S-062-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D. C., diecisiete (17) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997).- <\/p>\n
Ref: Expediente No. 4741 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante contra la sentencia de 27 de agosto de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali -Sala Civil- en el proceso ordinario de Mar\u00eda Santos Murillo Asprilla contra los herederos indeterminados de Mart\u00edn Alonso Mej\u00eda Betancourt y dem\u00e1s personas indeterminadas. <\/p>\n
I. Antecedentes <\/p>\n
1-. La actora suplic\u00f3 la declaraci\u00f3n consistente en que ha ganado el dominio, por prescripci\u00f3n adquisitiva, del inmueble ubicado en la carrera 12, n\u00fameros 10-103, 10-105 y 10-107 de la ciudad de Cali, con las especificaciones all\u00ed contenidas; pretensi\u00f3n que dirigi\u00f3 contra los herederos precitados y todas las personas que pudieran tener inter\u00e9s sobre el predio. <\/p>\n
2-. F\u00e1cticamente se basa en que, agregando a la suya la posesi\u00f3n de sus antecesores Olga Garc\u00eda de Vernaza (que data desde el a\u00f1o 1942) y Rafael Scarpetta Castillo (desde el a\u00f1o 1945), tiene m\u00e1s de veinte de poseer el inmueble, \u00absin reconocer dominio ajeno\u00bb, sin clandestinidad ni violencia, y, adem\u00e1s, \u00absin interrupci\u00f3n de continuidad\u00bb; y que \u00abha introducido mejoras y reformas de construcci\u00f3n y reconstrucci\u00f3n del inmueble en su totalidad incluyendo en la forma la construcci\u00f3n de dos (2) locales comerciales, inclusive ubicando el inmueble en la l\u00ednea de paramento exigida por planeaci\u00f3n municipal, haber pagado y estar pagando los impuestos catastrales y de valorizaci\u00f3n en mi propio nombre\u00bb, as\u00ed como los servicios p\u00fablicos. <\/p>\n
Indic\u00f3se igualmente que Mart\u00edn Alonso Mej\u00eda Betancourt, o Alonso Mej\u00eda Betancourt, quien aparece como propietario en el certificado de tradici\u00f3n, falleci\u00f3 en Cali el 7 de febrero de 1989, \u00absin haber estado nunca en posesi\u00f3n del inmueble\u00bb; el sucesorio correspondiente no se ha iniciado. <\/p>\n
3-. A los demandados, as\u00ed los herederos indeterminados como las dem\u00e1s personas interesadas, se les design\u00f3 curador para la litis, quien descorri\u00f3 el traslado respectivo diciendo que, en cuanto aparezcan probados los supuestos f\u00e1cticos de la demanda, no se opone a las pretensiones. <\/p>\n
4-. Luego de decretadas las pruebas compareci\u00f3 Hern\u00e1n Mej\u00eda Betancourt y se opuso a las pretensiones; sustent\u00f3se en que Mar\u00eda Santos Murillo fue vencida en el proceso reivindicatorio que en relaci\u00f3n con el mismo bien le inici\u00f3 Mart\u00edn Alonso Mej\u00eda Betancourt, en cuyo tr\u00e1mite, adelantado en el juzgado 4\u00b0. civil del circuito de Cali, el actor le cedi\u00f3 los derechos litigiosos y como tal fue reconocido all\u00ed. <\/p>\n
Con fundamento en lo cual alega Hern\u00e1n que \u00abtodos los efectos del fallo que a favor de su cedente se hicieron en las sentencias -ejecutoriadas- lo cobijan\u00bb; de manera que -agrega- siendo causahabiente del entonces demandante, tiene la cosa juzgada a su favor. <\/p>\n
A la saz\u00f3n se le dijo que, por tomar el proceso en el estado en que lo hallaba, ya no hab\u00eda oportunidad para contestar la demanda. <\/p>\n
5-. El 20 de enero de 1993 fue clausurada la primera instancia mediante fallo que dict\u00f3 el juzgado quinto civil del circuito de Cali, estimatorio de las pretensiones. <\/p>\n
Decisi\u00f3n que se orden\u00f3 consultar de conformidad con lo previsto en el Art. 386 del C. de P. C.. Y el Tribunal Superior de Cali, al desatar dicho grado jurisdiccional, revoc\u00f3 la sentencia y, en su lugar, deneg\u00f3 las s\u00faplicas de la demanda. <\/p>\n
La actora recurri\u00f3 entonces en casaci\u00f3n. <\/p>\n
II. La sentencia del tribunal <\/p>\n
Una vez que histori\u00f3 el litigio y determin\u00f3 que pod\u00eda definirse el m\u00e9rito del mismo, sent\u00f3 algunas precisiones sustanciales en torno a la prescripci\u00f3n extraordinaria como modo de adquirir el dominio, incluida la atinente a la suma de posesiones. De manera que al descender al caso concreto, y luego de relacionar la titulaci\u00f3n aportada al proceso y sentar la posesi\u00f3n sucesiva de los diversos adquirentes mencionados en la demanda, hizo \u00e9nfasis en que Mar\u00eda Santos Murillo de Castro fue condenada a restituir el bien a Mart\u00edn Alonso Mej\u00eda Betancourt, justamente en el juicio reivindicatorio en el que \u00e9ste la venci\u00f3. <\/p>\n
Hecho del que dedujo que si bien all\u00ed se tuvo por poseedora de buena fe, y se le concedi\u00f3 derecho de retenci\u00f3n por las expensas reconocidas a su favor, \u00ablo cierto es que a ra\u00edz de la aludida providencia su situaci\u00f3n jur\u00eddica cambi\u00f3 dado que se vio forzada a reconocer el derecho de dominio sobre el bien al se\u00f1or Mart\u00edn Alonso Mej\u00eda Betancourt, antecesor jur\u00eddico del opositor Hern\u00e1n Mej\u00eda Betancourt, ya que luego de trabada la relaci\u00f3n jur\u00eddica procesal en aquel proceso, el pretendido derecho de dominio que alegaba el reivindicante qued\u00f3 sometido al fallo judicial que declar\u00f3 que \u00e9ste ten\u00eda mejor derecho que la prescribiente\u00bb. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que de otro modo los fallos que decretan la reivindicaci\u00f3n carecer\u00edan de valor, por el solo hecho de que el poseedor vencido los desconociera; agregando en el punto que, as\u00ed sea de manera forzada, reconoce dominio en el reivindicante, \u00abya que el derecho de retenci\u00f3n implica precisamente que el dominio de lo retenido corresponde al due\u00f1o del suelo y como no existe ninguna comunidad entre \u00e9ste y el due\u00f1o de las mejoras, se infiere que ambos no pueden ser considerados al mismo tiempo como poseedores\u00bb; aqu\u00ed dijo respaldarse en la decisi\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, plasmada en sentencia de 26 de agosto de 1986. <\/p>\n
De contera, subray\u00f3 el desacierto del a quo al acceder a las pretensiones, pues que la actora, \u00abdesde la ejecutoria de la providencia del 15 de julio de 1.987 perdi\u00f3 la calidad de poseedora que ten\u00eda y por ende, est\u00e1 en imposibilidad de prescribir la especie litigada\u00bb. <\/p>\n
III. La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
De los tres cargos formulados, el primero viene apoyado en la causal quinta del art\u00edculo 368 del c\u00f3digo de procedimiento civil, y los restantes en la causal primera. <\/p>\n
Se\u00f1ala que se configur\u00f3 la nulidad prevista en el numeral 2 del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, toda vez que, a juicio del recurrente, el tribunal no pod\u00eda revisar la sentencia sino en cuanto a los demandados indeterminados, en favor de quienes se surte la consulta; no as\u00ed en frente de Hern\u00e1n Mej\u00eda Betancourt, quien no apel\u00f3 de la misma. <\/p>\n
Explica al respecto que Hern\u00e1n concurri\u00f3 al proceso luego del emplazamiento, y aleg\u00f3 que fue cesionario de los derechos litigiosos del promotor del anterior proceso reivindicatorio, reemplazando as\u00ed, sustancial y procesalmente, a Mart\u00edn Alonso Mej\u00eda Betancourt; y ante tal reconocimiento, all\u00ed mismo qued\u00f3 suficientemente noticiada la demandada Mar\u00eda Santos. Por consiguiente, \u00abla personer\u00eda sustancial, y desde luego procesal, del fallecido Mart\u00edn Alonso Mej\u00eda Betancourt la tiene con car\u00e1cter exclusivo y excluyente el se\u00f1or Hern\u00e1n Mej\u00eda Betancourt\u00bb, tanto en el proceso reivindicatorio como ahora en el de pertenencia; por eso fue que en \u00e9ste concurri\u00f3 a oponerse, como que es el causahabiente del extinto Mart\u00edn Alonso, a quien emplazaron a trav\u00e9s de sus herederos. <\/p>\n
De manera que ante su comparecencia, el curador ad litem s\u00f3lo continu\u00f3 representando a las personas indeterminadas, \u00abpues dej\u00f3 de representar a los herederos y sucesores o causahabientes, en este caso a t\u00edtulo singular, de Mart\u00edn Alonso\u00bb. <\/p>\n
Venida la sentencia, en \u00e9sta se analiz\u00f3 la oposici\u00f3n formulada por Hern\u00e1n, rechaz\u00e1ndola motivadamente; y, como no apelara, se convirti\u00f3 en cosa juzgada para \u00e9l. La consulta, entonces, \u00fanicamente deb\u00eda surtirse en relaci\u00f3n con los emplazados que no concurrieron al proceso; nunca en relaci\u00f3n con el que se aperson\u00f3 y se present\u00f3 personal y directamente en el proceso. <\/p>\n
Significa que \u00ablos \u00fanicos beneficiarios con la consulta que el Juez orden\u00f3 que se surtiera ante el Tribunal, fueron las dem\u00e1s personas indeterminadas, o sea la parte demandada as\u00ed configurada, y n\u00f3 los herederos o sucesores de Mart\u00edn Alonso Mej\u00eda Betancourt, quienes, por intermedio de su cesionario Hern\u00e1n Mej\u00eda Betancourt se hicieron presentes directamente en el proceso y defendieron con ah\u00ednco la causa de su antecesor\u00bb. En otros t\u00e9rminos, el fallo de primera instancia \u00able qued\u00f3 en firme y ejecutoriado a dicho sucesor, y desde luego a su causante, al no haber aqu\u00e9l interpuesto recurso alguno contra dicha providencia\u00bb. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, \u00abninguna competencia adquiri\u00f3 el tribunal de Cali respecto de la situaci\u00f3n procesal y sustancial de Hern\u00e1n Mej\u00eda Betancurt y de su causante Mart\u00edn Alonso Mej\u00eda Betancourt, por no haber estos apelado del fallo en su contra dictado en la primera instancia\u00bb, consinti\u00e9ndolo en consecuencia. <\/p>\n
La situaci\u00f3n final ser\u00e1 la de que la nulidad planteada no afecta a las personas indeterminadas, respecto de quienes s\u00ed cab\u00eda la consulta; de modo que s\u00f3lo frente a ellas es predicable \u00abla negativa del sentenciador de segundo grado a acoger las s\u00faplicas de la demandante\u00bb; al paso que la decisi\u00f3n de primera instancia, estimativa de la usucapi\u00f3n, quedar\u00e1 en firme relativamente a Mart\u00edn Alonso o sus causahabiente. \u00abPero este acogimiento no viene a tener car\u00e1cter ‘erga omnes’ por no haber prosperado en frente de las personas indeterminadas\u00bb. En ese sentido pide se resuelva el litigio luego de casada la sentencia. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
1. El C\u00f3digo de Procedimiento Civil de 1970 introdujo algunas modificaciones al proceso ordinario de pertenencia, de las cuales cabe destacar ahora la que dice relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n en causa por pasiva. En efecto, a la par que se orden\u00f3 acompa\u00f1ar a la demanda el certificado del registrador de instrumentos p\u00fablicos pertinente, a efecto de verificar que la pretensi\u00f3n se dirige contra el actual propietario y los dem\u00e1s titulares de derechos reales, dispuso que en todo caso, auncuando no demandadas por el actor, sean emplazadas indeterminadamente todas las personas que pudieran tener inter\u00e9s en el bien objeto de usucapi\u00f3n. Y se sabe que la teleolog\u00eda de esto estriba en la necesidad que vio el legislador de dotar a la sentencia de efectos erga omnes. <\/p>\n
De ah\u00ed que tal cuerpo normativo haya establecido de manera terminante, en el entonces art\u00edculo 413 (hoy 407 tras la reforma del decreto 2282 de 1989), en su numeral 6, que en el mismo auto admisorio \u00abse ordenar\u00e1 el emplazamiento de las personas que se crean con derecho sobre el respectivo bien\u00bb; y que en su numeral 11 consagrase armoniosamente que la respectiva sentencia \u201cproducir\u00e1 efectos erga omnes\u00bb. <\/p>\n
Por donde viene en conocimiento que en el proceso de pertenencia figurar\u00e1n como demandados, siempre y en todo supuesto, las predichas personas indeterminadas; y tambi\u00e9n lo ser\u00e1n los titulares de derechos reales, en tanto que aparezcan relacionados en el certificado de instrumentos p\u00fablicos. Y, muy a prop\u00f3sito de lo que aqu\u00ed se inquiere, bien vale subrayar que surtida la citaci\u00f3n, todos los emplazados quedan afectados a las resultas del litigio. <\/p>\n
Corolario obligado de tal orden de cosas, es que los demandados en pertenencia integran un litisconsorcio; y si es la propia ley la que ha querido que el fallo en esta especie de litigio no se adopte sin la citaci\u00f3n de cuanto interesado haya, h\u00e1cese inconfutable que tal litisconsorcio es de car\u00e1cter necesario, por supuesto que ese precisamente es uno de los eventos a que se refiere el primer inciso del art. 83 del C. de P. C.. <\/p>\n
Si a tal aspecto litisconsorcial se agrega que la sentencia dicha genera efectos erga omnes, no cabe la menor duda de que la decisi\u00f3n a adoptarse en juicios semejantes debe ser uniforme, pues que los diversos demandados conforman un bloque sustancial inescindible, por contrapartida a lo que sucede en el voluntario, en el que se miran tantas relaciones jur\u00eddicas, as\u00ed sustanciales como procesales, cuantos demandados hayan. <\/p>\n
Postulados que, dada la primac\u00eda que reclaman, no pueden correr el riesgo de advenir resquebrajados por la impugnaci\u00f3n varia de los distintos litisconsortes. Acontecer del que pr\u00f3vidamente tom\u00f3 nota el legislador, conjurando el riesgo de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00abCuando la cuesti\u00f3n litigiosa haya de resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes, los recursos y en general las actuaciones de cada cual favorecer\u00e1 a los dem\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
2. En la pertenencia objeto de estudio fueron demandados los herederos indeterminados de Mart\u00edn Alonso Mej\u00eda Betancourt y dem\u00e1s personas indeterminadas que se emplazaron. Se form\u00f3, entonces, litisconsorcio necesario pasivo entre todos ellos; al que se uni\u00f3 luego el compareciente, en calidad de opositor, Hern\u00e1n Mej\u00eda Betancourt. <\/p>\n
De ah\u00ed que la consulta del fallo de primer grado favorec\u00eda por igual a todos y cada uno de los demandados. Lo que es decir, que, imponi\u00e9ndose una decisi\u00f3n uniforme para todos los litisconsortes necesarios, poco o nada interesa que, no obstante la adversidad de la sentencia, ninguno hubiese apelado, incluido el propio opositor Hern\u00e1n Mej\u00eda Betancourt. <\/p>\n
Es insostenible, as\u00ed, que a esta persona se la mire desgajada de la parte demandada, para pretender que frente a ella el sentido del fallo sea diverso del que se dicte en relaci\u00f3n con los dem\u00e1s codemandados. <\/p>\n
De cara a aquella situaci\u00f3n, el pretendido fallo dis\u00edmil queda del todo descartado. <\/p>\n
3. Viene como corolario que no se ve c\u00f3mo pudo el recurrente ingresar al campo de la competencia con el prop\u00f3sito de fundar el cargo, con total olvido de la figura litisconsorcial que ha quedado explicada. <\/p>\n
No prospera, subsecuentemente, el cargo. <\/p>\n
Segundo cargo <\/p>\n
Denuncia la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 2512, 2513, 2531, 2518, 2521, 2522, 2527, 2532, 756, 667, 740, 762 y 780 del C\u00f3digo Civil, 1o. de la ley 50 de 1936 y 305 y 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por falta de aplicaci\u00f3n; y, por aplicaci\u00f3n indebida, los art\u00edculos 770, 778 y 2526 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Para desenvolverlo, comienza el impugnador por poner de presente que la tesis del tribunal, en suma, es la de que Mar\u00eda Santos \u00abdej\u00f3 de ser poseedora a partir de cuando qued\u00f3 ejecutoriada la sentencia de reivindicaci\u00f3n en el proceso que Mej\u00eda Betancourt le entabl\u00f3 anteriormente, por cuanto en dicho fallo se le reconoci\u00f3 derecho de retenci\u00f3n a la hoy demandante en pertenencia\u00bb. <\/p>\n
Argumentaci\u00f3n que combate, as\u00ed: <\/p>\n
Hace ver que el derecho de retenci\u00f3n no fue suplicado por Mar\u00eda Santos en aquel proceso; fue el Tribunal el que lo reconoci\u00f3 oficiosamente al revocar la sentencia que a ella la hab\u00eda absuelto, y lo hizo, adem\u00e1s, en forma condicional y futura, al supeditarlo al evento en que la liquidaci\u00f3n all\u00ed ordenada arrojase un saldo a su favor; y se ignora si vino a tener existencia, \u00abpues no hay constancia ni afirmaci\u00f3n del sentenciador, de que la diligencia de entrega se hubiera llevado a cabo\u00bb. Es decir, el derecho concedido por el tribunal es abstracto, y no cierto y concreto \u00abque hubiera empezado a regir exactamente en determinado momento\u00bb; am\u00e9n de que el derecho de retenci\u00f3n se materializa \u00aben el momento en que se proceda real y materialmente a la entrega de la cosa\u00bb, por supuesto que \u00abretener una cosa solo puede ocurrir cuando la parte que lo invoca se encuentra en trance inmediato de ser despojado de ella\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ella \u00abno pod\u00eda ser despojada de su car\u00e1cter de poseedora para quedar en realidad solamente revestida del de mera tenedora a t\u00edtulo de retenci\u00f3n, sino a partir de la entrega o restituci\u00f3n real y material del bien en litigio, entrega que a\u00fan no se ha realizado\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, si en la reivindicaci\u00f3n el actor persigue recuperar la posesi\u00f3n que otro tiene sobre la cosa, es claro que mientras no se cumpla la sentencia que as\u00ed lo ordena, el reivindicante no ha recuperado la posesi\u00f3n; \u00abluego el demandado continuar\u00e1 colocado como poseedor, pero obligado y en trance de restituir\u00bb. La posesi\u00f3n no pasa del demandado al demandante, con la simple sentencia reivindicatoria, \u00abescrita en un pedazo de papel\u00bb, porque all\u00ed se echa de menos el elemento corpus que le es esencial, y que, estando en cabeza del demandado, no lo recupera aquel sino mediante la restituci\u00f3n efectiva. <\/p>\n
\u00abPor tanto, el Tribunal incurri\u00f3 en el grave error jur\u00eddico de pretender que la simple Sentencia del reivindicatorio de Mart\u00edn Alonso contra Mar\u00eda Santos confiri\u00f3 posesi\u00f3n a aquel sin haber sido cumplida\u00bb. <\/p>\n
Se conoce que, seg\u00fan el art. 946 del C\u00f3digo Civil, en punto de confrontaci\u00f3n de t\u00edtulos prevalece el m\u00e1s antiguo; pero esa norma fue violada por el sentenciador, porque, \u00abno obstante que reconoci\u00f3 que Mar\u00eda Santos y su cadena de t\u00edtulos arrancaban desde 1.942, le dio prevalencia en forma injur\u00eddica al t\u00edtulo de Mart\u00edn Alonso Mej\u00eda, o mejor de Hern\u00e1n Mej\u00eda Betancourt, al que le reconoci\u00f3 nacimiento solamente desde 1.987, o sea cuando se dict\u00f3 la sentencia reivindicatoria ya mencionada\u00bb. <\/p>\n
\u00abExiste Doctrinaria y Legalmente una situaci\u00f3n de enorme trascendencia jur\u00eddica, consistente en la perdida de la posesi\u00f3n, aplicable en este caso a Mart\u00edn Alonso Mej\u00eda, hoy a su sucesor o cesionario Hern\u00e1n Mej\u00eda Betancourt, derivada de que a pesar de haber obtenido Sentencia favorable en 1.987, todav\u00eda no le ha dado cumplimiento despu\u00e9s de siete (7) a\u00f1os de dictada\u00bb. Recuerda sobre el particular, con Ihering, la diligencia que siempre debe demostrar el poseedor en aras de restablecer lo m\u00e1s pronto posible la relaci\u00f3n perturbada: \u00abQuien quiera que no muestre ese inter\u00e9s y se desligue de alg\u00fan modo de la cosa, pierde la posesi\u00f3n porque aunque \u00e9l sea y permanezca propietario, NO ES ACTIVO Y VISIBLE COMO TAL, y la posesi\u00f3n consiste precisamente en esto, la parte visible de la propiedad. La diligencia del propietario es una condici\u00f3n indispensable de la posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De manera que auncuando se admita que los reivindicantes obtuvieron la posesi\u00f3n con la simple sentencia, es equivocado pensar que Mar\u00eda Santos no retom\u00f3 o reanud\u00f3 dicha posesi\u00f3n. <\/p>\n
P\u00eddese, en consecuencia, casar el fallo del tribunal y confirmar el del juzgado. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
1. El casacionista habla prolijamente del derecho de retenci\u00f3n; y lo hace porque, seg\u00fan anunci\u00f3 de entrada, el tribunal se finc\u00f3 en \u00e9l, justamente al estimar que quien ejercita ese derecho es un tenedor de la cosa. <\/p>\n
Tal proceder del impugnante adviene exiguo a la postre, porque si bien fue ese uno de los argumentos jur\u00eddicos del sentenciador ad quem, tambi\u00e9n lo es que existi\u00f3 otro, que, por estar al margen de la acusaci\u00f3n, se ofrece inabordable. <\/p>\n
En verdad, el tribunal entendi\u00f3 que una sentencia reivindicatoria hace que el demandado reconozca forzosamente dominio en el demandante, dado que a partir de entonces su situaci\u00f3n jur\u00eddica ya no es la misma. As\u00ed que Mar\u00eda Santos \u00abse vio forzada a reconocer el derecho de dominio sobre el bien al se\u00f1or Mart\u00edn Alonso Mej\u00eda Betancourt, antecesor jur\u00eddico del opositor Hern\u00e1n Mej\u00eda Betancourt\u00bb. Aseveraci\u00f3n que explan\u00f3 as\u00ed: \u00abya que luego de trabada la relaci\u00f3n jur\u00eddica procesal en aquel proceso, el pretendido derecho de dominio que alegaba el reivindicante qued\u00f3 sometido al fallo judicial que declar\u00f3 que \u00e9ste ten\u00eda mejor derecho que la prescribiente\u00bb. <\/p>\n
Bien se aprecia, entonces, que dicho razonamiento se hizo sin consideraci\u00f3n al derecho de retenci\u00f3n; la reflexi\u00f3n fue aut\u00f3noma, y por igual hubiese existido en todo supuesto. Si, pues, m\u00e1s adelante, refiri\u00f3se al derecho de retenci\u00f3n, lo hizo como un apuntalamiento jur\u00eddico de m\u00e1s, y ya en raz\u00f3n de la circunstancia particular del caso concreto, comoquiera que aqu\u00ed se contempl\u00f3 la posibilidad de que la demandada retuviese la cosa si fuere procedente. <\/p>\n
En suma, la consideraci\u00f3n alusiva a tal derecho, no fue m\u00e1s que una elongaci\u00f3n de lo que independiente y b\u00e1sicamente ya se hab\u00eda sostenido arriba. Su presencia en el fallo, pues, no pasa de ser contingente. <\/p>\n
As\u00ed que el recurrente se aplic\u00f3 resueltamente a combatir el segundo razonar, pues todo su discurrir cabalga sobre la circunstancia de que Mar\u00eda Santos, pese a salir perdidosa en la reivindicaci\u00f3n, sigue en contacto con la cosa; cuesti\u00f3n que ni de lejos desconoce el tribunal, pues lo que este ech\u00f3 de menos, no es el elemento f\u00edsico, sino el componente subjetivo que es intr\u00ednseco a la posesi\u00f3n, como quiera que se\u00f1al\u00f3 que la sentencia reivindicatoria hace que el demandado \u201creconozca forzosamente\u201d como propietario al actor. Aspecto este que, en consecuencia, ha quedado sin combatirse, pues el censor lo dej\u00f3 de lado; y si, como se vio, \u00e9ste fue el b\u00e1sico de la sentencia, cabe decir sin ning\u00fan g\u00e9nero de duda que por s\u00ed solo, y ante su impermeabilidad por lo dicho, sostiene la decisi\u00f3n. S\u00e1bese perfectamente que el ataque aislado resulta vano en casaci\u00f3n, como de continuo lo ha manifestado esta Corporaci\u00f3n en los siguientes t\u00e9rminos: \u00abaunque el recurrente acuse la sentencia por violaci\u00f3n de varias disposiciones civiles, la Corte no tiene necesidad de entrar en el estudio de los motivos alegados para sustentar esa violaci\u00f3n, si la sentencia trae como base principal de ella una apreciaci\u00f3n que no ha sido atacada en casaci\u00f3n, ni por violaci\u00f3n de la ley, ni por error de hecho o de derecho, y esa apreciaci\u00f3n es m\u00e1s que suficiente para sustentar el fallo acusado\u00bb (LXXI, p.740; LXXIII, p. 45; LXXV, p. 52; CXLVIII, p. 221). <\/p>\n
2. Ya dentro del ataque aislado del cargo, ocurre tambi\u00e9n deficiencia t\u00e9cnica en su formulaci\u00f3n. En la de ahora se tiene que el planteamiento en torno al derecho de retenci\u00f3n pugna con la v\u00eda directa que eligi\u00f3 el impugnante. <\/p>\n
Patent\u00edzase, en efecto, que el sentenciador habl\u00f3 del derecho de retenci\u00f3n en forma escueta; sin agregados ni a\u00f1adiduras. El impugnador, en cambio, repite hasta la saciedad que el que se reconoci\u00f3 a Mar\u00eda Santos en el reivindicatorio fue eventual, futuro y abstracto; y precisamente sobre estas calificativos es que censura al tribunal. De este modo, f\u00e1cil es detectar que, en rigor, y no m\u00e1s que por seguir el pensamiento del casacionista, lo que se le ha debido achacar al tribunal es el no haber ca\u00eddo en cuenta que el derecho de retenci\u00f3n entonces reconocido no era puro y simple como lo entendi\u00f3, sino que su porvenir estaba supeditado a una serie de condiciones; en buenas cuentas, achacarle que en el examen de la sentencia reivindicatoria no vio estas condiciones. Cosa bien distinta que el juzgador hubiese dicho que su modo de pensar ser\u00eda el mismo, as\u00ed y todo el derecho de retenci\u00f3n fuera eventual, porque all\u00ed si vendr\u00eda expedita la v\u00eda directa que se propuso. <\/p>\n
En eso ha debido consistir la labor del recurrente, para lo cual era preciso plantear la violaci\u00f3n indirecta, porque ello implica una disputa en el campo f\u00e1ctico del proceso. Y no suponer que el tribunal dijo algo que jam\u00e1s expres\u00f3, no m\u00e1s que para aparentar una correcta formulaci\u00f3n de la v\u00eda directa; rep\u00edtese, el sentenciador nunca dijo que un futuro derecho de retenci\u00f3n pondr\u00eda al demandado en tenencia de la cosa, como inexactamente dice el recurrente que ocurri\u00f3. <\/p>\n
3. Y aunque se aparte la vista de todo ello, el cargo de cualquier manera estar\u00eda condenado al fracaso. Basta observar que, en el peor de los eventos, desde que se cre\u00f3 el lazo de instancia en el proceso reivindicatorio, la eventual prescripci\u00f3n de Mar\u00eda Santos sufri\u00f3 una interrupci\u00f3n civil (art\u00edculo 90 C. P. C.). <\/p>\n
<\/p>\n
Se recuerda a este respecto que como la prescripci\u00f3n adquisitiva envuelve entre otras cosas la inactividad del propietario, s\u00edguese necesariamente que cuando \u00e9ste sale de su pasividad y reclama la cosa trae consigo la interrupci\u00f3n del fen\u00f3meno prescriptivo. Con el agregado, s\u00ed, que la reclamaci\u00f3n ha de ser judicial. <\/p>\n
Si, pues, en la especie de esta litis se interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n en el a\u00f1o de 1985 (lo cual se infiere por la contestaci\u00f3n que de la demanda se hizo en mayo de ese a\u00f1o – folio 55 cuaderno principal), mal podr\u00eda tener \u00e9xito la demanda de pertenencia formulada en el a\u00f1o 1992, incluso sin contar con que la prescripci\u00f3n aducida es la extraordinaria. <\/p>\n
Interrupci\u00f3n cuya eficacia adquiri\u00f3 en este caso firmeza al pronunciarse sentencia estimativa de las pretensiones, de conformidad con la preceptiva que regla la materia (art\u00edculo 91, numeral 3, C. de P. C.). A cuyo prop\u00f3sito viene bien resaltar que de ah\u00ed se desprende la consecuencia incontestable de que uno de los efectos de la sentencia reivindicatoria estriba en que ella confirma la interrupci\u00f3n que de la prescripci\u00f3n se produjo en el umbral del proceso, entre cuyas secuelas m\u00e1s importantes est\u00e1 la ya se\u00f1alada arriba, consistente en que el tiempo anterior no cuenta para efectos de usucapi\u00f3n. <\/p>\n
Tampoco prospera este cargo. <\/p>\n
Tercer cargo <\/p>\n
Aqu\u00ed se acusa la sentencia de violar los mismas disposiciones del cargo anterior (excepto el 305 del C. de P. C.), pero ya en forma indirecta, \u00aba consecuencia de graves y trascendentes errores de hecho en la apreciaci\u00f3n del material probatorio\u00bb. <\/p>\n
Nota el recurrente que el sentenciador no se dio cuenta \u00abque su tarea y competencia se limitaba a decidir sobre una consulta y no sobre recursos no interpuestos por las partes\u00bb. <\/p>\n
El juzgador no repar\u00f3 que Hern\u00e1n Mej\u00eda compareci\u00f3 al proceso de pertenencia, en calidad de causahabiente intervivos de Mart\u00edn Alonso, y no apel\u00f3 de la sentencia de primer grado. <\/p>\n
Una y otra cosas son cuestiones f\u00e1cticas que brotan del proceso. <\/p>\n
El Tribunal se equivoc\u00f3 de hecho cuando \u00abpretermiti\u00f3 y no midi\u00f3 en todos sus alcances la existencia y evidencia de esta, por decirlo as\u00ed, ‘ANTERIORCESIONARIA’, pues dej\u00f3 de extenderle expresamente a Hern\u00e1n Mej\u00eda Betancourt su innegable calidad de parte principal en este proceso, como sucesor y causahabiente \u00fanico de Mart\u00edn Alonso Mej\u00eda Betancourt\u00bb. No se dio cuenta de la referida cesi\u00f3n. <\/p>\n
De otro lado, no percat\u00f3 que las posesiones anteriores que a la suya quiere sumar la actora, arrancan desde el a\u00f1o 1942, \u00aby por tanto alcanzaba a m\u00e1s de treinta y nueve (39) a\u00f1os, para cuando se entabl\u00f3 la presente demanda de pertenencia\u00bb. Punto sobre el que explic\u00f3 adicionalmente que: <\/p>\n
\u00abTal posesi\u00f3n agregada podr\u00eda considerarse que se hubiera interrumpido con la demanda reivindicatoria de Mart\u00edn Alonso Mej\u00eda contra Mar\u00eda Santos Murillo demanda presentada el 21 de noviembre de 1.984 tal como consta a Fol. 48 del Cuaderno 1, pero en esa hip\u00f3tesis la demanda en cuesti\u00f3n quedar\u00eda presentada mucho despu\u00e9s de cumplida la prescripci\u00f3n adquisitiva en referencia\u00bb. <\/p>\n
Error de hecho ese que condujo al juzgador a desconocer \u00abla v\u00e1lida adquisici\u00f3n que en virtud de tal usucapi\u00f3n hab\u00eda obtenido v\u00e1lidamente la demandante y por esa raz\u00f3n, en forma ilegal revoc\u00f3 la Sentencia de Primera Instancia\u00bb. <\/p>\n
Tampoco vio que el derecho de retenci\u00f3n reconocido a la demandada en aquel juicio, \u00abes futuro, eventual e incierto, y que todav\u00eda no se ha producido\u00bb; \u00aby ah\u00ed est\u00e1 el grave error de hecho del Tribunal, olvida que dicha sentencia existe apenas en el papel pero no ha tenido cumplimiento\u00bb. Y por ah\u00ed mismo dedujo erradamente que Mar\u00eda Santos \u00abno era poseedora para cuando complet\u00f3 su prescripci\u00f3n adquisitiva sobre el inmueble objeto de esta pertenencia\u00bb; consider\u00f3 que el corpus no hab\u00eda continuado en cabeza de Mar\u00eda Santos. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Bien breve es el despacho de este cargo si se nota que en \u00e9l aparecen planteados, b\u00e1sicamente, los argumentos tanto del primero como del segundo cargo. En realidad, la misma inconformidad ya la expres\u00f3 el recurrente en aquellos cargos; recu\u00e9rdese que en el primero arguy\u00f3 que si Hern\u00e1n Mej\u00eda no apel\u00f3 del fallo de primera instancia, sencillamente \u00e9ste no pod\u00eda ser modificado por el Superior en cuanto a esa persona; asimismo, en el segundo aleg\u00f3 que un derecho de retenci\u00f3n apenas eventual y futuro, no hace aparecer a Mar\u00eda Santos como despojada de la posesi\u00f3n. <\/p>\n
En aras de la concisi\u00f3n, pues, a las consideraciones plasmadas arriba para cada uno de ellos, se remite ahora la Corte. <\/p>\n
Restar\u00eda no m\u00e1s que a\u00f1adir lo siguiente, lo cual tambi\u00e9n hace al segundo cargo, en el que se incluy\u00f3 el mismo argumento: inexplicablemente quiere el censor que se reviva el debate propio del anterior proceso reivindicatorio, pues que no otra cosa es la que se infiere al alegarse que cuando dicho juicio se inici\u00f3 ya hab\u00eda transcurrido con suficiencia el tiempo para prescribir, de lo cual -dice la acusaci\u00f3n- no se dio cuenta el Tribunal al fallar la pertenencia. Con ello se vuelve la espalda a los efectos vinculantes del fallo con que termin\u00f3 aqu\u00e9l; y se hace tabla rasa del importante postulado de la cosa juzgada. <\/p>\n
No se abre paso el cargo. <\/p>\n
IV. Decisi\u00f3n <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia que el 27 de agosto de 1993 profiri\u00f3 el Tribunal Superior de Cali en el ordinario arriba referenciado, materia del recurso extraordinario. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo del impugnante. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase oportunamente al Tribunal de procedencia. <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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S-062-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D. C., diecisiete (17) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997).- […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81498","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81498","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81498"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81498\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81498"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81498"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81498"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}