S-032-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de Julio de mil novecientos noventa y siete (1997).- <\/p>\n
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Ref: Expediente Nro. 6125 <\/p>\n
Se decide sobre el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por INMOBILIARIA EL CEDRITO S. A., entidad hoy liquidada, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 el quince (15) de febrero de 1994, aclarada el veinticuatro (24) de mayo del mismo a\u00f1o, que resolvi\u00f3 a su vez acerca de los recursos de anulaci\u00f3n interpuestos por las dos partes contra el laudo que le puso fin a un proceso de arbitramento seguido entre aquella sociedad y otra denominada ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda Ltda. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante documento suscrito el diecinueve (19) de septiembre de 1988, INMOBILIARIA EL CEDRITO LTDA. (hoy INMOBILIARIA EL CEDRITO S. A. liquidada), actuando como contratante, y ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda. Ltda, en calidad de contratista, formalizaron por escrito las condiciones de un negocio jur\u00eddico que denominaron de construcci\u00f3n por administraci\u00f3n delegada mediante el cual la segunda se comprometi\u00f3 a ejecutar, en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de diez meses y un mes m\u00e1s para la liquidaci\u00f3n del contrato, por un valor de $55\u2019000.000.oo por concepto de honorarios, \u201cla construcci\u00f3n, el movimiento de tierras, la construcci\u00f3n de la estructura, de la mamposter\u00eda, de la cubierta, de las instalaciones el\u00e9ctricas, telef\u00f3nicas, hidr\u00e1ulicas, sanitarias, mec\u00e1nicas, de los revoques, de los acabados y en general de todas las obras tanto interiores como exteriores que se requieran para la ejecuci\u00f3n total de la construcci\u00f3n de una edificaci\u00f3n llamada \u2018Cedritos Centro Comercial\u2019, en un lote de terreno de propiedad del contratante\u201d. <\/p>\n
La obra qued\u00f3 sujeta a la permanente vigilancia de la compa\u00f1\u00eda contratante directamente o por conducto de un interventor, asesorada adem\u00e1s por un comit\u00e9, especific\u00e1ndose a su vez de manera detallada la forma en que habr\u00eda de ejecutarse convini\u00e9ndose de otro lado las garant\u00edas que habr\u00edan de cubrir un eventual incumplimiento parcial o total, en cuya hip\u00f3tesis se fijaron las multas respectivas, equivalentes al uno por ciento (1%) del valor estimado de la obra programada por cada d\u00eda de retraso, por un m\u00e1ximo de quince (15) d\u00edas en caso de incumplimiento parcial, y de treinta (30) d\u00edas en el supuesto de que el incumplimiento fuese total; se estipul\u00f3 una cl\u00e1usula penal valuada en diez millones de pesos ($10\u2019000.000.oo); y, seguros de cumplimiento destinados a cubrir, no s\u00f3lo la ejecuci\u00f3n total del proyecto sino tambi\u00e9n el pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y la estabilidad de las obras ejecutadas. En fin, se pact\u00f3 una cl\u00e1usula compromisoria para resolver las diferencias o las controversias relativas al contrato, a su ejecuci\u00f3n y liquidaci\u00f3n, cl\u00e1usula que es fundamento del proceso arbitral al cual se aludir\u00e1 a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. En orden a solucionar diferencias originadas en el afirmado incumplimiento de las obligaciones contra\u00eddas, atribuido a la compa\u00f1\u00eda contratante, la sociedad contratista, con base en el acuerdo arbitral mencionado, promovi\u00f3 la iniciaci\u00f3n del correspondiente proceso, solicitando que se declare por los \u00e1rbitros la existencia del alegado incumplimiento, debido a las siguientes razones: a) Las fechas de entrega de cimentaci\u00f3n y estructuras no se cumplieron dentro de los plazos establecidos; b) El contratante modific\u00f3 el r\u00e9gimen de contrataci\u00f3n, para lo cual cre\u00f3 un comit\u00e9 de adjudicaciones del que no hizo parte la firma contratista ni sus delegados, comit\u00e9 por conducto del cual se seleccionaban y adjudicaban la totalidad de los contratos individuales necesarios para adelantar las distintas actividades requeridas para la obra; c) Totalmente por fuera del alcance del proyecto inicial, se introdujeron obras extras y adicionales, a pesar de lo cual el contratista trat\u00f3 de superar dichos escollos, lo que logr\u00f3 con \u00e9xito hasta el mes de marzo de 1989 cuando, para acometer los acabados finales, surgieron nuevos inconvenientes: d) La firma dedicada a la interventor\u00eda de la obra \u201casumi\u00f3 una posici\u00f3n de poca colaboraci\u00f3n\u201d; e) \u201cLas definiciones sobre detalles, ajustes, acabados y planos en obra no se produjeron oportunamente ocasionando retardo y desorganizaci\u00f3n absolutos en la ejecuci\u00f3n del proyecto\u201d; f) Surgieron dificultades tambi\u00e9n en la ejecuci\u00f3n de los contratos para la culminaci\u00f3n de los trabajos en relaci\u00f3n con las instalaciones hidr\u00e1ulicas, el\u00e9ctricas y sanitarias; g) Cuando se logr\u00f3 \u201creprogramar\u201d la ejecuci\u00f3n de la obra, la compa\u00f1\u00eda contratante retuvo la cuota de honorarios a la que ten\u00eda derecho la sociedad contratista \u201ccompens\u00e1ndola con un valor estimado de desperdicios\u201d, lo que dio lugar a la terminaci\u00f3n unilateral del contrato, \u201ccon justa causa\u201d, por parte de la contratista que convoc\u00f3 entonces a la sociedad contratante a la liquidaci\u00f3n del contrato y \u201cmanifest\u00f3 su intenci\u00f3n de ejercer derecho de retenci\u00f3n sobre la obra tal y como pod\u00eda hacerlo por virtud de la ley\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, solicit\u00f3 la compa\u00f1\u00eda contratista que se declare la existencia del contrato en referencia; que se determine que las obligaciones pactadas a cargo de la sociedad ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda. Ltda., son de resultado, \u201ccon la \u00fanica excepci\u00f3n de aquella consistente en acometer las obras adicionales que fueron decididas por la sociedad INMOBILIARIA EL CEDRITO LIMITADA, por fuera del alcance general del proyecto\u201d; que los resultados pactados fueron los previstos por la firma interventora; que la sociedad contratista realiz\u00f3 las obras detalladas en el mencionado escrito, \u201csin haberse previsto como resultado\u201d y por consiguiente sin prever los honorarios que habr\u00edan de devengarse por la ejecuci\u00f3n respectiva; que la sociedad contratante se apropi\u00f3 sin justificaci\u00f3n alguna de $2\u2019414.403.oo, \u201ccorrespondiente a la octava cuota de los honorarios contractuales, descontada las retenciones, legal y en garant\u00eda\u201d, con lo que dicha compa\u00f1\u00eda incumpli\u00f3 su obligaci\u00f3n principal de pagar los honorarios contractuales\u2026\u201d; que la sociedad contratante se apoder\u00f3 sin justa causa de $1\u2019187.187.50 \u201ccorrespondiente a los gastos reembolsables del contrato\u201d, por lo cual incumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n de pagar los precitados gastos; que la sociedad contratante no pag\u00f3 los honorarios correspondientes a la novena cuota de los honorarios contractuales, ni la parte proporcional de la d\u00e9cima cuota \u201csin causa ni justificaci\u00f3n alguna\u201d; que la sociedad contratista cumpli\u00f3, por su parte, con las obligaciones contra\u00eddas; que en consecuencia INMOBILIARIA EL CEDRITO S. A. debe a la compa\u00f1\u00eda contratista la cantidad de $3\u2019476.666.30 por concepto de retenciones durante la ejecuci\u00f3n de la obra y por honorarios no cancelados; que en virtud del incumplimiento referido, la sociedad ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda. Ltda. ha sufrido perjuicios tanto materiales como morales, raz\u00f3n por la cual la entidad contratante debe ser condenada a pagar el valor de las obras extras efectuadas a la tarifa vigente para la ejecuci\u00f3n del contrato, la cantidad de $2\u2019414.403.oo \u201ccorrespondiente a los honorarios compensados sin fundamento\u201d, $4\u2019176.777.88 \u201ccorrespondiente a los honorarios causados dejados de pagar\u201d, $1\u2019187.187.50 \u201ccorrespondiente a los gastos reembolsables causados y dejados de pagar\u201d, $3\u2019476.666.oo \u201ccorrespondiente a la parte de los honorarios retenida en garant\u00eda\u201d, $8\u2019277.777.oo \u201ccorrespondiente al dinero que, de concluirse normalmente el contrato, habr\u00eda recibido ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda. Ltda. por concepto de honorarios\u201d, la cantidad que se determine para compensar los ingresos que habr\u00eda podido obtener la compa\u00f1\u00eda contratista al \u201chaber incluido en su curriculum vitae la construcci\u00f3n contratada como terminada\u201d, junto con los intereses comerciales de mora causados, m\u00e1s la correcci\u00f3n monetaria de los valores referidos previamente totalizados. <\/p>\n
La contratante, por su parte, se opuso a las pretensiones as\u00ed deducidas en su contra, tras sostener que el contrato celebrado lo es de obra por administraci\u00f3n delegada y, por ende, su objeto lo constituye un resultado cual era la culminaci\u00f3n a cargo del contratista del proyecto mencionado, apreciaci\u00f3n que apoya con citas de doctrina sobre el tema e incluyendo detalladas explicaciones sobre la ejecuci\u00f3n de la construcci\u00f3n que evidencian notorias discrepancias en torno al punto con la contratista, llegando hasta sostener que \u201cAlfredo Mu\u00f1oz y C\u00eda. Ltda., desde el inicio del contrato, seg\u00fan se puede deducir de la correspondencia existente, permanentemente pretendi\u00f3 eludir el alcance de sus obligaciones de una manera confusa y de todas formas arbitraria\u201d. Neg\u00f3 igualmente legitimidad a la firma constructora para retener parte de la obra con base en las facultades que confiere el contrato de arrendamiento o el de mandato, argumentando que \u201cnadie puede retener una cosa del presunto deudor si ha mediado incumplimiento de su parte\u201d, as\u00ed como tampoco le es dado pretender las condenas referidas en el escrito introductorio. Igualmente pide que en el laudo declaren los \u00e1rbitros: a) Que la sociedad ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda. Ltda. incumpli\u00f3 el contrato de obra referido \u201c\u2026al no haber logrado el resultado prometido en la fecha acordada\u2026\u201d; b) Que dicho incumplimiento se dio desde el veintisiete (27) de junio de 1989; c) Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a dicha sociedad a pagar a la INMOBILIARIA EL CEDRITO S. A. \u201ctodos los perjuicios, inclu\u00eddos da\u00f1o emergente y lucro cesante con la correspondiente correcci\u00f3n monetaria\u201d, no s\u00f3lo por la no culminaci\u00f3n de la obra sino tambi\u00e9n por la retenci\u00f3n injustificada de documentos y de los locales 250 y 251 del centro comercial; d) Que la sociedad contratista debe pagar la cantidad de $5\u2019446.666.62 por concepto de la liquidaci\u00f3n final del contrato de administraci\u00f3n delegada, \u201cjunto con la correcci\u00f3n monetaria contada a partir del 27 de junio de 1989\u201d; e) Que se condene a dicha sociedad a pagar la cantidad de $8\u2019436.828.oo \u201cpor concepto de desperdicios a su cargo\u201d con la correspondiente correcci\u00f3n monetaria contada a partir del veintisiete (27) de junio de 1989. Finalmente, como medida preventiva, INMOBILIARIA EL CEDRITO S. A. solicit\u00f3 la entrega de los documentos y de los inmuebles retenidos por la sociedad ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda. Ltda. <\/p>\n
3. Luego de surtidos los tr\u00e1mites de rigor, con fecha dieciocho (18) de junio de 1991 el Tribunal de Arbitramento emiti\u00f3 el laudo, unos d\u00edas despu\u00e9s aclarado y corregido, declarando lo siguiente: a) Que entre INMOBILIARIA EL CEDRITO LTDA. y ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda Ltda., existi\u00f3 un contrato de construcci\u00f3n inmobiliaria por administraci\u00f3n delegada, \u201ccontrato dentro del cual la contratante qued\u00f3 facultada para modificar, aumentar o disminuir las cantidades de obra dentro del alcance general del proyecto y de conformidad con la necesidad de ajustar aproximaciones dentro de los requerimientos reales del mismo\u201d. b) Que las obras nuevas detalladas por la sociedad contratista \u201cconstituyeron obras separadas que deber\u00e1n pagarse por el contratante al contratista en adici\u00f3n a la remuneraci\u00f3n contractual\u201d. c) Que no era procedente la compensaci\u00f3n de honorarios y gastos reembolsados por cargos de desperdicios que realiz\u00f3 INMOBILIARIA EL CEDRITO LTDA. en contra de ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda. Ltda. d) Que las partes contratantes incumplieron el referido contrato desde el veintisiete (27) de junio, \u201cpero que no hay lugar a indemnizaciones debido a la compensaci\u00f3n de moras y de culpas\u201d. e) Que la remuneraci\u00f3n contractual se caus\u00f3 hasta la fecha de terminaci\u00f3n del contrato. f) Que no hab\u00eda lugar a la retenci\u00f3n de los locales 250 y 251 por parte de ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda. Ltda, \u201cy en consecuencia ord\u00e9nase su restituci\u00f3n en el estado en que se encontraban cuando los tom\u00f3 en su poder la sociedad que aleg\u00f3 la retenci\u00f3n en junio 27 de 1989\u201d. <\/p>\n
Y en consonancia con las declaraciones precedentes, el laudo arbitral da cuenta de las siguientes condenas: a) A la sociedad INMOBILIARIA EL CEDRITO LIMITADA a pagar a ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda. Ltda., por concepto de honorarios por las obras adicionales la suma de $8\u2019146.898.19; por honorarios contractuales $2\u2019414.403.oo \u201cpor compensaci\u00f3n indebida en la cuota ocho\u201d, $3\u2019104.166.66 \u201cpor cuota novena\u201d, y $931.250.oo \u201cpor cuota diez parcial\u201d, para un total por dicho concepto de $6\u2019449.819.66; por gastos pendientes de reembolso por haberse compensado indebidamente las cuentas de cobro $1\u2019187.187.50; por retenciones en garant\u00eda sobre cuentas de honorarios $3\u2019476.666.30 y por correcci\u00f3n monetaria e intereses $30\u2019373.921.49. b) A la sociedad ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda. Ltda. a pagarle a INMOBILIARIA EL CEDRITO LTDA., por lucro cesante en raz\u00f3n de la indebida retenci\u00f3n de los locales comerciales 250 y 251, la suma de $25\u2019761.858.99; por desperdicios $1\u2019050.583.24, de suerte que aplicada la compensaci\u00f3n respectiva la suma debida por INMOBILIARIA EL CEDRITO LTDA. en favor de ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda. Ltda, ascendi\u00f3 a $4\u2019242.821.98. <\/p>\n
4. Por petici\u00f3n de ambas partes, los \u00e1rbitros corrigieron su decisi\u00f3n inicial mediante providencia del quince (15) de julio de 1991, para utilizar en la liquidaci\u00f3n del ajuste monetario el factor de 710 d\u00edas y no de 22.3 meses, como lapso transcurrido desde el veintisiete (27) de junio de 1989 al diecisiete (17) de junio de 1991, raz\u00f3n por la cual se modific\u00f3 el saldo final de liquidaci\u00f3n que debe pagar la INMOBILIARIA EL CEDRITO LTDA. a favor de ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda. Ltda., en el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas (F. 50 Cdo. Ppal.). <\/p>\n
5. Contra el pronunciamiento de los \u00e1rbitros cuyo contenido b\u00e1sico acaba de resumirse incluyendo las modificaciones que fue preciso hacerle en raz\u00f3n de las aclaraciones y correcciones solicitadas por las partes en conflicto, las compa\u00f1\u00edas contratantes interpusieron en tiempo h\u00e1bil recurso de anulaci\u00f3n para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, con fundamento en los nums. 4\u00b0, 7\u00b0 y 8\u00b0 del Art. 38 del Decreto 2279 de 1989, haga los proveimientos del caso y deniegue las respectivas condenas que les fueron impuestas. Con dicho fin, la sociedad ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda. Ltda. objet\u00f3 la inclusi\u00f3n del tema relacionado con el derecho de retenci\u00f3n en un caso frente al cual las partes estuvieron de acuerdo en que dada la naturaleza del contrato celebrado, ten\u00eda plena vigencia dicho derecho, \u201cfund\u00e1ndose la discusi\u00f3n tan solo en si exist\u00eda o no una deuda que pudiera justificarlo\u201d y, por su parte, la sociedad INMOBILIARIA EL CEDRITO LTDA., solicit\u00f3 la anulaci\u00f3n del laudo por no haberse permitido la pr\u00e1ctica de un nuevo dictamen pericial dentro del incidente que objet\u00f3 por error grave el aportado al proceso; por resolver sobre aspectos que se cumplieron por fuera de la relaci\u00f3n contractual sometida a examen, como lo fue el de reconocer honorarios por obras nuevas \u201cno incluidas dentro del alcance del contrato por administraci\u00f3n delegada\u201d y por \u00faltimo, para que se adopten las determinaciones pertinentes para eliminar la contradicci\u00f3n consistente en declarar el incumplimiento por parte de ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda. Ltda. y, a su vez, reconocerle derecho a percibir la totalidad de los honorarios, \u201cpor unas obras que no alcanz\u00f3 a realizar dado el incumplimiento que el mismo laudo declara\u201d. <\/p>\n
En efecto, respecto del motivo aducido por la sociedad ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda. Ltda. para sustentar el recurso de anulaci\u00f3n interpuesto, se dice que ninguna de las partes puso en duda la \u00edndole del contrato de obra por ellas celebrado y por ello, dicho tema no form\u00f3 cuesti\u00f3n debatida en el proceso arbitral, lo que evidencia que \u201ccuando los \u00e1rbitros variaron la naturaleza del contrato, entraron a resolver puntos que no les fueron sometidos a consideraci\u00f3n y por tanto al excederse en sus funciones, tomaron una decisi\u00f3n anulable como solicito sea decretado\u201d, para a\u00f1adir, a rengl\u00f3n seguido, que debido a la naturaleza del contrato celebrado, la posesi\u00f3n de parte de dicha obra por la compa\u00f1\u00eda recurrente se admit\u00eda, sin que dicha tenencia y posesi\u00f3n hubiesen sido a su vez objeto de disputa, luego sobre ella tampoco pod\u00eda pronunciarse el Tribunal. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n se refiere la compa\u00f1\u00eda impugnante a las facultades adscritas a los jueces ordinarios para diferenciarlas de las que le est\u00e1n asignadas a los \u00e1rbitros e, insistir por ello, en que a estos \u00faltimos no les est\u00e1 permitido resolver aspectos por fuera de lo que constituye el desacuerdo de las partes, ni aun en el supuesto de que se encuentren en frente de circunstancias que pudiesen constituir excepci\u00f3n alguna, hip\u00f3tesis que de todos modos, agrega, no cabe en este caso, frente al cual las partes fueron plenamente sabedoras de que celebraron un contrato de administraci\u00f3n delegada y que, dentro de las dificultades sobrevinientes, ninguna gir\u00f3 en relaci\u00f3n con el derecho de retenci\u00f3n ejercido por ella y que los \u00e1rbitros encontraron sin lugar, de suerte que \u201cse fallo sobre un tema no discutido sobre el que no hab\u00eda diferencia alguna entre las partes, con violaci\u00f3n del derecho de defensa\u201d. <\/p>\n
La sociedad INMOBILIARIA EL CEDRITO LTDA., por su parte, con apoyo en la causal cuarta del art\u00edculo 38 del decreto 2279 de 1989 sostiene que el laudo es anulable por cuanto, sin fundamento legal, \u201cse dejaron de decretar pruebas oportunamente solicitadas\u201d cuando el Tribunal de Arbitramento no permiti\u00f3 la realizaci\u00f3n de una nueva experticia como medio de prueba en orden a demostrar la objeci\u00f3n por error grave propuesta en contra del dictamen pericial rendido dentro del proceso tras considerar \u201cque el art\u00edculo 42 del Decreto 2279 de 1989 no permit\u00eda la pr\u00e1ctica de pruebas dentro del tr\u00e1mite de la objeci\u00f3n al dictamen pericial, por tener que decidir de plano\u201d, decisi\u00f3n contra la cual se interpuso en la audiencia respectiva recurso de reposici\u00f3n que ese mismo Tribunal resolvi\u00f3 desfavorablemente a los intereses del impugnante, circunstancia que \u201ctuvo incidencia en la decisi\u00f3n por cuanto varios de los puntos de la objeci\u00f3n se refer\u00edan a las respuestas de los peritos acerca del tema de los desperdicios\u201d, punto respecto del cual versaron varias de las peticiones pretendidas por dicha compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
De otro lado, con base en la causal 8\u00b0 del art\u00edculo en menci\u00f3n se afirma que el Tribunal de Arbitramento deb\u00eda resolver sobre las cuestiones propias del alcance del contrato, su ejecuci\u00f3n \u201cy naturalmente sobre las responsabilidades consiguientes\u201d, lo que incide en que deba anularse el aparte del laudo que reconoci\u00f3 en favor de ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda. Ltda. los honorarios en relaci\u00f3n con obras que no formaron parte del contrato celebrado. <\/p>\n
Por \u00faltimo, el numeral 7\u00b0 del mencionado art\u00edculo 38 del Decreto 2279 de 1989 se cita para invocar como fundamento la afirmada contradicci\u00f3n existente en el laudo cuando declara la ocurrencia de incumplimiento mutuo y la terminaci\u00f3n del contrato el veintisiete (27) de junio de 1989, para luego condenar a la sociedad recurrente al pago de la totalidad de los honorarios en favor de la compa\u00f1\u00eda constructora, \u201chonorarios estos causados por unas obras que la contratista no alcanz\u00f3 a realizar en su totalidad dado el incumplimiento que el mismo laudo declara\u201d. <\/p>\n
6. Luego de agotado el tr\u00e1mite de rigor en los t\u00e9rminos que indica el Art. 112 de la Ley 23 de 1991, en sentencia de fecha quince (15) de febrero de 1994 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, con salvamento de voto de uno de los miembros de la respectiva Sala de Decisi\u00f3n, corrigi\u00f3 el laudo en forma parcial, adoptando las determinaciones que a continuaci\u00f3n se indican: <\/p>\n
A- Declar\u00f3 infundado el recurso de anulaci\u00f3n interpuesto por INMOBILIARIA EL CEDRITO LTDA. <\/p>\n
B- Elimin\u00f3 la condena por concepto de lucro cesante en virtud de la retenci\u00f3n de dos de los locales comerciales construidos por parte de ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda y, en consecuencia, modific\u00f3 el saldo final de la liquidaci\u00f3n para fijarlo en la suma de $30\u2019004.680.97, luego de compensar las condenas mutuas de car\u00e1cter pecuniario impuestas por el laudo a cargo de las dos partes, saldo que orden\u00f3 pagar a INMOBILIARIA EL CEDRITO LTDA en favor de ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda. Ltda, dentro del t\u00e9rmino de los cinco d\u00edas siguientes a la \u201cejecuci\u00f3n\u201d de la providencia en cuesti\u00f3n, aclarando posteriormente, por auto de fecha veinticuatro (24) de mayo de 1994, que el punto de partida de dicho t\u00e9rmino no es la \u201cejecuci\u00f3n\u201d sino la \u201cejecutoria\u201d del laudo proferido. <\/p>\n
C- Confirm\u00f3 los restantes pronunciamientos del Tribunal de Arbitramento, con sus aclaraciones y modificaciones, y le impuso a la sociedad INMOBILIARIA EL CEDRITO LTDA. la obligaci\u00f3n de pagar las costas causadas. <\/p>\n
II. LOS MOTIVOS DE LA SENTENCIA MATERIA DE REVISION. <\/p>\n
Luego de detallar los aspectos en su sentir m\u00e1s sobresalientes del proceso arbitral y del fallo que es materia de los recursos de anulaci\u00f3n interpuestos, inicia el Tribunal sus consideraciones tomando en cuenta, en primer t\u00e9rmino, el recurso interpuesto por ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda. Ltda. para aseverar, sin mayor an\u00e1lisis, que en efecto, el tema relacionado con el derecho de retenci\u00f3n \u201cno fue propuesto por las partes como tema de discusi\u00f3n a los \u00e1rbitros, hecho que se desprende de la demanda y contestaci\u00f3n de la misma\u201d; al contrario, dice la corporaci\u00f3n sentenciadora, ambas partes estuvieron de acuerdo con que en el contrato de obra por administraci\u00f3n delegada convergen caracter\u00edsticas propias del de arrendamiento y del de mandato \u201cy que la legislaci\u00f3n consagrada en el estatuto civil establece para esta clase de contratos que el arrendador y el mandatario tienen el derecho de retener las cosas que est\u00e1n bajo su poder para garantizar lo que se le deba\u201d. <\/p>\n
Sostiene, entonces, el Tribunal que el laudo, al no reconocer en beneficio del contratista el derecho de retenci\u00f3n, equivoc\u00f3 las normas legales aplicables al asunto relacionado con esa modalidad de garant\u00eda y, en consecuencia, \u201cincurri\u00f3 en fallo extra petita al haber decidido sobre puntos no sujetos a su decisi\u00f3n, lo que constituye incongruencia\u201d, de manera que luego de transcribir alg\u00fan fragmento de jurisprudencia en torno al tema referido, concluye que debe corregirse la decisi\u00f3n arbitral en lo pertinente, suprimiendo la determinaci\u00f3n adoptada por los \u00e1rbitros y que es objeto de cr\u00edtica. <\/p>\n
En cuanto al recurso interpuesto por INMOBILIARIA EL CEDRITO LTDA., el Tribunal estima ajustada a derecho la decisi\u00f3n en torno a no permitir la realizaci\u00f3n de un nuevo dictamen pericial dentro del incidente que objet\u00f3 el presentado en un comienzo \u201cpor existir la norma especial que ordena decidir de plano la objeci\u00f3n por error grave que se proponga contra el dictamen pericial sin tener que acudir a un segundo dictamen\u201d, y as\u00ed mismo, tampoco encuentra reparo alguno en lo relacionado con el reconocimiento de los honorarios debidos a la firma contratista por las obras nuevas efectuadas, toda vez que dentro del alcance que los \u00e1rbitros reconocen a la relaci\u00f3n contractual origen de la disputa, se encontraba precisamente la facultad que ten\u00eda la contratante para \u201cmodificar, aumentar o disminuir las cantidades de obra dentro del alcance general del proyecto\u201d, punto que, adem\u00e1s, fue sometido a consideraci\u00f3n del Tribunal de Arbitramento. <\/p>\n
En fin, en lo que ata\u00f1e al incumplimiento que se le imputa a la firma contratista y el importe de la retribuci\u00f3n a ella adeudada en concepto de honorarios por la contratante, el Tribunal no observa contradicci\u00f3n alguna por cuanto, seg\u00fan lo afirma, la decisi\u00f3n relacionada con el incumplimiento mutuo que condujo a no ordenar el pago de indemnizaciones, no guarda relaci\u00f3n con la que dispuso el pago de los honorarios por las obras efectuadas por fuera de lo pactado inicialmente. <\/p>\n
III. EL RECURSO DE REVISION. <\/p>\n
1. Mediante demanda que fue admitida a tr\u00e1mite por auto de fecha trece (13) de septiembre de 1996, haciendo uso del derecho que para proceder en tal sentido le concede el Art. 41 del Decreto 2279 de 1989, INMOBILIARIA EL CEDRITO S. A., en ese entonces en liquidaci\u00f3n, actuando por conducto de mandatario judicial, interpuso el recurso extraordinario de revisi\u00f3n para que una vez agotado el tr\u00e1mite previsto en la ley y con apoyo en el motivo que consagra el Art. 380, num. 8\u00b0, del C. de P. C, sea invalidada la sentencia que con fecha quince (15) de febrero de 1994, aclarada el veinticuatro (24) de mayo del mismo a\u00f1o por auto notificado por estado el veintis\u00e9is (26) de ese mes, profiri\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 y por cuya virtud decidi\u00f3 el recurso de anulaci\u00f3n que las compa\u00f1\u00edas INMOBILIARIA EL CEDRITO LTDA. y ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda. Ltda hicieron valer contra el laudo arbitral al que el presente expediente hace referencia. Se fundamenta la solicitud de revisi\u00f3n en que dicho organismo judicial incurri\u00f3 en falla grave al proferir una sentencia que se abstiene de pronunciarse sobre aspectos que si fueron sometidos a la consideraci\u00f3n de los \u00e1rbitros en su oportunidad, y en consecuencia, pretende la compa\u00f1\u00eda recurrente que se dejen sin valor los numerales primero, segundo, tercero cuarto y sexto de la sentencia cuyo contenido decisorio se dej\u00f3 resumido l\u00edneas atr\u00e1s. <\/p>\n
Para arribar a esta conclusi\u00f3n y justificar su pedimento, indica en lo sustancial de su argumentaci\u00f3n la compa\u00f1\u00eda recurrente que, en escrito presentado el diecisiete (17) de octubre de 1990, mediante el cual ella dio respuesta a la solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento, se plante\u00f3 la necesidad \u201cde hacer un an\u00e1lisis acerca de la naturaleza del contrato suscrito entre las partes\u201d, al propio tiempo que se someti\u00f3 a discusi\u00f3n la justificaci\u00f3n para la retenci\u00f3n de locales ejercitada por la entidad contratista, \u201clo cual implica que el sentenciador ten\u00eda el deber y la obligaci\u00f3n de pronunciarse sobre dicho punto\u201d y esto quiere decir que \u201cel fallador si tiene competencia para pronunciarse sobre dicho aspecto\u201d, aserto que le lleva a reflexionar de nuevo y a espacio, sobre las funciones que deben desempe\u00f1ar los \u00e1rbitros en un proceso arbitral a la luz de lo dispuesto en el art\u00edculo 114 de la Ley 23 de 1991, para sostener que del \u201checho de que la sociedad ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda. Ltda. no haya planteado al Tribunal de Arbitramento discusi\u00f3n alguna acerca del derecho de retenci\u00f3n ejercido, de ninguna manera quiere decir que su contraparte INMOBILIARIA EL CEDRITO LTDA., no lo haya hecho\u201d. <\/p>\n
De otro lado afirma que la causal de anulaci\u00f3n que aleg\u00f3 ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda. Ltda. \u201cno tiene fundamento\u201d, toda vez que la incongruencia se predica del fallo pero no del hecho de haberse discutido la naturaleza del contrato la que de todos modos no fue objeto de variaci\u00f3n; \u201ctan es cierto lo anterior -dice- que el fallo jam\u00e1s se apart\u00f3 de la existencia de un contrato de obra por el sistema de administraci\u00f3n delegada\u201d. Adem\u00e1s, ser\u00eda un contrasentido \u201cnegar la posibilidad de estudiar los aspectos generales de un contrato, cuando esos aspectos generales tienen estrecha relaci\u00f3n con el punto concreto sometido a consideraci\u00f3n\u201d, motivos que son entonces suficientes para invalidar la sentencia as\u00ed proferida, tesis que aparece condensada por su autor del modo siguiente: \u201c\u2026La nulidad originada en la sentencia que se invoca como causal para el presente recurso de revisi\u00f3n se hace consistir en que el Tribunal Superior (\u2026) al haber dispuesto que el tribunal de arbitramento no ten\u00eda competencia para pronunciarse acerca de la procedencia del derecho de retenci\u00f3n en favor de Alfredo Mu\u00f1oz y c\u00eda. Ltda, al haber aceptado que nunca se le someti\u00f3 a consideraci\u00f3n un estudio acerca de la naturaleza del contrato de construcci\u00f3n por administraci\u00f3n delegada y la normatividad que le es aplicable y consecuencialmente, al haber ordenado la correcci\u00f3n del laudo (\u2026) incurri\u00f3 en falla grave pues profiri\u00f3 una sentencia que omiti\u00f3 el pronunciamiento sobre aspectos que s\u00ed fueron sometidos a consideraci\u00f3n del Tribunal de Arbitramento y que han debido ser objeto del fallo arbitral, es decir dej\u00f3 de fallar puntos que s\u00ed estaban contenidos dentro de la litis\u2026\u201d, deficiencia esta que al decir del recurrente, hace que se configure la situaci\u00f3n prevista en el num. 8\u00b0 del Art. 380 del C. de P. C. como motivo legal de revisi\u00f3n. <\/p>\n
2. Aceptada la cauci\u00f3n prestada y recibidas las copias que conforman el expediente que reposa en la Notar\u00eda Trece de este C\u00edrculo, como ya se dej\u00f3 apuntado atr\u00e1s la demanda de revisi\u00f3n se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite por auto de fecha trece (13) de septiembre de 1996 y por tal raz\u00f3n, d\u00e1ndole aplicaci\u00f3n al Art. 383 del C. de P. C., de ella se corri\u00f3 traslado a la compa\u00f1\u00eda contratista ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda. Ltda., la que, tambi\u00e9n por intermedio de apoderado, le dio respuesta para oponerse y aducir que la incongruencia no es causal de nulidad, lo que por tanto la excluye tambi\u00e9n como base de revisi\u00f3n, recurso dentro del cual, a\u00f1ade, la compa\u00f1\u00eda impugnante pretende revivir el proceso cuando ha debido pedir, si fuera del caso, complementaci\u00f3n del fallo por considerar que el Tribunal Superior hab\u00eda incurrido en omisi\u00f3n injustificada en la decisi\u00f3n de su competencia. <\/p>\n
Planteada la cuesti\u00f3n dentro de lo extremos que acaban de resumirse indicando los que constituyen sus lineamientos b\u00e1sicos y por cuanto toda la prueba aportada es de car\u00e1cter documental, de conformidad con el Art. 186 del C. de P. C. se dispuso prescindir del t\u00e9rmino probatorio por auto de fecha diecisiete (17) de octubre pasado y, seguidamente, se corri\u00f3 traslado a las partes para que presentaran sus alegatos finales, derecho del cual ambas hicieron uso en los escritos que obran a fl. 187 a 199 de este cuaderno. <\/p>\n
En este orden de ideas, resultando que la relaci\u00f3n procesal existente en este caso se ha constituido regularmente y que en su desenvolvimiento no se observa defecto alguno que, en cuanto tenga virtualidad legal para invalidar lo actuado y no aparezca saneado, imponga darle aplicaci\u00f3n al Art. 145 del C. de P. C., corresponde ahora decidir sobre el fundamento del recurso de revisi\u00f3n interpuesto y para hacerlo son pertinentes las siguientes <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por cuanto as\u00ed lo exige el estudio de la impugnaci\u00f3n hecha valer aqu\u00ed por quien pretende obtener, por v\u00eda de revisi\u00f3n extraordinaria de conformidad con el Art. 41 del Dcr. 2279 de 1989, el que se deje sin efecto el aparte de la sentencia por cuya virtud el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, encontrando fundado uno de los recursos de anulaci\u00f3n interpuestos con tal prop\u00f3sito por los compromitentes, modific\u00f3 a su turno el laudo que le puso fin al proceso de arbitramento ventilado en esta ciudad entre las compa\u00f1\u00edas INMOBILIARIA EL CEDRITO LTDA. hoy liquidada, por una parte, y por la otra ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda. Ltda., se hace necesario emprender estas consideraciones recordando hoy nuevamente que es en el laudo arbitral, entendido en su esencia como el acto definitivo en el que los \u00e1rbitros deciden para dirimir el conflicto a ellos sometido, donde han de encontrar expresi\u00f3n pr\u00e1ctica real y producir por a\u00f1adidura la plenitud de sus efectos, conceptos elementales en materia de arbitraje convencional que no pueden pasar desapercibidos cuando se trata de resolver sobre el fundamento de recursos como al que a la presente actuaci\u00f3n le ha dado origen. <\/p>\n
En la modalidad espec\u00edfica aludida, bien sabido es que se configuran los elementos indispensables para la existencia del arbitraje en la medida en que, junto con la entrega que de determinada cuesti\u00f3n hagan de com\u00fan acuerdo los interesados a los \u00e1rbitros para decidirla, concurra la voluntad inequ\u00edvoca de los primeros en el sentido de someterse al temperamento decisorio de estos \u00faltimos, d\u00e1ndose as\u00ed un acatamiento anticipado del acto final que con el nombre de \u201claudo arbitral\u201d, representa frente a la especie litigiosa que compone, la autoridad que en un entorno de limitada amplitud, el Estado le reconoce a los \u00e1rbitros en homenaje al querer coincidente de los compromitentes, expresado con observancia de las formalidades exigidas por la ley. <\/p>\n
Dicho en otras palabras y reiterando criterios recientemente expuestos por esta corporaci\u00f3n, ha de tenerse presente, entonces, que ese pronunciamiento final que al proceso arbitral de ordinario le pone fin, es la expresi\u00f3n concreta y mejor caracterizada adem\u00e1s, tanto del derecho a arbitrar que es atributo radicado en el \u00f3rgano decisor corporizado en la persona de los \u00e1rbitros, como del derecho al arbitraje del que con expl\u00edcita aquiesencia constitucional (Art. 116 de la C. N.) son titulares las partes en dicho proceso, y por eso la fuerza del laudo emerge, no del asentimiento que dichas partes puedan darle porque conviene a sus pretensiones la soluci\u00f3n all\u00ed ofrecida despu\u00e9s de conocerla, sino del pacto arbitral -compromiso o cl\u00e1usula compromisoria seg\u00fan los t\u00e9rminos del Art. 2\u00b0 del Dcr. 2279 de 1989- que de suyo supone aceptar y quedar ligados por el resultado que con arreglo a derecho o en guarda de equidad, el laudo proclame como dirimente entre quienes a la celebraci\u00f3n del mencionado pacto concurrieron; es que si los compromitentes, en un acto de verdadera sumisi\u00f3n jur\u00eddica que encierra por naturaleza un dep\u00f3sito de plena confianza en la idoneidad de los \u00e1rbitros, aceptan de antemano el laudo que estos habr\u00e1n de emitir una vez agotado el procedimiento de rigor, por obvia inferencia es inevitable concluir que esa confianza no puede quedar condicionada al evento de una resoluci\u00f3n favorable a los intereses de aquellos, criterio \u00e9ste que sin duda alguna \u201c\u2026tiene especial relevancia para comprender a cabalidad la funci\u00f3n restringida que est\u00e1 llamado a cumplir el recurso de anulaci\u00f3n contra decisiones arbitrales definitivas, as\u00ed como tambi\u00e9n el papel que en este \u00e1mbito le corresponde desempe\u00f1ar al recurso extraordinario de revisi\u00f3n que la ley ha puesto en manos de la Corte Suprema de Justicia para evitar, entre otras cosas, que debido a ese err\u00f3neo entendimiento que con mucha frecuencia se da respecto de aquel recurso y las facultades con que cuentan a este respecto, los Tribunales Superiores acaben entorpeciendo sin provecho institucional ninguno, o cre\u00e1ndole artificiosos estorbos, al esp\u00edritu de pacificaci\u00f3n p\u00fablica que preside el arbitraje de derecho privado\u2026\u201d (C. S. J. Sent. de 21 de febrero de 1996, sin publicar). <\/p>\n
2. En efecto, desde la promulgaci\u00f3n del C. de P. C hoy todav\u00eda en vigencia y del C. de Com. apenas unos meses despu\u00e9s (Decreto Ley 410 de 1971), qued\u00f3 definido en el pa\u00eds que en tanto los laudos arbitrales son decisiones jurisdiccionales definitivas, quedan ellos sujetos a un sistema estricto de impugnaciones por iniciativa de parte y de naturaleza rescindente cuyo conocimiento corresponde siempre a los organismos judiciales del Estado, sistema que como es bien sabido, lo integran dos posibles recursos -el de anulaci\u00f3n y el de revisi\u00f3n- que as\u00ed mismo le dan origen a procedimientos impugnativos con caracter\u00edsticas propias que no permiten incurrir en complicadas y acomodaticias mezclas de las que estos autos suministran significativo ejemplo. <\/p>\n
a) La impugnaci\u00f3n por nulidad que en la actualidad tiene su regulaci\u00f3n normativa en los Arts. 37 a 40 del Dcr. 2279 de 1989 en concordancia con el Art. 112 de la L. 23 de 1991, posee una fisonom\u00eda procesal muy peculiar toda vez que su funci\u00f3n, de acuerdo con la opini\u00f3n predominante en la doctrina, \u201c\u2026es la de provocar un juicio de control a posteriori, mejor dicho a tergo, sobre la existencia de los presupuestos y de los caracteres funcionales y formales que la ley exige para la eficacia y validez de los procedimientos y de las decisiones arbitrales\u2026\u201d (Enrico Redenti. Derecho Procesal Civil. Tomo III, Cap. VI, Num- 271). En consecuencia, el medio de impugnaci\u00f3n en estudio da lugar a una nueva relaci\u00f3n jur\u00eddica procesal por completo distinta a la que es propia del arbitramento, inderogablemente encomendado su conocimiento a las autoridades judiciales comunes, y que por lo tanto opera desde afuera respecto de la situaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial en disputa que convencionalmente se someti\u00f3 a la acci\u00f3n decisoria de los \u00e1rbitros, habida cuenta que los motivos previstos en la ley para hacer viable la anulaci\u00f3n de una u otra forma \u00fanicamente tienden a corregir posibles excesos, por degeneraci\u00f3n o por extralimitaci\u00f3n, en el ejercicio de la potestad arbitral, sin que en ning\u00fan caso le sea permitido al Tribunal, puesto que no lo autorizan postulados como los recapitulados en el p\u00e1rrafo precedente, interferir todo el proceso de elaboraci\u00f3n intelectual del laudo si no hay de por medio, verificable con naturalidad y sin la ayuda de rebuscados rodeos, un exceso de poder con influencia notoria en la decisi\u00f3n. As\u00ed, lo raro o distinto que individualiza al recurso de anulaci\u00f3n -expres\u00f3 esta corporaci\u00f3n en la sentencia \u00faltimamente citada- \u201c\u2026no es nada que pueda conducir, por el objeto que persigue o por los efectos que produce, a dejar a merced de los jueces del Estado, en el marco de un tr\u00e1mite sumario como es el que consagran los Arts. 39 y 40 del Dcr. 2279 de 1989, los derechos de las partes compromitentes al arbitraje y de los \u00e1rbitros a ejercer la autoridad convencionalmente a ellos entregada, de suerte que por esta v\u00eda no es factible revisar las cuestiones de fondo que contenga el laudo ni menos aun las apreciaciones cr\u00edticas, l\u00f3gicas o hist\u00f3ricas en que se funda en el campo de la prueba, sino que su cometido es el de controlar el razonable desenvolvimiento de la instancia arbitral que de suyo implica poner a salvo la estricta observancia de toda la actividad in procedendo, y garantizar subsecuentemente el superlativo derecho de defensa de las partes\u2026\u201d, y siguiendo esta orientaci\u00f3n destaca tambi\u00e9n la jurisprudencia que el recurso creado para atender esa necesidad \u201c\u2026en gran medida se encuentra restringido en su procedencia, y de manera particular porque s\u00f3lo es dable alegarse a trav\u00e9s de \u00e9l las precisas causales que taxativamente enumera la ley, con lo que es bastante para destacar que se trata de un recurso limitado y dispositivo. Su naturaleza jur\u00eddica especial as\u00ed advertida, sube m\u00e1s de punto si se observa que a trav\u00e9s de dichas causales no es posible obtener, strictu sensu, que la cuesti\u00f3n material dirimida por los \u00e1rbitros pueda ser reexaminada por el Tribunal Superior que conozca de la impugnaci\u00f3n. No se trata, pues, de un recurso para revisar o replantear lo que ya fue objeto de decisi\u00f3n mediante arbitramento, como que en tal caso, entre otras cosas, muy f\u00e1cil quedar\u00eda desnaturalizar la teleolog\u00eda de acudir a este tipo de administraci\u00f3n de justicia. Si tal se permitiese, ciertamente en nada habr\u00edan avanzado las partes\u2026\u201d (G. J, t. CC, p\u00e1g. 284). <\/p>\n
Resumiendo, la estructura b\u00e1sica del recurso en menci\u00f3n equivale, al fin de cuentas, a la de una especie de apelaci\u00f3n extraordinaria cuya operancia responde a pautas muy similares a las que rigen en el recurso de casaci\u00f3n apoyado en defectos \u201cin procedendo\u201d, luego no es por tanto un medio impugnativo de rescisi\u00f3n libre, pues la anulaci\u00f3n, valga insistir una vez m\u00e1s, no tiene por materia propia el m\u00e9rito de la controversia dirimida por los \u00e1rbitros y, por ende, a los compromitentes no les es permitido argumentar supuestas transgresiones de \u00edndole f\u00e1ctica o jur\u00eddica, sino desviaciones en la propia actuaci\u00f3n de los \u00e1rbitros que entra\u00f1e verdadero abuso o desfiguraci\u00f3n de los poderes que recibieron o del mandato legal que enmarca su tarea. <\/p>\n
b) Y en cuanto a la revisi\u00f3n concierne, por antonomasia el m\u00e1s extraordinario de los recursos en el \u00e1mbito civil, se diferencia del recurso de anulaci\u00f3n en que para su viabilidad, presupone que la instancia arbitral este cerrada por haber cobrado firmeza el laudo o, en su caso, la sentencia proferida por el Tribunal en sede de anulaci\u00f3n (Art. 41 del Decreto Ley 2279 de 1989), Se trata en definitiva, por esta v\u00eda tambi\u00e9n de alcances limitados, de obtener la rescisi\u00f3n de un juicio jurisdiccional firme que esta surtiendo los efectos de cosa juzgada material a pesar de tener fundamento en graves anomal\u00edas objetivas de la \u00edndole de las que se\u00f1ala el Art. 380 del C. de P. C., anomal\u00edas que hieren de modo manifiesto la garant\u00eda de la justicia o entra\u00f1an claro quebranto del \u201csagrado\u201d derecho de defensa (G. J. T. CLII, p\u00e1g. 183). <\/p>\n
As\u00ed, pues, tiene dicho la doctrina que la revisi\u00f3n, en sus diversas modalidades, es el tipo m\u00e1s acabado de acci\u00f3n aut\u00f3noma con car\u00e1cter impugnativo contra fallos pasados en autoridad de cosa juzgada. Constituye expresi\u00f3n del derecho a obtener la invalidaci\u00f3n de un acto jurisdiccional de decisi\u00f3n no obstante esa calidad vinculante que les es atribuible, siempre y cuando concurran vicios especificados en la ley, luego ha de entenderse que \u201c\u2026el ejercicio de dicha acci\u00f3n da lugar a un proceso cuyo objeto no es en modo alguno el mismo litigio decidido en la sentencia impugnada, sino la cuesti\u00f3n relativa al derecho del actor recurrente en orden a la obtenci\u00f3n de otra sentencia, revocando lo juzgado (indicium rescindens), en cuyo caso recae nueva decisi\u00f3n sobre el negocio que formaba el objeto de la sentencia revocada (indicium ressisorium)\u2026\u201d (Menendez-Pidal. Elementos de Derecho Procesal Civil, Madrid 1935). Por eso, concebida de esta manera la naturaleza de la revisi\u00f3n extraordinaria, y aqu\u00ed emerge sin duda un factor coincidente con el r\u00e9gimen procesal propio del recurso de anulaci\u00f3n, forzoso es no perder de vista el objeto que a aquella le es caracter\u00edstico y, por lo tanto, en ella tampoco es posible volver a discutir cuestiones ya debatidas en el proceso terminado, ni se fiscalizan las razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas all\u00ed aducidas para su valoraci\u00f3n judicial, aspecto este sobre el cual ha sido insistente la doctrina jurisprudencial al subrayar que \u201clas causales de revisi\u00f3n enumeradas en el Art. 380 del C. de P. C., son taxativas y de interpretaci\u00f3n restrictiva, por lo que el recurso no es manera alguna una tercera instancia, de suerte que al ser propuesto y sustentado, son jur\u00eddicamente inadmisibles, en forma absoluta, las pruebas o las argumentaciones tendientes a atacar las razones en que el juzgador se apoy\u00f3 para proferir la sentencia que se recurre\u2026\u201d (C. S. J. Sent. de 9 de noviembre de 1976, sin publicar). <\/p>\n
3. De otra parte, resulta necesario recordar que el motivo contemplado en el numeral 8\u00b0 del Art. 380 del C. de P. C. permite revisar la sentencia que le puso fin a un proceso y que no es susceptible de recurso ninguno, cuando en ella se configura en verdad alguna de las causales de nulidad establecidas por la ley, protegi\u00e9ndose de esta manera el derecho de defensa del litigante afectado quien, por exigencia del supuesto normativo previsto, s\u00f3lo podr\u00e1 tener conocimiento de la irregularidad cuando conoce la sentencia. <\/p>\n
4. En su conjunto, las apreciaciones precedentes evidencian la improcedencia de la causal invocada como motivo de nulidad en la especie litigiosa en estudio, por cuanto la posici\u00f3n asumida por la sociedad recurrente cuando sostiene que el Tribunal Superior dej\u00f3 de resolver cuestiones puestas a su conocimiento en lo relacionado con el derecho de retenci\u00f3n que ha pretendido ejercitar la entidad contratista respecto de parte de la obra, radica b\u00e1sicamente en defender los argumentos contrarios a los aducidos por esta \u00faltima quien, en el recurso de anulaci\u00f3n, obtuvo decisi\u00f3n en su favor tras alegar que ese punto no hab\u00eda sido sometido a la decisi\u00f3n de los \u00e1rbitros por no ser parte de la discusi\u00f3n existente entre las compa\u00f1\u00edas contendientes. <\/p>\n
Es decir que no s\u00f3lo no es factible que llegue a configurarse la causal de revisi\u00f3n invocada, sino que de otro lado lo que constituye el motivo central del recurso, contradice abiertamente con los hechos que demuestra la actuaci\u00f3n surtida, toda vez que no es cierto, como lo asevera la recurrente en revisi\u00f3n, que el Tribunal Superior haya omitido pronunciamiento acerca del punto relacionado con el derecho de retenci\u00f3n, sino que, por el contrario, esa corporaci\u00f3n de manera expl\u00edcita tuvo por establecido que no era materia susceptible de ser considerada en funci\u00f3n decisoria por los \u00e1rbitros, como en el curso del proceso y en apoyo del recurso de anulaci\u00f3n por ella interpuesto lo sostuvo la sociedad ALFREDO MU\u00d1OZ y c\u00eda. Ltda, circunstancia que evidencia, entonces, que la inconformidad de la sociedad ahora recurrente se centra \u00fanicamente en el empe\u00f1o de mantener una posici\u00f3n opuesta a lo resuelto, actitud que por fuerza de las consideraciones expuestas a espacio en esta misma providencia, ri\u00f1e sin duda con el verdadero objetivo del recurso de revisi\u00f3n y, obviamente, desconoce la limitada esfera de la causal invocada para sustentar el que ella ahora ha pretendido hacer valer. <\/p>\n
Valga por ello insistir en que el recurso de revisi\u00f3n no es escenario adecuado para reconsiderar libremente lo apreciado por el Tribunal Superior en ejercicio de sus competencias legales, organismo que, a su vez, dentro del recurso de anulaci\u00f3n tampoco puede someter a critica de fondo la juridicidad de las conclusiones f\u00e1cticas o jur\u00eddicas contenidas en el laudo, por lo que no es viable la revisi\u00f3n de un fallo proferido en contradicci\u00f3n con dicho postulado, mientras no se configure alguna de las causales de revisi\u00f3n que la ley en forma taxativa tiene definidas, circunstancia que es motivo determinante y suficiente para declarar infundado el recurso aqu\u00ed interpuesto. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar infundado el recurso de revisi\u00f3n interpuesto por INMOBILIARIA EL CEDRITO S. A., entidad hoy liquidada, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 el quince (15) de febrero de 1994, aclarada luego por auto de veinticuatro (24) de mayo de ese mismo a\u00f1o, en virtud del recurso de anulaci\u00f3n interpuesto contra el laudo proferido el dieciocho (18) de junio de 1991 dentro del proceso arbitral seguido por la sociedad ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda. Ltda. contra la compa\u00f1\u00eda antes referida. <\/p>\n
SEGUNDO: Condenar a la sociedad recurrente al resarcimiento de los perjuicios para cuyo pago y el de las costas habr\u00e1 de tenerse en cuenta la cauci\u00f3n prestada. Liqu\u00eddense los perjuicios mediante incidente. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se condena a la compa\u00f1\u00eda recurrente a pagar las costas causadas en favor de ALFREDO MU\u00d1OZ y C\u00eda. Ltda en su condici\u00f3n de demandada opositora. T\u00e1sense por Secretar\u00eda. <\/p>\n
TERCERO: De lo resuelto en esta providencia d\u00e9sele aviso a la compa\u00f1\u00eda de seguros que otorg\u00f3 la cauci\u00f3n. Of\u00edciese. <\/p>\n
Cumplido todo lo anterior, arch\u00edvese esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE <\/p>\n
<\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
<\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
<\/p>\n
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