S-040-97 <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Doctor PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., agosto doce (12) de mil novecientos noventa y siete (1997) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 6337 <\/p>\n
Se decide por la Corte el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por MIGUEL ANTONIO BOHORQUEZ MARTINEZ contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja -Sala Civil-, el 22 de septiembre de 1994 en el proceso ordinario promovido por el recurrente contra JORGE MONASTOQUE VALERO. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Mediante demanda visible a folio 51 a 55 de este cuaderno, MIGUEL ANTONIO BOHORQUEZ MARTINEZ, con expresa invocaci\u00f3n de la primera de las causales que para el efecto establece el art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, interpuso recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja -Sala Civil-, el 22 de septiembre de 1994, en el proceso ordinario promovido por el recurrente contra JORGE MONASTOQUE VALERO. <\/p>\n
2.- Como fundamentos f\u00e1cticos constitutivos de la causal invocada para interponer este recurso extraordinario de revisi\u00f3n, en s\u00edntesis, se exponen en la demanda aludida los siguientes hechos: <\/p>\n
2.1.- JORGE MONASTOQUE VALERO, a la \u00e9poca de la presentaci\u00f3n de la demanda inicial, p\u00e1rroco de la Catedral Bas\u00edlica Metropolitana de Santiago de Tunja, celebr\u00f3 un contrato de arrendamiento con MIGUEL ANTONIO BOHORQUEZ MARTINEZ, el 25 de diciembre de 1987, sobre el local comercial ubicado en la cra. 9a. No. 19-40 de Tunja. <\/p>\n
2.2.- Durante la ejecuci\u00f3n del mencionado contrato de arrendamiento, MIGUEL ANTONIO BOHORQUEZ MARTINEZ inici\u00f3 un proceso ordinario contra JORGE MONASTOQUE VALERO, como arrendador del inmueble a que se ha hecho referencia, para que se declarase a este \u00faltimo civilmente responsable por los perjuicios materiales y morales que le fueron causados al actor por haberle suspendido, de manera arbitraria, el suministro de agua potable al local arrendado, \u201ctaponando con tela y pegante\u201d la tuber\u00eda que conduce el agua, lo que trajo como consecuencia el sellamiento de un establecimiento comercial que all\u00ed funcionaba. <\/p>\n
2.3.- Con anterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda con la cual se inici\u00f3 ese proceso ordinario, se practicaron como pruebas anticipadas una inspecci\u00f3n judicial, dictamen pericial e interrogatorio de parte a JORGE MONASTOQUE VALERO, a fin de establecer si se hab\u00eda producido o no la obstrucci\u00f3n a la tuber\u00eda conductora del agua al local arrendado por parte del arrendador, diligencia en la cual se sostuvo, en forma contraria a la realidad, \u201cque la suspensi\u00f3n del servicio hab\u00eda sido causada por el mismo arrendatario\u201d, (fl. 52 de este cuaderno). <\/p>\n
2.4.- El Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja le puso fin a la primera instancia en el proceso ordinario a que se ha hecho alusi\u00f3n, con sentencia de 14 de abril de 1994, en la que se negaron las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.5.- Apelada la sentencia de primer grado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja -Sala Civil-, al desatar la apelaci\u00f3n, confirm\u00f3 el fallo del a-quo mediante sentencia de 22 de septiembre de 1994. <\/p>\n
2.6.- Encontr\u00e1ndose en tr\u00e1mite el proceso ordinario en el que se dict\u00f3 la sentencia cuya revisi\u00f3n se pretende, a petici\u00f3n de MIGUEL ANTONIO BOHORQUEZ MARTINEZ se practic\u00f3 por la Inspecci\u00f3n Primera Municipal de Polic\u00eda de Tunja el 7 de marzo de 1994, una \u201cdiligencia de inspecci\u00f3n ocular extraproceso\u201d, con intervenci\u00f3n \u201cde la auxiliar de la justicia NUBIA ESPERANZA VELASQUEZ DOMINGUEZ\u201d, en la cual pudo establecerse que, efectivamente, la tuber\u00eda que conduce el agua al local arrendado fue obstruida \u201ccon pegante y tela blanca\u201d, para interrumpir el suministro de agua, taponamiento que fue realizado en forma \u201cclandestina y arbitraria\u201d por el arrendador, de todo lo cual qued\u00f3 establecida la prueba en el acta de la diligencia aludida, parte integrante de la cual forman algunas \u201csecciones\u201d de esa tuber\u00eda. (fl. 52, de este cuaderno). <\/p>\n
2.7.- El acta a que se acaba de hacer referencia, no pudo ser apreciada como prueba por el Juzgado de conocimiento antes del fallo de primera instancia, sino \u201cdespu\u00e9s de toda la actuaci\u00f3n\u201d cumplida por ese despacho judicial, circunstancia que, sin duda, influy\u00f3 en la decisi\u00f3n desfavorable al demandante, pues, a juicio del recurrente \u201cde haber podido conocer el Juzgado\u201d esa prueba y haberse \u201ctenido en cuenta\u201d la misma por el Tribunal, la argumentaci\u00f3n para decidir habr\u00eda permitido la prosperidad de las pretensiones del actor. <\/p>\n
2.8.- MIGUEL ANTONIO BOHORQUEZ MARTINEZ fue condenado en costas como parte vencida en \u201cproceso de restituci\u00f3n del inmueble\u201d con motivo de la \u201cperturbaci\u00f3n a los derechos del arrendatario a los servicios p\u00fablicos de agua potable\u201d, costas que ahora se cobran ejecutivamente por JORGE MONASTOQUE VALERO, con \u201cembargo y secuestro de la casa de habitaci\u00f3n del recurrente\u201d. (fl. 53, de este cuaderno). <\/p>\n
3.- Prestada por el recurrente la cauci\u00f3n que para los efectos se\u00f1alados en el art\u00edculo 383 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se fij\u00f3 por la Corte (fl. 57, de este cuaderno), y aceptada que fue tal cauci\u00f3n conforme aparece en auto visible a folio 61, se admiti\u00f3 la demanda de revisi\u00f3n, en auto de 23 de enero de 1997 (fls. 63 a 64, de este cuaderno), notificado al opositor, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja, comisionado para ello (fl. 69, cuaderno citado). <\/p>\n
4.- A la demanda con la cual se interpuso este recurso extraordinario de revisi\u00f3n, se dio contestaci\u00f3n por JORGE MONASTOQUE VALERO en escrito visible a folios 99 a 131 de este cuaderno, con expresa oposici\u00f3n a su prosperidad, por cuanto, en s\u00edntesis, no es cierto que este hubiere obstruido la tuber\u00eda para el suministro de agua potable al local arrendado, por una parte, y, por otra, por cuanto el acta de la \u201cinspecci\u00f3n ocular\u201d realizada por la Inspecci\u00f3n Primera Municipal de Tunja que, seg\u00fan el recurrente no obr\u00f3 como prueba en el proceso y que habr\u00eda cambiado la decisi\u00f3n, no se aport\u00f3 al expediente, habiendo podido hacerlo. <\/p>\n
5.- En auto de 9 de mayo de 1997 en folios 132 a 135 se decretaron algunas pruebas pedidas por las partes y se denegaron otras, por impertinentes. Practicadas aquellas, se corri\u00f3 traslado a las partes para alegar, conforme a lo dispuesto por el art\u00edculo 383 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y, precluida la etapa de alegaciones, se procede ahora por la Corte a decidir lo que en derecho corresponda. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como se sabe, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, tiene como finalidad permitir que, por una decisi\u00f3n judicial, se retiren del ordenamiento jur\u00eddico aquellos fallos que, aunque hubieren alcanzado la fuerza de la cosa juzgada, hubieren sido obtenidos con ilicitud, o con desconocimiento del derecho de defensa, o con vulneraci\u00f3n de la propia cosa juzgada anterior, pues, en el conflicto planteado entre la intangibilidad y definitividad que se imprime a las sentencias judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada, con la justicia como valor supremo del Derecho, opt\u00f3 el legislador por esta \u00faltima, para evitar as\u00ed el efecto pernicioso de mantener en pie una sentencia inicua, a pesar de encontrarse demostrada su iniquidad. <\/p>\n
2.- Dado que, por su propia \u00edndole y por el objeto que le asigna la ley, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n no puede servir como instrumento para replantear controversias judiciales ya decididas, esta Corporaci\u00f3n, en jurisprudencia que ahora se reitera, tiene por sentado que la revisi\u00f3n \u00abno franquea la puerta para tornar al replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la v\u00eda normal para corregir los yerros jur\u00eddicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi\u00bb, pues tal recurso \u00abno se instituy\u00f3 para que los litigantes vencidos remedien los errores cometidos en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia que se impugna\u00bb, tal cual lo dijo esta Corporaci\u00f3n en sentencia de 24 de abril de 1980, reiterada el 1o. de julio de 1988 (G. J. T. CXCII, No. 2431, segundo semestre, 1988, p\u00e1g. 9). <\/p>\n
3.- Con respecto a la primera de las causales de revisi\u00f3n establecidas por el art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, para su prosperidad es indispensable que se hubiere encontrado, con posterioridad al pronunciamiento del fallo documentos que, por su fuerza convictiva hubieren variado la decisi\u00f3n contenida en la sentencia impugnada; y, por \u00faltimo, que ellos no hubieren podido aportarse al proceso por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria. <\/p>\n
3.1.- En orden a la recta interpretaci\u00f3n de lo que ha de entenderse por nuevos documentos, en acatamiento no s\u00f3lo al texto legal, sino, a los postulados de la l\u00f3gica jur\u00eddica, ha dicho esta Corporaci\u00f3n que ellos han de existir \u00abdesde el momento mismo en que se present\u00f3 la demanda, o por lo menos desde el vencimiento de la \u00faltima oportunidad procesal para aportar pruebas, no siendo admisible, en consecuencia, la que se encuentre o configure despu\u00e9s de pronunciada la sentencia\u00bb, doctrina que expuesta en fallo de 29 de octubre de 1942 (G.J.T. LIV, p\u00e1g. 214), fue reiterada por esta Corporaci\u00f3n en sentencia 224 de 12 de junio de 1987 (archivo Corte). Ello significa, entonces, que no tienen ese car\u00e1cter de documentos nuevos los producidos despu\u00e9s del fallo, o con posterioridad a las oportunidades que para pedir pruebas en el proceso se establecieron por el legislador, pues, como es f\u00e1cil advertirlo, no es lo mismo recuperar una prueba, que mejorarla, o crearla espec\u00edficamente para el caso litigado luego de la decisi\u00f3n judicial que pretende impugnarse, pues, al decir de la Corte, en casos tales \u00abno habr\u00eda jam\u00e1s cosa juzgada, porque bastar\u00eda que el litigante vencido en un juicio mejorara la prueba en el de revisi\u00f3n o produjera otra\u00bb (G. J .T. LIV, p\u00e1g. 214), con lo cual quedar\u00eda desvirtuado por completo el fin para el que se instituy\u00f3 el recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n
3.2.- Con todo, si el documento encontrado con posterioridad no tiene trascendencia tal que, por su virtud, pueda variarse el contenido de la resoluci\u00f3n judicial que se impugna, aunque hubiere podido servir como prueba, su ausencia del proceso carecer\u00e1 de eficacia para la prosperidad de la revisi\u00f3n que se impetre por el recurrente. Por ello, si el documento encontrado despu\u00e9s no constituye \u00abuna aut\u00e9ntica e incontestable novedad frente al material probatorio recogido en el proceso al que le puso fin la sentencia de cuya revisi\u00f3n se trata, la predicada injusticia de esta resoluci\u00f3n no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido y, por eso la impugnaci\u00f3n no puede prosperar, tal cual se dijo por esta Sala en sentencia No. 237 de 1o. de julio de 1988 (archivo Corte). <\/p>\n
3.3.- Acorde con lo expuesto, exige tambi\u00e9n el legislador que el documento en cuesti\u00f3n no hubiere podido aportarse al proceso por fuerza mayor, por caso fortuito o por obra de la parte contraria. Es decir, que si el documento, a\u00fan siendo trascendente para la decisi\u00f3n no se aport\u00f3 como prueba por incuria, negligencia o descuido de la parte interesada en ello, sin que hubiere mediado una circunstancia imprevista e irresistible para su aportaci\u00f3n oportuna, o dolo por ocultaci\u00f3n del mismo atribuible a la contraparte, no se configura la causal de revisi\u00f3n de que trata el numeral 1o. del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, asunto \u00e9ste respecto del cual dijo la Corte que \u00absi tal documento no se adujo porque simplemente no se hab\u00eda averiguado en d\u00f3nde reposaba, o porque no se pidi\u00f3 su aporte en ninguna de las oportunidades que la ley se\u00f1ala para que pueda valorarse su m\u00e9rito de persuasi\u00f3n, entonces el hecho de que con posterioridad al fallo, se encuentre un documento que hubiera podido hacer variar la decisi\u00f3n combatida, no es suficiente para sustentar el recurso extraordinario de revisi\u00f3n. Si el recurrente no demuestra, pues a \u00e9l le corresponde la carga de ello, que fue el caso fortuito obra de su adversario lo que le impidi\u00f3 aportar la prueba documental al proceso, inexorablemente est\u00e1 llamado a fracasar\u00bb (G. J. T. CXLVII, p\u00e1g. 143). <\/p>\n
4.- Aplicadas las nociones anteriores al caso sub-lite, encuentra la Corte que el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto contra la sentencia proferida el 22 de septiembre de 1994 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja -Sala Civil- en el proceso ordinario promovido por MIGUEL ANTONIO BOHORQUEZ MARTINEZ contra JORGE MONASTOQUE VALERO, no puede prosperar, por cuanto: <\/p>\n
4.1.- Como puede observarse, el recurrente, MIGUEL ANTONIO BOHORQUEZ MARTINEZ, en s\u00edntesis, aduce como causal de revisi\u00f3n el no haberse apreciado como prueba el acta de la \u201cdiligencia de inspecci\u00f3n ocular extraproceso\u201d practicada el 7 de enero de1994 por la Inspecci\u00f3n Primera Municipal de Polic\u00eda de Tunja, en la que, a su juicio qued\u00f3 demostrado que de manera \u201cclandestina y arbitraria\u201d el arrendador JORGE MONASTOQUE VALERO obstruy\u00f3 la tuber\u00eda que conduce el agua potable al local ubicado en la cra. 9a. No. 19-40 de la ciudad de Tunja, prueba \u00e9sta que de haber obrado en el proceso cuya sentencia se impetra revisar, habr\u00eda variado la decisi\u00f3n en ella contenida (fls. 52 a 53, cuaderno Corte). <\/p>\n
4.2.1.- La demanda con la cual se inici\u00f3 el proceso en menci\u00f3n, fue presentada por MIGUEL ANTONIO BOHORQUEZ MARTINEZ el 12 de junio de 1992 (fls. 2 a 7, cuaderno No. 1). <\/p>\n
4.2.2.- La sentencia con la cual finaliz\u00f3 la primera instancia, se dict\u00f3 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja el 14 de abril de 1994 (fls. 120 a 132, cuaderno No. 1). <\/p>\n
4.2.3.- Estando en curso la tramitaci\u00f3n del proceso, y antes de dictarse sentencia de primer grado, a solicitud de MIGUEL ANTONIO BOHORQUEZ MARTINEZ, se practic\u00f3 por la Inspecci\u00f3n Primera Municipal de Polic\u00eda de Tunja, una \u201cdiligencia de inspecci\u00f3n ocular extraproceso\u201d al local comercial ubicado en la cra, 9a. No. 19-40 de esa ciudad, donde funciona la cafeter\u00eda \u201cEl Oasis\u201d, de la que, conforme al texto del acta respectiva, fue enterado \u201cMonse\u00f1or JORGE MONASTOQUE VALERO\u201d, quien \u201cpermiti\u00f3 el ingreso al inmueble\u201d. (fl. 3, cuaderno No. 5). Adem\u00e1s, en el curso de la actuaci\u00f3n a que se refiere el acta aludida, qued\u00f3 establecido que \u201cel tanque de reserva que distribuye el agua para el primer local (el arrendado a MIGUEL ANTONIO BOHORQUEZ MARTINEZ), se encontraba totalmente seco\u201d; y que, \u201cal revisar la tuber\u00eda que desprende de la entrada de agua de la calle al local objeto de la diligencia\u201d, se verific\u00f3 que el tubo de entrada del agua al local aludido \u201cse encontraba taponado con material de trapo en una extensi\u00f3n aproximada de 20 cent\u00edmetros\u201d, por lo que, con anuencia del demandado, se procedi\u00f3 entonces a retirar la parte taponada de la tuber\u00eda, y a reemplazarla por una nueva (fls. 3 a 4, cuaderno No. 5). <\/p>\n
4.2.4.- El acta de la \u201cdiligencia de inspecci\u00f3n ocular extraproceso\u201d practicada por la Inspecci\u00f3n Primera Municipal de Polic\u00eda de Tunja el 7 de enero de 1994, fue allegada al expediente por el actor y aqu\u00ed recurrente en revisi\u00f3n, el 9 de junio de 1994, seg\u00fan se anuncia en la parte final del memorial que obra a folios 5 a 8, del cuaderno No. 5, cuando ya el expediente se encontraba en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja durante el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo de primer grado, Tribunal al cual lleg\u00f3 el proceso para el fin indicado el 18 de mayo de 1994, conforme aparece en constancia visible a folio 1 vto. de ese cuaderno. <\/p>\n
4.2.5.- Como se desprende de lo expuesto en los numerales que anteceden, se confunden por el recurrente en revisi\u00f3n la \u201cinspecci\u00f3n ocular extraproceso\u201d practicada por la Inspecci\u00f3n Primera Municipal de Polic\u00eda de Tunja el 2 de enero de 1994, y el acta de la diligencia mencionada, es decir, que se toman como si fuera uno solo el acto documentado (inspecci\u00f3n en s\u00ed misma) y su documentaci\u00f3n en un acta que da fe de la realizaci\u00f3n de aqu\u00e9l. <\/p>\n
4.2.6.- Agr\u00e9gase a lo anterior, que la \u201cinspecci\u00f3n ocular extraproceso\u201d a que se hace referencia en el acta de la misma obrante a folios 3 a 4 del cuaderno No. 5, con toda claridad indica, como ya se dijo, que se practic\u00f3 el 7 de enero de 1994, cuando ya el proceso estaba en curso, circunstancia \u00e9sta que, indiscutiblemente, deja en claro, de manera transparente, que ni la inspecci\u00f3n fue anterior al proceso, ni el acta de la misma exist\u00eda con anterioridad al nacimiento de la relaci\u00f3n jur\u00eddico-procesal, raz\u00f3n \u00e9sta por la cual, por ese s\u00f3lo aspecto ya no saldr\u00eda avante la pretensi\u00f3n impugnaticia del recurrente en revisi\u00f3n, pues, a tenor de lo preceptuado por el art\u00edculo 380, numeral 1\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se requiere que el documento que se dice no obr\u00f3 como prueba, preexista al proceso, ya que de otra manera no podr\u00eda obrar como tal. <\/p>\n
4.2.7.- Adem\u00e1s de que la \u201cinspecci\u00f3n ocular extraproceso\u201d a que se refiere el acta que obra a folios 3 a 4 del cuaderno No. 5, es posterior al nacimiento del proceso, su allegamiento al expediente se produjo el 9 de junio de 1994 (fl. 8, cuaderno No. 5), estando ya el proceso en el tr\u00e1mite de la segunda instancia, sin que se encuentre demostrado, tampoco, que en ese allegamiento extempor\u00e1neo y tard\u00edo existi\u00f3 fuerza mayor o caso fortuito, o que \u00e9l se produjo fuera de tiempo por obra de la parte contraria. <\/p>\n
4.2.8.- De otro lado, en el interrogatorio de parte que a petici\u00f3n de JORGE MONASTOQUE VALERO se absolvi\u00f3 por MIGUEL ANTONIO BOHORQUEZ MARTINEZ el 26 de mayo de 1997, en el tr\u00e1mite de \u00e9ste recurso de revisi\u00f3n (fls. 5 a 13, cuaderno No. 2, Corte), el recurrente manifiesta que a ra\u00edz de las diferencias con JORGE MONASTOQUE VALERO que originaron este litigio, luego de iniciado el proceso se practic\u00f3 la diligencia de \u201cinspecci\u00f3n ocular del 7 de enero de 1994\u201d, sin que se hubiere corrido traslado del dictamen pericial en ella rendido a la contraparte (fl. 9, cuaderno No. 2, Corte), tr\u00e1mites todos que fueron adelantados por su apoderado(fls. 10 a 11, cuaderno No. 2, Corte). <\/p>\n
4.2.9. Corolario obligado de lo dicho en los numerales que anteceden, es que, por no reunirse los requisitos exigidos por el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, invocado como causal para formular el recurso de revisi\u00f3n contra la sentencia impugnada, \u00e9ste se encuentra destinado al fracaso. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, RESUELVE: <\/p>\n
1.- DECLARASE infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, interpuesto por MIGUEL ANTONIO BOHORQUEZ MARTINEZ contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja -Sala Civil-, el 22 de septiembre de 1994, en el proceso ordinario promovido por el recurrente contra JORGE MONASTOQUE VALERO. <\/p>\n
2.- Cond\u00e9nase en costas y perjuicios al recurrente, para cuyo pago se har\u00e1 efectiva la cauci\u00f3n prestada mediante p\u00f3liza judicial que obra a folios 58 a 59, del cuaderno No. 1 de la actuaci\u00f3n ante la Corte, expedida por Latinoamericana de Seguros S. A. T\u00e1sense las costas y liqu\u00eddense los perjuicios mediante incidente. (art\u00edculo 384, inciso final C\u00f3digo de Procedimiento Civil). <\/p>\n
C\u00f3piese y notif\u00edquese. <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
(En permiso) <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., <\/p>\n
La presente providencia no la suscribe el Magistrado doctor NICOLAS BECHARA SIMANCAS por cuanto no particip\u00f3 en su discusi\u00f3n y aprobaci\u00f3n por encontrarse en uso de permiso. <\/p>\n
ROBERTO PE\u00d1UELA ALFONSO <\/p>\n
Secretario <\/p>\n
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