S-047-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 Distrito Capital, veintiuno (21) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997). <\/p>\n
Ref: Expediente No. 6110 <\/p>\n
Despacha la Corte el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por ROBERTO GALEANO TRIANA contra la sentencia del 1\u00b0 de noviembre de 1994 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro del proceso ordinario que contra el mencionado recurrente adelant\u00f3 LUZ MARINA VILLADA. <\/p>\n
A N T E C E D E N T E S: <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Granada (Meta), aprehendi\u00f3 conocimiento de la demanda por medio de la cual LUZ MARINA VILLADA ROJAS reivindic\u00f3, frente a ROBERTO GALEANO TRIANA, el inmueble de la carrera 15 No. 9-61 de ese Municipio, junto con sus mejoras y frutos, sin que, a su vez, tuviese que pagar ninguna suma por concepto de expensas. <\/p>\n
2. Fund\u00f3 esos pedimentos en que ella, mediante escritura No. 628 del 19 de agosto de 1988, le compr\u00f3 a ROSALBA VILLADA DE RIOS los derechos de posesi\u00f3n y las mejoras edificadas por la vendedora sobre el aludido predio. Que por resoluci\u00f3n No. 040 del 19 de julio de 1989, el Municipio de Granada le \u201cvendi\u00f3\u201d el terreno donde se levantan las mejoras, pero que se encontraba privada de la posesi\u00f3n del mismo porque el encausado ROBERTO GALEANO TRIANA, en circunstancias oscuras y de mala fe, se apoder\u00f3 del inmueble mientras estaba desocupado, con la complicidad del esposo de la se\u00f1ora Villada de R\u00edos. <\/p>\n
3. La primera instancia concluy\u00f3 con sentencia desestimatoria de las pretensiones, decisi\u00f3n que fue revocada por el fallo ahora impugnado, por medio del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble pretendido a la actora, el pago a su favor de $870.000,00 m\u00e1s $6.192,42 por cada mes que transcurriera sin que se hubiese efectuado la devoluci\u00f3n del predio. A su vez, conden\u00f3 a la demandante a pagarle al demandado la suma de $100.000,00, correspondiente al valor en que \u00e9ste adquiri\u00f3 las mejoras sobre el bien. <\/p>\n
FUNDAMENTO DEL RECURSO. <\/p>\n
Con apoyo en la causal 1\u00aa de revisi\u00f3n afirma el recurrente que la demandante VILLADA ROJAS, con base en la escritura de adquisici\u00f3n de la posesi\u00f3n del inmueble en litigio, obtuvo que el Municipio de Granada se lo adjudicara, no obstante que ella nunca ha estado en posesi\u00f3n del mismo, pues siempre ha permanecido en manos del impugnante, luego de haberlo adquirido, junto con sus mejoras, por compra que de \u00e9l hiciera a SEVERO RIOS, quien, a su vez, lo adquiri\u00f3 de MELVA ORTIZ en 1951. El demandado GALEANO TRIANA adquiri\u00f3 esas mejoras por la suma de un mill\u00f3n de pesos. <\/p>\n
El documento nuevo que aporta en esta ocasi\u00f3n consiste en el \u00abacta de audiencia para recepci\u00f3n de testimonio\u00bb, en donde SEVERO RIOS, cuando fue interrogado bajo la gravedad del juramento ante el Juez Promiscuo Municipal de Granada sobre si hab\u00eda recibido de GALEANO el saldo de $900.000,00, pagadero el 30 de agosto del a\u00f1o en que suscribi\u00f3 el documento, contest\u00f3: \u00abNo se\u00f1ora. Todav\u00eda no, \u00e9l me ha dado en contaditos y contaditos, seiscientos o quinientos mil pesos, mas o menos, no estoy seguro (sic.) cuanto las fechas no las recuerdo\u00bb. <\/p>\n
Si el Tribunal hubiese conocido ese documento, a\u00f1ade el recurrente, no habr\u00eda ordenado la devoluci\u00f3n al demandado de solo cien mil pesos, sino la totalidad del dinero entregado por \u00e9ste por la compra del terreno y sus mejoras, con intereses y correcci\u00f3n monetaria. Igualmente, en ese documento relata el testigo que siendo due\u00f1o del terreno y de las mejoras, las transfiri\u00f3 a GALEANO TRIANA, de donde se desprende que ROSALBA VILLADA DE RIOS, esposa de SEVERO RIOS, nada ten\u00eda que vender pues no ten\u00eda ning\u00fan derecho sobre el bien y, por ende, tampoco la aqu\u00ed demandante. <\/p>\n
<\/p>\n
S E C O N S I D E R A: <\/p>\n
1. Se ha dicho en forma reiterada e invariable que el de revisi\u00f3n es un recurso excepcional, formalista y restringido por medio del cual se pretende el quebrantamiento de las decisiones judiciales que han alcanzado fuerza de cosa juzgada, pero que se han obtenido mediante pr\u00e1cticas fraudulentas o abusivas, o con violaci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales del proceso. <\/p>\n
Examinado en sus fines \u00faltimos, o sea, escrutando sus designios m\u00e1s trascendentales, se advierte que dicho recurso es un instituto que concilia y conjuga dos valores igualmente esenciales para el derecho y que, de otro modo, permanecer\u00edan en una incesante e irremediable fricci\u00f3n de tan honda dimensi\u00f3n que, inclusive, se lleg\u00f3 a pensar que constitu\u00edan una verdadera antinomia por cuanto que se contradec\u00edan mutua e insalvablemente. Se trata, pues, de matizar la seguridad jur\u00eddica derivada de la cosa juzgada material y que torna las sentencias judiciales en inmutables e indiscutibles con miras a consolidar las diversas relaciones que constituyen su objeto, con insoslayables imperativos de justicia que reclaman que las decisiones inicuas, esto es, aquellas que se ganan por medios dolosos o ilegales deben ser invalidadas. <\/p>\n
Y es que si bien es cierto la inmutabilidad de la sentencia se erige en un inmejorable instrumento para que \u00e9sta alcance su primordial designio, es decir, la composici\u00f3n pac\u00edfica de los litigios mediante la resoluci\u00f3n de las pretensiones de la demanda, desde luego que si, como lo regula el art\u00edculo 302 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, las decisiones de esa especie tienen por finalidad esencial la de decidir de manera obligatoria sobre los pedimentos del actor, tal designio jam\u00e1s se alcanzar\u00eda en cuanto que el fallo pudiera ser nuevamente controvertido. Si bien las cosas son de ese modo, se dec\u00eda, no es menos cierto que recios principios de equidad impelen a exceptuar del rigor de la inalterabilidad de las sentencias a aquellas que se profieren en procesos en los cuales se conculcaron los rudimentos esenciales para la garant\u00eda de la justicia o que fueron ocasionadas por comportamientos desleales o deshonestos de quienes en ellos intervinieron. Y, cabalmente, a ese prop\u00f3sito sirve el recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden de ideas, es patente que su ejercicio se encuentra supeditado a un conjunto de requisitos de diversa \u00edndole, entre los que resulta oportuno destacar que solo procede en las circunstancias taxativamente previstas por el legislador y cuya demostraci\u00f3n, justamente constituye en objeto de la prueba durante su tr\u00e1mite, adem\u00e1s, que no es un medio de impugnaci\u00f3n que se ofrezca como propicio para mejorar la prueba que se aport\u00f3 en el transcurso del proceso en el cual se profiri\u00f3 la resoluci\u00f3n impugnada, ni para subsanar las deficiencias de cualquier naturaleza que en \u00e9l se hubiesen cometido, sino que, determinado por una peculiar asociaci\u00f3n de coordenadas que lo estructuran, su cometido trasciende a un plano m\u00e1s elevado consistente en franquear la seguridad jur\u00eddica que el efecto de cosa juzgada produce, cuando los fallos se ganan gracias a pr\u00e1cticas espurias e inadmisibles espec\u00edficamente previstas por la ley. <\/p>\n
2. En el asunto que se somete ahora al examen de la Corte, se advierte que el recurrente, como ya se dijera, sustenta su inconformidad en la causal 1a. del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por cuya virtud es procedente el recurso extraordinario de revisi\u00f3n cuando despu\u00e9s de pronunciada la sentencia, se encuentran documentos que \u201chabr\u00edan variado la decisi\u00f3n contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria\u201d. <\/p>\n
En torno a esta causal, y para alcanzar su \u00e9xito, es menester que por el recurrente se demuestren plenamente los siguientes requisitos, claramente determinados en la norma se\u00f1alada, a saber: <\/p>\n
a) Que se trata de una prueba literal (documental) encontrada despu\u00e9s de proferida la sentencia. <\/p>\n
b) Que el recurrente hubiera estado, dentro de las oportunidades probatorias, en imposibilidad absoluta de allegar a \u00e9ste, el referido documento, debido a la fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria y, <\/p>\n
c) Que el documento sea decisivo para el caso, vale decir, que tenga tal eficacia legal, que de haber obrado en el proceso habr\u00eda determinado un fallo en sentido contrario a como fue resuelto. <\/p>\n
Con miras a cumplir los requerimientos que el citado precepto le impone, alleg\u00f3 el recurrente como \u201cdocumento nuevo\u201d, una fotocopia del \u201cacta de audiencia para recepci\u00f3n de testimonio\u201d de SEVERO RIOS, vertida, seg\u00fan lo dice, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Granada, cuatro a\u00f1os antes de proferirse la sentencia impugnada. <\/p>\n
De la detenida lectura de la demanda y del llamado \u201cdocumento nuevo\u201d, se observa que \u00e9ste carece de la eficacia legal suficiente para variar sustancialmente el fallo proferido en el precitado proceso ordinario. Basta observar que es el mismo recurrente quien afirma que si dicha prueba hubiera obrado en el expediente, la condena econ\u00f3mica que se hizo en favor de su representado, habr\u00eda sido superior. <\/p>\n
En forma reiterada ha dicho esta Corporaci\u00f3n que no basta el hallazgo f\u00edsico del documento para que se pueda invocar con \u00e9xito la causal. Es indispensable que tal prueba tenga virtualidad suficiente para que, en caso de haberse aportado en tiempo, produjere efectos tales, que variaran esencialmente el contenido de la sentencia; es decir, el documento debe ostentar, por s\u00ed solo, el poder de convicci\u00f3n necesario para, de haber obrado en el expediente, determinar un cambio sustancial en el sentido de la sentencia que efectivamente se adopt\u00f3, no acept\u00e1ndose aqu\u00e9l que simplemente conduce a mejorar la prueba existente en el proceso donde se profiri\u00f3 el fallo que se revisa. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed, entonces, con el prop\u00f3sito de definir la noci\u00f3n de \u201cdocumento decisivo\u201d para los fines propios del recurso extraordinario de revisi\u00f3n dentro del \u00e1mbito particular del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 380 del C. de P.C., advirti\u00f3 la Corte que \u2018\u2026no es cualquier prueba que se recobre la que da lugar a la revisi\u00f3n. No. La prueba recobrada debe ser decisiva, o sea que debe tener la eficacia legal que hubiera sido bastante para fallar el litigio de una manera contraria o muy distinta a como fue resuelto. Y es tan evidente esto, que esta prueba es la que influye para invalidar el fallo cuya revisi\u00f3n se impetra. Si, pues, se presenta una prueba en el juicio de revisi\u00f3n que no tenga operancia decisiva, el recurso no puede prosperar\u2026\u2019de donde se sigue entre otras cosas, que no constituyendo esa pieza documental -bien por su contenido o por cualquier otra circunstancia- una aut\u00e9ntica e incontestable novedad frente al material probatorio recogido en el proceso al que le puso fin la sentencia de cuya revisi\u00f3n se trata, la predicada injusticia de esta resoluci\u00f3n no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido y por eso la impugnaci\u00f3n no puede prosperar\u201d (Sent. de 16 de enero de 1996, Exp. 5056). <\/p>\n
<\/p>\n
De otro lado, es de trascendental importancia para el \u00e9xito del recurso, establecer que el motivo por el cual la prueba documental recobrada, se dej\u00f3 de aportar oportunamente al proceso, no lo fue por culpa imputable al recurrente, sino por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria. <\/p>\n
En el sub-lite, el recurrente no solo no acredit\u00f3 la imposibilidad en que se encontraba, ora por fuerza mayor o caso fortuito, o ya por la conducta de la contraparte, de aducir la prueba que ahora sorpresivamente pretende aportar, sino que, adem\u00e1s, en un claro desd\u00e9n por la exigencia legal, se abstuvo de mencionar cualquier circunstancia de ese temperamento que lo hubiese forzado a traer el supuesto documento a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n
3. Del mismo modo, las fotocopias aportadas carecen de vigor probatorio, toda vez que de su presunta autenticidad da certidumbre \u00fanicamente el Secretario del Juzgado promiscuo Municipal de Granada (Meta), sin que exista constancia de que para tal efecto fue autorizado previamente por el juez, como de manera clara y puntual lo exige el art\u00edculo 254 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, amen de que por tratarse de un testimonio trasladado de otro juicio, su eficacia demostrativa se subordina a que la parte frente a quien ahora se aduce hubiese podido controvertirlo y de lo cual no se tiene conocimiento. <\/p>\n
Es palpable, entonces, que el recurso que aqu\u00ed se despacha no puede prosperar. <\/p>\n
D E C I S I O N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
R E S U E L V E: <\/p>\n
PRIMERO.- Decl\u00e1rase infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n propuesto por ROBERTO GALEANO TRIANA contra la sentencia del 1\u00b0 de noviembre de 1994 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro del proceso ordinario que contra el mencionado recurrente adelant\u00f3 LUZ MARINA VILLADA. <\/p>\n
SEGUNDO.- En consecuencia, cond\u00e9nase al recurrente al pago de las costas y los perjuicios causados, para lo cual se har\u00e1 efectiva la cauci\u00f3n prestada. Los perjuicios liqu\u00eddense mediante incidente (art. 384 del C. de P.C.). T\u00e1sense las costas. Of\u00edciese para los efectos pertinentes a la compa\u00f1\u00eda aseguradora. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRRA <\/p>\n
<\/p>\n
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