S-035-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. Nicol\u00e1s Bechara Simancas <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997).- <\/p>\n
Ref. Expediente No. 6329 <\/p>\n
Procede la Corte a decidir la solicitud de EXEQUATUR formulada por los se\u00f1ores MASURO SANADA y DORA LUZ ESTRADA ALVAREZ respecto de la sentencia de 18 de mayo de 1983, pronunciada por el Juzgado Seccional de Menores de Chiriqui y Bocas del Toro, Distrito de David, Rep\u00fablica de Panam\u00e1, mediante la cual se concedi\u00f3 autorizaci\u00f3n al primero de los nombrados para adoptar a la menor MIRNA ESTIVALY ARANGO ESTRADA, hija de la segunda. <\/p>\n
ANTECEDENTES: <\/p>\n
1.- Narra la demanda incoativa del exequatur que el 20 de noviembre de 1976 naci\u00f3 en Medell\u00edn, Colombia, Mirna Estivaly, hija extramatrimonial de Dora Luz Estrada Alvarez y Luis Guillermo Arango Jaramillo, quien falleci\u00f3 el 17 de enero de 1978, habi\u00e9ndola reconocido antes como suya; que la madre nombrada contrajo matrimonio con Masuro Sanada en el Distrito de David, Rep\u00fablica de Panam\u00e1, el 8 de junio de 1981, quien en tal car\u00e1cter obtuvo autorizacion judicial para adoptar a la menor, por medio de la sentencia extranjera materia de esta decisi\u00f3n judicial, la cual en su momento fue elevada a escritura p\u00fablica ante un Notario de dicho lugar; que de esa manera se inscribi\u00f3 el nacimiento de Mirna Estivaly, como extranjera, en el Tribunal Electoral de Panam\u00e1. <\/p>\n
2.- En respaldo de su petici\u00f3n, citan los demandantes las disposiciones que en materia de adopci\u00f3n reg\u00edan a la saz\u00f3n en el vecino pa\u00eds y acompa\u00f1an las copias respectivas, haciendo ver que por su ausencia fracas\u00f3 antes solicitud similar a la de ahora; igualmente aducen las normas que all\u00e1 consagran el reconocimiento de efectos a las sentencias extranjeras, para demostrar que existe la reciprocidad legislativa. <\/p>\n
3.- Admitida como fue la demanda en cuesti\u00f3n, se orden\u00f3 correr traslado de ella al Se\u00f1or Procurador Delegado, quien oportunamente manifest\u00f3 atenerse a las pruebas del proceso, y pidi\u00f3 la pr\u00e1ctica de otras diferentes. <\/p>\n
4.- Surtidos los traslados para alegar y, por ende, agotada la tramitaci\u00f3n del proceso de exequatur, procede la Corte a decidir lo que sea del caso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES: <\/p>\n
2.- Establecido lo anterior de una u otra de las maneras explicadas, para que la sentencia extranjera surta efectos aqu\u00ed, tambi\u00e9n es necesario que re\u00fana otros requisitos consagrados en el ordenamiento jur\u00eddico interno colombiano, que se hallan plasmados fundamentalmente para impedir que con ella se afecten el orden p\u00fablico o la jurisdicci\u00f3n nacionales; entre ellos se destaca el de \u00abQue no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico, exceptuadas las de procedimiento\u00bb – art\u00edculo 694, n. 2o., del C. de P.C. -. <\/p>\n
3. Como el presente asunto versa sobre la adopci\u00f3n de un colombiano, o sea que ata\u00f1e con el estado civil de la adoptada, siguiendo derroteros que recientemente ha trazado la Corte y seg\u00fan los cuales la noci\u00f3n de \u201corden p\u00fablico\u201d en el \u00e1mbito del derecho internacional implica que el Juez nacional examine la sentencia extranjera dentro del marco de \u201crelatividad\u201d que esa noci\u00f3n exige, esto es, que la conclusi\u00f3n que aqu\u00e9l saque en el sentido de ser ese pronunciamiento contrario al orden p\u00fablico interno no descanse en una deducci\u00f3n aprioristica o en abstracto, sino que tenga por base el an\u00e1lisis concreto de la situaci\u00f3n planteada y la funci\u00f3n que, dentro del fen\u00f3meno de internacionalizaci\u00f3n y eficacia de la justicia, est\u00e1 llamado a cumplir el exequatur, tanto m\u00e1s cuando no es extra\u00f1o que al interior del pais se produzcan cambios conceptuales que en un determinado momento permitan otorgar dicho reconocimiento a sentencias extranjeras que antes y en condiciones similares habr\u00edan sido objeto de decisi\u00f3n adversa. <\/p>\n
La cuesti\u00f3n de \u201corden p\u00fablico\u201d, pues, debe mirarse a la luz de criterios jur\u00eddicos actualmente en vigor y no anteponiendo aisladamente principios generales que, como los se\u00f1alados en los art\u00edculos 19 y 20 del C.C., los cuales respectivamente consagran los denominados estatuto personal y real, \u201c..traen como resultado el hacer prevalecer un <orden p\u00fablico> defensivo y destructivo, no as\u00ed un <orden p\u00fablico> din\u00e1mico, tolerante y constructivo que reclama la comunidad internacional en el mundo contempor\u00e1neo\u201d, cuya aplicaci\u00f3n literal sin m\u00e1s, valga decirlo, no en pocas veces ha dado al traste con el exequatur de fallos for\u00e1neos que deciden sobre asuntos atinentes al estado civil de los nacionales colombianos. En esta materia, como lo explic\u00f3 la Corte, preside la consideraci\u00f3n de que \u201c\u2026entre las distintas concepciones doctrinarias que se preocupan por explicar el tema en procura de reducir la noci\u00f3n de <orden p\u00fablico> a l\u00edmites razonables y evitar que su empleo pueda llevar al sistem\u00e1tico destierro del derecho extranjero aun ocasion\u00e1ndole in\u00fatil agravio a los propios nacionales tambi\u00e9n inmersos en la sociedad universal, la que hoy en d\u00eda predomina al menos en el entorno continental americano, seg\u00fan lo evidencian conferencias especializadas promovidas por la OEA y que datan de 1975 (Panam\u00e1) y 1979 (Montevideo), es aquella que entiende el <orden p\u00fablico> como una cl\u00e1usula de reserva destinada en cuanto tal a evitar que una ley extranjera, calificada normalmente como la competente para regir determinado asunto, tenga que ser acogida no obstante que la aplicaci\u00f3n que de ella se hizo contradice en forma manifiesta los principios fundamentales en que se inspira el ordenamiento jur\u00eddico nacional\u2026\u201d (Sentencia de exequatur de 5 de noviembre de 1996, expediente N\u00b0 6130). <\/p>\n
3.- En ese orden de ideas y desde esa perspectiva, es que debe examinarse si hay lugar o no a otorgar el exequatur a la sentencia extranjera objeto del presente proceso; para lo cual la Sala observa y concluye: <\/p>\n
3.1. Que de acuerdo con lo demostrado en el proceso no existe tratado vigente entre Colombia y Panam\u00e1 sobre el valor que rec\u00edprocamente le otorgan a las respectivas sentencias de sus jueces nacionales; as\u00ed lo dice el Jefe de la Oficina Jur\u00eddica del Ministerio de Relaciones Exteriores de aqu\u00ed en el documento visible a folio 64; pero en cambio, seg\u00fan la prueba documental tra\u00edda por los demandantes, se encuentra probado que en Panam\u00e1 se le reconoce fuerza a los fallos extranjeros, por lo que se encuentra establecida la comentada reciprocidad legislativa. <\/p>\n
3.2. Que, empero, la sentencia extranjera, dictada por un Tribunal de Panam\u00e1 y que es ahora objeto de exequatur, no cumple con la exigencia, sine qua non, de no ser opuesta a las leyes colombianas de orden p\u00fablico, toda vez que contradice en forma manifiesta principios fundamentales en que se inspira el ordenamiento jur\u00eddico nacional en punto de la adopci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, situada la Corte en el caso de examinar si las leyes sobre adopci\u00f3n de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1 se oponen a las nuestras relativas a la misma materia y que sean de orden p\u00fablico, debe concluir que no puede en la especie de este proceso otorgar el exequatur solicitado, pues seg\u00fan la ley de all\u00e1 la adopci\u00f3n fenece por muerte del adoptante o del adoptivo, \u00abo por renuncia de \u00e9ste\u00bb, art\u00edculo 183 del C. Civil Paname\u00f1o (fl. 23), y es excepcionalmente revocable mediante invocaci\u00f3n de determinadas causas que lo justifiquen, las cuales se se\u00f1alan en el art\u00edculo 185 ib. (fl. 23), casos en los cuales el adoptivo recobra su estado civil anterior, art. 184 ib., fl. 23); lo cual evidentemente se opone al r\u00e9gimen interno colombiano que consagra la instituci\u00f3n de la adopci\u00f3n con el car\u00e1cter de irrevocable, sin ninguna excepci\u00f3n, seg\u00fan lo precept\u00faa el art\u00edculo 88 del C. del Menor; principio del cual se sigue la definitividad del lazo paterno filial surgido con ocasi\u00f3n de ella. <\/p>\n
En caso semejante de disparidad de legislaciones sobre la adopci\u00f3n, dijo la Corte que: <\/p>\n
\u00abEsta disparidad de criterios legislativos se opone, con rotundidad absoluta, a que pueda concederse el exequatur recabado. La irrevocabilidad de la adopci\u00f3n que consagra nuestra legislaci\u00f3n, igual que todos los consagrados en el C\u00f3digo del Menor, es principio de orden p\u00fablico…, y, por consecuencia, tienen un \u00abcar\u00e1cter irrenunciable\u00bb (sentencia de exequatur de 8 de noviembre de 1996). <\/p>\n
4.- Como corolario obligado de todo lo anterior, debe la Corte negar el exequatur pretendido puesto que as\u00ed el fallo extranjero no re\u00fane uno de los requisitos exigidos para ese efecto, cual es el de que se opone a las leyes colombianas de orden p\u00fablico que tratan sobre la adopci\u00f3n, como estado civil definitivo. <\/p>\n
DECISION: <\/p>\n
De acuerdo con lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DENIEGA el exequatur solicitado por los se\u00f1ores Masuro Sanada y Dora Luz Estrada Alvarez, en relaci\u00f3n con la sentencia arriba referenciada. <\/p>\n
NOTIFIQUESE <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
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