S-052-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba.) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. C-4712 <\/p>\n
Dec\u00eddese lo pertinente en torno al recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandado PEDRO CLAVER PEREZ MARTELO contra la sentencia de 13 de septiembre de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, Sala de Familia, en el proceso incoado por el respectivo Defensor de Familia en favor de la menor VICTORIA LUCIA CORENA, hija de la se\u00f1ora LUCY CORENA URZOLA, frente al recurrente. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Mediante demanda presentada por la Defensor\u00eda de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Sucre, Centro Zonal No. 2, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Sincelejo, se solicit\u00f3 se declare al mencionado demandado, previo el cumplimiento de las formalidades exigidas para estos casos, padre natural de la menor en favor de quien se present\u00f3 el libelo, fij\u00e1ndose en beneficio de \u00e9sta \u201cuna cuota alimentaria\u2026acorde con sus necesidades\u201d, aduci\u00e9ndose como fundamento el trato sexual entre la madre y el presunto padre durante la \u00e9poca en que conforme a la ley se presume la concepci\u00f3n, as\u00ed como el trato personal y social otorgado por \u00e9ste a aqu\u00e9lla durante el embarazo y parto. <\/p>\n
En efecto, seg\u00fan se desprende del escrito introductor del proceso, LUCY CORENA URZOLA y PEDRO CLAVER PEREZ MARTELO, sostuvieron relaciones sexuales desde abril de 1987 a julio de 1989, inicialmente en Sincelejo (Sucre) y luego en Quinch\u00eda (Risaralda.), fruto de las cuales naci\u00f3 la menor VICTORIA LUCIA el 11 de abril de 1990; igualmente, el demandado por conducto de su madre, se\u00f1ora CARMEN MARTELO DE PEREZ, auxili\u00f3 econ\u00f3micamente a la progenitora de la menor durante el embarazo y parto, y meses despu\u00e9s del alumbramiento, mediante el env\u00edo de cantidades determinadas de dinero para los gastos pertinentes, a pesar de lo cual judicialmente neg\u00f3 ser el padre de la mencionada menor. <\/p>\n
3.- Enterado el demandado del libelo genitor del proceso, oportunamente lo contest\u00f3 oponi\u00e9ndose a todas sus pretensiones, para lo cual acept\u00f3 las \u201crelaciones de noviazgo y espor\u00e1dicamente sexuales\u201d, \u00e9stas en \u00e9poca distinta a la de la concepci\u00f3n de la menor, pero s\u00f3lo en Sincelejo, nunca en Quinch\u00eda. As\u00ed mismo, neg\u00f3 lo atinente al auxilio econ\u00f3mico por tratarse de hechos no imputables a \u00e9l personalmente. <\/p>\n
4.- Adelantado en esos t\u00e9rminos el debate, la sentencia de primera instancia de 23 de abril de 1993, declar\u00f3 a la menor VICTORIA LUCIA CORENA, hija extramatrimonial del demandado PEDRO CLAVER PEREZ MARTELO, confiri\u00f3 el ejercicio de la patria potestad a la madre de aqu\u00e9lla, se\u00f1ora LUCY CORENA URZOLA, y conden\u00f3 a \u00e9ste a pagar alimentos definitivos a favor de su hija, \u201cen la suma de CINCUENTA MIL PESOS ($50.000.oo) mensuales, los cuales se depositar\u00e1n en el Banco Popular de la ciudad dentro de los diez primeros d\u00edas de cada mes y a partir\u2026de Mayo (sic.) del presente a\u00f1o\u201d. <\/p>\n
El conocimiento del proceso lleg\u00f3, por v\u00eda de apelaci\u00f3n, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, Sala de Familia, donde, por la sentencia objeto del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, se confirm\u00f3 en todas sus partes la del a-quo, pero \u00fanicamente por haberse establecido la existencia de relaciones sexuales entre el demandado y la madre de la demandante durante el per\u00edodo en que debi\u00f3 producirse la concepci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
1.- En efecto, se\u00f1al\u00f3 el Tribunal, luego de evocar los antecedentes, verificar la validez formal del proceso y hacer un sucinto recuento hist\u00f3rico sobre la pretensi\u00f3n deducida en la demanda, que si el nacimiento de la menor VICTORIA LUCIA ocurri\u00f3 el 11 de abril de 1990, se presume, acorde con lo previsto en el art\u00edculo 92 del C\u00f3digo Civil, que su concepci\u00f3n debi\u00f3 producirse en uno cualquiera de los 120 d\u00edas comprendidos entre el 15 de junio y el 13 de octubre de 1989. <\/p>\n
2.- En ese preciso plazo, agrega el ad-quem, debi\u00f3 tener lugar el trato sexual entre la madre y el presunto padre, para tener a \u00e9ste como padre natural de la aludida menor. <\/p>\n
2.1.- El hecho escueto de la existencia de las relaciones sexuales, lo tuvo acreditado en forma directa, esto es, mediante la confesi\u00f3n del demandado vertida en la declaraci\u00f3n inicial provocada para el reconocimiento voluntario (fol. 10, C-1) y en la contestaci\u00f3n de la demanda (fols. 34-38, ib.), \u201cconfesi\u00f3n \u00e9sta que satisface los requisitos establecidos en los primeros 5 numerales del art\u00edculo 195 del C. P. C. (sic.) y se halla corroborada por varios de los testigos llamados por ambas partes\u201d, los cuales considera innecesario analizar, \u201cpues suficiente tiene con la confesi\u00f3n no infirmada\u201d. <\/p>\n
2.2.- La temporalidad de las relaciones sexuales confesadas por el demandado, el sentenciador de segundo grado las ubic\u00f3 \u201cdurante el mes de julio de 1989, cualquiera fuere el d\u00eda de dicho mes\u201d, \u00e9poca comprendida dentro del t\u00e9rmino en que se presume la concepci\u00f3n. As\u00ed, el propio demandado acepta que el s\u00e1bado 15 de julio de 1989, LUCY CORENA URZOLA se traslad\u00f3, acompa\u00f1ada de LEUDITH ESTELA RIVERO RUIZ, de Sincelejo a Quinch\u00eda, lugar \u00faltimo donde aqu\u00e9l laboraba como oficial de la Polic\u00eda Nacional, \u201ca revivir la relaci\u00f3n sin \u00e9xito, \u00faltima visita que realizaba, porque el demandado ya ten\u00eda conocimiento de los amor\u00edos que adelantaba su lejana novia con terceras personas\u201d. <\/p>\n
La estad\u00eda de dicha se\u00f1ora en ese lugar, contin\u00faa el Tribunal, no dur\u00f3 dos d\u00edas como lo sostuvo el demandado en su declaraci\u00f3n, o \u201cuna noche\u201d como lo testimoni\u00f3 el agente NELSON VARON SANCHEZ, quien en todo caso confirma, al igual que el suboficial JAVIER LONDO\u00d1O ALZATE, que las dos muchachas se hospedaron a petici\u00f3n de PEREZ MARTELO en las residencias de MARIELA QUINTERO, seg\u00fan \u00e9sta, por \u201cunos di\u00edtas\u201d como as\u00ed lo declar\u00f3, o durante 15 d\u00edas como lo depuso la acompa\u00f1ante de viaje de la madre de la menor, quien adem\u00e1s corrobora que la permanencia en esa municipalidad lo fue en tiempo de vacaciones, desde el 7 de julio de 1989, \u00e9poca en la que \u00e9l \u201cse met\u00eda con ella a la pieza\u2026durante ese tiempo Pedro durmi\u00f3 con ella en la residencia\u201d; o como lo exponen GILBERTO ARBOLEDA GOMEZ y MARIA ANGELICA CARDONA, la novia del demandado aprovechaba los puentes para visitarlo, inclusive se hospedaba en la casa de \u00e9stos, siendo la \u00faltima vez que lo visit\u00f3 como \u201chasta julio del ochenta y nueve\u201d. <\/p>\n
Lo anterior pone de presente, concluye el Tribunal, especialmente el testimonio de las tres \u00faltimas personas, que PEDRO y LUCY \u201cfueron amantes y realizaron el conc\u00fabito, por lo menos hasta cuando ella permaneci\u00f3 en Quinch\u00eda\u201d, \u201cm\u00e1s all\u00e1 de la mitad de julio de 1989\u201d, lo cual contrasta con el testimonio de los dos agentes y la due\u00f1a de las residencias, quienes niegan \u201cla ocurrencia de las relaciones sexuales durante el tiempo en que la Corena Urzola permaneci\u00f3 en Quinch\u00eda\u201d. Esta convicci\u00f3n, agrega, se fortalece con el documento declarativo ratificado en el proceso, enviado por CARMEN MARTELO DE PEREZ, madre del demandado (fol. 22, C-1), a LUCY CORENA URZOLA, quien en un gesto de honradez personal \u201cpone en boca de su hijo el expreso reconocimiento y su voluntad de hacerlo legalmente, y ella as\u00ed lo hace saber a la interesada\u201d, adem\u00e1s de haber resultado compatible la paternidad investigada en el an\u00e1lisis de los grupos sangu\u00edneos y de la orfandad probatoria acerca de la simultaneidad de relaciones sexuales de la madre del menor con otro o varios hombres en la \u00e9poca en que se presume la concepci\u00f3n de \u00e9sta, fuera de no haberse acreditado la imposibilidad para engendrar del sedicente padre. <\/p>\n
3.- El Tribunal no tiene por acreditados los hechos que configuran la presunci\u00f3n del trato personal y social irrogado por el presunto padre a la madre de la menor, durante el embarazo y el parto, por cuanto la carta donde la madre del demandado da a entender que los dineros entregados por ella a LUCY proven\u00edan de su hijo, fue infirmada en su declaraci\u00f3n; adem\u00e1s, este hecho no puede darse por establecido con la declaraci\u00f3n de RUTH PATERNINA OSORIO, pues los gastos que \u00e9sta realiz\u00f3 en la cl\u00ednica, posteriormente fueron reembolsados por aqu\u00e9lla. As\u00ed mismo, el env\u00edo de dineros y elementos para el sostenimiento y alimentaci\u00f3n del menor, son hechos que por haber acaecido despu\u00e9s del alumbramiento, desbordan la causal en estudio. <\/p>\n
4.- En ese orden, el fallador de segundo grado no vacil\u00f3 en confirmar la declaraci\u00f3n de paternidad natural y dem\u00e1s ordenamientos, m\u00e1xime cuando, seg\u00fan se desprende del registro civil de nacimiento de la menor, quien all\u00ed aparece como su madre es la misma que sostuvo relaciones sexuales con el demandado para la \u00e9poca en que conforme a la ley se presume la concepci\u00f3n. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Cuatro cargos, por la causal primera de casaci\u00f3n, esgrime el recurrente contra la sentencia as\u00ed compendiada, los cuales innecesario resulta memorar por cuanto, como seguidamente se ver\u00e1, no admiten decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub-judice, el Tribunal confirm\u00f3 en todas sus partes la sentencia que declar\u00f3 la paternidad extramatrimonial y, adem\u00e1s, conden\u00f3 al demandado a pagar una cuota mensual para contribuir al sostenimiento de su hija. Esto pone de presente que el fallo proferido al ser de naturaleza mixta, declarativo y de condena, es susceptible de cumplimiento en la parte que impuso la obligaci\u00f3n de pagar alimentos, pues, tal como lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n1, en esa hip\u00f3tesis la decisi\u00f3n no puede calificarse \u201cexclusivamente\u201d relacionada con el estado civil de las personas, o \u201cmeramente\u201d declarativa (art\u00edculo 371, inciso 1\u00ba, del C. de P. C.), para transformar en suspensivo el efecto devolutivo que por regla general la ley le asigna al recurso de casaci\u00f3n, salvo que el recurrente, en el t\u00e9rmino para interponerlo, ofrezca cauci\u00f3n para responder por los perjuicios que la inejecuci\u00f3n temporal del fallo llegare a causar a la parte contraria. <\/p>\n
Si no se hace tal ofrecimiento, corresponde al Tribunal al conceder el recurso, por imperativo legal, ordenar al impugnante suministre lo indispensable para la expedici\u00f3n de las copias pertinentes con el fin de remitirlas al juez de primera instancia para que \u00e9ste disponga lo necesario en orden a ejecutar la sentencia impugnada. Esa omisi\u00f3n, empero, no sirve de excusa para transformar el efecto del recurso o para liberar de cualquier actividad en ese sentido al recurrente, porque como expl\u00edcitamente lo se\u00f1ala el inciso 4o. de la misma disposici\u00f3n, si el ad-quem no ordena la expedici\u00f3n de las copias en el auto que concede el recurso, el impugnante, si las considera necesarias, \u201cdeber\u00e1 solicitar su expedici\u00f3n para lo cual suministrar\u00e1 lo indispensable\u201d; o como lo tiene dicho esta Corporaci\u00f3n, dicha parte no puede exonerarse de esa carga \u201ccon s\u00f3lo pretextar que el Tribunal no se la orden\u00f3 cumplir, dado que la teleolog\u00eda de la norma est\u00e1 encauzada a que la concesi\u00f3n del recurso no envuelva efectos suspensivos, y por lo mismo lo exhorta a que est\u00e9 atento a suplir la omisi\u00f3n del juzgador\u201d2, todo lo cual se sanciona con la deserci\u00f3n del recurso. <\/p>\n
En el presente caso el Tribunal concedi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, sin m\u00e1s, orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente a esta Corporaci\u00f3n para la tramitaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n. De otra parte, el recurrente no persever\u00f3 en su obligaci\u00f3n de solicitar la expedici\u00f3n de las copias para el cumplimiento del fallo recurrido. Esto significa que al haberse estructurado una causal de deserci\u00f3n, el recurso se debi\u00f3 inadmitir; empero, como el medio de impugnaci\u00f3n fue admitido y tramitado hasta el estadio de dictar sentencia, resulta pertinente analizar si esa ilegalidad vincula a la Corte o si, por el contrario, permite apartarse de su propia decisi\u00f3n para sustituirla por un fallo abstencionista, en consideraci\u00f3n a que el estado actual del proceso autoriza el reexamen del punto. <\/p>\n
2.- Tradicionalmente se hab\u00eda sostenido que cuando erradamente se declaraba admisible el recurso de casaci\u00f3n, el auto respectivo no obligaba a la Corte a tomar decisi\u00f3n de fondo, porque \u201csi al entrar en el examen detenido del recurso propuesto advierte que le ha dado cabida sin fundamento legal, mal proceder\u00eda atribuy\u00e9ndole al auto admisorio capacidad para comprometerla en un nuevo error de asumir una competencia de que carece\u201d, pues al no tener el auto en cuesti\u00f3n fuerza de sentencia, o siguiendo el postulado que lo interlocutorio no ata a lo definitivo, \u201cno cohibe a la Corte para declarar en providencia posterior improcedente el recurso\u201d3. <\/p>\n
El anterior criterio, constante e invariable, se puso en entredicho en decisi\u00f3n discutida de 20 de septiembre de 19944, obtenida con la intervenci\u00f3n de un conjuez, argument\u00e1ndose que si a pesar de ser ejecutable el fallo del Tribunal se concede el recurso de casaci\u00f3n sin reparo alguno de las partes, ni de la Corte al admitirlo, debe pronunciarse sentencia de fondo, porque si bien \u201cel ordenamiento procedimental debe acatarse\u201d, esa normatividad no puede interpretarse y aplicarse con tanto rigor que el denominado derecho sustancial termine sacrificado por aqu\u00e9l, pues ello conllevar\u00eda a desconocer el principio universal seg\u00fan el cual el fin de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial (art\u00edculo 4o. del C. de P. C.), o como se afirm\u00f3 en las discusiones de dicho principio por el Constituyente de 1991 (art. 228), el \u201cdescuido del juez o de los abogados no puede sacrificar el derecho sustancial. Habr\u00e1 un instante en que, si no se alegaron vicios de procedimiento, \u00e9stos se entienden saneados para dar paso a la sentencia de fondo\u201d. <\/p>\n
La doctrina acabada de mencionar result\u00f3 a la postre ef\u00edmera por cuanto en sentencia de 18 de noviembre del mismo a\u00f1o5, fue recogida, al considerarse que el derecho a recurrir en casaci\u00f3n una sentencia susceptible de tal recurso, \u201cpresupone el cumplimiento de un conjunto de requisitos de procedibilidad que, no obstante ponerse ellos de manifiesto en diferentes etapas del procedimiento de conformidad con el cual el recurso ha de surtirse, todos en realidad producen a la postre un mismo efecto si no son satisfechos del modo que exige la ley, efecto consistente en impedir una resoluci\u00f3n de fondo, estimatoria o desestimatoria, de las cuestiones que el recurrente aduce para justificar su impugnaci\u00f3n\u201d, pues \u201cla eficacia prohibitiva que cualquiera de estos requisitos produce, es absoluta y se despliega con ese car\u00e1cter en todas aqu\u00e9llas etapas, habida cuenta que, en situaciones normales, impide que a esas etapas se las pueda considerar como debidamente agotadas para pasar a la que sigue hasta llegar a la fase final de decisi\u00f3n del recurso, mientras que si por alguna circunstancia la secuela procesal avanza y culmina no obstante la falta de alguno de los requisitos en cuesti\u00f3n, se hace imposible cualquier pronunciamiento de m\u00e9rito y as\u00ed debe limitarse a registrarlo la Corte en su sentencia, restableciendo por lo tanto el imperio de las normas rituales que, debido precisamente a ese defecto no advertido en oportunidad, dejaron de aplicarse\u201d. <\/p>\n
3.- En ese orden, reiterando la anterior doctrina, sostenida por la Corporaci\u00f3n por muchos a\u00f1os de manera uniforme y constante, resulta bien claro que en el presente caso la Corte se encuentra impedida para resolver en el fondo el recurso de casaci\u00f3n interpuesto, por cuanto, como se vio, el impugnante no ofreci\u00f3 cauci\u00f3n para impedir el cumplimiento de la sentencia en la parte susceptible de ejecuci\u00f3n, y porque, de otro lado, pese a la omisi\u00f3n del Tribunal en ordenar la expedici\u00f3n de copias para el mismo prop\u00f3sito, dicha parte incumpli\u00f3 con la carga procesal de suplir esa omisi\u00f3n, lo cual trasluce, a no dudarlo, un abandono del recurso por parte del impugnante interesado. <\/p>\n
Ahora, como el incumplimiento de esa carga procesal no puede traer consecuencias favorables, sino, por el contrario, adversas a quien no la observa, ese abandono se convierte, por ministerio de la ley, en un motivo de deserci\u00f3n que, por lo mismo, apareja la ejecutoria de la respectiva sentencia. Esa sola circunstancia trunca la competencia funcional de la Corte para enmendar los errores de procedimiento o de juzgamiento en que se dice incurri\u00f3 el Tribunal, raz\u00f3n por la cual cualquier actividad posterior a la firmeza de dicha sentencia, se torna indiscutiblemente en ineficaz. <\/p>\n
Desde luego, el cometido de hacer efectivo el derecho sustancial, s\u00f3lo se concibe frente a un instrumento v\u00e1lido y eficaz, formal y jur\u00eddicamente, pero ello no significa que necesariamente deba despacharse la decisi\u00f3n judicial acorde con las pretensiones deducidas en el libelo, sino a que se dicte una sentencia en un escenario donde se permita al juzgador realizar todo cuanto este a su alcance para, respetando los principios m\u00ednimos de defensa y contradicci\u00f3n, sanear o superar los impedimentos y deficiencias de forma que anonadan el proceso. <\/p>\n
En el caso concreto, esa tutela efectiva no se puede irrogar por cuanto, como se dijo, la actuaci\u00f3n posterior a la sentencia es ineficaz y la eficacia del procedimiento es, a no dudarlo, presupuesto inexorable para la materializaci\u00f3n del derecho, en uno u otro sentido. Adem\u00e1s, la ilegalidad advertida, la deserci\u00f3n del recurso que por contera no habilita la competencia funcional de la Corte, no admite saneamiento de ninguna clase (art. 144, in fine, del C. de P. C.). Aceptar otra postura ser\u00eda como admitir que la efectivizaci\u00f3n del derecho sustancial, puede serlo dentro de un procedimiento irregular insuperable, lo cual desconocer\u00eda las reglas que informan el derecho fundamental a un debido proceso. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, se inhibe para resolver en el fondo el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandado PEDRO CLAVER PEREZ MARTELO contra la sentencia de 13 de septiembre de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, Sala de Familia, en el proceso incoado por el respectivo Defensor de Familia a favor de la menor VICTORIA LUCIA CORENA, hija de la se\u00f1ora LUCY CORENA URZOLA, frente al recurrente. <\/p>\n
Por lo mismo, sin costas para ninguna de las partes. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
S A L V A M E N T O DE V O T O <\/p>\n
Referencia: Expediente No.C-4712 <\/p>\n
Con el debido respeto el suscrito se aparta nuevamente de la anterior decisi\u00f3n adoptada por la Sala mayoritaria, por las razones expuestas en su oportunidad en asunto similar (Exp. No.4338), as\u00ed: <\/p>\n
\u201c1.- Con relaci\u00f3n a la anterior sentencia inhibitoria proferida en el profeso de la referencia, tomando como fundamento el estado de deserci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n por incumplimiento de la carga procesal requerida para la ejecuci\u00f3n de la sentencia impugnada, los suscritos magistrados, con el debido respeto, se permiten expresar su disentimiento, por cuanto, a nuestro juicio, no encontr\u00e1ndose el recurso en estado de deserci\u00f3n el fallo ha debido de ser de m\u00e9rito o de fondo, por las consideraciones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
\u201c2.- Pues bien, la reforma procesal de 1989 (Decreto – Ley 2282 de 1989) no solo adopt\u00f3 expl\u00edcitamente los principios de la ejecutabilidad general de la sentencia recurrida y de la preclusi\u00f3n de los efectos de su incumplimiento, sino que, mas a\u00fan, regul\u00f3 expresamente las oportunidades pertinentes. <\/p>\n
\u201c2.1.- En efecto, como consecuencia del efecto devolutivo de la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, la precitada reforma, de una parte, mantuvo el criterio de la posibilidad de su ejecuci\u00f3n imponiendo al recurrente desfavorecido totalmente con la sentencia, el deber de darle cumplimiento, o el de, si fuere el caso, otorgar cauci\u00f3n para la suspensi\u00f3n (art. 371, inc. 3\u00ba. C.P.C.), o consagr\u00e1ndole al recurrente favorecido parcialmente con el fallo (art.374, inciso final, C.P.C.) la facultad (\u201cpodr\u00e1\u201d, dice el texto) de solicitar su cumplimiento en lo favorable. <\/p>\n
\u201c2.2.- Pero con relaci\u00f3n al primer caso, la misma legislaci\u00f3n regul\u00f3 simult\u00e1neamente, las cargas procesales para el cumplimiento del fallo, con la oportunidad de cumplimiento de dichas cargas, los efectos de su incumplimiento y las oportunidades de establecimiento de estas \u00faltimas, ubic\u00e1ndolas dentro de las diferentes fases o etapas preclusivas que estructuran el tr\u00e1mite del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Por esta raz\u00f3n, el legislador de 1989 si bien estableci\u00f3 (salvo lo dispuesto en el art. 372 inc. 3\u00ba C.P.C.) una oportunidad para el cumplimiento de la carga procesal de suministrar lo necesario para las copias (previa solicitud, si el tribunal no lo hubiese ordenado) que faciliten el cumplimiento del fallo (dentro de los 3 d\u00edas siguientes a su ejecutoria), no es menos cierto que consagr\u00f3 tres oportunidades para que el juez y las partes establecieran y discutieran su deserci\u00f3n, a saber: la primera, al momento del incumplimiento de dicha carga despu\u00e9s de haberse concedido el recurso de casaci\u00f3n pro el tribunal (art. 371, inc. 3\u00ba C.P.C.), para que corresponda a esta Corporaci\u00f3n su decisi\u00f3n; la segunda, al resolverse por la Corte la \u201cadmisiblidad del recurso\u201d (tal como lo indica el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil); y la tercera, al examinar la misma Sala Civil de la Corte \u201clos requisitos formales de la demanda\u201d (art. 373, inc. 4\u00ba C\u00f3digo de Procedimiento Civil ) destinada a sustentar el recurso debidamente \u201cconcedido\u201d y \u201cadmitido\u201d. Luego, fue una carga procesal concebida por el legislador como imperativo del recurrente para obtener la consecuencia favorable de la tramitaci\u00f3n del recurso en las oportunidades de concesi\u00f3n y admisi\u00f3n del recurso y de admisi\u00f3n de la demanda, cuyos actos procesales de deserci\u00f3n en caso de incumplimiento, solo pueden expedirse o reconocerse en estas espec\u00edficas oportunidades. (las subrayas son nuestras). Y son oportunidades que, al permitir que las decisiones se adopten por auto, otorgan a su vez, la posibilidad de la impugnaci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
\u201c3.- En cambio, no puede hablarse de deserci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n despu\u00e9s de la ejecutoria del auto admisorio de la demanda de casaci\u00f3n, ni tampoco de oportunidad adicional alguna para su reconocimiento en auto posterior o en sentencia que declara la inhibici\u00f3n para su conocimiento, por las razones que a continuaci\u00f3n se expresan: <\/p>\n
\u201c3.1.- La primera de ellas consiste en que con dicha ejecutoria, formalmente qued\u00f3 preclu\u00edda la oportunidad para que las partes puedan aducir el incumplimiento por el recurrente de la carga procesal del suministro de lo necesario para la expedici\u00f3n de las copias indispensables para la ejecuci\u00f3n, que sirva de fundamento para reclamar la deserci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, as\u00ed como para que el juez pueda, de oficio o a solicitud de parte, proceder a su declaraci\u00f3n por auto o por sentencia inhibitoria. Ello tiene su fundamento en la intenci\u00f3n inequ\u00edvoca de la reforma 1989 de cerrar en esta fase dicha oportunidad excluyendo en ella toda posibilidad de decisi\u00f3n sobre el particular, cuando, a diferencia de los momentos arriba mencionados (concesi\u00f3n y admisi\u00f3n de recurso, y admisi\u00f3n de demanda), no autoriza expresamente el an\u00e1lisis del incumplimiento de la precitada carga procesal y de la deserci\u00f3n del recurso. Adem\u00e1s, tampoco fue estatu\u00edda esa carga procesal como condici\u00f3n para que la Corte adquiera competencia o para que el recurso fuese fallado de fondo, por lo que la doctrina no puede darle ese alcance. Mas a\u00fan, fuera de lo dicho observan los suscritos que tampoco puede llegarse a esta conclusi\u00f3n, por interpretaci\u00f3n extensiva o por v\u00eda anal\u00f3gica. Pues no se trata de un defecto de expresi\u00f3n normativa, ni de un vicio que autorice dicha interpretaci\u00f3n o creaci\u00f3n normativa, sino por el contrario, lo que realmente surge de dicha reforma es la existencia de una voluntad inequ\u00edvoca de exclusi\u00f3n de la mencionada interpretaci\u00f3n o analog\u00eda. Porque, como bien lo ha dicho la doctrina, \u201cel concepto de carga \u2026. puede ser \u00fatil y provechosamente aplicado a la teor\u00eda del proceso, no se debe exagerar, no se debe querer acreditar en todo caso una carga procesal, a\u00fan all\u00ed donde el derecho procesal objetivo al regular el ejercicio del derecho de acci\u00f3n y de contradicci\u00f3n en juicio y el desarrollo de la forma y en el tiempo de todas las actividades procesales, ha establecido particulares siendo de ejercicio que en ning\u00fan caso pueden entrar en el concepto todav\u00eda denominado de carga\u201d (vgr. Rocco, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, p\u00e1g. 175). <\/p>\n
\u201c3.2.- La segunda raz\u00f3n es la de que materialmente con la ejecutoria del auto admisorio de la demanda, el ordenamiento patrio entiende que se configura un fenecimiento de la deserci\u00f3n inicial del recurso de casaci\u00f3n. En efecto, no siendo la deserci\u00f3n del recurso un mero efecto procesal de extinci\u00f3n o muerte irreversible del recurso que opere como caducidad, sino sencillamente el hecho voluntario del recurrente de abandonar el recurso que la ley infiere de mero incumplimiento de una carga procesal, puede entenderse la raz\u00f3n por la cual la misma ley autoriza para que el juez pueda reconocer su existencia en la concesi\u00f3n y admisibilidad del recurso de casaci\u00f3n, as\u00ed como en la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n y no en \u00e9poca posterior. Porque si, no obstante el incumplimiento de esta carga procesal, el recurso es concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, para luego ser sustentado por demanda, que tambi\u00e9n es admitida por la Corte; es l\u00f3gico admitir que si bien este recurso, sin dejar de existir, estuvo inicialmente en deserci\u00f3n o abandonado, posteriormente dej\u00f3 de serlo cuando, despu\u00e9s de toda esta actuaci\u00f3n, resulta admitida su sustentaci\u00f3n, sin oposici\u00f3n de los interesados ni declaraci\u00f3n judicial. Porque si hasta este momento no se ha expedido declaraci\u00f3n que reconozca cierta y definitivamente que hay abandono o deserci\u00f3n del recurso, es porque efectivamente no hubo abandono o este feneci\u00f3 si alguna vez existi\u00f3. Es decir, la firmeza de la admisi\u00f3n de la demanda de seguridad jur\u00eddica suficiente a la existencia y sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n. De all\u00ed que ello explique que en dicha fase no se haya abierto una nueva oportunidad de declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n, pues, se repite, la que inicialmente tuvo existencia desapareci\u00f3 por la preclusi\u00f3n procesal correspondiente. <\/p>\n
\u201c3.4.- Por ello los suscritos magistrados reiteran una vez mas la doctrina tradicional y reciente de esta Corporaci\u00f3n sobre el particular. <\/p>\n
\u201c3.4.1.- En efecto, a\u00fan bajo la vigencia de la estricta reglamentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n y de su rigurosa interpretaci\u00f3n, ahora atenuada, esta Sala nunca admiti\u00f3 la supervivencia de la deserci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, despu\u00e9s de la ejecutoria del auto admisorio de la demanda de casaci\u00f3n, cuando ella se funda en el incumplimiento de cargas procesales. Porque al estimar sujeta estas cargas al principio de la preclusi\u00f3n, ellas fenec\u00edan y se consideraban saneadas las irregularidades generadas por su incumplimiento, es decir, se ten\u00eda como saneada la deserci\u00f3n inicial del recurso extraordinario, lo cual hoy d\u00eda cobra mayor vigencia frente a la reforma a que se ha hecho menci\u00f3n. De all\u00ed que en esa oportunidad se dijera que \u2018el principio de la preclusi\u00f3n del que, como es bien sabido y al decir de Lorenzo Carnelli (Cuestiones \u2026. p.17, edici\u00f3n de 1953) \u2026 va asentando en el camino, como quien dice, la certezas menores, verdaderos puntales o, en otra forma, nudos firmes de la trama procesal que hacen posible la producci\u00f3n de la sentencia y con esta la afirmaci\u00f3n definitiva de sus decisiones componentes \u2026\u2019 esto debido a que siendo lo cierto que las leyes procesales son de orden p\u00fablico en cuanto no es dable a las partes escoger las que a bien tengan encausar el procedimiento, no puede pasarse por alto que \u2018\u2026 ella no puede impedir que como consecuencia de la abstenci\u00f3n de una parte en interponer remedios legales, se consoliden determinadas situaciones irregulares cuyo acaecimiento, por su menor gravedad, no han sido consideradas por el legislador como causales de nulidad \u2026\u2019 (G.J. Tomo XCIX, p.687). Y mas adelante se\u00f1ala la Corte con acierto que las cargas procesales, como la del pago de las costas, tambi\u00e9n precluyen, porque, expresa, \u2018la verdad es que en este caso el prove\u00eddo admisorio del escrito de formulaci\u00f3n del recurso extraordinario, fechado el veintiocho (28) de octubre de 1988 (fl. 163 del cdno. de la Corte), alcanz\u00f3 plena firmeza; a pesar de crear una situaci\u00f3n jur\u00eddica procesal ciertamente irregular, contra ella ning\u00fan reparo oportuno formul\u00f3 la parte interesada no obstante que pudo hacerlo con amplitud suficiente n\u00f3tese que para verificar la existencia de la carga insatisfecha y preparar su alegaci\u00f3n en el tiempo debido, tuvo dicha parte el expediente entero a su disposici\u00f3n desde el 28 de mayo hasta el 28 de junio de 1988 (fls. 6 y 11, vto, a 25 de este cuaderno)-, luego es claro que aquella irregularidad qued\u00f3 saneada y debi\u00f3 rechazarse, por improcedente y extempor\u00e1nea \u2026\u2019 (auto de 21 de febrero de 1989. Exp.1698). (Lo subrayado es nuestro). <\/p>\n
\u201c3.4.2.- Pero mas recientemente, bajo la vigencia de la actual Carta Pol\u00edtica de 1991, esta Sala, en sentencia del 20 de septiembre de 1994 (Exp. No.4308, acertadamente dijo lo siguiente: \u2018A t\u00edtulo de introducci\u00f3n conviene advertir que cuando una sentencia es contentiva de resoluciones ejecutables y ha sido recurrida en casaci\u00f3n por la parte agraviada, respecto de la cual no se ha solicitado por el recurrente la suspensi\u00f3n de su cumplimiento, le corresponde al Tribunal ordenar la expedici\u00f3n de copias a costa del impugnante, dentro del t\u00e9rmino legal, so pena de que el ad-quem declare desierto el recurso, o de que la Corte lo inadmita. <\/p>\n
\u201cEmpero, si a pesar de ser ejecutable el fallo proferido por el ad-quem, y sin reparo de las partes se concede el recurso extraordinario por el Tribunal, se admite luego por la Corte y se tramita hasta quedar en estado de dictar sentencia con la cual debe ultimarse el recurso extraordinario, considera la Corporaci\u00f3n que, en esas condiciones, debe decidirse tal medio de impugnaci\u00f3n, porque si bien el ordenamiento procedimental debe acatarse, tambi\u00e9n no se puede desconocer que en la misma legislaci\u00f3n ritual sienta algunas reglas que son contentivas de principios universales, entre ellas, el de que el fin de los procedimientos se contrae a la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial (art. 4 del C. de P.C.), postulado \u00e9ste que por revestir especial y trascendental importancia, el constituyente de 1991 lo elev\u00f3 a la categor\u00eda de constitucional, con mayor alcance, al establecer que en las actuaciones judiciales \u2018prevalecer\u00e1 el derecho sustancial\u2019 (art. 228), lo cual se traduce, tal como lo tiene se\u00f1alado la doctrina y la jurisprudencia, en que el derecho formulario no puede interpretarse y aplicarse con tanto rigor en procura de no sacrificar el denominado derecho sustancial, m\u00e1xime cuando las partes litigantes no se han dolido de la actuaci\u00f3n cumplida, teniendo las oportunidades legales para ello. <\/p>\n
\u201cComo antecedente de los postulados constitucionales rectores de la administraci\u00f3n de justicia, entre ellos el de la prioridad o prevalencia del derecho sustancial sobre el ritual o formal, se afirm\u00f3 en las discusiones de dicho principio por el Constituyente de 1991, que su raz\u00f3n de ser y su necesidad de entronizarlos en la Carta, radica en que \u2018se ha convertido la forma en un medio no para garantizar el derecho sino para negarlo. El descuido en el saneamiento de las formas conduce con frecuencia al Juez a dictar sentencias inhibitorias, en abstracto, o a terminar el proceso con una nulidad. Debe entenderse que forma y contenido son inseparables en el Derecho de Defensa y Debido Proceso y que por descuido del Juez o de los abogados no puede sacrificarse el derecho sustancial. Habr\u00e1 un instante en que, si no se alegaron vicios de procedimiento, \u00e9stos se entienden saneados para dar paso a la sentencia de fondo. Este principio dar\u00e1 lugar a una nueva concepci\u00f3n del derecho procesal: no m\u00e1s nulidades procesales al momento del fallo, ni sentencias inhibitorias, ni sentencias en abstracto, ni mucho menos sentencias absolutorias cuando el juez se considera incompetente, como ha sucedido muchas veces de modo lamentable. — Hoy el procedimiento se ha convertido en una excusa para eludir el fallo y negar el derecho impetrado\u2019. <\/p>\n
\u201cClaro est\u00e1, y es entendible, que no pretendi\u00f3 el Constituyente de 1991 hacer tabla raza del derecho instrumental o procedimental, sino proscribir el excesivo rigorismo formal, pues de no ser as\u00ed, no resultar\u00eda f\u00e1cil explicar que por otra parte la misma Carta Pol\u00edtica exija, como uno de los elementos del debido proceso, la observancia de las formas propias de cada juicio, tal como lo ha puesto de presente la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional\u201d. <\/p>\n
\u201cEn pos de estos criterios, resulta mas aceptable resolver el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada, que sustraerse al conocimiento del mismo, lo cual explica las reflexiones que seguidamente se sientan\u2026\u201d (Las subrayas tambi\u00e9n son nuestras).\u201d. <\/p>\n
4.- Por todo lo expuesto, el suscrito estima que en el caso sub-examine ha debido ser de m\u00e9rito y no inhibitorio el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
<\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
<\/p>\n
1 Auto 30 de enero de 1997, reiterando entre otros los de 17 de mayo de 1995 y 26 de febrero de 1996. <\/p>\n
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, auto de 25 de enero de 1994. <\/p>\n
3 G. J. Tomo CLXXVI, p\u00e1g. 103, sentencia de 15 de marzo de 1994, reiterando doctrina anterior. <\/p>\n
4 Cfr. G. J. Tomo CCXXXI, segundo semestre, volumen I, p\u00e1gs. 534-535. <\/p>\n
5 G. J. Tomo CCXXXI, segundo semestre, volumen II, p\u00e1gs. 1010-1017. <\/p>\n
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S-052-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba.) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997) Referencia: Expediente No. C-4712 Dec\u00eddese lo pertinente en torno al recurso de casaci\u00f3n interpuesto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81488","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81488","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81488"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81488\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81488"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81488"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81488"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}