S-055-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., octubre siete (7) de mil novecientos noventa y siete (1997) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 4944 <\/p>\n
Se decide por la Corte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por VICTOR ANTONIO GUERRERO POLO, VIRGILIO GUERRERO QUINTANA, MARIA ANTONIA CONDE y NEYLA TORO DE GIL, MIGUEL HORACIO GIL TORO y CARLOS AUGUSTO GIL TORO, estos tres \u00faltimos como herederos de CARLOS ARTURO GIL, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali -Sala Civil-, el 25 de noviembre de 1993, en el proceso ordinario promovido por los recurrentes, como integrantes de la comunidad por ellos formada con ANUAR BAKARAT, CARLOS ARTURO TORO, MARLENE GUTIERREZ DE LOZANO y MILCIADES LOZANO GONZALEZ, contra ZABULON EUSEBIO TORRES POSSO. <\/p>\n
I.- ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Mediante demanda que obra a folios 65 a 67 del cuaderno No. 1, que por reparto correspondi\u00f3 al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali, los se\u00f1ores Virgilio Guerrero Quintana, V\u00edctor Antonio Guerrero Polo, Mar\u00eda Antonia Conde, Carlos Arturo Gil Quiceno y Leonor Ciccarone de Wilkins, quienes manifestaron ser comuneros con Anuar Bakarat, Carlos Arturo Toro, Marlene Guti\u00e9rrez de Lozano y Milciades Lozano Gonz\u00e1lez, convocaron a Zabul\u00f3n Eusebio Torres Posso a un proceso ordinario para que, mediante sentencia judicial se declarase que el derecho de dominio sobre el inmueble ubicado en el Barrio Joaqu\u00edn Borrero Sinisterra, de la ciudad de Cali entre las calles 6 a 6A y las carreras 59 a 59A, cuyos linderos se describen en el hecho 1o. de la demanda inicial, distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria No. 370-0000665, en un 40% corresponde al demandante Carlos Arturo Gil y el 60% restante a V\u00edctor Antonio Guerrero Polo, Virgilio Guerrero Quintana, Mar\u00eda Antonia Conde, Carlos Arturo Toro, Anuar Bakarat, Milciades Lozano Gonz\u00e1lez, Marlene Guti\u00e9rrez de Lozano y Emiro Molina, inmueble \u00e9ste que el demandado, Zabul\u00f3n Eusebio Torres Posso habr\u00e1 de restituir a la parte actora, a la cual deber\u00e1 pagar adem\u00e1s los frutos naturales y civiles percibidos y los que hubieren podido percibirse durante todo el tiempo que ha detentado la posesi\u00f3n de ese bien. As\u00ed mismo, impetran los demandantes que se ordene \u00abla cancelaci\u00f3n de grav\u00e1menes hipotecarios si los hubiere y los registros de las escrituras No. 2545 de la Notar\u00eda Cuarta de Cali, corrida el 17 de agosto de 1961 y registrada el 19 de agosto de 1975 en el Libro Primero Impar, Tomo 174, p\u00e1ginas 54 y 55, Partida 4480, Matr\u00edcula 84595, Tomo 271, folio 114 y la escritura 4004 de la Notar\u00eda Tercera de Cali, corrida el 6 de diciembre de 1961 y registrada el 19 de agosto de 1977 en el Libro Primero Impar, Tomo 176, p\u00e1ginas 440 y 441, Partida 5674, Matr\u00edcula 85295, Tomo 280, folio 14\u00bb (fl. 65v. C-1). <\/p>\n
2.- Funda sus pretensiones la parte actora, en resumen, en los hechos que se sintetizan a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
2.1.- Francisco Guerrero S\u00e1nchez, mediante escritura p\u00fablica No. 4528 de 5 de octubre de 1960, otorgada en la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Cali, vendi\u00f3 a Luis Alberto Buitrago Riveros el lote de terreno cuya reivindicaci\u00f3n se pretende por los demandantes en este proceso, descrito y alinderado en la primera de las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.2.- Posteriormente, Luis Alberto Buitrago Riveros, mediante escritura p\u00fablica No. 5920 de 29 de septiembre de 1975, otorgada en la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Cali, vendi\u00f3 a V\u00edctor Antonio Guerrero Polo, Virgilio Guerrero Quintana y Mar\u00eda Antonia Conde el 60% del inmueble mencionado. <\/p>\n
2.3.- Conforme aparece en las escrituras p\u00fablicas Nos. 625 de 31 de mayo de 1955, otorgada en la Notar\u00eda Cuarta del C\u00edrculo de Cali y 1475 de 6 de abril de 1961, Carlos Arturo Gil adquiri\u00f3 por compra el 40% del inmueble a que se refiere la demanda inicial. <\/p>\n
2.4.- El demandado Zabul\u00f3n Eusebio Torres Posso, quien para el efecto adujo su condici\u00f3n de poseedor del inmueble mencionado, en proceso de entrega surtido ante el Juzgado 5o. Civil del Circuito de Cali, entre Luis Alberto Buitrago Riveros y Francisco Guerrero S\u00e1nchez se opuso, en el mes de julio de 1971, a que \u00e9sta se llevara a efecto, por haber adquirido la posesi\u00f3n de ese inmueble de un tercero, Enrique Izquierdo V\u00e1squez y persisti\u00f3 la oposici\u00f3n cuando en el a\u00f1o de 1979, por comisi\u00f3n entonces del Juzgado 12 Civil del Circuito de Cali, se continu\u00f3 la diligencia de entrega. <\/p>\n
2.5.- La se\u00f1ora Leonor Ciccarone viuda de Wilkins, es igualmente comunera en el bien cuya reivindicaci\u00f3n se pretende, por haber adquirido una parte del mismo a Emiro Molina (fl. 66, C-1). <\/p>\n
3.- Admitida que fue la demanda y notificado de ello el demandado, Zabul\u00f3n Eusebio Torres Posso, le di\u00f3 contestaci\u00f3n, como aparece en escrito visible a folios 76 a 78 del cuaderno No.1. En ella, se opuso rotundamente a las pretensiones de la parte actora y propuso como excepciones de m\u00e9rito el haber operado la \u00abprescripci\u00f3n ordinaria extintiva de la acci\u00f3n reivindicatoria propuesta\u00bb, o, en su defecto, la \u00abprescripci\u00f3n extraordinaria\u00bb y, por \u00faltimo, la existencia de \u00abcosa juzgada\u00bb (fls. 76v. y 78, C-1). <\/p>\n
4.- Durante el t\u00e9rmino del traslado para dar contestaci\u00f3n a la demanda inicial, el demandado, propuso a su turno, demanda de reconvenci\u00f3n, cuyo texto obra a folios 1 a 3 del cuaderno No. 3. En ella solicita que por la jurisdicci\u00f3n se declare que Zabul\u00f3n Eusebio Torres Posso adquiri\u00f3 por usucapi\u00f3n ordinaria el inmueble descrito y alinderado en la primera de las pretensiones; o, subsidiariamente que se declare que lo adquiri\u00f3 por haber operado a su favor la prescripci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
5.- Como hechos sustentatorios de sus pretensiones, el demandante en reconvenci\u00f3n expone los siguientes: <\/p>\n
5.1.- Mediante escritura p\u00fablica No. 2545 del 17 de agosto de 1961, otorgada en la Notar\u00eda Cuarta de Cali, por compra a Cristina Galeano, adquiri\u00f3 el lote de terreno cuya descripci\u00f3n y linderos aparece en el hecho 1o. de la demanda aludida, escritura p\u00fablica \u00e9sta que se encuentra debidamente registrada. <\/p>\n
5.2.- Conforme a los antecedentes de los t\u00edtulos escriturarios respectivos, que se mencionan en los hechos 2o. a 11o. de la demanda de reconvenci\u00f3n (fls. 1 y 2, C-3), el derecho de dominio sobre el inmueble aludido, remonta su legitimidad, por lo menos al a\u00f1o de 1927. <\/p>\n
5.3.- El demandado Zabul\u00f3n Eusebio Torres Posso, adquiri\u00f3 adem\u00e1s unas mejoras plantadas en parte de ese predio por Jon\u00e1s Cruz, de lo que da cuenta la escritura p\u00fablica No. 301 de 22 de febrero de 1962, otorgada en la Notar\u00eda Cuarta de Cali y levant\u00f3 otras, seg\u00fan aparece en la escritura p\u00fablica No.5575 de 20 de noviembre de 1965, otorgada en la Notar\u00eda Tercera de Cali. <\/p>\n
5.4.- El demandante en reconvenci\u00f3n, ha pose\u00eddo el inmueble en cuesti\u00f3n desde el a\u00f1o de 1961, \u00abcon justo t\u00edtulo y buena fe\u00bb, y, por ello, ha pagado los impuestos y servicios p\u00fablicos, al igual que, con posterioridad, realiz\u00f3 en \u00e9l una \u00abconstrucci\u00f3n moderna, de dos plantas\u00bb, donde actualmente funciona el \u00abInstituto Bolivariano\u00bb. <\/p>\n
6.- Notificados los reconvenidos del auto admisorio de esta demanda, le dieron contestaci\u00f3n con oposici\u00f3n a las pretensiones, la que fundaron en no ser ciertos los hechos en los cuales Zabul\u00f3n Eusebio Torres Posso apoya su pretensi\u00f3n de que se declare haber adquirido el derecho de dominio del inmueble aludido, tanto por usucapi\u00f3n ordinaria como por la extraordinaria (fls. 15 a 18, C-3). <\/p>\n
7.- El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali, el 17 de agosto de 1988 dict\u00f3 sentencia inhibitoria, visible a folios 134 a 140, cuaderno No.1. <\/p>\n
8.- Apelado el fallo mencionado (fls. 142 a 145, cdno. citado), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en auto de 10 de mayo de 1989 (fl. 21, C-7) decret\u00f3 la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda de reconvenci\u00f3n, por cuanto al proceso, en virtud de esta \u00faltima, han debido ser citadas todas las personas que se crean con derechos sobre el inmueble cuya usucapi\u00f3n se pretende, lo que no se hizo por el a-quo. <\/p>\n
9.- Mediante auto de 10 de noviembre de 1989, fueron reconocidos como sucesores procesales de Carlos Arturo Gil, sus herederos Neyla Toro de Gil, Miguel Horacio y Carlos Augusto Gil Toro (fl. 46, C-3). <\/p>\n
10.- Por haber fallecido el demandado inicial y demandante en reconvenci\u00f3n, Zabul\u00f3n Eusebio Torres Posso, se orden\u00f3 continuar la actuaci\u00f3n con sus sucesores procesales Rosa Mar\u00eda Calero Viuda de Torres, c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y con los herederos del causante, a saber: Alba Luc\u00eda, Miguel Angel, Irma, Hern\u00e1n Ramiro, Myriam y Francisco Jos\u00e9 Torres Calero (fl. 165, C-1). <\/p>\n
11.- Renovada la actuaci\u00f3n correspondiente, el juzgador de primer grado profiri\u00f3 el 10 de febrero de 1993 la sentencia que obra a folios 193 a 198, en la cual deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda inicial, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada propuesta respecto de \u00e9sta por Zabul\u00f3n Eusebio Torres Posso y declar\u00f3 no probadas las pretensiones contenidas en la demanda de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
12.- Apelada la sentencia acabada de mencionar por la parte vencida, el Tribunal desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, mediante fallo proferido el 25 de noviembre de 1993 (fls. 18 a 29, C-8), en el cual revoc\u00f3 la declaraci\u00f3n de encontrarse probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada propuesta por el demandado inicial en este proceso y, en su lugar, declar\u00f3 probada \u00abla excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva de 20 a\u00f1os de la acci\u00f3n reivindicatoria\u00bb (fl. 29, C-8). <\/p>\n
13.- Inconforme con la sentencia del Tribunal, la parte demandante inicial, interpuso entonces recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra ella, de cuya decisi\u00f3n se ocupa ahora la Corte. <\/p>\n
II.- LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, luego de sintetizar la posici\u00f3n asumida por las partes en este proceso y la actuaci\u00f3n surtida durante la primera instancia, expresa que encuentra cumplidos los presupuestos procesales y que, por no existir causal de nulidad, ha de dictarse sentencia de m\u00e9rito (fls. 18 a 21, C-8). <\/p>\n
2.- A continuaci\u00f3n cita los art\u00edculos 946 y 762 del C\u00f3digo Civil, para recordar los elementos estructurales para el \u00e9xito de la acci\u00f3n reivindicatoria (fls. 21 y 21v. C-8). <\/p>\n
3.- Manifiesta luego el sentenciador que, en el caso sub-lite, las partes en contienda exhiben en apoyo de su pretensiones t\u00edtulos escriturarios, de cuyo an\u00e1lisis expresa que es \u00abevidente, despu\u00e9s de confrontarlos\u00bb que los aducidos por la demandante prevalecen sobre los del poseedor, pues, \u00aben efecto, aparecen en el proceso las copias de las escrituras p\u00fablicas n\u00fameros 2111 de mayo 15 de 1958, de la Notar\u00eda Tercera de Cali, que contiene las copias de las sentencias de abril 30 de 1955 del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali y de mayo 15 de 1956 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que corresponden al proceso de pertenencia donde se declar\u00f3 due\u00f1o del inmueble de mayor extensi\u00f3n descrito en la demanda que le di\u00f3 origen al proceso reivindicatorio que se estudia, al se\u00f1or Francisco Guerrero; 625 de mayo 31 de 1955, de la Notar\u00eda Cuarta de Cali y 1475 de abril 6 de 1961, mediante la cual adquiri\u00f3 el 40% del inmueble prescrito el se\u00f1or Carlos Arturo Gil; 4528 de septiembre 29 de 1960, de la Notar\u00eda Segunda de Cali mediante la cual compr\u00f3 el predio mencionado el se\u00f1or Luis Alberto Buitrago Riveros; y, 5920 de septiembre 29 de 1975 mediante la cual adquieren los se\u00f1ores V\u00edctor Antonio Guerrero Polo, Virgilio Guerrero Quintana y Mar\u00eda Antonia Guerrero Conde el 60% del inmueble\u00bb (fls. 21v. y 22, C-8), escrituras \u00e9stas que, confrontadas con las n\u00fameros 502 de 10 de febrero de 1961 de la Notar\u00eda Cuarta de Cali, en la que aparece Jorge Enrique Izquierdo V\u00e1squez como vendedor a Cristina Galeano de un lote de terreno, all\u00ed alinderado de 8.474,06 metros cuadrados; 2.545 de 17 de agosto de 1961, de la misma Notar\u00eda, en la que Cristina Galeano vende a Zabul\u00f3n Torres P. un lote de terreno de 2.938 metros cuadrados; 4004 de 6 de diciembre de 1961 de la Notar\u00eda Tercera de Cali, aclaratoria de la anterior; 3479 de 18 de octubre de 1961, de la misma Notar\u00eda, en la que Heriberto Arizabaleta vende a Zabul\u00f3n Torres \u00abun patac\u00f3n de valor y origen primitivo, radicado en la Antigua hacienda de Ca\u00f1averalejo y El Guabal y los Cristales, municipio de Cali\u00bb; la escritura p\u00fablica No. 244 de 5 de febrero de 1962, de la Notar\u00eda Tercera de Cali, seg\u00fan la cual Jorge Enrique Izquierdo V\u00e1squez vende a Zabul\u00f3n Torres un lote de terreno, permiten concluir \u00absin mayor esfuerzo\u00bb que Enrique Izquierdo V\u00e1squez \u00abfue un mero tenedor por cuanto si bien es cierto que inici\u00f3 en forma conjunta con el se\u00f1or Francisco Guerrero el proceso de pertenencia para adquirir el aludido predio, no es menos evidente que renunci\u00f3 a la acci\u00f3n referida y acept\u00f3 que dicho inmueble era del Municipio\u00bb, por lo que, finalizado ese proceso con sentencia favorable \u00abal otro demandante, el se\u00f1or Izquierdo carece del dominio que dijo transferir en las ventas que celebr\u00f3 con la se\u00f1ora Cristina Galeano y el se\u00f1or Zabul\u00f3n Torres\u00bb, lo que tambi\u00e9n resulta predicable \u00abrespecto del se\u00f1or Arizabaleta\u00bb. Por consiguiente, -contin\u00faa el Tribunal-, \u00abel dominio que acredita la parte demandante, se reitera, prevalece sobre el alegado por el demandado\u00bb (fls. 22 y 22v. C-8). <\/p>\n
4.- As\u00ed mismo, manifiesta el Tribunal que se encuentra debidamente demostrada la posesi\u00f3n del demandado inicial sobre el predio que se pretende reivindicar por la parte actora, lo que f\u00e1cilmente se concluye de las respuestas de Zabul\u00f3n Eusebio Torres Posso a los hechos 4o. y 8o. de la demanda inicial, as\u00ed como de la demanda de reconvenci\u00f3n, de la diligencia de inspecci\u00f3n judicial que obra a folios 57 a 61 del cuaderno No. 5 y de las declaraciones testimoniales que aparecen en el cuaderno No. 6 (fl. 22v. C-8). <\/p>\n
<\/p>\n
5.- Seguidamente expresa el sentenciador de segundo grado que, si bien es verdad que se encuentran establecidos los requisitos para la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria, se impone entonces el an\u00e1lisis de las excepciones de fondo propuestas por el poseedor demandado. <\/p>\n
5.1.- En ese orden de ideas, encuentra el Tribunal que la excepci\u00f3n de cosa juzgada propuesta por el demandado inicial, no puede prosperar por cuanto pese a que \u00e9ste afirma que en proceso reivindicatorio que curs\u00f3 en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali V\u00edctor Antonio Guerrero Polo, Virgilio Guerrero Quintana y Mar\u00eda Antonia Conde pretendieron la restituci\u00f3n de ese predio por parte de Zabul\u00f3n Torres, en la sentencia que con dicho proceso culmin\u00f3, se denegaron tales pretensiones \u00abporque, de acuerdo con el t\u00edtulo aportado, eran due\u00f1os solo de un 60% del inmueble, lo cual los legitimaba \u00fanicamente para reivindicar, seg\u00fan el criterio reiterado de la H. Corte, la cuota proindiviso que les pertenece, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 949 del C.C.\u00bb. De esta manera, los demandantes en aquel proceso \u00abno pod\u00edan tener \u00e9xito, por cuanto reclamaron para s\u00ed todo el inmueble de la comunidad\u00bb (fls. 23v. y 24, C-8). <\/p>\n
5.2.- En cuanto a las excepciones de prescripci\u00f3n extintiva ordinaria y extraordinaria de la acci\u00f3n reivindicatoria, propuestas por la parte demandada inicial, expresa el Tribunal: <\/p>\n
<\/p>\n
5.2.1.- Del an\u00e1lisis de las escrituras p\u00fablicas Nos. 2545 de agosto 17 de 1961, otorgada en la Notar\u00eda Cuarta de Cali y debidamente registrada el 25 de agosto de ese a\u00f1o; 244 de 5 de febrero de 1962, de la Notar\u00eda Tercera de Cali, registrada el 14 de febrero siguiente; 3479, de 18 de octubre de 1961, de la Notar\u00eda Tercera de Cali y del certificado de tradici\u00f3n que obra a folio 96 del cuaderno No. 5, se deduce que el demandado Zabul\u00f3n Torres P. compr\u00f3 porciones de inmueble respecto del cual se litiga, como \u00abcuerpos ciertos o determinados\u00bb, no obstante lo cual \u00abesos t\u00edtulos acreditan ventas de cosa ajena, por cuanto la verdadera titulaci\u00f3n en la \u00e9poca del otorgamiento de aquellos era la de la parte demandante\u00bb (fl. 25, cdno. Corte). <\/p>\n
5.2.2.- Manifiesta luego el Tribunal que la venta real, aunque lo sea de cosa ajena, conforme a jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n \u00abes justo t\u00edtulo posesorio\u00bb, de manera que si a \u00e9ste se auna la posesi\u00f3n material por un t\u00e9rmino no inferior a 10 a\u00f1os, ella ser\u00e1 una posesi\u00f3n regular, la que permite, entonces \u00abganar el dominio por prescripci\u00f3n ordinaria\u00bb, aseveraci\u00f3n \u00e9sta para la cual cita en su apoyo los art\u00edculos 764, inciso 2o. 2528 y 2529 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
<\/p>\n
Recuerda luego el sentenciador que para la operancia de la prescripci\u00f3n extraordinaria, es suficiente la posesi\u00f3n del demandado por un lapso de 20 a\u00f1os, sin que sea dable exigirle t\u00edtulo alguno, siempre y cuando re\u00fana los requisitos se\u00f1alados por el art\u00edculo 2531 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
5.2.3.- A continuaci\u00f3n afirma el sentenciador que, en este proceso, \u00abqued\u00f3 establecido\u00bb que el demandado \u00abadquiri\u00f3 los lotes que conforman el predio que se pretende reivindicar entre agosto de 1961 y febrero de 1962\u00bb (fl. 25v. C-8). Agrega, a rengl\u00f3n seguido que el 9 de octubre de 1962, el Juzgado 5o. Civil del Circuito de Cali conden\u00f3 a Francisco Guerrero S\u00e1nchez a entregar a Luis Ernesto Buitrago Viveros el predio de mayor extensi\u00f3n que aqu\u00e9l \u00abhab\u00eda adquirido por prescripci\u00f3n y del cual hace parte el inmueble que se reivindica\u00bb, como aparece a folios 21 a 23 del cuaderno No. 1 (fl. 25v. C-8). <\/p>\n
En la diligencia de entrega para dar cumplimiento a la sentencia aludida, iniciada el 11 de diciembre de 1962 se opuso Jorge Enrique Izquierdo V\u00e1squez, quien dijo ser poseedor, oposici\u00f3n que le fue denegada. En esa diligencia, al decir del Tribunal \u00abllama la atenci\u00f3n\u00bb que no se hizo presente \u00abcomo colindante, poseedor u opositor el demandado Zabul\u00f3n Torres, quien, desde luego, ya hab\u00eda adquirido el predio que se reivindica; e igualmente, -prosigue el sentenciador-, \u00absorprende que el opositor como vendedor de uno de los lotes al demandado no hubiera hecho menci\u00f3n alguna sobre el particular\u00bb, circunstancias \u00e9stas que sin embargo no significan, \u00abque el se\u00f1or Zabul\u00f3n Torres no estuviera ejerciendo la posesi\u00f3n de lo que hab\u00eda adquirido\u00bb, pues \u00abpudo haber ignorado la pr\u00e1ctica de la diligencia y estar ese d\u00eda ausente sin que por ello haya perdido su \u00e1nimo de poseedor\u00bb (fl. 26, C-8). <\/p>\n
5.2.4.- Igualmente, el Tribunal destaca que el 2 de julio de 1971, fecha en la cual se reinici\u00f3 la diligencia de entrega, el aqu\u00ed demandado Zabul\u00f3n Eusebio Torres se opuso a la misma, sin que para entonces se desconociera su calidad de poseedor, la que, \u00abpor lo menos no se cuestion\u00f3\u00bb. <\/p>\n
5.2.5.- A petici\u00f3n de la parte demandada inicial, fueron recibidos los testimonios de Carlos Enrique Valdez, Lida Arias de Espitia, Peregrino Villota y Olga Arango Grueso, los cuales obran a folios 45 a 53 del cuaderno No. 6, quienes en sus declaraciones aseveran que Zabul\u00f3n Torres era poseedor del inmueble que se pretende reivindicar por la parte actora, \u00abdesde mediados de 1961\u00bb, o \u00abcomienzos de 1962\u00bb, afirmaci\u00f3n que hacen como vecinos del lugar donde se encuentra ubicado el inmueble y por haber visto que el demandado \u00abinicialmente con la ayuda de varias personas procedi\u00f3 a cortar la maleza que ten\u00eda el predio y una vez hecha la limpieza inici\u00f3 la construcci\u00f3n de las instalaciones del Colegio Bolivariano a las cuales lo traslad\u00f3 en 1964 o 1965\u00bb. Por ello, a juicio del Tribunal, \u00abno queda la menor duda que el demandado ha pose\u00eddo el inmueble que se pretende reivindicar desde 1961 cuando adquiri\u00f3 el primer lote\u00bb y la continu\u00f3 luego de adquirido el \u00faltimo predio, comprado \u00aben febrero de 1962\u00bb (fl. 26v. C-8). <\/p>\n
5.2.6.- Por otra parte, en el acta de la diligencia de entrega, efectuada en julio de 1971, aparece que Zabul\u00f3n Torres se opuso a que dicha entrega se realizara, en cuanto a \u00abla parte que \u00e9l ocupa de buena fe en forma p\u00fablica y pac\u00edfica desde hac\u00eda aproximadamente diez a\u00f1os\u00bb, motivo por el cual se suspendi\u00f3 la diligencia, en procura de \u00abformalizar un arreglo con la parte demandante\u00bb (fl. 26, C-8), lo que no implica, a criterio del Tribunal que el demandado, \u00abcomo lo pretenden los demandantes\u00bb, hubiere reconocido \u00abal se\u00f1or Buitrago como propietario\u00bb, ya que, \u00aben el curso de la diligencia\u00bb el demandado aleg\u00f3 su condici\u00f3n \u00abde poseedor material inclusive acompa\u00f1ada de justo t\u00edtulo\u00bb, la que se remonta a \u00abmediados de 1961 y comienzos de 1962\u00bb (fl. 27, C-8). <\/p>\n
5.2.7.- De otra parte, asevera el Tribunal que la posesi\u00f3n que del bien en litigio ha venido ejerciendo Zabul\u00f3n Eusebio Torres Posso, se encuentra exenta de violencia o clandestinidad y, adem\u00e1s no ha sido interrumpida durante el tiempo en que el demandado la ha ostentado. Agrega luego que, conforme aparece en el expediente el auto admisorio de la demanda inicial fue notificado el 12 de enero de 1983, sin que se agotaran por la parte demandante las formalidades exigidas por el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, con el texto vigente en esa \u00e9poca, para que pudiese considerarse como interrumpida la prescripci\u00f3n desde la presentaci\u00f3n de la demanda al juzgado de conocimiento el 30 de septiembre de 1982. Por ello, concluye el sentenciador, \u00abentre el comienzo de 1962 y el 12 de enero de 1983 transcurrieron mas de veinte a\u00f1os\u00bb y, por consiguiente, \u00abla prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n reivindicatoria se hab\u00eda consumado cuando se notific\u00f3 el auto admisorio de la demanda, t\u00e9rmino que hab\u00eda transcurrido incluso cuando se present\u00f3 la demanda\u00bb (fl. 28, C-8), raz\u00f3n por la cual se declara probada esta excepci\u00f3n propuesta por la parte demandada. <\/p>\n
6.- Finalmente, afirma el Tribunal que en virtud de no haber apelado Zabul\u00f3n Eusebio Torres Posso, como demandante en reconvenci\u00f3n, de la decisi\u00f3n desfavorable a las pretensiones all\u00ed formuladas, no es posible ahora hacer pronunciamiento alguno, por cuanto ello ser\u00eda desconocer el principio de la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (fl. 18v, C-8). <\/p>\n
III.- LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Dos cargos formulan los recurrentes contra la sentencia impugnada, ambos con invocaci\u00f3n de la primera de las causales de casaci\u00f3n consagradas por el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por violaci\u00f3n indirecta de normas de derecho sustancial, cargos \u00e9stos que ser\u00e1n analizados en conjunto, por cuanto al respecto se har\u00e1n algunas consideraciones comunes. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Acusan los recurrentes la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali -Sala Civil-, el 25 de noviembre de 1993 en este proceso, de ser violatoria, \u00abpor la v\u00eda indirecta, de los art\u00edculos 762, 947, 961, 981, 2518, 2531, 2532, modificado por el art\u00edculo 1o. de la Ley 50 de 1936 y 2539 del C\u00f3digo Civil\u00bb (fl. 18, Cdno. Corte). <\/p>\n
Afirma la censura que la violaci\u00f3n de las normas sustanciales que denuncia como infringidas, se produjo como consecuencia de errores de hecho evidentes en que incurri\u00f3 el Tribunal, \u00abpor falta de apreciaci\u00f3n\u00bb de \u00abla diligencia de audiencia p\u00fablica de la ratificaci\u00f3n del testimonio del se\u00f1or Jes\u00fas Atanael Casta\u00f1o Mar\u00edn\u00bb, que obra a folio 33 del cuaderno No. 6, as\u00ed como de las certificaciones expedidas por la Gobernaci\u00f3n del Departamento del Valle y por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Cali, que obran en el cuaderno No. 3 y de la escritura p\u00fablica No. 6207 del 27 de septiembre de 1971, otorgada en la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Cali, visible a folio 10 del cuaderno citado. De otra parte, aseveran los recurrentes que el Tribunal \u00abapreci\u00f3 err\u00f3neamente los testimonios que obran a folios 45 a 53 del cuaderno 6 del expediente, as\u00ed como el documento que obra a folio 57 del cuaderno principal\u00bb (fl. 19, cdno. Corte). <\/p>\n
<\/p>\n
En procura de sustentar la acusaci\u00f3n, manifiestan los recurrentes que, si el Tribunal no hubiese incurrido en los errores de hecho mencionados en su labor de apreciaci\u00f3n de las pruebas, no habr\u00eda conclu\u00eddo que el demandado adquiri\u00f3 los lotes de terreno que forman el bien cuya reivindicaci\u00f3n se pretende por la parte actora, entre agosto de 1961 y febrero de 1962, \u00e9poca en que el sentenciador considera que Zabul\u00f3n Torres empez\u00f3 a ejercer sobre ese globo de terreno la posesi\u00f3n. En efecto, -prosiguen los recurrentes-, se encuentra demostrado en el expediente que el \u00abInstituto Bolivariano\u00bb, establecimiento educativo de propiedad de Zabul\u00f3n Eusebio Torres Posso, \u00abfuncion\u00f3 en la carrera 4 con calle 14 de la ciudad de Cali hasta que sus instalaciones se incendiaron seg\u00fan consta en la certificaci\u00f3n expedida por el Cuerpo de Bomberos de Cali que obra en el folio 9 vuelto del cuaderno 3\u00bb, documento que, analizado en conjunto con la declaraci\u00f3n testifical de Jes\u00fas Atanael Casta\u00f1o Mar\u00edn (fl. 34, C-6) y con la certificaci\u00f3n de la gobernaci\u00f3n del Valle que aparece a folio 8 del mismo cuaderno, lleva a la conclusi\u00f3n de que el demandado tan solo comenz\u00f3 a ejercer actos de se\u00f1or y due\u00f1o sobre el inmueble que se pretende reivindicar a fines del a\u00f1o de 1964 y comienzos de 1965, \u00e9poca en la cual, en virtud del acaecimiento de un incendio que destruy\u00f3 las instalaciones del \u00abInstituto Bolivariano\u00bb, el demandado empez\u00f3 a construir, en ese lote, una nueva edificaci\u00f3n para el funcionamiento de ese establecimiento educativo (fl. 20, cdno. Corte), hecho \u00e9ste respecto del cual coinciden las declaraciones de Julio C\u00e9sar Bedoya y Jes\u00fas A. Casta\u00f1o Mar\u00edn, protocolizadas en escritura p\u00fablica No. 6207 otorgada el 27 de septiembre de 1971 en la Notar\u00eda Segunda de Cali, que aparece en el cuaderno No. 3 (fl. 21, cdno. Corte). <\/p>\n
Por otra parte, afirman los recurrentes que el testimonio de Carlos Enrique Valdez, resulta contradictorio, pues afirma que Zabul\u00f3n Eusebio Torres Posso, empez\u00f3 a ejercer actos de posesi\u00f3n sobre el inmueble en que posteriormente se levant\u00f3 la edificaci\u00f3n donde funciona el \u00abInstituto Bolivariano\u00bb desde finales de 1961 y principios de 1962, cuando se traslad\u00f3 el colegio al sitio donde funciona en la actualidad, hecho \u00e9ste que efectivamente aconteci\u00f3 en 1964, \u00aba ra\u00edz del incendio\u00bb de las instalaciones de esa Instituci\u00f3n. Analiza igualmente la censura los testimonios de Lida Arias de Espitia, Peregrino Villota Garc\u00e9s y Olga Arango Grueso, de los cuales destaca que coinciden en que la construcci\u00f3n del colegio mencionado sucedi\u00f3 en el a\u00f1o de 1964, luego del incendio de la edificaci\u00f3n anterior, lo que, a juicio de los recurrentes, demuestra la equivocaci\u00f3n del Tribunal en su aseveraci\u00f3n de que la posesi\u00f3n de Zabul\u00f3n Torres sobre ese inmueble empez\u00f3 en el a\u00f1o de 1961. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se afirma en este cargo que el Tribunal \u00abapreci\u00f3 erradamente la prueba de la diligencia de entrega que obra a folios 36 a 55 del cuaderno principal, que se realiz\u00f3 en el a\u00f1o de 1961, por cuanto despoj\u00f3 de todo valor el hecho de que en ella no hubiera intervenido el demandado Zabul\u00f3n Torres, quien supuestamente ya se encontraba ejerciendo actos de posesi\u00f3n para ese entonces\u00bb, al igual que tambi\u00e9n incurre el sentenciador en err\u00f3nea apreciaci\u00f3n de \u00abla diligencia de entrega que se llev\u00f3 a cabo en 1971 y que obra a folio 57 del cuaderno principal\u00bb, al darle credibilidad, \u00abcomo prueba fundamental de la supuesta posesi\u00f3n de Zabul\u00f3n Torres desde el a\u00f1o de 1961\u00bb, a la afirmaci\u00f3n de \u00e9ste en la diligencia mencionada de poseer el predio desde \u00abhace aproximadamente diez a\u00f1os\u00bb, afirmaci\u00f3n que resulta desvirtuada si se aprecia \u00aben concordancia con las pruebas que no tuvo en cuenta\u00bb el fallador de segundo grado (fl. 24, cdno. Corte). <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Se acusa en este cargo la sentencia recurrida, con apoyo en la primera de las causales de casaci\u00f3n establecidas en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por \u00abser violatoria de los art\u00edculos 762, 961, 2518, y 2531 del C\u00f3digo Civil\u00bb, por haber incurrido en errores de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria (fl. 24, cdno. Corte). <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, expresa que el Tribunal incurri\u00f3 en yerro f\u00e1ctico \u00abpor falta de apreciaci\u00f3n de la demanda de reconvenci\u00f3n y del dictamen pericial que obra a folios 97 y siguientes del cuaderno 5\u00bb, as\u00ed como \u00abde las escrituras p\u00fablicas Nos. 2545 otorgada el 17 de agosto de 1961 en la Notar\u00eda Cuarta de Cali (folios 84 y ss del cuaderno 5), 3479 otorgada el 18 de octubre de 1961 en la Notar\u00eda 3a. de Cali (folio 58 del cuaderno 6), 502 otorgada el 10 de febrero de 1961 en la Notar\u00eda 4a. de Cali (folios 94 y ss del cuaderno 5), 15 otorgada el 13 de enero de 1961 en la Notar\u00eda Cuarta del C\u00edrculo de Cali (folio 91 y ss del cuaderno 5) y 1423 otorgada el 4 de septiembre de 1961 en la Notar\u00eda Segunda de Palmira (folio 82 del cuaderno 5)\u00bb (fl. 25, cdno. Corte). <\/p>\n
Formulada as\u00ed la acusaci\u00f3n, en procura de sustentarla, expresan los recurrentes que de la lectura cuidadosa \u00abde la demanda de reconvenci\u00f3n y del dictamen pericial, se deduce que el predio que hoy es objeto del presente litigio no est\u00e1 comprendido dentro del terreno del que Torres se dijo propietario en virtud de los contratos de compraventa que seg\u00fan el Tribunal marcan el comienzo de la posesi\u00f3n del demandado\u00bb, afirmaci\u00f3n \u00e9sta que realiza con cita de las escrituras p\u00fablicas n\u00fameros 2545 de 17 de agosto de 1961, otorgada en la Notar\u00eda Cuarta de Cali, 3479 de 18 de octubre de 1961, otorgada en la Notar\u00eda Tercera y 502 de 10 de febrero de 1961 de la Notar\u00eda Cuarta de la misma ciudad, luego de lo cual concluye que el lote de terreno materia del proceso no es el mismo que el demandado Zabul\u00f3n Torres dijo haber comprado entre 1961 y 1962, es decir, que, como lo dicen los peritos se trata de \u00abterrenos diferentes al predio cuya reivindicaci\u00f3n persigue la parte demandante\u00bb (fl. <\/p>\n
26, cdno. Corte). <\/p>\n
Siendo as\u00ed, -prosigue la censura-, \u00absi bien el demandado confes\u00f3 ser poseedor del predio cuya reivindicaci\u00f3n se pretende, lo cual acertadamente es admitido por el Tribunal, las escrituras p\u00fablicas aducidas como t\u00edtulos de adquisici\u00f3n del mismo hacen referencia a predios diferentes seg\u00fan qued\u00f3 demostrado con el dictamen pericial que obra a folios 98 a 105 del cuaderno 5o. y en particular con el plano que hace parte del mismo y que obra a folio 99 del mismo cuaderno\u00bb, errores \u00e9stos de hecho que condujeron a la violaci\u00f3n de las normas sustanciales que en este cargo se denuncian como infringidas (fl. 27, cdno. Corte). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es suficientemente conocido, uno de los atributos del derecho de dominio es el de persecuci\u00f3n, en virtud del cual el propietario puede ejercer la acci\u00f3n reivindicatoria a fin de obtener la restituci\u00f3n del bien que no se encuentra en su poder, demandando para el efecto a quien lo tenga en posesi\u00f3n. Ello supone, como en forma reiterada ha sido se\u00f1alado por la Corte, que, de un lado, se demuestre el derecho de dominio sobre la cosa que el actor pretende reivindicar y, por otra parte, que este derecho haya sido \u00abatacado en una forma \u00fanica: poseyendo la cosa, y as\u00ed es indispensable que, teniendo el actor el derecho, el demandado tenga la posesi\u00f3n de la cosa en que radica el derecho. Son dos situaciones opuestas e inconciliables, de las cuales una ha de triunfar en el juicio de fondo\u00bb (Sentencia, Cas. Civil 27 de abril de 1955, G.J. t. LXXX, P\u00e1g. 85). De tales requisitos, sin dificultad se infieren otros dos: la singularidad del bien objeto de la pretensi\u00f3n reivindicatoria o de una cuota indivisa sobre el mismo, y la identidad entre el bien respecto del cual el actor es titular del derecho de dominio y el pose\u00eddo por el demandado. <\/p>\n
2. Conforme a nuestra legislaci\u00f3n positiva, la usucapi\u00f3n es uno de los modos de adquirir el derecho de dominio, cuando el bien respecto del cual ella se ejerce ha sido pose\u00eddo por el tiempo exigido por la ley para el efecto, que en materia de inmuebles es de 10 a\u00f1os si se trata de prescripci\u00f3n adquisitiva ordinaria, a la cual ha de unirse justo t\u00edtulo y buena fe del usucapiente, o de 20 a\u00f1os \u00fanicamente cuando ocurre la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria (Arts. 2527, 2528, 2529, 2531 y 2532 del C\u00f3digo Civil, este \u00faltimo con la modificaci\u00f3n introducida a su texto original por el art\u00edculo 1o. de la Ley 50 de 1936). <\/p>\n
3. Dada su naturaleza e \u00edntima relaci\u00f3n que las ata en forma ineludible, al paso que el poseedor, por el hecho de serlo, avanza con el transcurso del tiempo hacia la adquisici\u00f3n del derecho de dominio por usucapi\u00f3n, para el propietario, cada d\u00eda que corre, en forma simult\u00e1nea, se va produciendo su extinci\u00f3n. Ello comporta entonces, necesariamente, que, por ministerio de la ley y por su propia \u00edndole la sentencia que declara la usucapi\u00f3n es puramente declarativa y no constitutiva, pues, como desde anta\u00f1o lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abno es la sentencia, sino la posesi\u00f3n exenta de violencia, clandestinidad o interrupci\u00f3n durante treinta a\u00f1os (hoy reducidos a 20, conforme al art\u00edculo 1o. de la Ley 50 de 1936), la fuente de la prescripci\u00f3n\u00bb (Sent. Cas. Civ., 22 de febrero de 1929, G.J. t. XXXVI, p\u00e1g. 274). <\/p>\n
4. Como un medio de defensa puesto a disposici\u00f3n del poseedor demandado cuando contra \u00e9l se ejerc\u00eda la rei vindicatio como una de las acciones in rem que puede ejercer el propietario, cre\u00f3 el Derecho Romano la praescriptio longi temporis, en virtud de la cual el demandado que hubiere estado en posesi\u00f3n del bien durante a lo menos 30 a\u00f1os (longum tempus, longa possesio), pod\u00eda rechazar esa acci\u00f3n in rem dirigida contra \u00e9l, si bien en caso de triunfar en su oposici\u00f3n no adquir\u00eda con ello el derecho de propiedad, ni pod\u00eda tampoco ejercer la rei vindicatio, como quiera que carec\u00eda de la calidad de due\u00f1o. <\/p>\n
5. Dada la influencia universalmente reconocida de las instituciones jur\u00eddicas de los Romanos, llegadas a nuestro C\u00f3digo Civil previo paso por el C\u00f3digo de Napole\u00f3n, tales antecedentes contribuyen, sin duda alguna, al correcto entendimiento de las normas que regulan tanto la acci\u00f3n reivindicatoria (Libro 2o., T\u00edtulo XII del C\u00f3digo Civil), como la prescripci\u00f3n (Libro 4o., T\u00edtulo XLI del mismo C\u00f3digo). <\/p>\n
As\u00ed se entiende entonces con facilidad, que ejercida por el demandante la acci\u00f3n reivindicatoria, pueda el demandado, a su turno, oponerse a su prosperidad alegando, como excepci\u00f3n, haber operado la prescripci\u00f3n extintiva del derecho de dominio invocado por el actor como fundamento de su pretensi\u00f3n. Ello significa que mientras el demandante sea titular del derecho de dominio, se encuentra investido de la facultad de perseguir el bien en poder de quien se encuentre, pues es atributo de la propiedad y facultad del propietario ejercer respecto de aquella el jus persequendi in judicio. De manera que, porque as\u00ed lo impone la propia naturaleza de las cosas, necesariamente ha de afirmarse que, desaparecida la titularidad del derecho de dominio, quien fue propietario pero ya no lo es, carece ahora y desde que dej\u00f3 de serlo, de legitimaci\u00f3n en causa para ejercer la acci\u00f3n reivindicatoria respecto de ese bien. <\/p>\n
6. En ese orden de ideas, se tiene que conforme a lo dispuesto por el art\u00edculo 2512 del C\u00f3digo Civil la prescripci\u00f3n extintiva de las acciones o derechos ajenos tiene ocurrencia cuando aquellas o \u00e9stos no se han ejercido \u00abdurante cierto lapso de tiempo\u00bb. Luego, si el plazo, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, comienza a correr desde el momento en \u201cque pueda ejercerlo\u201d (Cas. 7 de noviembre de 1977), l\u00f3gico es concluir que, en materia reivindicatoria la oportunidad para el ejercicio de la acci\u00f3n correspondiente empieza desde el mismo momento en que el respectivo propietario pierde la posesi\u00f3n. Por ello, si en estas condiciones en que la posesi\u00f3n no se encuentra en manos del propietario, transcurre el plazo para la reivindicaci\u00f3n del bien, aquella acci\u00f3n se extingue por prescripci\u00f3n, con independencia de que el poseedor actual aduzca o no la prescripci\u00f3n adquisitiva de dicho bien. <\/p>\n
Sin embargo, reitera la Sala que cuando hay una prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio por parte del demandado, esta \u00faltima no solo extingue el dominio en cabeza del demandante, sino que tambi\u00e9n extingue de contera la acci\u00f3n reivindicatoria de \u00e9ste. De all\u00ed que cuando el demandado ha pose\u00eddo un bien por el t\u00e9rmino de 20 a\u00f1os (art\u00edculos 2532 C.C. y 1\u00ba, Ley 50 de 1936), en forma simult\u00e1nea corren tanto el t\u00e9rmino para que se produzcan la usucapi\u00f3n de un lado y, de otro la extinci\u00f3n del derecho de dominio sobre el mismo bien y, como l\u00f3gica consecuencia se extingue tambi\u00e9n, al propio tiempo, la acci\u00f3n reivindicatoria de que era titular el antiguo propietario de aquel. Por ello, en este caso puede el demandado, si as\u00ed lo decide, proponer como excepci\u00f3n la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n reivindicatoria ejercida por el demandante, caso \u00e9ste en el cual, si s\u00f3lo a ello se limita, \u00abel acogimiento de ese medio de defensa solo comporta la declaraci\u00f3n de que el titular inicial del derecho lo ha perdido, pero no implica declaraci\u00f3n de qui\u00e9n lo ha ganado, vale decir, de qui\u00e9n es el nuevo titular\u00bb, como con claridad lo se\u00f1al\u00f3 la Corte en sentencia de casaci\u00f3n de 10 de noviembre de 1981 (Ordinario Leonardo Izquierdo contra Emiro Casas, archivo Corte). <\/p>\n
7. Como es apenas obvio por tratarse de un proceso ordinario, si el demandado poseedor del bien que se pretende reivindicar, ha ganado por usucapi\u00f3n el derecho de dominio, puede optar por aprovechar la existencia de ese proceso para demandar a su turno en reconvenci\u00f3n, reclamando como pretensi\u00f3n suya que en la misma sentencia se declare que ha adquirido, por la prescripci\u00f3n adquisitiva el dominio de ese bien. <\/p>\n
8. Como se ve, si el demandado restringe su actividad a la simple proposici\u00f3n de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva del derecho de dominio del demandante, ello no equivale a que por la jurisdicci\u00f3n se hubiere declarado como nuevo due\u00f1o del bien, como quiera que, para esto, necesariamente ha de surtirse un proceso de declaraci\u00f3n de pertenencia, ya sea por haberse promovido en forma aut\u00f3noma y separada, ora porque ello ocurra en raz\u00f3n de que el demandado formule, en la oportunidad debida y con las formalidades de ley, demanda de reconvenci\u00f3n contra su demandante inicial. <\/p>\n
9.- Conforme a lo preceptuado por los art\u00edculos 368, numeral 1o., y 374, numeral 3o., del C\u00f3digo de Procedi-miento Civil, la violaci\u00f3n de normas de derecho sustancial puede denunciarse en casaci\u00f3n, no solo cuando ella ocurra en forma directa, esto es, cuando se produzca con independencia absoluta de la cuesti\u00f3n probatoria, sino, tambi\u00e9n, cuando la transgresi\u00f3n de tales normas acaece como consecuencia de equivocaci\u00f3n del juzgador en la fijaci\u00f3n de los hechos que se debaten en el proceso, ya sea porque el sentenciador comete error de hecho o de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas en las cuales funda su decisi\u00f3n. <\/p>\n
10.- Si el recurrente al formular el cargo opta por censurar la sentencia bajo la aseveraci\u00f3n de que el fallador incurri\u00f3 en error de hecho, resulta indispensable no solo que singularice las pruebas en que apoya la acusaci\u00f3n, sino, adem\u00e1s, que tal error revista las caracter\u00edsticas de ser evidente y trascendente en la decisi\u00f3n que se combate, es decir, \u00abtan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio o en otros t\u00e9rminos, de tal magnitud que resulta absolutamente contrario a la evidencia del proceso\u00bb (G.J. LXXVIII, p\u00e1g. 972). <\/p>\n
11.- Aplicadas las nociones anteriores al caso sub-lite, encuentra la Corte que ninguno de los cargos propuestos contra la sentencia impugnada puede prosperar, por cuanto: <\/p>\n
11.1.- En relaci\u00f3n con el primer cargo ha de observarse: <\/p>\n
11.1.1.- Si bien es verdad que en las consideraciones de la sentencia del Tribunal (fls. 21 a 29, C-8), no se alude a \u00abla diligencia de audiencia p\u00fablica de ratificaci\u00f3n del testimonio del se\u00f1or Jes\u00fas Atanael Casta\u00f1o Mar\u00edn\u00bb (fl. 33, C-6), ni a la certificaci\u00f3n expedida por la Gobernaci\u00f3n del Valle (fl. 8, C-), ni a la expedida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la misma ciudad (fl. 9, cdno. citado), ni a la escritura p\u00fablica No. 6207 del 27 de septiembre de 1971, otorgada en la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Cali (fl. 10, C-3), no es menos cierto que tal omisi\u00f3n, resulta por completo intrascendente, ya que en la declaraci\u00f3n de Jes\u00fas Atanael Casta\u00f1o Mar\u00edn, cuya copia obra a folios 33 y 34 del cuaderno No. 6, \u00e9ste manifiesta conocer a Zabul\u00f3n Torres y recordar que \u00e9ste compr\u00f3 \u00abpor all\u00e1 en el a\u00f1o de 1960 o principios de 1961\u00bb, parte donde funciona el Instituto Bolivariano (fl. 33v., cdno. citado), donde el demandado \u00abconstruy\u00f3 entre fines de 1964 y principios de 1965\u00bb la edificaci\u00f3n respectiva, agregando adem\u00e1s que \u00e9l declarante presenci\u00f3 \u00abalgunas de las gestiones que concluyeron en el otorgamiento de las escrituras de compraventa\u00bb, declaraci\u00f3n \u00e9sta que no desvirt\u00faa, en manera alguna la conclusi\u00f3n del Tribunal en el sentido de que el demandado \u00abempez\u00f3 a ejercer la posesi\u00f3n material del inmueble que se pretende reivindicar, entre mediados de 1961 y mediados de 1962\u00bb, como aparece a folio 28 del cuaderno No. 8. <\/p>\n
11.1.2.- Respecto de las certificaciones que obran a folio 8 y 9 del cuaderno No. 3, en manera alguna contradicen la conclusi\u00f3n del Tribunal sobre la \u00e9poca en que el demandado comenz\u00f3 a ejercer la posesi\u00f3n sobre el inmueble que la parte actora pretende reivindicar, como quiera que el Jefe de Educaci\u00f3n B\u00e1sica Media e Intermedia de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental de la Gobernaci\u00f3n del Valle, hace constar en la primera que el \u00abInstituto Bolivariano\u00bb \u00abfuncion\u00f3 en el a\u00f1o 1965 en la carrera 14 No. 14-43 y actualmente funciona en la carrera 59A No. 6-45\u00bb de la ciudad de Cali, y el Jefe del Departamento T\u00e9cnico de Prevenci\u00f3n y Seguridad del benem\u00e9rito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la misma ciudad, a folio 9 del cuaderno en menci\u00f3n, expresa que el 29 de noviembre de 1964, unidades del mismo atendieron una llamada para sofocar un incendio acaecido en el inmueble ubicado en la carrera 4 No. 14-43 de Cali, esos dos documentos, por s\u00ed mismos, nada dicen sobre la posesi\u00f3n del inmueble a que este proceso se refiere, ni, tampoco permiten concluir que el demandado como adquirente de \u00e9ste no ten\u00eda esa posesi\u00f3n desde finales de 1961 y comienzos de 1962, como se concluy\u00f3 por el Tribunal. <\/p>\n
De igual manera, de la lectura de las declaraciones rendidas por Julio C\u00e9sar Bedoya Sep\u00falveda y Jes\u00fas Atanael Casta\u00f1o Mar\u00edn, ante el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali, el 23 de noviembre de 1971, a petici\u00f3n de Zabul\u00f3n E. Torres Posso, las cuales fueron protocolizadas mediante escritura p\u00fablica No. 6207 de 27 de septiembre de 1971 de la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Cali (fls.10 a 14, C-3), solo aparece que el demandado, a sus expensas, seg\u00fan lo manifestado por los declarantes citados, adelant\u00f3 la construcci\u00f3n de la edificaci\u00f3n donde ahora funciona el Instituto Bolivariano a fines de 1964 y comienzos de 1965, de donde no puede concluirse, como lo pretende la censura, que antes de esa fecha no hubiere ejercido actos de se\u00f1or\u00edo sobre el inmueble en menci\u00f3n, es decir, tal argumentaci\u00f3n no es suficiente para desvirtuar la conclusi\u00f3n del Tribunal en el sentido de que el demandado inicial en este proceso, comenz\u00f3 a poseer el inmueble cuya reivindicaci\u00f3n se pretende a finales de 1961 y principios de 1962. <\/p>\n
<\/p>\n
11.1.3.- Respecto de los testimonios rendidos por Carlos Enrique Valdez, Lida Arias de Espitia, Peregrino Villota Garc\u00e9s y Olga Arango Grueso, de los que se afirma se incurri\u00f3 en error de hecho al apreciarlos (fls. 22 y 23, cdno. Corte), ha de precisarse que la aseveraci\u00f3n de que el primero de ellos resulta \u00abcontradictorio puesto que afirma inicialmente que el Colegio Instituto Bolivariano se traslad\u00f3 al lote objeto de ese debate en el a\u00f1o de 1964 a ra\u00edz del incendio ocurrido en ese a\u00f1o el cual afect\u00f3 la primera sede del plantel\u00bb, pese a que luego afirma el declarante que los trabajos para \u00abdesmatonar\u00bb y \u00abdesenmalezar\u00bb ese lote se hicieron por alumnos, profesores y padres de familia \u00aba ra\u00edz del incendio\u00bb sucedido en 1964, no es, un yerro con fundamento en el cual pueda infirmarse la sentencia atacada, pues no reviste la trascendencia requerida para el efecto, como quiera que no es soporte esencial de la decisi\u00f3n judicial que se combate. En cuanto a los dem\u00e1s testimonios mencionados, simplemente se limita la parte recurrente a poner de relieve que coinciden en que la construcci\u00f3n del colegio se inici\u00f3 con posterioridad al incendio ocurrido en 1964, circunstancia que de suyo no desquicia las conclusiones en que apoya el Tribunal el fallo atacado. <\/p>\n
11.1.4.- Por lo que hace relaci\u00f3n a las actuaciones procesales en la diligencia de entrega iniciada en 1961 y conclu\u00edda luego en 1971, la afirmaci\u00f3n de Zabul\u00f3n Torres de poseer ese inmueble con antig\u00fcedad que se remonta a 1961, y el hecho de no haber intervenido sino en la segunda parte y no en la primera, es decir en 1971, nada indica respecto de que tal posesi\u00f3n se hubiere iniciado o no en una \u00e9poca determinada, lo cual pone de manifiesto que, por este aspecto, el ataque formulado contra la sentencia impugnada, tambi\u00e9n resulta ineficaz. <\/p>\n
12.- En lo referente al segundo de los cargos propuestos, en resumen, la acusaci\u00f3n aduce que existe error de hecho \u00abpor falta de apreciaci\u00f3n de la demanda de reconvenci\u00f3n y del dictamen pericial que obra a folios 97 y siguientes del cuaderno 5\u00bb, as\u00ed como de las escrituras mediante las cuales el demandado Zabul\u00f3n Torres adquiri\u00f3 los varios lotes que posteriormente conformaron el inmueble cuya reivindicaci\u00f3n se impetra por la parte demandante, yerros que, seg\u00fan la censura, llevaron al Tribunal a \u00abentender que el lote objeto del proceso reivindicatorio estaba entre los que Zabul\u00f3n Torres dijo haber comprado entre 1961 y 1962\u00bb (fls. 25 y 26, cdno. Corte). <\/p>\n
12.1.- Como se observa sin esfuerzo, del contenido mismo de las escrituras p\u00fablicas mencionadas por la censura, es verdad que, en ninguna de ellas se incluye la totalidad del predio que se pretende reivindicar, ya que, como se acepta por las partes durante las instancias y por los recurrentes en casaci\u00f3n, el lote de terreno materia del litigio fue conformado por compras parciales de lotes de menor extensi\u00f3n, por lo que, como es obvio, en ninguna de ellas figura la totalidad del predio objeto del litigio. <\/p>\n
12.2.- De otra parte, cual aparece a folio 22 vuelto de la sentencia del Tribunal, la identidad del predio que se pretende reivindicar y el pose\u00eddo por el demandado, se di\u00f3 por demostrada en virtud de haberse as\u00ed establecido con \u00ablas respuestas de (sic) los hechos cuarto y octavo de la demanda que hizo el demandado\u00bb, as\u00ed como de la demanda de reconvenci\u00f3n, \u00abcuyas pretensiones son las prescripciones ordinaria y extraordinaria adquisitivas de dominio\u00bb, al igual que la inspecci\u00f3n judicial practicada al inmueble (fls. 57 a 61, C-5) y las declaraciones de los testigos que obran en el cuaderno No. 6, pruebas \u00e9stas a las que se alude en forma espec\u00edfica a folio 22 vuelto de la sentencia recurrida, tras cuya menci\u00f3n agrega el Tribunal que, \u00abdemostrada la posesi\u00f3n material del demandado\u00bb, entiende \u00abestablecidos los restantes requisitos que se necesitan para el \u00e9xito de la acci\u00f3n reivindicatoria\u00bb, pues con la \u00abconfesi\u00f3n del demandado\u00bb queda igualmente demostrada la identidad y la singularidad del bien que se pretende reivindicar. <\/p>\n
Es evidente que no han sido objeto de ataque en este cargo ni la inspecci\u00f3n judicial practicada por el juzgador de primer grado (fl. 57 a 61, C-5), ni las declaraciones testificales que obran en el cuaderno No. 6, raz\u00f3n por la cual, queda en pie la conclusi\u00f3n probatoria del Tribunal sobre la identidad del predio a que se refiere el litigio, la que no puede considerarse como desvirtuada, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que en la censura no se explica en qu\u00e9 consiste el yerro de apreciaci\u00f3n sobre el dictamen pericial que obra a folios 97 y siguientes del cuaderno No. 5, ni tampoco la evidencia del yerro que se endilga al sentenciador sobre la apreciaci\u00f3n de la demanda de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
13.- As\u00ed las cosas, ha de concluirse que ninguno de los dos cargos aqu\u00ed analizados est\u00e1 llamado a tener \u00e9xito, pues, como se tiene dicho por la Corte, cuando se acude por el recurrente a la primera de las causales de casaci\u00f3n por violaci\u00f3n indirecta de normas de derecho sustancial a consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria, \u00abno es suficiente la presentaci\u00f3n de conclusiones emp\u00edricas distintas de aquellas a las que lleg\u00f3 el Tribunal, pues la mera divergencia conceptual no demuestra por s\u00ed sola error de hecho\u00bb, ni \u00abes pertinente la cr\u00edtica general del manejo que se haya hecho de la prueba pues en casaci\u00f3n no ocurre revisar el desarrollo l\u00f3gico de la argumentaci\u00f3n jurisdiccional, sino examinar la inteligencia que all\u00ed se haya dado a las normas y, en su caso, la dicha contradicci\u00f3n palmaria entre el juicio y la realidad vertida en el proceso\u00bb (G.J. T. CXXIV, p\u00e1g. 95), doctrina \u00e9sta reiterada, entre otras, en sentencia de 23 de mayo de 1989 (G.J. T. CXCVI, No. 2435, primer semestre, p\u00e1g. 136). <\/p>\n
Por lo dicho, los cargos aqu\u00ed analizados no prosperan. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 25 de noviembre de 1993, en el proceso ordinario (reivindicatorio) promovido por VICTOR ANTONIO GUERRERO POLO, VIRGILIO GUERRERO QUINTANA, MARIA ANTONIA CONDE, CARLOS ARTURO GIL QUICENO y LEONOR CICCARONE DE WILKINS, quienes manifestaron ser comuneros con ANUAR BAKARAT, MILCIADES LOZANO GONZALEZ, MARLENE GUTIERREZ DE LOZANO y CARLOS ARTURO TORO, contra ZABULON EUSEBIO TORRES POSSO. <\/p>\n
Costas a cargo de los recurrentes en casaci\u00f3n. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase. <\/p>\n
<\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
(En permiso) <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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S-055-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. PEDRO LAFONT PIANETTA Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., octubre siete (7) de mil novecientos noventa y siete (1997) […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81491","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81491","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81491"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81491\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81491"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81491"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81491"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}