S-022-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
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Magistrado Ponente: <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de Junio de mil novecientos noventa y siete (1997).- <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 4781 <\/p>\n
Se decide por la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha veinticuatro (24) de septiembre de l993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario de mayor cuant\u00eda seguido por DISTRIBUIDORA DIANA & CIA. LTDA. contra GASEOSAS DE SUCRE S. A. <\/p>\n
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I. EL LITIGIO <\/p>\n
1.- Mediante escrito presentado el dieciocho (18) de octubre de 1988, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Sincelejo, el representante legal de la sociedad DISTRIBUIDORA DIANA Y CIA. LTDA. entabl\u00f3 demanda contra la sociedad GASEOSAS DE SUCRE S. A. para que, previos los tr\u00e1mites correspondientes, se declare que esta \u00faltima entidad quebrant\u00f3, sin justificaci\u00f3n alguna, el contrato comercial de distribuci\u00f3n de productos industriales, celebrado el 1\u00b0 de febrero de l987 con un t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de 84 meses, y que por lo tanto dicho contrato \u201cha quedado resuelto\u201d. Consecuentemente, solicita que se condene a la sociedad demandada al pago de la correspondiente indemnizaci\u00f3n por concepto del da\u00f1o emergente y del lucro cesante dejado de devengar hasta el t\u00e9rmino contractual antes se\u00f1alado, teniendo en cuenta las comisiones dejadas de percibir, apreciadas en promedio de trescientos mil pesos ($300.000.oo) mensuales, \u201ca partir del 1\u00b0 de mayo de 1988 hasta el 1\u00b0 de febrero de 1994\u201d, con la consiguiente condena en costas y en agencias en derecho. <\/p>\n
Para sustentar sus pretensiones, la sociedad actora se\u00f1al\u00f3 los hechos que a continuaci\u00f3n se resumen: <\/p>\n
a-. El primero (1\u00ba) de febrero de l987 las partes en litigio celebraron un contrato cuyo objeto es la distribuci\u00f3n exclusiva de los productos de GASEOSAS DE SUCRE S.A. por parte de la firma demandante, a los precios establecidos por la vendedora, oblig\u00e1ndose aquella en su condici\u00f3n de distribuidora a pagar al contado y a mantener el veh\u00edculo adecuado para ejecutar la actividad as\u00ed descrita. Igualmente, celebraron un segundo contrato de compraventa de un veh\u00edculo automotor con garant\u00eda de prenda sin tenencia en favor del vendedor, con pacto de retroventa y con la obligaci\u00f3n de dedicarlo exclusivamente a la distribuci\u00f3n de los productos de GASEOSAS DE SUCRE S.A. <\/p>\n
b. En el primero de los contratos mencionados se estipul\u00f3 un t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de 84 meses y se dejaron expresamente detalladas, en la cl\u00e1usula 10\u00b0, las causales de terminaci\u00f3n unilateral por parte de la compa\u00f1\u00eda vendedora, causales que habr\u00edan de tener operancia siempre y cuando se diera el correspondiente aviso previo con treinta (30) d\u00edas de anticipaci\u00f3n. <\/p>\n
c. En caso de incumplimiento, parcial o total, los contratantes pactaron, en la cl\u00e1usula sexta, que DISTRIBUIDORA DIANA Y CIA. LTDA. pagar\u00eda a GASEOSAS DE SUCRE S. A. la sanci\u00f3n all\u00ed establecida, y a su vez estipularon en la cl\u00e1usula d\u00e9cimo s\u00e9ptima (17) del contrato tantas veces mencionado, \u00ablas diferencias que ocurran o se susciten entre las partes en virtud de la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de este contrato y que no pudieran solucionarse directamente por ellas, se someter\u00e1n a la decisi\u00f3n de tres \u00e1rbitros quedando as\u00ed pactada expresamente la cl\u00e1usula compromisoria\u201d. <\/p>\n
d. Fue as\u00ed como el treinta (30) de abril de 1988, la sociedad demandada dio por terminado unilateralmente el contrato sin mediar el preaviso establecido y sin que hubiese acaecido ninguna de las circunstancias previamente convenidas, para hacer valer dicha prerrogativa, y se le puso fin a la vez al contrato relacionado con la compraventa del veh\u00edculo. <\/p>\n
e. En raz\u00f3n de los hechos descritos, la sociedad distribuidora solicit\u00f3 copia aut\u00e9ntica de los contratos y expres\u00f3 su inconformidad por la terminaci\u00f3n del contrato por causa no ajustada a las estipulaciones del mismo, manifestando a continuaci\u00f3n a GASEOSAS DE SUCRE S.A. que si consideraba que exist\u00eda alguna discrepancia en relaci\u00f3n con la ejecuci\u00f3n del contrato de distribuci\u00f3n, correspond\u00eda darle aplicaci\u00f3n a la cl\u00e1usula compromisoria, sometiendo el conflicto a decisi\u00f3n arbitral. Estas comunicaciones no obtuvieron respuesta alguna por parte de GASEOSAS DE SUCRE S. A., sociedad que, en cambio, procedi\u00f3 a ejercitar acciones judiciales con el fin de recobrar el veh\u00edculo objeto del segundo de los contratos celebrados. <\/p>\n
2.- Admitida a tr\u00e1mite la demanda y notificado el auto admisorio de la misma a la compa\u00f1\u00eda demandada, \u00e9sta \u00faltima, por fuera del t\u00e9rmino del correspondiente traslado, dio contestaci\u00f3n aceptando unos hechos, solicitando la prueba de otros y proponiendo como excepciones de fondo las que denomin\u00f3, \u201cinexistencia de la obligaci\u00f3n y falta de inter\u00e9s en la pretensi\u00f3n\u201d, y \u201ccontrato no cumplido\u201d. A su vez, como excepciones previas y en escrito separado visible a folios 39 y 40 del cuaderno 1) propuso la de falta de competencia del juez, en virtud de la existencia de la cl\u00e1usula compromisoria pactada en el contrato cuya resoluci\u00f3n se pide, y la de compromiso o cl\u00e1usula compromisoria. <\/p>\n
3.- Dict\u00f3 sentencia en primera instancia el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sincelejo (F. 73 C. 1) declarando resuelto el contrato suscrito el 1\u00b0 de febrero de l987 entre GASEOSAS DE SUCRE S. A. y DISTRIBUIDORA DIANA & COMPA\u00d1IA LIMITADA, \u201cpor violaci\u00f3n del mismo de manera unilateral sin causa justa legal ni contractual por parte de GASEOSAS DE SUCRE S.A.\u201d. En consecuencia, conden\u00f3 a la empresa demandada a pagar, en favor de la sociedad demandante, por concepto de da\u00f1o emergente y de lucro cesante, la cantidad de veinte millones cuatrocientos mil pesos ($20.400.000.oo) a partir de la ejecutoria del respectivo fallo, imponi\u00e9ndole finalmente a la demandada la obligaci\u00f3n de pagar las costas causadas durante el curso de la primera instancia. <\/p>\n
4.- Contra lo as\u00ed decidido interpuso apelaci\u00f3n la parte demandada, recurso que, por haber sido concedido, llev\u00f3 el proceso al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo el que, luego de rituar el tr\u00e1mite de instancia de acuerdo con la ley, dict\u00f3 sentencia el veinticuatro (24) de septiembre de 1993 mediante la cual confirm\u00f3, sin modificaci\u00f3n alguna, el fallo apelado, imponiendo a la parte demandada la obligaci\u00f3n de pagar las costas causadas. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
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Despu\u00e9s de referirse, para recapitularlos, a los antecedentes del litigio, al tr\u00e1mite del proceso y al contenido de la sentencia de primera instancia cuya revocatoria solicita la parte apelante, el Tribunal puntualiza el objeto del recurso interpuesto y hace referencia, someramente, a los aspectos generales de los contratos bilaterales, dentro de los cuales ubica el negocio jur\u00eddico del cual emerge el litigio, para detener luego su atenci\u00f3n en el motivo aducido por la sociedad demandada para darlo por terminado en forma unilateral, expresando la corporaci\u00f3n sentenciadora que \u201c\u2026 de las causales taxativas en favor de la sociedad demandada para dar por terminado unilateralmente el contrato, no aparece como t\u00edpica la conducta observada por la demandante el 27 de abril de 1988 al no concurrir a la fila que establec\u00eda el orden para acceder al puesto de revisi\u00f3n por la demandada exigido, por lo que (\u2026) no puede ser invocado dicho comportamiento para apoyar una causa justificativa del incumplimiento de sus obligaciones por Gaseosas de Sucre, puesto que esas causas deben interpretarse restrictivamente \u2026\u201d. <\/p>\n
Con base en lo anterior, respecto a la causa que dio lugar a la terminaci\u00f3n del contrato, concluye el Tribunal que habiendo consistido en que la sociedad distribuidora no atendi\u00f3 \u201cla se\u00f1alizaci\u00f3n y orden de turnos para llegar a la revisi\u00f3n de envases de los veh\u00edculos que llegaban con esa finalidad y concretamente con el de la sociedad distribuidora\u201d, se trata de un motivo que no se encuentra estipulado en el contrato como causa legitima para ponerle fin, por fuera de que, a\u00f1ade, no se demostr\u00f3 que por ese hecho se le hubiese causado, como lo adujo en su momento la demandada, perjuicios econ\u00f3micos en su condici\u00f3n de empresa productora, perjuicios que de haberse dado no la exoneraban tampoco de cumplir con la carga del oportuno preaviso, de donde se infiere que \u201ceste proceder de Gaseosas de Sucre implica necesariamente el incumplimiento voluntario de las obligaciones nacidas del contrato en referencia y da entrada a la resoluci\u00f3n del mismo…para dejar sin efecto el v\u00ednculo que la ataba con aquella, con la consecuente indemnizaci\u00f3n de perjuicios que deviene del incumplimiento\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, establecida as\u00ed la viabilidad jur\u00eddica de la acci\u00f3n resolutoria incoada y en cuanto ata\u00f1e a los perjuicios cuya reparaci\u00f3n exige la demandante, el ad-quem encontr\u00f3 ajustada a la prueba recaudada la tasaci\u00f3n que de ellos hizo el Juzgado del conocimiento, subrayando que en raz\u00f3n de los t\u00e9rminos del contrato pueden calificarse como reales a\u00fan en relaci\u00f3n con los experimentados como consecuencia de su terminaci\u00f3n intempestiva por cuanto en el expediente obran los medios probatorios que acreditan las utilidades mensuales obtenidas durante la ejecuci\u00f3n del negocio, corroborada por la conducta procesal de la sociedad demandada que adem\u00e1s de contestar extempor\u00e1neamente la demanda, no compareci\u00f3, por conducto de su representante legal, a la diligencia en la que se llevar\u00eda a cabo el interrogatorio solicitado por la parte actora, lo que incide en que los hechos susceptibles de confesi\u00f3n se tengan por ciertos, todo ello para terminar declarando que debido a esa misma situaci\u00f3n procesal que acaba de se\u00f1alarse, \u201c\u2026 tampoco hubo proposici\u00f3n de excepciones de ninguna naturaleza ni surge la prueba que configure alguna declarable de oficio, por lo que nada hay que resolver sobre este t\u00f3pico \u2026\u201d. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACION Y CONSIDERACIONES DE LA CORTE : <\/p>\n
Tres cargos formula la parte demandada en contra de la sentencia referida, dos con apoyo en los numerales 2 y 5 del Art. 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y el \u00faltimo con fundamento en la primera de las causales que dicho precepto consagra, cargos que no obstante referirse a errores de diversa naturaleza, tienen entre s\u00ed estrecha conexi\u00f3n en tanto aluden a la existencia de un pacto arbitral cuyos efectos, al decir del recurrente, fueron desconocidos por la sentencia impugnada, y por lo tanto hay lugar a despacharlos conjuntamente. <\/p>\n
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CARGO PRIMERO <\/p>\n
Acusa el recurrente la sentencia del Tribunal con fundamento en la causal quinta del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil por haber decidido la jurisdicci\u00f3n civil un litigio que, mediante cl\u00e1usula compromisoria contemplada en el art\u00edculo 17 del contrato celebrado entre las partes, ellas hab\u00edan confiado a la intervenci\u00f3n arbitral, motivo por el cual, seg\u00fan lo afirma, se incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 1\u00ba art. 140 del C. de P. C. <\/p>\n
En procura de demostrar el cargo, el censor aduce que el demandante acept\u00f3 la existencia de dicha cl\u00e1usula, como lo hizo igualmente la sociedad demandada cuando invoc\u00f3 esa circunstancia como sustento de la excepci\u00f3n previa pertinente. Anota, igualmente, que la mencionada estipulaci\u00f3n se hizo al amparo del art\u00edculo 2011 del C. de Co., vigente para la \u00e9poca en que se suscribi\u00f3 el referido contrato que otorgaba facultad, como sucede actualmente con el Decreto 2279 de 1989 y la ley 23 de 1991, para \u201csometer a la decisi\u00f3n de \u00e1rbitros las controversias susceptibles de transacci\u00f3n\u201d, evento en el cual se renuncia entonces a la intervenci\u00f3n de las autoridades judiciales ordinarias. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, el casacionista se refiere a la jurisdicci\u00f3n como factor determinante para la distribuci\u00f3n de las funciones encomendadas a jueces y tribunales, para resaltar que cuando un litigio lo resuelve un funcionario que carece de jurisdicci\u00f3n y, por ende, de competencia, se impone entonces \u201cla nulidad del respectivo proceso\u201d, como debe acaecer en este caso en el que la justicia civil, a\u00f1ade, se ocup\u00f3 de resolver una controversia que por determinaci\u00f3n convencional de las partes estaba reservada a la jurisdicci\u00f3n arbitral, por lo que solicita, despu\u00e9s de transcribir una opini\u00f3n de doctrina, que se infirme el fallo de segunda instancia y en su lugar sea invalidada toda la actuaci\u00f3n surtida. <\/p>\n
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CARGO SEGUNDO <\/p>\n
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Mediante este segundo cargo y con apoyo en la causal de casaci\u00f3n que consagra el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se acusa la sentencia del Tribunal de no estar en consonancia con las excepciones que el juez ha debido reconocer de oficio, pues al aparecer demostrada la existencia de una cl\u00e1usula compromisoria que \u201cninguna de las partes ha rechazado\u201d, era deber del Tribunal reconocer aun de oficio la respectiva excepci\u00f3n como lo dispone el Art. 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Para desarrollar el cargo, dice el casacionista que el Tribunal ha debido reconocer la ameritada excepci\u00f3n de cl\u00e1usula compromisoria, y que al no hacerlo, incurri\u00f3 en el vicio de actividad \u201cllamado fallo m\u00ednima petita\u201d que hace que la sentencia as\u00ed proferida, sea inconsonante por no guardar correspondencia con las excepciones que el juez ha debido declarar oficiosamente. <\/p>\n
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CARGO TERCERO <\/p>\n
Por esta v\u00eda el censor acusa la sentencia de ser violatoria, por aplicaci\u00f3n indebida, de los art\u00edculos 1602, 1604, 1613, 1614 y 1616 del C\u00f3digo Civil, y del 2, 822, 824, 830 y 864 del C\u00f3digo de Comercio, y por falta de aplicaci\u00f3n del art. 306 del C. de P. C., a causa de error de hecho evidente en la apreciaci\u00f3n del contrato de distribuci\u00f3n celebrado entre las partes, \u00aben especial por no haber visto la cl\u00e1usula decimo s\u00e9ptima de ese contrato\u00bb, prueba que de haber apreciado le habr\u00eda permitido aplicar el citado art\u00edculo 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil para declarar de oficio la excepci\u00f3n pertinente. <\/p>\n
En efecto, dice la censura, el Tribunal ad quem pas\u00f3 por alto el hecho de haberse pactado la cl\u00e1usula compromisoria y que ello constituye la excepci\u00f3n que con ese nombre consagra el Art. 97 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, incurriendo por consiguiente en error probatorio de hecho que es trascendente por cuanto si dicho organismo hubiera advertido \u201cese pacto escrito de los contratantes \u201cencaminado a someter a la decisi\u00f3n de \u00e1rbitros eventuales litigios que tuvieron origen en el contrato de distribuci\u00f3n cuya resoluci\u00f3n por incumplimiento declar\u00f3 la sentencia, entonces \u201c\u2026 dando aplicaci\u00f3n al Art. 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (\u2026) hubiera reconocido en la sentencia de segundo grado la excepci\u00f3n de cl\u00e1usula compromisoria y, entonces, no habr\u00eda dado aplicaci\u00f3n a los art\u00edculos citados al principio del cargo, as\u00ed como tampoco a los Arts. 968, 972, 973 y 980 del C\u00f3digo de Comercio que imponen la obligaci\u00f3n de indemnizar perjuicios al contratante que se le imputa incumplimiento del contrato \u2026\u201d. <\/p>\n
Por eso, tomando pie en estas consideraciones, pide el recurrente en el cargo tercero que se infirme el fallo del Tribunal de Sincelejo y la Corte, en sede de instancia, revoque la sentencia apelada para en su lugar declarar probada la excepci\u00f3n de cl\u00e1usula compromisoria \u201c\u2026 que atribuye el conocimiento de este proceso al tribunal arbitral \u2026\u201d. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
1. Sabido es que el arbitraje privado, a diferencia de lo que ocurre trat\u00e1ndose de los procesos jurisdiccionales comunes, es una instituci\u00f3n cuyo fundamento de obligatoriedad para quienes de ella se sirven con el fin de eliminar una incertidumbre motivada por controversias pret\u00e9ritas, presentes o futuras, emerge del llamado \u201cnegocio jur\u00eddico compromisorio\u201d que en el ordenamiento positivo vigente en el pa\u00eds, inspirado por cierto en una arraigada tradici\u00f3n que tiende a desaparecer en el derecho comparado, puede asumir la forma de un verdadero \u201ccompromiso\u201d o apenas la de una \u201ccl\u00e1usula compromisoria\u201d, distinci\u00f3n que al tenor del Art. 2\u00ba del Decreto Ley 2279 de 1989, atiende en lo esencial al tiempo en que acuerdos de esta \u00edndole son celebrados, respecto del momento en que cobra actualidad el conflicto entre las partes, y al modo como ellos se ponen de manifiesto frente al contrato en el que dicho conflicto encuentra su origen. As\u00ed, entonces, cuando este \u00faltimo ya ha surgido, el acuerdo que los compromitientes celebran para someterlo al conocimiento y resoluci\u00f3n de \u00e1rbitros recibe el nombre de \u201ccompromiso arbitral\u201d, mientras que si lo que acontece es que, habiendo celebrado determinado contrato las partes convienen por anticipado en que, de llegarse a presentar diferencias futuras acerca de la inteligencia o la aplicaci\u00f3n de dicho contrato, ellas ser\u00e1n conocidas y resueltas por \u00e1rbitros, el acuerdo as\u00ed concertado y accesorio por definici\u00f3n a una negociaci\u00f3n principal, se denomina \u201ccl\u00e1usula compromisoria\u201d. <\/p>\n
En este orden de ideas, entendido como queda que la cl\u00e1usula compromisoria es el medio del que de ordinario deriva el arbitraje necesario de fuente convencional, bien puede decirse que por fuerza de un pacto de esta naturaleza, ante un g\u00e9nero determinado de controversias futuras vinculadas a una espec\u00edfica relaci\u00f3n contractual, las partes no tienen absoluta libertad para acudir a los tribunales del Estado en demanda de justicia, sino que por principio y en virtud de la cl\u00e1usula en cuesti\u00f3n, quedan bajo imposici\u00f3n de recurrir al arbitraje. Es en consecuencia un convenio accesorio con funci\u00f3n preparatoria que, adem\u00e1s de individualizar algunos de los elementos indispensables para que pueda operar el mecanismo de soluci\u00f3n alternativa de conflictos en que el arbitraje consiste, entra\u00f1a la adhesi\u00f3n de aquellas mismas partes al r\u00e9gimen procesal previsto en la ley para el arbitramento y la renuncia a la jurisdicci\u00f3n judicial, todo ello bajo el supuesto de que los efectos que a la cl\u00e1usula compromisoria le son inherentes, lejos de agotarse en un juicio arbitral \u00fanico, deben proseguir hasta que desaparezca la posibilidad de hipot\u00e9ticas controversias surgidas del negocio jur\u00eddico principal. <\/p>\n
2. De cuanto acaba de anotarse acerca de la configuraci\u00f3n jur\u00eddica que le es caracter\u00edstica y su raz\u00f3n de ser como una de las especies en que suele manifestarse el pacto arbitral, s\u00edguese que son de dos clases los efectos que la cl\u00e1usula compromisoria produce, unos de clara estirpe contractual y de car\u00e1cter positivo en cuya virtud quedan obligadas las partes a estar y pasar por lo estipulado, habida cuenta que la situaci\u00f3n as\u00ed creada en ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad recibe el tratamiento normativo general que se\u00f1alan los arts. 1602 y 1603 del C. Civil, al paso que otros son propiamente procesales en la medida en que al igual que el compromiso, la cl\u00e1usula en examen \u201c\u2026da origen illico – es decir aun antes de que los \u00e1rbitros sean nombrados o acepten o entren de todos modos en funci\u00f3n – a una excepci\u00f3n de improcedibilidad -vg, de incompetencia- , proponible ante la autoridad judicial, siempre que una de las partes acuda a ella con una demanda suya en orden a controversias comprendidas – o que las dem\u00e1s partes concept\u00faen comprendidas – en la cl\u00e1usula, en cuyo caso decidir\u00e1 la autoridad judicial misma si efectivamente aquella excepci\u00f3n es o no es fundada\u2026\u201d (Enrico Redenti. Derecho Procesal Civil. Tomo III, Cap.6\u00ba, Num. 266). <\/p>\n
La principal consecuencia de tipo procesal que provoca la existencia de una cl\u00e1usula compromisoria es, entonces, la de excluir para el futuro la actividad jurisdiccional de conocimiento respecto de las cuestiones litigiosas que dicha cl\u00e1usula abarca, haciendo posible, por lo tanto, que si uno de los contratantes entabla acci\u00f3n ante los jueces o tribunales ordinarios, no obstante encontrarse ella de por medio, pueda el otro, interesado en hacer valer el pacto arbitral celebrado, emplear la excepci\u00f3n previa correspondiente que en orden a alcanzar ese objetivo y separ\u00e1ndola con indudable correcci\u00f3n t\u00e9cnica de las excepciones motivadas en la falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia, consagra el Num. 3\u00ba del Art. 97 del c de P.C. Pero a esta excepci\u00f3n llamada a operar como un impedimento procesal seg\u00fan qued\u00f3 visto, no le es extra\u00f1o en modo alguno el fundamento dispositivo peculiar de la instituci\u00f3n jur\u00eddica que le infunde raz\u00f3n de ser, y es por eso que para evitar los errores conceptuales en que en esta materia con frecuencia se incurre, errores de los que por cierto suministra elocuente ejemplo la demanda de casaci\u00f3n en estudio, no debe pasarse por alto que, en patente oposici\u00f3n a aquello que acontece cuando de arbitrajes forzosos de origen legal se trata – hip\u00f3tesis esta en la cual toma cuerpo una prohibici\u00f3n terminante para las partes de acudir a los organismos judiciales del Estado -, el arbitraje necesario de fuente convencional importa tan s\u00f3lo la renuncia consensual a servirse de esa v\u00eda, de donde se desprende que en el primer evento, no les est\u00e1 permitido a quienes involucra el conflicto, ni aun de com\u00fan acuerdo, prescindir del arbitramento, mientras que en el segundo, por obra del principio dispositivo cuyo predominio en el \u00e1mbito de los pactos arbitrales es axiom\u00e1tico, pueden dejarlos sin efecto los compromitentes expresa o t\u00e1citamente, \u201c\u2026.expresamente al convenir en ello de ese modo, y t\u00e1citamente cuando uno de los sujetos ligados por la cl\u00e1usula compromisoria demanda ante un juzgado y la contraparte no se excepciona, casos ambos en los cuales los interesados entran, l\u00edcitamente, en un campo procesal que seg\u00fan dicha cl\u00e1usula les estaba vedado\u2026\u201d (Dante Barrios de Angelis. El Juicio Arbitral. Cap. II, Num.7). <\/p>\n
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3. Durante la vigencia del art\u00edculo 2011 del C\u00f3digo de Comercio, las sociedades intervinientes en el presente proceso formalizaron un contrato de distribuci\u00f3n de productos dentro del cual acordaron someter los diferendos que pudiesen provenir de dicho contrato a decisi\u00f3n arbitral. Posteriormente, cuando la norma legal en menci\u00f3n fue derogada, y en vigencia entonces del Decreto 2279 de 1989, el conflicto suscitado a ra\u00edz de la terminaci\u00f3n del contrato debido a decisi\u00f3n unilateral de la compa\u00f1\u00eda demandada y el consiguiente reclamo de indemnizaci\u00f3n de da\u00f1os por parte de la actora, se puso a consideraci\u00f3n de la justicia ordinaria luego de fracasar el intento realizado por iniciativa de la segunda de dichas sociedades en el sentido de solucionar por v\u00eda de arbitraje el diferendo, haciendo efectiva la referida cl\u00e1usula compromisoria. <\/p>\n
Iniciado as\u00ed el correspondiente proceso ordinario ante la justicia civil, la sociedad demandada excepcion\u00f3 en el sentido de requerir el cumplimiento de la cl\u00e1usula compromisoria, argumentando de paso que cualquier otro procedimiento que se efectuara por fuera de dicha estipulaci\u00f3n conllevar\u00eda la nulidad de la actuaci\u00f3n, afirmaci\u00f3n esta que sin embargo no pudo considerarse debido a que se present\u00f3 por fuera del t\u00e9rmino previsto en la ley para hacerla valer, lo que hace que ahora el recurrente, en sede de casaci\u00f3n, estructure la segunda censura con base en el supuesto desconocimiento por parte del juzgador de instancia de la causa de una excepci\u00f3n respecto de la cual tuviera el deber de declararla aun de oficio. <\/p>\n
Con todo y en m\u00e9rito de las razones expuestas a espacio en los p\u00e1rrafos iniciales de estas consideraciones, no puede ser esa la perspectiva conforme a la cual deba enfocarse el problema planteado a la Corte mediante los varios senderos seleccionados por el censor, por cuanto aunque cierto es que en una \u00e9poca se concluy\u00f3 que para derogar el pacto compromisorio las partes deb\u00edan suscribir otro documento \u201cde la misma naturaleza del en que se consign\u00f3 dicho pacto\u201d, sin que por ello el silencio pudiese surtir igual efecto (Sent. 17 abril de 1969), posteriormente esta misma corporaci\u00f3n, en fallo proferido el 22 de abril de 1992, consider\u00f3 que la conducta procesal de los contratantes tambi\u00e9n puede ser, en un momento dado, signo evidente, si no de una derogatoria general que extienda sus efectos a todos los procesos futuros que puedan llegar a presentarse, s\u00ed por lo menos de una ineficacia sobreviniente y aceptada de com\u00fan acuerdo, circunscrita en sus efectos al respectivo proceso en curso. <\/p>\n
Se entendi\u00f3, entonces, que el acto contentivo de ese abandono de la cl\u00e1usula compromisoria frente a una controversia dada, lo expresan en su conjunto la demanda y su contestaci\u00f3n, para admitir, por ende, el silencio sobre el particular como categ\u00f3rica muestra de una virtual renuncia a hacer uso del pacto arbitral, apreciaci\u00f3n que debe repetirse en el presente caso en el que se cuenta con la demanda respectiva, espec\u00edficamente encaminada a provocar un pronunciamiento de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, y en el que, aunque la excepci\u00f3n previa fundada en la cl\u00e1usula compromisoria, se present\u00f3 por fuera del t\u00e9rmino previsto por la ley, es lo cierto que la sociedad demandada fue notificada en legal forma y del silencio que guard\u00f3 durante el traslado de ley, no queda alternativa distinta a inferir su consentimiento en orden a que el conflicto suscitado se ventile en ese orden jurisdiccional y, por lo tanto, fuera del marco procesal propio del arbitramento. <\/p>\n
Salta a la vista, en consecuencia, el desacierto de la censura cuando pretende que se declare la nulidad del proceso o, en su defecto, se tenga por probada de oficio la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria, toda vez que, respecto a la primera hip\u00f3tesis, no puede ser nulo un proceso en el que las partes, t\u00e1citamente, consintieron la actuaci\u00f3n ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria, lo que deja por fuera tambi\u00e9n la posibilidad de que opere entonces la pretendida excepci\u00f3n o que se configure la ocurrencia de un error probatorio de hecho derivado de no haber visto el sentenciador la estipulaci\u00f3n contractual en que ella se funda y dotado de la necesaria trascendencia decisoria, toda vez que aun cuando llegare a admitirse que en realidad de verdad el Tribunal incurri\u00f3 en la falta de observaci\u00f3n que le imputa el recurso en el tercero de los cargos formulados -cosa que apenas cabe plantear como simple conjetura -, ninguna incidencia hab\u00eda podido tener desacierto semejante en el resultado final del pleito pues por voluntad de los contratantes, partes en el litigio, la susodicha cl\u00e1usula arbitral qued\u00f3 sin efectos en el presente caso. <\/p>\n
Los cargos, en consecuencia, no prosperan. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha 24 de septiembre de l993 mediante la cual se resolvi\u00f3 el proceso de la referencia, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Sincelejo. <\/p>\n
Las costas en casaci\u00f3n corren de cargo de la parte recurrente. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
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