S-053-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de Octubre de mil novecientos noventa y siete (1997).- <\/p>\n
Referencia: Expediente 4850 <\/p>\n
Se decide por la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandado ELIAS RODRIGUEZ BARRAGAN contra la sentencia de fecha siete (7) de diciembre de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 -Sala de Familia- para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso de filiaci\u00f3n adelantado por la menor M\u00d3NICA NATALIA RODRIGUEZ contra dicho recurrente y las personas indeterminadas que tengan la condici\u00f3n de herederos de Jairo Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez (q.e.p.d.) <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
1. Mediante escrito presentado el veintid\u00f3s (22) de abril de 1992 ante el Juzgado Trece de Familia de esta ciudad, complementado el once (11) de mayo siguiente, Gladys Tomasa Rodr\u00edguez Yomayusa en representaci\u00f3n de su menor hija MONICA NATALIA RODRIGUEZ demand\u00f3 por los tr\u00e1mites del proceso ordinario a ELIAS RODRIGUEZ BARRAG\u00c1N y a los herederos indeterminados de Jairo Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez para que en sentencia se declare que la menor demandante es hija extramatrimonial de este \u00faltimo; en consecuencia se pide all\u00ed que se reconozca que la citada menor tiene derechos patrimoniales en la sucesi\u00f3n de su difunto padre, en concurrencia con quienes demostraren igual derecho, que se ordene oficiar a la Notar\u00eda 34 de Bogot\u00e1 para que haga la respectiva anotaci\u00f3n en el Registro Civil de nacimiento de la actora y en fin, que si la parte demandada se opone, sea condenada a pagar las costas del proceso. <\/p>\n
Como antecedentes de hecho para formular la anterior solicitud, indica la actora que Gladys Tomasa Rodr\u00edguez y Jairo Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez eran primos entre si y en raz\u00f3n al afecto que se prodigaban, naci\u00f3 entre ellos un sentimiento m\u00e1s profundo que los llev\u00f3 a vivir juntos desde junio de 1989 en Carmen de Carupa (Cundinamarca), inicialmente, y a partir de agosto de 1990 se trasladaron a Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 donde vivieron en un inmueble arrendado a Elberto Artunduaga Ospina donde Jairo daba a Gladys Tomasa el trato de c\u00f3nyuge, hecho conocido y notorio entre sus amigos, parientes y dem\u00e1s relacionados; como fruto de dicha uni\u00f3n se procre\u00f3 la menor MONICA NATALIA quien naci\u00f3 exactamente un mes despu\u00e9s de que su padre sufriera un accidente de trabajo en el cual perdi\u00f3 la vida. <\/p>\n
Notificada la demanda a los herederos indeterminados y a ELIAS RODRIGUEZ BARRAGAN, padre del causante, la contestaron tanto el curador ad litem como el citado heredero, oponi\u00e9ndose a las pretensiones incoadas y solicitando que las afirmaciones realizadas por la demandante, sean debidamente probadas. <\/p>\n
2. Tramitado el asunto con la producci\u00f3n de pruebas solicitadas por las partes, el primer grado termin\u00f3 con sentencia del quince (15) de julio de 1993 por la cual el juzgado del conocimiento declar\u00f3 que la menor M\u00d3NICA NATALIA RODRIGUEZ es hija extramatrimonial de Jairo Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez; que en consecuencia, la citada menor tiene derechos patrimoniales conforme a la ley en la sucesi\u00f3n de su difunto padre, y as\u00ed mismo, dispuso que se oficie a la Notar\u00eda correspondiente para sustituir el Registro Civil de la actora incluyendo la identidad del padre, conden\u00f3 en costas al demandado y a los herederos indeterminados y dispuso que para el evento de no ser apelada, la sentencia se someta a consulta con el Superior. <\/p>\n
Inconforme con lo as\u00ed resuelto, interpuso recurso de apelaci\u00f3n el opositor ELIAS RODRIGUEZ BARRAGAN, motivo por el cual subi\u00f3 el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 -Sala de Familia-, donde, admitido dicho recurso por auto del veinticinco (25) de agosto de 1993, se corri\u00f3 traslado para alegar, derecho del cual hicieron uso el apelante y el apoderado de la actora, luego de lo cual por medio de providencia fechada el siete (7) de diciembre de 1993, se confirm\u00f3 \u00edntegramente la sentencia recurrida y se conden\u00f3 en costas al apelante. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
Luego de advertir que se ocupar\u00e1 de resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, omitiendo en consecuencia toda referencia al grado de consulta, inicia el tribunal sus consideraciones se\u00f1alando que no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado y que se hallan cumplidos los presupuestos procesales, y esto por cuanto si bien se insiste en que el curador ad litem no fue notificado del auto admisorio de la demanda, lo cierto es que dicho auxiliar la contest\u00f3 y su oposici\u00f3n fue tenida en cuenta por el juzgado del conocimiento, estimando as\u00ed el ad quem que en estas condiciones, se cumpli\u00f3 la finalidad que tiene dicha notificaci\u00f3n de permitirle a su destinatario conocer el contenido de la providencia inicial para no menoscabar el derecho de defensa, a lo que agreg\u00f3 que, \u201cadem\u00e1s el apelante no cuenta con inter\u00e9s para alegar la existencia de nulidad\u201d. <\/p>\n
Pasando as\u00ed al examen de la cuesti\u00f3n de fondo debatida, en el an\u00e1lisis de las pruebas recaudadas para establecer si se re\u00fanen los requisitos exigidos por el numeral 4o. del art\u00edculo 6o. de la ley 75 de 1968 para fundar la presunci\u00f3n de paternidad en dicho precepto consagrada, advierte el Tribunal que al ser estudiadas las declaraciones de Ramiro Enrique Rodr\u00edguez R., Gabriel Alonso Rodr\u00edguez, Luis Eduardo Robayo, Aleyda Pacheco Celis y Elberto Artunduaga Ospina, acerca de cuyo contenido hace una completa s\u00edntesis, puede establecerse que entre Jairo Rodr\u00edguez y Gladys Tomasa Rodr\u00edguez existi\u00f3 en verdad una relaci\u00f3n marital, que convivieron bajo el mismo techo hasta la muerte de Jairo y que Gladys Tomasa qued\u00f3 en estado de embarazo, fruto del cual naci\u00f3 la menor M\u00d3NICA NATALIA RODRIGUEZ, \u201c \u2026 elementos que de manera clara y precisa se\u00f1alan hechos indispensables para una decisi\u00f3n en el fondo del asunto\u201d. <\/p>\n
Afirma el fallador que, de otra parte, la versi\u00f3n de CAMPO ELIAS RODRIGUEZ contrasta con lo dicho por los citados testigos, especialmente en cuanto al lugar de habitaci\u00f3n de Gladys Tomasa y con quien viv\u00eda cuando muri\u00f3 Jairo y la relaci\u00f3n marital que esta tenia con el causante; adem\u00e1s de lo anterior considera el tribunal que tanto sobre esta declaraci\u00f3n como sobre la de Mar\u00eda Ana Rosa Poveda concurren motivos para considerar que sus dichos resultan sospechosos y por ello no los tiene en cuanta como material probatorio. Agrega que a los dem\u00e1s declarantes, a saber: Jos\u00e9 Antonio Roa Rodr\u00edguez, Rafael Luque y Alfonso L\u00f3pez Ballesteros si bien no les consta nada de lo relacionado con los hechos de la demanda, cuando afirman hechos contrarios sus manifestaciones \u201cson vagas e imprecisas y se limitan simplemente a responder a la pregunta formulada sin especificar circunstancias propias que debe reunir la prueba testimonial\u201d. Por consiguiente, dice el sentenciador, las respuestas en estudio no producen convicci\u00f3n en el juzgador, ni permiten desvirtuar los hechos demostrados con las declaraciones de los testigos inicialmente citados, a\u00f1adiendo, tambi\u00e9n, que debe tenerse en cuenta que la prueba cient\u00edfica de sangre realizada a la menor demandante, a su madre junto al padre y los hermanos de la persona a quien le es atribuida la paternidad, arroj\u00f3 resultado de compatibilidad. <\/p>\n
En cuanto al documento que contiene los t\u00e9rminos de un contrato de arrendamiento del apartamento donde viv\u00edan Jairo y Gladys Tomasa, apunta la corporaci\u00f3n sentenciadora que fue inicialmente celebrado en agosto de 1990 y cuando venci\u00f3 el t\u00e9rmino estipulado, se renov\u00f3 mediante documento que fue materia de reparo por el recurrente con el argumento de que aparece autenticada la firma con anterioridad a la fecha indicada en el documento como aqu\u00e9lla a partir de la que deb\u00eda comenzar a contarse el nuevo t\u00e9rmino, \u201cpero que analizada tal circunstancia se concluye que no pod\u00eda ser anterior al 23 de agosto de mil novecientos noventa y uno (1991), porque todav\u00eda no hab\u00eda vencido el a\u00f1o estipulado como t\u00e9rmino de duraci\u00f3n del primer contrato\u201d. <\/p>\n
Como conclusi\u00f3n final del an\u00e1lisis, la sentencia expresa: \u201cAs\u00ed las cosas, y como quiera que la menor MONICA NATALIA RODRIGUEZ YOMAYUSA, naci\u00f3 el veintid\u00f3s (22) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992), y seg\u00fan lo normado por el art\u00edculo 92 del C.C., se presume de derecho que su concepci\u00f3n pudo tener lugar en el lapso comprendido entre el veintiocho (28) de mayo y el veinticinco (25) de septiembre de mil novecientos noventa y uno (1991), \u00e9poca para la cual seg\u00fan la versi\u00f3n de los declarantes, Ramiro Enrique Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, Gabriel Alonso Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, Luis Eduardo Robayo Rodr\u00edguez y Aleyda Pacheco Celis, Jairo Rodr\u00edguez (fallecido el 22 de febrero de 1992) hac\u00eda vida marital con Gladys Tomasa Rodr\u00edguez Yomayusa, ya que conviv\u00edan bajo un mismo techo y \u00e9l la presentaba ante sus familiares y amigos como su esposa, sin que exista prueba dentro del expediente que Gladys Tomasa sostuviera relaciones amorosas con otros hombres para la misma \u00e9poca en que pudo tener lugar la concepci\u00f3n de su hija, debe darse aplicaci\u00f3n al numeral 4o., del art\u00edculo 6o., de la Ley 75 de 1968, declarando judicialmente la paternidad natural, pues la valoraci\u00f3n de las pruebas documentales y testimoniales que obran en el proceso, se\u00f1alan a Jairo Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez como el padre de la menor MONICA NATALIA RODRIGUEZ YOMAYUSA\u201d. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACION Y CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
Tres cargos formula el recurrente contra la sentencia, los dos primeros por motivos de nulidad y el tercero por la primera de las causales que consagra el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Teniendo en cuenta que a juicio de la Corte prospera el cargo segundo, el an\u00e1lisis se circunscribir\u00e1 a \u00e9ste por cuanto el defecto que denuncia y cuya existencia habr\u00e1 de quedar verificada, afecta la validez del proceso desde la admisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte opositora. <\/p>\n
Cargo segundo: <\/p>\n
Acudiendo a la causal quinta de casaci\u00f3n, por esta v\u00eda se impugna la sentencia por haberse incurrido, durante el tr\u00e1mite de instancia, en la causal de nulidad prevista en el numeral 3o. del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Afirma el recurrente que en la demanda introductoria del proceso se incluy\u00f3 como demandados a los herederos indeterminados de Jairo Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, que en el auto admisorio se orden\u00f3 su citaci\u00f3n y emplazamiento en la forma y t\u00e9rminos del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y que en desarrollo de lo anterior, por auto del veintid\u00f3s (22) de julio de 1992 se les design\u00f3 como curador ad litem a Luis Ernesto Rojas Larrota quien se notific\u00f3 y contest\u00f3 la demanda. Por ello, la sentencia de primer grado orden\u00f3 la consulta, toda vez que fue adversa a los demandados incluyendo a los herederos indeterminados representados por el curador ad litem y a la vez la apoderada del heredero determinado apel\u00f3 la sentencia en recurso que fue concedido, mientras que el curador guard\u00f3 silencio. El Tribunal admiti\u00f3 y tramit\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el demandado determinado, pero omiti\u00f3 el tr\u00e1mite de la consulta de la sentencia, ordenada en tal providencia, omisi\u00f3n que implica pretermitir una instancia y motiva que se configure la causal 3a. del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma de orden p\u00fablico y por tanto de obligatorio cumplimiento. <\/p>\n
Manifiesta la censura, apoyada en citas de jurisprudencia, que en el proceso civil se instituye la consulta como un segundo grado de la competencia funcional que de pretermitirse impide que la sentencia quede ejecutoriada, consulta que deja de ser necesaria tan s\u00f3lo cuando el sujeto de derecho, \u00fanico o plural, en cuyo favor ha sido instituida, haga uso del recurso de apelaci\u00f3n o expresamente consienta en la decisi\u00f3n desfavorable a sus intereses. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
1. Bien sabido es que para poderlo invocar con \u00e9xito, el motivo quinto de casaci\u00f3n, consistente en haberse incurrido en alguna de las causales de nulidad previstas en el art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, deben darse por lo tanto varias condiciones que la Corte de manera reiterada ha se\u00f1alado (G. J. Tomos XLI BIS p\u00e1g. 132, CXXXVI, p\u00e1g. 143 y CLII, p\u00e1g. 219, entre muchas otras), condiciones que en s\u00edntesis son las siguientes: a) Que las irregularidades aducidas como constitutivas de nulidad general existan realmente; b) Que adem\u00e1s de corresponder a realidades procesales comprobables, esas irregularidades est\u00e9n contempladas taxativamente dentro de las causales de nulidad adjetiva que enumera el referido art\u00edculo 140; y por \u00faltimo, c) Que concurriendo los dos presupuestos anteriores y si son saneables, respecto de las nulidades as\u00ed en principio caracterizadas no aparezca que fueron convalidadas por el asentimiento expreso o t\u00e1cito de la persona legitimada para hacerlas valer. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, preciso es comenzar en el caso presente estableciendo si, al tenor de los datos que el expediente arroja, existe en verdad una irregularidad de tal naturaleza que en sus contornos objetivos pueda identificarse con aquella situaci\u00f3n ante cuya ocurrencia el art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedi\u00admiento Civil, en su tercer numeral, ordena la anulaci\u00f3n del procedimiento adelantado, y con vista en dicho prop\u00f3sito vienen a la medida criterios expuestos por la Corte (G.J. Tomo CCXXII, p\u00e1g. 442) acerca del fundamento de la consulta, entendida como una especie de revisi\u00f3n oficiosa a la que est\u00e1n sometidas determinadas sentencias, y las consecuencias, serias por cierto, que trae el ignorarla cuando debe ella surtirse de acuerdo con la ley. <\/p>\n
En efecto, en el \u00e1mbito del proceso civil el art\u00edculo 386 del C\u00f3digo del ramo instituye la consulta como un segundo grado de competencia funcional que tiene cabida en cierta clase de negocios y seg\u00fan sea el sentido de la decisi\u00f3n en ellos tomada por el a quo, grado que en defecto de apelaci\u00f3n de parte interesada tiene que ser abierto de oficio, correspondi\u00e9ndole al superior examinar la legali\u00addad integral de la sentencia proferida que, como lo pregona de modo concluyente el art\u00edculo 331, inciso segundo, de aquella codificaci\u00f3n, queda entre tanto sin adquirir firmeza. Y entre los fallos que reclaman revi\u00adsi\u00f3n de esta estirpe se encuentran, como es sabido tambi\u00e9n, todos aquellos que contengan pronun\u00adciamientos jurisdiccionales adversos a quienes estuvieron representados en el proceso por curador ad litem, \u00ab… lo cual -apunta la Corte- se ha dicho que es apenas obvio y explicable que as\u00ed se dispusiera, para garantizarle en mejor forma los derechos a quienes se encuentran repre\u00adsentados en esas condiciones y, por dem\u00e1s, para precaver\u00adlos de una posible conducta desidiosa de su representante en el debate litigioso o, de no ser as\u00ed, no tener el curador la suficiente informaci\u00f3n que le permita asumir una defensa eficaz de los derechos de su representado …\u00bb (G.J.T. CLXXX, p\u00e1g. 209). <\/p>\n
Queda entendido, pues, que la consulta, cual lo indic\u00f3 esta corporaci\u00f3n en providencia atr\u00e1s citada, es un grado de marcada calidad inquisitiva que, en los eventos en que es obligatorio evacuarlo, \u00fanicamente puede ser reemplazado por el recurso de apelaci\u00f3n en tanto este, en concreto, haya de entenderse interpuesto por el litigante en cuyo favor ha sido consagrada la consulta, \u00ab… porque si el objetivo de esta -como discurre l\u00edneas adelante la misma doctrina reci\u00e9n citada- es dar origen a una segunda instancia y obtener una revisi\u00f3n oficiosa del fallo, tal objetivo se cumple con la interposici\u00f3n del recurso de alzada …\u00bb en esas condiciones, interposici\u00f3n que valga reiterarlo, puede producirse de modo directo y tambi\u00e9n por extensi\u00f3n de los efectos de un recurso de la misma \u00edndole hecho valer por un litiscon\u00adsorte necesario (Art. 51 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil). Luego si trat\u00e1ndose de una sentencia que por mandato de la ley es consultable, la segunda instancia respecto de ella se cumple tan s\u00f3lo con vista en el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por una persona diferente de aquella y sujeta por tanto a las condignas vinculacio\u00adnes procesales que en tesis general son las atinentes al principio de la personalidad en la apelaci\u00f3n, es indiscu\u00adtible que toda una instancia se habr\u00e1 preter\u00admitido con menoscabo evidente de las garant\u00edas en juicio a que tiene derecho el \u00ab… beneficiario de la consulta …\u00bb (Cas. Civ. de 8 de agosto de 1988, no publicada oficial\u00admente), lo que envuelve la existencia de una nulidad que, de confor\u00admidad con el inciso final del art\u00edculo 144 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, es radical y por consi\u00adguiente no susceptible de saneamiento, habida cuenta que en situaciones con las caracter\u00edsticas descritas, no es posible fraccionar la instancia y por lo tanto es deber del ad quem tramitar de acuerdo con la ley y decidir en forma simult\u00e1nea, no solamente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, sino tambi\u00e9n la consulta, esto \u00faltimo oficiosamente y con la amplitud propia que corresponde a este grado especial de competencia funcional. <\/p>\n
3. Pasando ahora a la especie que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, verdad es que sustanci\u00f3 el Tribunal el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el \u00fanico demandado que personalmente acudi\u00f3 a estar a derecho en el proceso, pero asimismo salta a la vista que la consulta, ordenada por el juzgado de primera instancia en obedecimiento del art\u00edculo 386 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, no se tramit\u00f3 ni menos todav\u00eda de decidirla se ocup\u00f3 esa corporaci\u00f3n en la sentencia impugnada en casaci\u00f3n, de donde se desprende sin lugar a dudas que a la censura le asiste raz\u00f3n pues frente a los herederos indeterminados representados por curador ad litem, se pretermiti\u00f3 la segunda instancia y para ellos, mientras en debida forma el grado de consulta no se agote, la providencia en su contra proferida y confirmada por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, jam\u00e1s alcanzar\u00e1 ejecutoria. Siendo as\u00ed las cosas, existe la nulidad alegada en este primer cargo, motivo por el cual est\u00e1 llamado a prosperar y ello implica casar la sentencia atacada a fin de que la Corte, en sede de instancia y con apoyo en el art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, efect\u00fae la declaraci\u00f3n de rigor cuya eficacia invalidativa comienza a partir del auto de fecha veinticinco (25) de agosto de 1993 que obra a folio 3 del cuaderno del Tribunal. <\/p>\n
DECISION: <\/p>\n
En m\u00e9rito de las consideraciones preceden\u00adtes, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de fecha siete (7) de diciembre de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 -Sala de Familia-, en el proceso de filiaci\u00f3n adelantado por la menor MONICA NATALIA RODRIGUEZ contra ELIAS RODRIGUEZ BARRAGAN y las personas indeterminadas que tangan la condici\u00f3n de herederos de Jairo Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez (q.e.p.d.) y en su lugar resuelve: <\/p>\n
PRIMERO.- Declarar la nulidad de toda la actuaci\u00f3n surtida en este proceso a partir del auto de fecha veinticinco (25) de agosto de 1993 por el cual se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite, \u00fanicamente, el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de primer grado. <\/p>\n
SEGUNDO.- A partir de all\u00ed se renovar\u00e1 de acuerdo con la ley la actuaci\u00f3n anulada. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n. <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
<\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
S-053-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de Octubre de mil novecientos noventa y siete (1997).- Referencia: […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81489","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81489","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81489"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81489\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81489"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81489"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81489"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}