a la objetividad misma de la prueba y no a las normas legales que disciplinan su ritualidad, debi\u00f3 censurarse por error de hecho y no de derecho\u201d (no publicada). <\/p>\n
3.- Ahora, s\u00ed soslayando la falla t\u00e9cnica comentada hubiese que entender, en lugar de lo analizado anteriormente, que el cargo por error probatorio de derecho est\u00e1 bien desarrollado, tampoco se advierte su concurrencia porque aun cuando es cierto que el Tribunal se apoy\u00f3 para decidir como lo hizo en uno de los dos grupos de testigos que form\u00f3, no por eso se puede sostener que ignor\u00f3 o dej\u00f3 de sopezar el valor que ten\u00eda el otro grupo del que se apart\u00f3, o mejor que no apreci\u00f3 en su conjunto las pruebas del proceso; pues ese otro grupo tambi\u00e9n lo examin\u00f3, s\u00f3lo que no le mereci\u00f3 el poder de convicci\u00f3n atribuido al primero. <\/p>\n
En efecto, sobre este particular el Tribunal, al ocuparse en determinar si era procedente o no acceder a la suma de posesiones invocada por los demandados como fundamento de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, se expres\u00f3 como sigue: <\/p>\n
\u201cEn el caso en estudio, no existen pruebas contundes (sic) que demuestren en forma inequ\u00edvoca, que el vendedor ELICEO ONOFRE BARRIOS CURTIDOR tuviera en efecto la calidad de poseedor que se irrog\u00f3 al momento de suscribir la Escritura P\u00fablica No. 2364 de 30 de agosto de 1988. Por el contrario, obran en el plenario los testimonios de MARIA CAROLINA VALDIVIESO DE MARTINEZ (fls. 130 a 133), MARTHA INES HINESTROZA DE RANGEL (fls. 133 a 135), ELVIA BARRIOS CURTIDOR – hermana del tradente Eliseo Onofre -(fls. 135 a 137 vto.), y JULIA VENEGAS DE ROJAS (fls. 137 vto. a 139), quienes al un\u00edsono, en forma detallada, dando la raz\u00f3n y ciencia de su dicho, son enf\u00e1ticas en declarar que ELISEO ONOFRE BARRIOS CURTIDOR era mero tenedor del lote, pues reconoc\u00eda dominio en cabeza de PEDRO NEL CLAVIJO SALINAS con quien hizo trato para quedarse en el inmueble, y respecto a los dem\u00e1s declarantes tra\u00eddos por los demandados, a unos no les consta en qu\u00e9 calidad qued\u00f3 el antes mencionado luego que su padre Jos\u00e9 Trinidad Barrios y su hermana Elvia Barrios Curtidor se fueron de este inmueble, y otros afirman que era cuidando el lote sin saber a ciencia cierta en qu\u00e9 condici\u00f3n o calidad lo ocupaba. Siendo entonces lo anterior as\u00ed, validamente no pueden los demandados agregar a su posesi\u00f3n el tiempo de su antecesor, pues la posesi\u00f3n propia de \u00e9stos data y s\u00f3lo puede contabilizarse, desde el 30 de agosto de 1988 toda vez que de quien adquirieron las mejoras no ostentaba el car\u00e1cter de poseedor que les anunci\u00f3, sino de mero tenedor.\u201d <\/p>\n
4.- A\u00fan bajo el entendimiento de que el ataque fue formulado por error probatorio de hecho y no derecho, la acusaci\u00f3n tampoco se abrir\u00eda paso porque – como lo ha expuesto la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n – el Juzgador no desborda la realidad del proceso cuando frente a dos grupos de testigos cuyas exposiciones ofrecen discrepancias en torno a la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica debatida, \u00e9l se inclina por una cualquiera de ellos cual ocurri\u00f3 aqu\u00ed, pues es obvio que en tal caso no cabe el supuesto de juicio probatorio arbitrario. <\/p>\n
5.- El cargo, consecuentemente, no prospera. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 30 de julio de 1993, pronunciada en este proceso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1. Costas del recurso extraordinario a cargo de la parte demandada-recurrente. <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
<\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
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S-019-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA MAGISTRADO PONENTE: NICOLAS BECHARA SIMANCAS Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997).- […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81455","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81455","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81455"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81455\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81455"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81455"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81455"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}