S-057-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 Distrito Capital, ocho (8) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997). <\/p>\n
Ref: Expediente No. 4595 <\/p>\n
Despacha la Corte el recurso extraordinario de Casaci\u00f3n propuesto por la parte demandante contra la sentencia de julio 15 de 1993, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro del proceso ordinario adelantado por RAMIRO ANTONIO QUI\u00d1ONEZ GUZMAN frente a ANIBAL REYES SANCHEZ y MARIO RODRIGUEZ RICO. <\/p>\n
A N T E C E D E N T E S: <\/p>\n
1. Impetr\u00f3 el demandante ante el Juzgado Civil del Circuito de Aguachica (Cesar), se declarara que los demandados se hab\u00edan enriquecido injustamente a costa de su patrimonio. <\/p>\n
Subsecuentemente deprec\u00f3 se condenara a estos \u00faltimos a devolverle el valor de la hipoteca a que se contrae la escritura p\u00fablica No.128 del 30 de septiembre de 1980 de la Notar\u00eda Unica de Gamarra, sobre el predio denominado LA GUAYANA, ubicado en el sector de Buturama, con cabida aproximada de 286.4 hect\u00e1reas, por valor de cinco millones de pesos ($5.000.000), junto con su correcci\u00f3n monetaria y los intereses moratorios causados, a la tasa prevista en el empr\u00e9stito supuestamente concedido al actor. Si las liquidaciones a que haya lugar no se pueden hacer en concreto, pidi\u00f3 que se efectuaran en la forma establecida por los art\u00edculos 307 y subsiguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los hechos que sirven de fundamento a estas pretensiones se compendian de la siguiente manera: <\/p>\n
RAMIRO ANTONIO QUI\u00d1ONEZ GUZMAN solicit\u00f3 en el a\u00f1o de 1980 a la Caja Agraria, sucursal de Aguachica, el otorgamiento de un cr\u00e9dito garantizado con el gravamen hipotecario sobre la finca LA GUAYANA de su propiedad. <\/p>\n
La aprobaci\u00f3n del empr\u00e9stito, ocurrida durante la gerencia del se\u00f1or JAIRO HUMBERTO GALVIS ZAMBRANO, lo fue por la suma de $5.000.000,oo, seg\u00fan consta en la escritura 128 de septiembre 30 de 1980, contentiva del gravamen hipotecario. <\/p>\n
Al demandante jam\u00e1s le entregaron los dineros provenientes del pr\u00e9stamo. Por el contrario, fueron imputados a \u00abunos cr\u00e9ditos de terceros\u00bb en los cuales el accionante aparec\u00eda como aval o codeudor y que no superaban la suma de $1.800.000,oo. <\/p>\n
El demandante reclam\u00f3 al respecto ante la Oficina Principal de la Caja y en la sucursal de Aguachica, pero el Gerente de esta \u00faltima, prevalido de tal condici\u00f3n y \u201cde la corta vista del actor\u201d, lo enga\u00f1\u00f3 dici\u00e9ndole que su solicitud jam\u00e1s se hab\u00eda aprobado. <\/p>\n
Como \u00ablas cuotas para el pago se acercaban, lo cual pon\u00eda sobre aviso a mi poderdante\u00bb, el astuto gerente busc\u00f3 una pareja de compradores de la finca para un montaje final que dejara a salvo su censurable conducta. Es as\u00ed como aparecen los se\u00f1ores MARIO RODRIGUEZ RICO y ANIBAL REYES SANCHEZ, adquiriendo el fundo por $6.000.000,oo, de los cuales declar\u00f3 el vendedor haber recibido $1.000.000 y subrog\u00e1ndose aqu\u00e9llos, al tenor de la cl\u00e1usula tercera, en \u00abel cr\u00e9dito\u00bb (sic.) por $5.000.000,oo que bien sab\u00edan era inexistente, o por lo menos, no por tal cuant\u00eda. <\/p>\n
Reza la escritura de compraventa que el inmueble soporta una hipoteca de primer grado por valor de $5.000.000,oo, en favor de la Caja de Cr\u00e9dito Agrario Industrial y Minero, que los compradores se comprometen a pagar en el plazo y condiciones que se pacten con el acreedor. <\/p>\n
El montaje termina, \u00abcomo cualquier pel\u00edcula de vaqueros\u00bb, cuando se cancela el gravamen y se solidifica uno por mayor valor para efectos del reparto correspondiente, raz\u00f3n por la cual los compradores se enriquecieron il\u00edcita e ilegalmente a costas del vendedor. <\/p>\n
3. Enterados los demandados de la existencia del referido libelo, propusieron excepciones previas, oponi\u00e9ndose a las pretensiones all\u00ed contenidas. Aceptaron algunos de los hechos que las soportan, negaron otros, y dijeron desconocer los dem\u00e1s. Adujeron, adem\u00e1s, que el negocio realmente celebrado fue una permuta por valor de $14.000.000 en virtud de la cual entregaron la finca denominada \u00abEl Amparo\u00bb, m\u00e1s un ribete de $10.000.000 de los cuales $2.000.000 fueron para cubrir la deuda del demandante con la Caja Agraria. <\/p>\n
4. Agotadas las ritualidades propias de la primera instancia, la misma concluy\u00f3 con sentencia desestimatoria de las pretensiones del actor, la cual fue confirmada por La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, al desatar la alzada promovida por el demandante. <\/p>\n
LAS RAZONES DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Luego de destacar los aspectos relievantes del litigio, infiere el Tribunal que el problema planteado por el recurrente consiste en determinar si existi\u00f3 enriquecimiento \u00abil\u00edcito\u00bb en la compraventa convenida, como consecuencia de lo estipulado en la escritura correspondiente, en cuanto que el precio de la venta fue la suma de $6.000.000, de la cual solo le entregaron al demandante $1.000.000 en efectivo y $1.725.430 por concepto de la subrogaci\u00f3n de un cr\u00e9dito que ten\u00eda pendiente con la Caja Agraria, raz\u00f3n por la que los compradores se habr\u00edan enriquecido en el valor de $3.274.570 como consecuencia de haberse pactado que la susodicha subrogaci\u00f3n ser\u00eda por $5.000.000. <\/p>\n
Se trata, entonces, deduce el fallador, de la acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa que tiene cabida cuando existiendo incremento en un patrimonio, hay un empobrecimiento correlativo en otro, sin una causa jur\u00eddica imputable y siempre que no exista \u00abotra acci\u00f3n distinta a la denominada actio in rem verso\u201d. De manera que esta v\u00eda subsidiaria exige para su prosperidad, los siguientes requisitos: Que el demandado se haya enriquecido; que el demandante se haya empobrecido; y que tal hecho carezca de causa legal que lo justifique. <\/p>\n
Adentr\u00e1ndose el Ad-quem en la confrontaci\u00f3n de tales premisas con el acervo probatorio recaudado, concluye que la acci\u00f3n no puede prosperar por no darse los presupuestos que \u00abposibiliten el petitum\u00bb. En efecto, a\u00f1ade, el extremo demandado opuso a la escritura de compraventa aducida por el actor, la promesa de permuta convenida entre los litigantes y la esposa del demandante, se\u00f1ora ANGUSTIA NAVARRO DE QUI\u00d1ONEZ, documento debidamente autenticado y que, por ende, -dice el ad quem- tiene el mismo valor probatorio que los instrumentos p\u00fablicos entre quienes lo suscribieron. <\/p>\n
El sentenciador dedujo de tal prueba, que la finca \u00abLA GUAYANA\u00bb fue permutada por el demandante y su esposa a cambio del fundo \u00abEL AMPARO\u00bb de propiedad de los demandados, quienes reconocieron a aqu\u00e9llos un ribete de $10.000.000. Prueba esta que encontrara abonada con la confesi\u00f3n que hiciera el demandante ante el Juzgado Octavo de Instrucci\u00f3n criminal de Valledupar, en la que precisa el valor total de la referida negociaci\u00f3n en la suma de $14.000.000. <\/p>\n
Corroboran dicho aserto, en el sentir del Tribunal, el interrogatorio de parte absuelto por ANIBAL REYES SANCHEZ y la Inspecci\u00f3n Judicial practicada a las oficinas de la Caja Agraria de Aguachica, medios estos que, evaluados conjuntamente, permiten afirmar que la aludida escritura p\u00fablica de compraventa fue elaborada recogiendo preacuerdos entre las partes tendientes a evitar mayores cargas tributarias y aprovechando la hipoteca abierta que gravaba el inmueble, como consecuencia de un cr\u00e9dito que obtuvo el demandante con el fin de solucionar las obligaciones vencidas que ten\u00edan sus hijos y de las que aqu\u00e9l era codeudor, de las cuales se hicieron cargo los demandados a trav\u00e9s de la figura de la subrogaci\u00f3n. <\/p>\n
A manera de corolario, concluye el Tribunal, que el fallo apelado debe confirmarse, \u00abpero m\u00e1s por estas razones que (sic.) las aducidas por la conociente primaria\u00bb, pues no se demostr\u00f3 el enriquecimiento de los demandados a costa del empobrecimiento del actor, toda vez que el precio de la escritura p\u00fablica No. 091 no es el real, sino el convencional. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Con fundamento en la primera de las causales de casaci\u00f3n, se formula en ella un \u00fanico cargo mediante el cual se acusa la sentencia de segunda instancia de ser indirectamente violatoria de los art\u00edculos 1766 del C\u00f3digo Civil y 267 del Estatuto Procedimental por aplicaci\u00f3n indebida, y 8o. de la ley 153 de 1887 y 831 del C\u00f3digo de Comercio, por falta de aplicaci\u00f3n, como consecuencia de errores evidentes \u00abde hecho algunos y de derecho otros\u00bb, en que incurri\u00f3 el sentenciador en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
Emprende el censor la demostraci\u00f3n del cargo, sintetizando los fundamentos del fallador, para lo cual afirma que este deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda por no encontrar reunidos los requisitos de la acci\u00f3n \u00abin rem verso\u00bb, ya que de la promesa de permuta suscrita entre los litigantes y la esposa del demandante, documento que tuvo por aut\u00e9ntico, de la declaraci\u00f3n vertida por el actor en el Juzgado 8\u00b0 de Instrucci\u00f3n Criminal y corroborada en el interrogatorio de parte absuelto por ANIBAL REYES SANCHEZ, al igual que de la inspecci\u00f3n judicial practicada a las oficinas de la Caja Agraria, es factible inferir que la susodicha escritura de compraventa fue elaborada recogiendo los preacuerdos de las partes, tendientes a evitar mayores cargas tributarias y, por supuesto, aprovechando la hipoteca abierta que gravaba el inmueble y en la cual se subrogaron los demandados. <\/p>\n
Despu\u00e9s de transcribir algunos apartes del fallo, el recurrente subraya, de la siguiente manera, los errores ostensibles de apreciaci\u00f3n probatoria en que supuestamente incurri\u00f3 el juzgador: <\/p>\n
a. En error de derecho al negarle valor probatorio a la escritura p\u00fablica de compraventa No. 091 del 19 de febrero de 1982 de la Notar\u00eda Unica del C\u00edrculo de Aguachica, instrumento p\u00fablico aportado con la demanda como demostrativo del negocio de venta entre las partes, que dio origen al injusto enriquecimiento de los demandados y que sin haber sido tachado de falso, fue desconocido por el juzgador con el argumento de que el precio real y su forma de pago es el que aparece en el contrato de promesa de permuta allegado por los demandados con la contestaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Al dejar de apreciar la escritura bajo aquel pretexto, el Tribunal viol\u00f3 los art\u00edculos 258 y 264 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el primero de los cuales dispone que la prueba de los instrumentos p\u00fablicos es indivisible y comprende aun lo meramente enunciativo siempre que tenga relaci\u00f3n directa con lo dispositivo del acto o contrato; y el segundo que ordena que los instrumentos p\u00fablicos hacen fe del otorgamiento, fecha y declaraciones de las partes y que su contenido es indivisible. <\/p>\n
b. En error de derecho al otorgarle valor de documento privado aut\u00e9ntico a una promesa de permuta que no fue suscrita por quienes son parte en el proceso, adem\u00e1s de no estar autenticadas las firmas de todos los intervinientes. <\/p>\n
El Tribunal, al reconocerle la calidad de aut\u00e9ntico al referido documento, contravino lo dispuesto por el art\u00edculo 252 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, as\u00ed como los art\u00edculos 258 y 276 ib\u00eddem, que reviste a tal especie de documentos, del mismo valor que a los instrumentos p\u00fablicos por lo que la prueba que de ellos resulte tambi\u00e9n es indivisible. <\/p>\n
c. Otorgarle eficacia probatoria a este documento para deducir que modifica lo pactado en la escritura p\u00fablica, es contravenir lo dispuesto en los art\u00edculos 1760 del C\u00f3digo Civil y 265 del C. de P.C., el primero de los cuales niega todo valor a los negocios que debiendo ser perfeccionados mediante escritura p\u00fablica, omiten esta exigencia, y el segundo que establece que la ausencia de aquella formalidad no puede suplirse de ninguna manera y que tales actos se mirar\u00e1n como inexistentes. <\/p>\n
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d. El Tribunal tambi\u00e9n incurri\u00f3 en \u00aberror evidente de derecho\u00bb al negarle valor probatorio al precio se\u00f1alado en la escritura p\u00fablica No. 091 de febrero 19 de 1982 para, en cambio, otorg\u00e1rselo al precio \u00abexcedente de la permuta\u00bb, no obstante que el art\u00edculo 1934 del C\u00f3digo Civil, le resta eficacia probatoria a los negocios que tiendan a modificar el precio de la compraventa, salvo cuando la escritura sea nula o falsificada. <\/p>\n
e. Agrega el recurrente que a\u00fan suponiendo que la promesa pueda ser tenida en cuenta por el sentenciador como prueba de la permuta de las fincas, habr\u00eda incurrido en \u00abmanifiesto error de derecho\u00bb al adicionar su contenido para considerarla como t\u00edtulo traslaticio de dominio de aqu\u00e9llas, cuando lo pactado por las partes fue la promesa de celebrar en el futuro el contrato de permuta sobre dichos inmuebles. <\/p>\n
f. Incurre tambi\u00e9n el sentenciador en error, ya no de derecho, sino de hecho, al considerar la declaraci\u00f3n vertida por el demandante ante el Juzgado de Instrucci\u00f3n Criminal, como confesi\u00f3n acerca de que la compraventa y el precio de la misma, estipulados en la susodicha escritura p\u00fablica 091, no son ciertos, como quiera que la ley veda que la confesi\u00f3n pueda recaer sobre hechos respecto de los cuales se exige otro medio de prueba, por lo que se violaron los art\u00edculos 195-3 y 265 del C. de P.C. <\/p>\n
g. Afirma, igualmente el censor, que el Tribunal incurri\u00f3 en ostensible error de hecho al deducir de la diligencia de inspecci\u00f3n judicial realizada a los documentos que reposan en la Caja Agraria, que el precio anotado en la escritura fue simulado, cuando lo cierto es que en dicha diligencia se comprob\u00f3 \u00fanicamente que el demandante fue deudor de esa instituci\u00f3n y, como tal, pidi\u00f3 que la deuda por $1.200.000 fuera subrogada a los demandados, petici\u00f3n que fue aceptada. Es decir, se acredit\u00f3 lo afirmado por el demandante en relaci\u00f3n con el cr\u00e9dito que por $5.000.000 le otorgara la Caja Agraria lo que fue el antecedente de la venta por medio de la cual se enriquecieron los compradores con el correlativo empobrecimiento del vendedor. <\/p>\n
C O N S I D E R A C I O N E S: <\/p>\n
1. Suelen distinguirse, tanto en los documentos p\u00fablicos como en los privados, tres partes, a saber: a) La fecha, que tiene valor probatorio \u00abadversus omnes\u00bb cuando el documento es p\u00fablico, y solo entre las partes, cuando el instrumento es privado. b) La parte dispositiva que, como su nombre lo indica, est\u00e1 constituida por el conjunto de disposiciones de quienes conforman la esencia del acto all\u00ed contenido, las que se presumen veraces entre ellos y los obliga mientras no se pruebe en contrario; y c) La parte enunciativa que consiste en las aserciones accesorias por medio de las cuales frecuentemente se indican los acontecimientos preliminares del suceso, o se mencionan circunstancias no esenciales del mismo, manifestaciones que, por ende, de no existir, la sustancia del asunto no resultar\u00eda menguada por su ausencia. Tales enunciaciones pueden ser absolutamente extra\u00f1as a las disposiciones plasmadas en el documento o, por el contrario, guardar una relaci\u00f3n directa con ellas, caso en el cual, entre unas y otras deber\u00e1 haber cierta armon\u00eda que permita que la fe de la cual est\u00e9 dotado el instrumento, las abarque conjuntamente y de manera indivisible, es decir, sin que haya posibilidad de atribuir eficacia demostrativa al hecho desfavorable deslig\u00e1ndolo de las adiciones o explicaciones favorables que est\u00e1n \u00edntimamente vinculadas; esto es lo que el art\u00edculo 258 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil prev\u00e9 y como puede apreciarse, se trata de una particularidad asimilable a la indivisi\u00f3n de la confesi\u00f3n. <\/p>\n
De otro lado, se ha dicho, repetidamente, que a partir de la vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil de 1970, se consagr\u00f3, como regla general, el sistema de la persuasi\u00f3n racional de la prueba, conforme al cual corresponde al juzgador ponderar razonadamente el m\u00e9rito que esta le merezca, sin sujeci\u00f3n a tarifas legales preestablecidas por el legislador. <\/p>\n
Es dable concluir, entonces, que no obstante lo que las partes declaren en un documento p\u00fablico en relaci\u00f3n con un acto o contrato, cuando una de ellas alega que \u00e9ste realmente no existe o que es otro su contenido, podr\u00e1 acudir a la prueba de testigos, o a la de indicios fundada en aquellos; y, en forma general, a todos los medios que le permitan llevar al convencimiento del juzgador la verdadera voluntad de los contratantes, para que as\u00ed la haga prevalecer sobre la externa que ostenta el acto p\u00fablico. <\/p>\n
Tal aserto no se opone, contrariamente a lo que sostiene el censor, a lo previsto por el art\u00edculo 265 de aquella codificaci\u00f3n, seg\u00fan el cual \u00abla falta de un instrumento p\u00fablico no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad\u00bb, puesto que una cosa es admitir cualquier medio para probar contra lo manifestado en un documento de tal naturaleza, y otra muy distinta, sustituirlo, hip\u00f3tesis a la cual alude la norma en comento. <\/p>\n
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De lo dispuesto por el art\u00edculo 264 ejusdem, no es factible inferir, como equivocadamente lo hace el censor, que las declaraciones efectuadas por las partes en los instrumentos p\u00fablicos no puedan desvirtuarse por otro medio de prueba, puesto que, en concordancia con lo previsto en el art\u00edculo 258 ib\u00eddem, ha de distinguirse, de un lado, entre el otorgamiento, la fecha y las afirmaciones del funcionario que autoriza el documento; y, del otro, las aserciones de los interesados, para ver c\u00f3mo tan solo lo primero es lo investido con el m\u00e9rito de prueba erga omnes, no excluyendo, en todo caso, la prueba que desvirt\u00fae tales atestaciones, pues en lo que ata\u00f1e con las declaraciones de las partes, si bien entre estas tienen el valor de plena prueba, tal cosa no puede ser entendida, de ninguna manera, como que no se admita prueba en contrario, o que se consideren como irrefutablemente sinceras y veraces, o que a los otorgantes les est\u00e9 vedado infirmarlas con otros medios probatorios, ni mucho menos que se les prohiba ampararse en escritos contentivos de los acuerdos privados que permitan establecer los verdaderos designios de su voluntad, con miras a contradecir las aseveraciones consignadas en la escritura p\u00fablica, inferencias todas estas hacia las cuales se llegar\u00eda por la v\u00eda del errado raciocinio del recurrente. <\/p>\n
2. As\u00ed mismo, el impugnante le enrostra al fallador un \u00aberror evidente de derecho\u00bb al otorgarle valor de documento privado aut\u00e9ntico a la promesa de permuta allegada al plenario, la cual, seg\u00fan su pensar, no solo no aparece suscrita por quienes son parte en este proceso, sino que no est\u00e1n autenticadas las firmas de todos los que la suscriben. <\/p>\n
Empero, de un lado, tal imputaci\u00f3n se erige como un medio nuevo que no es admisible en casaci\u00f3n, toda vez que el recurrente, si bien de manera ligera y superficial, le neg\u00f3 en el alegato de conclusi\u00f3n valor probatorio al se\u00f1alado documento, no es menos cierto que tal recriminaci\u00f3n no se finc\u00f3 en las supuestas irregularidades que ahora se le atribuyen; y, de otro lado, es suficiente una mirada al aludido documento para corroborar, en primer lugar, que aparece suscrito por las partes litigantes, esto es, RAMIRO ANTONIO QUI\u00d1ONEZ GUZMAN, ANIBAL REYES SANCHEZ y MARIO RODRIGUEZ RICO, de los cuales, los dos primeros comparecieron a la Notar\u00eda de Aguachica a autenticar sus firmas, mientras que el tercero aport\u00f3 el documento al proceso, raz\u00f3n por la cual, conforme a lo previsto, por los art\u00edculos 252 y 276 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, adquiri\u00f3 la calidad de aut\u00e9ntico. <\/p>\n
3. En lo concerniente con el entendimiento que al art\u00edculo 1934 del C\u00f3digo Civil corresponde, ha dicho esta Corporaci\u00f3n que \u00ab…la declaraci\u00f3n sobre el pago del precio contenida en la escritura p\u00fablica admite prueba en contrario entre las partes, mas no cuando se trata de accionar en frente de terceros poseedores, distinci\u00f3n, o mejor, puntualizaci\u00f3n de real sentido del art\u00edculo 1934 del C\u00f3digo Civil que no es el fruto de exigencia mas o menos caprichosa del int\u00e9rprete. Ciertamente: el art\u00edculo 1934 de nuestro C\u00f3digo Civil, es igual al inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 1876 del C\u00f3digo Civil Chileno, cuyo inciso 1\u00b0 corresponde a nuestro art\u00edculo 1933. Examinado en su conjunto, la coherencia del precepto chileno se nota a simple vista: trata \u00e9l de los efectos de la resoluci\u00f3n del contrato de compraventa, en frente de terceros poseedores, por el no pago del precio, hip\u00f3tesis \u00e9sta que descompone en dos partes: una que remite a los art\u00edculos 1940 y 1941 de ese ordenamiento (equivalentes a nuestros art\u00edculos 1547 y 1548), o sea, cuando consta la condici\u00f3n por el no pago del precio, y otra, cuando en la escritura se expresa el pago del precio. Por virtud de la primera hip\u00f3tesis es posible accionar en frente de terceros poseedores, eso si, siempre y cuando se den las condiciones contempladas en los art\u00edculos con los que la norma se enlaza, pero por la segunda, ya no ser\u00e1 posible hacerlo, a menos, claro est\u00e1, que se demuestre la nulidad o la falsedad de la escritura.\u00bb <\/p>\n
Y a continuaci\u00f3n agrega la Corte: <\/p>\n
\u00abEn lo que ata\u00f1e a nuestro art\u00edculo 1934 es en raz\u00f3n de ese antecedente que debe ser armonizado con la norma que lo precede para, con fundamento en esa concomitancia, extraer su cabal significado, significado que, a su vez, no es otro que el prohijado de modo inalterable por la jurisprudencia de la Corte. Por ende, la restricci\u00f3n probatoria all\u00ed instituida cuando en la escritura p\u00fablica se ha hecho constar el pago del precio no tiene vigencia en frente de las partes del contrato cuando \u00e9stas intenten sustraerle el m\u00e9rito a dicha declaraci\u00f3n, desde luego que no es a las mismas a las que el precepto cobija. <\/p>\n
\u00abLa apuntada conclusi\u00f3n tambi\u00e9n es evidenciable desde el punto de vista del art\u00edculo 1766, precepto que ha sido un\u00e1nime y certeramente entendido en el sentido de que, en contra de las partes del contrato, es factible hacer valer pruebas cuyo objeto sea la impugnaci\u00f3n de lo que esas mismas partes han manifestado en la escritura p\u00fablica.\u00bb (Cas. 24 de abril de 1986). <\/p>\n
Por consiguiente, no incurri\u00f3 el sentenciador en la infracci\u00f3n que del art\u00edculo 1934 del C\u00f3digo Civil, a \u00e9l se le enrostra. <\/p>\n
4. Seg\u00fan lo dispuesto en el inciso 2 del ordinal 1 del art\u00edculo 368 del C. de P.C., la infracci\u00f3n de una norma sustancial como causal de casaci\u00f3n, puede ocurrir como resultado de un error de derecho, en cuyo caso apareja la violaci\u00f3n de un precepto de car\u00e1cter probatorio, o de un error de hecho de car\u00e1cter manifiesto, cometidos en la aprecia\u00adci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n o de determinada prueba. <\/p>\n
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Pero, mientras que el error de hecho implica una confrontaci\u00f3n de la realidad objetiva de la prueba con la apreciaci\u00f3n que de ella hizo el Juzgador con miras a poner de presente la evidente disparidad entre ambas, en el error de derecho la estimaci\u00f3n cumplida se ha de cernir por el tr\u00e1mite de las normas que disciplinan la actividad probatoria para patentizar que, conforme a tales reglas, el juicio del sentenciador no pod\u00eda ser el que finalmente consign\u00f3. <\/p>\n
En consecuencia, incurrir\u00eda el Tribunal en error de derecho si afirmase que determinada prueba es apta para demostrar un hecho o un acto, cuando en realidad no lo es, o cuando la desestima por inid\u00f3nea, siendo, adecuada, todo con sujeci\u00f3n a las susodichas normas reguladoras de la actividad probatoria dentro del proceso, las cuales, en consecuencia, resultan quebrantadas, motivo por el cual y a fin de configurar el error, debe denunciarse su violaci\u00f3n. <\/p>\n
En la demanda, ahora sometida a consideraci\u00f3n de la Corte, se duele el impugnante de que el Tribunal incurri\u00f3 en error de hecho al adicionar el contenido de la promesa de contrato para \u00abdarle el alcance de ser traslativa de dominio\u00bb. Sin embargo, de ser cierta la premisa de este juicio, el yerro de apreciaci\u00f3n probatoria en que incurrir\u00eda el fallador ser\u00eda de derecho y no de hecho, como equivocadamente lo alega el censor; desde luego que con tan peculiar consideraci\u00f3n se estar\u00eda infringiendo lo dispuesto por el art\u00edculo 265 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, porque por mandato del art\u00edculo 1956 del C\u00f3digo Civil, la permutaci\u00f3n de bienes ra\u00edces requiere, para que se perfeccione, de escritura p\u00fablica, calidad de la que adolece el documento privado allegado al expediente. <\/p>\n
En similar deficiencia t\u00e9cnica incurre el censor cuando acusa la sentencia por error de hecho por haber apreciado la declaraci\u00f3n del demandante ante el Juez Octavo de Instrucci\u00f3n Criminal como una confesi\u00f3n \u00abacerca de la compraventa y el precio convenidos en la escritura p\u00fablica\u00bb, como quiera que la ley veda que la confesi\u00f3n pueda recaer sobre hechos respecto de los cuales la ley exige otro medio de prueba. Sin embargo, de ser cierto este enunciado, que en verdad no lo es, el error que podr\u00eda atribu\u00edrsele al Tribunal no ser\u00eda de hecho sino de derecho, porque estar\u00eda otorg\u00e1ndole idoneidad a un medio probatorio que carece de ella, de conformidad con la regla de estimaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 195 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
En todo caso, la acusaci\u00f3n del recurrente es vana toda vez que el demandado, ante el Juzgado Octavo de Instrucci\u00f3n de Criminal radicado en Aguachica, declar\u00f3 que habi\u00e9ndosele preguntado por parte de An\u00edbal Reyes sobre el valor del fundo, le manifest\u00f3: \u201cyo le dije que no le ten\u00eda precio a la finca, y me dijo que le dijera cu\u00e1nto era el precio, y negociamos la finca en la suma de CATORCE MILLONES DE ESOS (sic). Me dijo que fuera a la Caja que hablara con el se\u00f1or Gerente y a los poquitos d\u00edas fui a la Caja y creo que ya ellos hab\u00edan hablado all\u00e1 en la Caja, el se\u00f1or Gerente me pregunt\u00f3 que si yo hab\u00eda vendido la finca y yo le dijo que s\u00ed que si la hab\u00eda vendido por el asunto del atropello que ten\u00eda ah\u00ed en la Caja porque la finca no me la dejaba embargar y yo le dije que la hab\u00eda vendido por catorce millones de pesos, entonces \u00e9l, mejor, yo le dije que ven\u00eda por orden de ANIBAL REYES porque yo ven\u00eda a cancelar la deuda que ten\u00edan los hijos m\u00edos y mand\u00f3 a sacar la cuenta y abon\u00e9 lo del MILLON SETECIENTOS MIL PESOS Y PICO, toda la deuda\u2026\u201d. Preguntado luego sobre la forma como recibi\u00f3 el pago de ese precio de $14.000.000. CONTESTO: \u201cMe dieron ambos cheques, por trescientos mil pesos, fueron varios cheques, no recuerdo el total global de los cheques que me entregaron, me dieron una finca llamada El Amparo, no recuerdo el valor que representa, unas vacas y dos toros que representan un valor de UN MILL\u00d3N OCHOCIENTOS MIL PESOS, de ABINAL REYES, nosotros fuimos a la finca de \u00e9l\u201d y m\u00e1s adelante agrega que \u201cyo les ped\u00ed catorce millones de pesos y ellos me regatiaron pero yo les dije que no\u201d. <\/p>\n
Como se ve, las manifestaciones del declarante no contienen, en manera alguna, hechos que no sean susceptibles de ser probados mediante confesi\u00f3n. <\/p>\n
Estas deficiencias de \u00edndole t\u00e9cnica imposibilitan el estudio de fondo de tales acusaciones. <\/p>\n
5. En relaci\u00f3n con la inspecci\u00f3n judicial dijo el Tribunal lo siguiente: <\/p>\n
\u201c Adem\u00e1s de las pruebas anteriores que traen al Juzgado (sic.) la convicci\u00f3n respecto que (sic.) plantearon los demandados fue lo que realmente ocurri\u00f3 al rededor (sic,) de la venta de La GUAYANA, habitan en el plenario el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3 el se\u00f1or ANIBAL REYES (fls. 3 a 5 y vto.) y la inspecci\u00f3n judicial practicada a las Oficinas de la Caja Agraria de Aguachica (fls. 6a 26), medios probatorios estos que evaluados conjuntamente con los prealudidos sirven de sustent\u00e1culos para afirmar que la escritura asomada por el se\u00f1or QUI\u00d1ONES GUZMAN como fuente de sus pretensiones, fue elaborada recogiendo preacuerdos entre las partes tendientes a evitar mayores cargas tributarias y aprovechando la hipoteca abierta que pesaba sobre La GUAYANA, raz\u00f3n para que se estableciera que se subrogaron los demandados en el valor de la garant\u00eda hipotecaria que hab\u00eda constituido el demandante con fines de obtener un cr\u00e9dito para solucionar las obligaciones que ten\u00edan sus hijos y de quienes era codeudor (sic.), pero que a la saz\u00f3n nunca se cristaliz\u00f3 el pr\u00e9stamo motivo para que los accionados se hicieran cargo de las mismas a trav\u00e9s de la figura de la subrogaci\u00f3n…\u201d (Se subraya). <\/p>\n
Como se observa a simple vista, no se dijo en la sentencia que la inspecci\u00f3n judicial practicada hubiese sido la demostraci\u00f3n de la simulaci\u00f3n del precio del contrato, sino que, por el contrario, aunada esta prueba con las otras all\u00ed mencionadas, se pod\u00eda afirmar que la escritura de compraventa recog\u00eda \u00abpreacuerdos\u00bb entre las partes, uno de los cuales concierne a la \u00absubrogaci\u00f3n\u00bb de la deuda del vendedor con la CAJA AGRARIA, aspecto este al cual se alude en la susodicha inspecci\u00f3n judicial, por lo que aquella inferencia no resulta contraevidente. <\/p>\n
6. En fin, si de alg\u00fan modo fuera posible dejar de lado todo lo que hasta el momento se ha dicho; y, si en gracia de discusi\u00f3n, se aceptara que los errores de hecho y de derecho que la censura le enrostra al sentenciador para apoyar su punto de vista en verdad se configuraron, tales yerros ser\u00edan, sin lugar a dudas, intrascendentes, al no combatir el verdadero fundamento de la sentencia impugnada. En suma, el censor en su ataque qued\u00f3 a mitad de camino al dejar de lado, ins\u00edstese, la demostraci\u00f3n de la trascendencia de los errores que le imputara al sentenciador. En otras palabras, al ser incompleto el ataque, los argumentos sobre los cuales el tribunal ad quem finc\u00f3 su decisi\u00f3n, quedaron inc\u00f3lumes. <\/p>\n
En concreto, si por virtud de la impugnaci\u00f3n, resultaran, como ya se dijo, demostrados los errores de hecho y de derecho en la apreciaci\u00f3n probatoria, caso en el cual, de acuerdo con la aspiraci\u00f3n del recurrente, cobrar\u00eda plena eficacia probatoria la escritura p\u00fablica No. 091 de 19 de febrero de 1982, lo cierto es que su contenido (declarativo y dispositivo), apenas descubrir\u00eda el contrato de compraventa que mediante ella se solemniza, pero en manera alguna quedar\u00edan los elementos que conforma la acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa, porque como antes se anot\u00f3, en este punto el cargo es incompleto. <\/p>\n
Al efecto, importa recordar que, como insistentemente lo ha dicho la Corte, \u201ccuando el ataque en casaci\u00f3n radica en la infracci\u00f3n de norma sustancial, causal primera del art\u00edculo 368 del C. de P. C., s\u00f3lo puede aspirarse al quiebre de la sentencia acusada si se impugnan exitosamente todos los cimientos en que viene edificada. <<atacar apenas alguno o algunos de ellos, pues, pugna con la t\u00e9cnica que informa el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, como que se entiende que aun cuando ellos saliesen airosos, los que se dejaron al margen de la censura continuar\u00edan sirviendo de soporte al fallo combatido, desde luego que la Corte estar\u00eda por lo mismo impedida para examinarlos>>\u201d (G.J.CCXII, p. 200). <\/p>\n
En consecuencia, el cargo no prospera. <\/p>\n
D E C I S I O N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de julio 15 de 1993, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro del proceso ordinario adelantado por RAMIRO ANTONIO QUI\u00d1ONEZ GUZMAN frente a ANIBAL REYES SANCHEZ y MARIO RODRIGUEZ RICO. <\/p>\n
Costas a cargo del recurrente. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
Referencia: Expediente No.4595 <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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S-057-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 Distrito Capital, ocho (8) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997). Ref: Expediente No. 4595 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81493","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81493","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81493"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81493\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81493"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81493"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81493"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}