S-060-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997). <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 4437 <\/p>\n
ANTECEDENTES. <\/p>\n
I. Al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medell\u00edn, le correspondi\u00f3 conocer de la demanda con que se instaur\u00f3 el mencionado proceso y en la cual se formularon las siguientes pretensiones principales: 1. Que se declaren simulados absolutamente los siguientes contratos: a) \u00abEl celebrado entre Ana Teresa Cano Vda. de Vargas y Gabriel Alvarez G\u00f3mez que consta en la escritura p\u00fablica No. 1338 del 28 de agosto de 1.980\u201d. b) \u00abEl celebrado entre Gabriel Alvarez G\u00f3mez y Pedro Pablo Jaramillo, escritura p\u00fablica n\u00famero 1.318 del 6 de octubre de 1.980\u00bb. c) \u00abEl celebrado entre Pedro Pablo Jaramillo y Jairo Mej\u00eda que consta en la escritura p\u00fablica n\u00famero 411 del 26 de marzo de 1.981\u00bb. 2. Que, consecuentemente, se ordene la restituci\u00f3n del inmueble objeto de dichos contratos, a las sucesiones de Magdalena y Teresa Alvarez, quienes eran propietarias en mitad y proindiviso del mismo bien; y la cancelaci\u00f3n de las referidas escrituras p\u00fablicas y de sus respectivas inscripciones. <\/p>\n
El demandante pidi\u00f3 de manera subsidiaria: 1. Que se declare que el inmueble en cuesti\u00f3n es de propiedad de los herederos y representantes de las sucesiones mencionadas, o de \u00e9stas. 2. Consecuentemente, se declare que Pedro Pablo Jaramillo y Jairo Mej\u00eda Jaramillo no son propietarios del inmueble. 3. Que se ordene la cancelaci\u00f3n de las escrituras p\u00fablicas n\u00fameros 1.338. 1.318 y 411 y la de sus respectivas inscripciones. 4. Que se decrete la restituci\u00f3n del inmueble en favor de ambas sucesiones para efectos de ser adjudicado a sus herederos. <\/p>\n
II. Los fundamentos f\u00e1cticos en que se apoyan las anteriores pretensiones se pueden resumir del siguiente modo: <\/p>\n
El 19 de agosto de 1975, Magdalena y Teresa Alvarez G\u00f3mez otorgaron poder especial a su hermano Gabriel para vender un inmueble perteneciente a ambas, situado en el \u00e1rea urbana del municipio de Rionegro y cuyos linderos se especifican en la demanda. <\/p>\n
El 20 de julio de 1980 falleci\u00f3 la comunera Magdalena Alvarez G\u00f3mez, no obstante lo cual el mandatario mencionado vendi\u00f3 la totalidad del inmueble – el 27 de agosto siguiente – a Ana Teresa Cano Vda. de Vargas, por la suma de $210.000, seg\u00fan consta en la escritura p\u00fablica No. 315 de esa fecha, otorgada en la Notar\u00eda Catorce de Medell\u00edn ; un d\u00eda despu\u00e9s – 28 de agosto de 1.980 -, dicha compradora enajen\u00f3 esa misma propiedad a Gabriel Alvarez G\u00f3mez por la suma de $220.000, mediante la escritura p\u00fablica 1338 de la Notar\u00eda Doce de Medell\u00edn; y \u00e9ste a su vez lo transfiri\u00f3 a t\u00edtulo de venta a Pedro Pablo Jaramillo por el precio de $2.400.000, quien le enajen\u00f3 la mitad indivisa a su primo Jairo Mej\u00eda Jaramillo por la suma de $1.200.000, seg\u00fan consta respectivamente en las escrituras p\u00fablicas 1318 de 6 de octubre de 1.980 y 411 de 26 de marzo de 1.981, ambas otorgadas en la Notar\u00eda de Rionegro. <\/p>\n
Indica la demanda que en ese inmueble habitaron durante trece a\u00f1os Leonor y Mar\u00eda Alvarez, t\u00edas del demandante, hasta el mes de diciembre de 1987 y que, sin embargo, los dos \u00faltimos compradores, Jairo y Pedro Pablo, no promovieron acci\u00f3n alguna a fin de obtener la posesi\u00f3n material; desde entonces ha permanecido desocupado. Que a pesar de estar en cabeza de ellos, compraron a Teresa, Gabriel y Matilde G\u00f3mez, los derechos hereditarios que les pudiera corresponder en la sucesi\u00f3n de Magdalena Alvarez G\u00f3mez, vinculados a la mitad proindivisa del inmueble, y a Teresa el derecho de dominio y posesi\u00f3n que ten\u00eda sobre la otra mitad. Ambos compradores adquirieron el inmueble de mala fe porque lo hicieron \u00aba sabiendas de que Magdalena ya hab\u00eda fallecido\u00bb. <\/p>\n
Se adujo, igualmente: que el 9 de diciembre de 1988 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn, declar\u00f3 simulado el contrato de compraventa celebrado entre Gabriel Alvarez G\u00f3mez y Teresa Cano Vda. de Vargas, el cual consta en la escritura p\u00fablica No. 315 de 27 de agosto de 1980; que tambi\u00e9n es simulada la compraventa que, en relaci\u00f3n con ese mismo bien, celebr\u00f3 esta \u00faltima con Gabriel Alvarez G\u00f3mez, puesto que carece de precio, causa y consentimiento, seg\u00fan se demostr\u00f3 en el proceso ordinario que concluy\u00f3 con la referida sentencia, en donde aquella confes\u00f3 \u00abhaberle hecho un favor a Gabriel Alvarez G\u00f3mez en los dos contratos\u00bb. En fin, que la se\u00f1ora TERESA ALVAREZ GOMEZ falleci\u00f3 el 12 de mayo de 1989 sin dejar ascendientes ni descendientes, desconoci\u00e9ndose si antes de su deceso otorg\u00f3 testamento y si ya se inici\u00f3 el respectivo proceso sucesorio. <\/p>\n
III. Efectuadas las notificaciones y traslados correspondientes, la demanda fue contestada as\u00ed: 1- por el curador ad-litem, quien dijo atenerse a las probanzas; 2- por Gabriel y Matilde Alvarez G\u00f3mez, quienes reconocieron unos hechos, negaron otros y afirmaron no constarles los dem\u00e1s, manifestando, en todo caso, su oposici\u00f3n a las pretensiones; 3- Jairo Mej\u00eda Jaramillo y Pedro Pablo Jaramillo, asumieron la misma posici\u00f3n, negando tambi\u00e9n que los contratos en donde participaron fuesen simulados, o que en su celebraci\u00f3n hubiesen actuado de mala fe, afirmando ser poseedores del inmueble en cuesti\u00f3n; el segundo de ellos propuso, adem\u00e1s, las excepciones de \u00abfalta de causa petendi\u00bb e \u00abinepta demanda\u00bb. <\/p>\n
IV. Cumplido el rito procesal, el a quo dict\u00f3 sentencia inhibitoria por ser inepta la demanda, contener indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones y por la falta de legitimaci\u00f3n en la causa e inter\u00e9s jur\u00eddico para demandar por la parte actora. <\/p>\n
Contra dicha determinaci\u00f3n \u00e9sta interpuso el recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue decidido mediante la sentencia, ahora impugnada en casaci\u00f3n, en la cual el Tribunal dispuso: <\/p>\n
2o.\u00bbREVOCASE la decisi\u00f3n inhibitoria relativa a las pretensiones a favor de la comunidad herencial de Magdalena Alvarez G\u00f3mez y, en su lugar, RESUELVE: <\/p>\n
\u00aba) DECLARASE absolutamente simulado el contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica n\u00famero 1338, otorgada el 28 de agosto de 1980 en la Notar\u00eda Doce de Medell\u00edn\u00bb. <\/p>\n
\u00abb) No se accede a las dem\u00e1s peticiones de la parte actora\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, modific\u00f3 las condenas relativas al pago de las costas judiciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DEL FALLO IMPUGNADO EN CASACION. <\/p>\n
Empieza el ad quem por advertir que la demanda introductoria al proceso no es id\u00f3nea en lo atinente con la sucesi\u00f3n de Teresa Alvarez G\u00f3mez, puesto que las pretensiones formuladas con relaci\u00f3n a la misma, son contradictorias, no se invoca por parte del demandante calidad alguna que lo habilite para formularlas, am\u00e9n de no encontrarse legitimado para ello. Por esa raz\u00f3n proh\u00edja la decisi\u00f3n inhibitoria de primera instancia en cuanto a la demanda formulada a favor de dicha sucesi\u00f3n. <\/p>\n
Dice el sentenciador que, contrario a lo dispuesto por el a quo, no ocurre lo mismo respecto de la sucesi\u00f3n de Magdalena Alvarez G\u00f3mez, por cuanto en la demanda se puede establecer que las pretensiones principales, consecuenciales y las subsidiarias, son claras y se formularon por separado, que el demandante pide para la comunidad herencial restringiendo sus aspiraciones a la mitad pro indiviso del inmueble disputado, razones por las cuales halla viable hacer un pronunciamiento de fondo sobre las mismas. <\/p>\n
Situado el fallador en el campo espec\u00edfico de la simulaci\u00f3n, explica, seg\u00fan la doctrina, en qu\u00e9 consiste la absoluta y en qui\u00e9nes radica el inter\u00e9s para invocarla, para arribar a la conclusi\u00f3n de que al demandante le asiste inter\u00e9s jur\u00eddico \u00abpara demandar la simulaci\u00f3n de las referidas compraventas contenidas en las escrituras 1318 y 411, y que adem\u00e1s est\u00e1 legitimado para ello\u00bb. <\/p>\n
Dice la sentencia impugnada que al d\u00eda siguiente de celebrado el contrato de compraventa entre Gabriel Alvarez G\u00f3mez, como mandatario de sus hermanas Teresa y Magdalena, y Ana Teresa Cano vda. de Vargas, \u00e9sta, por medio de la escritura p\u00fablica 1338 otorgada en la Notar\u00eda 12 de Medell\u00edn, dijo transferir el dominio del inmueble al mismo Gabriel; que la citada compradora confes\u00f3 que ese contrato no fue real, ni hubo convenio alguno sobre el precio e inclusive no conoce la casa objeto del contrato; en cambio, el comprador afirma que el negocio fue real, aunque aquella no pudo pagarle el precio de la compraventa celebrada el d\u00eda anterior; versi\u00f3n esta que el fallador no estima cre\u00edble, pues en tal caso, se habr\u00eda otorgado escritura a nombre del mismo Gabriel, en la condici\u00f3n de mandatario con que hab\u00eda actuado antes, y porque la primera compraventa fue declarada simulada en forma absoluta, lo cual implica que aqu\u00e9lla no se hab\u00eda comprometido a pagar precio alguno; por lo tanto, -remata el Tribunal-, es preciso reconocer que la compraventa contenida en la citada escritura p\u00fablica No.1338 fue absolutamente simulada, y se elabor\u00f3 con el \u00fanico prop\u00f3sito de defraudar el derecho de dominio de Magdalena y Teresa Alvarez G\u00f3mez. <\/p>\n
Sobre los contratos de compraventas celebrados sucesivamente por Gabriel Alvarez G\u00f3mez con Pedro Pablo Jaramillo y de este con Jairo Mej\u00eda Jaramillo, contenidos en las escrituras p\u00fablicas ya citadas, distinguidas con los n\u00fameros 1318 y 411, y de los cuales el demandante predica la simulaci\u00f3n absoluta, dice el Tribunal que dichos contratantes niegan ese hecho asegurando que se trata de negocios reales. Advierte, adem\u00e1s, que por el hecho de ser simuladas las compraventas contenidas en las escrituras p\u00fablicas 315 y 1338 de 27 y 28 de agosto de 1980, respectivamente, \u00abno significa que tambi\u00e9n lo sean aquellos (sic), como tampoco porque Pedro Pablo y Jairo hayan ajustado esos contratos a sabiendas del fallecimiento de Magdalena Alvarez y de la advertencia que hizo a Gabriel Alvarez G\u00f3mez y a Pedro Pablo el Notario de Rionegro, se\u00f1or Cecilio Augusto Echeverri Arroyave, en el sentido de que en esas circunstancias la compraventa que iban a celebrar << quedaba viciada de nulidad >> (fls. 29, cuad ppal, y 29 vto. y 33 vto., cuad. 2)..\u00bb, que ello no permite inferir que posteriormente tales personas, al celebrar dichos contratos, no tuvieran la intenci\u00f3n de obligarse o que \u00e9sta estuviera enderezada a acordar esos contratos pero sin contenido real, menos si se tiene en cuenta que la compraventa celebrada entre Gabriel Alvarez G\u00f3mez y Pedro Pablo Jaramillo fue la cristalizaci\u00f3n del contrato de promesa que previamente suscribieron, en los t\u00e9rminos estipulados en el documento visible a folio 30 del cuaderno principal, cuando a\u00fan no hab\u00eda fallecido Magdalena Alvarez G\u00f3mez. <\/p>\n
Es claro, agrega el sentenciador, \u00abque tal contrato de promesa y el hecho de que en la fecha y notar\u00eda indicadas en el mismo para su cumplimiento, Gabriel G\u00f3mez hubiera vendido el precitado inmueble a Pedro Pablo por el precio indicado en aqu\u00e9l, y que la forma de pago sea igualmente la acordada en \u00e9l, constituyen prueba fehaciente de que siempre tuvieron la intenci\u00f3n de celebrar esa compraventa y que lo pactado al respecto en la escritura 1318 es real\u00bb; que por haber quedado el comprador adeudando la mitad del precio y gravado el inmueble adquirido a fin de garantizar dicho pago, se pone de manifiesto la seriedad del negocio; que el condicionamiento del pago del capital y de los intereses a la entrega del inmueble y la posterior venta de la mitad a favor de Jairo Mej\u00eda Jaramillo, sin que se hubiera demostrado parentesco entre ambos, es circunstancia que, sumada a lo que convinieron sobre la entrega de la referida mitad, \u00abtambi\u00e9n contribuye a inferir que la \u00faltima compraventa no es simulada\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1ade el ad quem, que lo estipulado por Pedro Pablo respecto del pago de intereses y del saldo del precio, evidencia el convencimiento de los contratantes de que la entrega pod\u00eda demorarse por tiempo indefinido, debido a que all\u00ed viv\u00edan, en calidad de comodatarias, Leonor y Mar\u00eda Alvarez; e indica que Pedro Pablo no estaba interesado en obtener pronto la entrega del inmueble, todo lo cual a la vez explica por qu\u00e9 no promovi\u00f3 proceso alguno tendiente a obtener la posesi\u00f3n material. Lo mismo puede afirmarse de Jaime Mej\u00eda Jaramillo, quien convino en que aquella se cumpliera a su favor cuando el vendedor recibiera el inmueble. Que efectivamente uno y otro comenzaron a poseerlo en el a\u00f1o de 1.979 (sic) cuando Mar\u00eda Alvarez entreg\u00f3 las llaves del bien a Pedro Pablo, luego de otorgada la escritura p\u00fablica n\u00famero 690 de marzo 3 del citado a\u00f1o, mediante la cual compraron derechos hereditarios vinculados al mismo inmueble, bajo el fundado temor de perder lo que hab\u00edan comprado antes; que, en consecuencia, \u00abtales compraventas – la de los derechos hereditarios – no constituyen prueba indiciaria de haber sido simulados los contratos de que tratan las escrituras 1318 y 411, mas s\u00ed de que Pedro Pablo y Jaime al celebrarlos tuvieron la intenci\u00f3n de adquirir el derecho de dominio sobre el mencionado inmueble y que no renuncian a ello\u00bb; por todo lo visto, no pueden prosperar las pretensiones formuladas al respecto. <\/p>\n
Y concluye el Tribunal diciendo que \u00abs\u00f3lo ha de declararse simulado el contrato de compraventa que celebraron Ana Teresa Cano vda. de Vargas y Gabriel Alvarez G\u00f3mez, con relaci\u00f3n al cual Pedro Pablo y Jaime son terceros de buena fe, lo mismo que respecto al contrato que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn declar\u00f3 simulado, puesto que no participaron en la maniobra simulatoria de los contratantes y cuando Pedro Pablo negoci\u00f3 con Gabriel Alvarez G\u00f3mez nada sab\u00eda de esas simulaciones e igual le ocurri\u00f3 a Jaime Mej\u00eda Jaramillo al suscribir la escritura 411. Esto significa que no les es oponible la declaraci\u00f3n privada de los simulantes encaminada a privar de eficacia la declaraci\u00f3n aparente (art. 1766, C. Civil), y, por ende, que no est\u00e1n obligados a restituir lo comprado, que no puede prosperar contra ellos la pretensi\u00f3n reivindicatoria acumulada como consecuencial de la simulaci\u00f3n e igualmente como subsidiaria…\u00bb. En el punto, el sentenciador cita doctrina sobre los efectos del acto simulado frente a terceros de buena fe. <\/p>\n
LA IMPUGNACION <\/p>\n
La demanda con que se sustenta el presente recurso de casaci\u00f3n contiene tres cargos, los cuales ser\u00e1n examinados en el orden propuesto. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con apoyo en la causal cuarta de casaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 368 del C. de P.C., se acusa el fallo impugnado por contener decisiones que hacen m\u00e1s gravosa o perjudicial la situaci\u00f3n del \u00fanico apelante. <\/p>\n
En la fundamentaci\u00f3n del cargo se aduce: <\/p>\n
La sentencia del a-quo, que no estaba sometida al grado de consulta, fue completamente inhibitoria, siendo apelada \u00fanicamente por el demandante; en tales circunstancias, el Tribunal adquiri\u00f3 competencia \u00fanicamente en cuanto el fallo apelado fuere desfavorable al recurrente, sin que le estuviera permitido agravarle su situaci\u00f3n. <\/p>\n
Aun cuando el Tribunal resolvi\u00f3 favorablemente algunas pretensiones del demandante -dice el actor-, lo cierto es que respecto de la mayor parte de ellas se pronunci\u00f3 negativamente, en lo atinente al invocado car\u00e1cter de heredero de Magdalena Alvarez; incurriendo con ello en grave reformatio in pejus, pues la sentencia de primera instancia hab\u00eda sido inhibitoria en relaci\u00f3n con todas las pretensiones, mientras que el Tribunal, en parte, vino a rechazar de m\u00e9rito, con notoria e ilegal reforma, para empeorar la causa del \u00fanico apelante. <\/p>\n
En fin -concluy\u00f3-, la reformatio in pejus brota al considerar que si se hubiera mantenido la inhibici\u00f3n total decretada por el inferior, el recurrente estar\u00eda, al menos, capacitado para invocar de nuevo sus pretensiones como heredero de Magdalena Alvarez G\u00f3mez; \u00abthema decidendum\u00bb que le hubiera quedado inc\u00f3lume y no cercenado como antiprocesalmente lo dispuso el Tribunal en el fallo impugnado. <\/p>\n
SE CONSIDERA <\/p>\n
I. El Ejercicio del derecho de acci\u00f3n por medio de una demanda judicial, da lugar a la realizaci\u00f3n del proceso y a la culminaci\u00f3n de \u00e9ste mediante sentencia que defina el asunto sometido a la jurisdicci\u00f3n, sea en pro o adversa a los intereses del demandante. De all\u00ed que la sentencia, como fin \u00faltimo que colma el ejercicio de aquel derecho, consista en el pronunciamiento judicial que decide \u00absobre las pretensiones de la demanda o las excepciones que no tengan el car\u00e1cter de previas, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien\u00bb; categor\u00eda que tambi\u00e9n se le otorga a las que resuelven los recursos de casaci\u00f3n y revisi\u00f3n. (Art. 302 del C. de P.C.). <\/p>\n
II. Tambi\u00e9n se menciona en el estatuto procesal civil, aunque sin definirla, la \u00absentencia inhibitoria\u00bb, tal como se hace, por ejemplo, en los art\u00edculos 37-4o., 91-3o., 332-4o. y 357, inc. \u00faltimo, del C. de P.C., y cuyo proferimiento obedece a la ocurrencia de obst\u00e1culos procesales no constitutivos de nulidad que, advertidos antes de decidir sobre el m\u00e9rito del litigio o de la declaraci\u00f3n judicial solicitada, le impiden al juez proferir sentencia de fondo. <\/p>\n
III. El fallo inhibitorio, entonces, puede llegar a vulnerar los intereses de ambas partes en el proceso, en tanto que el demandante y el demandado tienen derecho a que se decida sobre sus pretensiones o sus excepciones de m\u00e9rito, respectivamente, y, por ende, uno y otro se hallan habilitados para impugnarlo, si est\u00e1n inconformes con los motivos que aduce el sentenciador para inhibirse de proferir una sentencia de m\u00e9rito. Empero, si del recurso de apelaci\u00f3n se trata, es evidente que el apelante ha de buscar, antes que todo, sortear el obst\u00e1culo procesal y que, de alguna manera, la jurisdicci\u00f3n defina el asunto litigioso planteado. <\/p>\n
IV. Por modo que, en tal hip\u00f3tesis, si el juez o tribunal que conoce de la alzada, revoca el fallo inhibitorio, deber\u00e1 entrar a decidir sobre las pretensiones y defensas planteadas en el proceso, y si al hacerlo resuelve sobre aquellas o estas en contra del apelante, no viola el principio prohibitivo de la reformatio in pejus; situaci\u00f3n que no var\u00eda en modo alguno si encuentra motivos para que la inhibici\u00f3n sea apenas parcial y, por ende, deba decidir de fondo sobre las pretensiones y excepciones para cuya definici\u00f3n no halla impedimento procesal alguno. <\/p>\n
V. De all\u00ed por que el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 357 del C. de P.C. estatuye tajantemente que \u00abCuando se hubiere apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, \u00e9ste deber\u00e1 proferir decisi\u00f3n de m\u00e9rito aun cuando fuere desfavorable al apelante\u00bb; disposici\u00f3n que, sin lugar a dudas, es aplicable tambi\u00e9n cuando el fallo de primera instancia es totalmente inhibitorio, o sea en relaci\u00f3n con todas las pretensiones acumuladas en la demanda introductoria al proceso, y el de segunda instancia decide revocarlo apenas parcialmente, al considerar que no existen obst\u00e1culos para fallar sobre unas s\u00faplicas y que s\u00ed los hay para decidir sobre otras, caso en el cual deber\u00e1 pronunciarse de m\u00e9rito sobre las primeras, as\u00ed sea de modo desfavorable al apelante, situaci\u00f3n que fue exactamente la presentada en la especie de esta litis. <\/p>\n
VI. En armon\u00eda con lo anterior, el art\u00edculo 368 del C. de P.C. al consagrar la causal 4a. de casaci\u00f3n, se\u00f1ala que ella tiene cabida por \u00abContener la sentencia decisiones que hagan m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n de la parte que apel\u00f3 o la de aquella para cuya protecci\u00f3n se surti\u00f3 la consulta, siempre que la otra no haya apelado ni adherido a la apelaci\u00f3n, salvo lo dispuesto en el inciso final del art\u00edculo 357\u00bb; es decir, salvo que la sentencia apelada haya sido inhibitoria, como ac\u00e1 sucedi\u00f3, pues, como antes se dijo y ahora se repite, su revocatoria total o parcial impon\u00eda al ad quem el deber ineludible de proferir sentencia de m\u00e9rito, en lo que correspondiese, aun cuando lo hiciera en forma adversa al apelante. <\/p>\n
En consecuencia, el cargo primero no puede prosperar. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Apuntalado en la causal segunda de casaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 368 del C. de P.C., se tilda el fallo acusado de incongruente por minima petita. <\/p>\n
Agrega, que basta dar lectura a la citada sentencia para verificar que en parte alguna, ni en sus consideraciones ni en la parte resolutiva, se menciona siquiera una vez que el demandante formul\u00f3 tambi\u00e9n peticiones subsidiarias, \u00abo sea que estas \u00faltimas deber\u00edan estudiarse y decidirse por separado y en forma aut\u00f3noma si las principales no llegaren a prosperar\u00bb. Con ese proceder – remata -, el Tribunal incurri\u00f3 en la inconsonancia comentada, la que configura la causal segunda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
SE CONSIDERA: <\/p>\n
I. En desarrollo del principio de la congruencia, impera el art\u00edculo 305 del C. de P.C. que \u00abla sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda …y en las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley\u00bb. <\/p>\n
II. Son, pues, las partes quienes trazan el marco dentro del cual se deben desenvolver las instancias del proceso y quienes de ese modo delimitan la actividad del juez al momento de dictar sentencia; y si esta llega a traspasar, por acci\u00f3n o por omisi\u00f3n, los l\u00edmites impuestos en la demanda o en la contestaci\u00f3n, se configurar\u00e1 un vicio de actividad o error in procedendo a cuya rectificaci\u00f3n se ha erigido la causal segunda de casaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 368 \u00edb., la cual le abre paso a la impugnaci\u00f3n del fallo en casaci\u00f3n por no estar \u00aben consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio\u00bb. <\/p>\n
III. En el \u00e1mbito de las pretensiones deducidas en juicio, la incongruencia de un fallo se manifiesta de diferentes maneras, una de las cuales es por m\u00ednima petita, que ahora precisamente aduce la censura, consistente en que se haya omitido en \u00e9l decidir sobre alguna de las pretensiones invocadas en el libelo introductorio del proceso. <\/p>\n
IV. En el caso sub-judice, el cargo est\u00e1 orientado a demostrar que el sentenciador dej\u00f3 de decidir sobre las s\u00faplicas subsidiarias de dominio y restituci\u00f3n de un bien, lo que se impon\u00eda, seg\u00fan estima el recurrente, ante el fracaso de casi todas las pretensiones principales. Dice la censura que \u00abno puede sostenerse sin grave desvar\u00edo que la absoluci\u00f3n de las peticiones principales conlleva de suyo la de las subsidiarias\u00bb y que en ning\u00fan aparte del fallo hay motivaci\u00f3n alguna que suponga que \u00e9stas se hayan examinado y decidido. <\/p>\n
V. Empero, otra cosa es lo que muestra el fallo impugnado: En los antecedentes se transcriben las pretensiones subsidiarias, lo que indica que no hubo olvido de las mismas; en las consideraciones, se afirma categ\u00f3ricamente que los demandados \u00abPedro Pablo y Jaime son terceros de buena fe…\u00bb, a\u00f1adi\u00e9ndose m\u00e1s adelante: \u00abEsto significa que no les es oponible la declaraci\u00f3n privada de los simulantes encaminada a privar de eficacia la declaraci\u00f3n aparente…y, por ende, que no est\u00e1n obligados a restituir lo comprado, que no puede prosperar contra ellos la pretensi\u00f3n reivindicatoria acumulada como consecuencial de la simulaci\u00f3n e igualmente como subsidiaria\u00bb; para rematar, arm\u00f3nicamente con lo expresado en la parte considerativa, y despu\u00e9s de declarar simulado apenas uno de los contratos frente a los varios en que se pidi\u00f3 esa declaraci\u00f3n, disponiendo en la parte resolutiva que \u00abNo se accede a las dem\u00e1s peticiones de la parte actora\u00bb. <\/p>\n
VI. Brota evidente, entonces, que en el fallo impugnado se decidieron todas y cada una de las pretensiones de la demanda, tanto las principales como las subsidiarias; que la denegaci\u00f3n de estas fue motivada; y que aunque las consideraciones sobre las mismas hubiesen sido escuetas, revelan suficientemente que s\u00ed fueron examinadas y resueltas, pero de modo adverso al impugnante. Y si la sentencia acusada es omnicomprensiva de la cuesti\u00f3n litigiosa tal como fue plasmada en la demanda, no se le puede tildar de inconsonante por m\u00ednima petita. <\/p>\n
Por lo tanto, el cargo segundo tampoco alcanza \u00e9xito. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
1. Dentro de la \u00f3rbita de la causal primera de casaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 368 del C. de P.C., se denuncia la infracci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 305 del C. de P.C.; 669, 740, 744, 752, 766 nums. 2o. y 3o., 9846 (sic), 963, 964, 1041, 1043, 1047, 1325, 1740, 1741, 1742 (hoy 2o. de la ley 50 de 1936), 1746, 1766, 1871, 2142 y 2170 del C\u00f3digo Civil, a consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda y del material probatorio. <\/p>\n
2. Advierte el casacionista que la censura se concentra en lo que ata\u00f1e con las pretensiones subsidiarias y en cuanto se relacionan con la sucesi\u00f3n de Magdalena Alvarez G\u00f3mez, o sea sobre la mitad proindiviso del inmueble disputado, como consecuencia de la pretermisi\u00f3n que le imputa al Tribunal respecto de la \u00abpretensi\u00f3n de dominio\u00bb, la que \u00fanicamente mereci\u00f3 la atenci\u00f3n del sentenciador cuando en la parte resolutiva dispuso que \u00abNo se accede a las dem\u00e1s peticiones de la parte actora\u00bb, sin motivaci\u00f3n alguna, con lo cual no solo incurri\u00f3 en incongruencia sino que, a consecuencia de los errores de hecho, dej\u00f3 de resolver a favor del actor aqu\u00e9lla pretensi\u00f3n. <\/p>\n
Err\u00f3 el sentenciador en la apreciaci\u00f3n de la demanda, al no percatarse de que ella conten\u00eda s\u00faplicas subsidiarias; no tuvo en cuenta que \u00e9stas ya no ten\u00edan por objeto que la justicia se pronunciase sobre unas simulaciones, sino sobre una pretensi\u00f3n de dominio, raz\u00f3n por la cual estudi\u00f3 y decidi\u00f3 s\u00f3lo las primeras, planteadas en forma principal. Estima que ese proceder gener\u00f3 un c\u00famulo de graves y trascendentes errores de hecho porque: <\/p>\n
a) No vio el sentenciador sus propias palabras en donde textualmente dijo que \u00abTodos estos hechos y la confesi\u00f3n de Ana Teresa Cano Vda. de Vargas, en conjunto, constituyen prueba fehaciente de que la compraventa contenida en la escritura p\u00fablica 1338 es absolutamente simulada y, por ende, inexistente, que no gener\u00f3 obligaci\u00f3n alguna para los supuestos contratantes y que con este acto lo que pretend\u00eda Gabriel G\u00f3mez era defraudar el derecho de dominio de Magdalena y Teresa Alvarez G\u00f3mez sobre el referido inmueble\u00bb <\/p>\n
b) Tampoco apreci\u00f3, a partir de lo anterior, que los contratantes, en la citada escritura, son Ana Teresa Cano y Gabriel Alvarez; instrumento \u00e9ste que declar\u00f3 absolutamente simulado y sin efectos entre ellos. <\/p>\n
c) No se percat\u00f3 de que en el texto de la escritura de venta del inmueble de Gabriel Alvarez – actuando a nombre propio -, a Pedro Pablo Jaramillo, o sea la No. 1318 de 6 de octubre de 1980 de la Notar\u00eda de Rionegro y que el Tribunal no consider\u00f3 simulada, dichos contratantes dijeron que el vendedor adquiri\u00f3 el inmueble de Ana Teresa Cano vda. de Vargas por medio de la escritura p\u00fablica 1338 de 28 de agosto de 1.980, otorgada en la Notar\u00eda 12 de Medell\u00edn. <\/p>\n
d) Implica lo anterior -lo que tampoco vio el Tribunal-, que Gabriel Alvarez, obrando para s\u00ed, vendi\u00f3 el mismo inmueble que hab\u00eda comprado a Ana Teresa Cano, quien a su vez lo hab\u00eda adquirido de aqu\u00e9l como apoderado de Magdalena y Teresa Alvarez, seg\u00fan denota la escritura 315 de 27 de agosto de 1980 de la Notar\u00eda 14 de Medell\u00edn. <\/p>\n
e) As\u00ed pas\u00f3 por alto el hecho de que por sentencia de 9 de diciembre de 1.988, el Juzgado 4o. Civil del Circuito de Medell\u00edn declar\u00f3 simulada la citada escritura p\u00fablica No. 315. <\/p>\n
f) Con nuevo error de hecho, consider\u00f3 a Pedro Pablo Jaramillo como adquirente de buena fe, no obstante que en su escritura de adquisici\u00f3n tuvo pleno conocimiento de la procedencia y cadena de los t\u00edtulos de su vendedor, seg\u00fan lo corrobora \u00e9l mismo al dar respuesta a las preguntas 5a. y 6a. del interrogatorio de parte (Fls. 29 y 30 C. 2), prueba que ignor\u00f3 el sentenciador, en donde dijo y reconoci\u00f3 respectivamente que cuando se hizo la promesa de contrato \u00aben base al poder (sic) otorgado por las se\u00f1oras Alvarez, viv\u00edan las dos mandantes, y para el segundo caso, ya de escritura p\u00fablica, hab\u00eda fallecido…Magdalena\u00bb y que el Notario les advirti\u00f3 sobre esa anomal\u00eda, todo lo cual evidencia que obr\u00f3 a sabiendas. <\/p>\n
g) No le otorg\u00f3 alcance a la declaraci\u00f3n del Notario de Rionegro, sobre que cuando Gabriel Alvarez iba a hacer la venta a Pedro Pablo Jaramillo y a Jairo Mej\u00eda les advirti\u00f3 que la respectiva escritura quedaba viciada de nulidad por cuanto una de las mandantes del primero hab\u00eda muerto, advertencia de la que hizo caso omiso \u00abel poderdante, sr. Francisco Alvarez\u00bb; conducta que explica – lo que tampoco vio el Tribunal -, que la escritura de traspaso a Jaramillo \u00abla vino a otorgar Gabriel Alvarez en su propio nombre pretendiendo subsanar as\u00ed la nulidad que le hab\u00eda advertido el Notario\u00bb, pero sin caer en cuenta de que iba a incurrir en nulidad al indicar que su t\u00edtulo proven\u00eda de Ana Teresa Cano y que antes figuraba la venta que \u00e9l mismo le hab\u00eda efectuado a \u00e9sta, afectada de ineficacia. <\/p>\n
h) No cabe duda que los compradores Pedro Pablo Jaramillo y Jairo Mej\u00eda tuvieron pleno conocimiento de las andanzas de Gabriel Alvarez, quien iba a comprar en $210.000 para inmediatamente vender por $2.400.000, y de las graves deficiencias de la titulaci\u00f3n. <\/p>\n
i) De acuerdo con todo lo anterior, y pese a lo que arrojan las pruebas mencionadas y las escrituras p\u00fablicas, el Tribunal no vio ni tom\u00f3 en cuenta que los se\u00f1ores Jaramillo y Mej\u00eda ten\u00edan pleno y cabal conocimiento de la ineficacia de los t\u00edtulos invocados por Gabriel Alvarez, raz\u00f3n por la cual la compra que hicieron fue \u00aba non domino\u00bb por lo que no les transfiri\u00f3 dominio alguno a su favor. <\/p>\n
j) Cometi\u00f3 yerro f\u00e1ctico el Tribunal, quien para demostrar la seriedad de las negociaciones con Jaramillo y Mej\u00eda se refiere a que Gabriel Alvarez, como apoderado de Magdalena y Teresa, suscribi\u00f3 la promesa de compraventa con Pedro Pablo Jaramillo y a que tan cierto y real era el negocio, que posteriormente Gabriel Alvarez G\u00f3mez otorg\u00f3 la escritura prometida en el mismo precio acordado preliminarmente; mas no ve el fallador que la venta de \u00e9ste a Jaramillo, no la hizo en nombre de dichas poderdantes, ni en virtud de la mencionada promesa, sino a su propio nombre, tal como consta en le escritura 1318 antes mencionada, en la cual, adem\u00e1s, dice actuar como due\u00f1o del inmueble por haberlo adquirido de Ana Teresa Cano vda. de Vargas. <\/p>\n
k) A\u00f1ade el censor que la actitud de Jaramillo y Mej\u00eda de comprar a Teresa -quien falleciera posteriormente-, la mitad proindiviso del referido inmueble y adquirir de Gabriel, Concepci\u00f3n y Mar\u00eda Alvarez G\u00f3mez algunos derechos herenciales vinculados al mismo inmueble y correspondientes a la sucesi\u00f3n de Magdalena Alvarez, corrobora que su anterior adquisici\u00f3n proveniente de Gabriel Alvarez era inid\u00f3nea pues estaba impregnada de \u00abilegalidad, ineficacia y nulidad\u00bb…\u00bbDe otra manera no hubieran vuelto, por segunda vez, a comprar el inmueble en comentario\u00bb. <\/p>\n
3. Por \u00faltimo, pide el casacionista la quiebra del fallo impugnado en lo que sea desfavorable al recurrente, a fin de que la Corte acoja las s\u00faplicas subsidiarias de la demanda, apoyado en que los errores de hecho antes denunciados son manifiestos y trascendentes, toda vez que el Tribunal no examin\u00f3 las s\u00faplicas subsidiarias; no dio por inv\u00e1lido el t\u00edtulo de adquisici\u00f3n de los demandados Jaramillo y Mej\u00eda; no dispuso que en tal virtud se produjo, en relaci\u00f3n con ellos, la venta de cosa ajena; no reconoci\u00f3 el derecho de dominio en cabeza de Magdalena Alvarez, hoy en la de sus sucesores hereditarios; ni declar\u00f3 que aquellos adquirentes ten\u00edan pleno conocimiento de la ineficacia de los t\u00edtulos y que obraron a sabiendas de los defectos de titulaci\u00f3n de su tradente; con todo lo cual, el juzgador desconoci\u00f3 el derecho a la reivindicaci\u00f3n y las consecuencias legales de la venta de cosa ajena. <\/p>\n
SE CONSIDERA <\/p>\n
I. Es pertinente memorar que el sentenciador, para decidir como lo hizo, o sea para denegar la pretensi\u00f3n subsidiaria de dominio invocada por el demandante en relaci\u00f3n con la mitad del inmueble disputado, discurri\u00f3 del siguiente modo: <\/p>\n
\u00abQuiere decir, entonces, que s\u00f3lo ha de declararse simulado el contrato de compraventa que celebraron Ana Teresa Cano Vda. de Vargas y Gabriel Alvarez G\u00f3mez, con relaci\u00f3n al cual Pedro Pablo y Jaime son terceros de buena fe, lo mismo que respecto al contrato que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn declar\u00f3 simulado, puesto que no participaron en la maniobra simulatoria de los contratantes y cuando Pedro Pablo negoci\u00f3 con Gabriel Alvarez G\u00f3mez nada sab\u00eda de esas simulaciones e igual le ocurri\u00f3 a Jaime Mej\u00eda Jaramillo al suscribir la escritura 411. Esto significa que no les es oponible la declaraci\u00f3n privada de los simulantes encaminada a privar de eficacia la declaraci\u00f3n aparente (art. 1766, C. Civil) y, por ende, que no est\u00e1n obligados a restituir lo comprado, que no puede prosperar contra ellos la pretensi\u00f3n reivindicatoria acumulada como consecuencial de la simulaci\u00f3n e igualmente como subsidiaria..\u00bb (Subrayas de la Corte). Y, a rengl\u00f3n seguido, cita doctrina sobre el mismo punto de vista, o sea en relaci\u00f3n con la protecci\u00f3n de los terceros de buena fe frente a actos simulatorios en que no hubiesen participado. <\/p>\n
II. Empero, el casacionista al desarrollar el presente cargo, empieza por advertir que \u00abdeja por fuera lo relativo a la simulaci\u00f3n de las escrituras 1318 y 411, pues se concentra a lo que ata\u00f1e a las s\u00faplicas subsidiarias de la demanda y solamente en cuanto se relacionan con la sucesi\u00f3n de MAGDALENA ALVAREZ GOMEZ, o sea sobre la mitad proindiviso del inmueble en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Consecuente con lo anterior, despliega toda su actividad en orden a tratar de demostrar que el Tribunal pretermiti\u00f3 de manera absoluta, la pretensi\u00f3n subsidiaria de dominio, y que, con causa en los distintos errores de apreciaci\u00f3n probatoria que le enrostra, se equivoc\u00f3 al tener a los demandados como terceros adquirentes de buena fe, sin considerar que eran sabedores de que los t\u00edtulos precedentes de su vendedor estaban impregnados de ineficacia y nulidad, en tanto que sab\u00edan que la participaci\u00f3n previa de su antecesor tuvo origen en la representaci\u00f3n que le hab\u00eda otorgado Magdalena Alvarez, extinguida por la muerte de \u00e9sta. <\/p>\n
III. Evidencia lo dicho, que la posici\u00f3n del sentenciador y la adoptada por la censura para combatirla, parten de dos supuestos y consideraciones diversos: <\/p>\n
A) Por una parte, contrario a lo sostenido por la censura, el sentenciador no pretermiti\u00f3 la s\u00faplica subsidiaria de dominio, sino que, como se anot\u00f3, decidi\u00f3 sobre \u00e9sta negativamente; respald\u00f3 su conclusi\u00f3n en la mentada inoponibilidad de los actos simulatorios en que particip\u00f3 el vendedor Gabriel Alvarez G\u00f3mez y en que dichos actos en nada afectan los intereses de los subadquirentes sucesivos: Pedro Pablo Jaramillo y Jaime Mej\u00eda Jaramillo, contra quienes se dirigi\u00f3 dicha s\u00faplica, habida consideraci\u00f3n de que no intervinieron en las maniobras simulatorias, ni que al momento de contratar con aqu\u00e9l, supieran que eran simulados los t\u00edtulos precedentes de dominio ostentados por su vendedor. <\/p>\n
En esas circunstancias, f\u00e1cilmente se observa que el fallador dio por sentada la buena fe de los demandados mencionados, por hallar que fue real la intenci\u00f3n de negociar que asumi\u00f3 Pedro Pablo Jaramillo cuando le compr\u00f3 a Gabriel Alvarez G\u00f3mez y porque en los actos precedentes en los que este intervino, esos s\u00ed declarados judicialmente simulados, no particip\u00f3 el referido comprador, como tampoco la persona a quien despu\u00e9s le vendi\u00f3 parte del mismo inmueble. No cabe duda, entonces, que el sentenciador, parti\u00f3 del hecho de que ni el uno ni el otro actuaron de mala fe, ni, que consecuentemente, fueron adquirentes de cosa ajena. <\/p>\n
B) Por su parte, el recurrente, sin combatir las conclusiones del ad quem, y antes bien dejando de lado expresamente su opugnaci\u00f3n, centra la atenci\u00f3n en demostrar que los referidos t\u00edtulos escriturarios no son eficaces y que los demandados eran sabedores de tales deficiencias. Lo anterior, no para afirmar que estos conocieren las distintas simulaciones llevadas a cabo por Gabriel Alvarez G\u00f3mez, sino para enrostrarle el comportamiento que a este le apunta de haber hecho uso indebido del poder que le otorgara su hermana Magdalena, por cuanto no obstante haber esta fallecido, no dud\u00f3 en celebrar los distintos contratos de compraventa, por uno de los cuales se hizo due\u00f1o del inmueble, el que y actuando a nombre propio lo enajen\u00f3, en favor del demandado Pedro Pablo Jaramillo, como este a su vez lo hiciera a favor de Jaime Mej\u00eda Jaramillo, subadquirentes quienes, seg\u00fan estima la censura, sab\u00edan del fallecimiento previo de la mencionada poderdante. <\/p>\n
IV. En s\u00edntesis, pues, el ad quem apoya su decisi\u00f3n adversa a la pretensi\u00f3n subsidiaria de dominio, anclado en la buena fe de los terceros, ac\u00e1 demandados, en relaci\u00f3n con los actos simulatorios en los que estos no participaron; y el impugnador aduce la mala fe de los mismos, con prescindencia absoluta del fen\u00f3meno simulatorio y sus consecuencias en frente de los terceros, empe\u00f1\u00e1ndose en demostrar que adquirieron de quien no era due\u00f1o y que era del caso aplicar la regulaci\u00f3n propia de la venta de cosa ajena; proceder que no se acompasa con las reglas que exige la t\u00e9cnica del recurso de casaci\u00f3n, en punto de la causal primera, seg\u00fan las cuales, antes que todo se hace menester destruir el real fundamento del fallo acusado, puesto que mientras se mantenga, no podr\u00e1 abrirse paso la ruptura del mismo. <\/p>\n
V. En ese orden de ideas, el cargo tercero se perfila incompleto y, por contera, resulta inid\u00f3neo. En verdad, aunque el impugnador lograra demostrar los yerros que le apunta al sentenciador para apoyar su punto de vista, lo cierto es que al no combatir el verdadero fundamento de la sentencia impugnada, \u00e9sta emerge inc\u00f3lume. No basta, pues, demostrar que existen unos hechos distintos y que a pesar de estar probados, los mismos fueron pretermitidos por el Tribunal, si al mismo tiempo no se combaten los otros fundamentos f\u00e1cticos y demostrativos en que aqu\u00e9lla se ampara. <\/p>\n
Al efecto, conviene recordar que, como reiteradamente lo ha dicho La Corte, \u201ccuando el ataque en casaci\u00f3n radica en la infracci\u00f3n de norma sustancial, causal primera del art\u00edculo 368 del C. de P.C., s\u00f3lo puede aspirarse al quiebre de la sentencia acusada si se impugnan exitosamente todos los cimientos en que viene edificada. <<Atacar apenas alguno o algunos de ellos, pues, pugna con la t\u00e9cnica que informa al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, como que se entiende que aun cuando ellos saliesen airosos, los que se dejaron al margen de la censura continuar\u00edan sirviendo de soporte al fallo combatido, desde luego que la Corte estar\u00eda por lo mismo impedida para examinarlos>>\u00bb (G.J.CCXII, p. 200). <\/p>\n
VI. De acuerdo con lo ya explicado, la situaci\u00f3n descrita en la doctrina precedente se acomoda exactamente a lo que muestra el cargo examinado, y, por lo tanto, tampoco puede prosperar. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, N O C A S A la sentencia de fecha 23 de febrero de 1.993, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro del proceso ordinario adelantado por GILBERTO DUQUE ALVAREZ, en la condici\u00f3n de heredero de Magdalena Alvarez G\u00f3mez, contra GABRIEL ALVAREZ GOMEZ, ANA TERESA CANO VDA. DE VARGAS, PEDRO PABLO JARAMILLO, JAIRO MEJIA JARAMILLO Y MATILDE, CONCEPCION, GABRIEL Y MARIA ALVAREZ GOMEZ, estos \u00faltimos como herederos de la se\u00f1ora Teresa Alvarez G\u00f3mez. <\/p>\n
Costas en el recurso de casaci\u00f3n a cargo de la parte recurrente. Oportunamente t\u00e1sense. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 4437 <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
(En permiso) <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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S-060-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997). […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81496","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81496","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81496"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81496\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81496"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81496"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81496"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}