S-050-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de Agosto de mil novecientos noventa y siete (1997).- <\/p>\n
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Referencia: Expediente No. 4825 <\/p>\n
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Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha tres (3) de septiembre de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario de mayor cuant\u00eda adelantado por WILSON ARCILA ARANGO contra la Sociedad AEROV\u00cdAS DE PESCA Y COLONIZACI\u00d3N DEL SURESTE COLOMBIANO LTDA -AEROPESCA-, hoy denominada INTERCONTINENTAL DE AVIACI\u00d3N LTDA, con la intervenci\u00f3n por llamamiento en garant\u00eda de la Compa\u00f1\u00eda SEGUROS FENIX DE COLOMBIA S. A. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
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1. Por escrito presentado el trece (13) de diciembre de 1983 ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, adicionado y reformado el primero (1) de marzo de 1984, el actor, con apoyo en los art\u00edculos 2341, 2347, 2349, 2356 y 2358 del C\u00f3digo Civil, a los que en \u00faltima instancia se agregaron los 1880 y 1003 del C\u00f3digo de Comercio, solicit\u00f3 que se declare que la entidad demandada es responsable del accidente ocurrido el d\u00eda veintis\u00e9is (26) de marzo de 1982, en el cual perdieron la vida AURA MARIA VELASQUEZ DE ARCILA, y los menores LIZ YADIRA y CAMILO ANDRES ARCILA VELASQUEZ, esposa e hijos leg\u00edtimos del demandante, a causa de las deficiencias en la operaci\u00f3n de la Aeronave Marca Vickers Viscount, serie 212, modelo 745-D, matr\u00edcula HK-2382; que en consecuencia la empresa est\u00e1 obligada a pagar a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n a WILSON ARCILA ARANGO, la suma de trescientos sesenta y cuatro millones quinientos sesenta mil pesos ($364\u2019560.000) que tienen su causa en los siguientes conceptos: \u201c1. Al acaecer la muerte de la Doctora Aura Mar\u00eda Vel\u00e1squez de Arcila, contaba con 31 a\u00f1os de edad; siendo la vida promedio del colombiano, seg\u00fan las tablas al respecto, 65 a\u00f1os, le restaban como vida productiva 34 a\u00f1os o sea 408 meses, que a un promedio de producci\u00f3n mensual de $70.000, arroja un total de $28.560.000. 2. La suma de $336.000.000 moneda corriente, corresponde a los mismos promedios vitales tomando como base la edad de 25 a\u00f1os, que adoptamos como iniciaci\u00f3n de la vida productiva de cada uno de los menores, aunque en verdad, en relaci\u00f3n con ellos opera claramente el pretiun doloris (…) Esto arrojar\u00eda 40 a\u00f1os, o sea 480 meses, a un promedio igual al de su se\u00f1ora madre\u201d, agregando al final que a \u00e9stas sumas se debe adicionar el valor correspondiente al ajuste por depreciaci\u00f3n de la moneda hasta la fecha en que se produzca el pago, y los intereses que se causen desde que aquellas se hagan exigibles. <\/p>\n
Como soporte f\u00e1ctico de las anteriores pretensiones, afirma el actor que la ya citada aeronave de propiedad de la demandada prestaba servicio p\u00fablico de pasajeros el veintis\u00e9is (26) de marzo de 1982 en vuelo con destino a Bogot\u00e1 en el cual tomaban asiento Aura Mar\u00eda de Arcila y sus menores hijos Liz Yadira y Camilo Andr\u00e9s Vel\u00e1squez Arcila, piloteado por el Capit\u00e1n Roberto Alfonso Simbaqueba quien present\u00f3 a la autoridad respectiva un plan de vuelo bajo reglas visuales a 14.500 pies, el cual no cumpli\u00f3 sino que estabiliz\u00f3 el avi\u00f3n a una altura de 7.700 pies; como consecuencia de lo anterior, la aeronave choc\u00f3 contra el cerro denominado \u201cLos Burros\u201d situado en la vereda de Pipiral, Municipio de Villavicencio (Meta), a 48\u00b0 a la derecha de la aerov\u00eda W17, que era la indicada en el plan presentado por el mencionado comandante, accidente que por lo tanto se habr\u00eda evitado si dicho piloto no hubiera cambiado el plan de vuelo o hubiera tenido en cuenta que las condiciones meteorol\u00f3gicas estaban por debajo de las requeridas para operaci\u00f3n visual, procediendo a modificarla a orientaci\u00f3n por instrumentos antes de entrar en nubes por debajo del nivel de vuelo que le garantizaba la adecuada separaci\u00f3n del terreno. <\/p>\n
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2. En la oportunidad para contestar la demanda, AEROPESCA LTDA manifest\u00f3 que para la \u00e9poca del siniestro estaba vigente la p\u00f3liza de seguro de aeronaves No. 1501 expedida por la COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS FENIX DE COLOMBIA S. A. -SEGUROS FENIX, motivo por el que solicit\u00f3 que dicha entidad sea llamada en garant\u00eda, llamamiento atendido por medio de apoderado especial designado para el efecto. As\u00ed mismo, por escrito separado la compa\u00f1\u00eda demandada se opuso a las pretensiones del actor afirmando que la responsabilidad aplicable al caso es la contractual y no la extracontractual alegada, criticando el c\u00e1lculo de la indemnizaci\u00f3n efectuado en la demanda, y proponiendo como defensa \u201cla inexistencia del derecho pretendido a pesar de su aparente nacimiento\u201d. Tambi\u00e9n por escrito separado invoc\u00f3, como excepci\u00f3n previa, la ineptitud formal de la demanda por no haberse indicado en ella la direcci\u00f3n del demandante ni determinarse en forma precisa el objeto de la pretensi\u00f3n, defensas cuyo tr\u00e1mite se declar\u00f3 terminado por el juzgado del conocimiento teniendo en cuenta que el escrito de demanda fue reformado para los fines conducentes. <\/p>\n
Replicado en tales t\u00e9rminos dicho escrito, se continu\u00f3 el proceso con la pr\u00e1ctica de pruebas a instancia de ambas partes, y la sentencia dictada el veintiocho (28) de octubre de 1988 as\u00ed como tambi\u00e9n el tr\u00e1mite ejecutivo adelantado a continuaci\u00f3n por el actor para obtener su cumplimiento coactivo, se invalid\u00f3 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 mediante auto de cuatro (4) de abril de 1991, considerando que el proceso se adelant\u00f3 no obstante ocurrir una causal de interrupci\u00f3n como lo es la muerte del apoderado judicial de la entidad demandada, acaecida el veintitr\u00e9s (23) de enero de 1988. <\/p>\n
Renovada la actuaci\u00f3n as\u00ed invalidada, la primera instancia culmin\u00f3 con el fallo del veintis\u00e9is (26) de noviembre de 1991, por medio del cual se declar\u00f3 responsable civilmente a la sociedad \u201cINTERCONTINENTAL DE AVIACI\u00d3N LIMITADA, anteriormente AEROPESCA LIMITADA, por el accidente ocurrido de veintis\u00e9is (26) de marzo de 1982, en el cual perdieron la vida Aura Mar\u00eda Vel\u00e1squez de Arcila y sus hijos menores Liz Yadira y Camilo Andr\u00e9s Arcila Vel\u00e1squez; y en consecuencia, se le impuso a la sociedad demandada condena al pago de los perjuicios ocasionados al se\u00f1or WILSON ARCILA ARANGO, as\u00ed: por da\u00f1o emergente $500.000, por lucro cesante $11\u2019822.000 y por perjuicios morales 3.000 gramos oro a la fecha del pago efectivo, e igualmente conden\u00f3 a la aseguradora llamada en garant\u00eda a la restituci\u00f3n de los montos que correspondan sobre la presente condena y con base en la p\u00f3liza respectiva, a favor de la asegurada que es aqu\u00ed demandada; y, en fin, le impuso a la aerol\u00ednea demandada la obligaci\u00f3n de pagar las costas causadas. <\/p>\n
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Inconforme con lo as\u00ed resuelto interpuso recurso de apelaci\u00f3n esta empresa, recurso que luego de ser tramitado en legal forma por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, se decidi\u00f3 por sentencia del tres (3) de septiembre de 1993 confirmatoria de la providencia impugnada, excepci\u00f3n hecha de la cuant\u00eda de los perjuicios morales que fueron fijados por el ad-quem en treinta millones novecientos ochenta y nueve mil setecientos pesos ($30\u2019989.700). <\/p>\n
II. LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO MATERIA DE IMPUGNACION. <\/p>\n
Luego de advertir que se encuentran \u201cestructurados los presupuestos procesales normativamente ordenados para que el despacho pueda decidir de fondo lo pertinente\u201d, apunta el Tribunal de manera general la diferencia que existe entre la responsabilidad de origen contractual y la que no presupone la existencia de un v\u00ednculo de esta clase, para dejar sentado a continuaci\u00f3n que de la interpretaci\u00f3n que se hace a la demanda que al proceso le dio comienzo, se concluye que en la especie litigiosa en estudio es la segunda clase de responsabilidad la que se hizo valer \u201cpor cuanto se tiene que la demandante no hace alusi\u00f3n alguna al contrato de transporte celebrado con la demandada, y s\u00ed por el contrario, a los t\u00e9rminos generales del da\u00f1o producido, esto es, a que por causa del accidente se le debe indemnizar los perjuicios materiales y morales causados\u201d, y sobre esta base sostiene la corporaci\u00f3n sentenciadora que la responsabilidad civil extracontractual, \u201c\u2026 en el sub judice (..) surge de la integraci\u00f3n de varios elementos: el da\u00f1o producido, el hecho generador del da\u00f1o y el nexo causal entre los mismos \u2026\u201d. <\/p>\n
Por lo que concierne al monto de los perjuicios causados, el ad-quem acoge el dictamen pericial rendido en lo que tiene que ver con lucro cesante y da\u00f1o emergente, pero en cuanto a la tasaci\u00f3n de los perjuicios morales, juzga que las normas del C\u00f3digo Penal no son aplicables para tal efecto por la jurisdicci\u00f3n civil y, por ello, es que debe dejarse al arbitrio del juzgador tal regulaci\u00f3n, la cual procede a hacer de acuerdo con un criterio confuso en extremo que, luego de aludir al \u201c\u2026 esp\u00edritu no reparativo del dolor\u201d y a la imposibilidad de someter a un precio \u201c\u2026 la congoja \u2026\u201d, concreta la sala sentenciadora en los siguientes t\u00e9rminos: \u201c\u2026 por ser esta tasaci\u00f3n de su prudente arbitrio y no tener imposici\u00f3n de patr\u00f3n alguno (sic) como ser\u00eda el oro, ya que su fluctuaci\u00f3n ordinaria no se compadece con la intensidad del da\u00f1o sufrido y su correspondiente indemnizaci\u00f3n, se considera que la tasaci\u00f3n debe hacerse de acuerdo a la continua devaluaci\u00f3n que tiene la moneda y atendiendo a que con ocasi\u00f3n del da\u00f1o sufrido el demandante vio segada la vida de sus seres queridos, con quienes ten\u00eda hogar y compart\u00eda su vida \u2026\u201d, para terminar, no obstante las apreciaciones precedentes, fijando en gramos oro la satisfacci\u00f3n pecuniaria por da\u00f1o moral, expresado el valor de ese metal en el signo monetario corriente que rige en el pa\u00eds. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACION Y CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
Tres cargos formula el recurrente contra la sentencia recurrida, el primero y el tercero acudiendo a la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y el segundo por la causal segunda de casaci\u00f3n, cargo \u00e9ste \u00faltimo que, por referirse a un afirmado yerro de car\u00e1cter procedimental y contener sin embargo un planteamiento id\u00e9ntico al cargo formulado en primer lugar, entra la Corte a examinar delanteramente en conjunto con el inicial, d\u00e1ndole as\u00ed cabal cumplimiento al Art. 375 del mismo c\u00f3digo. <\/p>\n
Cargo segundo <\/p>\n
Como ya se indic\u00f3, con fundamento en la causal segunda del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, acusa la sentencia impugnada de no estar en consonancia con las pretensiones de la demanda, \u201ccargo aut\u00f3nomo y distinto del anterior -refiri\u00e9ndose al primero-, aunque est\u00e9 relacionado\u201d. <\/p>\n
Explica dicha tesis el censor, apuntando que la pretensi\u00f3n debe estar expresada con precisi\u00f3n y claridad, y que la ausencia de tal requisito no se puede suplir con la interpretaci\u00f3n de la demanda por parte del fallador sino que lo atinado es corregirlo en la forma y en la oportunidad que la ley otorga para ello, luego si as\u00ed no se hace, dice, no existir\u00e1 la pretensi\u00f3n, y solo podr\u00e1 haber sentencia que desestime las pretensiones de la demanda por inexistentes. <\/p>\n
Cargo primero <\/p>\n
Acudiendo a la primera de las causales que consagra el Art. 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en este se acusa la sentencia de incurrir en error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda, viol\u00e1ndose en consecuencia, los art\u00edculos 75-5 y 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 1006 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Sostiene el impugnante que en la demanda que al proceso presente le dio origen, no se dice si se opta por la responsabilidad extracontractual o por la contractual, y por ello estima que el argumento esgrimido por el Tribunal para calificarla de extracontractual es extremadamente simplista, por cuanto, seg\u00fan dice, las consideraciones efectuadas con tal prop\u00f3sito, dan para cualquiera de las dos, a lo que a\u00f1ade que \u201cen efecto, de los hechos se puede deducir tambi\u00e9n que se trata de responsabilidad contractual\u201d, y que si bien dichas dos acciones no se est\u00e1n ejerciendo en forma acumulada, como expresamente lo prohibe la ley, tampoco se est\u00e1n ejerciendo separada o sucesivamente, \u201csimplemente se est\u00e1 ejercitando una acci\u00f3n de responsabilidad que no se sabe cual es, se est\u00e1 jugando una ruleta, para que la interprete el fallador, pero que dificulta ostensiblemente la defensa y atenta contra ese derecho. Lo prudente en este caso no era interpretar la demanda en la forma err\u00f3nea como se hizo, sino ordenar corregirla\u201d, esto en raz\u00f3n a que, en opini\u00f3n del recurrente, si la ley exige que la pretensi\u00f3n contenida en la demanda sea planteada en forma clara y precisa, este requisito no se satisface, se le est\u00e1 cerrando al fallador la posibilidad de fijar su alcance, insistiendo en que el error de falta de precisi\u00f3n de la pretensi\u00f3n fue alegado como excepci\u00f3n previa, y de eso se hizo caso omiso, pues ni siquiera se le imparti\u00f3 a esta alegaci\u00f3n el tr\u00e1mite de ley que es debido. <\/p>\n
Finalmente sostiene el casacionista que la falta de determinaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n conduce a su inexistencia, luego la sentencia, en guarda del principio de congruencia previsto en el Art. 305 del C. de P. C., debe absolver a la demandada. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
Comparados los fundamentos de los cargos que acaban de resumirse, formulado el primero para denunciar err\u00f3nea inteligencia de la demanda que condujo a quebrantar indirectamente normas de derecho sustancial, al paso que el segundo acude a la incongruencia, observa la Corte que, dadas la independencia y autonom\u00eda de los motivos previstos en la ley para justificar la casaci\u00f3n de una sentencia, no es de recibo que en este \u00e1mbito del recurso extraordinario el recurrente sit\u00fae un mismo defecto en la \u00f3rbita de varias causales por naturaleza diferentes y que no es posible confundir, defecto que en caso de darse, conduce inevitablemente a poner en duda la seriedad de la cr\u00edtica tra\u00edda a cuento por la censura. Con esta advertencia y haciendo de lado el defecto de t\u00e9cnica se\u00f1alado, pasa la Corte a estudiar los argumentos expuestos en cada uno de aquellos cargos. <\/p>\n
A). Por sabido se tiene que las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes, demandante y demandado, le se\u00f1alan al poder jurisdiccional en el orden civil los l\u00edmites de la intervenci\u00f3n que de ellos reclaman los litigantes, motivo por virtud del cual la incongruencia de un fallo, que por definici\u00f3n ha de buscarse mediante una labor comparativa entre el contenido de fondo de la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal y lo resuelto por el juzgador, encuentra en sede de casaci\u00f3n adecuado correctivo por obra de la segunda de las causales consagradas por el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que, respetando naturalmente los fueros de la primera, concreta su campo de acci\u00f3n leg\u00edtima a la incoherencia entre lo decidido y lo litigado, ello de modo tal que al tenor de dicho precepto le\u00eddo junto con el art\u00edculo 305 ib\u00eddem, preciso es entender que no puede haber lugar al vicio de inconsonancia por el mero hecho de que el sentenciador considere el m\u00e9rito de la cuesti\u00f3n controvertida de manera distinta a como desea que lo haga el recurrente. En efecto y as\u00ed lo ha venido recalcando de vieja data la doctrina jurisprudencial, \u201c… la incongruencia como motivo espec\u00edfico de casaci\u00f3n consiste, no en la falta de conformidad del fallo con los derechos subjetivos en el proceso ventilados, lo que ser\u00eda materia propia de la causal primera, sino en la falta de correspondencia entre la resoluci\u00f3n del tribunal y las pretensiones de los contendores, a su debido tiempo tra\u00eddas al debate…\u201d (G.J. Tomos XCVII, p\u00e1g. 40, y XCIX, p\u00e1g. 83 entre otras). <\/p>\n
Dicho en otras palabras, las sentencias civiles han de pronunciarse respetando siempre los confines que el asunto controvertido representa para el leg\u00edtimo ejercicio de la potestad institucional de la que los jueces est\u00e1n investidos, imperativo cuya puntual observancia presupone el que se profiera decisi\u00f3n en relaci\u00f3n con todas las acciones y excepciones que de acuerdo con la ley deba entenderse se hicieron valer en el juicio y no sean incompatibles con las aceptadas, pero solamente en relaci\u00f3n con esas acciones o excepciones y no con otras distintas; si el tribunal deja de fallar alguna de aquellas acciones o excepciones, habr\u00e1 proferido entonces una sentencia defectuosa en la forma (incongruente) por falta de decisi\u00f3n completa respecto del pleito sometido a su conocimiento, mientras que si decide sobre una de estas acciones o excepciones extra\u00f1as, dando cosas diferentes a las pedidas o transformando sin raz\u00f3n el problema litigioso planteado, dictar\u00e1 una sentencia tambi\u00e9n defectuosa en la forma y por ende viciada de inconsonancia, pero no por omisi\u00f3n sino por exceso en el ejercicio del poder jurisdiccional. <\/p>\n
En el anterior orden de ideas, basta un definido repaso de los autos, y en particular de la demanda inicial, para comprender que el cargo formulado por el sendero de la incongruencia adolece de improcedencia intr\u00ednseca, pues lo decidido por el ad quem mediante la sentencia impugnada cubre \u00edntegra y exactamente lo pretendido por el actor, a saber: que la entidad demandada es responsable del accidente ocurrido el 26 de marzo de 1982 y que en consecuencia, est\u00e1 obligada a pagar una indemnizaci\u00f3n, sin que pueda por tanto, ni remotamente, pensarse en disconformidad alguna entre esos pronunciamientos y los cap\u00edtulos de la demanda adicionada que concurren a demarcar el contenido objetivo de la litis. <\/p>\n
Ahora, si lo que aparentemente inquieta al censor es que con la interpretaci\u00f3n de la demanda realizada por el Tribunal, se supli\u00f3 una deficiencia que no pod\u00eda ser subsanada de esa manera, nada tiene esto que ver con el principio de congruencia que consagra el Art. 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, toda vez que como el mismo casacionista da a entenderlo al sustentar el cargo primero, la cuesti\u00f3n no se reduce al concepto puramente formal de desarmon\u00eda entre lo demandado y lo fallado, sino que por la propia \u00edndole del argumento propuesto, forzoso resulta entrar en el estudio de las consideraciones que le sirvieron al juzgador como motivos determinantes de su decisi\u00f3n, lo que al decir de reiterada jurisprudencia (G.J. Tomo LXXVIII, p\u00e1g. 882), no es posible hacer sin desconocer la espec\u00edfica finalidad de la causal que define el numeral 2\u00ba del Art. 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
B). En lo que hace al cargo primero por presunto error en la comprensi\u00f3n de la demanda en cuanto determin\u00f3 el fallo que se trataba de un asunto de responsabilidad extracontractual, en realidad cabe advertir que, en primer lugar, no observa la Corte la denunciada absoluta falta de precisi\u00f3n y claridad que le enrostra el impugnante al libelo y que le permite calificar de inexistentes las pretensiones deducidas; en efecto, se advierte que el elemento petitorio est\u00e1 perfectamente determinado en dicho acto de parte y resulta ser suficientemente expl\u00edcito por cuanto persigue que se declare a la entidad demandada responsable de un accidente de aviaci\u00f3n y de ah\u00ed que se la condene a indemnizar los perjuicios causados al actor, solicitud en s\u00ed misma entendible e identificable que jam\u00e1s puede calificarse de inexistente para desestimar la demanda como ahora lo pide el recurso en estudio, consecuencia esta \u00faltima a la que por lo dem\u00e1s, aun en el supuesto de configurarse en realidad la burda deficiencia que el recurrente pretende atribuirle al escrito en cuesti\u00f3n, nunca podr\u00eda llegarse pues por sabido se tiene, al tenor de reiterada jurisprudencia (G.J. Tomos LXXXIII, p\u00e1g. 947, y XCL p\u00e1g. 466), que la ineptitud formal de la demanda, en tanto no pueda ser superada, afecta un presupuesto procesal y toca por lo tanto con la regular formaci\u00f3n de la relaci\u00f3n jur\u00eddico-procesal, no con las condiciones de la acci\u00f3n, hasta dar lugar, en situaciones de suma anormalidad poco frecuentes, a la abstenci\u00f3n de pronunciamiento sobre el m\u00e9rito de la litis, abstenci\u00f3n que se pone de manifiesto en las sentencias llamadas \u201cinhibitorias\u201d. <\/p>\n
Cosa distinta es la v\u00eda utilizada por el Tribunal para arribar a tal declaraci\u00f3n y que es de lo cual se duele el censor cuando dice que, al no mencionarse en la demanda la instituci\u00f3n de responsabilidad civil empleada, fue no obstante calificada por dicha corporaci\u00f3n de extracontractual en interpretaci\u00f3n que estima equivocada pero sobre la que cabe indicar que, aunque as\u00ed fuera, para la formulaci\u00f3n de un yerro de tal estirpe, relevante en casaci\u00f3n, debe ponerse de manifiesto que es protuberante y que tiene, adem\u00e1s, una definitiva influencia en la decisi\u00f3n adoptada por el juzgador, elementos que no aparecen claramente establecidos en el caso presente si se tiene en cuenta que no s\u00f3lo se omite indicar el modo en que variar\u00eda la sentencia de no haberse incurrido en el desacierto denunciado, sino que las \u00fanicas apreciaciones tendientes a dejar en descubierto el presunto error en que incurri\u00f3 el sentenciador al interpretar la demanda, son que en \u00e9sta se citan art\u00edculos atinentes al contrato de transporte, y que el razonamiento del Tribunal es \u201csimplista\u201d y sus consideraciones se aplican tanto a la responsabilidad extracontractual, como a la contractual, aunque el mismo censor acepta que \u201cen efecto, de los hechos se puede deducir tambi\u00e9n que se trata de responsabilidad contractual\u201d, reconoci\u00e9ndose as\u00ed que del texto de la demanda inicial se puede deducir cualquiera de las dos clases de acciones, manifestaci\u00f3n que contradice abiertamente su apreciaci\u00f3n inicial en tanto conlleva a concluir en sana l\u00f3gica que esa demanda requer\u00eda de ser interpretada en procura de desentra\u00f1ar la genuina intenci\u00f3n de su autor, excluy\u00e9ndose en consecuencia que en verdad se haya podido configurar el error tantas veces indicado, pues como tambi\u00e9n es sabido, dado que es doctrina constantemente reiterada por esta corporaci\u00f3n, \u201c\u2026 las dudas o vacilaciones sobre la inteligencia de una demanda, est\u00e1n indicando de suyo que la prevalencia de una cualquiera de sus aceptables interpretaciones no puede l\u00f3gicamente estimarse como algo manifiestamente err\u00f3neo \u2026\u201d (G.J. Tomo LXVII, p\u00e1g. 434). <\/p>\n
Al respecto, no debe olvidarse que en el \u00e1mbito de la apreciaci\u00f3n de las pruebas o de la demanda por parte de los jueces de fondo, ha de respetarse su autonom\u00eda para formarse su propia convicci\u00f3n sobre la determinaci\u00f3n concreta del asunto debatido, pues la facultad de la Corte frente a una impugnaci\u00f3n que utilice esta v\u00eda es velar por la recta inteligencia y la debida aplicaci\u00f3n de las leyes sustanciales, no as\u00ed la de revisar una vez m\u00e1s y sin cortapisa de ninguna especie, cuestiones de hecho y de derecho ventiladas en las instancias, tema en relaci\u00f3n con el cual se ha ocupado esta Corte en multitud de providencias, insistiendo que en cuanto act\u00faa como tribunal de casaci\u00f3n \u201c… ha de recibir la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica tal como ella se encuentre definida en el fallo sujeto al recurso extraordinario…\u201d(G. J. Tomo CXXX, p\u00e1g. 63), apuntando a continuaci\u00f3n que si bien es cierto que al quebranto de tales leyes puede llegarse indirectamente como secuela de la deformaci\u00f3n de los hechos litigados, se trata de una posibilidad excepcional que no significa que el recurso pase entonces a convertirse en una tercera instancia donde la Corte, al sopesar las pruebas que denuncia la censura, pueda libremente cambiar el criterio de apreciaci\u00f3n de las mismas que tuvo el fallador y a ello se ha referido la jurisprudencia expresando que \u201cson, pues, impertinentes para el efecto las alegaciones del censor tendientes a lograr una revisi\u00f3n general de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sub lite o del acervo probatorio, o que pretendan variar el criterio empleado por el sentenciador en la apreciaci\u00f3n de \u00e9ste\u201d. <\/p>\n
Se infiere de lo anterior, que cualquier ensayo cr\u00edtico sobre el \u00e1mbito probatorio que pueda hacer m\u00e1s o menos factible un nuevo an\u00e1lisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos l\u00f3gicos, no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompa\u00f1ado de la evidencia de la equivocaci\u00f3n denunciada, equivocaci\u00f3n \u00e9sta que seg\u00fan lo precisa el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de procedimiento Civil, debe aparecer de manifiesto en los autos, vale decir que el error ha de ser palmario; \u201c… si el yerro no es de esta naturaleza, prima facie, si para advertirlo se requiere de previos y m\u00e1s o menos esforzados razonamientos, o si se manifiesta apenas como una posibilidad y no como una certeza, entonces, aunque se demuestre el yerro, ese suceder no tendr\u00e1 incidencia en el recurso extraordinario…\u201d(G.J. Tomo CXLII, p\u00e1g. 242). <\/p>\n
Sigue de lo hasta aqu\u00ed dicho que los cargos propuestos en primero y segundo lugar no resultan pr\u00f3speros. <\/p>\n
Cargo tercero <\/p>\n
Amparado tambi\u00e9n en la causal primera de casaci\u00f3n, se acusa en este cargo la sentencia del Tribunal por ser violatoria del art\u00edculo 1006 del C\u00f3digo de Comercio, por cuanto estima el recurrente que en el presente caso no se prob\u00f3 el da\u00f1o moral, ya que en su opini\u00f3n, para tal efecto no basta el hecho del parentesco del reclamante con las personas fallecidas en el accidente, sino que \u201ces preciso que se pruebe, auncuando sea solo con una afirmaci\u00f3n indefinida, que se viv\u00eda con ellos, demostrar que ese v\u00ednculo se reflejaba en la cuotidianidad, que viv\u00edan juntos, o alguna prueba o manifestaci\u00f3n similar. La demostraci\u00f3n del perjuicio moral corresponde en este caso a quien la reclama, de acuerdo con nuestro r\u00e9gimen probatorio y si no lo hizo, deber\u00e1 sufrir las consecuencias de su pasividad procesal\u201d: <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
Pasando por alto de nuevo los defectos de t\u00e9cnica en que incurre el censor en el planteamiento de este \u00faltimo cargo, principalmente al no precisar con suficiente exactitud la \u00edndole del quebranto de la ley que se propone demostrar, quebranto que la Corte estima debe ser indirecto por cuanto se queja de falta de prueba del da\u00f1o moral, para desechar este cargo basta con invocar conocidas directrices de jurisprudencia reiterada, producidas por esta corporaci\u00f3n frente a puntos de vista de similares caracter\u00edsticas al que aqu\u00ed se expone, herramientas aquellas que se condensan en forma suficientemente completa en la sentencia del veintiocho (28) de febrero de 1990 que en la parte pertinente dice: \u201cEn materia de perjuicios morales subjetivos, al igual que en toda clase de perjuicios, es indispensable distinguir entre la legitimaci\u00f3n para solicitar su indemnizaci\u00f3n, la prueba de los mismos, y la cuantificaci\u00f3n del resarcimiento. (…). En lo que respecta a la legitimaci\u00f3n, y para lo que concierne al presente caso, importa dejar establecido que doctrina y jurisprudencia coinciden en que de aqu\u00e9lla est\u00e1n investidos los parientes cercanos (padre, hijos y hermanos) de la v\u00edctima fallecida. Esta legitimaci\u00f3n dimana de la urdimbre de las relaciones que se entretejen con ocasi\u00f3n de los v\u00ednculos propios de la familia (consaguinidad, afinidad o adopci\u00f3n) y no s\u00f3lo de una de ellas en particular. (…) porque lo que a simple vista es perceptible es que el desaparecimiento de uno de los miembros de la familia representa una lesi\u00f3n para los otros en su propia integridad, o sea, que es algo que hiere directamente la personalidad de cada uno de ellos. La p\u00e9rdida es, entonces, total, y no limitada o circunscrita a un aspecto cualquiera, por m\u00e1s importante que \u00e9ste sea. En relaci\u00f3n con la prueba, se ha de anotar que es, quiz\u00e1, el tema en el que mayor confusi\u00f3n se advierte, como que suele entreverarse con la legitimaci\u00f3n cuando se mira respecto de los parientes cercanos a la v\u00edctima desaparecida, para decir que ellos, por el hecho de ser tales, est\u00e1n exonerados de demostrarlos. Hay all\u00ed un gran equ\u00edvoco que, justamente, proviene del significado o alcance que se le debe dar al t\u00e9rmino presunci\u00f3n. (…) all\u00ed no existe una presunci\u00f3n establecida por la ley. Es cierto que en determinadas hip\u00f3tesis, por dem\u00e1s excepcionales, la ley presume -o permite que se presuma- la existencia de perjuicios. Mas no es tal cosa lo que sucede en el supuesto de los perjuicios morales subjetivos. Entonces, cuando la jurisprudencia de la Corte ha hablado de presunci\u00f3n, ha querido decir que \u00e9sta es judicial o de hombre. O sea, que la prueba dimana del razonamiento o inferencia que el juez lleva a cabo. Las bases de ese razonamiento o inferencia no son desconocidas, ocultas o arbitrarias. Por el contrario, se trata de una deducci\u00f3n cuya fuerza demostrativa entronca con clar\u00edsimas reglas o m\u00e1ximas de la experiencia de car\u00e1cter antropol\u00f3gico y sociol\u00f3gico, reglas que permiten dar por sentado el afecto que los seres humanos, cualquiera sea su raza y condici\u00f3n social, experimentan por sus padres, hijos, hermanos o c\u00f3nyuge. Sin embargo, para salirle al paso a un eventual desbordamiento o distorsi\u00f3n que en el punto pueda aflorar, conviene a\u00f1adir que esas reglas o m\u00e1ximas de la experiencia -como todo lo que tiene que ver con la conducta humana- no son de car\u00e1cter absoluto. De ah\u00ed que ser\u00eda necio negar que hay casos en los que el cari\u00f1o o el amor no existe entre los miembros de una familia; o no surge con la misma intensidadd que en otra, con respecto a alguno o algunos de los integrantes del n\u00facleo. M\u00e1s cuando esto suceda, la prueba que tienda a establecerlo, o, por lo menos, a cuestionar las bases factuales sobre las que el sentimiento al que se alude suele desarrollarse -y, por consiguiente, a desvirtuar la inferencia que de otra manera llevar\u00eda a cabo el juez-, no ser\u00eda dif\u00edcil, y si de hecho se incorpora al proceso, el juez, en su discreta soberan\u00eda, la evaluar\u00e1 y decidir\u00e1 si en el caso particular sigue teniendo cabida la presunci\u00f3n, o si, por el contrario, \u00e9sta ha quedado desvanecida. De todo lo anterior se sigue, en conclusi\u00f3n, que no obstante que sean tales, los perjuicios morales subjetivos est\u00e1n sujetos a prueba, prueba que, cuando la indemnizaci\u00f3n es reclamada por los parientes cercanos del muerto, las m\u00e1s de las veces, puede residir en una presunci\u00f3n judicial. Y que nada obsta para que \u00e9sta se desvirt\u00fae por el llamado a indemnizar poni\u00e9ndole de presente al fallador aquellos datos que, en su sentir, evidencian una falta o una menor inclinaci\u00f3n entre los parientes\u201d (G.J. T. CC, p\u00e1g. 85). <\/p>\n
De la anterior transcripci\u00f3n se deduce con facilidad que, contrario a lo que afirma el casacionista, para efectos de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios no patrimoniales por la p\u00e9rdida de una persona allegada, al demostrar el cercano parentesco entre el actor y esta \u00faltima, se acredita sin duda la existencia de una relaci\u00f3n que en guarda del postulado de razonabilidad en las inferencias jurisdiccionales, permite construir la presunci\u00f3n del da\u00f1o moral o afectivo, que por lo mismo puede ser desvirtuada por la parte interesada, invirti\u00e9ndose de ese modo la carga de la prueba para pasar a pesar sobre quien le corresponde, en concepto de responsable, este tipo de perjuicios. En el presente asunto, el impugnante se limit\u00f3 a afirmar que el actor no acredit\u00f3 el da\u00f1o moral, olvidando que era a la parte contraria a quien correspond\u00eda desvirtuarlo ya que el actor estaba amparado con la presunci\u00f3n simple derivada del muy cercano parentesco existente entre \u00e9l y Aura Mar\u00eda Vel\u00e1squez de Arcila y los menores Liz Yadira y Camilo Andr\u00e9s, muertos en el accidente del que se responsabiliza a la empresa demandada, prueba opuesta al presumido perjuicio que no aparece en parte alguna en el expediente y que, por lo mismo, hace que no se pueda hablar de una arbitraria suposici\u00f3n del da\u00f1o moral, como equivocadamente lo hace el recurrente para denunciar un yerro que a todas luces ha de tenerse por excluido porque, no sobra repetirlo una vez m\u00e1s, si bien es cierto que no basta con invocar sin m\u00e1s la existencia de agravio moral, tambi\u00e9n es verdad que no se exige una prueba irrefragable de su real ocurrencia, prueba esta del todo imposible por la naturaleza de esta clase de da\u00f1os sin expresi\u00f3n patrimonial que residen en lo m\u00e1s \u00edntimo del alma de la v\u00edctima pero que a pesar de esta circunstancia, bien puede deduc\u00edrsela de signos exteriores cuya verificaci\u00f3n la ley defiere al discreto arbitrio judicial, luego corresponde por norma general al prudente juicio de los sentenciadores, en cada caso, reconocerlo como da\u00f1o indemnizable, atendiendo al hecho generador de responsabilidad y a las circunstancias particulares que rodean dicho caso que, a su vez, han de suministrar las bases de c\u00e1lculo adecuadas para fijar el monto de la satisfacci\u00f3n pecuniaria debido por este concepto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, este \u00faltimo cargo tampoco puede alcanzar la finalidad infirmatoria que se propone. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha tres (3) de septiembre de 1993 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 en el proceso ordinario promovido por WILSON ARCILA ARANGO contra la sociedad AEROVIAS DE PESCA Y COLONIZACION DEL SURESTE COLOMBIANO LTDA -AEROPESCA-, hoy denominada INTERCONTINENTAL DE AVIACION LTDA. <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
<\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
<\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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S-050-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de Agosto de mil novecientos noventa y siete (1997).- […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81486","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81486","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81486"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81486\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81486"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81486"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81486"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}