S-054-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997).- <\/p>\n
Ref: Expediente No. 4884 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandada contra la sentencia de 26 de noviembre de 1993, proferida por el Tribunal Superior -Sala de Familia- del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 en el proceso de Ciro Antonio Garz\u00f3n Pedraza contra Ligia Celis de Garz\u00f3n. <\/p>\n
I. Antecedentes <\/p>\n
1. En la demanda que origin\u00f3 el proceso en cuesti\u00f3n se pidi\u00f3 la separaci\u00f3n de bienes dentro del matrimonio celebrado por las partes, y la consiguiente liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, a lo cual accedi\u00f3 el juzgado 27 civil del circuito de Bogot\u00e1, seg\u00fan fallo estimatorio de 31 de agosto de 1981, confirmado luego por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 mediante el suyo de 24 de abril de 1982. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s -agreg\u00f3-, tales \u00abcuotas o acciones, no se encuentran embargadas por su Despacho, como lo afirma el demandante, porque si bien es cierto que se les hab\u00eda decretado esta medida, tambi\u00e9n lo es el hecho de que fueron desembargadas con base en lo estipulado por el art\u00edculo 691 numeral 2o., por el Juzgado 7o. Civil del Circuito de Bogot\u00e1, dentro del proceso ejecutivo de Luis A. Quintero contra Ligia Celis que all\u00ed se tramit\u00f3\u00bb. <\/p>\n
El incidente que entonces se tramit\u00f3 fue clausurado mediante prove\u00eddo de 9 de julio de 1991, denegatorio de la antedicha exclusi\u00f3n. El a quo se fundament\u00f3 principalmente en que al tiempo de la referida cesi\u00f3n se encontraban las acciones fuera del comercio por encontrarse embargadas, desde luego que jam\u00e1s hubo levantamiento de la medida por parte del juzgado que lo decret\u00f3, esto es, el 27 civil del circuito; \u00abPor tanto -asegur\u00f3 el juzgado- estando el derecho embargado, la venta de bienes fuera del comercio, entendiendo que en este caso la venta solo se perfecciona con el registro comercial, es nula, no produce el efecto de sacar del patrimonio el bien y por tanto, debe en este caso la c\u00f3nyuge la recompensa a la Sociedad Conyugal, pues al quedar en firme la sentencia de separaci\u00f3n de bienes, este bien vendido SI SE ENCONTRABA DENTRO DE LOS BIENES DE UNO DE LOS SOCIOS\u00bb. <\/p>\n
Decisi\u00f3n que mantuvo tras decidir la reposici\u00f3n interpuesta por la demandada, al tiempo que concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n; pero \u00e9sta se declar\u00f3 luego desierta, porque la recurrente no suministr\u00f3 lo necesario para la expedici\u00f3n de las copias ordenadas. <\/p>\n
3. Cuando la partici\u00f3n fue dada en traslado, la demandada hizo las peticiones que contiene el libelo visto a folios 1 a 3 del cuaderno 8. El incidente que a la saz\u00f3n se adelant\u00f3, termin\u00f3 por auto de 13 de abril de 1993, por virtud del cual el juzgado orden\u00f3 rehacer la partici\u00f3n para ajustarla a las observaciones que all\u00ed relacion\u00f3. <\/p>\n
Rehecha la partici\u00f3n (folios 280 a 289 del cuaderno principal), se dio en traslado a la partes por medio del auto de 28 de junio de 1993, frente a la cual solicit\u00f3 la demandada \u00abRETROTRAER en lo actuado a fin de verificar el EQUILIBRIO PROCESAL reclamado a fin de que con ello no se haga nugatoria la reclamaci\u00f3n de mi procurada, debi\u00e9ndose si se evidencia la inobservancia de tal equilibrio recurrirse a declarar las invalidaciones a que hubiere lugar a fin de imponer el imperio de la ley procesal y sustantiva\u00bb, y \u00abORDENAR que el partidor, en el t\u00e9rmino judicial que estime el Despacho, proceda a cumplir cabalmente el mandato del Juzgado en el auto que orden\u00f3 rehacer la partici\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n el mandato del art. 237 parte final del C. de P. Civil\u00bb. <\/p>\n
4. El juzgador de primer grado, considerando que fue un error dar en traslado la partici\u00f3n rehecha, declar\u00f3 sin valor y efecto el prove\u00eddo que as\u00ed lo hab\u00eda dispuesto; en consecuencia, rechaz\u00f3 \u00abla objeci\u00f3n presentada por el nuevo apoderado de la parte demandada por improcedente y extempor\u00e1neo\u00bb, y aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n. <\/p>\n
5. Dicha sentencia fue apelada por Ligia Celis Segura, la que confirm\u00f3 el tribunal superior de Bogot\u00e1 por la que ahora es objeto del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
II. La sentencia del tribunal <\/p>\n
Una vez que relat\u00f3 la cuesti\u00f3n litigiosa, se\u00f1al\u00f3 que la apelaci\u00f3n se basa en circunstancias que ya fueron debatidas, incluso desde los propios inventarios, \u00aby que, por ende, ya surtieron plena ejecutoria, sin que sea dable controvertirlas nuevamente al t\u00e9rmino de la liquidaci\u00f3n respectiva\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que el postulado de la preclusi\u00f3n sube aqu\u00ed de punto, toda vez que la partici\u00f3n ha de tener la base s\u00f3lida de un inventario \u00abque haya cumplido, satisfactoriamente, con el principio de contradicci\u00f3n\u00bb, especialmente en cuanto al valor de los bienes y su inclusi\u00f3n dentro del mismo; cuestiones que \u00abpara el caso debatido ya hab\u00eda resuelto el A-QUO mediante providencias que, en su momento, quedaron en firme, y las cuales ahora no es posible debatir (folios 327 del cuaderno numero 5)\u00bb. <\/p>\n
Subray\u00f3 a continuaci\u00f3n que frente a un trabajo partitivo \u00abque se presenta para subsanar las deficiencias que el juzgado haya relacionado en la providencia que lo ordena\u00bb, solamente se \u00abacredita la procedencia\u00bb de la apelaci\u00f3n en cuanto \u00aba los puntos nuevos que se hubiesen incluido en \u00e9l, o a las reiteradas deficiencias en que se incurriera en contraposici\u00f3n a lo ordenado dentro del auto que dispuso rehacerlo\u00bb. <\/p>\n
De donde se sigue -dio en reiterar- que la apelaci\u00f3n no puede ser para \u00abrevivir objeciones zanjadas\u00bb, ni etapas procesales ya superadas. Motivo que hall\u00f3 suficiente para confirmar la sentencia impugnada. <\/p>\n
Finalmente record\u00f3 que el derecho sustancial \u00abno se erige en forma aut\u00f3noma e independiente del derecho procesal\u00bb, como para invocarse, sin m\u00e1s, su prevalencia, pues que ambos forman un concepto armonioso; \u00absin que adem\u00e1s ninguno se haya violado en este caso\u00bb. <\/p>\n
III. La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
El \u00fanico cargo que se formula denuncia la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1374, 1391, 1394, 1602, 1781 (numeral 5), 1821 y 1832 del C\u00f3digo Civil, 1o. de la ley 28 de 1932, y 115, 117, 118, 158, 160, 166, 188 y 366 del C\u00f3digo de Comercio, por falta de aplicaci\u00f3n; y 1782, 1788, 1793 y 1795 del C\u00f3digo Civil, por aplicaci\u00f3n indebida. Todo como efecto de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Para el censor es equivocado partir del supuesto falso de que la diligencia de inventario de bienes es intangible, no m\u00e1s que por la ejecutoria de la providencia que lo aprueba; esa fue la raz\u00f3n -agrega- por la cual no se revis\u00f3 la sentencia apelada, aduciendo el tribunal que de otro modo implicar\u00eda \u00abrevivir objeciones zanjadas lo cual no es posible en la segunda instancia por el principio de la preclusi\u00f3n de los actos procesales\u00bb. Es decir, le suministr\u00f3 a la ejecutoria del auto aprobatorio del inventario el car\u00e1cter de \u00abcosa juzgada formal y material (…) olvidando el principio de que lo interlocutorio no ata ni al juez ni a las partes e ignorando que \u00fanicamente producen fuerza de cosa juzgada las sentencias ejecutoriadas proferidas en proceso contencioso\u00bb. <\/p>\n
Por consecuencia, tal error condujo al juzgado a creer en la inmutabilidad de la diligencia de inventario, y a estimar \u00abque todos los bienes incluidos en el inventario componen el haber de la sociedad conyugal\u00bb; abst\u00favose as\u00ed de verificar que el inventario es ama\u00f1ado y confuso, pues comprende bienes que no tienen el car\u00e1cter de sociales, como ocurri\u00f3 con las 2.640 partes o cuotas de inter\u00e9s social que la demandada ten\u00eda en la Industria Ladrillera del Norte Limitada, las cuales enajen\u00f3 a sus hermanas Gladys y Esperanza Celis Suesc\u00fan, seg\u00fan consta en la escritura p\u00fablica 773 de 17 de abril de 1980, de la notar\u00eda 20 de Bogot\u00e1, registrada en la c\u00e1mara de comercio de Bogot\u00e1. <\/p>\n
\u00abTan no se consider\u00f3 por el Ad-quem ese acervo probatorio\u00bb, que no tuvo en cuenta los siguientes hechos, debidamente demostrados: <\/p>\n
– El actor conoci\u00f3 la cesi\u00f3n de las cuotas. <\/p>\n
– Cuando se llev\u00f3 a cabo el registro mercantil de la venta (21 de junio de 1982), ya no exist\u00eda embargo, toda vez que lo hab\u00eda levantado el juzgado s\u00e9ptimo civil del circuito de Bogot\u00e1; lo que es decir, hab\u00edase levantado el que a su vez hab\u00eda cancelado, por efecto de la prelaci\u00f3n de embargos, el decretado por el juzgado 27 civil del circuito, tambi\u00e9n de Bogot\u00e1. <\/p>\n
– Total, no existiendo embargo, la mentada cesi\u00f3n de cuotas tuvo plena eficacia y su inscripci\u00f3n en el registro mercantil h\u00edzola oponible a terceros, \u00abaun al esposo demandante\u00bb; por ende, tales cuotas dejaron de pertenecer a la sociedad conyugal desde el 21 de junio de 1982, \u00e9poca por la cual la c\u00f3nyuge ten\u00eda la libre administraci\u00f3n de sus bienes, desde luego que la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal ocurri\u00f3 el 28 del mismo junio, justamente cuando qued\u00f3 en firme, por el fallo confirmatorio del tribunal, la separaci\u00f3n de bienes. <\/p>\n
– El a quo se arrog\u00f3, de manera inconstitucional, ilegal e ins\u00f3lita, competencia para decretar unilateralmente la nulidad absoluta de la escritura ya citada. <\/p>\n
– Los peritos S\u00e1nchez y Ad\u00e1n avaluaron ladinamente el patrimonio de la sociedad, \u00abdesconociendo que la sociedad es una persona jur\u00eddica distinta de los socios individualmente considerados e incluyeron en \u00e9l, como si fueran bienes de los esposos, los activos de la compa\u00f1\u00eda, seg\u00fan dictamen que puede leerse a los folios 140 a 251 del cuaderno No. 5\u00bb. <\/p>\n
Tras relacionar lo anterior, el censor se\u00f1al\u00f3 que la omisi\u00f3n del sentenciador, consistente en no ver esos hechos probados, \u00ablo condujo a no aceptar las objeciones a la partici\u00f3n dizque por no poder revivir etapas preclu\u00eddas\u00bb y a tener por aprobada una partici\u00f3n que no consulta la realidad del inventario de los bienes que realmente componen el haber de la sociedad conyugal. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
1) De entrada se aprecia que el cargo no est\u00e1 llamado a buen suceso, porque adolece de una protuberante falla en su formulaci\u00f3n. Bien se sabe, ciertamente, que el tribunal, para decidir la apelaci\u00f3n, esgrimi\u00f3 solamente el principio de la preclusi\u00f3n de los actos procesales. Esto es, consider\u00f3 que la discusi\u00f3n del impugnante ya hab\u00eda sido objeto de definici\u00f3n dentro del litigio, y que entonces no hab\u00eda lugar para replanteamientos en segunda instancia. <\/p>\n
Como se palpa, el ad quem jam\u00e1s se ocup\u00f3 de estudiar el fondo de la opugnaci\u00f3n, porque a su juicio algo se lo imped\u00eda: dijo tropezar ineludiblemente con el valladar que representa la preclusi\u00f3n. De este modo, para nada toc\u00f3 el aspecto probatorio de la controversia que planteaba el apelante; y siendo as\u00ed, como en verdad es palmario, nunca podr\u00e1 reproch\u00e1rsele defectos de apreciaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Por manera que si el recurrente, como ac\u00e1 sucede, con evidente olvido de lo realmente acontecido, abre diciendo que la causa de la violaci\u00f3n de la ley consisti\u00f3 en los yerros de hecho que se cometieron en el an\u00e1lisis de las pruebas, edifica la acusaci\u00f3n sobre una base inexistente, y, por lo mismo, siega toda posibilidad de \u00e9xito. <\/p>\n
Bien es verdad, entonces, que el presunto yerro del tribunal no pudo presentarse all\u00ed. La causa que detuvo al sentenciador en el umbral del asunto, y que precisamente le impidi\u00f3 dar un paso adelante para sopesar el litigio propuesto por el apelante, estriba en que no es partidario de que procesalmente se desanden los pasos para reexaminar situaciones ya definidas dentro del juicio; as\u00ed lo admite el propio recurrente al decir que el juzgador entendi\u00f3 que all\u00ed hab\u00eda cosa juzgada formal y material. Argumento que sin ning\u00fan g\u00e9nero de duda es ajeno a cuesti\u00f3n probativa alguna; y, como el ataque del casacionista debi\u00f3 enfilarse prioritariamente a remover ese obst\u00e1culo, es claro que a trav\u00e9s de la causal primera de casaci\u00f3n no pod\u00eda escoger la v\u00eda que reclama como cosa propia las discusiones probatorias, cual es la indirecta. En efecto, esta v\u00eda se presenta -ha dicho la Corte- cuando \u00abla equivocada aplicaci\u00f3n del derecho sustancial o su no aplicaci\u00f3n es el resultado de los yerros en que incurre el fallador en el campo probatorio\u00bb (Cas. de 4 de septiembre de 1980, no publicada oficialmente). <\/p>\n
2) Todav\u00eda cabe decir que ni auncuando se prescindiese de lo dicho, se barrunta \u00e9xito alguno de la casaci\u00f3n. Pues ha de verse que la preclusi\u00f3n aducida por el juzgador se dibuja con l\u00edneas m\u00e1s pronunciadas observ\u00e1ndose que aqu\u00ed habl\u00f3 la demandada en contra de la partici\u00f3n, exactamente en el punto que ahora cuestiona en casaci\u00f3n, vale decir, lo inherente a la inclusi\u00f3n en la masa partible de las 2640 cuotas de inter\u00e9s social, dentro de un traslado que nunca debi\u00f3 existir, tal como el a quo lo puso de resalto en su momento. Pues es cierto que de una partici\u00f3n rehecha no cabe dar traslado; en rigor de verdad, pues, ya no hab\u00eda oportunidad apta para hablar en contra de la partici\u00f3n, en ning\u00fan sentido; s\u00f3lo cabr\u00eda arg\u00fcir el desacoplamiento del trabajo con las indicaciones dadas por el juzgador, punto acerca del cual, a prop\u00f3sito, es de se\u00f1alarse que el censor no combate en el cargo la pertinente apreciaci\u00f3n del tribunal, cuando precisamente fue del parecer de que \u00fanicamente admitir\u00eda discutirse en relaci\u00f3n con \u00abpuntos nuevos que se hubiesen incluido en \u00e9l, o a las reiteradas deficiencias en que se incurriera en contraposici\u00f3n a lo ordenado dentro del auto que dispuso rehacerlo\u00bb. De esta manera, quiso la demandada aprovechar el yerro del juzgado para plantear lo que ni siquiera dijo cuando se dio el traslado riguroso de la partici\u00f3n inicialmente presentada, pues entonces apenas s\u00ed pidi\u00f3 unas aclaraciones, ninguna de las cuales relativa a la inclusi\u00f3n de aquella partida; a la saz\u00f3n no discuti\u00f3 si dicho bien hac\u00eda parte, o no, de la masa partible. <\/p>\n
Aclaraci\u00f3n que se hace tanto m\u00e1s necesaria cuanto que el casacionista deja entrever que la \u00fanica raz\u00f3n por la que el tribunal no estudi\u00f3 el punto fue la de estimar intangible el inventario, dando a entender el recurrente, as\u00ed, que las objeciones s\u00ed fueron planteadas tempestivamente. <\/p>\n
Por donde se viene en conocimiento, adicionalmente, que la inconformidad que se puede expresar frente a una partici\u00f3n rehecha, tiene que estar forzosamente vinculada con los reparos u objeciones que oportunamente fueron puestas de presente y no acatadas en la nueva partici\u00f3n; no son de recibo, entonces, protestas inopinadas, puesto que es evidente que ya se carece de legitimaci\u00f3n para opugnar una partici\u00f3n reelaborada, cual se echa de ver en el preciso evento que ahora se decide. <\/p>\n
En suma, el cargo no alcanza prosperidad. <\/p>\n
IV. Decisi\u00f3n <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia que, el 26 de noviembre de 1993, pronunci\u00f3 el Tribunal Superior de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 en el ordinario de Ciro Antonio Garz\u00f3n Pedraza contra Ligia Celis de Garz\u00f3n, materia del recurso extraordinario que se decide. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo del recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al tribunal de procedencia. <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
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