S-045-97 <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997).- <\/p>\n
Ref: Expediente No. 6041 <\/p>\n
Decide la Corte sobre la solicitud de Exequatur presentada por el se\u00f1or […], en procura de que produzca efectos en la Rep\u00fablica de Colombia la sentencia del 28 de mayo de 1986, proferida por el Juzgado 2\u00ba de Primera instancia en lo Civil Mercantil, Agrario y Tr\u00e1nsito, de la circunscripci\u00f3n Judicial del Estado T\u00e1chira, Rep\u00fablica de Venezuela, dictada en el proceso de divorcio del matrimonio cat\u00f3lico contra\u00eddo en C\u00facuta (Colombia) por el actor con la se\u00f1ora […]; ambos de nacionalidad colombiana. <\/p>\n
A N T E C E D E N T E S: <\/p>\n
I. Los fundamentos de la demanda de exequatur se resumen as\u00ed : <\/p>\n
I.1. El demandante celebr\u00f3 matrimonio cat\u00f3lico con […]en la ciudad de C\u00facuta el d\u00eda 26 de febrero de 1972, el cual fue registrado en la Notar\u00eda 2\u00aa de dicha ciudad y ante la Prefectura del Municipio de San Crist\u00f3bal Venezuela, raz\u00f3n por la que estima que produce efectos en ambas naciones; de esa uni\u00f3n naci\u00f3 […], actualmente mayor de edad . <\/p>\n
I.2. Por sentencia del 28 de mayo de 1986 proferida por el Juzgado 2\u00ba de Primera instancia en lo Civil Mercantil, Agrario y Tr\u00e1nsito, de la circunscripci\u00f3n Judicial del Estado T\u00e1chira, Rep\u00fablica de Venezuela, se decret\u00f3 el divorcio del mencionado matrimonio, por causa de la ruptura prolongada de la vida en com\u00fan y de conformidad con el c\u00f3digo civil venezolano; y tambi\u00e9n, de com\u00fan acuerdo, los esposos dispusieron la separaci\u00f3n de bienes el 2 de abril de 1.986, ante el Juzgado del Distrito Pedro Mar\u00eda Ure\u00f1a de la circunscripci\u00f3n Judicial del Estado de T\u00e1chira, Rep\u00fablica de Venezuela; en la demanda se relacionan los bienes adquiridos en vigencia de la sociedad conyugal que fueron materia del pacto de liquidaci\u00f3n, cuyo exequatur tambi\u00e9n se solicita. <\/p>\n
I.3. La referida sentencia de divorcio no se opone a la leyes ni otras disposiciones de orden p\u00fablico de Colombia, pues el art\u00edculo 5\u00ba de la ley 25 de 1992 que modific\u00f3 el art\u00edculo 152 del C. C. estableci\u00f3 la cesaci\u00f3n de los efectos civiles de todo matrimonio religioso por el decreto de divorcio, y existe identidad entre las causales exigidas tanto en Venezuela como en Colombia; de otra parte dicho fallo no versa sobre derechos reales que recaigan en bienes ubicados en territorio colombiano y el asunto no es de aquellos de competencia exclusiva de los jueces nacionales; tampoco existe sentencia ejecutoriada en Colombia sobre el divorcio y la dictada en Venezuela lo fue conforme a la ley de all\u00e1 previa observancia del debido proceso. <\/p>\n
II. Admitida la demanda, se dispuso su traslado a la c\u00f3nyuge demandada y al se\u00f1or Procurador Delegado en lo Civil; \u00e9ste la contest\u00f3 manifestando que se atiene a lo que resulte probado y se adhiere a las pruebas solicitadas por el actor; por su parte, la demandada respondi\u00f3 lo siguiente : que ante el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de C\u00facuta se encuentra en tr\u00e1mite el proceso de cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico que ella iniciara contra […], actuaci\u00f3n que se halla suspendida por convenio celebrado en la audiencia de conciliaci\u00f3n all\u00ed practicada y ante la presentaci\u00f3n de la demanda de exequatur; que el divorcio obtenido en el extranjero no fue pedido de com\u00fan acuerdo; que en la demanda de exequatur no se anuncia la existencia del proceso de divorcio que cursa en la ciudad de C\u00facuta; que por la \u00e9poca en que el divorcio fue decretado en Venezuela no hab\u00eda lugar a la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico, raz\u00f3n por la cual el fallo extranjero atenta contra el orden p\u00fablico interno; y que no ha existido entre los c\u00f3nyuges separaci\u00f3n de bienes ni liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, ya que s\u00f3lo existe un documento privado aut\u00e9ntico que no constituye ni sentencia judicial, ni escritura p\u00fablica. <\/p>\n
III. Decretadas y practicadas las pruebas y cumplido el tr\u00e1mite procesal, corresponde a la Corte decidir lo que sea del caso, a lo cual procede de acuerdo con las siguientes <\/p>\n
C O N S I D E R ACIONES : <\/p>\n
1.- Uno de los atributos dimanantes del ejercicio de la soberan\u00eda del Estado se refleja en su exclusiva facultad de administrar justicia dentro de su territorio y por medio de sus propios jueces; principio general que s\u00f3lo se rompe cuando confluyen los requisitos previstos en los en los art\u00edculos 693 y 694 del C. de P. Civil; el primero de dichos preceptos establece que \u201cLas sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas en un pa\u00eds extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, tendr\u00e1n en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia\u201d. <\/p>\n
2.- Lo anterior significa que la efectividad de los fallos for\u00e1neos en el territorio patrio depende de la fuerza que a su vez en los pa\u00edses extra\u00f1os se le otorgue a las sentencias judiciales dictadas por los jueces nacionales; fuerza que primeramente ha de verificarse en el marco de los tratados internacionales que hayan suscrito al efecto Colombia y las otras naciones, o sea siguiendo los dictados de la denominada reciprocidad diplom\u00e1tica; o, a falta de tratado, seg\u00fan lo que a ese respecto disponga la ley for\u00e1nea en orden a reconocerle tambi\u00e9n efectividad a las sentencias dictadas aqu\u00ed, es decir atendiendo al instrumento de la reciprocidad legislativa; naturalmente que de existir un tratado sobre el particular el examen de la eficacia de los fallos pronunciados por jueces extra\u00f1os debe ajustarse a los t\u00e9rminos y requisitos expresados en \u00e9l. <\/p>\n
3.- En la especie de este exequatur est\u00e1 demostrado que no existe tratado bilateral exclusivo entre Colombia y Venezuela, pero s\u00ed est\u00e1 probado que \u201cen el plano multilateral existe \u201cLa convenci\u00f3n interamericana de las sentencias y Laudos arbitrales extranjeros\u201d dictados en procesos civiles, comerciales y laborales, suscrita en Montevideo, Uruguay el 8 de mayo de 1979, la cual fue ratificada por Colombia el 9 de octubre de 1981 y por Venezuela el 5 de agosto de 1985, sin reservas ni declaraciones\u201d; como expresa el informe proveniente de la Oficina Jur\u00eddica del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro pa\u00eds (fls. 129 y ss. cuaderno de pruebas). <\/p>\n
4.- Ahora bien, como es preeminente que la Corte defina el exequatur siguiendo los dictados de la \u201cConvenci\u00f3n Interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros\u201d, cuyo texto obra en el cuaderno de pruebas, fl. 133, toda vez que a ella adhirieron Colombia y Venezuela sin hacer reserva alguna, en el examen que le corresponde efectuar ha de mirarse si en los t\u00e9rminos de dicho convenio internacional la sentencia dictada por el juez venezolano puede tener eficacia en nuestro territorio, lo cual depende de que re\u00fana las condiciones all\u00ed establecidas y cuya enunciaci\u00f3n aparece en su art\u00edculo 2, en armon\u00eda con el art\u00edculo 3, a lo cual se procede a continuaci\u00f3n:: <\/p>\n
a) Entre las exigencias de la Convenci\u00f3n se encuentran las de que la sentencia dictada en Venezuela venga revestida de las formalidades necesarias para que aqu\u00ed sean consideradas aut\u00e9nticas; que se presente debidamente legalizada de acuerdo con la ley colombiana y se halle legalmente ejecutoriada; y que la demandada haya sido notificada en t\u00e9rminos aceptables para el derecho colombiano, lo que de paso debe indicar que hubo un debido proceso y que la parte pasiva tuvo asegurada su defensa; aspectos todos \u00e9stos que no merecen ning\u00fan reparo en esta ocasi\u00f3n; en efecto, la copia de la sentencia extranjera tra\u00edda a los autos est\u00e1 revestida de formalidades que permiten establecer su autenticidad, incluida la constancia de su ejecutoria y la concurrencia personal de la demandada al proceso de divorcio en que aquella se dict\u00f3 (C1, fls. 16 a 25 ); la documentaci\u00f3n viene ajustada a las exigencias del art\u00edculo 259 del C. de P.C.. <\/p>\n
b) Tambi\u00e9n es necesario que el sentenciador tenga competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar el divorcio del que se trata, de acuerdo con la ley colombiana; punto cuya verificaci\u00f3n debe hacerse atendida la \u00e9poca en que se promovi\u00f3 el proceso en el cual fue dictado el fallo for\u00e1neo, a\u00f1o de 1986, y desde la perspectiva de la competencia territorial por el domicilio del demandado, que es la regla general; a ese respecto evidentemente existen elementos de juicio suficientes para concluir que, a la saz\u00f3n, los c\u00f3nyuges estuvieron domiciliados en el vecino pa\u00eds, lo que desde el punto de vista territorial torna inobjetable la atribuci\u00f3n del juez venezolano. En efecto, el matrimonio can\u00f3nico aunque fue celebrado en Colombia, tambi\u00e9n fue inscrito ante las autoridades venezolanas (C. 1, fl. 19); en ese pa\u00eds naci\u00f3 el \u00fanico hijo fruto de la uni\u00f3n conyugal y all\u00ed tambi\u00e9n se inscribi\u00f3 su nacimiento (fl. 20); seg\u00fan la relaci\u00f3n de bienes que aparece en un documento privado de \u201cseparaci\u00f3n de bienes\u201d, reconocido judicialmente el 22 de abril de 1986 (V. 1, fl. 29), el patrimonio social est\u00e1 integrado mayoritariamente por propiedades y bienes radicados en territorio de Venezuela; y, en fin, que habiendo sido convocada la demandada a dicho proceso, adem\u00e1s de que no objet\u00f3 nada sobre el domicilio se\u00f1alado all\u00e1 para ella, afirm\u00f3 que el suyo estaba radicado en San Antonio de T\u00e1chira (c. 1, fl. 21). <\/p>\n
c) De otra parte, la sentencia extranjera no ha de contrariar manifiestamente los principios y las leyes de orden p\u00fablico del Estado Colombiano; requisito \u00e9ste que la sentencia cumple cabalmente dado que, de un lado, por la naturaleza del asunto la Convenci\u00f3n suscrita por ambos pa\u00edses no hace distinci\u00f3n alguna para privarla de eficacia extraterritorial; y, de otro lado, si bien es cierto que en la actualidad en la ley colombiana la sentencia que decreta el divorcio no disuelve el v\u00ednculo que emana del matrimonio can\u00f3nico desde el punto de vista estrictamente religioso, tambi\u00e9n lo es que s\u00ed genera la cesaci\u00f3n de sus efectos civiles, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 160 del C.C., modificado por el art\u00edculo 11 de la ley 25 de 1992; dem\u00e1s est\u00e1 decir que justamente por raz\u00f3n de la radical modificaci\u00f3n del r\u00e9gimen legal colombiano, aunque a la saz\u00f3n del decreto de divorcio la sentencia venezolana en verdad vulneraba el orden p\u00fablico interno de nuestro pa\u00eds, toda vez que entonces no era admitido el divorcio del matrimonio can\u00f3nico, ya hoy la situaci\u00f3n ha variado y no acontece igual, todo lo cual se anota en el entendido de que el Juez del exequatur, la Corte, debe velar porque aquel orden no sufra desmedro pero vistas las cosas seg\u00fan el momento mismo en que dicta su sentencia, por cuya expedici\u00f3n precisamente el fallo extranjero comienza a producir efectos aqu\u00ed; por consiguiente, no se le puede dar alcance a la oposici\u00f3n que en el punto propuso la demandada. <\/p>\n
5.- Aparte de lo anterior, la causal de divorcio alegada y aceptada en el proceso donde se dict\u00f3 la sentencia materia de exequatur, o sea la ruptura de la vida en com\u00fan de los casados por un t\u00e9rmino mayor de cinco a\u00f1os, est\u00e1 consagrada con la misma finalidad en el r\u00e9gimen legal colombiano, inclusive por un t\u00e9rmino inferior, en el art\u00edculo 154-8a. C.C., modificado por el art\u00edculo 6o. de la ley antes citada; tampoco van contra ning\u00fan principio de orden p\u00fablico los ordenamientos consecuentes incluidos en la sentencia extra\u00f1a, relativos a la patria potestad a la cual ya no est\u00e1 sometido el hijo \u00fanico del matrimonio por haber llegado a la mayor\u00eda de edad, y a la consecuente liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que es consecuencia de la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio. <\/p>\n
6.- En s\u00edntesis, pues, dado que ambos pa\u00edses aceptan la extraterritorialidad de los fallos judiciales que profieren sus autoridades judiciales, siempre y cuando se cumplan unas determinadas condiciones, las cuales se han verificado, la Corte dispondr\u00e1 el exequatur propuesto; empero, dicha autorizaci\u00f3n queda reducida a la sentencia judicial de divorcio, y, por lo tanto, no queda cobijada con ella la separaci\u00f3n de bienes que obra en documento suscrito el 2 de abril de 1986, a que alude la segunda de las pretensiones de la demanda aqu\u00ed resuelta, la cual ciertamente no alcanza la categor\u00eda de sentencia judicial que deba y pueda estar sometida a exequatur. <\/p>\n
D E C I S I O N: <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONCEDE EL EXEQUATUR a la sentencia del 28 de mayo de 1986, proferida por el Juzgado 2\u00ba de Primera instancia en lo Civil Mercantil, Agrario y Tr\u00e1nsito, de la circunscripci\u00f3n Judicial del Estado T\u00e1chira, Rep\u00fablica de Venezuela, dictada en el proceso de divorcio del matrimonio por los ritos de la Iglesia Cat\u00f3lica contra\u00eddo en C\u00facuta (Colombia) por los esposos […] y […], ambos de nacionalidad colombiana; y lo niega en cuanto a la separaci\u00f3n de bienes a que alude la pretensi\u00f3n segunda de la demanda introductoria del presente proceso. <\/p>\n
Costas a cargo de la demandada. <\/p>\n
C\u00f3piese y Notif\u00edquese <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHOLSS <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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