S-027-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
Referencia: Expediente No. C-4694 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 26 de mayo de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil, en el proceso ordinario incoado por el se\u00f1or ALVARO RODRIGUEZ DIAZ frente a ALVARO AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Mediante demanda cuyo conocimiento correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 (fols. 7-10, C-1), el demandante ALVARO RODRIGUEZ DIAZ solicita se declare que los actos por los cuales el demandado ALVARO AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA, su hijo, adquiri\u00f3 los veh\u00edculos identificados en la causa petendi, \u201cconsituyen DONACION ENTRE VIVOS (sic.)\u201d, donde aqu\u00e9l y \u00e9ste actuaron respectivamente como donante y donatario. <\/p>\n
Consecuentemente impetra la nulidad absoluta de la donaci\u00f3n declarada \u201cen lo que excediere de dos mil pesos, por falta de insinuaci\u00f3n judicial\u201d, as\u00ed como la nulidad e inoponibilidad de las inscripciones efectuadas en las oficinas de tr\u00e1nsito, de las cuales tambi\u00e9n se pidi\u00f3 la cancelaci\u00f3n, condenando adem\u00e1s al demandado a restituir los automotores terrestres y a pagar los frutos naturales y civiles en los t\u00e9rminos de ley. <\/p>\n
2.- Las pretensiones anteriores se fincaron en los hechos que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
2.1.- El 3 de julio de 1985 y en 1987, no se\u00f1ala d\u00eda, el demandante adquiri\u00f3 de los se\u00f1ores ALVARO DE JESUS LONDO\u00d1O y LUIS CARLOS MARIN MORALES, los automotores de placa AR-2202, Mercedes Benz, y JO-2003, Renault 9, respectivamente, cancelando a los vendedores de su \u201cexclusivo\u201d y \u201cpropio peculio\u201d, la suma de $5.250.000.oo, por el primero, y $2.500.000.oo, por el segundo. <\/p>\n
Los enajenantes no figuraban como poseedores inscritos de los bienes, raz\u00f3n por la cual los traspasos se realizaron por quienes ten\u00edan esa calidad. El del Mercedes Benz se entreg\u00f3 en blanco y los espacios fueron llenados con el nombre del demandado en se\u00f1al de lo cual autentic\u00f3 su firma. El del otro veh\u00edculo se elabor\u00f3 por orden del demandante a nombre de su hijo quien lo acept\u00f3 y suscribi\u00f3 como adquirente. Ambos documentos se registraron oportunamente y los automotores terrestres fueron entregados materialmente al demandado. <\/p>\n
2.2.- Cuando ALVARO AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA recibi\u00f3 y acept\u00f3 la tradici\u00f3n de los veh\u00edculos, ten\u00eda 18 y 20 a\u00f1os de edad, \u201cera estudiante sin capacidad econ\u00f3mica, dependiente de su padre quien le costeaba sus estudios y en consecuencia imposibilitado para erogar las sumas en que fueron adquiridos\u201d. <\/p>\n
El demandado tambi\u00e9n recibi\u00f3 de su padre, el demandante, a t\u00edtulo gratuito el automotor de placa AS-5188, cuyo dominio fue restituido a petici\u00f3n suya, conforme a documento de traspaso de 16 de junio de 1990 que en copia aut\u00e9ntica se acompa\u00f1a, \u201cdeterminaci\u00f3n que se neg\u00f3 a hacer para los otros dos automotores\u201d. <\/p>\n
2.3.- El acto mediante el cual el padre transfiri\u00f3 a su hijo \u201cen forma gratuita la tradici\u00f3n y dominio de los automotores\u201d, y la aceptaci\u00f3n por \u00e9ste, no s\u00f3lo al suscribir los documentos de traspaso, sino al recibirlos materialmente, constituye una donaci\u00f3n entre vivos, porque no obstante haberse efectuado la transferencia por los propietarios inscritos, la misma \u201cse realiz\u00f3 por orden de quien los adquiri\u00f3 y pag\u00f3\u201d. <\/p>\n
La donaci\u00f3n efectuada en esa forma \u201cs\u00f3lo es v\u00e1lida hasta el valor de dos mil pesos y ABSOLUTAMENTE NULA en el exceso\u201d, al no haber sido autorizada o insinuada ante juez competente. <\/p>\n
4.- La primera instancia culmin\u00f3 con sentencia de 5 de mayo de 1992 (fols. 82-90, C-1), accediendo a todas las pretensiones propuestas, y apelada como fue, el Tribunal mediante la suya de 26 de mayo de 1993 (fols. 67-75, C-4), la revoc\u00f3 en todas sus partes, para, en su lugar, desestimar las peticiones de la demanda. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
1.- Luego de referirse a los antecedentes del litigio y constatar la validez formal del proceso, el Tribunal se\u00f1al\u00f3 como presupuestos materiales para el \u00e9xito de la pretensi\u00f3n relacionada con la declaraci\u00f3n de existencia de una donaci\u00f3n entre vivos, la necesidad de acreditar fehacientemente que mediante un acto jur\u00eddico el demandante transfiri\u00f3 gratuita e irrevocablemente al demandado parte de sus bienes y que \u00e9ste acept\u00f3 la donaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- En la tarea de examinar si en el caso concreto esos requisitos sustanciales se estructuraban, el ad-quem concluy\u00f3, una vez evoc\u00f3 el material probatorio recaudado, que el demandante no demostr\u00f3 plenamente el primer presupuesto. <\/p>\n
2.1.- En efecto, la prueba documental allegada no acredita que el actor ALVARO RODRIGUEZ DIAZ transfiri\u00f3 a su hijo ALVARO AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA, en forma \u201cgratuita e irrevocable\u201d, los automotores mencionados. Los certificados de tradici\u00f3n de los folios 3 y 4, C-1, demuestran \u00fanicamente que esos veh\u00edculos aparecen a nombre del demandado. El contrato de compraventa (fol. 4A, ib.), s\u00f3lo prueba que el demandante adquiri\u00f3 del se\u00f1or ALVARO DE JESUS LONDO\u00d1O SALAZAR, el Mercedes Benz, nada m\u00e1s, as\u00ed aqu\u00e9l haya autorizado el traspaso a su hijo (fol. 33, ib.). La fotocopia de la solicitud de traspaso que hace el demandado a su padre, el actor, de la camioneta de placa AS5188 (fol. 6, ib), es impertinente porque se trata de un automotor diferente a los objeto de litigio. El contrato de permuta visto a folio 34 a 36 del mismo cuaderno, demuestra \u00fanicamente la forma como el vendedor del Mercedes Benz pret\u00e9ritamente lo adquiri\u00f3. <\/p>\n
2.2.- Lo manifestado por los testigos OSCAR MARIN (fols. 88-90, C-2) y MANUEL VICENTE PERILLA MARTINEZ (fols. 85-88, ib.) en cuanto el demandado \u201cs\u00f3lo se dedicaba a estudiar\u201d, qued\u00f3 desvirtuado con las declaraciones de renta y patrimonio (fols. 10-20, 29 y 30, C-4), pues de dichos documentos se desprende que RODRIGUEZ MONTOYA pose\u00eda rentas y patrimonio desde 1983. Adem\u00e1s, lo vertido por el \u00faltimo declarante respecto a que el demandante le coment\u00f3 sobre la compra de uno de los automotores y su intenci\u00f3n de ponerlo a nombre de su esposa o hijo, no tiene valor probatorio porque se funda en el dicho de una de las partes, y si eventualmente se aceptara \u201cnada le consta sobre si el traspaso fue gratuito u oneroso\u201d. <\/p>\n
Igualmente, al testigo LUIS CARLOS MARIN MORALES (fols. 61-62, C-2) no le consta si el traspaso del Renault 9 \u201cse realiz\u00f3, si fue gratuito o no\u201d, adem\u00e1s su dicho pierde todo valor probatorio al resultar contradictorio con lo manifestado por el declarante DURLEY CEBALLOS MARIN (fols. 62-64, ib.), pues mientras uno afirma que ese documento fue entregado en blanco, el otro sostiene haber recibido la orden para hacerlo a nombre de \u201cdon Alvaro\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, pese a que el deponente ANTONIO RODRIGUEZ (fols. 150-151, C-2) manifiesta que negoci\u00f3 la camioneta Chevrolet Luv con el demandante y que el traspaso se hizo a nombre del demandado, no explica el porqu\u00e9 de esa circunstancia, ni da versi\u00f3n alguna del traspaso de los automotores objeto del proceso. As\u00ed mismo, la se\u00f1ora MARTHA LUCIA PLAZAS (fols. 151-152, ib.) afirma que su jefe ALVARO DE JESUS LONDO\u00d1O SALAZAR le vendi\u00f3 un automotor al actor, pero \u201cno recuerda bien\u201d, tampoco \u201cda versi\u00f3n alguna respecto al traspaso\u201d. De otro lado, si bien el citado se\u00f1or, vendedor del Mercedes Benz, indica que el precio lo cancel\u00f3 el demandante y el traspaso se hizo a nombre de su hijo, de todos modos \u201cdesconoce el origen de esos dineros\u201d y \u201cno aclara si el traspaso\u2026se hizo en forma gratuita u onerosa\u201d (fols. 165-166, C-2). <\/p>\n
3.- En el texto de la sentencia se hace referencia a otras pruebas documentales, como el oficio visto a folio 5, C-2, mediante el cual se informa que algunos cheques fueron girados contra la cuenta corriente del actor, as\u00ed como los comprobantes donde se da cuenta que el demandado \u201ccancel\u00f3 la p\u00f3liza de seguro de da\u00f1os\u201d del Renault 9 (fol. 9, ib.), pero el Tribunal no vierte consideraci\u00f3n alguna acerca de si las rechaza o acepta como pruebas. <\/p>\n
4.- El sentenciador de segundo grado concluy\u00f3, entonces, que como no se acredit\u00f3 el presupuesto material atinente a la transferencia gratuita e irrevocable de los automotores, \u201cla acci\u00f3n\u2026est\u00e1 destinada al fracaso\u201d, raz\u00f3n por la cual revoc\u00f3 la sentencia del a-quo y neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Tres cargos por la causal primera de casaci\u00f3n esgrime el recurrente contra la sentencia compendiada, todos dentro de la \u00f3rbita de la causal primera del art\u00edculo 368 del C. de P. C., los cuales se despacharan en el orden en que fueron propuestos. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1.- En este cargo se denuncia la \u201cVIOLACION DIRECTA\u201d de los art\u00edculos 6o., 1443, 1458, 1450, 1454, 1494, 1495, 1497, 1500, 1524, 1602, 1618 a 1624, 1740, 1741, 1746 y 2317 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como el 2o. de la ley 50 de 1936. <\/p>\n
2.- En el desenvolvimiento del cargo, el censor empieza por se\u00f1alar que la conclusi\u00f3n del Tribunal en cuanto la parte demandante \u201cno acredit\u00f3 plenamente\u201d haber transferido gratuita e irrevocablemente al demandado los automotores citados, es equivocada, pues el \u00fanico planteamiento a formular v\u00e1lidamente \u201cfrente a todas las circunstancias f\u00e1cticas\u201d del proceso, es uno opuesto al contenido en el fallo recurrido, a saber: que el demandado si aparece en las oficinas correspondientes como titular de esos veh\u00edculos; que el actor fue quien los compr\u00f3, pag\u00f3 y orden\u00f3 se inscribieran a nombre de su hijo; y que el demandado \u201cacept\u00f3 y diligenci\u00f3\u2026tales traspasos y entr\u00f3 m\u00e1s tarde en posesi\u00f3n de los automotores\u201d. <\/p>\n
Lo anterior contrasta, agrega, con el \u00fanico argumento defensivo esgrimido por la parte demandada, como fue haber celebrado un contrato de comisi\u00f3n con el demandante para tales prop\u00f3sitos, pero de ese hecho no aparece \u201cni el m\u00e1s leve indicio\u201d, ni hizo cosa alguna para demostrarlo. Es m\u00e1s, no afirma categ\u00f3ricamente que \u201c\u00e9l hubiera reembolsado a su \u2018comisionado\u2019, a su padre, los dineros que \u00e9l entreg\u00f3 a los vendedores de los autom\u00f3viles. Tampoco demuestra tal devoluci\u00f3n de los fondos ni la manera como se habr\u00eda hecho\u201d. Adem\u00e1s, las declaraciones de renta \u201cno demuestran capacidad econ\u00f3mica\u201d del supuesto comprador de los autom\u00f3viles, aparte de no haber sido denunciados en ninguna de ellas. <\/p>\n
3.- En ese orden, prosigue el recurrente, el sistema empleado por el Tribunal en el examen de las cosas \u201cdesconoce esas evidencias\u201d, mas bien, por el contrario, \u201cparece admitir el supuesto contrato de comisi\u00f3n y el pago del precio de los veh\u00edculos por parte del demandado, desde el momento en que deduce de sus declaraciones de renta una supuesta capacidad econ\u00f3mica que no existe\u201d. El \u00fanico fundamento v\u00e1lido de la sentencia del Tribunal, agrega, habr\u00eda resultado de haberse demostrado en forma clara esas circunstancias, pero nada de ello fue acreditado, simplemente \u201cson meras afirmaciones\u201d, \u201cni siquiera enf\u00e1ticas\u201d, del demandado, cuando era carga suya acreditar no s\u00f3lo el t\u00edtulo de adquisici\u00f3n, sino tambi\u00e9n la raz\u00f3n por la cual ingresaron a su patrimonio, pues ni el contrato de comisi\u00f3n ni el pago del precio de los bienes, con sus propios recursos, se presume. <\/p>\n
Los elementos probatorios existentes en el proceso, se\u00f1ala el censor, conducen a \u201cla \u00fanica conclusi\u00f3n posible y l\u00f3gica\u201d, cual es que la tradici\u00f3n de los automotores la recibi\u00f3 el demandado \u201ca titulo gratuito, en virtud de los actos de liberalidad de su padre\u201d, quien \u201clos cancel\u00f3 con dinero suyo\u201d. Estas \u201cevidencias procesales\u201d tambi\u00e9n permiten dar por \u201cdemostradas\u201d las donaciones que hizo el padre a su hijo, mediante la presunci\u00f3n legal consagrada en el art\u00edculo 2317 del C. C., pues aqu\u00e9l, siendo persona plenamente capaz, compr\u00f3 y pag\u00f3 los autom\u00f3viles, disponiendo adem\u00e1s su traspaso a \u00e9ste, evento en el cual la donaci\u00f3n se presume, tal como lo sostiene la doctrina for\u00e1nea y nacional que cita a prop\u00f3sito, presunci\u00f3n entre otras cosas no \u201cdesvirtuada por el demandado\u201d, aun cuando aparece evidente que \u201ctrat\u00f3 de desvirtuarla con afirmaciones, mas no con pruebas\u201d (el subrayado es del texto). <\/p>\n
4.- As\u00ed las cosas, concluye el impugnante, al no decretarse la nulidad, el Tribunal vulner\u00f3 las disposiciones sustanciales citadas en el cargo, \u201cal desconocerles su alcance, sus efectos, por cuanto la omisi\u00f3n del requisito de la insinuaci\u00f3n, cuando la donaci\u00f3n excediera de dos mil pesos (\u2026), acarrea nulidad absoluta y el retorno de las cosas al estado anterior\u201d, nulidad que inclusive debe declararse de oficio por aparecer de manifiesto en los actos de donaci\u00f3n. <\/p>\n
De otra parte, esas mismas disposiciones resultaron infringidas por el ad-quem al pretender exigir elementos que no se encuentran consagrados en la ley para la existencia de \u201cuna donaci\u00f3n de cosas muebles\u201d (el subrayado es del texto), como es la transferencia irrevocable, adem\u00e1s de gratuita, de los automotores al demandado, lo mismo que \u201calguna prueba especifica para acreditar la donaci\u00f3n, pues el importante acervo que obra en autos no le indica nada\u201d. En efecto, sobre lo primero, la donaci\u00f3n entre vivos siempre es irrevocable (art. 1443 del C. C.), y respecto de lo segundo, al ser un contrato consensual, la prueba es simplificada, caso en el cual \u201cla tradici\u00f3n concluye perfectamente el contrato\u201d, vale decir, \u201cconstituye suficiente demostraci\u00f3n de \u00e9l y lleva impl\u00edcita la aceptaci\u00f3n del donatario, al recibir la tradici\u00f3n y entrar en posesi\u00f3n de la cosa\u201d, como acontece en el caso concreto, pues el demandante \u201cnegoci\u00f3, compr\u00f3 y pag\u00f3 los veh\u00edculos y simult\u00e1neamente dispuso el traspaso de los mismos a nombre del demandado (\u2026) mediante la inscripci\u00f3n en el registro correspondiente\u201d, quien acept\u00f3 lo anterior y solicit\u00f3, \u00e9l mismo, a las oficinas de tr\u00e1nsito la inscripci\u00f3n a su nombre. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La Corte ha sostenido en forma reiterada e invariable que el ataque por la v\u00eda directa implica para el recurrente la plena aceptaci\u00f3n de las conclusiones a las que arrib\u00f3 el Tribunal en el campo de los hechos, pues en tal evento el censor debe centrar el ataque exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o err\u00f3neamente interpretados, prescindiendo de cualquier consideraci\u00f3n que signifique discrepancia con las apreciaciones f\u00e1cticas y probatorias del fallador, \u201cporque precisamente en ese t\u00f3pico deben coincidir sentenciador y recurrente; o, lo que es lo mismo, el recurrente no puede separarse de las conclusiones que deriv\u00f3 el Tribunal del examen de los hechos\u201d1. <\/p>\n
2.- Como se desprende de la sustentaci\u00f3n del cargo, la censura discrepa del an\u00e1lisis que sobre el m\u00e9rito de las pruebas se hizo en la sentencia combatida, para hacer el suyo propio. En efecto, para el Tribunal el demandante \u201cno acredit\u00f3 plenamente\u201d haber transferido gratuita e irrevocablemente al demandado los automotores citados, mientras para el casacionista esa apreciaci\u00f3n es equivocada, pues \u201clos elementos operantes en el proceso\u201d, demuestran lo contrario, esto es, que el demandado si aparece en las oficinas correspondientes como titular de esos veh\u00edculos; que el actor fue quien los compr\u00f3, pag\u00f3 y orden\u00f3 se inscribieran a nombre de su hijo; y que el demandado acept\u00f3 y diligenci\u00f3 los traspasos y entr\u00f3 m\u00e1s tarde en posesi\u00f3n de los automotores, de donde se desprende, como \u201c\u00fanica conclusi\u00f3n posible y l\u00f3gica\u201d, que evidentemente el demandante transfiri\u00f3 esos veh\u00edculos a su hijo, el demandado, en forma gratuita, esto es, sin contraprestaci\u00f3n alguna, al paso que \u00e9ste no desvirtu\u00f3, como era de su cargo, esos hechos \u201cevidentes\u201d, \u201costensibles\u201d, mediante la demostraci\u00f3n del supuesto contrato de comisi\u00f3n y el pago del precio de esos bienes, con recursos propios, lo cual \u201cparece admitir\u201d el Tribunal. <\/p>\n
3.- Lo anterior claramente pone de presente que el censor para denunciar infracci\u00f3n de la ley sustancial por la v\u00eda directa, se aparta de las conclusiones probatorias a las que arrib\u00f3 el Tribunal, incursionando en un campo reservado para la otra forma como igualmente puede llegarse a infringir, esto es, la indirecta, lo cual acaece cuando esa violaci\u00f3n es la resultante de yerros de facto o de derecho cometidos por el sentenciador en la apreciaci\u00f3n de las pruebas allegadas al proceso para acreditar los supuestos de hecho en que se hace descansar el derecho reclamado. <\/p>\n
4.- Esa impropiedad en la estructuraci\u00f3n y postulaci\u00f3n del cargo, impide la prosperidad del ataque. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1.- En \u00e9l acusa la sentencia del Tribunal de haber violado indirectamente los art\u00edculos 6o., 1443, 1458, 1450, 1454, 1494, 1495, 1497, 1524, 1550, 1602, 1618 a 1624, 1740, 1741, 1746 y 2317 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como el 2o. de la ley 50 de 1936. <\/p>\n
2.- En desarrollo del cargo, el recurrente manifiesta que el Tribunal quebrant\u00f3 las anteriores disposiciones sustanciales al haber incurrido en errores \u201cf\u00e1cticos en la estimativa probatoria\u201d, los cuales concretiza de la siguiente manera: <\/p>\n
2.1.- No dedujo de los contratos de compraventa y permuta, el primero ajustado entre ALVARO RODRIGUEZ DIAZ y ALVARO DE JESUS LONDO\u00d1O (fol. 4A, C-1), y el segundo entre \u00e9ste y la se\u00f1ora MARY CHAUSTRE (fols. 34 a 36, ib.), que el demandante no s\u00f3lo fue quien compr\u00f3 el Mercedes Benz a su antiguo propietario, sino que pag\u00f3 su precio, recibiendo el traspaso en blanco para posteriormente autorizar se hiciera a nombre del demandado ALVARO AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA (fol. 33, C-1), su hijo, con lo cual se acredita que sin pagar contraprestaci\u00f3n alguna, recibi\u00f3 la tradici\u00f3n del automotor (fols. 4, C-1, 95, 96, 103 y 106, C-2), igual a como aconteci\u00f3 con el Renault 9 de placa JO 2003 (fols. 3, C-1, y 56, C-2). <\/p>\n
Igualmente, desestim\u00f3 el testimonio de LUIS CARLOS MARIN MORALES (fols. 61-62, C-2) y DURLEY CEBALLOS MARIN (fols. 62-64, ib.), anterior propietario del Renault 9, porque al primero no le consta si el traspaso de ese automotor se realiz\u00f3 y si fue gratuito o no, y el segundo por resultar contradictorio con el primero, lo cual hace que la versi\u00f3n de aqu\u00e9l pierda todo valor probatorio, cuando lo objetivamente v\u00e1lido de esos testimonios es que evidentemente ALVARO RODRIGUEZ DIAZ fue quien compr\u00f3 dicho veh\u00edculo, pag\u00f3 su precio a MARIN MORALES y exigi\u00f3 que el traspaso se hiciera en blanco para hacerlo luego a nombre de un hijo o hija (fols. 49-50, ib.). <\/p>\n
Lo mismo aconteci\u00f3 con lo vertido por ANTONIO RODRIGUEZ (fols. 150-151, C-2), con quien el demandante ALVARO RODRIGUEZ DIAZ llev\u00f3 a cabo un negocio similar a los cumplidos con los autom\u00f3viles sub-judice, concretamente con una camioneta Chevrolet Luv, en cuanto \u00e9ste le pag\u00f3 el carro y pidi\u00f3 que el traspaso se hiciera a nombre del hijo, indicio que no vio el Tribunal, limit\u00e1ndose a desechar el testimonio simplemente por no dar explicaci\u00f3n del porqu\u00e9 de esa circunstancia y por cuanto no se refiri\u00f3 al traspaso de los veh\u00edculos del proceso. <\/p>\n
Fuera de lo anterior, no tuvo en cuenta los documentos corroborantes del dicho de los testigos, esto es, que el demandante es titular en Ibagu\u00e9 de dos cuentas corrientes, una en el Banco Cafetero y otra en el Banco de Cr\u00e9dito y Comercio de Colombia, contra las cuales se giraron cheques para pagar el precio de los automotores. En efecto, contra la primera se libr\u00f3 el No. 2334265 por $1.000.000 (fols. 76-83, C-2), para cubrir las arras del Mercedes Benz, tal como consta en el contrato de compraventa (fol. 4A, C-1), y contra la segunda se giraron cuatro, dos a favor de LUIS CARLOS MARIN MORALES (fols. 3, 4 y 5, ib.), mencionados en su declaraci\u00f3n, intermediario de la venta del Renault 9, y los otros a favor de ANTONIO RODRIGUEZ (fols. 1 y 2, ib.), vendedor de la camioneta Chevrolet Luv. <\/p>\n
2.3.- El Tribunal tuvo en cuenta las declaraciones de renta con el fin hacer ver que el demandado pose\u00eda patrimonio desde 1983, pero de su contenido objetivo no se desprende que haya tenido capacidad econ\u00f3mica como para haber adquirido dichos automotores, primero porque en ninguna de ellas los denuncia y segundo porque su patrimonio en 1983 era de $1.763.319 (fol. 10-13, C-4), en 1985 de $1.797.000 (fols. 14, 29-30, ib.), en 1986 de $5.000.000 (fols. 16-18, 54-57, ib.), en 1987 de $5.136.000 (fols. 19 y 61, ib.), y en 1988 de $7.636.000 (fol. 20, ib.). <\/p>\n
<\/p>\n
Esa conclusi\u00f3n equ\u00edvoca, agrega el impugnante, condujo el a-dquem a desestimar el testimonio de OSCAR MARIN y MANUEL VICENTE PERILLA, por cuanto manifestaron que el demandado s\u00f3lo se dedicaba a estudiar y porque lo adicionado por el segundo sobre la compra de uno de los automotores y la intenci\u00f3n del demandante de ponerlo a nombre de su esposa o hijo, se basaba en el dicho de una de las partes. En efecto, el primero, celador de la casa, adem\u00e1s de confirmar que el otro declarante era vecino de ALVARO RODRIGUEZ DIAZ, manifest\u00f3 conocer el Mercedes Benz cuando lleg\u00f3 all\u00ed, vio que lo manejaba \u201cdo\u00f1a Marleny y don Alvaro viejo\u201d, mientras que el Renault 9 \u00fanicamente lo manejaba el demandante, hasta cuando en determinado momento la esposa y los hijos de RODRIGUEZ DIAZ se fueron de la casa y se llevaron los autom\u00f3viles, que Alvaro hijo se dedicaba a estudiar y no se dio cuenta que trabajara. <\/p>\n
El segundo de los declarantes adem\u00e1s de conocer directamente, en Bogot\u00e1, los antecedentes que llevaron al demandante a negociar el Mercedes Benz, sabe, por ser su vecino, que lo usaba \u00e9l y su se\u00f1ora hasta que se disolvi\u00f3 el hogar hace aproximadamente \u201cunos dos a\u00f1os y medio\u201d, aseverando respecto del hijo, el demandado: \u201csimplemente era un estudiante m\u00e1s que entraba y sal\u00eda de su casa diariamente hasta cuando termin\u00f3 sus estudios de bachillerato, luego ya su se\u00f1or padre lo envi\u00f3 a Bogot\u00e1 a hacer estudios universitarios\u201d. <\/p>\n
2.4.- Tambi\u00e9n el ad-quem pretermiti\u00f3 en forma absoluta apreciar el interrogatorio del actor quien manifiesta ten\u00eda la posesi\u00f3n de los veh\u00edculos en su condici\u00f3n de jefe del hogar, prest\u00e1ndoselos ocasionalmente a su se\u00f1ora e hijos. <\/p>\n
Igualmente, el testimonio de la se\u00f1ora MARLEN MONTOYA DE RODRIGUEZ, esposa del actor y madre del demandado, quien no recuerda nada sobre los negocios de su hijo y los automotores, ni siquiera de sus bienes inmuebles, aunque confirma que ALVARO AUGUSTO derivaba sus rentas \u201cde la plata que yo le he dado\u201d. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el interrogatorio del demandado quien manifiesta que a partir de 1984 era rentista de capital, se dedicaba a manejar negocios, a la sistematizaci\u00f3n de proyectos de arquitectura y a otras actividades que no recuerda; que aprovechando la habilidad en sus negocios comision\u00f3 a su padre para que adquiriera los automotores, pero olvida la forma como los pag\u00f3; no conoce quien le hizo el traspaso del Mercedes Benz ni el lugar donde su padre se lo entreg\u00f3, tampoco est\u00e1 seguro de la forma como le hicieron el traspaso del Renault 9; finalmente, desconoce el porqu\u00e9 en las declaraciones de renta de 1988 y 1989 no aparecen las ganancias que dice obten\u00eda y no sabe explicar los arrendamientos por mas de $9.000.000 all\u00ed relacionados, aparte de no recordar si en 1985 hizo figurar alg\u00fan veh\u00edculo en el patrimonio denunciado. <\/p>\n
2.5.- De otra parte, err\u00f3 de hecho el Tribunal por no apreciar los indicios dimanantes de las \u201ccircunstancias evidentes que aparecen en el proceso y de las pruebas no apreciadas o equivocadamente apreciadas\u201d, a saber: a) la falta de capacidad econ\u00f3mica del demandado, deducida de las declaraciones de renta, para adquirir los automotores; b) su edad para la \u00e9poca de los negocios, 18 a\u00f1os en julio de 1985, reci\u00e9n cumplidos, y 20 en 1987, cuando se compr\u00f3 el otro carro; c) no recordar la forma como pag\u00f3 los veh\u00edculos, el lugar de entrega de uno de ellos, el Mercedes Benz, y si hizo figurar alguno en la declaraci\u00f3n de renta de 1985; d) haberse efectuado el traspaso de dicho rodante el 26 de diciembre de 1989 (fol. 40, C-1), cuando la autorizaci\u00f3n de RODRIGUEZ DIAZ para el efecto es de 1o. de agosto de 1988 (fol. 33, ib.), de donde dif\u00edcilmente se concibe que el comitente ALVARO AUGUSTO haya tenido que esperar cuatro a\u00f1os para recibir el traspaso de su comisionista RODRIGUEZ DIAZ; e) no haberse denunciado en las declaraciones de renta ninguno de los automotores, como tampoco las actividades laborales que afirma el demandado; f) el parentesco existente entre el actor y el demandado, padre-hijo, tal como se desprende del registro civil de nacimiento (fol. 5, C-1); f) no haber visto la fotocopia del seguro del Mercedes Benz (fols. 106, C-2), de donde se desprende que su tomador no es ALVARO AUGUSTO, sino MARLEN MONTOYA DE RODRIGUEZ, su madre, lo cual contrasta con el del otro veh\u00edculo que si aparece suscrito por el demandado, pero tiempo despu\u00e9s de su adquisici\u00f3n, en abril de 1989 (fol. 18, ib.), documento este que tampoco observ\u00f3 el Tribunal; g) la postura de la citada se\u00f1ora, en cuanto elude todas las preguntas, no sabe nada, no recuerda nada; y, h) lo manifestado por el demandado sobre que a partir de 1984, cuando ten\u00eda 18 a\u00f1os, se dedicaba a negocios varios, era rentista de capital, manejaba proyectos de arquitectura y no obstante eso, afirma que comision\u00f3 a su padre para la adquisici\u00f3n de los autom\u00f3viles. <\/p>\n
2.6.- Adem\u00e1s, el sentenciador de segundo grado cometi\u00f3 error f\u00e1ctico al no percatarse que las \u201csiguientes actuaciones envuelven la aceptaci\u00f3n del traspaso de los veh\u00edculos por parte del demandado\u201d: a) el comprobante de pago de impuestos del Renault 9 y los tr\u00e1mites de revisi\u00f3n del mismo veh\u00edculo ante las autoridades de tr\u00e1nsito (fols. 9-12, C-2); b) la solicitud de traspaso del mismo automotor realizada por el demandado ante la Oficina de Tr\u00e1nsito y Transporte de Armero-Guayabal, as\u00ed como el correspondiente pago de impuestos (fols. 13-22, ib.); c) las consignaciones que hizo el demandado no s\u00f3lo para pagar \u201cimpuestos, revisi\u00f3n, t\u00edtulo de propiedad, impuestos de rodamiento de los a\u00f1os 1986, 1987 y 1988\u201d del citado automotor, sino para obtener el traspaso a su nombre (fols. 23-49, ib.); y, d) la tramitaci\u00f3n llevada a cabo ante el Inspector de Transportes y Tr\u00e1nsito de Armero por DURLEY CEBALLOS MARIN y ALVARO AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA para el traspaso e inscripci\u00f3n del Renault 9 (fols. 50-55, ib.). <\/p>\n
3.- Para sustentar el cargo, el recurrente concluye que los graves errores de hecho singularizados, llevaron al sentenciador de segundo grado a se\u00f1alar que el actor, en su calidad de donante, no acredit\u00f3 plenamente la transferencia gratuita e irrevocable de los automotores citados, ni que el demandado haya aceptado la donaci\u00f3n, cuando de su contenido objetivo se evidencia la existencia de las donaciones. En efecto, \u201cALVARO RODRIGUEZ DIAZ negoci\u00f3, compr\u00f3 y pag\u00f3 los automotores y simult\u00e1neamente solicit\u00f3 y gestion\u00f3 el traspaso e inscripci\u00f3n\u201d a nombre de ALVARO AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA, quien a pesar de haber alegado que comision\u00f3 con ese prop\u00f3sito a su padre \u201cdebido a su habilidad para los negocios, no demostr\u00f3 ni el contrato de comisi\u00f3n ni el suministro del dinero\u201d, de donde se infiere que la \u00fanica explicaci\u00f3n a la transferencia \u201ces la donaci\u00f3n (\u2026), sin contraprestaci\u00f3n, pero tambi\u00e9n sin insinuaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como se desprende del anterior compendio, el se\u00f1or ALVARO RODRIGUEZ DIAZ pretende se declare que los actos por medio de los cuales su hijo ALVARO AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA, el demandado, adquiri\u00f3 los veh\u00edculos materia de controversia, \u201cconsituyen DONACION ENTRE VIVOS (sic.)\u201d, donde aqu\u00e9l y \u00e9ste actuaron respectivamente como donante y donatario. Igualmente, como secuela de esta declaraci\u00f3n, se decrete la nulidad absoluta de esa donaci\u00f3n \u201cen lo que excediere de dos mil pesos, por falta de insinuaci\u00f3n judicial\u201d, y se disponga las dem\u00e1s \u00f3rdenes pretendidas. <\/p>\n
El Tribunal, luego de identificar en esos t\u00e9rminos el objeto jur\u00eddico del proceso, se\u00f1al\u00f3 expresamente que para el buen \u00e9xito de la acci\u00f3n correspond\u00eda al demandante acreditar fehacientemente que mediante una convenci\u00f3n \u00e9ste transfiri\u00f3 gratuita e irrevocablemente al demandado los automotores citados y que el donatario acept\u00f3 la donaci\u00f3n. <\/p>\n
Al examinar el acervo probatorio allegado, el ad-quem encontr\u00f3 ausente el primer requisito, porque el contenido de la prueba documental y testimonial, s\u00f3lo demuestra que el demandante adquiri\u00f3 el Mercedes Benz, que ambos automotores se encuentran a nombre de su hijo, el demandado, y que \u00e9ste ten\u00eda rentas y patrimonio a partir de 1983, pero en modo alguno la transferencia gratuita e irrevocable a su favor de esos veh\u00edculos, directa ni indirectamente. En efecto, de la primera se\u00f1al\u00f3 que de ella no se \u201cinfiere\u201d ni \u201cinforma\u201d esa circunstancia, y de la segunda indic\u00f3 en t\u00e9rminos generales que a los testigos no les consta si el traspaso se hizo, si fue oneroso o gratuito, aparte de resultar unos desvirtuados con las copias de las declaraci\u00f3n de renta y otros contradictorios en relaci\u00f3n con el traspaso del Renault 9. <\/p>\n
2.- Exhaustivamente tiene dicho la doctrina de la Corte que al quebrantamiento de normas de derecho sustancial puede llegarse tambi\u00e9n por la v\u00eda indirecta, esto es, como consecuencia de errores cometidos en el \u00e1mbito de las pruebas producidas en el proceso con la finalidad de acreditar la existencia o inexistencia de las circunstancias f\u00e1cticas alegadas, ya sea por error de hecho o de derecho. <\/p>\n
El error de hecho ocurre cuando el fallador cree equivocadamente en la existencia o inexistencia del medio de prueba en el proceso, o cuando al existente le da una interpretaci\u00f3n ostensiblemente contraria a su contenido objetivo, es decir, cuando desacierta en la contemplaci\u00f3n objetiva de la prueba. De ah\u00ed que su estructuraci\u00f3n s\u00f3lo puede tener como causa determinante una de estas hip\u00f3tesis: a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos y c) cuando se valora la prueba que si existe pero se altera su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento. <\/p>\n
Esta clase de error exige tambi\u00e9n como requisitos que sea manifiesto o contraevidente y trascendente. Lo primero significa que la conclusi\u00f3n sobre la cuesti\u00f3n de hecho a que lleg\u00f3 el juzgador resulte evidentemente contraria a la realidad f\u00e1ctica exteriorizada en la prueba, esto es, que se aprecie de bulto y no despu\u00e9s de un intrincado an\u00e1lisis, o como lo pregona la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, que sea \u201ctan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros t\u00e9rminos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso. No es, por lo tanto, error de hecho aqu\u00e9l a cuya demostraci\u00f3n s\u00f3lo se llega mediante un esforzado razonamiento\u201d2. Lo segundo, que el error debe incidir o determinar la decisi\u00f3n final, descart\u00e1ndose, por tanto, el inane o irrelevante. <\/p>\n
3.- En este orden de ideas, debe examinarse, entonces, si en la sentencia impugnada el ad-quem incurri\u00f3 de manera evidente en los yerros de apreciaci\u00f3n probatoria compendiados en el cargo que se estudia, unos por preterici\u00f3n absoluta de la prueba y otros por tergiversaci\u00f3n de su contenido, llev\u00e1ndolo equivocadamente a concluir, seg\u00fan el censor, que el actor, en su calidad de donante, no acredit\u00f3 plenamente la transferencia gratuita e irrevocable de los automotores citados, ni que el demandado haya aceptado la donaci\u00f3n, cuando de su contenido objetivo se evidencia todo lo contrario, esto es, que el demandante si \u201cnegoci\u00f3, compr\u00f3 y pag\u00f3 los automotores y simult\u00e1neamente solicit\u00f3 y gestion\u00f3 el traspaso e inscripci\u00f3n\u201d a nombre del demandado, sin contraprestaci\u00f3n alguna por parte de \u00e9ste, lo cual se traduce, a no dudarlo, en un acto de donaci\u00f3n entre vivos. <\/p>\n
3.1.- En relaci\u00f3n con las pruebas a que expresamente hizo referencia, el Tribunal se limit\u00f3 a constatar la existencia de unas en el proceso y a tergiversar otras partiendo de esa verificaci\u00f3n material, pero sin tener en cuenta los hechos que objetivamente indican. <\/p>\n
3.1.1.- En el expediente no se pone en entredicho que los automotores se encuentran radicados en la Oficina de Tr\u00e1nsito y Transportes respectiva a nombre del demandado. As\u00ed se acepta en el fallo impugnado, luego como el testimonio de los se\u00f1ores LUIS CARLOS MARIN MORALES (fols. 61-62, C-2) y DURLEY CEBALLOS MARIN (fols. 62-64, ib.), anterior propietario del Renault 9, se desestimaron porque al primero no le consta si el traspaso de ese automotor se realiz\u00f3 y si fue gratuito o no, y el segundo por resultar contradictorio con el de aqu\u00e9l respecto de si ese traspaso fue en blanco o a nombre de \u201cdon Alvaro\u201d, el Tribunal cometi\u00f3 error manifiesto de hecho al apreciar esos testimonios, pues fuera de resultar vano o inocuo lo relativo al traspaso de ese veh\u00edculo, por lo dicho, lo cierto es que sin mayor esfuerzo o an\u00e1lisis deductivo ellos demuestran, tal como lo se\u00f1ala la censura, que ALVARO RODRIGUEZ DIAZ fue quien realmente compr\u00f3 dicho automotor y pag\u00f3 su precio a MARIN MORALES mediante el giro de cheques. <\/p>\n
Concomitante con lo anterior, el Tribunal omiti\u00f3 apreciar el oficio y anexos remitido por el Banco de Cr\u00e9dito y Comercio de Colombia, Sucursal Ibagu\u00e9 (fol. 3,4 y 5, C-2), donde se informa que ALVARO RODRIGUEZ DIAZ era titular para la \u00e9poca de la adquisici\u00f3n del Renault 9, de una cuenta corriente en esa entidad bancaria, contra la cual se libraron los cheques que mencionan los testigos en su declaraci\u00f3n, para pagar el precio de ese automotor. <\/p>\n
3.1.2.- El ad-quem dej\u00f3 por averiguado en su fallo que el contrato de compraventa del Mercedes Benz (fol. 4A, C-1) y las dem\u00e1s pruebas que acreditaban el origen del mismo (fols. 34-36, ib.), s\u00f3lo demostraban que el demandante ALVARO RODRIGUEZ DIAZ fue quien adquiri\u00f3 ese veh\u00edculo. Por tanto, si esta fue una de sus conclusiones, resulta bien claro que igualmente cometi\u00f3 error de hecho manifiesto al desestimar los testimonios de ALVARO DE JESUS LONDO\u00d1O SALAZAR (fols. 165-166, C-2) y de su secretaria MARTHA LUCIA PLAZAS CUJER (fols. 151-152, ib.), por el simple hecho de no recordar bien \u00e9sta la negociaci\u00f3n ni dar versi\u00f3n alguna respecto al traspaso, y por desconocer aqu\u00e9l el origen de los dineros con los cuales el demandante cancel\u00f3 el automotor y no aclarar si el traspaso se hizo en forma gratuita u onerosa, cuando objetivamente confirman que fue RODRIGUEZ DIAZ quien compr\u00f3 el automotor, pag\u00f3 su precio y orden\u00f3, seg\u00fan lo informa el primer deponente, que el traspaso se hiciera a nombre de ALVARO AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA, su hijo. <\/p>\n
3.1.3.- Las declaraciones de renta del demandado (fols. 10-14, 16-20, 29-30, 54-57 y 61, C-4), el Tribunal las tuvo en cuenta para mostrar c\u00f3mo \u00e9ste ten\u00eda patrimonio desde 1983, y para desvirtuar los testimonios de OSCAR MARIN (fols. 88-90, C-2) y MANUEL VICENTE PERILLA MARTINEZ (fols. 85-88, ib.), respecto a que RODRIGUEZ MONTOYA \u201cs\u00f3lo se dedicaba a estudiar\u201d, as\u00ed como para desestimar lo que adicion\u00f3 el \u00faltimo declarante en cuanto el demandante le coment\u00f3 sobre la compra de uno de los automotores y su intenci\u00f3n de ponerlo a nombre de su esposa o hijo, por ser un testimonio de o\u00eddas y porque si eventualmente se aceptara \u201cnada le consta sobre si el traspaso fue gratuito u oneroso\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, la prueba documental no desdice el dicho de los testigos respecto a que no lo vieron trabajar; por el contrario, ella acredita objetivamente circunstancias diversas como que el demandado no denunci\u00f3 ninguno de los automotores y que el patrimonio declarado por los a\u00f1os anteriores a 1988, fue inferior al precio sumado de ambos veh\u00edculos. As\u00ed las cosas, sin mayor esfuerzo se desprende que el Tribunal incurri\u00f3 en evidente error de hecho al tergiversar el contenido de esa prueba documental y al omitir lo que realmente expusieron los testigos por constataci\u00f3n directa y no de o\u00eddas como se afirma. En efecto, OSCAR MARIN, celador de la casa donde resid\u00eda la familia RODRIGUEZ-MONTOYA, manifest\u00f3 conocer el Mercedes Benz cuando lleg\u00f3 all\u00ed, vio que lo manejaba \u201cdo\u00f1a Marleny y don Alvaro viejo\u201d, mientras que el Renault 9 \u00fanicamente lo manejaba el demandante, hasta cuando en determinado momento la c\u00f3nyuge y los hijos de RODRIGUEZ DIAZ se fueron de la casa y se llevaron los autom\u00f3viles, que Alvaro hijo se dedicaba a estudiar y no se dio cuenta que trabajara; mientras que al segundo le consta, por ser vecino de la familia, que el demandante y su se\u00f1ora usaban el Mercedes Benz, hasta que se disolvi\u00f3 el hogar hace aproximadamente \u201cunos dos a\u00f1os y medio\u201d, aseverando respecto del demandado: \u201csimplemente era un estudiante m\u00e1s que entraba y sal\u00eda de su casa diariamente hasta cuando termin\u00f3 sus estudios de bachillerato, luego ya su se\u00f1or padre lo envi\u00f3 a Bogot\u00e1 a hacer estudios universitarios\u201d. <\/p>\n
3.2.- Igualmente, el Tribunal omiti\u00f3 apreciar los interrogatorios del actor (fols. 4-5, C-3) y del demandado (fols. 57-60, C-2), as\u00ed mismo el testimonio de la se\u00f1ora MARLENE MONTOYA DE RODRIGUEZ (fols. 8-12, C-3), madre de \u00e9ste y c\u00f3nyuge de aqu\u00e9l. Si bien del primero no se desprende ninguna consecuencia adversa, los segundos corroboran que RODRIGUEZ MONTOYA por la \u00e9poca de los transacciones, era estudiante de arquitectura, jornada diurna, adem\u00e1s de ser, seg\u00fan ellos, rentista de capital y dedicarse a manejar negocios, a la sistematizaci\u00f3n de proyectos de arquitectura y a otras actividades las cuales no recuerda. Empero, la citada se\u00f1ora asevera que su hijo derivaba las rentas de la plata que ella le daba, mientras que \u00e9ste aparte de indicar que los veh\u00edculos fueron adquiridos para \u00e9l por intermedio de comisionista, su padre, no recuerda la forma como los pag\u00f3, tampoco el lugar de entrega del Mercedes Benz, ni est\u00e1 seguro de la forma como le hicieron el traspaso del Renault 9. <\/p>\n
En efecto, lo dicho pone de manifiesto que en el proceso se encuentra plenamente acreditado: a) el parentesco entre demandante y demandado, padre e hijo; b) la edad del demandado para la \u00e9poca de la adquisici\u00f3n de los veh\u00edculos por parte del actor, 17 a\u00f1os en 1985 y 20 en 1987; c) la actividad que desarrollaba el demandado en esas mismas fechas, estudiante de arquitectura, jornada diurna; y, d) su falta de capacidad econ\u00f3mica para adquirir los automotores. Pese a ello, igualmente se encuentra demostrada la figuraci\u00f3n del demandado en las Oficinas de Tr\u00e1nsito y Transportes como propietario de los veh\u00edculos. <\/p>\n
Contrasta con lo anterior, las siguientes conductas probadas del demandante: a) la compra de los automotores; b) el pago del precio de los mismos, incluso con cheques librados de sus cuentas corrientes; c) su solvencia econ\u00f3mica; d) haber manifestado desde cuando estaba ajustando los negocios que los traspasos iba a hacerlos a su se\u00f1ora, un hijo o una hija; e) exigir los traspasos de los veh\u00edculos en blanco; y, f) ordenar luego el traspaso de los mismos al demandado. Concomitante con ello, tambi\u00e9n aparece demostrado: a) las transacciones se realizaron cuando el demandante conviv\u00eda con su familia (c\u00f3nyuge e hijos); b) la utilizaci\u00f3n de los automotores por \u00e9l y su familia; c) la ruptura de la convivencia familiar; y, d) haberse llevado los hijos, entre ellos el demandado, y su esposa, los veh\u00edculos, precisamente cuando se produjo el rompimiento del hogar. <\/p>\n
5.- No obstante ello, anteriormente se dijo que el error de hecho exige para su estructuraci\u00f3n no s\u00f3lo ser manifiesto u ostensible, sino trascendente, es decir, que guarde relaci\u00f3n de causa a efecto con la decisi\u00f3n judicial impugnada, de forma tal que al declarar la infracci\u00f3n legal tenga un valor y efecto pr\u00e1cticos, porque si a pesar de la err\u00f3nea motivaci\u00f3n de la sentencia combatida sus disposiciones se conforman con lo que el derecho prescribe, ella en manera alguna puede quebrarse. Esto significa, entonces, que el error de hecho como el de derecho en la apreciaci\u00f3n probatoria, no autoriza la casaci\u00f3n de una sentencia, cuando, a pesar de existir el uno o el otro, no lleva al juzgador a resolver el litigio en forma distinta a como fue despachado. <\/p>\n
En el presente caso, el Tribunal soslay\u00f3 cualquier esfuerzo en pro de deducir que los automotores materia del litigio ingresaron al patrimonio del demandado en forma gratuita, al extremo de decir que del examen detenido del \u201ccaudal probatorio allegado a la encuadernaci\u00f3n procesal\u201d se concluye que la parte actora no acredit\u00f3 plenamente haber transferido gratuitamente al demandado, mediante una convenci\u00f3n, los veh\u00edculos materia del litigio, cuando la evidencia existente en el proceso acredita inequ\u00edvocamente cosa distinta, esto es, que el demandado s\u00ed adquiri\u00f3 esos automotores, pero sin pagar por ellos contraprestaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
Empero, esa conclusi\u00f3n probatoria inequ\u00edvoca para afirmar la transferencia gratuita de los automotores por parte del demandante a su hijo, el demandado, es equ\u00edvoca en cuanto, seg\u00fan el censor, la \u00fanica explicaci\u00f3n posible es un contrato de donaci\u00f3n, porque no en todos los casos donde en apariencia existe un t\u00edtulo de adquisici\u00f3n sin contraprestaci\u00f3n alguna por parte del adquirente, necesariamente debe arribarse a la existencia de un contrato de esa estirpe, como ocurre, verbi y gratia, con los actos jur\u00eddicos simulados. <\/p>\n
Ahora, no puede admitirse que la intenci\u00f3n del supuesto donante se manifest\u00f3 por el simple hecho de haber autorizado el traspaso de los automotores a su hijo, ni que \u00e9ste acept\u00f3 la donaci\u00f3n por haber admitido y gestionado esos traspasos (pago de impuestos, etc.), porque esas conductas tambi\u00e9n son predicables de los directos o interpuestos simulantes. En consecuencia, al resultar equ\u00edvoca la intenci\u00f3n de las partes respecto del acto jur\u00eddico que concluy\u00f3 con la transferencia gratuita de los automotores, los errores de facto cometidos por el Tribunal en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, resultan intrascendentes para quebrar el fallo impugnado, porque aun cuando el ad-quem hubiese llegado a la conclusi\u00f3n probatoria que obviamente se advierte, es decir, la transferencia gratuita de los automotores, no necesariamente habr\u00eda llegado a la decisi\u00f3n pretendida por el demandante, ahora recurrente en casaci\u00f3n, porque como ya se indic\u00f3, per se una transferencia como la verificada no excluye otros fen\u00f3menos jur\u00eddicos distintos a la donaci\u00f3n, tales como la simulaci\u00f3n. De manera que la prosperidad del cargo, que a la postre implicar\u00eda el \u00e9xito de la pretensi\u00f3n cuando la Corte actuara en sede de instancia, supondr\u00eda que probatoriamente hubiese sido excluida cualquier otra alternativa jur\u00eddica, para lo cual se precisar\u00eda que el elenco indiciario que atr\u00e1s qued\u00f3 analizado por su gravedad, concurrencia, coherencia y convergencia, no dejara duda al respecto, es decir, que razonablemente permitiera la eliminaci\u00f3n de las otras hip\u00f3tesis, y con ellas los contraindicios orientados en tal sentido, que para el caso siguen gravitando con gran fuerza de convicci\u00f3n y por ende significando otras opciones jur\u00eddicas (la posesi\u00f3n de los veh\u00edculos por el demandante hasta el momento de separaci\u00f3n de su familia y la restituci\u00f3n por el demandado de otro veh\u00edculo que el demandante compr\u00f3 e hizo figurar como del demandado), o sea, que si bien los hechos indicadores se\u00f1alados por la censura conducen a la conclusi\u00f3n probatoria antes mencionada (la transferencia gratuita de los automotores), de esos mismos hechos no surge como \u00fanica consecuencia l\u00f3gica el hecho indicado sugerido por la impugnaci\u00f3n, es decir, que la citada transferencia fue a titulo de donaci\u00f3n. En este sentido y con relaci\u00f3n a este \u00faltimo aspecto los errores pierden su car\u00e1cter de manifiestos. <\/p>\n
6.- El cargo, entonces, no se abre paso <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
1.- En este cargo el censor acusa la sentencia del Tribunal de haber infringido los mismos preceptos sustanciales que de manera com\u00fan se citan en los cargos anteriores, a consecuencia de errores de derecho en la apreciaci\u00f3n probatoria, se\u00f1alando como violaci\u00f3n medio los art\u00edculos 174, 175, 176, 187, 228, 232, 248, 249, 251, 252, 277 y 279 del C. de P. C. <\/p>\n
2.- En el desarrollo del cargo, el recurrente enrostra a la sentencia combatida errores de derecho al \u201cdesconocer m\u00e9rito legal\u201d y \u201cvalor probatorio\u201d a los siguientes medios de convicci\u00f3n: <\/p>\n
2.1.- Aqu\u00e9llos mediante los cuales se \u201cacredita plenamente\u201d que ALVARO RODRIGUEZ DIAZ fue quien negoci\u00f3, compr\u00f3 y pag\u00f3 el automotor Mercedes Benz, a saber: a) el contrato de compraventa ajustado entre ALVARO RODRIGUEZ DIAZ y ALVARO DE JESUS LONDO\u00d1O (fol. 4A, C-1), y el de permuta celebrado entre \u00e9ste y la se\u00f1ora MARY CHAUSTRE (fols. 34 a 36, ib.), su antigua propietaria; b) el testimonio de los se\u00f1ores ALVARO DE JESUS LONDO\u00d1O SALAZAR (fols. 165-166, C-2) y de su secretaria MARTHA LUCIA PLAZAS CUJER (fols. 151-152, ib.), \u201crelacionados con la veracidad\u201d del contrato de compraventa; y, c) los extractos bancarios y la certificaci\u00f3n expedida por el Banco Cafetero, Oficina de Ibagu\u00e9 (fols. 76-83, C-2), sobre el giro de cheques contra la cuenta del demandante, adem\u00e1s del pago de \u00e9stos por el librado, para cubrir el precio de ese automotor; y los documentos con los cuales se acredita el pago del Renault 9, mediante el giro de cheques contra la cuenta del Banco de Cr\u00e9dito y Comercio de Colombia, tambi\u00e9n de Ibagu\u00e9, cuyo titular es el demandante (fols. 3, 4 y 5, ib.). <\/p>\n
2.2.- Igualmente, las pruebas relacionadas con la tradici\u00f3n de los automotores al demandado ALVARO AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA de acuerdo con las \u201cinstrucciones\u201d del demandante ALVARO RODRIGUEZ DIAZ, de los cuales tambi\u00e9n \u201cse\u2026infiere la aceptaci\u00f3n de las donaciones por el demandado\u201d, a saber: a) la autorizaci\u00f3n suscrita por el demandado para que quien figuraba como propietario del Mercedes Benz, se\u00f1or PUBLIO LUICANO FAJARDO, hiciera el traspaso a nombre de su hijo (fol. 33, C-1), as\u00ed como las diligencias surtidas por \u00e9stos con ese prop\u00f3sito (fols. 93, 105 y 107, C-2); b) la tramitaci\u00f3n llevada a cabo ante el Inspector de Transportes y Tr\u00e1nsito de Armero por DURLEY CEBALLOS MARIN y el demandado para el traspaso e inscripci\u00f3n del Renault 9 (fols. 50-55, ib.); c) el comprobante de pago de impuestos del Renault 9 y los tr\u00e1mites de revisi\u00f3n del mismo veh\u00edculo ante las autoridades de tr\u00e1nsito (fols. 9-12, C-2); b) la solicitud de traspaso del mismo automotor realizada por el demandado ante la Oficina de Tr\u00e1nsito y Transporte de Armero-Guayabal, as\u00ed como el correspondiente pago de impuestos (fols. 13-22, ib.); d) las consignaciones que hizo el demandado no s\u00f3lo para pagar \u201cimpuestos, revisi\u00f3n, t\u00edtulo de propiedad, impuestos de rodamiento\u201d del mismo automotor, sino para obtener el traspaso a su nombre (fols. 23-49, ib.); y, e) las certificaciones expedidas por las respectivas oficinas de tr\u00e1nsito sobre la tradici\u00f3n de esos veh\u00edculos a nombre del demandado. <\/p>\n
2.3.- As\u00ed mismo, el testimonio de LUIS CARLOS MARIN MORALES (fols. 61-62, C-2), DURLEY CEBALLOS MARIN (fols. 62-64, ib.), MAUEL VICENTE PERILLA (fols. 85-87, ib.) y OSCAR MARIN (fols. 88-90, ib.), los cuales examinados en su conjunto demuestran los actos de liberalidad llevados a cabo por el actor a favor de su hijo, en cuanto compr\u00f3 y pag\u00f3 los veh\u00edculos, y orden\u00f3 el traspaso a nombre de \u00e9ste, testimonios que el \u201cTribunal ve contradictorios\u2026e inclusive deduce declaraciones de o\u00eddas, sin valorar lo que afirman los deponentes en relaci\u00f3n con las percepciones directas, personales, que ellos tuvieron de los hechos, dando la raz\u00f3n de sus respectivos dichos, los que resultan coincidentes en lo esencial\u201d. <\/p>\n
2.4.- Adem\u00e1s, el interrogatorio del demandado ALVARO AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA (fols. 57-60, C-2) y el testimonio de su madre, se\u00f1ora MARLEN MONTOYA DE RODRIGUEZ (fols. 8-12, C-3), versiones de las cuales no s\u00f3lo se desprende la \u201cfalsedad\u201d de la defensa, sino que contribuyen a concluir que aqu\u00e9l no pudo probar \u201cel supuesto contrato de comisi\u00f3n (\u2026), ni mucho menos el pago del precio de los veh\u00edculos\u201d, pruebas estas elusivas, de mala fe, que a pesar de arrojar mucha luz sobre el litigio, no las analiz\u00f3 el Tribunal \u201cporque ni siquiera se percat\u00f3\u201d de las mismas, por el contrario, \u201cfueron totalmente desconocidas\u201d, \u201cno las valor\u00f3, ni siquiera las menciona\u201d. <\/p>\n
2.5.- De igual modo, las pruebas que acreditan la carencia de capacidad econ\u00f3mica del demandado para haber adquirido los autom\u00f3viles, como son las declaraciones de renta y patrimonio del demandado, valoradas \u201cen forma equivocada\u201d por el Tribunal, no s\u00f3lo porque en ellas no denuncia los veh\u00edculos, sino porque el patrimonio declarado fue inferior al costo de los mismos. En efecto, en 1983 de $1.763.319 (fol. 10-13, C-4), en 1985 de $1.797.000 (fols. 14, 29-30, ib.), en 1986 de $5.000.000 (fols. 16-18, 54-57, ib.), en 1987 de $5.136.000 (fols. 19 y 61, ib.), y en 1988 de $7.636.000 (fol. 20, ib.). <\/p>\n
2.6.- Por \u00faltimo, los m\u00faltiples indicios, fuera de los de falta de capacidad econ\u00f3mica y la no denuncia de los carros, no apreciados ni valorados por el Tribunal, como el parentesco entre las partes, el figurar la madre del demandado como beneficiaria del seguro del Mercedes Benz, el haberse efectuado el traspaso de ese autom\u00f3vil el 26 de diciembre de 1989, cuando fue adquirido en 1985, y la compra por el demandante de una camioneta Chevrolet Luv inscrita a nombre del demandado, posteriormente restituida a \u00e9l. <\/p>\n
3.- Por lo anterior, considera el censor que las pruebas operantes en el proceso analizadas en su conjunto y siguiendo las reglas de la sana cr\u00edtica, acreditan plenamente los actos gratuitos impugnados, vale decir, las donaciones no insinuadas. Concluye, entonces, que ese \u201cm\u00e9rito probatorio\u201d el Tribunal lo desconoci\u00f3 con quebranto de los textos legales enumerados en el cargo y con incidencia en la parte resolutiva del fallo, pues si no hubiera cometido los yerros de derecho denunciados inequ\u00edvocamente habr\u00eda llegada a una conclusi\u00f3n distinta. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
2.- Con ese prop\u00f3sito la censura denuncia la comisi\u00f3n de errores de derecho en la apreciaci\u00f3n de los mismos medios de convicci\u00f3n sobre los cuales imput\u00f3 yerros de facto en el cargo anterior, s\u00f3lo que en esta oportunidad le achaca al Tribunal haber desconocido, respecto de algunos, su m\u00e9rito legal y valor probatorio. De otros, dice, ni siquiera se percat\u00f3 de su existencia en el proceso, fueron totalmente desconocidos, no los valor\u00f3, ni siquiera los menciona, como aconteci\u00f3 con el interrogatorio del demandado y la declaraci\u00f3n de la madre de \u00e9ste. Por \u00faltimo, la prueba testimonial la ve contradictoria, \u201cinclusive deduce declaraciones de o\u00eddas, sin valorar lo que afirman los deponentes en relaci\u00f3n con las percepciones directas, personales, que ellos tuvieron de los hechos, dando la raz\u00f3n de sus respectivos dichos, los que resultan coincidentes en lo esencial\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
En fin, el censor concluye que \u201ctodas las pruebas no valoradas o equivocadamente valoradas por el sentenciador ad-quem (\u2026), demuestran los actos de liberalidad efectuados por el actor a favor del demandado. Acreditan que se trat\u00f3 de actos jur\u00eddicos gratuitos, aceptados por el donatario y que no insinuaron\u201d (fol. 57, C-Corte). <\/p>\n
3.- Como se observa, la conclusi\u00f3n probatoria a la cual arrib\u00f3 el censor en esta oportunidad, es la misma que plasm\u00f3 en la acusaci\u00f3n anterior. Por lo tanto, al dejar sentado que a\u00fan por la comisi\u00f3n de supuestos yerros de derecho en la apreciaci\u00f3n probatoria, el Tribunal no dej\u00f3 averiguado que los automotores materia del litigio fueron adquiridos por el demandado sin contraprestaci\u00f3n alguna, la conclusi\u00f3n contraria no necesariamente conduce a afirmar que lo fue mediante un contrato de donaci\u00f3n. Por esta raz\u00f3n, pertinente resulta la remisi\u00f3n a las consideraciones consignadas en el cargo anterior en cuanto a la trascendencia del error, para despachar adversamente este otro por inane o irrelevante. <\/p>\n
4.- No obstante los defectos de t\u00e9cnica que comporta el cargo, pues no empece a enfilarse la censura por errores de derecho en la apreciaci\u00f3n probatoria, en algunos apartes le enrostra a la sentencia del Tribunal comisi\u00f3n de errores de hecho, resulta pertinente se\u00f1alar que el error de derecho s\u00f3lo se presenta cuando el juez quebranta las normas legales que regulan la producci\u00f3n o eficacia de la prueba, o su evaluaci\u00f3n, es decir, cuando infringe los preceptos de disciplina probatoria aplicables al medio, pero no cuando ignora la prueba, pues para llegar a aqu\u00e9l estadio es paso obligado que haya constatado su existencia material en el proceso. <\/p>\n
5.- Aplicadas esas directrices al caso concreto, resulta bien claro que no constituye error de derecho el haber preterido el Tribunal la declaraci\u00f3n de la se\u00f1ora MARLENE MONTOYA DE RODRIGUEZ y el interrogatorio del demandado ALVARO AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA; tampoco al haber calificado de contradictorios, inclusive de o\u00eddas, el testimonio rendido por los se\u00f1ores LUIS CARLOS MARIN MORALES, DURLEY CEBALLOS MARIN, MANUEL VICENTE PERILLA y OSCAR MARIN, porque, como lo tiene dicho la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, es cuesti\u00f3n que por caer en el campo del poder discrecional del juez en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, entra\u00f1a un error de hecho y no de derecho3; igual a como acontece frente a la apreciaci\u00f3n o no de los m\u00faltiples indicios4. <\/p>\n
5.- En suma, el cargo que se despacha resulta impr\u00f3spero. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 26 de mayo de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil, en el proceso ordinario incoado por el se\u00f1or ALVARO RODRIGUEZ DIAZ frente a ALVARO AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA. <\/p>\n
Costas del recurso a cargo del demandante recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase oportunamente al Tribunal de origen, <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
1Sentencia de 25 de julio de 1991. <\/p>\n
2G.J. Tomo LXXVII, p\u00e1g. 972. <\/p>\n
3Cfr. G.J. CLI, p\u00e1g.197; Cas. Civ. de 3 de marzo de 1987 y de 25 de febrero de 1988. <\/p>\n
4Cas. Civ. Sentencia de 6 de octubre de 1995. <\/p>\n
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S-027-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ Referencia: Expediente No. C-4694 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 26 de mayo de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81463","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81463","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81463"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81463\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81463"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81463"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81463"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}