S-042-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. JOS\u00c9 FERNANDO RAM\u00cdREZ G\u00d3MEZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997) <\/p>\n
Referencia: Expediente 4546 <\/p>\n
Procede la Corte a dictar sentencia sustitutiva de la proferida el 22 de junio de 1993 por la Sala Civil Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, para ponerle fin en segunda instancia a este proceso ordinario promovido por CARMEN ALICIA QUENZA DE LOMONACO, para la comunidad conformada con las personas identificadas en la demanda, contra la INTENDENCIA NACIONAL DEL ARAUCA, actualmente Departamento de Arauca. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. CARMEN ALICIA QUENZA DE LOMONACO, quien dijo actuar en su car\u00e1cter de copropietaria del inmueble materia de la litis y en favor de la comunidad integrada por ella y Lilia Quenza de Imbett, Margarita Quenza de Parales, Amelia Quenza de Rodr\u00edguez, Rosa Quenza de Canay, Santiago Quenza Bernal, Cecilia Quenza de P\u00e9rez y Esther Luisa Quenza de Hallagan, demand\u00f3 a la INTENDENCIA NACIONAL DE ARAUCA, representada por el se\u00f1or Coronel Fernando Gonz\u00e1lez Mu\u00f1oz, en su calidad de Intendente y con citaci\u00f3n del se\u00f1or Agente del Ministerio P\u00fablico, para que previos los tr\u00e1mites de un proceso ordinario de mayor cuant\u00eda, se declarara en sentencia que le pertenec\u00eda en com\u00fan y proindiviso con las personas a cuyo favor act\u00faa un predio con cabida aproximada de 15 hect\u00e1reas con 5.736 m2., el cual est\u00e1 ubicado en el per\u00edmetro urbano del municipio de Arauca contiguo a los barrios Meridiano 70 y Cristo Rey dentro de los linderos consignados en el hecho 1\u00ba. de la demanda. Tambi\u00e9n solicit\u00f3 que se declarar\u00e1 que de dicho predio hace parte un terreno que actualmente ocupa la \u00abConcentraci\u00f3n Escolar Carabinero Gustavo Villa D\u00edaz\u00bb, ubicado dentro de los linderos especiales se\u00f1alados en el hecho 5\u00ba. de la demanda. Como consecuencia de las anteriores declaraciones solicit\u00f3, adem\u00e1s, que se condenara a la demandada a restituir a la copropiedad en cuyo favor act\u00faa, el predio sobre el cual est\u00e1 construido el centro educativo mencionado y al pago de los frutos civiles y naturales, producidos o que hab\u00eda podido producir con mediana inteligencia por todo el tiempo en que ha estado en posesi\u00f3n de dicho bien. <\/p>\n
2. Las pretensiones se apoyan en los hechos que se resumen a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
2.1. La demandante y dem\u00e1s copropietarios adquirieron el lote de terreno en menci\u00f3n, por adjudicaci\u00f3n que se les hiciera dentro del proceso de sucesi\u00f3n intestada de Santiago Quenza Brice\u00f1o. <\/p>\n
2.2. El trabajo de partici\u00f3n adicional y su sentencia aprobatoria del 13 de septiembre de 1988, fueron debidamente registrados en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 410-0015019 de la oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos del C\u00edrculo de Arauca y protocolizado mediante escritura p\u00fablica No. 1039 del 20 de octubre de 1988 de la Notar\u00eda Unica del C\u00edrculo de Arauca. <\/p>\n
2.3. El inmueble en cuesti\u00f3n lo adquiri\u00f3 el causante Santiago Quenza Brice\u00f1o por adjudicaci\u00f3n que le hizo el Ministerio de Agricultura, Divisi\u00f3n de Recursos Naturales, Secci\u00f3n Bald\u00edos, mediante Resoluci\u00f3n No.01321 del 12 de julio de 1958, registrada tambi\u00e9n en la oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos del c\u00edrculo de Arauca, y protocolizada en la Notar\u00eda Unica del mismo c\u00edrculo por medio de la escritura p\u00fablica No. 12 del 8 de septiembre de 1958. <\/p>\n
2.4. Desde hace unos diez a\u00f1os aproximadamente la demandada ocupa, sin t\u00edtulo legal alguno, con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o un \u00e1rea de unas tres (3) hect\u00e1reas del predio antes descrito, donde estableci\u00f3 mejoras y levant\u00f3 edificaciones, porci\u00f3n comprendida dentro de los linderos que se se\u00f1alan en el libelo. <\/p>\n
2.5. La Concentraci\u00f3n Escolar Carabinero Gustavo Villa D\u00edaz es un establecimiento p\u00fablico de propiedad de la Intendencia Nacional de Arauca conforme a la Resoluci\u00f3n No. 236 de 1981 y al Decreto Intendencial No. 294 de 1987. <\/p>\n
3. Notificado del auto admisorio de la demanda, el ente p\u00fablico demandado se opuso a la prosperidad de las pretensiones (fls. 13 al 15. c.1). En cuanto a los hechos expres\u00f3 que no le constaban el primero, segundo, tercero y cuarto, neg\u00f3 el sexto y el s\u00e9ptimo, mientras que respecto del quinto se atuvo a lo que se probara, siendo este su contenido: \u201cDesde hace unos diez a\u00f1os aproximadamente la Intendencia Nacional de Arauca ocupa con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o una parte del predio antes descrito, donde estableci\u00f3 mejoras y levant\u00f3 edificaciones, con un \u00e1rea aproximada de tres hect\u00e1reas..\u201d. Como excepciones de m\u00e9rito formul\u00f3 las que denomin\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y no comprender la demanda todas las personas que constituyen el litisconsorcio necesario. <\/p>\n
En la misma oportunidad invoc\u00f3 como excepci\u00f3n previa la ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales, la cual fue resuelta en forma adversa. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Mediante fallo del 3 de noviembre de 1992 (fls. 231 al 244, c.1), se conden\u00f3 a la demandada a restituir a los demandantes: \u201ca) el terreno comprendido por la Concentraci\u00f3n Escolar \u2018Gustavo Villa Diaz\u2019, descrito en la parte considerativa, que qued\u00f3 avaluado en la cantidad de ciento sesenta y ocho millones ciento cuarenta y cuatro mil pesos; b) todas las mejoras \u00fatiles, construcciones existentes en la Concentraci\u00f3n Escolar \u2018Gustavo Villa Diaz\u2019, por carecer de t\u00edtulo id\u00f3neo y no haberse obrado de buena f\u00e9 para la posesi\u00f3n material del bien que quedaron avaluadas en la cantidad de ciento cuarenta y seis millones ochocientos diecisiete mil pesos; c) los frutos naturales y civiles del bien inmueble anterior y que la comunidad de propietarios hubiese percibido si aquel hubiese estado en su poder\u201d. Respecto de esta \u00faltima condena dijo el fallador que se hac\u00eda en abstracto y que su liquidaci\u00f3n deb\u00eda efectuarse conforme al tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 308 del C. de P. C., de acuerdo con las reglas que se consignaron en la parte motiva de la sentencia. <\/p>\n
LA CONSULTA <\/p>\n
Consultada la sentencia por haber resultado adversa al ente p\u00fablico demandado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, por fallo de 22 de junio de 1993, revoc\u00f3 lo resuelto por el a quo, y en su lugar absolvi\u00f3 a la parte demandada (fls. 11 a 19 c. 4). <\/p>\n
Interpuesto, a su turno, recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra este \u00faltimo fallo, el mismo fue casado por esta Corporaci\u00f3n el 25 de junio de 1996 (fls. 54 al 85. c. Corte), por cuanto se estim\u00f3 que con la decisi\u00f3n impugnada el ad quem hab\u00eda infringido de manera directa tanto el art\u00edculo 16 del Decreto 2304 de 1989, como el 946 del C. C., el primero por aplicaci\u00f3n indebida, y el segundo por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
Practicadas las pruebas decretadas de oficio, procede ahora proferir sentencia de m\u00e9rito, una vez verificada la existencia y validez formal del proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con el C\u00f3digo Civil Colombiano, pertinente resulta distinguir en torno a la acci\u00f3n reivindicatoria, la pretensi\u00f3n que tiene como objeto la reivindicaci\u00f3n de la cosa misma que posee el demandado (arts. 946, 948 y 951), de la pretensi\u00f3n que comporta las llamadas reivindicaciones fictas o presuntas, donde el objeto de la pretensi\u00f3n ya no es la cosa singular, sino su equivalencia en dinero, en los t\u00e9rminos de los arts. 955 y 957 del C. Civil. <\/p>\n
A partir del deslinde anterior, se identifican los elementos que estructuran una y otra acci\u00f3n, espec\u00edficamente cuando ellas se proponen como atributo del derecho de dominio. As\u00ed entonces, con apoyo en los arts. 946, 947, 950 y 952 ib\u00eddem, doctrina y jurisprudencia, un\u00e1nimemente, se\u00f1alan como presupuestos de la acci\u00f3n reivindicatoria o de dominio, los siguientes: derecho de dominio del demandante; posesi\u00f3n actual del demandado; identidad entre el bien perseguido por el demandante y el pose\u00eddo por el demandado, y que se trate de una cosa singular reivindicable, o una cuota determinada proindiviso de ella. Trat\u00e1ndose de la reivindicaci\u00f3n ficta o presunta, los anteriores elementos deben adicionarse con los de la demostraci\u00f3n de la enajenaci\u00f3n de la cosa y la imposibilidad o dificultad de la persecuci\u00f3n. <\/p>\n
De otro lado, por lo que importa para la soluci\u00f3n del presente caso, debe dejarse en claro que el planteamiento de la pretensi\u00f3n restitutoria del cuerpo cierto determinado, no es \u00f3bice para el reconocimiento de la equivalencia dineraria cuando en el proceso se verifica la hip\u00f3tesis del art. 955 en lo atinente a la destinaci\u00f3n de la cosa a un servicio p\u00fablico o de utilidad social, porque de ninguna manera ello implica un cambio del objeto de la pretensi\u00f3n que a la postre se tradujera en un problema de incongruencia, pues cualquiera sea el reconocimiento de la sentencia lo que se est\u00e1 tutelando es el derecho de dominio del demandante, que a decir verdad es el objeto de su pretensi\u00f3n. De manera que cuando el juez opta por condenar a pagar el equivalente monetario, no empece a haberse formulado pretensi\u00f3n dirigida a la persecuci\u00f3n de la cosa sobre la cual se ostenta el derecho de dominio, lo \u00fanico que hace es consultar la realidad probatoria del proceso, en cuanto le indica que se ha \u201checho imposible o dif\u00edcil\u201d la persecuci\u00f3n en los t\u00e9rminos propuestos, que entre otras cosas, como ya qued\u00f3 expuesto, constituye elemento espec\u00edfico de esta particular reivindicaci\u00f3n, necesariamente verificable por el juez, porque es la autoridad judicial competente la que al fin de cuentas debe calificar la situaci\u00f3n objeto de contenci\u00f3n y especialmente lo concerniente a la destinaci\u00f3n del bien que genera el impedimento para la restituci\u00f3n efectiva de la cosa. <\/p>\n
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2. Aplicadas las nociones anteriores al caso concreto se tiene: <\/p>\n
2.1. El derecho de dominio de la parte demandante sobre el inmueble objeto de la pretensi\u00f3n, esta acreditado en el expediente con copia debidamente autenticada de la escritura p\u00fablica No. 1039 del 20 de octubre de 1988 de la Notar\u00eda \u00fanica del circulo de Arauca (fls. 102 al 121, c.1), registrada en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 410-0015019 (fl. 94 ib.), documentos en los cuales consta que el inmueble dentro del cual se encuentra el predio que persigue la actora le fue adjudicado a \u00e9sta en com\u00fan y proindiviso con siete (7) de sus hermanos dentro del proceso de sucesi\u00f3n de Santiago Quenza Brice\u00f1o. <\/p>\n
2.2. En relaci\u00f3n con la posesi\u00f3n del demandado, \u00e9sta aparece acreditada no solo porque al contestar el hecho quinto se respondi\u00f3 en forma elusiva sobre esa situaci\u00f3n, lo cual genera un indicio al tenor del art. 95 del C. de P. Civil en armon\u00eda con el art. 249, ib\u00eddem, sino por lo verificado en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial realizada sobre el inmueble cuyo derecho de dominio se encontraba para ese momento en cabeza de la comunidad demandante, as\u00ed como por la conducta procesal asumida por el ente p\u00fablico demandado durante todo el transcurso del proceso, ya que nunca controvirti\u00f3 o neg\u00f3 la condici\u00f3n de poseedor que le atribuy\u00f3 la parte actora. Antes, por el contrario, desde un principio su representante legal mostr\u00f3 la intenci\u00f3n de llegar a un acuerdo amigable con la demandante. En efecto, desde la audiencia que reglamenta el art\u00edculo 101 del C. de P. C., solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso y autoriz\u00f3 a sus asesores jur\u00eddicos y en especial al jefe de la Oficina Jur\u00eddica \u201cpara tomar las acciones necesarias tendientes a llegar a un acuerdo entre las partes\u201d (fl. 29, c.1), acuerdo que finalmente se cristaliz\u00f3 mediante el contrato de transacci\u00f3n que celebrara con siete de los copropietarios del inmueble el 18 de octubre de 1996, en el cual acept\u00f3 expresamente su condici\u00f3n de poseedor, as\u00ed: \u201cC. Es claro, especialmente luego de la DECISION que el Departamento de Arauca, como poseedor no due\u00f1o del terreno lo restituya a sus copropietarios no poseedores y que obliga a la Administraci\u00f3n P\u00fablica regularizar cuanto antes la situaci\u00f3n jur\u00eddica del terreno en el que fue construido el Colegio Departamental Gustavo Villa Diaz, afectado por tal debido obvios impedimentos..\u201d. (Fl. 132, de este cdno). <\/p>\n
Dicho acuerdo fue elevado a escritura p\u00fablica el 23 de noviembre de 1996 en la Notar\u00eda Unica del C\u00edrculo de Arauca (fls.127 al 130 de este cdno.), instrumento en el cual nuevamente se reconoce de manera expresa la posesi\u00f3n por parte del Departamento. El mismo fue aceptado por la Corte mediante prove\u00eddo del 3 de marzo de 1997 (fls. 158 al 164, ib.), termin\u00e1ndose en consecuencia de esa manera anormal este proceso respecto de los copropietarios Lilia Quenza de Imbett, Margarita Quenza de Parales, Amelia Quenza de Rodriguez, Rosa Isabel Quenza de Canay, Carmen Cecilia Quenza de P\u00e9rez, Esther Luisa Quenza de Hallagan y Santiago Quenza Bernal. <\/p>\n
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2.3. En cuanto ata\u00f1e al elemento identidad, \u00e9ste est\u00e1 acreditado mediante la diligencia de inspecci\u00f3n judicial mencionada (fls. 141 al 144, c.1), lo dictaminado al respecto por los auxiliares de la justicia designados para tal efecto, quienes afirmaron que dentro del inmueble cuyo derecho de dominio demostr\u00f3 la parte demandante fue construida la concentraci\u00f3n escolar Gustavo Villa D\u00edaz (fls.163 al 176. c.1), concepto que no fue controvertido por ninguna de las partes. <\/p>\n
2.4. Respecto al resto de los elementos mencionados no se encuentra dificultad alguna, puesto que la pretensi\u00f3n recae sobre una cosa singular como es el predio o terreno sobre el cual fue edificado el centro educativo en menci\u00f3n, es decir, que el poseedor lo destin\u00f3 a un servicio de inter\u00e9s social o utilidad p\u00fablica. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, como en principio se encuentran probados los elementos estructurales de la acci\u00f3n reivindicatoria, procede pasar a analizar las excepciones formuladas por la parte demandada. <\/p>\n
3.1. La excepci\u00f3n denominada \u201cFALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA\u201d, la cual sustenta el demandado en dos hechos, a saber: a. \u201cLa demandante no ha acreditado la calidad de propietaria del inmueble que pretende reivindicar, como tampoco su calidad de copropietaria en cuyo nombre dice actuar.\u201d, y, b. \u201cNo existe identidad entre el globo de terreno del que dice ser copropietaria la demandante con el inmueble que es objeto del presente proceso\u201d, es evidente que no puede prosperar conforme a lo antes expuesto con fundamento en el acervo probatorio. <\/p>\n
3.2. Trat\u00e1ndose de la excepci\u00f3n denominada: \u201cNO COMPRENDER LA DEMANDA A TODAS LAS PERSONAS QUE CONSTITUYEN EL LITISCONSORCIO NECESARIO\u201d, fincada en que la demanda debi\u00f3 ser presentada por todos los copropietarios, pues de lo contrario podr\u00eda verse expuesto a soportar varios procesos relacionados con los mismos hechos e id\u00e9ntica finalidad, lo que a su vez podr\u00eda conducir a que se profirieran fallos contradictorios; es lo cierto, como es suficientemente conocido, que uno solo de los copropietarios se encuentra legitimado para esgrimir pretensiones como la que es objeto de estudio, siempre y cuando \u00e9stas se intenten para la comunidad. Es decir, por activa, los due\u00f1os del bien com\u00fan no conforman un litisconsorcio necesario, como si ocurre por pasiva, pues en el evento en que la demandada sea la comunidad o la copropiedad, la demanda se tiene que dirigir contra todos los comuneros o copropietarios. <\/p>\n
Sobre el tema ha dicho la Corte: \u201cPor activa el comunero est\u00e1 capacitado para reivindicar la cosa indivisa, en su propio car\u00e1cter de estar en com\u00fan con otras personas, a quienes puede favorecer, pero no perjudicar con su actuaci\u00f3n. En tanto que por pasiva y como corolario de lo anterior, toda demanda referente a la cosa com\u00fan debe comprender a todos y cada uno de los comuneros, para que a todos los afecte el fallo, supuesto que la actuaci\u00f3n de uno solo de ellos, en modo alguno podr\u00e1 perjudicar al comunero o comuneros que no intervinieron como parte en el juicio\u201d. (C.S.J., G.J. t. LXXVIII, p\u00e1g. 397). <\/p>\n
Por lo tanto, como en el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se observa que en el libelo introductorio la accionante dijo claramente que actuaba en su \u201ccar\u00e1cter de copropietaria del inmueble materia de esta litis y en favor de la comunidad\u201d (fl. 1, c.1), es palmario que el medio exceptivo materia de an\u00e1lisis tampoco resulta procedente para aniquilar las aspiraciones de \u00e9sta. <\/p>\n
En el asunto sub judice en ning\u00fan momento se ha alegado que el centro educativo en menci\u00f3n sea coposeedor y mucho menos se ha probado tal condici\u00f3n. Contrariamente, el demandado admiti\u00f3 su calidad de poseedor y en ejercicio de la misma efectu\u00f3 un contrato de transacci\u00f3n con siete (7) de los hermanos que conforman la copropiedad, a quienes compr\u00f3 su derecho de dominio con el \u00e1nimo de \u201cregularizar cuanto antes la situaci\u00f3n jur\u00eddica del terreno en el que fue construido el Colegio Departamental Gustavo Villa D\u00edaz, afectado por tal debido obvios impedimentos para la proyecci\u00f3n de ensanches y para recibir importantes ayudas del sector privado ofrecidas..\u201d, (fl.132, de este cdno). Al respecto debe destacarse lo declarado en la escritura p\u00fablica mediante la cual se formaliz\u00f3 el citado contrato de transacci\u00f3n (la cl\u00e1usula s\u00e9ptima): \u201cEl lote de terreno cuyo derecho de dominio se enajena viene siendo pose\u00eddo materialmente por el DEPARTAMENTO DE ARAUCA CON EL COLEGIO GUSTAVO VILLA DIAZ, construido en el mismo desde el a\u00f1o de mil novecientos setenta y nueve (1979) \u2026\u201d (fl. 129 vto. ib.) <\/p>\n
4. Corolario de lo anterior es que como ninguna de las defensas esgrimidas por la parte demandada en su favor logr\u00f3 enervar las pretensiones de la actora, debe accederse a las mismas, mas no en la forma dispuesta por el a quo, por las razones expuestas anteriormente y en la sentencia de casaci\u00f3n (fls. 54 al 85, c. principal Corte), conforme con las cuales se dej\u00f3 sentado que cuando por motivos de inter\u00e9s o de utilidad p\u00fablica se haga dif\u00edcil o no sea posible ordenar la restituci\u00f3n del bien objeto de la reivindicaci\u00f3n, el fallador est\u00e1 autorizado a aplicar de manera anal\u00f3gica la acci\u00f3n reivindicatoria por equivalencia, ficta o presunta que se encuentra consagrada en el art\u00edculo 955 del C. C., es decir, a ordenar que a cambio de la restituci\u00f3n del bien perseguido se pague el valor del mismo, m\u00e1s la indemnizaci\u00f3n de todo perjuicio, si a esto \u00faltimo hubiere lugar. <\/p>\n
4.1. En este proceso en la sentencia de casaci\u00f3n la Corte orden\u00f3 oficiosamente que por expertos se practicara una experticia con el fin de determinar, adem\u00e1s del \u00e1rea de terreno pose\u00edda por el demandado, el valor de la misma. <\/p>\n
En cumplimiento de lo anterior, los auxiliares de la justicia designados para el efecto conceptuaron (fls. 53 al 64, c. pruebas de la Corte), que el ente demandado posee un total de 78.856.74 metros cuadrados y que el valor del metro cuadrado para el a\u00f1o que corre equivale a $14.160.oo pesos. Teniendo en consideraci\u00f3n dichos par\u00e1metros, el predio en cuesti\u00f3n fue avaluado en la suma de $1.116.611.438.4, aval\u00fao que acoge la Corte en raz\u00f3n a que el mismo se encuentra debidamente fundamentado, adem\u00e1s de no haber sido controvertido por ninguna de las partes, quienes por el contrario lo acogieron, hasta el punto de realizar con apoyo en \u00e9l la transacci\u00f3n mencionada. <\/p>\n
Por lo tanto, como quiera que la demandante es due\u00f1a de una octava parte de dicho terreno, habi\u00e9ndose adquirido durante el transcurso del proceso por el Departamento del Arauca el derecho de dominio de las otras siete (7) cuotas que conformaban la copropiedad, se ordenar\u00e1 a este \u00faltimo que pague a CARMEN ALICIA QUENZA DE LOMONACO la suma de $139.576.429.8, equivalente a la octava parte del precio del inmueble objeto de la reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
4.2. En lo referente a las prestaciones mutuas, contrario a lo estimado por el fallador de primera instancia, el demandado se debe considerar como poseedor de buena fe, pues existiendo una presunci\u00f3n general al respecto (art\u00edculo 769 del C. C.), la actora ten\u00eda la carga de desvirtuarla. En este caso, ni siquiera se le atribuy\u00f3 condici\u00f3n contraria al ente p\u00fablico demandado, pues la demandante se limit\u00f3 a decir: \u201cLa intendencia Nacional de Arauca carece de todo t\u00edtulo legal v\u00e1lido para ocupar o poseer esta porci\u00f3n de terreno..\u201d. Afirmaci\u00f3n que resulta insuficiente para deducir la mala fe, ya que la jurisprudencia tiene decantado que la falta de t\u00edtulo no es indicativa necesariamente de dicha condici\u00f3n, porque a\u00fan sin tenerlo se puede ser poseedor de buena fe, pues entendida ella como la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios leg\u00edtimos, exentos de fraude y de todo otro vicio, puede tener lugar tambi\u00e9n cuando el poseedor apoya su posesi\u00f3n en un titulo aparente o putativo y, en este caso, los declarantes Juan Jos\u00e9 Guevara Maturana, Mar\u00eda Stella Galindez Tovar, Pedro Nel Castellanos Cerme\u00f1o y Melchor Genaro Orozco Naranjo, coincidieron en afirmar que el predio en cuesti\u00f3n fue \u201cdonado\u201d por la se\u00f1ora Margarita Bernal viuda de Quenza para efectos de la construcci\u00f3n del centro educativo que all\u00ed funciona en la actualidad. Luego el poseedor habr\u00eda entrado a ejercer la posesi\u00f3n del predio con el convencimiento de haberlo obtenido de quien era su due\u00f1o. <\/p>\n
4.3. As\u00ed las cosas, considerado el demandado como poseedor de buena fe, s\u00f3lo estar\u00eda obligado a restituir frutos en los t\u00e9rminos del art. 964 del C. Civil, despu\u00e9s de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda. Empero, como la norma que anal\u00f3gicamente se est\u00e1 aplicando es la del art. 955 del C. Civil, por este aspecto no se impondr\u00e1 condena alguna al Departamento demandado, ya que la hip\u00f3tesis de indemnizaci\u00f3n de perjuicios que all\u00ed se prev\u00e9, no guarda similitud con el presente caso, donde adem\u00e1s de no haberse demostrado perjuicio alguno, la cosa sigue siendo pose\u00edda por el demandado, lo cual descarta la enajenaci\u00f3n de mala fe que la norma toma como base para efectos de la indemnizaci\u00f3n, entre otras cosas de perjuicios y no de frutos. <\/p>\n
4.4. En lo que respecta al reconocimiento de las expensas necesarias y mejoras \u00fatiles, no obstante que el poseedor vencido tiene derecho a que se le abonen las primeras seg\u00fan las reglas se\u00f1aladas en el art. 965 del C.C., y a las segundas, cuando siendo de buena fe, las ha efectuado antes de la contestaci\u00f3n de la demanda (art.996, ib), no habr\u00e1 lugar a dicho reconocimiento, por la sencilla raz\u00f3n que el ente demandado queda con el dominio de las mismas, en raz\u00f3n a que no se va ordenar la restituci\u00f3n del inmueble conforme a lo ya explicado. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
Por lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, en sede de instancia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
FALLA: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCASE la sentencia de primera instancia, dictada en este proceso por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Arauca el 3 de noviembre de 1992. <\/p>\n
SEGUNDO: Decl\u00e1ranse no probadas las excepciones de fondo propuestas por el demandado, denominadas falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y no comprender la demanda todas las personas que constituyen el litisconsorcio necesario. <\/p>\n
TERCERO: Acc\u00e9dese a la reivindicaci\u00f3n demandada, pero en la modalidad prevista en el art\u00edculo 955 del C. C., de acuerdo a lo explicado en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior se ordena al Departamento del Arauca le pague a la actora la suma de ciento treinta y nueve millones quinientos setenta y seis mil cuatrocientos veintinueve pesos ($ 139.576.429), correspondiente al valor de su cuota sobre el inmueble objeto de la reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
QUINTO: Tambi\u00e9n como consecuencia de lo dicho, se ordena que el t\u00edtulo de dominio que posee la accionante sobre el predio objeto de la litis, en la cuota correspondiente quede en cabeza del ente p\u00fablico demandado, para cuyo efecto se ordena inscribir esta sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos. <\/p>\n
SEXTO: Conforme a lo expuesto no hay lugar a condena por frutos. <\/p>\n
SEPTIMO: No hay lugar al reconocimiento de expensas necesarias ni de mejoras \u00fatiles, conforme con lo expuesto en la motivaci\u00f3n de esta providencia. <\/p>\n
OCTAVO: Las costas de primera instancia, excluido el rubro de agencias en derecho, y reducidas a una octava parte (1\/8), ser\u00e1n pagadas por el Departamento demandado a la se\u00f1ora Carmen Alicia Quenza de Lomonaco (art. 392-1 inc. 2 del C. de P. Civil). <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
(En permiso) <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
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S-042-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. JOS\u00c9 FERNANDO RAM\u00cdREZ G\u00d3MEZ Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997) […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81478","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81478","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81478"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81478\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81478"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81478"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81478"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}