S-059-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
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Magistrado Ponente: <\/p>\n
Jorge Antonio Castillo Rugeles <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., dieciseis (16) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997). <\/p>\n
Ref. Expediente No. 4534 <\/p>\n
No advirti\u00e9ndose causal alguna que invalide lo actuado, procede la Corte a dictar sentencia sustitutiva del fallo de fecha 16 de diciembre de 1992, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario adelantado por ROSALBA CANO DE KOEHLER frente a ANDREAS KOEHLER, en virtud de haber sido casado dicho prove\u00eddo por esta Corporaci\u00f3n, con sentencia de 9 de mayo de 1997. <\/p>\n
I.- ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Mediante demanda que por reparto correspondi\u00f3 al Juzgado 28 Civil del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, la se\u00f1ora ROSALBA CANO DE KOEHLER, convoc\u00f3 a un proceso ordinario al se\u00f1or ANDREAS KOEHLER para que, cumplida su tramitaci\u00f3n legal, se declarase que \u00ab…el demandado ANDREAS KOEHLER, en ejercicio de un mandato gratuito otorgado por la demandante ROSALBA CANO DE KOEHLER en la ciudad de Melgar, en el mes de mayo de 1989, retir\u00f3 de la cuenta corriente de \u00e9sta en el VOLKSBANK LINDENBERG EG de la Rep\u00fablica Federal de Alemania, la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS PUNTO CERO SIETE MARCOS ALEMANES (MD 253.816,07)\u00bb; y que, como consecuencia, se condenase a la parte demandada a restituir a la actora \u00ab…la suma de 253.816,07 marcos alemanes, m\u00e1s los intereses de esa cantidad a la tasa comercial vigente en Colombia, pa\u00eds en donde est\u00e1n domiciliados tanto demandante como demandado\u00bb, agregando que si \u00e9ste \u00faltimo prefiere efectuar el \u00ab…reembolso en moneda legal colombiana debe hacerlo junto con sus intereses al tipo de cambio vigente el d\u00eda del pago. En uno u otro caso, la restituci\u00f3n deber\u00e1 hacerla dentro de los tres d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
2.- Las pretensiones anteriores se fundamentaron en los hechos que en providencia anterior, la Sala sintetiz\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
\u00aba) Con el producto de la venta de una casa de su propiedad, que ascendi\u00f3 a la suma de 440.000,oo marcos alemanes, la demandante abri\u00f3 una cuenta corriente en el Volksbank Lindenberg EG., de la ciudad de Lindenberg, Rep\u00fablica Federal Alemana, lo que sucedi\u00f3 el 4 de abril de 1989. En el mes de mayo siguiente, \u2018la demandante supuestamente le otorg\u00f3 un mandato gratuito al se\u00f1or Andreas Koehler…, para disponer de su cuenta corriente… en papel membreteado del citado Banco, que ella no ten\u00eda por qu\u00e9 tener en su poder y del que jam\u00e1s solicit\u00f3 al Banco su env\u00edo para diligenciarlo\u2019. <\/p>\n
\u201cb) Se ha afirmado la existencia de un poder supuestamente otorgado por la demandante, \u2018toda vez que el 20 de octubre de 1989 el VOLKSBANK LINDENBERG le envi\u00f3 a \u00e9sta, v\u00eda fax, una copia de un poder otorgado por ella en el mes de mayo de 1989 desde la ciudad de Melgar…, en favor del demandado, para retirar fondos de su cuenta corriente en el Banco alem\u00e1n antes mencionado, entre otras facultades\u2019. Pero la demandante, por las circunstancias que en el hecho se describen, \u2018\u2026no tiene conciencia de haber firmado tal poder en el mes indicado ni en ninguna otra \u00e9poca\u2019. <\/p>\n
\u201cc) El demandado, \u2018En ejercicio de ese sospechoso poder\u2019, retir\u00f3 del Volksbank Lindenberg la cantidad de 253.816.07 marcos alemanes. <\/p>\n
\u201cd) El banco respondi\u00f3 las solicitudes de la demandante pero ocultando \u2018\u2026el retiro del sospechoso apoderado, como si existiera entre aqu\u00e9l y \u00e9ste un acuerdo doloso\u2019. <\/p>\n
\u201ce) Despu\u00e9s dirigi\u00f3 comunicaci\u00f3n a la hoy recurrente, en la que consta la cantidad retirada. Dicho escrito lo transcribe y traduce la propia demandante, seg\u00fan consta en el libelo. <\/p>\n
\u201cf) El demandado no ha negado tener en su poder la suma aqu\u00ed reclamada, pero est\u00e1 tomando tal circunstancia como un elemento de presi\u00f3n ilegal para forzar a la demandante a suscribir un contrato donde haga declaraciones que no corresponden a la verdad y que son perjudiciales, respecto de asuntos que ser\u00e1n objeto de otros procesos. <\/p>\n
\u201cg) \u2018Independientemente de que el poder sea falso (esta demanda parte de la base de que es legal) y de que el VOLKSBANK LINDENBERGERG (sic) EG haya servido como c\u00f3mplice necesario, lo cierto es que el apoderado retir\u00f3, en ejercicio de ese poder, la cantidad de MD 253.816.07 en calidad de mandatario de la demandante, seg\u00fan la comunicaci\u00f3n del Banco transcrita y por consiguiente est\u00e1 obligado a restitituirla (sic) a la mandante, lo que no ha hecho…\u2019\u201d <\/p>\n
3.- El demandado al contestar la demanda se opuso a las pretensiones de la actora, neg\u00e1ndose a reconocer documentos que carecen de autenticidad y que se encuentran en idioma extranjero, sin la correspondiente traducci\u00f3n oficial. No acepta el hecho de hab\u00e9rsele otorgado el precitado mandato gratuito, ni el env\u00edo del poder a la demandante, por parte del Volksbank Linderberg eG, pues el aportado se hizo en \u00abun papel sin autenticidad alguna e ilegible, proveniente de un tercero, que su apoderado denomina <Fax>\u00bb, agregando que a la actora le corresponde probar, en legal forma, lo pretendido en su demanda, quien, adem\u00e1s, ha actuado con temeridad y mala fe que se reflejan en el hecho de presentar para reconocimiento, documentos sin firma. <\/p>\n
Propuso como excepciones de m\u00e9rito las que denomin\u00f3, carencia de acci\u00f3n, ilicitud, temeridad o mala fe, carencia de fundamento legal de la demanda, inexigibilidad de la supuesta obligaci\u00f3n, cobro de lo no debido, enriquecimiento il\u00edcito, compensaci\u00f3n y la gen\u00e9rica (art.306 del C. de P.C.). <\/p>\n
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II.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El a quo, despu\u00e9s de establecer la existencia de los presupuestos procesales, procedi\u00f3 a decidir el fondo de la controversia, profiriendo sentencia con la cual le puso fin a la primera instancia. <\/p>\n
Tras recordar el art\u00edculo 174 del C. de P.C., encamin\u00f3 su estudio a analizar si con las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, la demandante logr\u00f3 demostrar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico perseguido por \u00e9stas, tal cual lo precept\u00faa el art\u00edculo 177 ib\u00eddem. <\/p>\n
Dice al efecto el juzgador, que a la actora le bastaba acreditar dos de las tres afirmaciones contenidas en la demanda, vale decir, que el demandado fue o es su mandatario en virtud de contrato gratuito o remunerado y que en ejercicio de dicho mandato retir\u00f3, del referido banco alem\u00e1n, la suma de dinero se\u00f1alada en la demanda, pues la tercera relacionada con la no devoluci\u00f3n del valor aludido, por constituir una negaci\u00f3n indefinida, estaba exenta de prueba, seg\u00fan lo estatuido en el inciso 2\u00ba de la norma procesal precitada . <\/p>\n
Desafortunadamente, afirma el sentenciador, la demandante no pudo demostrar ninguno de dichos presupuestos, pues respecto de la existencia del mandato solo obra la afirmaci\u00f3n que \u00e9sta hiciera en el libelo demandatorio, la cual es negada por el demandado; igual situaci\u00f3n probatoria se presenta en lo relacionado con el retiro del dinero del aludido banco alem\u00e1n, \u00abya que no existe certeza siquiera de que tal cuenta corriente exista o hubiese existido y quien era su titular y si el demandado estaba autorizado para manejarla etc., todo por falta de un tratado de asistencia judicial entre nuestro pa\u00eds y la anterior Rep\u00fablica Federal de Alemania, lo que frustr\u00f3 la intenci\u00f3n probatoria de la parte actora\u00bb. <\/p>\n
Ante las circunstancias as\u00ed descritas, el a quo, en sentencia de 9 de marzo de 1992, deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda y declar\u00f3 terminado el proceso, condenando en costas a la actora. <\/p>\n
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III.- EL RECURSO DE APELACION <\/p>\n
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El fallo as\u00ed proferido, fue apelado por la demandante, quien manifest\u00f3 que si con la simple prueba documental el juzgador no tuvo por probados los hechos expuestos en la demanda, ello lo habr\u00eda logrado si hubiese procedido a relacionar dichos medios probatorios con la declaraci\u00f3n de parte rendida por el demandado, habiendo podido establecer, entonces, que \u00e9ste s\u00ed retir\u00f3 de la cuenta bancaria de la actora, unos dineros sin efectuar, hasta ahora, su reintegro a la leg\u00edtima due\u00f1a. <\/p>\n
Y en cuanto al contenido del poder, dice que si bien es cierto se borr\u00f3, existe en autos la carta que la entidad bancaria le remitiera a la demandante, cuyo contenido es el siguiente: \u00abConsiderando que el se\u00f1or Andreas Koekler (sic) ha dispuesto de DM 253.816.07 a cargo de su cuenta en Luxemburgo, actualmente no nos queda ning\u00fan valor a disposici\u00f3n el cual pudi\u00e9ramos ponerle en New York, de acuerdo con las instrucciones de 20. 09. 89\u00bb. Con este documento, afirma, se demuestran dos hechos: a) Que la demandante ten\u00eda dineros en esa cuenta corriente y b) Que el demandado los retir\u00f3 de la misma, siendo imposible, en consecuencia, negar la plena demostraci\u00f3n de los supuestos f\u00e1cticos expuestos en la demanda. <\/p>\n
Concluye el recurrente sus alegaciones, refiri\u00e9ndose a la manifestaci\u00f3n que hiciera el apoderado del demandado en cuanto a la presunta violaci\u00f3n, por parte de la demandante, del decreto 444 de 1967, en relaci\u00f3n con la cual agrega, que en el supuesto de que existiera tal transgresi\u00f3n, ello no legitimar\u00eda al ciudadano alem\u00e1n Andreas Koehler, para apropiarse impunemente del mencionado dinero depositado por su representada. <\/p>\n
El Tribunal, al desatar la apelaci\u00f3n propuesta por \u00e9sta, confirm\u00f3 el fallo del a quo, expresando que la actora no prob\u00f3 que el demandado hubiese efectuado el retiro de los dineros de la cuenta corriente del mencionado banco alem\u00e1n, ni que fuese la titular de dicha cuenta. Agreg\u00f3 que la accionante, al dejar de demostrar los hechos invocados en la demanda, relev\u00f3 al demandado en consecuencia, de probar los fundamentos de su defensa. A\u00f1adi\u00f3, en fin, que tampoco demostr\u00f3 que aqu\u00e9l hubiese falsificado el poder, o lo hubiese elaborado a espaldas de la demandante y menos a\u00fan que hubiese ejercido presi\u00f3n ilegal para obtenerlo. <\/p>\n
Interpuesto por la actora el recurso de casaci\u00f3n contra el fallo de segunda instancia, la Corte lo resolvi\u00f3 con sentencia de fecha ya mencionada, por la cual cas\u00f3 la del Tribunal al estimar que el sentenciador de segundo grado, incurri\u00f3 en manifiesto y trascendente error de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria. Con arreglo al art\u00edculo 243 del C. de P . C. orden\u00f3, de oficio, la pr\u00e1ctica de una peritaci\u00f3n que llevar\u00eda a cabo el Banco de la Rep\u00fablica con el fin de establecer, el equivalente en moneda colombiana, de las sumas reclamadas y se\u00f1aladas en marcos alemanes, atendidas las normas de control de cambios que resultaren aplicables, dictamen que obra a folios 74 a 80 del cuaderno conformado a ra\u00edz del tr\u00e1mite adelantado en esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
IV.- CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Advertida la concurrencia de los requisitos exigidos para la v\u00e1lida formaci\u00f3n del proceso, a saber: demanda en forma, tr\u00e1mite adecuado de la misma, competencia del juez y capacidad tanto jur\u00eddica como procesal de las partes, procede el an\u00e1lisis de fondo de la pretensi\u00f3n puesta a consideraci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n del Estado. <\/p>\n
2.- Tal como quedara establecido en el estudio del cargo que condujo al quiebre de la sentencia motivo del recurso, en el caso de autos se prob\u00f3, con los documentos oportuna y legalmente aportados al proceso, visibles a los folios 104, 106, 109, 110 y 112 del expediente, la existencia de un contrato de mandato, celebrado entre las partes intervinientes en el proceso. Igualmente qued\u00f3 demostrado que el d\u00eda 22 de julio de 1989, el demandado ANDREAS KOEHLER, aduciendo su condici\u00f3n de mandatario de la actora, retir\u00f3 del Volksbank Lindenberg eG de la Rep\u00fablica Federal de Alemania, la suma de 253.816,07 marcos alemanes, cantidad que a la saz\u00f3n se encontraba depositada en la cuenta corriente abierta a nombre de la actora, en dicha entidad bancaria, dinero que ha de suponerse mantiene en su poder. As\u00ed las cosas, es de entender, que aquellos valores le pertenecen a la aqu\u00ed demandante por cuanto lo que de ordinario acontece, atendida las reglas de la experiencia com\u00fan, es que los fondos depositados en una cuenta bancaria, son de su titular. Lo contrario por ser lo excepcional debe probarse; y es un hecho que en este proceso no se demostr\u00f3, en manera alguna, que los dineros retirados por ANDREAS KOEHLER de la cuenta corriente abierta a nombre de la demandante en la mencionada entidad Bancaria, fuera de propiedad de otra persona. <\/p>\n
En ese orden de ideas, y no obstante que en el caso de autos el demandado cuestionara la existencia del mandato, es un hecho indubitable que \u00e9ste no demostr\u00f3 haber restituido unos dineros que la actora, seg\u00fan se vio, tiene derecho a reclamar, lo que por s\u00ed solo es suficiente para que alcance \u00e9xito su demanda. <\/p>\n
3.- Ahora bien, el mandato es, por definici\u00f3n, un contrato en que una persona conf\u00eda la gesti\u00f3n de uno o m\u00e1s negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Tal acuerdo, por ser de naturaleza consensual, siguiendo las voces del art\u00edculo 2150 del C.C., se perfecciona con la sola aceptaci\u00f3n, expresa o t\u00e1cita del mandatario, bastando, por ende, con adelantar cualquier acto encaminado a su ejecuci\u00f3n para que se constituya y perfeccione. Dicha consensualidad la ha subrayado la jurisprudencia de la Corte al predicar que, por ser tal, no requiere \u201cde formalidades especiales para su perfeccionamiento\u201d (Casaci\u00f3n 4 de septiembre de 1958, LXXXIX, 2202; 29 de mayo de 1959, 1060 marzo 7 de 1966 y 10 de mayo de 1966). <\/p>\n
En virtud del contrato en menci\u00f3n, al lado de las obligaciones del mandante, consignadas de manera espec\u00edfica en el art\u00edculo 2184, se le impone al mandatario, particularmente en los art\u00edculos 2181 y 2182 de la misma codificaci\u00f3n, la obligaci\u00f3n clara e ineludible de restituir toda suma de dinero que mantenga en su poder y que sea de propiedad del mandante, con los respectivos intereses, que ser\u00e1n los corrientes en el evento de que tales valores los hubiese utilizado en su propio beneficio. <\/p>\n
Ello porque el dinero como bien lucrativo que es, no solo se le atesora sino que tambi\u00e9n se le aprovecha en cuanto tal y en cuanto a los rendimientos econ\u00f3micos que de ordinario produce, el que al ser retenido por otro, priva al acreedor de percibirlos oportunamente. <\/p>\n
4.- Ahora, con sustento en el \u00faltimo inciso del citado art\u00edculo 2181, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha precisado que el mandante puede reclamar lo que el mandatario le adeude como consecuencia del ejercicio del mandato, promoviendo el correspondiente proceso, sin que sea requisito insoslayable el tr\u00e1mite previo de un juicio de rendici\u00f3n de cuentas. <\/p>\n
En efecto, ha expresado la Corte que: \u00abEntre las obligaciones del mandatario est\u00e1 la de rendir a su mandante cuenta documentada de su gesti\u00f3n. La relevaci\u00f3n de rendirlas, no exonera al mandatario de los cargos que contra \u00e9l justifique el mandante. <\/p>\n
\u00abDe esta disposici\u00f3n se deduce claramente que no es requisito indispensable para poder exigir el pago de lo que el gestor adeude como consecuencia del ejercicio de un mandato, la rendici\u00f3n o discusi\u00f3n previa de las cuentas. <\/p>\n
\u00abLa rendici\u00f3n de \u00e9stas es necesaria cuando de las resultas de una administraci\u00f3n o del ejercicio de un negocio, en un momento dado, no es posible saber qui\u00e9n debe a qui\u00e9n y cu\u00e1nto. El caso m\u00e1s com\u00fan es el de la cuenta corriente en que una de las partes remite a otra, o recibe de ella, en propiedad, cantidades de dinero u otros valores, sin aplicaci\u00f3n a un fin determinado, ni obligaci\u00f3n de tener a la orden una cantidad o un valor equivalente pero a cargo de acreditar al remitente, por sus remesas, liquidarlas en \u00e9pocas convenidas, compensarlas de una sola vez, hasta concurrencia del d\u00e9bito y cr\u00e9dito, y a pagar el saldo, ya que antes de la conclusi\u00f3n de la cuenta corriente, por mandato de la ley, ninguno de los interesados es considerado como acreedor o deudor (Art\u00edculos 730 y 733 del C. de Co.). <\/p>\n
\u00abPero en el mandato no s\u00f3lo no existe tal disposici\u00f3n en que se requiera la rendici\u00f3n de cuentas o corte de ellas para poder exigir las resultas de un mandato, sino que por el contrario, como lo establece el art\u00edculo 2183 del C. C., el hecho de exonerar de la obligaci\u00f3n de rendir cuentas al mandatario, no es \u00f3bice para que el mandante pueda exigir el pago de las sumas que crea le debe aqu\u00e9l. <\/p>\n
\u00abAs\u00ed, pues, la facultad de exigir cuentas es un derecho del mandante contra su mandatario, es una facultad de todo el que demuestra su derecho para pedirlas, pero cuando el mandante no quiera hacer uso de tal prerrogativa sino reclamar directamente de su mandatario lo que a su juicio \u00e9ste le deba, bien puede en una acci\u00f3n de condena ocurrir al juez para que se ordene el pago de lo que se le adeude. Esto sin perjuicio de que dentro de ese mismo pleito, el mandatario reclame lo que a su turno se le adeude o alegue compensaci\u00f3n y en los respectivos t\u00e9rminos de prueba presente cuenta de su gesti\u00f3n y pueda defenderse exigiendo del mandante el pago de las sumas que haya anticipado en ejercicio del cargo, sus intereses, los gastos hechos en desempe\u00f1o de su misi\u00f3n, etc., en una palabra lo que considere le salga a deber su mandante, inclusive la remuneraci\u00f3n convenida o la usual… Pudiera suceder que la \u00edndole de los negocios encomendados al mandatario as\u00ed lo reclamen, y en tal evento, como es de suponer, el mandante puede hacer uso de su derecho y pedir las cuentas, pero mientras tal cosa no suceda, bien puede \u00e9ste ocurrir al juez en acci\u00f3n ordinaria de condena como ya se expres\u00f3, para que se decrete el pago que justifique le adeuda su administrador y discutir con el mismo las contraprestaciones a que tiene derecho\u00bb (G.J. No.2048, p\u00e1g.481). <\/p>\n
5.- Para el caso de que aqu\u00ed se trata, y teniendo en cuenta que la parte interesada no aleg\u00f3 ni demostr\u00f3 nada en contrario, habr\u00e1 de colegirse que la suma de dinero cuya devoluci\u00f3n se impetra, la utiliz\u00f3 el demandado en su propio beneficio. Si ello es as\u00ed, como en verdad lo es, procede, entonces, aplicar al caso en estudio, lo dispuesto en el primer inciso del art\u00edculo 2182 ib\u00eddem, que a la letra dice: <\/p>\n
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\u00abDebe (el mandatario) al mandante los intereses corrientes de dineros de \u00e9ste, que haya empleado en utilidad propia\u00bb. <\/p>\n
a) La que se presenta en caso de que el mandatario, utilice en su propio beneficio dineros que pertenecen al mandante; <\/p>\n
b) La que ocurre cuando lo adeudado es el saldo que resulte en contra del mandatario, como consecuencia de un corte de cuentas que se hubiese efectuado. <\/p>\n
En cuanto toca con la segunda de las hip\u00f3tesis planteadas, dice la citada norma que se deben cancelar intereses del saldo resultante, cuando el deudor haya sido constituido en mora; procedimiento indispensable siempre que no exista certeza de qui\u00e9n debe a qui\u00e9n y cu\u00e1nto. <\/p>\n
Pero se estar\u00e1 frente a la primera situaci\u00f3n si se trata, como se dijo, de la devoluci\u00f3n de una suma de dinero especificada y determinada de antemano, la cual el mandatario conserve en su poder. En este caso, es claro que para dicho fin, no se requerir\u00e1 constituir en mora al detentador del dinero para condenarlo a que lo restituya con sus intereses. Claro est\u00e1 que es la \u201cequidad, fundamento de la teor\u00eda del enriquecimiento sin causa y principio tutelar de la justicia humana\u201d ( Sent. 31 de enero de 1955, G.J. LXXIX, p\u00e1g. 452), la que llev\u00f3 al legislador a establecer a cargo del mandatario, la obligaci\u00f3n de cancelar intereses desde el momento en que la respectiva suma lleg\u00f3 a sus manos, porque fue desde ese instante, cuando se le priv\u00f3 a su titular de la posibilidad de percibir los rendimientos que ella naturalmente produce. <\/p>\n
Sobre el punto resulta oportuno traer a colaci\u00f3n los comentarios de los tratadistas Arturo Alessandri Rodr\u00edguez y Manuel Somarriva Undurraga quienes, refiri\u00e9ndose al art\u00edculo 2.156 del C\u00f3digo Civil Chileno, afirman: <\/p>\n
\u00abPuede suceder que al rendir cuenta el mandatario, le resulte un saldo en su contra y a favor del mandante. En este caso tambi\u00e9n est\u00e1 obligado a pagarlo, pero desde que se haya constituido en mora; lo dice el art\u00edculo 2,156. Vemos una diferencia de este saldo con los dineros que utiliza: ambos debe devolverlos con los intereses corrientes, que corren de pleno derecho en el caso de los dineros utilizados y que corren desde que el mandatario se constituye en mora cuando se trata de saldos de la rendici\u00f3n de cuentas\u00bb (Derecho Civil-Contratos, tomo I, Imprenta Universal, Santiago de Chile, 1988, p\u00e1g.550). <\/p>\n
7.- Ahora, ya en lo referente a las excepciones propuestas por la parte demandada, es pertinente hacer las siguientes consideraciones: <\/p>\n
7.1. En uso del derecho de defensa, el demandado puede oponerse a lo pedido por el actor en la demanda, ya sea simplemente negando los hechos o los fundamentos de derecho en que el demandante apoye sus pedimentos o, yendo m\u00e1s all\u00e1, oponiendo a las pretensiones del demandante, un hecho que impida, modifique o extinga los <\/p>\n
efectos jur\u00eddicos de lo por \u00e9ste alegado y que, por tanto, aniquile sus aspiraciones. Trat\u00e1ndose de excepciones de m\u00e9rito o de fondo, se hace necesario alegar y probar, en el curso del proceso, los hechos que le sirvan de fundamento porque si el demandado se contenta con manifestar pura y simplemente que excepciona, no estar\u00eda, en verdad, planteando una contrapretensi\u00f3n y, por lo mismo, el juez se ver\u00eda relevado de hacer consideraci\u00f3n alguna al respecto. Es decir, cuando se trata de aquellas excepciones que el juez solo puede considerar a petici\u00f3n del demandado, es indispensable efectuar una circunstanciada descripci\u00f3n de los hechos que le sirvan de base a su defensa. Sin embargo, no puede olvidarse que, seg\u00fan lo preceptuado en el art\u00edculo 306 del C. de P.C., el juzgador est\u00e1 facultado para declarar de oficio las excepciones de m\u00e9rito, sin importar que el demandado no las hubiere propuesto o alegado, o que el fundamento expuesto fuese distinto al que tuvo en cuenta el juzgador, o las denominare de manera diferente, salvo que, claro est\u00e1, se trate de las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, las que no puede declarar sino a instancia de parte, \u201c\u2026por cuanto, como lo ha dicho esta Corte, emanan de circunstancias que podr\u00edan originar una pretensi\u00f3n aut\u00f3noma que el demandado puede renunciar a ejercer como tal,\u2026\u201d . Entonces, resulta forzoso proponerla e ineludible alegar y probar el hecho o hechos que la constituyan y de los cuales pueda colegirse la raz\u00f3n aducida por el excepcionante para atacar la existencia de la acci\u00f3n o su extinci\u00f3n, pues no siendo obligatorio para el juzgador reconocerla de oficio aunque encuentre probado el hecho que la configura \u201ctampoco es deber suyo declararla por hechos o circunstancias no propuestos por el excepcionante, como quiera que de no ser as\u00ed, la precitada restricci\u00f3n carecer\u00eda de funci\u00f3n alguna\u201d (Sent. Cas. 13 de octubre de 1993). <\/p>\n
7.2. Es por ello que, cuando en esta litis el demandado dijo proponer como excepciones las que denomin\u00f3: \u201ccarencia de acci\u00f3n\u201d; \u201ccarencia de fundamentos de la demanda\u201d; \u201ctemeridad o mala fe\u201d; \u201ccobro de lo no debido\u201d; \u201cenriquecimiento il\u00edcito\u201d y la llamada gen\u00e9rica, ciertamente hizo uso del derecho de defensa; pero como su inconformidad con los pedimentos de la demanda, no aparece sustentada en hechos que tengan virtualidad para impedir el nacimiento del derecho por la actora pretendido, o, para, en su caso, modificarlo o extinguirlo, tales defensas no constituyen, en realidad, verdaderas excepciones. <\/p>\n
7.3. En cuanto la defensa planteada como \u201cno exigibilidad de la obligaci\u00f3n\u201d, no solo carece, como las anteriores, de toda fundamentaci\u00f3n sino que, adem\u00e1s, tal como se deduce del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 2182 del C. C., desde el momento mismo en que se produjo por parte del mandatario, el retiro del dinero depositado en la cuenta corriente de la mandante, y por ende comenz\u00f3 su aprovechamiento, surgi\u00f3 para aqu\u00e9l la obligaci\u00f3n insoslayable de restituirlo. Es decir, que desde la citada fecha, dicha obligaci\u00f3n se hizo exigible, sin necesidad que mediara apremio o requerimiento alguno. <\/p>\n
El mandatario, entonces, est\u00e1 obligado a restituir a su mandante, los dineros adeudados, junto con los intereses corrientes, desde la fecha en que los utiliz\u00f3 en su propio beneficio, esto es, desde el momento mismo de su retiro de la referida cuenta bancaria. <\/p>\n
No obstante, bien pudo haberse impetrado en la demanda, el reconocimiento de los intereses moratorios o punitivos, con los efectos se\u00f1alados en el art\u00edculo 1608 del C. C., lo que hubiera requerido constituir en mora al deudor. Por tanto, y como en el sub lite aqu\u00e9llos no fueron solicitados, se condenar\u00e1 al demandado a pagar los intereses corrientes. <\/p>\n
7.4. De igual manera, no puede abrirse paso la alegada excepci\u00f3n de compensaci\u00f3n, puesto que el proponente, del mismo modo, se limit\u00f3 escuetamente a su sola enunciaci\u00f3n sin que probara ni hiciera valer hecho alguno del que se pudiera colegir que la obligaci\u00f3n a su cargo se hubiera extinguido en todo o en parte, por este espec\u00edfico medio. <\/p>\n
7.5. Por \u00faltimo, debe afirmarse que ilicitud alguna se vislumbra en la actuaci\u00f3n de quien, como aqu\u00ed ocurre, tan s\u00f3lo persigue el reintegro de unos dineros que el demandado retir\u00f3 de su cuenta corriente y que, como se dijo, le pertenecen. <\/p>\n
7.6. Es m\u00e1s, no existe certeza de si cuando ROSALBA CANO DE KOEHLER abri\u00f3 la cuenta corriente en el Volksbank Lindenberg eG de la entonces Rep\u00fablica Federal Alemana, era o no residente en Colombia, circunstancia esta importante para determinar, en ese entonces, la licitud o ilicitud de dicha conducta, tal como se relieva en el dictamen pericial que rindiera el Banco de la Rep\u00fablica a instancias de esta Corporaci\u00f3n. En efecto, sobre el punto all\u00ed se lee lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEn el primer caso, es decir, si era residente, la apertura y manejo de la cuenta estaba sujeta a la previa aprobaci\u00f3n por parte de la extinta Oficina de Cambios del Banco de la Rep\u00fablica. Cuando no se cumpl\u00eda con este requisito, correspond\u00eda a la extinta Superintendencia de Control de Cambios hacer las investigaciones del caso e imponer las sanciones si a ello hab\u00eda lugar. <\/p>\n
\u00abEn el caso de los extranjeros, estos pod\u00edan mantener y disponer libremente de las divisas, valores y otros bienes que poseyeran en el exterior y estaban exentas de la obligaci\u00f3n de vender al Banco de la Rep\u00fablica el producto de las mismas. Asimismo, pod\u00edan abrir libremente dep\u00f3sitos en moneda extranjera bajo la modalidad de cuenta corriente en establecimiento de cr\u00e9dito establecidos en Colombia (Decreto 688 de 1967 y Res.46\/83 J.M.)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
En consecuencia, no prosperan las excepciones propuestas. <\/p>\n
7.7. Cabe s\u00ed destacar la falta de coherencia l\u00f3gica en la argumentaci\u00f3n del demandado, al tachar de il\u00edcito el cobro por parte de la actora, de un dinero que aqu\u00e9l no ha restituido, sin detenerse a analizar que al retirarlo de una cuenta corriente abierta, seg\u00fan lo afirma, con transgresi\u00f3n de las normas cambiarias, estar\u00eda incurso en la misma conducta que ahora le reprocha a la demandante. Am\u00e9n de que no es argumento con virtualidad alguna para enervar la pretensi\u00f3n de restituci\u00f3n de la actora. <\/p>\n
8.- As\u00ed, pues, los razonamientos expuestos constituyen base suficiente para que la Corte profiera la correspondiente sentencia sustitutiva condenando al demandado a restituir, junto con sus intereses corrientes, la cantidad que por el concepto antes visto adeuda a la demandante, cuyo monto hubo de establecerse, como ya quedara explicado, con auxilio del Banco de la Rep\u00fablica, entidad que a trav\u00e9s de uno de sus funcionarios expertos en la materia, contest\u00f3 el oficio de fecha 26 de mayo del a\u00f1o en curso, enviado por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
9.- El perito adscrito al Banco de la Rep\u00fablica, al rendir el correspondiente dictamen, aclar\u00f3 que para establecer las tasas de cambio de la conversi\u00f3n a moneda colombiana de los 253.816,07 marcos alemanes, ha de tenerse en cuenta: <\/p>\n
a) Que como los hechos acontecieron en abril y julio de 1989, las reglas aplicables son las contenidas en el Decreto 444 de 1967 y sus normas reglamentarias y, <\/p>\n
b) Que ni \u201cla enajenaci\u00f3n del inmueble ni el retiro de fondos depositados en un banco en Alemania llegaron a tener la calidad de operaci\u00f3n de cambio\u201d, pues atendiendo la definici\u00f3n que de \u00e9sta tra\u00eda el art\u00edculo 246 del precitado Decreto, las mencionadas operaciones no implicaron, en verdad, movimiento de divisas desde afuera y hacia adentro del pa\u00eds, siendo, por tanto, aplicables las tasas de cambio correspondientes a las del d\u00eda en que Andreas Koehler retir\u00f3 los dineros depositados en el Volksbank Lindenberg eG, vale decir, 27 de julio de 1989, pues, adem\u00e1s, seg\u00fan lo expuesto en esta providencia, a partir de dicha fecha, han sido retenidos por el demandado los 253.816,07 marcos alemanes. <\/p>\n
9.1. Atendiendo los anteriores par\u00e1metros, se llega a las siguientes conclusiones en el citado experticio, el cual es acogido en su integridad por la Corte, en raz\u00f3n a que el mismo se encuentra debidamente fundamentado, am\u00e9n de que no fue controvertido por ninguna de las partes: <\/p>\n
1.- Para el 27 de julio de 1989 fecha en la que el demandado retir\u00f3 del Volksbank Lindenberg eG, los 253.816,07 marcos alemanes, esta suma equival\u00eda a $52\u2019815.530,16 moneda legal colombiana. <\/p>\n
2.- El monto de los intereses causados por la suma de $52\u2019815.530,16 desde el 27 de julio de 1989, hasta el 12 de junio del a\u00f1o en curso, fecha de elaboraci\u00f3n del dictamen, asciende a $141\u2019397.050,74 moneda legal colombiana. <\/p>\n
V.- DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de 9 de marzo de 1992, proferida por el Juzgado 28 Civil del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 en este mismo proceso y, en su lugar, se dispone: <\/p>\n
Primero.- Declarar no probadas las excepciones de fondo propuestas por el demandado denominadas carencia de acci\u00f3n, ilicitud, temeridad o mala fe, carencia de fundamento legal de la demanda, inexigibilidad de la supuesta obligaci\u00f3n, cobro de lo no debido, enriquecimiento il\u00edcito, compensaci\u00f3n y la gen\u00e9rica (art.306 del C. de P. C.). <\/p>\n
Segundo.- Declarar, como consecuencia, que el demandado ANDREAS KOEHLER est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de restituir a la demandante ROSALBA CANO DE KOEHLER, las siguientes sumas de dinero, dentro de los tres d\u00edas siguientes a la ejecutoria de esta sentencia: <\/p>\n
a).- $52’815.530,16 moneda legal colombiana, equivalente a 253.816,07 marcos alemanes. <\/p>\n
b).- $141’397.050,74 moneda legal colombiana, por concepto de intereses corrientes liquidados sobre la suma antes mencionada, causados desde el 27 de julio de 1989 hasta el 12 de junio de 1997, en el entendido de que dichos intereses se seguir\u00e1n causando hasta cuando se efect\u00fae el pago total de la acreencia. <\/p>\n
Tercero.- Costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al Tribunal de origen <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
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S-059-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Jorge Antonio Castillo Rugeles Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., dieciseis (16) de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81495","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81495","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81495"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81495\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81495"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81495"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81495"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}