S-044-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D. C., doce (12) de agosto de mi novecientos noventa y siete (1997).- <\/p>\n
Dec\u00eddese la solicitud de exequatur formulada respecto de la sentencia de 27 de julio de 1992, proferida por la Corte del Distrito de La Florida de los Estados Unidos de Am\u00e9rica en el caso adelantado por el Eagle National Bank of Miami contra Jorge Machado Arango. <\/p>\n
Antecedentes <\/p>\n
1. El Banco Eagle National Bank of Miami, asociaci\u00f3n bancaria existente bajo las leyes de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, domiciliada en Miami, Estado de Florida, ha elevado demanda para que se otorgue exequatur a la premencionada sentencia, correspondiente al caso n\u00famero 91-0138-CIV-RYSKAMP, seguido por dicha asociaci\u00f3n bancaria contra Jorge Machado Arango, en la que este fue condenado a pagarle a aqu\u00e9lla la suma de US $122.455.49 d\u00f3lares de los Estados Unidos, junto con los intereses, a la tasa del 4.11% anual, que se causen hasta la realizaci\u00f3n del pago. <\/p>\n
2. Tal fallo fue el resultado de una acci\u00f3n civil que tuvo, en s\u00edntesis, este cimiento f\u00e1ctico: <\/p>\n
El 8 de septiembre de 1989, Jorge Machado Arango deposit\u00f3 en la cuenta corriente que ten\u00eda en el consabido banco la suma de US $99.564.oo d\u00f3lares, mediante el endoso del cheque n\u00famero 237276 del First Tenesse Bank, girado de una cuenta de Newton Buying Corporation a favor de Bankers Trust Company, \u201cquien supuestamente\u201d se lo hab\u00eda endosado. <\/p>\n
Despu\u00e9s de acreditar a la cuenta de Machado dicha suma, el Eagle National Bank se enter\u00f3 que el endoso de Bankers Trust Company era falsificado, por lo que tuvo que devolver dicho dinero al First Tenesse Bank, \u201cquien hab\u00eda pagado el valor incorporado en el cheque, presumiendo que el endoso era aut\u00e9ntico\u201d. <\/p>\n
Seguidamente procedi\u00f3 a debitar dicho monto de la cuenta de Machado, \u201cpero entonces los fondos resultaron insuficientes, quedando un saldo negativo a su cargo, el cual no fue pagado\u201d. As\u00ed fue que la sentencia a que alude el solicitado exequatur reconoci\u00f3 los perjuicios del banco demandante. <\/p>\n
3. Machado no descorri\u00f3 oportunamente el traslado de la demanda de exequatur. <\/p>\n
4. El Ministerio P\u00fablico dijo atenerse a lo que resultase probado, advirtiendo que, ante la carencia en este caso de reciprocidad diplom\u00e1tica, ha de apelarse a la legislativa. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Por razones de soberan\u00eda que acaso sobren citar aqu\u00ed, es ampliamente sabido el principio seg\u00fan el cual s\u00f3lo los fallos de los jueces colombianos tienen reconocida fuerza de autoridad p\u00fablica dentro del territorio patrio, sendero por el que el Estado evita intromisiones indebidas de autoridades extranjeras. <\/p>\n
Pero es igualmente cierto que hacer de tal postulado un valladar ineluctable, en ciertos casos comprometer\u00eda de manera seria las relaciones internacionales, surgiendo as\u00ed la idea de consagrar un sistema en que por v\u00eda excepcional puedan dotarse de efectos jur\u00eddicos en nuestro medio a fallos pronunciados m\u00e1s all\u00e1 de las fronteras, caso en el cual han de estar sujetos al riguroso tamiz que establecen los art\u00edculos 693 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
A dicho prop\u00f3sito ha de recordarse, ante todo, que una decisi\u00f3n for\u00e1nea no puede tener cumplido efecto en Colombia, si ya no es con fundamento en un tratado internacional o, en su subsidio, con apoyo en la fuerza que el pa\u00eds de donde emana le otorgue eventualmente a un fallo colombiano. Por eso se habla corrientemente de que en dicho \u00e1mbito operan dos sistemas: delanteramente el de la reciprocidad diplom\u00e1tica y, de manera suced\u00e1nea, el de la reciprocidad legislativa. <\/p>\n
El presente asunto se circunscribe al segundo de los mentados sistemas, visto que el Ministerio de Relaciones Exteriores hace constar \u201cque no existe convenio alguno suscrito con los Estados Unidos de Am\u00e9rica, que regule la ejecuci\u00f3n de sentencias\u201d (folio 35). <\/p>\n
Examinando, pues, lo ata\u00f1adero a la eventual reciprocidad legislativa, halla la Corte, en primer lugar, que el juez del distrito de los Estados Unidos, al emitir la orden de ejecuci\u00f3n de la sentencia materia del exequatur deprecado, sin ambages atest\u00f3 sobre el particular, comoquiera que expres\u00f3: \u201cSE DECLARA que este Tribunal har\u00e1 valer rec\u00edprocamente los fallos proferidos por los tribunales de la Rep\u00fablica de Colombia en los cuales no se haya comprobado fraude o ausencia de jurisdicci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Con ello se pone de relieve que all\u00ed no hay impedimento para que en un momento dado se reconozca fuerza de autoridad p\u00fablica a un fallo colombiano. <\/p>\n
Am\u00e9n de que en la adici\u00f3n de la demanda se adjunt\u00f3 el documento contentivo de las declaraciones que, cuando de acreditar la ley extranjera se trata, exige el art\u00edculo 188 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuyas versiones sirven ahora de elemento corroborante para reafirmar la convicci\u00f3n de tal reciprocidad, toda vez que Abelardo Men\u00e9ndez y John H. Patterson Jr. fueron enf\u00e1ticos en manifestar, en su condici\u00f3n de abogados debidamente facultados para ejercer all\u00ed la profesi\u00f3n, que las Cortes de Florida han reconocido valor como tales a las sentencias proferidas por jueces colombianos. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, inquiriendo ya por otros aspectos, nada impide la concesi\u00f3n del exequatur, pues copia debidamente legalizada de la sentencia obra en autos, y de su ejecutoria da cuenta la declaraci\u00f3n que el mismo juez hizo en aqu\u00e9l documento de orden de ejecuci\u00f3n, en donde se lee que la sentencia de 27 de julio de 1992 contra Jorge Machado Arango, por valor de US $122.455.49 \u201ces definitiva y no puede ser apelada dado el vencimiento del t\u00e9rmino para apelaci\u00f3n de 30 d\u00edas conforme al 28 U: S: C. &2107\u201d; no versa sobre derechos reales como para que fuera de inter\u00e9s averiguar la ubicaci\u00f3n de los bienes (art. 694, numeral 1, C. P. C.), pues el asunto controvertido simplemente tiene que ver con el reconocimiento de una obligaci\u00f3n a cargo del demandado, y por ah\u00ed mismo se nota que ni es de conocimiento exclusivo de los jueces colombianos, ni afecta el orden p\u00fablico interno de nuestro pa\u00eds, ni, en fin, hay constancia de que en \u00e9ste estuviere en curso un proceso sobre el particular. <\/p>\n
Por \u00faltimo, aparte de que, seg\u00fan la ley, la ejecutoria de la sentencia hace suponer la observancia del requisito consagrado en el numeral 6 del art\u00edculo 694 del C. de P. C., del texto mismo de ella emerge que el demandado fue notificado de la demanda (folio 13 de este cuaderno) con que abri\u00f3 dicha controversia judicial, poni\u00e9ndose as\u00ed a salvo tanto su debida citaci\u00f3n al proceso como el derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
De suerte que se acceder\u00e1 a lo suplicado en la demanda de exequatur. <\/p>\n
Decisi\u00f3n <\/p>\n
Con arreglo a lo elucidado, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley concede el exequatur a la sentencia proferida el 27 de julio de 1992 por la Corte Distrital de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, Distrito Sur de la Florida, correspondiente al caso n\u00famero 91-0138-CIV-RYSKAMP, adelantado por el Eagle National Bank of Miami contra Jorge Machado Arango. <\/p>\n
Costas del tr\u00e1mite de exequatur a cargo del demandado. T\u00e1sense. <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
con permiso <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
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