S-046-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D. C., diecinueve (19) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997).- <\/p>\n
Ref: Expediente No. 4634 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante y los codemandados Gildardo Alberto y Marcela Loaiza Vega contra la sentencia de 27 de julio de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn en el proceso ordinario promovido por Octavio Eli\u00e9cer Loaiza Paniagua y Diana Patricia, Angela Mar\u00eda y Mary Isabel Loaiza Alvarez contra los precitados demandados y Mar\u00eda Osorio de Santamar\u00eda y Jos\u00e9 Gildardo Santamar\u00eda Osorio. <\/p>\n
I. Antecedentes <\/p>\n
1. El proceso se abri\u00f3 paso con la demanda en que los actores pidieron que se declare que el contrato de compraventa recogido en la escritura p\u00fablica 869 del 13 de junio de 1985, Notar\u00eda 14 de Medell\u00edn, \u00abpadece de INTERPOSICION SIMULADA DE PERSONA, siendo los testaferros simulados o interpuestos los menores GILDARDO ALBERTO Y MARCELA LOAIZA VEGA y el verdadero comprador, el se\u00f1or JOSE GILDARDO LOAIZA GAVIRIA, frente a los vendedores ROSA MARIA OSORIO DE SANTAMARIA y JOSE GILDARDO SANTAMARIA OSORIO\u00bb; y que, por haber fallecido el verdadero adquirente, y encontrarse los aparentes compradores en posesi\u00f3n del bien, sean \u00e9stos condenados a restituirlo para la masa herencial, a la que por consecuencia pertenece el mismo; por \u00faltimo, que se hagan las anotaciones pertinentes en la Notar\u00eda y en la Oficina de Registro Inmobiliario correspondientes. <\/p>\n
Subsidiariamente pidieron que se declare que entre Gildardo Alberto y Marcela Loaiza Vega, de un lado y Jos\u00e9 Gildardo Loaiza Gaviria, de otro, \u00abexisti\u00f3 un contrato de mandato oculto mediante el cual aqu\u00e9llos ocuparon el lugar de mandatarios de \u00e9ste, para actuar como interpuestas personas y ocupar el lugar de compradores\u00bb en el predicho contrato, y para que, \u00abcuando lo creyera conveniente, le transfirieran el bien compravendido\u00bb. Que, en consecuencia, los derechos radicados en cabeza de los que all\u00ed aparecen como adquirentes, pertenecen en verdad a la sucesi\u00f3n de Jos\u00e9 Gildardo Loaiza Gaviria, la que, por carecer de la posesi\u00f3n del bien, tiene derecho a que se lo restituyan dichos demandados, aplic\u00e1ndose las prestaciones mutuas que legalmente correspondan. <\/p>\n
Como \u00faltima pretensi\u00f3n, denominada \u00absegunda subsidiaria eventual\u00bb, se recab\u00f3 la declaraci\u00f3n de que ese contrato es \u00absimulado relativamente, puesto que JOSE GILDARDO LOAIZA GAVIRIA orden\u00f3 hacer la escritura a sus hijos con la intenci\u00f3n de donarles el bien ra\u00edz materia del mismo\u00bb; que, por consiguiente, \u00abdonde \u2018figuran sus hijos menores, GILDARDO ALBERTO Y MARCELA LOAIZA VEGA, debi\u00f3 figurar aqu\u00e9l y que, declarado nulo en el exceso del l\u00edmite de dos mil pesos ($2.000.oo) permitido por la ley sin licencia judicial, dicho exceso ser\u00e1 restituido a la sucesi\u00f3n de JOSE GILDARDO LOAIZA GAVIRIA\u00bb, decisi\u00f3n que comprender\u00e1 lo atinente a las prestaciones mutuas, d\u00e1ndose tambi\u00e9n el aviso correspondiente tanto a la Notar\u00eda como a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos respectivas. <\/p>\n
2. El aspecto f\u00e1ctico de lo pedido, bien puede condensarse de la siguiente manera: <\/p>\n
a. El 13 de junio de 1985, Rosa Mar\u00eda Osorio de Santamar\u00eda y Jos\u00e9 Gildardo Santamar\u00eda Osorio dijeron vender a Gildardo Alberto y Marcela Loaiza Vega -ambos menores de edad y representados en el acto por su padre Jos\u00e9 Gildardo Loaiza Gaviria- el bien ra\u00edz detallado en la escritura p\u00fablica 869 de la Notar\u00eda 14 de Medell\u00edn, por medio de la cual se formaliz\u00f3 dicho convenio. <\/p>\n
b. El contrato \u00abfue meramente externo o aparente\u00bb, pues quien en realidad compr\u00f3 el inmueble fue Jos\u00e9 Gildardo Loaiza Gaviria, como as\u00ed lo demuestran varios indicios, a saber: <\/p>\n
La consanguinidad existente entre \u00e9ste y los menores precitados. <\/p>\n
La circunstancia de ser Jos\u00e9 Gildardo quien firm\u00f3 la escritura, aduciendo para ello la patria potestad que ejerc\u00eda en relaci\u00f3n con tales hijos. <\/p>\n
Fue Jos\u00e9 Gildardo quien recibi\u00f3 materialmente la finca, posey\u00e9ndola y explot\u00e1ndola para s\u00ed a partir del momento mismo en que se efectu\u00f3 el negocio y hasta la hora de su muerte. De aqu\u00ed en adelante, tales menores, a trav\u00e9s de su progenitora Martha Vega, han venido lucr\u00e1ndose del bien con \u00e1nimo posesorio, en vez de haberlo tra\u00eddo a la masa sucesoral de aqu\u00e9l. \u00abEl prop\u00f3sito de tan artificial situaci\u00f3n se debi\u00f3 a que el verdadero comprador, padre de los falsos adquirentes, quiso que el inmueble no ingresara directa y externamente a su patrimonio con uno de dos fines: Que posteriormente se le hiciese la escritura de enagenaci\u00f3n (sic) o bien para favorecer a quienes hicieron de testaferros -sus hijos menores- haci\u00e9ndolos due\u00f1os, sirvi\u00e9ndose de un t\u00edtulo embozado de donaci\u00f3n, sin licencia judicial al respecto y con detrimento de los derechos del resto de los herederos\u00bb. <\/p>\n
En todas las etapas del negocio -precontractual, contractual y postcontractual-, Gildardo Loaiza Gaviria se comport\u00f3 como el verdadero comprador: \u00abPag\u00f3 todos los costos de sostenimiento, mejoramiento y conservaci\u00f3n del predio, haciendo con ello una adecuada explotaci\u00f3n ganadera, con semovientes propios, y recibiendo los lucros, utilidades o ventas para bien de su propio y personal peculio\u00bb. <\/p>\n
Quienes intervinieron en la negociaci\u00f3n, as\u00ed los vendedores como el comisionista Rafael Santamar\u00eda Ort\u00edz y el gestor Jos\u00e9 Javer Santamar\u00eda Osorio -parientes unos y otros-, supieron que el verdadero comprador fue Jos\u00e9 Gildardo Loaiza Gaviria, y que, por lo tanto, sus hijos menores s\u00f3lo figuraban como simples compradores aparentes, como testaferros que ocuparon su lugar. \u00abY lo supieron expresa y abiertamente, ya que el verdadero comprador, antes de formalizar la escritura, les solicit\u00f3 que en su redacci\u00f3n, en lugar de su nombre aparecieran los de sus hijos menores como personas interpuestas. Los vendedores aceptaron esta solicitud porque en realidad a ellos no les afectaba desfavorablemente, pero siempre tuvieron presente, que el comprador lo era LOAIZA GAVIRIA, quien recibi\u00f3 de ellos el bien y a su turno, pag\u00f3 el precio convenido\u00bb. <\/p>\n
El precio real del contrato fue superior a los 40 millones; o sea que el que aparece como tal en la escritura ($2.650.000.oo), as\u00ed como su forma de pago, son simulados. La verdad sobre esto \u00faltimo es que el pago se efectu\u00f3, una parte, en dinero que cancel\u00f3 Loaiza Gaviria con dos cheques en favor de los vendedores, entregados por conducto de Javer Santamar\u00eda Osorio, y otra parte, mediante daci\u00f3n en pago, transfiriendo la propiedad de dos inmuebles, lo cual hizo a trav\u00e9s de los contratos de compraventa aludidos en las escrituras p\u00fablicas n\u00fameros 851 (a favor del vendedor Jos\u00e9 Gildardo Santamar\u00eda Osorio) y 855 (a favor de la vendedora Rosa Mar\u00eda Osorio de Santamar\u00eda) ambas de 7 de junio de 1985 y de la Notar\u00eda 14 de Medell\u00edn. <\/p>\n
c. Los menores que aparecen como compradores \u00abnunca tuvieron fortuna\u00bb, como tampoco su se\u00f1ora madre, \u00abya que antes de unirse extramatrimonialmente a LOAIZA GAVIRIA ocup\u00f3 labores humildes, de bajo rendimiento econ\u00f3mico, que apenas le serv\u00eda para subsistir pobremente\u00bb; todo lo contrario en relaci\u00f3n con Loaiza Gaviria: \u00abhombre poseedor de una gran fortuna\u00bb. As\u00ed que lo que en verdad sucedi\u00f3 fue que \u00e9ste se sirvi\u00f3 de sus dos hijos menores \u00abcomo simples testaferros incurriendo en el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la simulaci\u00f3n por interpuesta persona seg\u00fan algunos doctrinantes o en el mandato oculto seg\u00fan otros, a menos que se tratara de una simulaci\u00f3n relativa en cuanto el acto jur\u00eddico tuviese el car\u00e1cter real de donaci\u00f3n, que resultar\u00eda anulable en tal caso en lo que excediere de dos mil pesos…\u00bb. <\/p>\n
d. Jos\u00e9 Gildardo Loaiza Gaviria falleci\u00f3 en Medell\u00edn el 22 de agosto de 1988; la causa sucesoria se tramit\u00f3 en el juzgado quinto civil del circuito de all\u00ed, y en la misma fueron reconocidos como herederos, en su condici\u00f3n de hijos, tanto los demandantes como los menores de edad aqu\u00ed demandados. <\/p>\n
3. La contestaci\u00f3n de la demanda hecha en nombre de Gildardo Alberto y Marcela Loaiza Vega, registra oposici\u00f3n a las pretensiones. Referente a los hechos niega todos los que desdicen de la venta real efectuada a los menores. All\u00ed se manifest\u00f3 tambi\u00e9n que los vendedores fueron demandados innecesariamente, con el objeto, \u00abpresumiblemente recomendado por la parte demandante\u00bb, de que \u00abaceptara todos los hechos de la demanda, por lo menos los que perjudicaran a los menores, creando as\u00ed una situaci\u00f3n irregular, para los que verdaderamente obstentan (sic) el t\u00edtulo de opositores\u00bb. <\/p>\n
Sin fundamentaci\u00f3n de ninguna especie, se excepcion\u00f3 aleg\u00e1ndose prescripci\u00f3n y falta de legitimaci\u00f3n en causa, tanto por activa como por pasiva. <\/p>\n
A su turno, Rosa Mar\u00eda Osorio y Jos\u00e9 Gildardo Santamar\u00eda Osorio -los vendedores- descorrieron el traslado diciendo que no se opon\u00edan porque las pretensiones \u201cse apoyan en hechos verdaderos\u00bb, con la explicaci\u00f3n adicional de que, en resumen, \u00abvendieron la finca a Jos\u00e9 Gildardo Loaiza, no a los menores que aparecen como compradores en la escritura de venta. Fue aqu\u00e9l y no \u00e9stos, quien nos pag\u00f3 el precio acordado, que fue de cuarenta y dos millones ($42.000.000.oo) aproximadamente. Aceptamos que los menores figuraran en la escritura en lugar del verdadero comprador, con lo cual se oper\u00f3 una situaci\u00f3n de interposici\u00f3n de personas. Y se admiti\u00f3 dicha interposici\u00f3n por considerar que los derechos de los vendedores no se menoscababan de ning\u00fan modo\u00bb. <\/p>\n
4. Mediante fallo de 26 de marzo de 1993, el juzgado primero civil del circuito de Medell\u00edn clausur\u00f3 la primera instancia, denegando las pretensiones principal y primera subsidiaria, al tiempo que acogi\u00f3 la segunda subsidiaria \u00abeventual\u00bb as\u00ed: declar\u00f3 relativamente simulado el contrato impugnado, precisando que por \u00e9l se ocult\u00f3 la donaci\u00f3n que del \u00abinmueble\u00bb hizo Loaiza Gaviria a sus menores hijos, \u00abdonaci\u00f3n no precedida de insinuaci\u00f3n judicial, y (…) que a su vez estuvo antecedida de la adquisici\u00f3n para s\u00ed mismo del inmueble inmediatamente donado, en una forma totalmente t\u00e1cita, omitiendo la contrataci\u00f3n respectiva…\u00bb; declar\u00f3 la nulidad absoluta de la donaci\u00f3n en lo que excedi\u00f3 de dos mil pesos, o sea del 99.84906% del total, porcentaje tomado respecto del valor del inmueble donado que fue de $2.650.000.oo; conden\u00f3 a los menores demandados a restituir a los herederos, o al albacea si lo hubiere, el 99.84906% de la heredad, debi\u00e9ndose producir una partici\u00f3n adicional; orden\u00f3 la inscripci\u00f3n del fallo en el registro inmobiliario competente; declar\u00f3 impr\u00f3speras las excepciones de m\u00e9rito formuladas por los demandados Loaiza Vega y conden\u00f3 a \u00e9stos en costas, de las cuales absolvi\u00f3 a los restantes. <\/p>\n
5. La segunda instancia, venida en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta por los demandantes y los codemandados Loaiza Vega, culmin\u00f3 con la sentencia por la que el Tribunal Superior de Medell\u00edn confirm\u00f3 la denegaci\u00f3n de las pretensiones principal y primera subsidiaria, y revoc\u00f3 el acogimiento de la segunda subsidiaria eventual, para desestimarla expresamente. Sentenci\u00f3, en cambio, que \u00abdeclara la nulidad absoluta de la donaci\u00f3n indirecta irrevocable hecha por el se\u00f1or Jos\u00e9 Gildardo Loaiza Gaviria, a sus hijos Gildardo Alberto y Marcela Loaiza Vega, y para el pago del precio de la compraventa del cual da cuenta el proceso, y respecto a la cantidad que pasa de $2.000.oo; ordena a \u00e9stos la restituci\u00f3n cada uno de $122.387.760,a la sucesi\u00f3n de su causante\u00bb. <\/p>\n
6. La decisi\u00f3n del tribunal, como se dijo, fue recurrida en casaci\u00f3n por los mismos impugnantes. <\/p>\n
II. La sentencia del tribunal <\/p>\n
Al abordar el estudio de fondo -no sin antes relacionar la etiolog\u00eda litigiosa- habl\u00f3 de las condiciones de validez del acto jur\u00eddico y particularmente de la causa; de los sujetos de derecho y su capacidad; de los efectos de los negocios jur\u00eddicos y el consentimiento que es preciso que converja sobre los elementos esenciales, como en el de compraventa caracterizado por las obligaciones de tradir la cosa y pagar el precio, creando un lazo encadenante entre las personas del vendedor y del comprador intervinientes en el convenio; del contrato de mandato no representativo, para significar que algunos efectos negociales se radican en cabeza de un extra\u00f1o; de los contratos simulados por interposici\u00f3n de persona, en cuyo caso \u00abal mundo jur\u00eddico importa entonces el contrato no publicado\u00bb, precisamente porque el \u00abverdadero querer de los contratantes, prima sobre cualquier comunicaci\u00f3n que lo desvirt\u00fae\u00bb, lo cual puede pedir cualquier persona que experimente perjuicio por la apariencia negocial. <\/p>\n
A vuelta de ello se ocup\u00f3 del caso concreto para decir, primeramente, que la escritura p\u00fablica 869 de 13 de junio de 1985 recoge el consentimiento expresado por Rosa Mar\u00eda Osorio de Santamar\u00eda y Jos\u00e9 Gildardo Santamar\u00eda Osorio, de una parte, y el de los menores de edad Gildardo Alberto y Marcela Loaiza Vega -expresado a trav\u00e9s de su representante legal Jos\u00e9 Gildardo Loaiza Gaviria- , de la otra; consentimiento encaminado a producir como obligaciones primarias rec\u00edprocas, las de transferir el dominio y entrega del inmueble, y la de pagar el precio acordado. Punto en el que agreg\u00f3: <\/p>\n
\u00abdichas obligaciones versan sobre los elementos esenciales tipificantes del contrato de compraventa; el que por reunir las exigencias de existencia y validez es eficaz\u00bb. <\/p>\n
Obligaciones que, por lo dem\u00e1s, seg\u00fan lo muestran las pruebas del proceso y respecto de lo cual no hay controversia, se extinguieron por pago. <\/p>\n
De manera que \u00abpor dichos modo y t\u00edtulo los compradores adquirieron el derecho de propiedad, el que sali\u00f3 de la \u00f3rbita jur\u00eddica, patrimonial y f\u00e1ctica de los vendedores; las pruebas no dan certeza de que aquellos hubiesen intervenido en dicho contrato como mandatarios de su progenitor y sin el conocimiento de los vendedores; evento en el cual y de estimarse la pretensi\u00f3n, lo procedente ser\u00eda la imposici\u00f3n a los mandatarios de la obligaci\u00f3n de radicar en su mandante los efectos del contrato de compraventa, pero sin tocar para nada la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los vendedores totalmente ajenos al contrato de mandato; motivo por el cual la pretensi\u00f3n no puede conllevar solicitud de orden de modificaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica y su registro, para que en vez de los compradores figure el mandante, no encadenado jur\u00eddicamente con los vendedores\u00bb. <\/p>\n
Pas\u00f3 as\u00ed a analizar dicho contrato bajo los lineamientos de la simulaci\u00f3n, indicando que si est\u00e1 probado suficientemente que el consentimiento \u00abse form\u00f3 en rededor de los elementos estructurales del contrato de compraventa\u00bb, no es posible impugnarlo por simulaci\u00f3n relativa, aleg\u00e1ndose la configuraci\u00f3n de otro contrato. A\u00f1adi\u00f3 que est\u00e1 indiscutido que en la etapa precontractual, regida por oferta y aceptaci\u00f3n, intervino Jos\u00e9 Gildardo Loaiza Gaviria, \u00abquien para los vendedores ser\u00eda su comprador, el cual a la postre no declar\u00f3 su voluntad pues orden\u00f3 que su puesto fuera ocupado por los menores Gildardo Alberto y Marcela Loaiza Vega, por razones de conveniencia\u00bb. <\/p>\n
Aspecto que remat\u00f3 del modo que sigue: <\/p>\n
\u00abla prueba no comunica que los menores hubiesen participado como interp\u00f3sitos de su progenitor verdadero comprador; tampoco que los vendedores hubiesen prestado su concurso para respaldar el ocultamiento y en pro de la intenci\u00f3n defraudatoria del interpuesto, que no les avis\u00f3; ausencia de dichos elementos configurativos de simulaci\u00f3n relativa y por dicha causal, impide la estimaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n al efecto incoada\u00bb. <\/p>\n
No encontrando pr\u00f3speras las pretensiones deducidas en la demanda, encamin\u00f3 su estudio a perfilar lo verdaderamente acontecido con dicha convenci\u00f3n. Particular en torno al cual adelant\u00f3 la discrepancia existente acerca del verdadero precio pactado, como que al paso que los demandantes afirman un monto superior a los 40 millones de pesos, los compradores se\u00f1alan como tal la suma que aparece en la escritura, esto es, la de $2.650.000.oo, denotando que los vendedores ratificaron que en parte del mismo recibieron, a t\u00edtulo de compraventa, el dominio de sendos inmuebles (escrituras p\u00fablicas 851 y 855 de 7 de junio de 1985 -d\u00edas antes de la celebraci\u00f3n del contrato aqu\u00ed impugnado- todas corridas en la misma notar\u00eda); y que el saldo se pag\u00f3 con dos cheques enviados con el se\u00f1or Javer Santamar\u00eda Osorio, persona esta que as\u00ed lo precis\u00f3. <\/p>\n
Relativamente a dicha forma de pago, los compradores demandados, por su parte, \u00abno evacuaron la carga de contradecir y la probatoria que les incumb\u00eda para desmoronar <\/p>\n
la proposici\u00f3n; en su lugar consignaron la falta de fundamento acerca de la de su carencia econ\u00f3mica, sin apoyo en precisi\u00f3n de los bienes integrantes de su patrimonio y relaci\u00f3n de los afectados al pago; los testigos por ellos candidatizados se\u00f1ores Gabriela Rodr\u00edguez de Espinosa, Enrique Alonso Rodr\u00edguez y Enrique Espinosa Ram\u00edrez, apenas dan cuenta del dato suministrado por los padres de los ni\u00f1os referente al pago del precio con dinero producto de sus ahorros, de ganancia en el juego popularmente denominado chance y cuenta conjunta en banco de Panam\u00e1\u00bb. Por lo que -concluy\u00f3 el tribunal- \u00abel precio declarado no corresponde con el estipulado\u00bb. <\/p>\n
La obligaci\u00f3n cumplida, ata\u00f1adera al pago del precio, no surgi\u00f3, pues, para Jos\u00e9 Gildardo Loaiza Gaviria; \u00abning\u00fan v\u00ednculo gener\u00f3 para \u00e9l el contrato fuente\u00bb. <\/p>\n
Mas agreg\u00f3: <\/p>\n
\u00abcomo sin embargo y a sabiendas la pag\u00f3, motivo por el cual su patrimonio se disminuy\u00f3 a costa del enriquecimiento \u00fatil de los compradores, ello hace presumir donaci\u00f3n indirecta irrevocable (arts. 1450, 1454, 1455, ib.); porque para cuando se realiz\u00f3 el pago y para la fecha de su deceso, \u00e9stos eran sus asignatarios forzosos en calidad de hijos (arts. 1010, 1011, 1240 ib. modificado por la Ley 29 de 1982 art. 9o.), la donaci\u00f3n es imputable a su leg\u00edtima, pues el donante no declar\u00f3 solemnemente su voluntad de que se hiciera a mejoras (arts. 1256 inc. 1o., 1261 C\u00f3digo Civil); lo que significa anticipo de bienes a buena cuenta de sucesi\u00f3n futura y aunque \u00e9l hubiese declarado lo contrario (art. 1262 inc. 2o. ib.); pacto sucesorio legalmente autorizado en los arts. 1520, 1243, 1264, 1244, 1245 ib., entre otros\u00bb. <\/p>\n
Dijo enseguida que la mentada donaci\u00f3n va \u00aben fraude de la ley vulnerando los derechos de sus otro hijos\u00bb; y que como muri\u00f3 el donante, y los donatarios son coherederos, \u00abse colaciona a la masa herencial el monto de la donaci\u00f3n (…); operaci\u00f3n imaginaria de adicionar y para reconstru\u00ed el patrimonio de aquel como s\u00ed no hubiese efectuado reparto de bienes\u00bb. Empero, que no puede afirmarse \u00abque cuando los legitimarios adquieren el derecho de propiedad sobre una cosa con dinero de sus progenitores, el contrato que sirvi\u00f3 de t\u00edtulo se encuentra afectado de simulaci\u00f3n relativa; se configura es donaci\u00f3n irrevocable indirecta, que la ley presume y por cuya autoridad se debe decir el Derecho (art. 304 inc. 2o. C\u00f3digo Procesal Civil)\u00bb; posici\u00f3n jur\u00eddica que respald\u00f3 con el criterio doctrinario all\u00ed transcrito. <\/p>\n
Donaci\u00f3n que por no estar precedida de insinuaci\u00f3n, es nula absolutamente en lo que exceda de $2.000.oo, seg\u00fan lo prevenido en el art. 1458 del c\u00f3digo civil, aplicable al caso por la fecha en que se efectu\u00f3, y ha lugar a prestaciones mutuas en raz\u00f3n del efecto retroactivo que le concierne. <\/p>\n
As\u00ed que, en compendio, los menores Gildardo Alberto y Marcela Loaiza Vega adquirieron el dominio de la finca; y como fue con dinero de su progenitor, se configur\u00f3 una donaci\u00f3n indirecta irrevocable, imputable a su leg\u00edtima, pero \u00fanicamente en el monto de $2.000.oo, dado que en el excedente, precisamente por falta de insinuaci\u00f3n, est\u00e1 afectada de nulidad, que es declarable de oficio por cuanto \u00abla relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal se trab\u00f3 entre donante remplazado por sus herederos demandantes y los donatarios\u00bb; excedente que han de restituir, pues, a la sucesi\u00f3n. <\/p>\n
Por modo que si el precio pactado no es el que figura en la escritura, sino superior a $40.000.000.oo, \u00absin prueba del excedente\u00bb, a cada uno de los donatarios corresponde restituir la suma de $19,998.000.oo, \u00abque actualmente equivalen a $122.387.760.oo, atendida la p\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda, prueba id\u00f3nea en el cuaderno del Tribunal\u00bb. <\/p>\n
III. Las demandas de casaci\u00f3n <\/p>\n
A. De la parte actora <\/p>\n
Dos cargos vienen formulados; y como el segundo denuncia un yerro in procedendo, ser\u00e1 despachado delanteramente. El primero viene edificado en la primera causal de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo cargo <\/p>\n
Est\u00edmase configurada la segunda causal de casaci\u00f3n, toda vez que, con arreglo a la parte resolutiva del fallo de segunda instancia, el tribunal, en resumen, \u00abdesestim\u00f3 todas las pretensiones contenidas en la demanda, tanto la principal como las dos subsidiarias y por consiguiente las consencuenciales de ellas\u00bb; e manera tal que cuando declar\u00f3 la nulidad de la donaci\u00f3n indirecta irrevocable y tom\u00f3 otras determinaciones como secuela de ello, anduvo pronunci\u00e1ndose sobre \u00abpretensiones que no hacen parte de la demanda, ni en sus peticiones ni en sus hechos, puesto que no se solicit\u00f3 declaraci\u00f3n alguna en tal sentido ni los hechos del libelo genitor sustentan una pretensi\u00f3n de tal \u00edndole; n ellas jam\u00e1s se insinu\u00f3 siquiera la existencia de una donaci\u00f3n indirecta irrevocable, relativa al pago del precio de la compraventa. Ni el elemento f\u00e1ctico ni la petici\u00f3n, elementos que unidos conforman la pretensi\u00f3n, aparecen plasmados ni sugeridos supuestamente en la demanda\u00bb. <\/p>\n
De manera que las pretensiones acogidas en el fallo del tribunal, \u00abson ajenas al proceso, lo desbordan, est\u00e1n marginadas del thema decidendum, al que rebasan evidentemente, dando paso a un fallo EXTRA PETITA, en cuanto se refieren a puntos que no han sido objeto del proceso. misma sentencia lo reconoce as\u00ed, al menos en forma t\u00e1cita, cuando apunta que sus declaraciones, o pronunciamientos de declaraci\u00f3n y condena, proceden \u2018cuando se reclama tutela jur\u00eddica por quien tenga inter\u00e9s jur\u00eddico; o de oficio y en pro del Orden Jur\u00eddico\u2019 \u00ab. <\/p>\n
Y no es de recibo el pronunciamiento, \u00abaunque el Tribunal as\u00ed lo pretenda con arraigo en el art. 1o. de la ley 50 de 1.936, al cual le da un significado que no tiene\u00bb; pues la norma habla de que la nulidad \u00abaparezca de manifiesto\u00bb, hip\u00f3tesis que no se da ac\u00e1, ya que el contenido del contrato es el de la compraventa de un bien ra\u00edz. \u00abConcretamente, no aparece all\u00ed una ‘donaci\u00f3n de cantidad’, o donaci\u00f3n de precio, pues por el contrario lo que aparece es que el precio se pag\u00f3; ni mucho menos aparece, ni sugerido ni MANIFIESTO, que la hipot\u00e9tica donaci\u00f3n fuese nula. Es que a la concepci\u00f3n de que all\u00ed, en ese contrato, se fragu\u00f3 una donaci\u00f3n, de cosa o de precio, o de cantidad, se llega por los caminos menos manifiestos y externos; por el contrario, se confluye all\u00ed por pruebas indiciarias, complejas, de elaboraci\u00f3n mental complicada, distantes en todo caso de ser consideradas MANIFIESTAS. Es que de por s\u00ed, se agrega, la idea de encontrar la presencia en el proceso de una donaci\u00f3n indirecta irrevocable es bastante atrevida y elaborada, sin comprobaci\u00f3n directa, mucho menos de aparici\u00f3n MANIFIESTA\u00bb. <\/p>\n
Quebrado el fallo, debe la Corte estudiar la demanda y todo el proceso en general, y dictar una sentencia en favor de los demandantes. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
La tarea que normalmente cumple realizar, para ver de establecer la conformaci\u00f3n de esta causal, consiste en cotejar el marco litigioso que se han trazado las partes a trav\u00e9s de los actos procesales id\u00f3neos para ello, con la parte resolutiva del fallo acusado, comoquiera que la potestad decisoria del juez no debe rebasar los confines de la precisa controversia por la que las partes ocurrieron a la administraci\u00f3n de justicia. Tanto es lo juzgado, cuanto es lo litigado. <\/p>\n
Punto desde el cual cabe decir, si se quiere, que la sentencia ha de ser rece\u00f1ida; as\u00ed, el juzgador no puede, -para no evocar sino la espec\u00edfica variante que de la mentada causal aqu\u00ed se aduce- juzgar a las partes en demas\u00eda y pronunciarse sobre lo que \u00e9stas no le han suplicado; verbi gratia, no le es l\u00edcito despachar pretensiones que el actor no recaba en la demanda incoativa del proceso; obviamente que la verificaci\u00f3n de esto \u00faltimo supone, como extremo inexorable del citado parang\u00f3n, el libelo respectivo. <\/p>\n
Descendiendo a la especie de esta litis, y en aplicaci\u00f3n de las premisas anteriores, encu\u00e9ntrase que el tribunal en verdad presion\u00f3 los l\u00edmites de la controversia para agrandar indebidamente el petitum de la misma. A fin de comprobarlo, n\u00f3tase de entrada que fue \u00e9l mismo quien concluyera que ninguna de las pretensiones suplicadas prosperaba. Su facultad decisoria, pues, agotada quedaba all\u00ed y ha debido as\u00ed proferir el condigno fallo desestimatorio. Tal decisi\u00f3n cobijaba por entero todo el marco litigioso. <\/p>\n
Es f\u00e1cil colegir de este modo que todo lo que hiciera a partir de all\u00ed estaba de m\u00e1s. Como de hecho ocurri\u00f3, porque el juzgador, en vez de detener all\u00ed su facultad decisoria, pas\u00f3 de largo ante ese lindero para acometer el estudio de otras cosas; y s\u00f3lo en virtud de tal exceso de actividad fue como vino a dar con un contrato de donaci\u00f3n de dinero que no aparece dentro del thema decidendum, toda vez que nadie lo invoc\u00f3, con lo cual anduvo desplazando los mojones de la contienda. <\/p>\n
Cosa que resulta bien comprensible si se fija la vista en que el debate gravit\u00f3 no m\u00e1s que en torno a un contrato de compraventa; el actor cuestion\u00f3 su apariencia, tild\u00e1ndolo una vez de entra\u00f1ar un mandato oculto y otras veces de simulado. Y si, como acaeci\u00f3, el cuestionamiento, in integrunm, fue desestimado por el tribunal, fuerza es admitir que el contrato de compraventa sali\u00f3 indemne del ataque a que fue sometido y preserv\u00f3 as\u00ed todo su vigor y fuerza vinculante. En este orden de ideas, nada m\u00e1s quedaba por averiguar. <\/p>\n
El tribunal, empero, alargando indebidamente su actividad, despu\u00e9s de dejar en firme la compraventa se dio a la pesquisa de saber si el precio que pagaron los compradores sali\u00f3 de sus propios bolsillos o de otros, sendero por el que hall\u00f3 que les hab\u00eda sido donado por parte de su progenitor. Paso seguido, ante tama\u00f1o hallazgo, not\u00f3 la ausencia de insinuaci\u00f3n y declar\u00f3 nulo el contrato de donaci\u00f3n. Como se aprecia, la donaci\u00f3n irrumpi\u00f3 en el escenario procesal, no por iniciativa de las partes; debe su existencia no m\u00e1s que a la desmedida labor del sentenciador. Nadie deprec\u00f3 que aparte de averiguarse por la realidad o la ficci\u00f3n del contrato de compraventa, se investigara una posible donaci\u00f3n del precio. <\/p>\n
Comentario aparte amerita el hecho de que la declaratoria de nulidad hubiese sido pronunciada de oficio. Porque a la Corte no escapa que la facultad oficiosa del Juzgador descarta de plano cualquiera vulneraci\u00f3n al principio de la congruencia de los fallos, porque cuando \u00e9l act\u00faa de dicha manera, si bien no lo hace en respuesta estricta a la posici\u00f3n jur\u00eddica asumida por las partes, acata normas imperativas que, justamente, lo fuerzan a actuar en ese sentido. Pero valga aclarar, y aqu\u00ed est\u00e1 el aspecto medular del asunto, que la nulidad oficiosa que autoriza el art\u00edculo 2\u00b0 de la ley 50 de 1936, se puede y se debe decretar, pero, eso s\u00ed, frente al preciso contrato que est\u00e1 siendo controvertido, y no, como aqu\u00ed sucedi\u00f3, frente a un contrato del todo advenedizo; obs\u00e9rvese que la nulidad no recay\u00f3 en este caso en el contrato de compraventa, el cual, por el contrario, permaneci\u00f3 en pie, sino en uno distinto, cuya aparici\u00f3n en el escenario de la sentencia, ins\u00edstese, obedeci\u00f3 a una dilataci\u00f3n del quehacer del tribunal. En otros t\u00e9rminos, si el ad-quem no franquea los l\u00edmites objetivos del proceso, no se hubiera producido el hallazgo de la donaci\u00f3n y entonces ni siquiera hubiera imaginado la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2\u00b0 de la ley 50 de 1936. <\/p>\n
En compendio: s\u00ed el tribunal, muy a pesar de haber determinado que ninguno de los cuestionamientos de la demanda alcanzaron a menguar la eficacia de la compraventa, se empe\u00f1\u00f3 sinembargo en buscar otras cosas, y s\u00f3lo as\u00ed logr\u00f3 colocar al lado de la compraventa otro contrato, \u00e9ste de donaci\u00f3n de dinero, s\u00faplica que nadie hab\u00eda elevado, ni respecto de la cual cab\u00eda la declaraci\u00f3n oficiosa -por supuesto que nunca fue un contrato directamente controvertido en este juicio-, no se remite entonces a duda que anduvo profiriendo un fallo inarm\u00f3nico en la variante de extra-petita. <\/p>\n
En tales condiciones el cargo conducir\u00eda a quebrar la parte pertinente del fallo, si no fuera porque median razones que lo impiden, seg\u00fan se ver\u00e1 cuando sea ocasi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Primer cargo <\/p>\n
Endilg\u00e1ndole error de hecho al tribunal, pone de presente el quebranto indirecto de los art\u00edculos 1450, 1454, 1458, 1618, 1740, 1766 y 1748 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
En su desenvolvimiento expone el censor que es errado sostener, como lo hace el sentenciador, que lo donado fue el dinero, y que, por lo tanto, el asunto se reduce ‘a una mera acci\u00f3n personal de imputaci\u00f3n de repetici\u00f3n del dinero donado, pero quedando firme e inatacable la adquisici\u00f3n de la cosa comprada’. <\/p>\n
Tr\u00e1tase de una concepci\u00f3n que se desv\u00eda del proceso, pues las pruebas indican que Loaiza Gaviria no don\u00f3 dinero sino un inmueble, justamente cuando la negociaci\u00f3n, ya en las postrimer\u00edas, mut\u00f3 el sujeto comprador. En consecuencia, como la verdadera donaci\u00f3n -la del predio-, no fue insinuada, debe declararse nula, \u00aben declaraci\u00f3n que permite, adem\u00e1s, la reivindicaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art. 1748 ib.\u00bb. <\/p>\n
Y no pudo ser ‘donaci\u00f3n de cantidad’, porque \u00e9sta se presenta cuando \u00abse dona el dinero y con \u00e9l se adquiere un bien\u00bb, siendo, por lo mismo, dos actos aut\u00f3nomos, y el uno precede al otro. <\/p>\n
Explica que Loaiza Gaviria \u00abno trat\u00f3 de pagar lo que en realidad no deb\u00eda\u00bb, raz\u00f3n por la cual la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1454 del C. C. es \u00abuna distorsi\u00f3n\u00bb; sencillamente \u00e9l \u00abajust\u00f3 un contrato de compraventa (con simulaci\u00f3n de sujeto, al final y donaci\u00f3n irrevocable) y pag\u00f3 el precio con su propio peculio, parte en dinero y otra por medio de daci\u00f3n en pago\u00bb. <\/p>\n
Que lo donado fue la heredad, lo demuestran las siguientes probanzas: <\/p>\n
a) El verdadero precio fue por guarismo superior a 40 millones de pesos, el que fue solucionado en parte con dinero y en el resto con daci\u00f3n en pago. Glosa el censor a \u00e9sto que es \u00abparticularmente diciente que las daciones en pago efectuadas por el verdadero comprador, Jos\u00e9 Gildardo Loaiza Gaviria, se hicieran a\u00fan antes de la escritura de compraventa que se enjuicia (…). Llama la atenci\u00f3n la cercan\u00eda de las fechas de las escrituras, el 7 de junio de 1. 985 las dos primeras y el 17 del mismo mes y a\u00f1o, la glosada. Adem\u00e1s, las partes intervinientes guardan una cierta identidad rec\u00edproca, como es de f\u00e1cil o evidente observaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
b) Los vendedores declararon que Loaiza Gaviria se comport\u00f3 como el verdadero comprador, y que \u00e9ste les pidi\u00f3 que la escritura se hiciera en favor de sus hijos, a quienes ellos no vendieron. <\/p>\n
Relativamente al punto asevera la censura: \u201cSencillamente, no es l\u00f3gico pensar en una ‘donaci\u00f3n de cantidad’ \u201d. <\/p>\n
Y cuando el comisionista del negocio, Rafael Ovidio Santamar\u00eda Ort\u00edz, as\u00ed como Javer Helio de Jes\u00fas Santamar\u00eda Ort\u00edz y Antonio Posada Gonz\u00e1lez ratificaron tales cosas, \u00abNo cabe ni por asomo la hip\u00f3tesis de una ‘donaci\u00f3n de cantidad’. Es un cambio de sujeto que entra\u00f1a simulaci\u00f3n relativa en el punto, consecuente donaci\u00f3n de la cosa comprada\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas -puntualiza el casacionista-, se sabe que Loaiza Gaviria \u201ccon sus propios recursos satisfizo el precio de la compraventa, pero no porque tuviera pensado hacerse al dominio del inmueble, para s\u00ed, sino porque pretend\u00eda que perteneciera a sus hijos, ya que cuando decidi\u00f3 que fueran ellos tenidos como compradores en la escritura, les estaba donando ese bien y no haciendo una ‘donaci\u00f3n de cantidad’ \u201d. <\/p>\n
Supuesta donaci\u00f3n de cantidad de la que ni siquiera hay huella en la declaraci\u00f3n vertida por Martha Vega, madre de los menores compradores; muy por el contrario, de sus manifestaciones, unidas al resto del haz probatorio, \u00abse evidencia una compraventa simulada relativamente, la cual disfraz\u00f3 la donaci\u00f3n de un bien inmueble\u00bb. Precisamente, ella trat\u00f3 de demostrar, ingenuamente por dem\u00e1s, los recursos econ\u00f3micos de sus hijos. <\/p>\n
Finalmente se\u00f1al\u00f3 el impugnante: <\/p>\n
\u00abEl Tribunal desvi\u00f3 su mirada de estas y otras pruebas que aparecen en el expediente. No las tom\u00f3 y escarmen\u00f3 (sic) en su sentido objetivo y l\u00f3gico. Si lo hubiera hecho, en verdad habr\u00eda arribado a una conclusi\u00f3n distinta a la que lleg\u00f3. Habr\u00eda aceptado, como de la prueba surge, que la finca VILLA MARCELA, situada en el Municipio de Jeric\u00f3, fue donada por JOSE GILDARDO LOAIZA GAVIRIA a sus menores hijos GILDARDO ALBERTO Y MARCELA LOAIZA VEGA. Lo hizo pagando el precio con sus propios bienes y dineros, nunca con recursos pertenecientes a sus hijos, y sin que mediara autorizaci\u00f3n judicial. Habr\u00eda declarado entonces la simulaci\u00f3n relativa del contrato de compraventa demandado, en cuanto ocult\u00f3 la donaci\u00f3n, precedida de la misma compraventa que serv\u00eda, as\u00ed, para posibilitar aquella. <\/p>\n
\u00abNaturalmente y como consecuencia de ello, el Tribunal ha debido disponer la restituci\u00f3n del inmueble en los t\u00e9rminos solicitados, agregando todo lo atinente a las restituciones mutuas por ser prestaciones no solo solicitadas sino ordenas por la ley\u00bb. <\/p>\n
\u00abEn conclusi\u00f3n, el Tribunal incurri\u00f3 en error de hecho porque consider\u00f3 que se hab\u00eda probado el fundamento hist\u00f3rico de una ‘donaci\u00f3n de cantidad’, no existiendo pruebas id\u00f3neas que lo comprueban, las cuales, analizadas objetiva, l\u00f3gica y jur\u00eddicamente, conducen a conclu\u00edr que otras son las verdades probatoriamente establecidas en el proceso. Por tanto el fallo de segunda instancia debe ser anulado\u00bb. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Del extracto acabado de hacer se desprende que la inconformidad del impugnante es doble: de una parte, protesta la decisi\u00f3n que desemboc\u00f3 en el contrato de donaci\u00f3n de dinero; y de otra, que el contrato de compraventa se hubiera mantenido en pie, siendo que en su sentir oculta una donaci\u00f3n de inmueble. <\/p>\n
A lo que cumple responder que el primer aspecto ha sido estudiado a espacio en el cargo anterior, con el resultado all\u00ed anunciado; por consiguiente es de inutilidad manifiesta volver sobre \u00e9l. <\/p>\n
Ya en relaci\u00f3n con el segundo aspecto, lo que empece el estudio de fondo es la falencia t\u00e9cnica en su formulaci\u00f3n, como pasa a explicarse. <\/p>\n
Suficientemente conocido es que, dentro del \u00e1mbito de la primera causal de casaci\u00f3n, la trasgresi\u00f3n de la norma sustancial se produce a veces justo en el momento en que, luego de historiado, sin disputa alguna, el litigio, el juzgador se ocupa de discernir el derecho; y que en otras ocasiones se produce precisamente al tratar de reconstruir el trozo de realidad que enmarca la controversia, seg\u00fan los hechos y las pruebas de que sirven las partes. D\u00edcese que en el primer caso la ley resulta vulnerada derechamente, en un t\u00edpico vicio juris in judicando, que, por lo mismo, para nada roza los aspectos f\u00e1cticos y probatorio del proceso; y que en el segundo, ello se produce indirectamente, esto es, a contragolpe, dado que la infracci\u00f3n de la ley sustancial deviene a causa de un yerro que, por anidarse en el an\u00e1lisis de las pruebas, se dice que es antecedente, y que, como es bastante conocido, puede ser de hecho o de derecho. <\/p>\n
Y porque esas dos v\u00edas trasgresoras de la ley ofrecen, sin ning\u00fan g\u00e9nero de duda seg\u00fan qued\u00f3 visto, diferencias harto acusadas, se ha dicho en multitud de oportunidades que no pueden trocarse en su formulaci\u00f3n, punto en el que el censor, por el contrario, ha de ser puntual. <\/p>\n
As\u00ed, es verdad averiguada que cuando de la violaci\u00f3n directa se trata, la actividad del recurrente \u00abtiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales sustanciales que considere no aplicados, o aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados; pero, en todo caso, con absoluta prescindencia de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relaci\u00f3n con las pruebas\u00bb (CXLVI, p. 50). <\/p>\n
De donde se sigue, por contraste, que la violaci\u00f3n indirecta debe estar caracterizada por una disputa en punto de cr\u00edtica probatoria; cuando el impugnador la propone, es porque se ve abocado a disentir de la forma como el sentenciador apreci\u00f3 y sopes\u00f3 el campo de los hechos y de las pruebas. Lo cual autoriza para formular el apotegma consistente en que sin opugnaci\u00f3n en el punto, tal v\u00eda no se concibe; porque es f\u00e1cil entender que si en dichos campos coinciden recurrente y tribunal, y pese a todo se denuncia el quebranto de la ley sustancial, forzosamente tendr\u00e1 que admitirse que la violaci\u00f3n, de haber existido, ocurri\u00f3 rectamente. <\/p>\n
Ahora. Apenas natural que la discrepancia debe tener existencia real, de tal manera que se advierta que el punto de vista sostenido por el censor sea de veras diferente al del sentenciador. Lo que puntualmente se quiere significar con esto es que no se trate de una disputa de mera apariencia. <\/p>\n
Aclaraci\u00f3n que hace al caso, toda vez que una mirada desprevenida del cargo a despachar, podr\u00eda dar a entender que est\u00e1 bien formulado; por supuesto que, a lo menos formalmente, \u00e9l anuncia desavenencia respecto del examen probatorio realizado por el ad-quem y, en general, es reiterativo en que si las probanzas hubiesen sido correctamente apreciadas, hoy ser\u00eda otra la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Mas, auncuando es exacto que tales cosas se hicieron figurar en el desarrollo del cargo, es lo cierto que una mirada atenta de la situaci\u00f3n arroja la conclusi\u00f3n de que el recurrente no se retira un adarme de todo cuanto vio y analiz\u00f3 el sentenciador acerca de las pruebas. <\/p>\n
Evidentemente, para demostrar que no hubo compraventa sino donaci\u00f3n de un inmueble, el impugnador indica, entre otras cosas, la circunstancia de que el precio verdaderamente pactado super\u00f3 el monto de 40 millones de pesos. Y resulta que esto fue enteramente admitido por el sentenciador; tanto, que para la pertinente restituci\u00f3n del dinero tuvo como referencia dicho guarismo. <\/p>\n
En fin, el fallador de segundo grado admiti\u00f3 igualmente que todo ello fue corroborado por los testigos Santamar\u00eda Ort\u00edz y Prada Gonz\u00e1lez; adem\u00e1s, dio por probado que Loaiza Gaviria cancel\u00f3 el precio del contrato. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en verdad no existe disentimiento por el aspecto inquirido. Al contrario, el impugnador ve exactamente lo que el juzgador; y de igual modo. Simplemente que extrae de ello una consecuencia jur\u00eddica diversa; o, lo que es decir, en lo que difieren tribunal y casacionista es en cuanto al cariz jur\u00eddico que cada cual proporciona a una misma situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probativa: mientras que para el primero, en efecto, \u00ablo efectivamente ocurrido\u00bb -seg\u00fan denomin\u00f3 el ep\u00edgrafe respectivo de su fallo-, fue que, a pesar de la eficacia de la compraventa, el precio de \u00e9sta fue donado al comprador, para el recurrente no hay compraventa eficaz sino una oculta donaci\u00f3n de inmueble. Pero todo, rep\u00edtese, de cara a los mismos hechos y las mismas pruebas. <\/p>\n
Acaso sea esa la raz\u00f3n por la cual en algunos pasajes del cargo se ponga de presente no m\u00e1s que una discusi\u00f3n puramente jur\u00eddica, dici\u00e9ndose, por ejemplo, que la donaci\u00f3n que vio el tribunal requerir\u00eda en su caso que el dinero se hubiere anticipado a los compradores, de manera que se presenten dos contratos aut\u00f3nomos; lo que traduce, contrario sensu, que lo alegado es que de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, que, como antes se ha dicho insistentemente, ven por igual sentenciador y censor, no puede deducirse tal fenomenolog\u00eda jur\u00eddica. Y lo propio sucede cuando al citarse algunas de las pruebas atr\u00e1s relacionadas, las mismas que en el sentido indicado vio el tribunal, el impugnador hiciese agregados asaz escuetos; verbi gratia: \u201csencillamente, no es l\u00f3gico pensar en una ‘daci\u00f3n de cantidad’ \u201d, lo que, acorde con lo dicho, revela la falta de argumentaci\u00f3n para contradecir probatoriamente al tribunal. <\/p>\n
En suma, adoleciendo el cargo de tan grave deficiencia t\u00e9cnica, cierra el paso para adelantar el juicio cr\u00edtico que sobre el fondo del asunto propone el impugnante. <\/p>\n
Subsecuentemente, el cargo no prospera. <\/p>\n
Despachados como han sido los cargos formulados por la parte actora, y teniendo por lo tanto una visi\u00f3n global del resultado final de su gesti\u00f3n impugnaticia, he aqu\u00ed el lugar propicio para consignar las razones que a la postre obstaculizan el paso victorioso del cargo segundo. <\/p>\n
Visto que al tiempo que el cargo por inconsonancia prosper\u00f3 y el primero no, ello traer\u00eda la consecuencia fatal de que el fallo del tribunal no fuese casado sino parcialmente, eliminando de su contexto la parte que se encontr\u00f3 de m\u00e1s, siendo que se trata de un pronunciamiento que, as\u00ed constituya una decisi\u00f3n extra-petita, despu\u00e9s de todo favorece al recurrente. Al fin que el actor, encontr\u00f3 una decisi\u00f3n que sin corresponder a ninguna de las que hab\u00eda pedido, y aunque por ello no sea de su total agrado, es provechosa si se compara con la sentencia totalmente absolutoria que en caso contrario ser\u00eda necesario dictar. <\/p>\n
Porque no obstante tratarse de cargos separados, es evidente la unidad final\u00edstica que se propon\u00eda el actor al formularlos; cosa que se descubre aun de cara al texto mismo del cargo segundo, pues al expresarse el alcance de la impugnaci\u00f3n, se solicita que casado el fallo por inconsonancia, se proceda al \u201cestudio de la demanda en toda su integridad, para que se dicte una sentencia en favor de los demandantes\u201d. Indudable entonces que su anhelo no se limitaba al \u00e9xito insular del cargo segundo. <\/p>\n
Frente a todo lo que se deja referido, re\u00f1ir\u00eda con la m\u00e1s elemental justicia que el actor abandonara el escenario de la casaci\u00f3n cargando un fallo m\u00e1s penoso que el que tra\u00eda, tanto m\u00e1s si su adversario no solo no atac\u00f3 de su parte dicho pronunciamiento, sino que t\u00e1citamente lo admite cuando simplemente dedic\u00f3 su labor impugnaticia a discutir el monto econ\u00f3mico que le representaba esa condena. \u00c1ngulo \u00e9ste desde el cual es f\u00e1cil apreciar que solamente el actor atac\u00f3 la m\u00e9dula espinal del fallo, convirti\u00e9ndose, por as\u00ed decirlo, en impugnante \u00fanico a ese respecto. <\/p>\n
Estas las reflexiones que finalmente impiden casar el fallo del tribunal. <\/p>\n
<\/p>\n
B. De los codemandados recurrentes <\/p>\n
El \u00fanico cargo que formula denuncia la violaci\u00f3n indirecta del art\u00edculo 1746 del c\u00f3digo civil, \u00abpor error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb. <\/p>\n
Expl\u00edcase que no es contrario a la evidencia de los hechos el que se hubiere deducido una donaci\u00f3n de dinero; y que si no fue insinuada, \u00abla nulidad de ella salta de manifiesto\u00bb. Adviene como secuela -prosigue el impugnante-, y en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1746, precitado, que \u00abla sucesi\u00f3n del donante solo puede reclamar el valor del dinero entregado para el efecto, con sus intereses y frutos, como lo dispone la misma norma, sin otro complicado razonamiento de car\u00e1cter monetario que nadie ha solicitado en este proceso y que considero, ese s\u00ed, absolutamente contrario a la evidencia de los hechos acreditados dentro del informativo\u00bb. <\/p>\n
A ese prop\u00f3sito estima el censor que hay dos alternativas para fijar el monto de la restituci\u00f3n dineraria: una, atendiendo la versi\u00f3n de la familia Santamar\u00eda Osorio, vendedores unos, intermediarios otros, la donaci\u00f3n tuvo un valor de $40.000.000.oo; y, otra, acogiendo lo que reza la escritura p\u00fablica, el guarismo de lo donado equivale a $2.650.000.oo; en favor de esta segunda hip\u00f3tesis, al\u00e9gase que los art\u00edculos 258 y 264 del c\u00f3digo de procedimiento civil \u00abdisponen en resumen que la prueba que resulte contenida en un documento p\u00fablico es indivisible y las declaraciones que hagan los interesados en escritura p\u00fablica se apreciar\u00e1n conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, frente a terceros, pero entre aquellos el alcance probatorio es completo\u00bb. <\/p>\n
Y agreg\u00f3: <\/p>\n
\u00abConsiguientemente, cuando las partes en el contrato de compraventa contenido en la citada Escritura P\u00fablica No. 869 de 13 de junio de 1985, ya citada, declaran que el precio o valor de la misma es la suma de $2.650.000.oo, y el se\u00f1or Notario, funcionario ante el cual se otorg\u00f3 ese documento p\u00fablico acept\u00f3 ese precio o valor, necesariamente tuvo como fundamento la consideraci\u00f3n de que el aval\u00fao catastral de dicho bien no era superior a lo declarado como precio por los comparecientes, lo que nos indica incuestionablemente que la finca vendida, en su aval\u00fao catastral no sobrepasaba la suma de $2.650.000.oo, lo que nos indica, que es exagerada y contraevidente, las operaciones monetarias que por fuera de la sentencia, y que en ella no aparecen, realiz\u00f3 el funcionario de segunda instancia. Es imposible, se\u00f1ores Magistrados, que una finca ubicada en un Municipio de Antioquia, con aval\u00fao catastral no superior a $2.650.000.oo, en el a\u00f1o de 1985, se transforme, al cabo de siete a\u00f1os en cantidad de $244.775.520.oo\u00bb. <\/p>\n
Ordenarse la restituci\u00f3n de esta \u00faltima cantidad, acudiendo a \u00abintrincadas operaciones de correcci\u00f3n monetaria (…) que desconozco por cuanto en la providencia respectiva solo se cita a manera de explicaci\u00f3n\u00bb, es injusto. \u00abEn efecto, una cosa es recibir el dinero en donaci\u00f3n para invertirlo en negocios espec\u00edficos productivos, y otra cosa es, se\u00f1ores Magistrados, obligar a los donatarios a invertir ese dinero en la adquisici\u00f3n de un finca territorial\u00bb. <\/p>\n
De manera que la resoluci\u00f3n del tribunal es \u00abcontraevidente\u00bb, ya que en ninguna de las hip\u00f3tesis arriba contempladas el valor de lo donado alcanza esa cifra. Incurri\u00f3, as\u00ed, en clara violaci\u00f3n de aquella norma, \u00abde manera indirecta por error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb. Porque determinando que la donaci\u00f3n de cantidad es nula por falta de insinuaci\u00f3n, \u00abtendr\u00eda en ese evento que disponer la restituci\u00f3n al mismo estado en que se hallar\u00edan las cosas donadas si no hubiese existido el acto o contrato nulo. En el caso que nos ocupa, los Loaiza Vega estar\u00edan en la obligaci\u00f3n de restituir lo que recibieron en dinero, esto es, la suma de $2.650.000.oo, si se acepta la declaraci\u00f3n contenida en el documento p\u00fablico, o la cantidad de $40.000.000.oo, si por el contrario se aceptan las declaraciones rendidas en el informativo por la familia Santamar\u00eda Osorio, unos como vendedores, otros como intermediarios\u00bb. En este sentido, la prestaci\u00f3n a cargo de los Loaiza Vega \u00abdebe ser cualquiera de las dos sumas que aparentemente aparecen probadas\u00bb; y en cualquiera de los casos, con el inter\u00e9s legal del 6% anual. <\/p>\n
De manera que la sentencia se debe casar y declararse que la restituci\u00f3n a cargo de cada donatario, salva la cantidad de $2.000.oo, ha de ser por la suma de $1.323.000.oo o por la suma de $19.998.000.oo. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Cosa parecida a la del segundo cargo de la anterior demanda sucede en \u00e9ste; vale decir, que de primera intenci\u00f3n parece albergar la raz\u00f3n, desde que no menciona siquiera cu\u00e1l fue el motivo que impuls\u00f3 al tribunal a decidir como lo hizo. En efecto, cuando la acusaci\u00f3n afirma esta vez que, obrando en el juicio la prueba de los dos posibles topes num\u00e9ricos en punto de restituci\u00f3n del dinero donado, uno de $2.650.000.oo, y el otro de $40.000.000.oo, es evidente que la condena impuesta por el tribunal en la cantidad de $244.775.520.oo entra\u00f1a la comisi\u00f3n de un yerro f\u00e1ctico coruscante, entonces hizo caso omiso de que, si bien el sentenciador tuvo por referencia, naturalmente como cosa establecida de manera plena en las pruebas, la segunda de las expresadas cantidades, es lo cierto que fue del criterio de que ella fuese indexada; de ah\u00ed que el monto resultase en mucho superior. <\/p>\n
Definitivamente, pues, el mayor valor no apareci\u00f3 por encantamiento; obedeci\u00f3, por el contrario, a una causa precisa y concreta: la correcci\u00f3n monetaria. Y, claro est\u00e1, si el cargo se plantea con prescindencia de ella, el yerro que apareciese ser\u00eda verdaderamente grosero; pero no es as\u00ed, ya que el tribunal fue expl\u00edcito en invocarla. <\/p>\n
De este modo, y ante la inconformidad que se advierte por el guarismo que a la postre represent\u00f3 la condena, para el recurrente era tarea prioritaria combatir la causa de donde ella tom\u00f3 vida, obviamente si en su sentir es improcedente la correcci\u00f3n monetaria en tal caso, para lo cual hubiese sido preciso traer la argumentaci\u00f3n orientada a persuadir a la Corte. No obstante, nada semejante figura en el cargo. <\/p>\n
En dicho marco de ideas, vana tarea del impugnador fue la de invocar un planteamiento tendiente a demostrar que, en el peor de los eventos, la suma donada a la saz\u00f3n fue de 40 millones de pesos, por supuesto que trat\u00e1ndose de una cuesti\u00f3n que nadie discute, y que puntualmente el tribunal la acogi\u00f3 como verdad del proceso, cae en el vac\u00edo. El planteamiento que ha debido enfilarse, y de car\u00e1cter probatorio atendiendo la v\u00eda indirecta que propuso, era contra la consideraci\u00f3n subsiguiente del sentenciador, alusiva a la indexaci\u00f3n de esa suma de dinero. <\/p>\n
Falencia que de suyo impide el buen suceso de por lo menos este punto de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
De otra parte, cumple decir que la aspiraci\u00f3n impugnaticia cuyo objetivo es que se acoja como valor de lo donado, la suma de $2.650.000.oo, puntualmente la misma que reza la escritura p\u00fablica, no puede ni debe abrirse paso en casaci\u00f3n por la tibieza con que fue formulada, desde luego que si el propio recurrente admite la eventualidad de que sea la otra suma, esto es, la de 40 millones, fluye una ambivalencia que no se compadece con el recurso extraordinario que aqu\u00ed se decide. Bien se conoce que una de las caracter\u00edsticas de la casaci\u00f3n es que el cargo se formule de manera precisa y contundente, de tal manera que, si de la causal primera se trata, la labor de confrontaci\u00f3n de la ley que se estima violada se realice de cara al concreto y preciso argumento del casacionista; esto excluye que la cotejaci\u00f3n que se haga con la finalidad de detectar el posible yerro que se denuncia, se deba agotar con todas y cada una de las posiciones dis\u00edmiles que en su veleidad quiera el recurrente; y mucho menos ser\u00eda de desear que la Corte escogiese entre varias de ellas para acometer dicha labor. <\/p>\n
Tampoco prospera el cargo. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. Decisi\u00f3n <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley no casa la sentencia recurrida en casaci\u00f3n, arriba referenciada. <\/p>\n
Como quiera que ninguno de los recurrentes sali\u00f3 avante en el recurso extraordinario, lo aconsejable es no proferir condena en costas. <\/p>\n
Notif\u00edquese y ret\u00f3rnese oportunamente el expediente al tribunal de procedencia. <\/p>\n
(en permiso) <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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S-046-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D. C., diecinueve (19) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997).- Ref: Expediente No. 4634 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81482","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81482","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81482"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81482\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81482"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81482"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81482"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}