S-024-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
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Referencia: Expediente No. 4816 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha diecisiete (17) de junio de l993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario seguido por JAIME QUINTERO BARBIER contra MARIO LEON CUERVO. <\/p>\n
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I. EL LITIGIO <\/p>\n
1.- En el libelo con que se abri\u00f3 el proceso en menci\u00f3n y cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Vigesimocuarto Civil del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, el demandante JAIME QUINTERO BARBIER formul\u00f3 demanda ordinaria contra MARIO LEON CUERVO para que, previos los tr\u00e1mites correspondientes, sea declarada en sentencia la nulidad de la escritura p\u00fablica n\u00famero 870, corrida el 14 marzo de l975 en la Notar\u00eda 14 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1 y mediante la cual se formaliz\u00f3 la venta que hizo el actor al demandado de un globo de terreno con todas las edificaciones en \u00e9l existentes, situado en la carrera 25 No. 24 A – 24 de esta ciudad; se informe sobre tal hecho al susodicho despacho notarial y, consecuentemente, se condene al demandado a indemnizar los perjuicios causados al pretender apropiarse del inmueble que fue materia de enajenaci\u00f3n mediante la venta cuya invalidez se pide sea declarada, previa rendici\u00f3n de cuentas por el usufructo del mismo, unido todo ello a la consiguiente condena en costas a la parte demandada. <\/p>\n
Para sustentar sus pretensiones, se\u00f1al\u00f3 el actor los hechos que a continuaci\u00f3n pasan a resumirse: <\/p>\n
a) Mediante escritura p\u00fablica n\u00famero 717 de Marzo 1\u00b0 de l971 de la Notar\u00eda 3 de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, V\u00edctor Julio Castillo Le\u00f3n vendi\u00f3 el inmueble objeto de litigio a JAIME QUINTERO BARBIER quien a su vez lo vendi\u00f3 a MARIO LEON CUERVO seg\u00fan escritura p\u00fablica n\u00famero 870 del 14 de marzo de 1975 de la Notar\u00eda 24 del mismo c\u00edrculo notarial, por un valor total de cuatrocientos un mil pesos ($401.000.oo), de los cuales se adeudan doscientos dos mil pesos ($202.000.oo), \u201cpor lo cual el deudor MARIO LEON CUERVO no cumpli\u00f3 con el hecho debido\u201d (f. 21 C. 1). Dicha escritura, cuya invalidaci\u00f3n se pide, nunca fue objeto de registro en la oficina competente de esta ciudad. <\/p>\n
b) Al otorgar este instrumento, destinado a solemnizar la venta del inmueble referido, el vendedor JAIME QUINTERO BARBIER desconoc\u00eda que desde el 10 de marzo de 1975 dicho predio hab\u00eda sido embargado mediante providencia cautelar debidamente registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, por lo cual dicho contrato adolece de nulidad de acuerdo con el Art. 2477 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
c) Sobre el inmueble en cuesti\u00f3n, el 4 de marzo de l985 se practic\u00f3 la diligencia de secuestro que hab\u00eda ordenado el Juzgado 15 Civil del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, diligencia en la cual se opuso infructuosamente MARIO LEON CUERVO quien, por su parte, no dio respuesta alguna a los requerimientos hechos por el vendedor para que trataran de solucionar el problema suscitado. Con todo, conociendo de la situaci\u00f3n jur\u00eddica aludida, el demandado vendi\u00f3 a su turno el inmueble a Jos\u00e9 Carini Ferrari \u201cseg\u00fan documento fechado el d\u00eda 23 de febrero de 1979, donde manifiesta haber entregado la posesi\u00f3n y dominio del bien inmueble\u201d. <\/p>\n
2.- Admitida a tr\u00e1mite la demanda, fue ella contestada por el apoderado del demandado (F. 48 C. 1) oponi\u00e9ndose a las pretensiones, aceptando unos hechos, negando otros y solicitando la prueba de los restantes. Adujo que la totalidad del precio de la compraventa fue cancelado y que el vendedor ten\u00eda conocimiento de la existencia del proceso de quiebra de V\u00edctor Julio Castillo dentro del cual se embarg\u00f3 y secuestr\u00f3 el inmueble objeto del litigio, motivo por el cual fue el s\u00edndico de la quiebra el que retuvo los c\u00e1nones de arrendamiento que pretende como usufructo el demandante. <\/p>\n
Asevera, igualmente, que aunque su intenci\u00f3n fue la de vender el inmueble a Jos\u00e9 Carrini, no pudo concretar el negocio porque el demandante no le cumpli\u00f3 a su vez con el saneamiento del predio, lo que le lleva a exigir que en caso de que se declare la nulidad de la transacci\u00f3n demandada, \u201cse le devuelva la totalidad del precio pagado, la correcci\u00f3n monetaria, los intereses a la rata del tres por ciento y las mejoras que plant\u00f3 mi mandante\u201d, adem\u00e1s de que por ser poseedor de buena fe se le reconozca el derecho de retenci\u00f3n. Como excepciones de m\u00e9rito propuso las que denomin\u00f3: inexistencia del objeto il\u00edcito, cumplimiento del contrato por parte del comprador, y \u201cdolosidad en la causa petendi\u201d (F. 52 Cdo. Ppal.). <\/p>\n
3.- Surtido el tr\u00e1mite de rigor, dict\u00f3 sentencia en primera instancia el Juzgado 24 Civil del Circuito de esta ciudad en el sentido de no acceder a las pretensiones del actor, ordenando el levantamiento de la inscripci\u00f3n de la demanda e imponi\u00e9ndole a la parte actora la obligaci\u00f3n de pagar las costas causadas. <\/p>\n
4.- Esta decisi\u00f3n fue apelada por la parte demandante y, en consecuencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, luego de agotados los tr\u00e1mites procesales del caso, se pronunci\u00f3 mediante providencia del diecisiete (17) de junio de l993, confirmando la sentencia de primera instancia e imponi\u00e9ndole al apelante la obligaci\u00f3n de pagar costas. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
Despu\u00e9s del acostumbrado recuento de los antecedentes procesales dignos de ser destacados y a vuelta de encontrar satisfechos los presupuestos que le permiten fallar acerca del fondo del litigio, el Tribunal centra su atenci\u00f3n en el Art. 1521 del C. Civil en tanto establece que hay objeto il\u00edcito en la enajenaci\u00f3n de bienes embargados por decreto judicial, y con esta base obligada de referencia normativa, concluye luego de un breve an\u00e1lisis apoyado en las fechas que marcan el camino que t\u00e9rmino finalmente con la inscripci\u00f3n inmobiliaria de la cual fue objeto la venta contenida en la EP 870 del 14 de marzo de 1975, que por haberse efectuado el registro del embargo el 20 de marzo de ese mismo a\u00f1o, dicha venta \u201cno tiene objeto il\u00edcito, pues para esa fecha, sobre el inmueble no pesaba embargo alguno\u201d, apreciaci\u00f3n que, como queda dicho, sustent\u00f3 en los art\u00edculos 1521 y 1857 del C\u00f3digo Civil, de donde se sigue que el contrato de compraventa se perfecciona con el acto notarial, raz\u00f3n por la cual no es indispensable su registro, el que, con todo, se efectu\u00f3 cuando hab\u00eda sido levantado el embargo tantas veces mencionado. <\/p>\n
Y para abundar en motivos, el ad-quem anota que el embargo de marras, decretado dentro del proceso de quiebra de V\u00edctor Julio Castillo Le\u00f3n por orden del Juzgado 15 Civil del Circuito de esta ciudad, se hizo \u201cen forma equivocada…, por lo que no puede sancion\u00e1rsele calificando de objeto il\u00edcito tal venta\u201d, toda vez que la traba vino a recaer sobre un bien ra\u00edz que no era de propiedad del deudor sometido a ejecuci\u00f3n concursal, agregando para terminar que no es del caso efectuar consideraciones acerca del cumplimiento de las obligaciones contra\u00eddas por el comprador demandado en este proceso, toda vez que hacerlo resulta por completo impertinente ante una pretensi\u00f3n \u00fanica cuya finalidad es que se declare una nulidad contractual \u201c\u2026cuyas causales est\u00e1n plenamente determinadas en la ley\u2026\u201d. <\/p>\n
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III. LA DEMANDA DE CASACION Y CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
Para obtener la infirmaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, formul\u00f3 el apoderado de la parte demandante recurso de casaci\u00f3n sustentado mediante demanda que incluye cuatro cargos que, en vista de su contenido y de conformidad con el Art. 375 del C. de P. C., la Corte pasa a estudiarlos a continuaci\u00f3n, principiando por el \u00faltimo para luego ocuparse de los tres primeros en forma conjunta, habida cuenta que adem\u00e1s de ofrecer entre ellos estrecha semejanza, adolecen todos en su concepci\u00f3n b\u00e1sica de un mismo defecto de suyo suficiente para rechazarlos. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Con fundamento en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, acusa el recurrente la sentencia del Tribunal por no estar en consonancia con las pretensiones de la demanda y con las excepciones propuestas por el demandado, e incluso con aquellas que el juez ha debido reconocer de oficio como lo exige el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
En desarrollo de su tesis, el censor afirma que el Tribunal no tuvo en cuenta la totalidad del material probatorio allegado al proceso, en especial la prueba consistente en el registro inmobiliario que demuestra que el bien se encontraba embargado al momento de realizarse la compraventa cuya nulidad ha debido declararse; que no analiz\u00f3 los hechos y las pretensiones de la demanda, con lo cual hizo caso omiso de que por fuera de pedirse la ameritada nulidad de la escritura p\u00fablica, tambi\u00e9n se pretend\u00eda la indemnizaci\u00f3n por los perjuicios ocasionados y el pago de la obligaci\u00f3n debida; y, que tampoco consider\u00f3 que fue el propio demandado quien solicit\u00f3 la \u201cnulidad procesal\u201d cuando expres\u00f3, en el alegato presentado durante el tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n (Cuad. 4 fl. 18) que \u201cen cuanto a la nulidad considero que existe por las razones antes expuestas…\u201d. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
En orden a verificar si una sentencia adolece del vicio de incongruencia hasta el punto de configurarse la segunda de las causales que consagra el Art. 368 del C. de P. C., es preciso, en primer lugar, confrontar la decisi\u00f3n impugnada con la totalidad de los extremos que delimitan la cuesti\u00f3n litigiosa sometida a debate, de manera que si dicha decisi\u00f3n, mediante la cual se le pone fin a un determinado proceso, se ocupa de aspectos no pedidos o deja por fuera puntos relevantes previamente debatidos, se habr\u00e1 incurrido en dicho defecto, situaci\u00f3n que acaecer\u00e1 igualmente cuando el juez deje de hacer uso de las atribuciones que le confiere la ley en orden a declarar oficiosamente excepciones de fondo cuando los hechos que a ellas dan lugar aparecen demostrados a cabalidad, salvedad hecha de aquellos casos de excepciones propias en estricto sentido que se\u00f1ala el Art. 306 del C. de P. C. <\/p>\n
Importa se\u00f1alar adem\u00e1s que como motivo legal de casaci\u00f3n, la inconsonancia es considerada como un vicio de actividad del g\u00e9nero de aquellos en los que puede caer el fallador cuando durante la actuaci\u00f3n o el juzgamiento incurre en irregularidades de \u00edndole procesal, raz\u00f3n por la cual se excluye del \u00e1mbito que le es propio, la posibilidad de que por su conducto se puedan aducir con \u00e9xito las divergencias que giren, bien sea en torno a la motivaci\u00f3n jur\u00eddica de la sentencia o ya tocantes con la valoraci\u00f3n probatoria en que se sustenta el juicio de hecho en la misma providencia contenido, circunstancias que como se sabe, pueden ser materia de casaci\u00f3n por el cauce que se\u00f1ala el numeral 1\u00b0 del Art. 368 del c. de P. C., lo que de suyo basta para poner de presente el notorio desacierto en que incurre el cargo en estudio al pretender servirse de defectos de esa naturaleza, en los que afirma incurre la sentencia impugnada, para argumentar la incongruencia que denuncia. <\/p>\n
Y de otra parte, es del caso hacer notar que la pretendida incongruencia tiene como punto de referencia una decisi\u00f3n desestimatoria que por su propia naturaleza implica, como es natural suponerlo, que el fallador agot\u00f3 la totalidad de las cuestiones debatidas, lo que excluye por principio que el fallo impugnado pueda ser objeto de censura vali\u00e9ndose de la aludida causal seg\u00fan lo tiene dicho la Corte cuando ha expresado que, \u201ccosa distinta de no decidir un extremo de la litis es resolverlo en forma adversa al peticionario. En el primer supuesto el fallo ser\u00eda incongruente y, en consecuencia, atacable en casaci\u00f3n con base en la causal segunda; en el segundo no, puesto que la sentencia desfavorable implica un pronunciamiento del sentenciador sobre la pretensi\u00f3n de la parte, que s\u00f3lo podr\u00eda ser impugnada a trav\u00e9s de la causal primera, si ella viola directa o indirectamente la ley sustancial. De lo contrario, se llegar\u00eda a la conclusi\u00f3n de que el fallo s\u00f3lo ser\u00eda congruente cuando fuere favorable a las pretensiones del demandante o a las excepciones del demandado, lo que a todas luces es inaceptable\u201d (G. J., ts. LII, p\u00e1g. 21 y CXXXVIII, p\u00e1g. 396). <\/p>\n
En s\u00edntesis, contrariando las reglas rese\u00f1adas en los p\u00e1rrafos precedentes, en el presente caso el recurrente expresa, con el claro designio de descalificar desde el punto de vista legal la motivaci\u00f3n jur\u00eddica de fondo en la que el fallo se apoya, que el Tribunal no tuvo en cuenta el material probatorio allegado al proceso ni analiz\u00f3 los hechos y las pretensiones de la demanda en cuya virtud se solicitaba, no s\u00f3lo la nulidad de la escritura p\u00fablica objeto del litigio sino tambi\u00e9n una indemnizaci\u00f3n por los perjuicios causados y el pago de la obligaci\u00f3n debida; la estructura conceptual del cargo supone acreditar, entonces, que en contra de las conclusiones a que en relaci\u00f3n con estos temas arrib\u00f3 el Tribunal, se prob\u00f3 en el plenario que la escritura p\u00fablica es nula y que hab\u00eda lugar a decidir acerca del pago de la obligaci\u00f3n que se dice insatisfecha, luego la causal invocada es a todas luces inadecuada y por tanto el cargo que la contiene ha de ser por fuerza desechado. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Acusa el recurrente la sentencia del Tribunal tomando pie en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba, raz\u00f3n por la cual asevera que se violaron los numerales 1\u00b0 y 3\u00b0 del art\u00edculo 1521 del C. C. y el 1741 de la misma obra, en concordancia con el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u00abpor aplicaci\u00f3n indebida los primeros y los segundos por falta de aplicaci\u00f3n\u201d, aludiendo adelante tambi\u00e9n al Art. 1962 num 6 del C. de Com, y a los Arts. 1170, 2137 y 2236 del C. Civil. <\/p>\n
Debe darse entonces la infirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada por cuanto, seg\u00fan lo expresa el recurrente, el error de hecho en que cay\u00f3 el Tribunal es \u201cevidente, ostensible, protuberante y adem\u00e1s muy claro\u201d, por fuera de extenderse, adem\u00e1s de la indebida apreciaci\u00f3n del folio de matr\u00edcula inmobiliaria distinguido con el n\u00famero 050-0059050 de la oficina de Registro de esta ciudad, a los certificados expedidos por el Departamento de Catastro Distrital, al acta concordataria que obra a folios 171 a 176 del cuaderno 1, a los testimonios rendidos por V\u00edctor Castillo y Eduardo Augusto Castillo Casallas, a la escritura p\u00fablica n\u00famero 870 de 17 de marzo de 1975 y a la prueba trasladada del proceso seguido ante el Juzgado 15 Civil del Circuito de esta ciudad, relacionada con la diligencia de secuestro del bien ra\u00edz objeto del contrato de venta cuya validez contradice la demanda que al proceso le dio comienzo. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Previa referencia del art\u00edculo 51 del Decreto 2651 de 1991 de modo que ofrece serias dudas sobre su raz\u00f3n de ser, el recurrente anuncia la integraci\u00f3n de \u201cvarios cargos y pruebas acumulados a \u00e9ste\u201d, para concretar la denuncia con base de nuevo en la primera de las causales de casaci\u00f3n que se\u00f1ala el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba que ocasion\u00f3, al decir de la censura, la violaci\u00f3n por falta de aplicaci\u00f3n de los numerales 1\u00b0 y 3\u00b0 del art\u00edculo 1521, y del 2477 del C\u00f3digo Civil en concordancia con el 187 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Para sustentar la censura referida, el recurrente aduce que se \u201cha cortado o cercenado la verdad hist\u00f3rica y procesal\u201d, a ra\u00edz de no tenerse en cuenta varias de las pruebas aportadas al plenario, especialmente aquellas relacionadas con la escritura p\u00fablica 870 de 14 de marzo de 1975, el oficio 221 de marzo 10 de 1975, remitido por el Juzgado 15 Civil del Circuito a la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de esta capital, la prueba trasladada del proceso de quiebra de V\u00edctor Castillo mediante la cual se demuestra la buena fe del demandante consistente en el cumplimiento de sus compromisos contra\u00eddos con el quebrado al devolver en un 50% la propiedad del inmueble a la masa de la quiebra \u201cpara los objetivos propuestos como fue ayudar en la soluci\u00f3n de los pagos del concordato celebrado el d\u00eda 18 de marzo de 1988\u201d (f. 11 Cdo. de la Corte), las declaraciones de V\u00edctor Castillo y de Eduardo Augusto Castillo Casallas que demuestran la deuda existente en cabeza del demandado, por la cual se encuentra obligado \u201ca devolver al quebrado el inmueble que ostenta de mala fe, art\u00edculos 2136 y 2137 del C. C.\u201d. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, de haber apreciado en debida forma la prueba documental relacionada emergente de la escritura p\u00fablica 870 de 14 de marzo de 1975, el Tribunal habr\u00eda tenido que considerar la condici\u00f3n all\u00ed establecida en el sentido de que el registro de dicha escritura quedaba sujeto a la completa cancelaci\u00f3n del precio acordado por la compraventa del inmueble, con lo cual la decisi\u00f3n habr\u00eda de ser enteramente diferente, toda vez que con ello dej\u00f3 de observar, adem\u00e1s, la pretensi\u00f3n relacionada con la indemnizaci\u00f3n producto del incumplimiento por parte del demandado, seg\u00fan hecho que corroboran la propia confesi\u00f3n de este \u00faltimo al declarar ante un juzgado civil municipal de esta ciudad, y los cheques allegados al expediente. <\/p>\n
Constituye adem\u00e1s, agrega el censor, fraude a la ley el hecho de que el demandado, luego de haberse notificado del auto admisorio que dio origen al presente proceso, hubiese vendido \u201cen forma apresurada\u201d en favor de su hija leg\u00edtima Ligia Elizabeth Cristina Le\u00f3n Rodr\u00edguez, el bien inmueble adquirido mediante el contrato cuya validez es objeto de discusi\u00f3n en este proceso, \u201ccomo un acto m\u00e1s de simulaci\u00f3n para esconder y aprovecharse il\u00edcitamente de estos bienes en un acto de enriquecimiento il\u00edcito…y que al decir del maestro Alvaro P\u00e9rez Vives tiene efecto en el recurso de casaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
En fin, acusa el recurrente la sentencia del Tribunal con fundamento en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, aduciendo ahora \u201cerror de derecho\u201d en la apreciaci\u00f3n de la prueba, y debido al cual se infringieron por v\u00eda indirecta y por falta de aplicaci\u00f3n, los numerales 1\u00b0 y 3\u00b0 del art\u00edculo 1521, y el 2477 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como tambi\u00e9n por aplicaci\u00f3n indebida el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Fundamenta la acusaci\u00f3n en que el Tribunal apreci\u00f3 parcialmente los certificados de matr\u00edcula inmobiliaria, por cuanto la medida cautelar ordenada por el Juez 15 Civil del Circuito el 10 de marzo de 1975 fue llevada a la entidad p\u00fablica ese mismo d\u00eda, lo que hace que desde esa fecha el bien quedara fuera del comercio y que cualquier transferencia en relaci\u00f3n con el mismo estuviese afectada de nulidad. A\u00f1ade igualmente, que si bien es cierto que la venta del inmueble se reput\u00f3 perfecta desde el otorgamiento de la escritura, falt\u00f3 la solemnidad consistente en el registro, que no se pudo llevar a cabo por encontrarse el bien fuera del comercio y s\u00f3lo pudo efectuarse trece a\u00f1os despu\u00e9s \u201cmediante un acto doloso del demandado… porque sab\u00eda que deb\u00eda de regresar la escritura en su parte proporcional al quebrado al tenor del acuerdo concordatario de marzo 18 de 1988\u201d. <\/p>\n
Apoya, de otra parte, en la existencia de la deuda a cargo del demandado por concepto de la parte del precio impagado, el deber que \u00e9ste tiene de \u201cregresar el bien inmueble a la masa de la quiebra\u201d, lo que incide, consecuentemente, en que se encuentre suficientemente probada la nulidad del acto escriturario \u201cya que no se ha probado por el demandado la ilicitud de dicha escritura, m\u00e1sima (sic) que el demandado no tiene pruebas acertivas (sic) en el proceso\u201d, para concluir que \u201cel no registro de la demanda en el t\u00e9rmino de dos meses de que nos habla el Decreto 1250 de 1970, es una demostraci\u00f3n de la nulidad absoluta\u201d (f. 14). <\/p>\n
Deduce que el error de derecho en que incurri\u00f3 el Tribunal consisti\u00f3 en atribuir un valor del cual carece al documento escriturario referido y al certificado de matr\u00edcula inmobiliaria, error que lo condujo a apreciar \u00fanicamente el folio de matr\u00edcula inmobiliaria, desconociendo, de paso, el oficio de marzo 10 de 1975, como igualmente aconteci\u00f3 con las restantes pruebas que no fueron apreciadas en conjunto \u201cni siquiera se hace menci\u00f3n de ellas en forma probatoria\u201d. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
1. De los efectos que son propios del embargo, entendidos ellos como las situaciones que se derivan inmediata y directamente de su realizaci\u00f3n con arreglo a la ley, bien puede decirse que se refieren a la administraci\u00f3n y a la disposici\u00f3n de las cosas que comprende una medida de tal naturaleza, lo segundo en cuanto que una vez trabado el embargo y siempre dentro del \u00e1mbito de su estricta justificaci\u00f3n procesal, la disposici\u00f3n de aquellas cosas deja de ser una facultad del due\u00f1o contra quien la actuaci\u00f3n se sigue (G.J, t.Lll, pag. 817) para asumirla, en forma temporal mientras subsista la necesidad de protecci\u00f3n que por esta v\u00eda el ordenamiento les otorga a los acreedores, la autoridad judicial que adopt\u00f3 la correspondiente providencia cautelar. Esto es lo que indica el Num. 3\u00ba del Art. 1521 del C. Civil a cuyo tenor adolece de ilicitud el objeto de determinado acto o contrato que importe una virtual \u201cenajenaci\u00f3n\u201d, cuando el consentimiento de los agentes que lo celebran recaiga sobre bienes que se reputan fuera del comercio debido a un decreto judicial vigente de embargo que los afecta, ilicitud que desaparece, y con ella la nulidad absoluta que vicia el negocio seg\u00fan los t\u00e9rminos del Art. 1741 del C.Civil, si el mismo se verific\u00f3 con permiso del juez embargante, si medi\u00f3 consentimiento expreso del acreedor que obtuvo dicha medida o, en fin, si la mutaci\u00f3n de titularidad ocurrida es consecuencia de un remate judicial o de una sentencia dictada en un litigio cuyo contenido excluya la intervenci\u00f3n voluntaria del due\u00f1o en la transferencia (G,J, Ts. LXV, pag. 70, LVIII, p\u00e1g 181, LXII, p\u00e1g. 62, CXVII, p\u00e1g. 320, y Cas. Civ. de 7 de nov. de 1975, entre otras). <\/p>\n
En este orden de ideas, para comprender a cabalidad el genuino significado del Num. 3\u00ba del Art. 1521 del C. Civil y evitar as\u00ed incurrir en inaceptables pretensiones invalidativas que cual sucede con la formulada de manera principal por el actor en esta causa, dicen fundarse en el precepto que acaba de citarse, forzoso es no perder de vista la raz\u00f3n de ser de la prohibici\u00f3n all\u00ed consagrada y de la nulidad que por mandato del Art. 1741 de la misma codificaci\u00f3n sanciona su no observancia, e igualmente la funci\u00f3n concreta a que la primera va enderezada, temas estos que por muchos a\u00f1os han ocupado la atenci\u00f3n de la jurisprudencia en una ardua tarea no del todo terminada aun (cfr, G. J, t. CLII, p\u00e1gs. 530 y siguientes) y cuyo desarrollo no resulta pertinente rese\u00f1ar ahora. Frente a la especie litigiosa en estudio y las particularidades que la individualizan de acuerdo con la perspectiva que de la misma ofrecen, tanto la sentencia impugnada como el recurso de casaci\u00f3n interpuesto, basta tan s\u00f3lo con advertir que en realidad de verdad, al referirse a cosas embargadas, el num. 3\u00ba del Art. 1521 del C. Civil se limita a consagrar, m\u00e1s que una rotunda prohibici\u00f3n \u201c\u2026 muestra del empe\u00f1o legislativo en reprimir concretas y may\u00fasculas infracciones del ius cogens y orientada a la salvaguardia de aspectos fundamentales del orden social y \u00e9tico vigentes\u2026\u201d (G.J. T. CXXIV, p\u00e1g. 138), una restricci\u00f3n de eficacia relativa, en tanto circunscrita por principio al inter\u00e9s de la persona que obtuvo en su favor el decreto de embargo, y cuyo alcance es el de privar temporalmente al titular de su poder de disposici\u00f3n sobre aquellas cosas sometidas a traba judicial, luego por simple l\u00f3gica ha de entenderse que de una consecuencia de esta \u00edndole, puesta de manifiesto en la sustracci\u00f3n transitoria de la posibilidad de enajenaci\u00f3n v\u00e1lida que el embargo implica, no puede ser destinataria persona diferente a ese titular contra quien tendr\u00e1 que adelantarse entonces el correspondiente proceso en el cual dicha medida desempe\u00f1e la misi\u00f3n cautelar que le atribuye la ley. <\/p>\n
De suerte que si la norma en referencia persigue el amparo del derecho que tiene todo acreedor a ser pagado de su cr\u00e9dito con el producto de la realizaci\u00f3n forzosa de los bienes embargados, mediante el ejercicio de la acci\u00f3n general que sobre el patrimonio del deudor le concede el Art. 2488 del C. Civil, y si a brindar esa seguridad confluye sin lugar a dudas la nulidad absoluta por ilicitud en el objeto con que la legislaci\u00f3n civil sanciona las transferencias privadas que de los susodichos bienes se lleven a cabo sin licencia del juez o sin la autorizaci\u00f3n del acreedor, tiene por necesidad que concluirse que la restricci\u00f3n de cuyo quebrantamiento voluntario emerge esta radical declaraci\u00f3n de invalidez, no puede producir los efectos que le son peculiares en presencia de una orden de embargo no ajustada a la ley por haberse extendido sobre activos que no forman parte del patrimonio del deudor y por ello, debido precisamente a esta circunstancia, la enajenaci\u00f3n realizada por el sujeto legitimado, no obstante la existencia de la traba en cuesti\u00f3n, no admite tacha de ilicitud pues carece por completo de virtualidad nociva para los derechos del acreedor. <\/p>\n
2. Viene al caso recordar, de otra parte, que en el \u00e1mbito propio del recurso de casaci\u00f3n en el fondo, si se aspira a obtener la infirmaci\u00f3n de determinada actividad jurisdiccional \u201cin judicando\u201d expresada en una sentencia en cuya virtud se ha clausurado la instancia, es obvio suponer que la censura no puede construirse haciendo de lado ninguno de los razonamientos en que dicha actividad se sostiene y que en consecuencia prescriben su sentido. Y es debido a esta regla que, trat\u00e1ndose de la causal prevista en el num. 1\u00ba del Art. 368 del c de P.C, de vieja data se ha dicho que no todo cargo en casaci\u00f3n puede recibirse ni tiene suficiente eficacia legal, sino que tan s\u00f3lo pueden acomodarse a esta exigencia aquellos que formalizados por separado en la correspondiente demanda, o agrup\u00e1ndolos del modo en que ordena hacerlo el Art. 51 del Dcr. 2651 de 1991 vigente en la actualidad (Ley 287 de 1996, Art. 1\u00ba), impugnan directamente esos razonamientos que por su naturaleza influyen de una manera sustancial en lo dispositivo del fallo, habida consideraci\u00f3n que por fuera de este marco cualquiera otra cr\u00edtica es inoperante por salirse del entorno legal del recurso extraordinario en referencia que, se reitera una vez m\u00e1s, est\u00e1 dirigido a examinar la sentencia dictada y no de otra diferente, a fin de establecer en funci\u00f3n de control jur\u00eddico objetivo si la ley llamada a gobernar el caso concreto en litigio ha sido observada o no por la autoridad judicial sentenciadora. <\/p>\n
Dicho en otras palabras, \u201c\u2026.el recurso tiene que orientarse a desvirtuar con sentido de integralidad la base jur\u00eddica esencial del fallo. De no hacerlo, de no hacerse cargo en forma circunstanciada de todas las apreciaciones de fondo que configuran esa base o lo que a esto equivale en \u00faltimas, si desatiende la estructura del juicio jurisdiccional discutido y se aparta de la linea argumental que inspira la soluci\u00f3n que en derecho se le imprime por virtud de dicho juicio a la controversia, el mencionado recurso es improcedente, improcedencia que lejos de representar uno de aquellos arca\u00edsmos sacramentales llamados a desaparecer seg\u00fan algunos lo recomiendan a la luz del Art. 228 de la C.N, responde a necesidades conceptuales que sin duda se identifican con la naturaleza misma que el ordenamiento positivo le reconoce al recurso de casaci\u00f3n y sobre la cual, reiterando una vez m\u00e1s nociones rememoradas por la Corte en muchas ocasiones, hoy conviene subrayar. La sentencia, explic\u00f3 la Corte en Cas. Civ. de 4 de septiembre de 1975, es el objeto propio y exclusivo al que debe apuntar ese medio de impugnaci\u00f3n extraordinario. Es ella la materia propia del ataque en casaci\u00f3n, porque toda conclusi\u00f3n suya que no sea impugnada, es intangible para la Corte ya que legalmente se le impone con grado de certeza, desde luego que la sentencia recurrida sube amparada con presunci\u00f3n de acierto, tanto en lo relativo a la aplicaci\u00f3n del derecho sustancial como en lo que ata\u00f1e a la estimaci\u00f3n y valoraci\u00f3n del haz probatorio. Y como esa presunci\u00f3n de legalidad produce sus plenos efectos mientras no sea desvirtuada por un ataque victorioso en casaci\u00f3n, es claro que la Corte tiene que respetar y acatar los fundamentos de la sentencia recurrida mientras subsista la apuntada presunci\u00f3n de certeza pues el recurso de casaci\u00f3n no da nacimiento a una nueva instancia del proceso, instancia en que la Corte pudiera ad libitum y s\u00f3lo limitada por el principio de la no reformatio in pejus, entrar a resolver todos los temas discutidos en las instancias precedentes (\u2026) El campo, pues en que la Corte puede actuar, en que puede desenvolver su actividad jurisdiccional, es el que el censor haya delimitado expresamente en la demanda de casaci\u00f3n. S\u00f3lo estos temas, los que el impugnante toque en su libelo, son la sujeta materia de estudio y decisi\u00f3n de la Corte, pues como antes se dijo, los puntos de la sentencia que no son combatidos por el censor, son intocables ya que quedan protegidos por la presunci\u00f3n de legalidad dicha\u2026\u201d (G.J, t. CCXVI, pag. 291), lo que en s\u00edntesis quiere significar que ante censuras basadas en la primera de las causales consagradas en la ley para la viabilidad del recurso de casaci\u00f3n, como lo son en la especie \u201csub lite\u201d las tres que consignan los cargos en estudio, al igual que es de rigor mostrar la infracci\u00f3n directa o indirecta de las normas de derecho sustencial citadas, as\u00ed tambi\u00e9n es forzoso que por el casacionista, aun vali\u00e9ndose de cargos separados pero acumulables para tal fin por iniciativa oficiosa de la Corte seg\u00fan qued\u00f3 apuntado l\u00edneas atr\u00e1s, se desvirt\u00faen exitosamente \u201c\u2026todos los cimientos en que la sentencia viene edificada\u2026\u201d (G.J, t. CCXII, p\u00e1g. 201), vale decir todos los fundamentos de influencia decisoria sobre los cuales, por efecto de esa influencia a ellos atribuible, la providencia en cuesti\u00f3n pudiera quedar en pie. <\/p>\n
3. Pues bien, en el caso del que estos autos dan cuenta y, por cierto, es lo que sin duda se desprende luego de una cuidadosa lectura de los tres cargos extractados, las tesis en ellos contenidas, inclusive estudi\u00e1ndolas de conjunto para as\u00ed darle cumplimiento al Art. 51 del Dcr. 2651 de 1991, carecen de la necesaria virtualidad infirmatoria y por ende resultan inoperantes en tanto hacen de lado, se desentienden, del esquema argumental completo sobre el que se halla concebida la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, orientado por el camino correcto en la inteligencia y aplicaci\u00f3n de los Arts. 1521, num. 3\u00ba, y 1741 del C. Civil, el Tribunal hizo \u00e9nfasis en que, adem\u00e1s de no haber cobrado vigencia el embargo en la fecha en que se celebr\u00f3 el contrato de compraventa solemnizado mediante la E.P 0870 otorgada el 14 de marzo de 1975 ante la Notar\u00eda 14 de esta ciudad, la misma medida fue levantada posteriormente por cuanto en el proceso de ejecuci\u00f3n concursal en que ella se decret\u00f3, es decir dentro de la quiebra de V\u00edctor Julio Castillo Le\u00f3n, no era parte el entonces enajenante JAIME QUINTERO BARBIER, lo que equivale a reconocer que dicha orden judicial de embargo no se extendi\u00f3 con arreglo a la ley, que la respectiva providencia cautelar se produjo \u201cen forma equivocada\u201d, y por ello no es posible concluir que el vendedor reci\u00e9n mentado, al realizar aqu\u00e9l acto de disposici\u00f3n patrimonial, le asistiera intenci\u00f3n alguna de obrar con menoscabo de los derechos de terceros acreedores suyos a quienes protegiera el susodicho embargo, situaci\u00f3n que por lo tanto tampoco permite que pueda abrirse paso la pretensi\u00f3n de nulidad incoada pues la transferencia efectuada, aun en el evento de existencia anterior de la traba procesal, en las condiciones se\u00f1aladas no configura objeto de aquellos que el ordenamiento sanciona con ilicitud. Y como f\u00e1cil es comprobarlo, en los tres cargos en estudio se reduce el recurrente a combatir la apreciaci\u00f3n del Tribunal referente a la no vigencia del embargo para el momento de celebrarse la venta cuya invalidez se afirma, o sea que por conducto de ninguno de ellos se ocupa siquiera de conjeturar el desacierto en que habr\u00eda podido incurrir el segundo de los argumentos que soportan la decisi\u00f3n, resultante este \u00faltimo, seg\u00fan se deja visto, de la ineficacia del embargo de marras que por solicitud de la misma persona hoy aqu\u00ed demandante declar\u00f3 el Juzgado 15 civil del circuito de Bogot\u00e1 en auto de fecha veinte (20) de mayo de 1977 (cfr, fls. 163 y 164 del Cuad. 1), ineficacia de la cual, en m\u00e9rito de lo explicado a espacio en la primera parte de estas consideraciones, emerge de bulto la falta de justificaci\u00f3n en derecho de la acci\u00f3n de nulidad desestimada en el fallo impugnado. <\/p>\n
4. Finalmente, si por ministerio de los principios reguladores del recurso de casaci\u00f3n, recapitulados en el aparte precedente, el defecto advertido es motivo suficiente para rechazar los tres cargos debido a la falta de operancia intr\u00ednseca de la que todos se duelen, piensa sin embargo esta corporaci\u00f3n que no sobra hacer algunas observaciones adicionales acerca de los cargos segundo y tercero, tom\u00e1ndolos ahora en la perspectiva individual que cada uno muestra. <\/p>\n
A) La nulidad absoluta que se produce cuando un negocio adolece de ilicitud en su objeto, al ser declarada judicialmente, descarta toda eficacia del acto afectado. As\u00ed, si los agentes interesados han iniciado la ejecuci\u00f3n del contrato, deber\u00e1n restituirse las cosas entregadas hasta dejar la situaci\u00f3n en el mismo estado que ten\u00eda al momento de celebrarse el acto, salvedad hecha desde luego de lo dispuesto por el Art. 1525 del C. Civil. A su turno, las prestaciones aun no cumplidas se extinguen, lo que implica que no podr\u00e1n reclamarse, como en este sentido reza el art\u00edculo 1625 ib\u00eddem. <\/p>\n
Bastar\u00eda ese simple enunciado para observar entonces como la parte actora incluy\u00f3 en su demanda pretensiones notoriamente contradictorias, al intentar la nulidad del contrato y exigir simult\u00e1neamente, d\u00e1ndolo por v\u00e1lido, el cumplimiento por equivalente econ\u00f3mico de la obligaci\u00f3n de pago del precio derivada del mismo, s\u00faplicas que en frente de la ponderada valoraci\u00f3n interpretativa que el juez debe hacer del libelo, le lleva inexorablemente a excluir la prestaci\u00f3n ajena a la acci\u00f3n principal incoada, sin lugar a duda alguna en este caso la petici\u00f3n de pago del saldo pendiente del precio de venta del inmueble. Y aunque el problema habr\u00eda podido solucionarse desde un principio no d\u00e1ndole tr\u00e1mite a la demanda en los t\u00e9rminos en que fue presentada por desconocerse lo dispuesto en el art\u00edculo 82 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, fue sin embargo acertada la decisi\u00f3n del ad-quem al hacer de lado la pretensi\u00f3n en que se funda la censura. <\/p>\n
En consecuencia, por lo que a este punto espec\u00edfico ata\u00f1e, la sentencia del Tribunal merece ser rectificada en el sentido de que no es exacto afirmar categ\u00f3ricamente que en la demanda \u201cno se invoc\u00f3 ninguna pretensi\u00f3n que exija como requisito tal hecho como por ejemplo la resoluci\u00f3n\u201d, por cuanto, por el contrario, en el escrito introductorio s\u00ed se pretendi\u00f3 la satisfacci\u00f3n del cr\u00e9dito en cuesti\u00f3n; cosa distinta es que no se hubiese intentado en debida forma, pero a pesar de dicho error, como ya se expres\u00f3, lo cierto es que esta \u00faltima pretensi\u00f3n es por naturaleza extra\u00f1a a la nulidad reclamada y por tanto es imposible que pudiera ser acogida. <\/p>\n
Y en cuanto el recurrente estima que el Tribunal no apreci\u00f3 el registro de la demanda de V\u00edctor Castillo contra JAIME QUINTERO BARBIER y la venta del inmueble realizada el 31 de agosto de 1988, preciso es tener presente que la acci\u00f3n objeto del proceso de origen persigue la nulidad del negocio de cuyas condiciones da raz\u00f3n la escritura No. 870 de 14 de marzo de 1975, otorgada en la Notar\u00eda 14 de esta ciudad, de donde se sigue que esas actuaciones posteriores carecen por completo de influencia sobre la decisi\u00f3n que sobre la nulidad del citado contrato de venta pueda llegar a adoptarse. <\/p>\n
B) De apreciarse la censura con base en el supuesto error probatorio de derecho que en s\u00edntesis parece servirle de prioritario apoyo al cargo tercero, la Corte tendr\u00eda que concluir que los pormenores f\u00e1cticos narrados por el censor discrepan notablemente de la secuencia que, respecto de los mismos hechos, pone de manifiesto la prueba documental allegada al proceso, lo que impide consecuentemente avanzar en un tema que desde el punto de vista doctrinario ha tenido valioso desarrollo. <\/p>\n
En efecto, frente a la nulidad absoluta de la enajenaci\u00f3n reca\u00edda en un bien embargado, la jurisprudencia ha defendido tesis contrarias que tocan con las diversas etapas del proceso que dicha enajenaci\u00f3n requiere, etapas como se sabe referidas al t\u00edtulo y el modo, para tratar de explicar cu\u00e1l es el acto jur\u00eddico afectado por la nulidad establecida en el art. 1521 del C. C., esto es, qu\u00e9 debe entenderse por enajenaci\u00f3n, s\u00ed la sola expedici\u00f3n del acto notarial con el cual se entiende perfeccionada la venta, a la luz del art\u00edculo 1857 del C\u00f3digo Civil, o tambi\u00e9n el registro de la respectiva escritura p\u00fablica que permite la mutaci\u00f3n del dominio, aspecto de trascendental importancia por cuanto frente a una u otra posici\u00f3n, se declara la nulidad del contrato, entendido \u00e9ste como el t\u00edtulo respectivo o, por el contrario, se invalida tan s\u00f3lo el registro correspondiente (Cas. Civ. 13 mayo 1968, 7 mayo 1969, 7 noviembre 1975, 14 diciembre 1976, entre otras). <\/p>\n
No hay lugar, sin embargo, a profundizar en el tan controvertido tema por cuanto, por fuera de las falencias t\u00e9cnicas de que adolece el cargo tercero, la realidad probatoria indica que para cuando se celebr\u00f3 el contrato, mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura p\u00fablica, el bien inmueble objeto de la compraventa no se encontraba embargado, y que para cuando se registr\u00f3 el t\u00edtulo, el bien ya se encontraba libre de la traba, lo que deja por fuera, entonces, cualquier posibilidad tendiente a discutir la legalidad de las conclusiones del Tribunal en relaci\u00f3n con este particular. <\/p>\n
Y en cuanto a los argumentos del recurrente relacionados con la efectividad del embargo ordenado por el juez, es preciso anotar que a la luz de lo establecido en los art\u00edculos 23 y 30 del Decreto 1250 de l970, el proceso de registro se integra por actos independientes entre si, a saber, la radicaci\u00f3n, la calificaci\u00f3n, la inscripci\u00f3n y la constancia de haberse ejecutado \u00e9sta, y que s\u00f3lo cuando se han hecho las anotaciones en el libro radicador indicando el folio y la fecha en que fue registrado el instrumento, \u00abse considera realizado para todos los efectos legales el registro de instrumentos\u201d. Por tanto, la inscripci\u00f3n de un embargo no se perfecciona frente a todos, partes y terceros, con la sola expedici\u00f3n de la respectiva orden judicial, ni se entiende consumado desde la fecha en que se recibe la orden en la oficina de registro respectivo, -como lo pretende hacer creer el censor-, sino que dicho acto se tiene por surtido desde el momento en que se anota el folio y la forma del registro en el respectivo libro radicador, lo que incide en que sea el 20 de marzo de 1975 la fecha que, para este caso, deba ser tenida en cuenta y que, en consecuencia, el 10 de marzo de ese a\u00f1o no tenga la relevancia que pretende atribuirle el recurrente. <\/p>\n
Por las consideraciones expuestas los cargos primero, segundo y tercero tampoco prosperan. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha 17 de Junio de l993, mediante la cual se le puso fin en segunda instancia al proceso de la referencia, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Las costas causadas son de cargo del recurrente. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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