S-048-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de mil novecientos noventa y siete. (1.997) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 6053 <\/p>\n
Procede la Corte a decidir el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por LA CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO, contra la sentencia de 17 de marzo de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 dentro del proceso ordinario de pertenencia promovido por MODESTO VICENTE ROPERO frente a personas inciertas e indeterminadas. <\/p>\n
I.- ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 (Tolima), el se\u00f1or MODESTO VICENTE ROPERO promovi\u00f3 proceso ordinario tendiente a obtener en su favor declaraci\u00f3n extraordinaria adquisitiva del dominio de un inmueble ubicado en la carrera 45 Sur n\u00famero 161-80 del municipio de Ibagu\u00e9 convocando para ello a \u201ctodas aquellas personas determinadas e indeterminadas que se crean con derecho a intervenir\u201d. <\/p>\n
2.- La demanda fue admitida por auto del 4 de junio de 1.992 mediante el cual se dispuso adem\u00e1s el emplazamiento de las personas indeterminadas que consideraran tener derecho sobre el bien, y orden\u00f3 la inscripci\u00f3n. <\/p>\n
El curador ad litem contest\u00f3 el libelo manifestando desconocer los fundamentos f\u00e1cticos de la demanda y estarse a lo probado en cuanto a las pretensiones. <\/p>\n
3.- El juzgado del conocimiento, por sentencia de 31 de marzo de 1993 defini\u00f3 la primera instancia, inhibi\u00e9ndose de proferir sentencia de m\u00e9rito. <\/p>\n
4.- Interpuesto recurso de apelaci\u00f3n por el actor, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, luego de decretar oficiosamente la pr\u00e1ctica de algunas pruebas revoc\u00f3 la sentencia accediendo en su lugar a la declaraci\u00f3n de pertenencia impetrada en la demanda y disponiendo la inscripci\u00f3n del fallo, sin condena en costas. <\/p>\n
II.- EL RECURSO DE REVISION <\/p>\n
a.- Con demanda formulada el 8 de abril de 1996, la CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO invocando su calidad titular del bien intenta frente a MODESTO VICENTE ROPERO y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS que consideren tener derecho sobre el respectivo inmueble, que se revise la sentencia atr\u00e1s indicada, se invalide, y en su lugar se dicte la que en derecho corresponda, con la consiguiente condenaci\u00f3n en costas y perjuicios causados a la recurrente. <\/p>\n
b.- En la demanda incoativa del recurso extraordinario se invocan varias causales de revisi\u00f3n, de las cuales la Corte solo se ocupar\u00e1 de la SEGUNDA planteada por el recurrente con fundamento en numeral 6\u00ba del art\u00edculo 380 del C. de P. Civil , por ser la llamada a prosperar. <\/p>\n
SEGUNDA CAUSAL: <\/p>\n
1.- Ap\u00f3yase \u00e9sta en el numeral 6 del art\u00edculo 380 del C. de P. Civil, y que la constituye el \u201cHaber existido colusi\u00f3n u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigaci\u00f3n penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente.\u201d <\/p>\n
Finca la demostraci\u00f3n de las maniobras fraudulentas constitutivas de la causal que invoca, diciendo que est\u00e1n constituidas por la actitud del demandante al dirigir su demanda contra personas indeterminadas, con manifestaci\u00f3n juramentada de ignorar el propietario, a sabiendas de que era la CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO quien ven\u00eda ostentando con anterioridad el derecho de dominio sobre el bien pretendido. Aprovech\u00f3 la buena fe del juez para obtener el emplazamiento de las personas indeterminadas y de paso coloc\u00f3 a la recurrente en clara posici\u00f3n de desventaja al seguir el proceso a escondidas burlando as\u00ed la oposici\u00f3n y contradicci\u00f3n de las pruebas, lo que no se considera subsanado con el solo emplazamiento, pues no se cita al verdadero titular del bien quien ven\u00eda ejerciendo verdaderos actos de se\u00f1or o due\u00f1o a partir de 1987. <\/p>\n
Conjuntamente el recurrente expone los hechos que seg\u00fan \u00e9l configuran las causales que esgrime, y que en lo pertinente sustentan la que se estudiar\u00e1. Se resumen as\u00ed: <\/p>\n
a.- La CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO es propietaria del inmueble en disputa, por ella adquirido mediante escritura 5894 de 24 de agosto de 1.987 de la Notar\u00eda 29 de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 350-0026748, por compra a Almacenes Generales de Dep\u00f3sito de la Caja Agraria, Idema y Banco Ganadero, predio que no ha sido enajenado ni puesto en venta y su registro se encuentra vigente. <\/p>\n
b.- MODESTO VICENTE ROPERO el 29 de mayo de 1992 inici\u00f3 proceso ordinario de pertenencia contra personas inciertas e indeterminadas aduciendo haber adquirido el inmueble por prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria, demanda notificada de acuerdo a los numerales 6 y 7 del art\u00edculo 407 del C. de P. Civil por tratarse de personas inciertas e indeterminadas <\/p>\n
c.- No fue aportado al proceso el certificado correspondiente al folio de matr\u00edcula inmobiliaria 350-026748 que demuestra la titularidad del bien a nombre de la CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO, documento vital en proceso de \u00e9sta \u00edndole y por este procedimiento adem\u00e1s de lo tendencioso, se priv\u00f3 a la Caja de intervenir en \u00e9l dado su desconocimiento de la existencia de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
d.- El documento expedido por la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos, certificado distinguido con el n\u00famero 12179 no re\u00fane los requisitos exigidos por el art\u00edculo 407-5 del C. de P. Civil, en cuanto expresa que \u201cQue revisados los libros de \u00e9sta oficina en un lapso comprendido a veinte a\u00f1os atr\u00e1s, hasta hoy, NO SE ENCONTRARON TITULOS, inscritos que acredite (sic) al se\u00f1or MODESTO VICENTE ROPERO, como propietario de una casa lote que tiene una extensi\u00f3n de 115 metros \u2026\u201d <\/p>\n
e.- El Juzgado Tercero Civil del Circuito atendiendo la certificaci\u00f3n mencionada, se inhibi\u00f3 de proferir sentencia de m\u00e9rito, providencia revocada por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, Corporaci\u00f3n que adem\u00e1s de reconocer la adquisici\u00f3n orden\u00f3 su registro, acto que se cumpli\u00f3 bajo el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 350-0100607 y se protocoliz\u00f3 mediante escritura p\u00fablica n\u00famero 2.108 del 27 de mayo de 1994 en la Notar\u00eda Segunda de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
f.- En agosto de 1992, la CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO se vio precisada a iniciar proceso reivindicatorio contra MODESTO VICENTE ROPERO quien era conocedor de que la entidad era due\u00f1a absoluta del inmueble. <\/p>\n
C.- Agotado como se encuentra el tr\u00e1mite de este recurso extraordinario, procede su decisi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La caracter\u00edstica principal del recurso extraordinario de revisi\u00f3n la constituye su car\u00e1cter de remedio excepcional frente a la inalterabilidad de la cosa juzgada material, en cuanto aquel se erige en la perspectiva de desagravio y enderezamiento de las decisiones judiciales contrarias a la justicia o al derecho. <\/p>\n
La condici\u00f3n de extraordinario sinembargo, supone de suyo una diferenciaci\u00f3n bien marcada respecto de los recursos ordinarios, convirti\u00e9ndolo en formalista pues la satisfacci\u00f3n de su fin es verificar si dentro de las espec\u00edficas y taxativas causales que abren su procedencia, se suceden las que le sirven de fundamento, dejando fuera de su contexto los debates de las partes que hubieren podido remediarse dentro del mismo proceso en el que se produjo la sentencia materia de revisi\u00f3n. <\/p>\n
El marcado quebranto a la justicia o al debido proceso constituye el objeto mismo del recurso, que por ser excepcional se itera, permite el aniquilamiento del fallo facilitando su reexamen para corregir el vicio latente en la actuaci\u00f3n impugnada y ello resulta de la confrontaci\u00f3n de la causa que se esgrime con las constitutivas del vicio, a pesar del obst\u00e1culo que en principio emerge de la cosa juzgada. <\/p>\n
2.- Precisando el alcance del concepto de hechos constitutivos de maniobras fraudulentas ha expresado la Corte: \u201cLa alegaci\u00f3n de la existencia de maniobras fraudulentas, como hecho constitutivo de la causal 6a. de revisi\u00f3n establecida por el art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, comporta la demostraci\u00f3n de una conducta torticera, de una maquinaci\u00f3n capaz de inducir a error al juzgador al proferir el fallo, de una actividad enga\u00f1osa que conduzca al fraude como instrumento para obtener la sentencia que, precisamente por ello, ha de retirarse del ordenamiento jur\u00eddico. La cosa juzgada, en tal caso, ha de ceder ante la necesidad jur\u00eddico-pol\u00edtica de que los fallos judiciales producto de la ilicitud no queden amparados, ni subsistan extendiendo a ellos la presunci\u00f3n de acierto y legalidad con que se rodean por la ley las sentencias, pues tales presunciones parten, necesariamente, de la base de que ellas contienen la aplicaci\u00f3n del Derecho para el caso concreto, sin que para obtener la resoluci\u00f3n judicial se haya acudido a este tipo de maniobras, respecto de las cuales tiene dicho la jurisprudencia que esa \u00abexpresi\u00f3n viene a significar todo proyecto o asechanza oculta, enga\u00f1osa y falaz que va dirigida ordinariamente a mal fin. Y as\u00ed resulta que el legislador colombiano consagr\u00f3 este motivo de revisi\u00f3n como uno de los medios o manera de reprimir el fraude procesal, cuando \u00e9ste es la causa determinante de una sentencia inicua (G.J. t. LV, p\u00e1g. 536; tomo CLXV, p\u00e1g. 36), jurisprudencia \u00e9sta reiterada en sentencia 217 de 19 de junio de 1989.\u201d Sent. de 11 de marzo de 1994). <\/p>\n
3.- Aplicadas las nociones anteriores al caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se observa que la conducta que el recurrente imputa al demandante, consiste en haber dirigido su demanda contra personas inciertas e indeterminadas con manifestaci\u00f3n previa de desconocer al propietario del inmueble a usucapir, acto con el cual, seg\u00fan lo dice, asalt\u00f3 la buena fe del juez para obtener el emplazamiento de tales personas a escondidas de la Caja de Cr\u00e9dito Agrario, burlando de tal manera la contradicci\u00f3n de las pruebas y obviamente la posibilidad de que la entidad como leg\u00edtima contradictora, tuviera acceso al proceso como parte demandada. <\/p>\n
Objetivamente lo que ense\u00f1an las pruebas arrimadas con la demanda, es que el actor en el proceso de declaraci\u00f3n de pertenencia alleg\u00f3 como anexo, un documento p\u00fablico expedido por funcionario competente, prueba que por principio determina no solo la competencia funcional y territorial, sino que adem\u00e1s es punto obligado de referencia para el juez, al momento de decidir con qu\u00e9 personas ha de integrar el leg\u00edtimo contradictor, pues de conformidad con el art\u00edculo 407 regla 5\u00aa del C. de P. Civil, siempre que del certificado del Registrador de Instrumentos P\u00fablicos aparezca que figura una persona como titular de un derecho real principal sobre el bien, la demanda deber\u00e1 dirigirse contra ella y no apareciendo ninguna con tal calidad habr\u00e1 de emplazarse a quienes se crean con derechos sobre el respectivo bien, advirtiendo que el emplazamiento de tales personas en forma indeterminada, se hace indispensable sea que figuren o no personas ciertas como titulares de derechos reales sujetos a registro. <\/p>\n
Es entonces tal documento, el par\u00e1metro que indica al juez y al actor contra qu\u00e9 persona o personas ha de enfilarse la demanda. <\/p>\n
Significa lo anterior que la falencia de los requisitos que impone la invocada regla 5\u00aa al certificado expedido por el registrador, deba ser examinada por el juez al momento de la admisi\u00f3n de la demanda o al proferir la respectiva decisi\u00f3n final para resolver en consonancia con lo que muestra el documento, pudiendo descalificarlo si lo considera inepto para los fines legales a los cuales el est\u00e1 destinado, de lo que se derivar\u00eda una decisi\u00f3n inhibitoria frente a las pretensiones del actor, y esta sola circunstancia permite afirmar que la falta de claridad, el error en los datos, la incuria en los elementos de informaci\u00f3n entregados por el solicitante al Registrador de Instrumentos P\u00fablicos con miras a la obtenci\u00f3n de un certificado cuyo destino sea el proceso de declaraci\u00f3n de pertenencia, constituye cuando menos una actitud enga\u00f1osa por inexacta, que se convierte en fraudulenta cuando efectivamente se utiliza para el proceso un certificado obtenido con semejante distorsi\u00f3n, provocando un espejismo que efectivamente indujo el error, al haberlo aceptado como suficiente para los efectos prescriptivos y ordenar el emplazamiento. <\/p>\n
4.- M\u00edrese que el certificado al que se hace referencia, apenas llega a informar que \u201cNO SE ENCONTRARON TITULOS, inscritos (sic) que acredite al se\u00f1or MODESTO VICENTE ROPERO, como propietario de una casa lote que tiene una extensi\u00f3n \u2026.\u201d , declaraci\u00f3n ins\u00f3lita que permite suponer adem\u00e1s que el Registrador no fue informado por el solicitante del prop\u00f3sito que le asist\u00eda al requerirlo para su expedici\u00f3n, pues distante se ofrece su sentido de aquel concreto y espec\u00edfico requerido por el art\u00edculo 407-5 del C. de P. Civil. <\/p>\n
Se afirma lo anterior, porque del contexto de la norma rectora ya citada se impone una conducta a manera de obligaci\u00f3n legal para la parte interesada en promover el proceso de declaraci\u00f3n de pertenencia, consistente en acompa\u00f1ar a la demanda \u201cun certificado del registrador de instrumentos p\u00fablicos en donde consten las personas que figuren como titulares de derechos reales sujetos a registro, o que no aparece ninguna como tal. \u2026\u201d . Esta exigencia legal impone un comportamiento que resulta de su mismo texto y que consiste en esencia en reportar la mayor cantidad de datos posibles del inmueble, para provocar su hallazgo como existente en la respectiva oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos y, ubicado, poderse emitir certificaci\u00f3n en torno a las personas que all\u00ed figuren registradas como titulares de derechos reales sujetos a registro, o en su caso, que no figura ninguna como tal. Ese proceder impuesto por la ley, exige as\u00ed mismo a la parte, en el caso de que el certificado no re\u00fana tales requisitos, situaci\u00f3n f\u00e1cilmente aprehendible de la sola lectura del documento, requerir del funcionario competente (si la informaci\u00f3n es insuficiente) la emisi\u00f3n de uno que satisfaga plenamente lo apremiado por el art\u00edculo 407 – 5 del C. de P. Civil. Si no se procede de tal manera hay que concluir que la parte interesada, en forma conciente, advertida y deliberada decidi\u00f3 su utilizaci\u00f3n procesal a pesar de que semejantes falencias no deb\u00edan ser desconocidas por ella, y esa actuaci\u00f3n se erige en un ardid, trama o estratagema fraudulenta, con consecuencias como las de haberse adelantado un proceso sin la citaci\u00f3n y comparecencia de las personas legalmente llamadas a concurrir a la litis, o cuando menos por haber capitalizado en su favor el error resultante del documento. T\u00e9ngase en cuenta que la prueba aportada se limita a informar que \u201cNO SE ENCONTRARON TITULOS, inscritos (sic) que acredite al se\u00f1or MODESTO VICENTE ROPERO, como propietario de una casa lote que tiene una extensi\u00f3n \u2026.\u201d, informaci\u00f3n totalmente deficiente para los efectos requeridos, actitud de la cual se derivan los perjuicios al recurrente por la falta de oportunidad provocada por la maniobra, para controvertir las pretensiones demandadas, tanto mas si de parte del juzgador no fue eficaz el control legal sobre dicha exigencia . <\/p>\n
La maquinaci\u00f3n fraudulenta se confunde con un proceder doloso, con el enga\u00f1o constitutivo de fraude procesal ya unilateral ora colusivo, dirigido a un resultado da\u00f1oso que perjudique a la parte contraria o a terceros, proveniente de una conducta il\u00edcita determinante de una actuaci\u00f3n de contenido distinto a la que hubiera acaecido de no haberse actuado como se hizo, conducta que para el presente caso se edifica con la utilizaci\u00f3n deliberada de un documento como el anexado a la demanda buscando el camino facilista y acomodaticio que le proporcionara llegar a un resultado, a\u00fan con atropello de la propia ley, m\u00e1s, cuando frente a documentos semejantes al aportado son reiterados los pronunciamientos de esta Corporaci\u00f3n, siendo pertinente al efecto reproducir lo que desde vieja data ha sostenido la Corte respecto a documentos con deficiencias como las que presenta el que se examina en este proceso: \u201cObserva la Corte, dijo entonces, como se advierte en la especie de esta litis, que se ha vuelto costumbre, reprobable desde todo punto de vista, patrocinar causas de declaraci\u00f3n de pertenencia a espaldas de los titulares de derechos reales constituidos sobre el bien materia de usucapi\u00f3n. Con ligereza notoria, los jueces dan por satisfecho el requisito exigido en el punto 5 del art\u00edculo 413 (hoy 407) del C\u00f3digo de procedimiento Civil, con tal que se presente certificado del Registrador de Instrumentos P\u00fablicos. No acata que la ley exige, no la presentaci\u00f3n de un certificado cualquiera, sino la de uno espec\u00edfico en que se puntualicen las personas que figuran como titulares de derechos reales sujetos a registro o de que no aparece ninguna como tal. Es decir, el certificado del Registrador de Instrumentos P\u00fablicos que, de conformidad con el art\u00edculo citado, debe acompa\u00f1arse a la demanda introductoria del proceso, no es cualquier certificado expedido por ese funcionario, sino uno en que, de manera expresa, se indiquen las personas que, con relaci\u00f3n al espec\u00edfico bien, cuya declaraci\u00f3n de pertenencia se pretende, figuren como titulares de derechos reales sujetos a registro, o uno que de manera clara diga que sobre ese inmueble no aparece ninguna persona como titular de derechos reales.\u201d (G.J. Tomo CLVIII, p\u00e1g. 309. G.J. Tomo CLXXX, p\u00e1g. 253). <\/p>\n
Tales circunstancias son evidentes en la actuaci\u00f3n que se juzga, y al hallarlas presentes la Corte, procede declarar la existencia de la causal esgrimida por la recurrente, invalidando de paso la sentencia revisada, lo que implica proferir la que en derecho corresponda, como en efecto se hace. <\/p>\n
<\/p>\n
Finalmente, Inexplicable por dem\u00e1s resulta a la Corte, que la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, persista en la aceptaci\u00f3n ligera y reiterada, seg\u00fan se demuestra con el fallo invalidado y con las copias visibles a folios 9 y siguientes del cuaderno n\u00famero 4, de certificados que contrar\u00edan abiertamente las exigencias del art\u00edculo 407-5 del C. de P. Civil, permitiendo en forma incomprensible la prosperidad de causas de pertenencia sin el lleno de los requisitos legales, raz\u00f3n que obliga a la Sala a ordenar que se compulsen copias de la presente actuaci\u00f3n a fin de que se investigue disciplinaria y penalmente esa actitud de quienes suscriben tales providencias. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En raz\u00f3n de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el Recurso Extraordinario de Revisi\u00f3n propuesto por la CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 – Sala Civil -, fechada el 17 de marzo de 1994 dentro del proceso ordinario de pertenencia promovido por MODESTO VICENTE ROPERO frente a personas inciertas e indeterminadas, al hallar demostrada la existencia de la causal 6\u00aa de revisi\u00f3n propuesta por la recurrente, por las circunstancias expresadas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: SE DECLARA SIN VALIDEZ LA SENTENCIA REVISADA. <\/p>\n
En su lugar SE DISPONE: <\/p>\n
CONFIRMASE la sentencia proferida por el se\u00f1or Juez Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, proferida el treinta y uno (31) de marzo de mil novecientos noventa y tres (1993), mediante la cual declar\u00f3 su INHIBICION para resolver en el fondo el presente proceso. <\/p>\n
TERCERO: Of\u00edciese a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Ibagu\u00e9 (Tolima) a fin de que proceda a la cancelaci\u00f3n del Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria n\u00famero 350-100607 y los registros que con base en la sentencia anulada se hubieren efectuado. <\/p>\n
Ord\u00e9nase as\u00ed mismo la cancelaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica mediante la cual se hubiere protocolizado la sentencia de declaraci\u00f3n de pertenencia dictada en el proceso que se revisa. <\/p>\n
<\/p>\n
Of\u00edciese a la Oficina de Catastro del Municipio de Ibagu\u00e9 para que cancele la c\u00e9dula catastral n\u00famero 01-11-028-03-000 abierta para el predio ubicado en la carrera 45 Sur, n\u00famero 161-80 a nombre de MODESTO VICENTE ROPERO. <\/p>\n
Costas de la segunda instancia a cargo de MODESTO VICENTE ROPERO. Liqu\u00eddense a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin costas en este recurso extraordinario debido a su prosperidad. <\/p>\n
Comp\u00falsense copias de esta actuaci\u00f3n a fin de que se investigue disciplinaria y penalmente a los Magistrados del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, que suscriben la sentencia revisada y la que aparece a folios 9 y siguientes del cuaderno n\u00famero 4. <\/p>\n
Cumplido lo dispuesto, devu\u00e9lvase al juzgado de origen el expediente contentivo de la actuaci\u00f3n de instancias insertando copia aut\u00e9ntica de esta sentencia. <\/p>\n
C\u00d3PIESE Y NOTIF\u00cdQUESE Y DEVUELVASE <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHOLSS <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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