S-031-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 Distrito Capital, veintiocho (28) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997). <\/p>\n
Ref: Expediente No. 5568 <\/p>\n
<\/p>\n
Despacha la Corte el recurso extraordinario de revisi\u00f3n propuesto por MISAEL ROBAYO VALBUENA contra la sentencia del 9 de marzo de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario que el recurrente adelantara contra DORIS AVILA DE GUZMAN Y JOVANA LUCIA BARRERA MARIN. <\/p>\n
A N T E C E D E N T E S: <\/p>\n
1. El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de esta ciudad, aprehendi\u00f3 conocimiento de la demanda presentada por MISAEL ROBAYO, por medio de la cual pidi\u00f3 que se declarara que las demandadas, al suscribir el contrato de compraventa de que da cuenta la escritura p\u00fablica No. 597 del 31 de enero de 1991, obraron de mala fe y con el prop\u00f3sito de defraudarlo, motivo por el cual impetr\u00f3 la revocatoria del aludido negocio y, subsecuentemente, la restituci\u00f3n al patrimonio de la deudora fraudulentamente \u201cinsolventada\u201d se\u00f1ora DORIS AVILA, del inmueble de la carrera 44 No. 37 – 20 Sur, cuyos linderos y dem\u00e1s especificaciones all\u00ed anot\u00f3, y que, en tal virtud, se le condenara a pagar los perjuicios causados al demandante. <\/p>\n
Pretendi\u00f3 que se dijera, tambi\u00e9n, que el susodicho contrato era \u201cabsolutamente ineficaz\u201d y, en subsidio, que le era inoponible, en consecuencia de lo cual, deb\u00eda restituirse el bien al patrimonio de su deudora. <\/p>\n
2. Apuntal\u00f3 esos pedimentos afirmando, en s\u00edntesis, que la demandada AVILA DE GUZMAN gir\u00f3 a su favor, y con miras a respaldar una obligaci\u00f3n preexistente, el cheque No. 0937426 por la suma de $1.000.000,00 y que, con base en \u00e9l, promovi\u00f3 contra la giradora demanda ejecutiva, en cuyo tr\u00e1mite se logr\u00f3 establecer que el \u00fanico bien integrante de su patrimonio era el inmueble que posteriormente dio en venta a su sobrina Jovana Luc\u00eda Barrera Mar\u00edn, seg\u00fan consta en la mencionada escritura 597 de la Notar\u00eda 29 de Bogot\u00e1. Que el art\u00edculo 2491 del C\u00f3digo Civil otorga a los acreedores, mediante la acci\u00f3n pauliana, el derecho a pedir que se rescindan los contratos celebrados por el deudor con el prop\u00f3sito de defraudarlos, as\u00ed se hayan realizado a t\u00edtulo gratuito u oneroso. <\/p>\n
Asever\u00f3 que es ostensible que Doris Avila, al transferir el inmueble a Jovana Luc\u00eda Barrera, en la forma como lo hizo, obr\u00f3 de mala fe por cuanto la finalidad de ello no fue otra que la de situarse en la imposibilidad de pagar la obligaci\u00f3n contra\u00edda con el demandante, toda vez que, en dichas condiciones, el referido inmueble no pod\u00eda ser objeto de medida cautelar alguna; no obstante que, en la pr\u00e1ctica continuara siendo de ella. <\/p>\n
3. La se\u00f1ora DORIS AVILA compareci\u00f3 al proceso para oponerse a las pretensiones que se le enfrentaron, al paso que la demandada JOVANA BARRERA, al ser imposible su notificaci\u00f3n personal e infructuoso el llamamiento edictal, fue representada por curador ad litem. <\/p>\n
4. La primera instancia concluy\u00f3 con providencia estimatoria de las pretensiones, decisi\u00f3n que, al ser consultada, el Tribunal ad-quem revoc\u00f3, mediante la sentencia ahora recurrida en revisi\u00f3n. <\/p>\n
EL RECURSO DE REVISION <\/p>\n
Dos causales soportan la impugnaci\u00f3n aqu\u00ed propuesta; de un lado, apoy\u00e1ndose en el numeral primero del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, afirma el recurrente que su presupuesto se estructura cuando aparece una prueba documental decisiva que no pudo aducirse al proceso por causa extra\u00f1a o ajena a la voluntad del perjudicado con la sentencia. En este caso, a\u00f1ade, hay lugar a pedir la revisi\u00f3n del fallo pues \u00e9ste se edific\u00f3 sobre la inexistencia en autos, para ese momento, \u201cde quien era la persona jur\u00eddica o natural que aparec\u00eda como propietaria del bien inmueble, en los registros del Departamento de Impuestos Distritales, relacionado con el Impuesto Predial (sic) y m\u00e1s exactamente de la persona que bajo la gravedad del juramento, que se considera prestado con la firma y presentaci\u00f3n del documento de identificaci\u00f3n al momento de realizar el pago, dice ser el propietario del bien, m\u00e1s exactamente, en el a\u00f1o inmediatamente anterior cuando se debi\u00f3 hacer el AUTO-AVALUO del mismo\u201d. <\/p>\n
Para sustentar la causal invocada, el impugnante aporta un certificado de la Direcci\u00f3n Distrital de Impuestos de la Secretar\u00eda de Hacienda donde, seg\u00fan afirma, consta que la demandada DORIS AVILA se declar\u00f3 propietaria del inmueble de la carrera 44 No. 37 – 20 Sur, al presentar autoaval\u00fao correspondiente al a\u00f1o gravable de 1994. <\/p>\n
De otro lado, fund\u00e1ndose en la causal sexta de revisi\u00f3n, el recurrente asevera que \u201csalta de bulto\u201d la colusi\u00f3n o maniobra fraudulenta que existi\u00f3 entre la demandada DORIS AVILA y su sobrina JOVANA, toda vez que mientras la primera se notific\u00f3 y compareci\u00f3 al proceso ordinario, la segunda, se ocult\u00f3 con el fin de no responder por los pormenores de la supuesta compraventa, conducta con la cual cre\u00f3 un \u201cvac\u00edo de la prueba\u201d, o un indicio que hubiera esclarecido m\u00e1s a\u00fan la simulaci\u00f3n efectuada. <\/p>\n
En cap\u00edtulo separado solicita el recurrente que la Corte revise la sentencia cuestionada por las siguientes razones: 1) No hubo, por parte del Tribunal, apreciaci\u00f3n de las pruebas aportadas al proceso, concretamente, confrontaci\u00f3n de las respuestas del interrogatorio de parte practicado a la demandada DORIS AVILA, saltando a la vista que en ellas falt\u00f3 a la verdad. 2) Revoc\u00f3 la sentencia de primera instancia con fundamento en no haber existido indicio grave de la mala fe de la vendedora ni del consilium fraudis con la compradora. 3) En sus consideraciones el Tribunal traslad\u00f3 al actor, \u201c\u2026de su condici\u00f3n de demandante a la (sic) de testigo de la demandada DORIS AVILA por dos ocasiones\u201d. 4) Exoner\u00f3 a Jovana Luc\u00eda Barrera de \u201ccualquier indicio de mala fe y desconocimiento de la mala situaci\u00f3n econ\u00f3mica e insolvencia en que se colocaba su t\u00eda Doris Avila al traspasarle la \u00fanica propiedad que pose\u00eda al tener varios acreedores que le exig\u00edan el pago de sus obligaciones\u201d. 5) Examin\u00f3 todo el proceso sin tener en cuenta que no hubo apelaci\u00f3n, como tampoco se atendieron las limitaciones propias de la consulta, ni las prohibiciones contenidas en el art\u00edculo 357 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Con miras a sustentar sus pedimentos, manifest\u00f3 el recurrente, en relaci\u00f3n con el punto primero, que la demandada, encontr\u00e1ndose bajo la gravedad de juramento, minti\u00f3, lo que constituye falta grave, condenable penalmente. En cuanto al segundo punto dijo que la mala fe de la vendedora se demostr\u00f3 con las contradicciones en que incurri\u00f3 en su interrogatorio, no pudiendo precisar el precio exacto de la supuesta venta, ni las condiciones de pago, como tampoco las cantidades de dinero que recibi\u00f3 de manos de la compradora. Al punto tercero, sostuvo que en ning\u00fan momento el actor MISAEL ROBAYO fue testigo de la demandada DORIS AVILA, y tal afirmaci\u00f3n -dijo-, se puede constatar en todo el expediente. Al punto cuarto, manifest\u00f3 que no se puede exonerar a la sobrina, supuesta compradora del bien inmueble, ni afirmar que no existe prueba dentro del proceso que lleve al indicio de su complicidad con la deudora Dor\u00eds Avila fraudulentamente insolventada, puesto que, de un lado, se ocult\u00f3 para soslayar la notificaci\u00f3n, toda vez que la misma se intent\u00f3 llevar a cabo en el inmueble de la carrera 44 No. 37-20 sur de esta ciudad, el que, para ese entonces, ya aparec\u00eda como de su propiedad, lo mismo que en la residencia de sus padres, donde firm\u00f3 el aviso una hermana suya, inform\u00e1ndole al notificador que all\u00ed viv\u00eda Jovana pero que en ese momento estaba trabajando; y, de otro lado, ella sab\u00eda de la insolvencia y de las deudas de su t\u00eda, pues as\u00ed se colige del interrogatorio de parte de \u00e9sta. <\/p>\n
S E C O N S I D E R A: <\/p>\n
1. H\u00e1se dicho, en forma reiterada y por dem\u00e1s profusa por parte de esta Corporaci\u00f3n, que: \u201c\u2026la incuestionable condici\u00f3n de recurso extraordinario, le acu\u00f1a al de revisi\u00f3n un conjunto definitivo de improntas que se constituyen en un verdadero valladar que le impiden al recurrente trazar la impugnaci\u00f3n de manera panor\u00e1mica o desembarazada de las exigencias previstas en la ley. Por el contrario, es de la esencia de los recursos de esa especie, el que deban formularse atendiendo un conjunto de requisitos de diversa naturaleza, entre ellos, que la sentencia impugnada solo puede cuestionarse por las causales taxativamente previstas en la ley, de modo que le incumbe al recurrente fijar con claridad y precisi\u00f3n aquellas circunstancias que, ajustadamente ce\u00f1idas a las disposiciones legales, le permiten impugnar por esa v\u00eda aquellas decisiones que, no obstante haber alcanzado la firmeza propia de la cosa juzgada, son inicuas y contrarias al ordenamiento legal\u201d. (Sentencia del 11 de septiembre de 1996) <\/p>\n
<\/p>\n
No son, ciertamente, escasas ni de poca monta las consecuencias que de esa tan peculiar condici\u00f3n se desprenden, ha dicho la Corte, pues el recurso de revisi\u00f3n no es, en manera alguna, un medio a trav\u00e9s del cual el litigante vencido pueda mejorar la prueba que obr\u00f3 en el respectivo proceso, o replantear su apreciaci\u00f3n sobre la ya existente, ni mucho menos propiciar una nueva discusi\u00f3n en relaci\u00f3n con aquellas cuestiones concernientes a lo que fue materia de debate en el juicio ya concluido. Al recurrente en revisi\u00f3n le incumbe, entonces, demostrar que el supuesto f\u00e1ctico previsto como causal para interponer ese medio de impugnaci\u00f3n y sobre el cual funda su demanda, ha acontecido conforme con las prescripciones legales. <\/p>\n
2. De ah\u00ed que esa singular manera de recurrir en revisi\u00f3n en la cual el impugnante agota su esfuerzo dial\u00e9ctico tratando de revelar supuestos yerros de valoraci\u00f3n probatoria del juzgador, u ofreciendo una nueva apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n que militaron en el proceso, deba considerarse como un desatino que descamina por completo el verdadero sentido y finalidad del recurso. <\/p>\n
En este caso, es palpable que si bien es cierto el impugnante, como se vio, dijo fincar sus cuestionamientos a la sentencia recurrida, en dos de las causales previstas en el art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, no lo es menos que su verdadero desvelo fue el de intentar revivir la discusi\u00f3n sobre los aspectos de fondo del litigio y, de paso, replantear una estimaci\u00f3n diferente de la prueba que obrara en autos, pero a la luz de una nueva pretensi\u00f3n, no debatida en las instancias: la simulatoria. Este pedimento no fue debidamente planteado en el libelo genitor del proceso, pues all\u00ed se reclam\u00f3 de manera principal, la revocatoria del contrato en ejercicio de la denominada acci\u00f3n pauliana y, en subsidio de \u00e9sta, se pidi\u00f3 se declarara que el aludido negocio jur\u00eddico es absolutamente ineficaz o, subsidiariamente, que es inoponible al actor, asuntos estos que no comprenden la pretensi\u00f3n de simulaci\u00f3n, o por lo menos as\u00ed lo entendieron los jueces de instancia al pasarlos por alto con el silencio complaciente del actor. Aquella preocupaci\u00f3n del impugnante aparece latente no solo en la demanda que formaliz\u00f3 el recurso, sino, tambi\u00e9n, en la orientaci\u00f3n probatoria de \u00e9ste y en el contenido de sus alegaciones, aspectos sobre los cuales, por ser absolutamente ajenos a lo que es materia de la revisi\u00f3n, la Corte se abstiene de considerar. <\/p>\n
3. En lo que concierne con la causal prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, parece necesario recordar, conforme lo tiene dicho esta Corporaci\u00f3n, que el recurrente debe acreditar todos los presupuestos que la estructuran, a saber: a) Que la nueva prueba presentada sea de \u00edndole documental; b) Que ese documento por preexistir, hubiera podido allegarse al proceso; c) Que no se pudo aportar, por fuerza mayor o caso fortuito o por obra (dolo) de la parte contraria; d) Que el hallazgo del mismo ocurri\u00f3 despu\u00e9s de haberse proferido el fallo; e) Que dicho documento hubiera determinado una decisi\u00f3n distinta a la contenida en la sentencia recurrida. No obstante, en el asunto de esta especie, es patente que el documento aportado por el recurrente, no fue preexistente al proceso, ni se demostr\u00f3 una conducta dolosa de la contraparte encaminada a impedir su aducci\u00f3n o cualquier hecho ajeno que reuniere los requerimientos legales, como tampoco se percibe en \u00e9l la importancia que el libelista pretende otorgarle. <\/p>\n
En efecto, en primer lugar, se trata de una certificaci\u00f3n fechada el 26 de abril de 1995, (aun cuando es preciso reconocer que el sello mec\u00e1nico de la misma es ininteligible), esto es, muy posterior a mayo de 1992, \u00e9poca en la que se inici\u00f3 el proceso, y el suceso al cual se refiere, es decir, el pago de un tributo en mayo de 1994, acaeci\u00f3 tiempo despu\u00e9s de aquella fecha, lo que, obviamente, imped\u00eda su oportuna aportaci\u00f3n al mismo; por ello, no puede imputarse tal omisi\u00f3n a dolo de las demandadas o a otra circunstancia de similar talante. <\/p>\n
Adem\u00e1s, porque, como ya se dijo, el demandante no impetr\u00f3 en el libelo demandatorio la simulaci\u00f3n de la compraventa celebrada entre las demandadas, o por lo menos as\u00ed lo consideraron los jueces de instancia, quienes omitieron cualquier reflexi\u00f3n al respecto. Es m\u00e1s, el Tribunal, no obstante que el actor invocara en su demanda pretensiones subsidiarias, circunscribi\u00f3 su estudio al examen de la principal, postura que, con su silencio acogi\u00f3 el demandante. En ese orden de ideas, si la discusi\u00f3n planteada y decidida en la sentencia gravit\u00f3 sobre la procedencia de la acci\u00f3n pauliana, en virtud de la cual el acreedor puede demandar la revocatoria de aquellos negocios jur\u00eddicos verdadera y realmente celebrados por su deudor, que determinen o agraven su insolvencia, demostrando, por supuesto, que el bien ha salido del patrimonio del deudor, es patente la intrascendencia del documento allegado por el recurrente, destinado, seg\u00fan su designio, a demostrar que el acto jur\u00eddico cuestionado fue absolutamente simulado, asunto este, no solamente distinto sino opuesto a lo decidido en el proceso, pues la simulaci\u00f3n presupone que el acto respectivo sea total o parcialmente fingido, es decir, inexistente y por tanto que el bien permanezca en el patrimonio del deudor. En cambio, la prosperidad de la acci\u00f3n revocatoria exige, entre otras cosas, la existencia de un acto de disposici\u00f3n de bienes realmente querido y efectuado por el deudor con el tercero. <\/p>\n
4. Todav\u00eda mas difuso y vaporoso es el ataque fincado en la causal sexta de revisi\u00f3n que la acusaci\u00f3n hace consistir en evidente colusi\u00f3n o maniobra fraudulenta preexistente entre las demandadas porque una de ellas, JOVANA, se ocult\u00f3 para no responder por los pormenores de la supuesta compraventa, conducta con la cual, dice, cre\u00f3 un \u201cvac\u00edo de la prueba\u201d o un indicio que hubiera esclarecido a\u00fan m\u00e1s la simulaci\u00f3n efectuada. <\/p>\n
Al respecto debe tenerse en cuenta que, como de anta\u00f1o lo ha sostenido la Corte, la aludida causal de revisi\u00f3n se estructura cuando las partes, o una de ellas, despliega una actividad deliberada, consciente e il\u00edcita, encaminada a falsear la verdad, con miras a inducir en error al juzgador, malogrando los derechos que la ley concede a terceros o a los otros sujetos procesales, comportamiento que, obviamente, debe aparecer plenamente probado, pues la presunci\u00f3n de buena fe que campea como un principio del procedimiento civil, debe, en todo caso quebrarse. Esta Corporaci\u00f3n ha predicado reiterada- mente que \u201c\u2026 la existencia de maniobras fraudulentas como causal de revisi\u00f3n \u2026 tiene por finalidad reprimir la conducta de las partes cuando resulte atentatoria de los principios de lealtad, probidad y buena fe que han de presidir su actuaci\u00f3n en el proceso, Para ello, la Corte \u2026 precis\u00f3 el contenido del alcance jur\u00eddico de esta causal diciendo que las maniobras fraudulentas comportan una actividad enga\u00f1osa que conduzca al fraude, una actuaci\u00f3n torticera, una maquinaci\u00f3n capaz de inducir a errar al juzgador al producir el fallo en virtud de la deformaci\u00f3n artificiosa y mal intencionada de los hechos\u2026\u201d (G.J. Tomo CCIV, p\u00e1g. 44) <\/p>\n
Y en el sub lite, no existe prueba alguna capaz de demostrar que la conducta de las demandadas, y particularmente, la de JOVANA LUCIA BARRERA MARIN, re\u00fana las anotadas caracter\u00edsticas, ni el supuesto f\u00e1ctico mencionado por el recurrente como fundamento de su reproche, evidencia, por s\u00ed mismo, un comportamiento tramposo o falaz. Con mayor exactitud: No solo no aparece demostrado en el tr\u00e1mite del recurso que la mencionada demandada hubiese incurrido en una conducta deliberada, tendiente a tergiversar la realidad, con miras a inducir al juzgador en error, sino que, su no comparecencia al proceso, que es el hecho aducido como tal, no parece revelar un designio mal intencionado pues tal omisi\u00f3n, en principio, solo a ella podr\u00eda causarle un perjuicio. No se trata, entonces, de artificios o artima\u00f1as ingeniadas y llevadas a la pr\u00e1ctica con la finalidad de conseguir por esa v\u00eda una decisi\u00f3n favorable pero contraria a la justicia. <\/p>\n
El recurso, en consecuencia, no tiene acogida. <\/p>\n
D E C I S I O N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
R E S U ELVE <\/p>\n
PRIMERO.- Decl\u00e1rase infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n propuesto por MISAEL ROBAYO VALBUENA contra la sentencia del 9 de marzo de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario que el recurrente adelant\u00f3 contra DORIS AVILA DE GUZMAN Y JOVANA LUCIA BARRERA MARIN. <\/p>\n
SEGUNDO.- En consecuencia, cond\u00e9nase al impugnante al pago de las costas y los perjuicios causados, para lo cual se har\u00e1 efectiva la cauci\u00f3n prestada. Los perjuicios liqu\u00eddense mediante incidente (art. 384 del C. de P.C.). T\u00e1sense las costas. <\/p>\n
Para su conocimiento y fines pertinentes, comun\u00edquese lo anterior a la Compa\u00f1\u00eda de Seguros otorgante de la garant\u00eda prestada. <\/p>\n
TERCERO.- Devu\u00e9lvase a la oficina de origen el expediente que contiene el proceso dentro del cual se dict\u00f3 la sentencia materia de revisi\u00f3n. Por Secretar\u00eda l\u00edbrese el correspondiente oficio. <\/p>\n
Cumplido todo lo anterior, arch\u00edvese esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase. <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 5568 <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
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