S-029-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de Julio de mil novecientos noventa y siete (1997).- <\/p>\n
Ref: Expediente No. 5988 <\/p>\n
EL RECURSO DE REVISION <\/p>\n
1. Mediante demanda admitida a tr\u00e1mite el d\u00eda cuatro (4) de julio de 1996, el impugnante interpuso recurso de revisi\u00f3n para que, previos los tr\u00e1mites de rigor y la declaratoria de encontrarse plenamente establecidas las causales previstas en los numerales 1\u00ba y 6o del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se invalide la sentencia objeto del recurso y se reemplace por \u201cla que en derecho corresponde\u201d, conden\u00e1ndose a la entidad bancaria demandada al pago de los perjuicios causados, costas y gastos del proceso. <\/p>\n
Las circunstancias de hecho en que la impugnaci\u00f3n se apoya, bien pueden recapitularse en la siguiente forma: a) El BANCO DEL ESTADO adelant\u00f3 proceso de ejecuci\u00f3n contra el hoy recurrente, entre otros, para obtener la satisfacci\u00f3n coactiva de una deuda de $4\u2019449.397.77 instrumentada en el pagar\u00e9 n\u00famero 31417 con vencimiento el veintisiete (27) de octubre de 1987, obligaci\u00f3n derivada de la carta de cr\u00e9dito del exterior n\u00famero 046-019\/86 por valor de US$13.500,71 destinada al pago de mercanc\u00eda importada, y respecto de la cual CARLOS E. RODRIGUEZ era el deudor principal y JOSE F. HUERTAS AYALA y RAFAEL ANTONIO SALAMANCA, codeudores. b) Aunque CARLOS E. RODRIGUEZ endos\u00f3 en favor del Banco dos cheques girados por terceros para lograr la liberaci\u00f3n de la mercanc\u00eda que reten\u00eda dicha entidad en las bodegas de \u201cAlmadelco\u201d, t\u00edtulos que finalmente fueron rechazados debido al descuido de la entidad acreedora en la oportuna presentaci\u00f3n de los mismos, de esta circunstancia guard\u00f3 silencio la citada entidad ejecutante por lo cual fue preciso aportar como pruebas trasladadas recaudadas en proceso penal seguido en contra del obligado principal, las declaraciones de Mary Aleyda Cardozo de Santamar\u00eda y Nels\u00f3n G\u00f3mez Veland\u00eda, abogados del BANCO DEL ESTADO, que dan cuenta de tal hecho y evidencian el incumplimiento por parte de dicho establecimiento para satisfacer la exigencia del art\u00edculo 882, inciso 2\u00b0, del C. de Com, consistente en que para poder demandar con base en la obligaci\u00f3n originaria, previamente deb\u00eda devolver los cheques o prestar cauci\u00f3n que asegure la restituci\u00f3n de los mismos; c) El BANCO DEL ESTADO retuvo a su vez la carta de su Comit\u00e9 Subregional que orden\u00f3 liberar la mercanc\u00eda por el giro de los cheques referidos y s\u00f3lo la present\u00f3 con posterioridad a la sentencia de segunda instancia, en virtud de la orden impartida en tal sentido por la Superintendencia Bancaria que actu\u00f3 a instancia del recurrente para remediar la omisi\u00f3n en que incurri\u00f3 aquella, por lo cual, anota el impugnante, \u201csu mala fe se patentiza\u201d. d) Con el pago mencionado en el punto anterior se cubri\u00f3 en su totalidad el cr\u00e9dito cobrado como lo demuestra la liberaci\u00f3n de la mercanc\u00eda que s\u00f3lo era factible mediante fuente de pago, pero como la certificaci\u00f3n mediante la cual se acreditaba tal circunstancia fue ocultada por el Banco, el Tribunal apreci\u00f3 dichos giros como pago parcial de la obligaci\u00f3n, sin tener en cuenta, agrega el recurrente, que \u201csi la mercanc\u00eda fue liberada por disponer el acreedor de la fuente de pago requerida y constituida por los aludidos cheques, la obligaci\u00f3n qued\u00f3 cancelada; otra cosa bien distinta es que el Banco del Estado (art. 882 del C. de Co.), por su falta de gesti\u00f3n oportuna, haya dejado prescribir los t\u00edtulos, los dej\u00f3 deshonrar y nunca los devolvi\u00f3, luego no pod\u00eda iniciar la ejecuci\u00f3n con la obligaci\u00f3n originaria o fundamental -pagar\u00e9- por lo que al hacerlo enga\u00f1\u00f3 a las autoridades judiciales en las dos instancias. Seg\u00fan el proyecto de la operaci\u00f3n crediticia en referencia, la mercanc\u00eda s\u00f3lo era liberable mediante fuente de pago, confirmada por el Comit\u00e9 Subregional, esa era la raz\u00f3n para esconder la carta, que tanto solicite\u201d (Fl. 46 Cdo. Ppal.). e) El Banco omiti\u00f3 informar adem\u00e1s sobre el abono hecho por el deudor principal el veintis\u00e9is (26) de abril de 1988 por $1\u2019800.000.oo, del que se aplic\u00f3 $972.374.oo a capital y $827.626.oo para gastos de utilizaci\u00f3n e intereses causados hasta marzo 31 de 1988, \u201cas\u00ed las cosas, el cr\u00e9dito demandado ejecutivamente se encontraba cancelado con los tres millones de pesos ($3\u2019000.000.oo) que se abonaron el 30 de agosto de 1987, mediante los cheques que dej\u00f3 prescribir el Banco del Estado y que la sentencia de segunda instancia as\u00ed lo decreta, m\u00e1s el abono de un mill\u00f3n ochocientos mil pesos ($1\u2019800.000.oo) que se cancel\u00f3 el 26 de abril de 1988, dos meses despu\u00e9s de presentar la demanda. Sin embargo, se adelant\u00f3 el proceso hasta su terminaci\u00f3n en segunda instancia, escondi\u00e9ndole estas pruebas al H. Tribunal Superior de Tunja, Sala Civil, o lo mismo que se conoce como fraude procesal, habiendo surgido estas pruebas despu\u00e9s de las sentencias, gracias a la intervenci\u00f3n de la Superintendencia Bancaria\u201d. f) Con el fin de no tener que explicar en modo alguno los abonos y por consiguiente la cancelaci\u00f3n alegada, el Banco evit\u00f3 presentar directamente la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, tarea que dej\u00f3 en manos de la parte demandada dentro del proceso ejecutivo para despu\u00e9s objetar, como argumento nuevo no debatido en el proceso, el abono efectuado por la suma de $1\u2019800.000.oo. g) A ra\u00edz de las mencionadas circunstancias que dieron lugar a la decisi\u00f3n impugnada, al recurrente se le causaron perjuicios consistentes en las erogaciones ocasionadas durante el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo, al igual que por el embargo de una bodega de su propiedad y que se manifiestan en perjuicios materiales en su doble modalidad de da\u00f1o emergente y lucro cesante, as\u00ed como tambi\u00e9n en da\u00f1os morales que deben serle compensados. <\/p>\n
2. Aceptada la cauci\u00f3n prestada y recibido el expediente enviado por el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda interpuesta y, por esta raz\u00f3n, de conformidad con el art\u00edculo 383 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, de ella se orden\u00f3 correr traslado a CARLOS E. RODRIGUEZ y a JOSE F. HUERTAS AYALA, quienes no obstante haber sido emplazados en los t\u00e9rminos que indica el Art\u00edculo 318 ibidem, no concurrieron a estar a derecho en el proceso, por lo cual del traslado hizo uso el curador ad-litem designado para llevar la representaci\u00f3n de los referidos demandados, quien en el escrito de contestaci\u00f3n que present\u00f3 se limit\u00f3 a realizar un resumen del contenido de la demanda de interposici\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n. <\/p>\n
La entidad bancaria demandada, por su parte, actuando por conducto de representante se opuso a las pretensiones deducidas, se\u00f1alando que lo que se intenta con el recurso de revisi\u00f3n es dejar de pagar la obligaci\u00f3n a vuelta de inculpar al Banco de pr\u00e1cticas indebidas inexistentes \u201cya que est\u00e1 demostrado que por cuestiones eminentemente t\u00e9cnicas y por generosidad del Banco, en \u00faltimas, no se ha pagado la obligaci\u00f3n por parte de los que fueron demandados\u201d, intent\u00e1ndose ahora subsanar las deficiencias probatorias en que incurri\u00f3 la parte demandada dentro del proceso de ejecuci\u00f3n y en virtud de las cuales no pudo aportar en forma oportuna los elementos demostrativos que reclama, respecto de los cuales precisa que con la entrega de los cheques que finalmente resultaron impagados, no se pod\u00eda entender cancelada la obligaci\u00f3n para invocar luego, como excepci\u00f3n, el hecho de que varios de los documentos aportados para el recurso se crearon con posterioridad a la sentencia cuya revisi\u00f3n se demanda por lo cual, a\u00f1ade el memorial de oposici\u00f3n, el recurso no puede prosperar y debe por eso mismo declararse infundado. <\/p>\n
3. El tr\u00e1mite transcurri\u00f3 normalmente y es de advertir que, en la oportunidad prevista para el efecto por la ley, ambas partes hicieron uso de su derecho de presentar alegatos de conclusi\u00f3n, insistiendo el recurrente en que debe ser invalidada la sentencia de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, proferida por el Tribunal Superior de Tunja el 13 de diciembre de 1993. <\/p>\n
En este estado las cosas, resultando que la relaci\u00f3n procesal existente en este caso se ha constituido regularmente y que en su desenvolvimiento no se incurri\u00f3 en defecto alguno que, en cuanto tenga virtualidad legal para invalidar lo actuado y no aparezca saneado, imponga darle aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 145 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, es de rigor resolver sobre el fundamento del recurso interpuesto y en orden a hacerlo bastan las siguientes <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Con raz\u00f3n se ha dicho del recurso de revisi\u00f3n que en orden a no falsear su verdadera identidad procesal y evitar utilizarlo para fines que de suyo le son extra\u00f1os, preciso es no pasar por alto que su caracter\u00edstica b\u00e1sica es la de servir de medio aut\u00f3nomo y extraordinario de impugnaci\u00f3n contra sentencias que han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada, siempre y cuando se configure por lo menos una de las causales que para el efecto consagra el Art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, luego es claro que a esta v\u00eda excepcional y de derecho estricto -ha sostenido de modo constante esta corporaci\u00f3n (G. J. Ts., LX, p\u00e1g. 533, y CXLVII, p\u00e1g., 11)- no se puede acudir libremente por todo el que haya perdido un pleito, como por lo general acontece con los recursos ordinarios, ni tampoco para atacar providencias judiciales que aun dotadas de firmeza no tengan aquella eficacia, es decir, que por su propia \u00edndole o por mandato de la ley, no determinen la formaci\u00f3n de la cosa juzgada sobre el m\u00e9rito del litigio cual ocurre, por ejemplo, con aquellas sentencias susceptibles de ser modificadas \u201c\u2026si sobreviene motivo justo\u201d en los supuestos a que se refieren los Art\u00edculos 259 y 423 del C\u00f3digo Civil, le\u00eddos en concordancia con el Art\u00edculo 333 Numeral 2\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
En otras palabras, de acuerdo con la ley presupone el llamado recurso de revisi\u00f3n, una relaci\u00f3n procesal ya cerrada y, por eso, en su \u00e1mbito que es el propio de una verdadera acci\u00f3n impugnativa con efectos rescisorios, no es posible discutir en dicho recurso los problemas de fondo debatidos en el proceso fuente de la mencionada relaci\u00f3n ni tampoco hay lugar a la fiscalizaci\u00f3n de las razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas en ese mismo proceso ventiladas, sino que cobran vigencia motivaciones distintas y espec\u00edficas que, constituyendo verdaderas anomal\u00edas, condujeron a un fallo err\u00f3neo o injusto, motivaciones que por lo tanto no fueron controvertidas anteriormente, por lo que valga repetirlo una vez m\u00e1s, la revisi\u00f3n no puede confundirse con una nueva instancia pues supone, seg\u00fan se dej\u00f3 apuntado, el que se lleg\u00f3 a una definitiva situaci\u00f3n de firmeza y ejecutoriedad creadora de la cosa juzgada material que s\u00f3lo puede ser desconocida ante la ocurrencia de una cualquiera de las an\u00f3malas circunstancias que en \u201cnumerus clausus\u201d y por ello con un claro sentido de necesaria taxatividad, indica el Art. 380 reci\u00e9n citado. <\/p>\n
2. Entendido que en la especie que hoy ocupa la atenci\u00f3n de la Corte el fallo objeto de impugnaci\u00f3n, en tanto conden\u00f3 a pagar parte de la obligaci\u00f3n acerca de cuya realizaci\u00f3n coactiva vers\u00f3 el proceso de ejecuci\u00f3n, produce efectos de cosa juzgada y, por ende, cabe respecto de dicha decisi\u00f3n jurisdiccional el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, preciso es hacer \u00e9nfasis de nuevo en que, como recurso eminentemente extraordinario que es, se encuentra sometido a espec\u00edficas causales hasta el punto de no resultar procedente la v\u00eda impugnativa -como atr\u00e1s se dej\u00f3 indicado- si oportuna y cabalmente no se prueba la existencia de por lo menos una de ellas. <\/p>\n
As\u00ed, se ha sostenido que en procura de demostrar la primera de las causales de revisi\u00f3n en el \u00e1mbito civil, es menester que por el recurrente se acredite plenamente la concurrencia de varios requisitos de entre los cuales es del caso destacar el primero consistente en acreditar que el impugnante encontr\u00f3, despu\u00e9s de pronunciada la sentencia materia de revisi\u00f3n, una prueba de linaje documental, no de otra \u00edndole, revestida en s\u00ed misma de un poder tal de convicci\u00f3n que, de haber contado con ella en el proceso de origen, la decisi\u00f3n habr\u00eda tenido que ser por fuerza diferente a la que por tal motivo se pretende sea rescindida. <\/p>\n
\u201cEsta prueba, pues, debi\u00f3 existir desde el momento mismo en que se present\u00f3 la demanda, o por lo menos desde el vencimiento de la \u00faltima oportunidad procesal para aportar pruebas, no siendo admisible, en consecuencia, la que se encuentre o configure despu\u00e9s de pronunciada la sentencia\u2026\u201d (Sentencia de 12 de junio de 1987, sin publicar), concepto este que se halla ampliado por la Corte (G. J., Tomo LIV, p\u00e1g. 214) al afirmar que \u201c\u2026No es lo mismo recuperar una prueba que producirla o mejorarla. El recurso de revisi\u00f3n no es procedente para esto. De lo contrario, no habr\u00eda jam\u00e1s cosa juzgada, porque bastar\u00eda que el litigante vencido en juicio mejorara la prueba en el de revisi\u00f3n o produjera otra. La prueba eficaz en revisi\u00f3n y desde el punto de vista que se est\u00e1 tratando, debe tener existencia desde el momento mismo en que se entabla la acci\u00f3n (\u2026) O, por lo menos, al tiempo de vencer el \u00faltimo t\u00e9rmino de prueba en el respectivo juicio\u2026\u201d <\/p>\n
De otra parte, es indispensable, seg\u00fan queda dicho, que el documento contenga, por s\u00ed solo, el suficiente poder de convicci\u00f3n para, de haber obrado en el proceso, determinar un cambio sustancial en el sentido de la sentencia que efectivamente se adopt\u00f3. As\u00ed, entonces, con el prop\u00f3sito de definir la noci\u00f3n de \u201c\u2026documento decisivo\u2026\u201d para los fines propios del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, advirti\u00f3 la Corte que, \u201c\u2026no es de cualquier prueba que se recobre la que da lugar a la revisi\u00f3n. No. La prueba recobrada debe ser decisiva, o sea que debe tener la eficacia legal que hubiera sido bastante para fallar el litigio de una manera contraria o muy distinta a como fue resuelto. Y es tan evidente esto, que esta prueba es la que influye para invalidar el fallo cuya revisi\u00f3n se impetra. Si, pues, se presenta una prueba en el juicio de revisi\u00f3n que no tenga operancia decisiva, el recurso no puede prosperar\u2026\u201d, de donde se sigue entre otras cosas, que no constituyendo esa pieza documental -bien por su contenido o por cualquier otra circunstancia- una aut\u00e9ntica e incontestable novedad frente al material probatorio recogido en el proceso al que le puso fin la sentencia de cuya revisi\u00f3n se trata, la predicada injusticia de esta resoluci\u00f3n no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido y por eso la impugnaci\u00f3n queda irremediablemente condenada al fracaso. <\/p>\n
En fin, otro requisito que requiere menci\u00f3n, es que por fuerza mayor, por caso fortuito o por el hecho del contrincante, result\u00f3 imposible aportar en tiempo la prueba documental, dado que \u201csi tal documento no se adujo porque simplemente no se hab\u00eda averiguado en donde reposaba, o porque no se pidi\u00f3 su aporte en ninguna de las oportunidades que la ley se\u00f1ala para que pueda valorarse su m\u00e9rito de persuasi\u00f3n, entonces el hecho de que con posterioridad al fallo, se encuentre un documento que hubiera podido hacer variar la decisi\u00f3n combatida, no es suficiente para sustentar el recurso extraordinario de revisi\u00f3n. Si el recurrente no demuestra, pues a \u00e9l le corresponde la carga de ello, que fue el caso fortuito o la obra de su adversario lo que le impidi\u00f3 aportar la prueba documental al proceso, inexorablemente est\u00e1 llamado a fracasar\u2026\u201d (G. J., Tomos CXLVII, p\u00e1gs. 141 a 143 y CXCII p\u00e1g. 5). Dicho en otras palabras, debe ponerse de relieve por fuera de cualquier genero de duda, que para el litigante perjudicado, existi\u00f3 una verdadera imposibilidad de lograr, no obstante haber agotado con la debida diligencia todos los medios a su alcance, la oportuna aducci\u00f3n del documento al proceso, de suerte que para el efecto no basta con una dificultad por grave que pueda ella parecer. La ley requiere -valga insistir- una genuina \u201cimposibilidad\u201d apreciada objetivamente que le corresponde demostrar a quien la alega, y en la configuraci\u00f3n de una situaci\u00f3n con tales caracter\u00edsticas, juega siempre papel relevante la llamada \u201cacci\u00f3n accesoria de exhibici\u00f3n de documentos\u201d, sea que se la ejercite en forma anticipada (Art. 297 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil) o despu\u00e9s de trabada la litis (Art. 283 ibidem), habida cuenta que por sabido se tiene, es ella un instrumento de reconocida utilidad pr\u00e1ctica para aportar evidencia de tipo documental que necesiten, tanto el demandante como el demandado, y que no se encuentre en su poder. <\/p>\n
3. Llegado a este punto el estudio y remiti\u00e9ndose al asunto que hoy ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, inevitable es concluir que no se encuentran razones atendibles para que, por obra del primero de los motivos de revisi\u00f3n invocados por el recurrente, debe abrirse paso la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, estudiadas las circunstancias que el recurrente aduce, consistentes en los abonos que supuestamente acreditan el pago total de la obligaci\u00f3n y cuya prueba documental seg\u00fan lo asevera fue \u201ccelosamente\u201d retenida por la parte demandante, aquella que tiene que ver con los dos cheques girados por un valor total de tres millones de pesos que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja acept\u00f3 como pago parcial del cr\u00e9dito cobrado ejecutivamente, no amerita en este tr\u00e1mite observaci\u00f3n adicional toda vez que ese hecho corresponde a un episodio que qued\u00f3 debatido incluso en favor del impugnante dentro de las instancias de ley. <\/p>\n
En cuanto al abono por $1\u2019800.000.oo que el deudor principal efectu\u00f3 el veintis\u00e9is (26) de abril de 1988, cuando estaba en tr\u00e1mite el proceso ejecutivo en su contra iniciado el ocho (8) de marzo de 1988 (fl. 14 vto.), abono de cuya existencia se supo despu\u00e9s de la sentencia de segunda instancia en virtud de la queja planteada por el aqu\u00ed recurrente ante la Superintendencia Bancaria, -provocada en raz\u00f3n de lo que \u00e9ste califica como renuencia de la referida entidad acreedora en la oportuna expedici\u00f3n de las certificaciones que en relaci\u00f3n con el estado del cr\u00e9dito se le reclamaban-, es preciso hacer ver que la informaci\u00f3n suministrada se constituy\u00f3 en prueba debatida precisamente en esa etapa procesal en la que se alleg\u00f3 tal como lo solicit\u00f3 el aportante y como lo entendieron los funcionarios de instancia cuando, al desatar el incidente de liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, la apreciaron d\u00e1ndole un entendimiento no conforme entonces con los intereses del demandado y ahora recurrente. <\/p>\n
Basta examinar en detalle la actuaci\u00f3n procesal ulterior al aporte de la carta y la certificaci\u00f3n previamente detalladas, obtenidas en virtud de los varios requerimientos que el codeudor RAFAEL SALAMANCA hizo al Banco, para verificar el estado del cr\u00e9dito cobrado en proceso en el que el deudor principal y el otro codeudor fueron emplazados (fls. 184 y 185 C.1 proceso ejecutivo), -a partir de cuyo momento se supo que \u201cen abril 26 de 1988, recibimos de parte del se\u00f1or CARLOS E. RODRIGUEZ, cheque por la suma de $1\u2019800.000.oo, el cual se aplic\u00f3 as\u00ed: $972.374.oo para abono a capital con certificados de cambio por US$3.395.75 y $827.626.oo para gastos de utilizaci\u00f3n e intereses causados hasta marzo 31 de 1988\u201d-, para concluir que el diez (10) de junio de 1994 (fl. 219) se present\u00f3 por parte del demandado la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito mediante escrito objetado por la parte actora, objeci\u00f3n resuelta en providencia que data del veintid\u00f3s (22) de julio de 1994 en la que, el Juzgado del conocimiento, concluy\u00f3 que el referido abono no correspond\u00eda el cr\u00e9dito que es objeto de cobranza ejecutiva en el proceso, como igualmente lo determin\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 en la providencia que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en contra de la decisi\u00f3n reci\u00e9n aludida. <\/p>\n
Importa por ende dejar sentado, como premisa que conduce a reconocer la improcedencia del recurso en esta que constituye su primera fase, que el tr\u00e1mite que se imprimi\u00f3 corresponde a la regulaci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 521 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que determina la etapa de liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito una vez ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, para lo cual podr\u00e1 el ejecutante, o en su defecto el ejecutado, o a falta de inter\u00e9s en uno o en otro el secretario del Juzgado del conocimiento, presentar la liquidaci\u00f3n especificada del capital y de los intereses, y si fuere el caso de la conversi\u00f3n a moneda nacional de aqu\u00e9l y de \u00e9stos, \u201cadjuntando los documentos que la sustenten, si fueren necesarios\u201d, de cuya liquidaci\u00f3n se da traslado a la otra parte quien podr\u00e1 objetarla, y el auto que resuelva una alegaci\u00f3n de esta clase, es susceptible del recurso de apelaci\u00f3n. Pues bien este fue precisamente el procedimiento seguido con posterioridad a la informaci\u00f3n obtenida sobre el abono en cuesti\u00f3n, lo que no s\u00f3lo permite inferir que dicho procedimiento se ajusta a los requerimientos legales, sino que impide consecuentemente rescindir o infirmar por v\u00eda de revisi\u00f3n extraordinaria, actuaciones que, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, no dicen relaci\u00f3n con el contenido de la sentencia proferida en el proceso ejecutivo de que trata el presente recurso, sino con la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, conformada en su totalidad por operaciones materiales de c\u00e1lculo y providencias interlocutorias. <\/p>\n
En s\u00edntesis, debe tenerse en cuenta que aunque en efecto la prueba documental a la que se refiere el recurrente fue aportada con posterioridad a la sentencia de segunda instancia a pesar de existir con anterioridad a la misma, no por esta circunstancia hab\u00eda concluido la oportunidad procesal para que pudiera ser tenida en cuenta en orden a asignarle el valor demostrativo que a juicio de las autoridades judiciales intervinientes fuera dado asignarle en punto de fijar la extensi\u00f3n cuantitativa de la obligaci\u00f3n a ser realizada coercitivamente, por manera que si esa valoraci\u00f3n no fue satisfactoria para los intereses del ejecutado, tal resultado no le concede la posibilidad de hacer uso del recurso de revisi\u00f3n en busca de que nuevamente sea examinada para adoptar otras conclusiones que mejor convengan a sus pretensiones, a lo que debe a\u00f1adirse que con arreglo a las consideraciones en su momento efectuadas acerca del tema en esta providencia, tampoco es posible dar por establecida la imposibilidad para el entonces ejecutado, hoy recurrente en revisi\u00f3n, de obtener para el proceso y con los fines probatorios de su inter\u00e9s, los documentos en que hoy apoya la impugnaci\u00f3n y que se encontraban en poder del banco demandante. <\/p>\n
Consecuentemente la causal de revisi\u00f3n invocada no tiene fundamento y debe ser desechada. <\/p>\n
4. La causal que tipifica el Art. 380 numeral 6\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, exige para que sea dado tenerla por configurada, que los hechos aceptados por el juzgador para adoptar la decisi\u00f3n correspondiente, no se ajustan a la realidad y, por ello, \u201csu finalidad es subsanar esa deficiencia y por a\u00f1adidura remediar as\u00ed una notoria injusticia. En esta causal, la mencionada discrepancia entre la verdad real y la que el proceso muestra, tiene origen en una maniobra fraudulenta acaecida en el proceso o mediante su utilizaci\u00f3n siempre que haya causado perjuicio al recurrente (..)\u201d (Sent. 6 de diciembre de 1991), luego para que prospere la causal en referencia se requiere \u201cque exista una actividad voluntaria, determinada por uno o varios comportamientos, positivos o negativos, y no por simples hechos involuntarios o accidentales; que sea de significaci\u00f3n procesal por su incidencia en el proceso en que se profiri\u00f3 la sentencia impugnada; que se trate de una actividad il\u00edcita, por no ser producto del ejercicio de una facultad legal o el cumplimiento de un deber o autorizaci\u00f3n legal; que sea enga\u00f1osa, porque constituya una maniobra o maquinaci\u00f3n que falsee en todo o en parte la verdad procesal formal, para inducir a error en cuanto a la certeza de ella; que persiga causar perjuicio a la otra o a terceros, porque tiende a frustrar la ley o los derechos que de ella se derivan; y que sea obra de una o ambas partes (..) Resulta menester recordar que, en desarrollo de la presunci\u00f3n de licitud y de buena fe del comportamiento de las personas, as\u00ed mismo ello se presume cuando de ejercicio de acciones, defensas y actos se trata, por lo que las maniobras dolosas en el proceso como causal de revisi\u00f3n, adem\u00e1s de excepcional y restringida en su sentido, deben encontrarse probadas para su prosperidad (art. 177 y 384 C. P. C.), so pena de que, en caso contrario, especialmente de duda racionalmente seria que merezca credibilidad sobre las maniobras alegadas, se declare infundado el recurso\u201d (Sent. octubre 11 de 1990 sin publicar). <\/p>\n
Salta a la vista, pues, que por antonomasia, el primero de los requisitos para que determinada situaci\u00f3n pueda calificarse de maniobra fraudulenta como causa eficiente para dar lugar a la rescisi\u00f3n de una sentencia dotada de firmeza, es que dicha situaci\u00f3n resulte de hechos externos al proceso y por eso mismo producidos fuera de \u00e9l, toda vez que si se trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas all\u00ed, la revisi\u00f3n no es procedente por la sencilla raz\u00f3n de que aceptar lo contrario ser\u00eda tanto como permitir, con grave da\u00f1o para la seguridad jur\u00eddica, la reiteraci\u00f3n del litigio por una v\u00eda lateral inadmisible. Por eso, la jurisprudencia se ha manifestado expresando de manera terminante que \u201c\u2026 la existencia de maniobras fraudulentas como causal de revisi\u00f3n (..) si con ellas se caus\u00f3 perjuicio al recurrente, no autoriza en manera alguna a replantear el debate probatorio propio de las instancias, sino que tiene por finalidad reprimir la conducta de las partes cuando resulte atentatoria de los principios de lealtad, probidad y buena fe que han de presidir su actuaci\u00f3n en el proceso. Para ello, la Corte (\u2026) precis\u00f3 el contenido del alcance jur\u00eddico de esta causal diciendo que las maniobras fraudulentas comportan una actividad enga\u00f1osa que conduzca al fraude, una actuaci\u00f3n torticera, una maquinaci\u00f3n capaz de inducir a errar al juzgador al producir el fallo en virtud de la deformaci\u00f3n artificiosa y mal intencionada de los hechos (\u2026). Es en s\u00edntesis, un artificio ingeniado y llevado a la pr\u00e1ctica con el prop\u00f3sito de obtener por ese medio una sentencia favorable pero contraria a la justicia \u2026\u201d (G.J. Tomo CCIV. P\u00e1g. 44). <\/p>\n
Una segunda condici\u00f3n de la que depende la prosperidad de la causal en referencia exige prueba concluyente de actos de manifiesta mala fe que se puedan calificar de il\u00edcitos as\u00ed no hayan sido objeto de investigaci\u00f3n penal, circunstancia que por lo tanto debe quedar demostrada a cabalidad, ya que si sobre el particular existe duda, ello conducir\u00e1 al fracaso de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, entonces, teniendo a la vista las premisas generales expuestas, ha de comenzarse por recordar que el recurrente sustenta el motivo de revisi\u00f3n que se analiza en maniobras fraudulentas que dice fueron empleadas por el BANCO DEL ESTADO para obtener las sentencias condenatorias en su favor, raz\u00f3n por la cual, seg\u00fan lo aprecia el impugnante, \u201ca sabiendas cobr\u00f3 judicialmente una deuda u obligaci\u00f3n que ya hab\u00eda sido cancelada en su totalidad, causando graves perjuicios al recurrente\u201d. <\/p>\n
Alejada, sin embargo, de la realidad procesal resulta ser la afirmaci\u00f3n referida, toda vez que en concordancia con lo dicho en la primera parte de esta providencia, qued\u00f3 definido que los temas relacionados con los abonos efectuados al cr\u00e9dito cobrado en el proceso ejecutivo al que alude este recurso, fueron considerados ampliamente por los juzgadores de instancia dentro de las dis\u00edmiles oportunidades procesales a las que se hizo menci\u00f3n, lo que en consecuencia excluye la posibilidad de que, alrededor de dicho punto, pueda se\u00f1alarse la existencia de maniobras fraudulentas generadoras de alguna clase de perjuicio en contra del recurrente quien, por el contrario, en relaci\u00f3n con el pago parcial de los tres millones de pesos, vino a ser favorecido con la sentencia que los reconoci\u00f3 como abono al cr\u00e9dito demandado, y quien, adem\u00e1s, respecto del pago por $1\u2019800.000.oo, tuvo oportunidad de debatirlo, aunque sin \u00e9xito, dentro de la actuaci\u00f3n pertinente, en la fase del proceso destinada a liquidar el cr\u00e9dito cobrado ejecutivamente. <\/p>\n
De cualquier forma, independientemente a lo ya expuesto que de suyo basta para desestimar el recurso, es del caso advertir que aunque por parte de la entidad crediticia ejecutante existi\u00f3 inexplicable retraso en la expedici\u00f3n de las informaciones, certificaciones y aporte de los documentos requeridos, ello no constituye motivo suficiente para afincar en ese hecho la existencia de maniobras fraudulentas con efectos rescisorios de la sentencia impugnada, por cuanto, seg\u00fan se dijo l\u00edneas atr\u00e1s, la documentaci\u00f3n que hac\u00eda referencia al pago efectuado para liberar la mercanc\u00eda retenida por el Banco, fue tenida en cuenta a\u00fan por el Juzgado del conocimiento en apreciaci\u00f3n decisoria que luego revoc\u00f3 el Tribunal mediante decisi\u00f3n incluso favorable a los intereses del ahora recurrente, y en cuanto a lo que tiene que ver con el abono por $1\u2019800.000.oo que en efecto s\u00f3lo se alleg\u00f3 la respectiva informaci\u00f3n con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia de segundo grado, esa informaci\u00f3n fue de todos modos valorada dentro de la etapa procesal especialmente prevista para fijar el estado del cr\u00e9dito cobrado con los resultados ya antes rese\u00f1ados, de suerte que a\u00fan en la hip\u00f3tesis de que se hubiese demostrado el ocultamiento malicioso por parte del Banco de la prueba en menci\u00f3n, -circunstancia que de cualquier modo tampoco se acredit\u00f3-, quedar\u00eda sin hacerse patente la injusticia de una decisi\u00f3n que en nada ri\u00f1e con lo resuelto posteriormente durante el tr\u00e1mite atinente a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, y por lo tanto, cuando la evidencia en menci\u00f3n formaba parte del expediente. <\/p>\n
As\u00ed, entonces, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto no est\u00e1 llamado a prosperar. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con las precedentes consideraciones y con fundamento en el art\u00edculo 384 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, RESUELVE, <\/p>\n
PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de revisi\u00f3n propuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el trece (13) de diciembre de 1993 en el proceso ejecutivo adelantado por el BANCO DEL ESTADO contra CARLOS E. RODRIGUEZ QUIROGA, JOSE F. HUERTAS AYALA y RAFAEL ANTONIO SALAMANCA. <\/p>\n
SEGUNDO.- Con sujeci\u00f3n a lo prescrito en el inciso final del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, condenar al recurrente al pago de las costas y perjuicios, que se har\u00e1n efectivos con la cauci\u00f3n. Los perjuicios se liquidar\u00e1n mediante tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n
Para su conocimiento y fines atinentes a hacer efectiva la cauci\u00f3n prestada en dinero, comun\u00edquese lo anterior al Banco Popular. <\/p>\n
TERCERO.- Devu\u00e9lvase a la oficina de origen el expediente que contiene el proceso dentro del cual se dict\u00f3 la sentencia materia de revisi\u00f3n. Por secretar\u00eda l\u00edbrese el correspondiente oficio. <\/p>\n
Cumplido todo lo anterior, arch\u00edvese esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
<\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
<\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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S-029-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de Julio de mil novecientos noventa y siete (1997).- […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81465","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81465","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81465"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81465\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81465"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81465"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81465"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}