S-065-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., veintidos (22) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 4977 <\/p>\n
Se decide por la Corte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por AGUSTIN PERALTA ZU\u00d1IGA y EMELINA FRANCISCA ZU\u00d1IGA DE PERALTA contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de R\u00edohacha -Sala Civil-, el 26 de enero de 1994, en el proceso ordinario promovido por el municipio de Fonseca (Guajira) contra Emelina Francisca Z\u00fa\u00f1iga de Peralta, c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de V\u00edctor Manuel Peralta, Jes\u00fas Mar\u00eda Peralta Z\u00fa\u00f1iga, Mar\u00eda Peralta de Bequis, Antonia Mar\u00eda, Dominga, Rodrigo, Vicente y Agust\u00edn Peralta Z\u00fa\u00f1iga, as\u00ed como contra Roc\u00edo, Mar\u00eda Luisa, Lucila, Edgar, Silvio y V\u00edctor Emilio Peralta Mej\u00eda representados \u00e9stos por Fidelina Mej\u00eda Calder\u00f3n, todos como herederos del causante mencionado. <\/p>\n
I.- ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El Municipio de Fonseca, Departamento de La Guajira, mediante demanda que obra a folios 20 a 24 del cuaderno No. 1, dirigida al Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, admitida por auto de 10 de octubre de 1988 (fl. 40, cdno. citado), convoc\u00f3 a un proceso ordinario a Emelina Francisca Z\u00fa\u00f1iga de Peralta, c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de V\u00edctor Manuel Peralta, Jes\u00fas Mar\u00eda Peralta Z\u00fa\u00f1iga, Mar\u00eda Peralta de Bequis, Antonia Mar\u00eda, Dominga, Rodrigo, Vicente y Agust\u00edn Peralta Z\u00fa\u00f1iga, as\u00ed como contra Roc\u00edo, Mar\u00eda Luisa, Lucila, Edgar, Silvio y V\u00edctor Emilio Peralta Mej\u00eda, representados por Fidelina Mej\u00eda Calder\u00f3n, todos como herederos del causante mencionado, para que cumplida la tramitaci\u00f3n que le es propia al proceso ordinario de mayor cuant\u00eda, se declarase que el municipio demandante es el titular del derecho de dominio del inmueble ubicado en la calle 12 entre carreras 17 y 18 y distinguido con los n\u00fameros 12-01, 12-05, 12-11, 12-17, 12-23, 12-27, 17-71, 17-75, 17-79 y 17-89 de su nomenclatura urbana comprendido dentro de los linderos especificados en el hecho 1o. de la demanda, inmueble que adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de dominio. <\/p>\n
2.- En resumen, funda sus pretensiones el municipio demandante en que \u00e9ste ha pose\u00eddo el inmueble aludido, con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, en forma ininterrumpida por mas de 20 a\u00f1os, ejerciendo sobre el mismo hechos positivos de se\u00f1or\u00edo, tales como realizar mejoras para \u00abreparaciones locativas, construcci\u00f3n de ba\u00f1os, pintura y las dem\u00e1s necesarias para el normal funcionamiento de las entidades all\u00ed establecidas\u00bb, tales como \u00abla Alcald\u00eda Municipal, la Tesorer\u00eda Municipal, la Escuela La Inmaculada, La Polic\u00eda Nacional, la Escuela Urbana de Varones a partir del a\u00f1o de 1962\u00bb, al igual que, en la actualidad tienen all\u00ed sede \u00abla Escuela Urbana de Varones No. 4, la oficina seccional del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA-, la oficina de Supervisi\u00f3n Preescolar y Primaria del Departamento y el Colegio de Bachillerato ‘Ernesto Parodi Medina'\u00bb (fl. 21, C-1). <\/p>\n
3.- Los demandados Agust\u00edn Peralta Z\u00fa\u00f1iga, V\u00edctor Emilio, Mar\u00eda Luisa, Edgar, Lucila Peralta Mej\u00eda y Roc\u00edo Peralta Mej\u00eda, representada esta \u00faltima por su progenitora Fidelina Mej\u00eda Calder\u00f3n, le dieron contestaci\u00f3n a la demanda, en escrito visible a folios 101 a 103 del cuaderno No. 1, con expresa oposici\u00f3n a la prosperidad de las pretensiones de la parte actora, por cuanto, seg\u00fan su afirmaci\u00f3n, no es cierto que el municipio demandante haya ejercido la posesi\u00f3n que ahora invoca sobre el inmueble aludido, por cuanto \u00abse desprendi\u00f3 de todo \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o desde el 23 de octubre de 1939, cuando la Alcald\u00eda Municipal de Fonseca mediante resoluci\u00f3n No. 10 concede al se\u00f1or V\u00edctor Peralta permiso para ocupar y construir la edificaci\u00f3n sobre el bien ra\u00edz objeto de este proceso, resoluci\u00f3n confirmada por otra, emanada de la Personer\u00eda Municipal el \u00ab30 de junio de 1941, de conformidad con el art\u00edculo 7 de la Ley 98 de 1928 y el Decreto 1415 de 1941\u00bb, luego de lo cual se hizo \u00abentrega material al se\u00f1or V\u00edctor Peralta del inmueble en cuesti\u00f3n\u00bb. Posteriormente, agregan los demandados referidos que el se\u00f1or V\u00edctor Peralta el 13 de octubre de 1953 celebr\u00f3 un contrato de promesa de compraventa sobre el inmueble mencionado con el Departamento del Magdalena, el que dispuso la ocupaci\u00f3n de ese bien con las instalaciones del \u00abColegio Departamental La Inmaculada\u00bb, en el cual se adelant\u00f3 posteriormente la construcci\u00f3n del edificio donde funciona ese establecimiento educativo. De manera tal que, luego de la segregaci\u00f3n de algunos municipios del antiguo Departamento del Magdalena para erigir La Intendencia Nacional de La Guajira, elevada mas tarde a la categor\u00eda de Departamento conforme a lo dispuesto por la Ley 19 de 1964, el inmueble en cuesti\u00f3n continu\u00f3 siendo de propiedad del mismo municipio, antes perteneciente al Magdalena. <\/p>\n
Por otra parte, agregan los demandados citados que el Municipio de Fonseca no ejerce posesi\u00f3n sobre ese bien por el funcionamiento en \u00e9l de la Escuela Urbana de Varones No, 4, la oficina de Supervisi\u00f3n Preescolar y de Primaria del Departamento de La Guajira y el Colegio Departamental Nocturno Ernesto Parodi, pues el pago de los respectivos funcionarios, celadores y servicios p\u00fablicos de esas entidades no se sufraga por ese Distrito, sino por el Departamento y, por \u00faltimo, manifiestan que el INCORA no tiene all\u00ed sus oficinas. <\/p>\n
4.- Los demandados Silvio Peralta Mej\u00eda, Emelina Francisca Z\u00fa\u00f1iga de Peralta, Vicente Antonia Mar\u00eda, Rodrigo, Dominga y Jes\u00fas Mar\u00eda Peralta Z\u00fa\u00f1iga, as\u00ed como Mar\u00eda Peralta de Bequis, en escrito que aparece a folios 108 a 110 del cuaderno No. 1, se opusieron a las pretensiones del municipio demandante y negaron, en su totalidad, los hechos en que se apoyan las pretensiones de la parte actora. <\/p>\n
5.- En memorial que obra a folio 249 del cuaderno No. 1, el demandado Agust\u00edn Peralta Z\u00fa\u00f1iga quien, como abogado ven\u00eda actuando en su propio nombre y en el de Jes\u00fas Mar\u00eda, Dominga, Juan Antonio, Mar\u00eda, Rodrigo, Antonia Mar\u00eda y Vicente Peralta Z\u00fa\u00f1iga, al igual que como apoderado de Mar\u00eda Luisa, Silvio, lucila, V\u00edctor Emilio, Edgar Manuel y Roc\u00edo Peralta Mej\u00eda, manifest\u00f3 que, en adelante solo continuar\u00eda actuando como apoderado judicial de su progenitora, Emelina Francisca Z\u00fa\u00f1iga de Peralta y en su propio nombre, por cuanto respecto de los dem\u00e1s demandados sustituye el poder en otro profesional del Derecho, sustituci\u00f3n que fue aceptada por el Juzgado en auto de 23 de abril de 1992. <\/p>\n
6.- El Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, puso fin a la primera instancia, con sentencia proferida el 25 de marzo de 1993 (fls. 264 a 266, C-1), en la cual deneg\u00f3 las pretensiones del municipio demandante, decisi\u00f3n que fue apelada por la parte vencida en memorial que obra a folios 268 a 272 del cuaderno citado. <\/p>\n
7.- El Tribunal Superior del Distrito Judicial de R\u00edohacha -Sala Civil-, en sentencia proferida el 26 de enero de 1994 (fls. 128 a 137, C-2), desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo de primer grado, el cual fue revocado y, en su lugar, se declar\u00f3 como propietario del inmueble a que se refiere el proceso, al Municipio de Fonseca, por haber operado a su favor la usucapi\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
II.- LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1.- El Tribunal, luego de sintetizar la demanda y las contestaciones de los demandados a la misma, as\u00ed como la actuaci\u00f3n cumplida en la primera instancia, encuentra reunidos los presupuestos procesales y, en virtud de ello, estima que ha de dictarse sentencia de m\u00e9rito (fls. 128 a 131, C-2). <\/p>\n
2.- A continuaci\u00f3n, expresa el Tribunal que, conforme a lo dispuesto por los art\u00edculos 633 del C\u00f3digo Civil, 27 de la Ley 57 de 1887, 4o. y 166 del Decreto-Ley 1333 de 1886, los municipios son personas jur\u00eddicas y, por ello, tienen capacidad jur\u00eddica para adquirir derechos, como el de dominio, y para contraer obligaciones civiles. <\/p>\n
3.- Asevera luego el sentenciador de segundo grado, que pese a que se orden\u00f3 allegar copia aut\u00e9ntica de la escritura p\u00fablica No. 72 del 9 de diciembre de 1953, ella no obra en el expediente, raz\u00f3n por la cual no se encuentra probado que el se\u00f1or V\u00edctor Peralta hubiere sido propietario del inmueble a que se refiere el proceso, debidamente identificado en inspecci\u00f3n judicial (fl. 132, C-2). <\/p>\n
4.- En cuanto al tiempo en que el municipio demandante ha ejercido posesi\u00f3n sobre el inmueble, manifiesta el Tribunal que, conforme al testimonio rendido por Luis Fernando Marulanda y a lo establecido en la inspecci\u00f3n judicial practicada el 4 de agosto de 1989, puede concluirse que el Municipio de Fonseca empez\u00f3 a ejercer actos de posesi\u00f3n sobre ese bien desde 1953 o 1954, por lo que \u00abhan transcurrido mas de veinte (20) a\u00f1os sin interrupci\u00f3n conocida\u00bb (fls. 132 y 133, C-2), la que se encuentra demostrada, adem\u00e1s, con la declaraci\u00f3n testifical de Rodrigo Parodi Gonz\u00e1lez y otros testigos \u00aby documentos con plena capacidad de convicci\u00f3n\u00bb, que obran en el expediente, sin que la parte opositora haya logrado desvirtuarlos, ni demostrar por su parte que ha realizado posesi\u00f3n sobre el mismo inmueble (fl. 133, C-2). <\/p>\n
5.- Agrega luego el fallador de segunda instancia, que la posesi\u00f3n ejercida por el Municipio de Fonseca sobre el inmueble aludido \u00abno es viciosa\u00bb, ha sido continua, durante por lo menos veinte a\u00f1os, p\u00fablica e inequ\u00edvoca, razones \u00e9stas por las cuales ha de prosperar la pretensi\u00f3n de que se declare que a su favor oper\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva del derecho de dominio impetrada en la demanda, sobre el inmueble cuya descripci\u00f3n realiza a folios 134 y 135 del cuaderno citado, invocando al efecto la inspecci\u00f3n judicial practicada en el mismo (fls. 134 y 135, C-2). <\/p>\n
6.- Por \u00faltimo, concluye el Tribunal que, por las razones expuestas ha de revocarse el fallo de primera instancia y, en su lugar, declarar la prosperidad de las pretensiones de la parte actora, lo que efectivamente se hace en la decisi\u00f3n judicial objeto de este recurso extraordinario de casaci\u00f3n (fls. 135 y 136, C-2). <\/p>\n
III.- LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Dos cargos formulan los recurrentes contra la sentencia impugnada. De ellos, el primero con invocaci\u00f3n de la quinta de las causales de casaci\u00f3n consagradas por el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y el segundo, con apoyo en la primera de dichas causales por violaci\u00f3n indirecta de normas de derecho sustancial, cargos \u00e9stos que, en atenci\u00f3n a lo dispuesto por el art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil ser\u00e1n despachados en el orden en que fueron propuestos. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Acusan en este cargo los recurrentes la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de R\u00edohacha en segunda instancia en este proceso, con fundamento en la causal 5o. de las previstas en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u00abpor haberse incurrido en el motivo de nulidad insaneable de que trata el numeral 9o. del art\u00edculo 140 de la misma obra, nulidad consistente en no haberse emplazado por medio de edicto y por consiguiente no haberse notificado a las personas indeterminadas que se crean con derechos sobre el bien pretendido en usucapi\u00f3n\u00bb, como lo exige el art\u00edculo 407, numeral 9o. del C. de P. C. (fl. 15, cdno. Corte). <\/p>\n
En procura de sustentar la acusaci\u00f3n as\u00ed propuesta, tras citar el art\u00edculo 17 del C\u00f3digo Civil, se recuerda en la demanda de casaci\u00f3n que los fallos judiciales solo tienen efectos interpartes por regla general y que, excepcionalmente, se surten tambi\u00e9n erga omnes, cual sucede con los fallos en torno a la legitimidad del hijo (art. 401, C. Civil), en el caso previsto en el art\u00edculo 402 del mismo C\u00f3digo respecto de las sentencias sobre filiaci\u00f3n extramatrimonial, o en los procesos que, como el de pertenencia, se adelantan con emplazamiento de todo aqu\u00e9l que pretenda tener derechos que hacer valer en ese proceso, como se desprende de la regulaci\u00f3n del mismo en el art\u00edculo 407, numerales 6 a 9 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y en el numeral 11 del mismo art\u00edculo que, cumplidos tales emplazamientos precept\u00faa que una vez consultado el fallo de primer grado y en firme la sentencia, ella produce efectos erga omnes (fls. 15 a 19, cdno. Corte). <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, expresa la censura que en este proceso, \u00abni siquiera se orden\u00f3\u00bb el emplazamiento de quienes consideraran tener derechos sobre el bien que se pretende usucapir por el municipio de Fonseca, deficiencia \u00e9sta que no tuvo en cuenta el Tribunal al surtirse la segunda instancia, raz\u00f3n \u00e9sta por la cual el proceso es nulo a partir del auto admisorio de la demanda\u00bb, conforme a lo preceptuado por el art\u00edculo 140, numeral 9o. del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuyo texto transcribe y analiza el recurrente (fls. 20 y 21, cdno. Corte). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1.- En orden a la protecci\u00f3n eficaz del derecho fundamental al debido proceso, el C\u00f3digo de Procedimiento Civil consagr\u00f3 en su integridad el Cap\u00edtulo II del T\u00edtulo 11 (hoy art\u00edculos 140 a 148, con la redacci\u00f3n imprimida por el Decreto 2282 de 1989), lo atinente a las nulidades en que pueda incurrirse en la tramitaci\u00f3n del proceso, cuyo r\u00e9gimen se encuentra presidido por los principios de la taxatividad o especificidad, la protecci\u00f3n a la parte agraviada con el vicio de la actuaci\u00f3n, la legitimaci\u00f3n para alegarlas, la trascendencia de la irregularidad y la convalidaci\u00f3n o saneamiento de la misma, cuando ella es posible conforme a la ley. <\/p>\n
2.- En virtud de tales principios, la decisi\u00f3n sobre las irregularidades que eventualmente puedan afectar de nulidad, en todo o en parte el proceso, ha de adoptarse en el curso de las instancias del mismo por regla general, y, por ello el art\u00edculo 142 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil autoriza impetrar el decreto de la nulidad alegada \u00aben cualquiera de las instancias, antes de que se dicte sentencia, o durante la actuaci\u00f3n posterior a \u00e9sta si ocurrieron en ella\u00bb, norma que guarda estrecha relaci\u00f3n y perfecta armon\u00eda con lo prescrito por el art\u00edculo 145 del mismo C\u00f3digo, que le impone al juzgador el deber jur\u00eddico de \u00abdeclarar de oficio las nulidades insaneables que observe\u00bb, al igual que poner en conocimiento de las partes las que pudieren sanearse, todo en aplicaci\u00f3n estricta del principio de la econom\u00eda procesal. <\/p>\n
3.- No obstante lo anterior, el legislador colombiano, para mayor abundamiento en la protecci\u00f3n del derecho de los asociados al debido proceso, tanto en el r\u00e9gimen procesal de la Ley 105 de 1931 como en el ordenamiento positivo vigente, autoriz\u00f3 como causal espec\u00edfica de casaci\u00f3n el haberse incurrido en nulidades procesales insaneables, como puede observarse en los art\u00edculos 520, numeral 6o. del C\u00f3digo Judicial y 368, numeral 5o. del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Es decir que como lo dijo esta Corporaci\u00f3n en sentencia de 2 de diciembre de 1993 (Expediente 4159), \u00abtanto entonces como ahora, solo puede alegarse esta causal de casaci\u00f3n en presencia de nulidades absolutas, insaneables y, en ning\u00fan caso respecto de aquellas en relaci\u00f3n con las cuales hubiere operado alguna de las circunstancias de saneamiento se\u00f1aladas por la ley\u00bb. <\/p>\n
4.- En el caso de autos, se observa por la Corte que los recurrentes en casaci\u00f3n, Agust\u00edn Peralta Z\u00fa\u00f1iga y Emelina Francisca Z\u00fa\u00f1iga de Peralta, fueron notificados personalmente del auto admisorio de la demanda y le dieron contestaci\u00f3n a \u00e9sta, como aparece a folios 101 a 103 y 108 a 110 del cuaderno No. 1, lo que ciertamente descarta, por completo, la violaci\u00f3n de su derecho de defensa, como quiera que fueron convocados al proceso, se notificaron de ello y actuaron como parte en el mismo. Ello significa, entonces, que carecen de legitimaci\u00f3n para proponer ahora la nulidad por falta de citaci\u00f3n o emplazamiento a quienes creyeren tener alg\u00fan derecho sobre el bien que se pretende usucapir, pues, como lo tiene por sentado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, entre otras en sentencia de 25 de noviembre de 1993 (ordinario Genaro Juan Bautista Montenegro vallejo contra el \u00abComit\u00e9 Municipal de la Cruz Roja de Ipiales\u00bb), \u00abtrat\u00e1ndose de la causal de nulidad contemplada por el numeral 9o. del art\u00edculo 140 del C. de P. C.\u00bb, ella \u00abafecta exclusivamente a quien no ha sido legalmente notificado o emplazado en el proceso, debiendo ser citado como parte\u00bb, por cuanto \u00abes la vulneraci\u00f3n de su derecho de defensa la que le proporciona legitimaci\u00f3n para solicitar la nulidad en casaci\u00f3n\u00bb, y, por consiguiente, de ella carece quien \u00abno se halla en esa circunstancia\u00bb, como ocurre en este caso. <\/p>\n
El cargo, por lo dicho, no prospera. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Se acusa en este cargo la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de R\u00edohacha, con invocaci\u00f3n para el efecto de la primera de las causales de casaci\u00f3n establecidas por el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u00abpor ser violatoria, por indebida aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 762, 770, 2518, 2527, 2531, 2532 modificado por el art\u00edculo 1o. de la Ley 50 de 1936 y 2534 del C\u00f3digo Civil y el art\u00edculo 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb, as\u00ed como \u00abpor falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2514 del C\u00f3digo Civil\u00bb, todo como consecuencia de haberse incurrido por el sentenciador en errores de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria (fl. 23, cdno. Corte). <\/p>\n
Para concretar el cargo, expresan los recurrentes que el Tribunal incurri\u00f3 en errores de hecho por la \u00absuposici\u00f3n de la confesi\u00f3n de que el municipio demandante es poseedor\u00bb, as\u00ed como por haber supuesto la demostraci\u00f3n de la posesi\u00f3n del actor desde 1953, con los testimonios de Luis Fernando Marulanda y Rodrigo Parodi Gonz\u00e1lez; por preterici\u00f3n de los \u00abactos administrativos de las Gobernaciones de Magdalena y La Guajira\u00bb que obran en el expediente y, conforme a los cuales se demuestra que la tenencia del bien por parte de esas entidades, \u00abexcluye la posesi\u00f3n del Municipio\u00bb; e igualmente, preterici\u00f3n por el Tribunal del \u00abacta de entrega del inmueble\u00bb en el proceso de sucesi\u00f3n de V\u00edctor Manuel Peralta, y mutilaci\u00f3n del acta de inspecci\u00f3n judicial sobre el inmueble practicada en este proceso (fl. 24, cdno. Corte). <\/p>\n
En la argumentaci\u00f3n expuesta para sustentar la acusaci\u00f3n, manifiesta la censura que el Tribunal supone la existencia de una prueba de confesi\u00f3n por la parte demandada respecto de la posesi\u00f3n del bien a que se refiere el proceso por el municipio demandante, la que al decir del Tribunal se encuentra contenida en el numeral 3o. de las consideraciones de la sentencia acusada, quienes informaron \u00abque el Departamento del Magdalena en virtud de contrato de promesa de venta\u00bb ocup\u00f3 el inmueble aludido, en 1953, conclusi\u00f3n \u00e9sta contraria a la evidencia ya que ese \u00abinforme de los demandados\u00bb no permite deducir que se reconoci\u00f3 la posesi\u00f3n del Municipio de Fonseca sobre el inmueble que pretende usucapir, lo que significa entonces que esa prueba tan solo tiene existencia en la \u00abimaginaci\u00f3n del sentenciador de instancia\u00bb, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que toda la actividad probatoria de los demandados se dirigi\u00f3 a negar la posesi\u00f3n del inmueble por parte del municipio demandante (fl. 25, cdno. Corte). <\/p>\n
De igual manera, expresan los recurrentes que el Tribunal, en forma contraria a la realidad procesal, asevera que del testimonio de Luis Fernando Marulanda se concluye que la posesi\u00f3n del Municipio de Fonseca sobre el inmueble en litigio se inici\u00f3 entre 1953 y 1954, a pesar de que el declarante sobre ello nada dijo pues, simplemente se limit\u00f3 a relatar que \u00abpor all\u00e1 en el a\u00f1o de 1953, cuando ocupaba el cargo de Secretario de la Alcald\u00eda de ese Municipio\u00bb, se traslad\u00f3 a \u00abdespachar en el inmueble objeto de la acci\u00f3n de pertenencia\u00bb. Tal afirmaci\u00f3n nada dice respecto a que desde esa \u00e9poca la Alcald\u00eda empezara a poseer el inmueble \u00abcon \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb, como lo exige la ley, y, mucho menos, si se tiene en cuenta que mediante Decreto 1005 de 8 de octubre de 1953 la Gobernaci\u00f3n del Departamento del Magdalena \u00abautoriz\u00f3 al se\u00f1or Secretario de Obras P\u00fablicas para comprar el inmueble objeto del proceso\u00bb y dispuso que mientras se perfeccionaba la compraventa el Secretario de Hacienda quedaba autorizado para celebrar una promesa de compraventa. Agregan los recurrentes que, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 4o. del Decreto en menci\u00f3n, tal inmueble ser\u00eda adquirido por el Departamento del Magdalena para destinarlo al \u00abservicio de las oficinas del Palacio Municipal de Fonseca\u00bb, decisi\u00f3n administrativa \u00e9sta que explica la raz\u00f3n por la cual \u00abel Municipio traslad\u00f3 en ese a\u00f1o sus oficinas a ese inmueble\u00bb, como simple tenedor del mismo (fl. 29, cdno. Corte). <\/p>\n
De esta suerte, el Tribunal no solo supuso la confesi\u00f3n de los demandados respecto de la posesi\u00f3n del Municipio sobre el inmueble en cuesti\u00f3n, sino tambi\u00e9n la fecha de iniciaci\u00f3n de la misma, alterando para ello el contenido del testimonio de Luis Fernando Marulanda, \u00abporque una cosa es decir que la Alcald\u00eda funcion\u00f3 en ese local a partir de 1953, y otra muy distinta es decir que en esa fecha empez\u00f3 una posesi\u00f3n inexistente y \u00e9ticamente imposible, pues ello supondr\u00eda considerar al Municipio como invasor\u00bb, cuando actu\u00f3 como mero tenedor \u00aben nombre del Departamento, entidad p\u00fablica esta \u00faltima que negoci\u00f3 con los due\u00f1os el derecho de propiedad\u00bb y para el efecto celebr\u00f3 una promesa de compraventa, cuyo incumplimiento \u00abno implica que esa entidad haya dejado de poseer\u00bb ni, tampoco permite afirmar que desde entonces se hubiere iniciado la posesi\u00f3n por parte del Municipio (fl. 30, cdno. Corte). <\/p>\n
En cuanto a la declaraci\u00f3n del testigo Rodrigo Parodi Gonz\u00e1lez \u00aby otros testigos no mencionados por el Tribunal\u00bb, asevera la censura que aqu\u00e9l, aun cuando expresa que el Municipio de Fonseca entr\u00f3 en posesi\u00f3n del inmueble en 1953, no indica la raz\u00f3n de su dicho, ni tampoco desvirt\u00faa en manera alguna el contenido del Decreto 1005 de 8 de octubre de 1953 expedido por el se\u00f1or Gobernador del Departamento del Magdalena, por lo que resulta evidente el error de hecho del Tribunal al considerar que con esa declaraci\u00f3n se demuestra la posesi\u00f3n del Municipio de Fonseca sobre el inmueble litigado, lo mismo que aparece como inexistente lo declarado por \u00abotros testigos que no menciona\u00bb el sentenciador, por lo que no tiene asidero la afirmaci\u00f3n de que a \u00e9stos y a aqu\u00e9l pueda atribu\u00edrsele \u00abplena capacidad de convicci\u00f3n\u00bb, respecto de la posesi\u00f3n del inmueble a que se refiere la demanda inicial (fls. 31 y 32, cdno. Corte). <\/p>\n
De otra parte, agregan los recurrentes que el Tribunal cercen\u00f3 parcialmente la declaraci\u00f3n del testigo Rodrigo Parodi Gonz\u00e1lez, por cuanto omiti\u00f3 las afirmaciones de \u00e9ste respecto a la terminaci\u00f3n de la tenencia del inmueble por parte del municipio en el a\u00f1o de 1962, \u00e9poca en la cual fue desocupado por la Alcald\u00eda, la Personer\u00eda, la Tesorer\u00eda y el Juzgado Municipal, para que en \u00e9l funcionaran \u00abotras dependencias oficiales, que nadie se preocup\u00f3 por probar si son del orden Nacional o Departamental, como la Polic\u00eda, el Incora, una Inspecci\u00f3n de Educaci\u00f3n y una peluquer\u00eda\u00bb (fl. 34, cdno. Corte). De esta manera, conforme a \u00ablo relatado por el testigo en la parte que el Tribunal pretermiti\u00f3, la tenencia del Municipio dur\u00f3 apenas de finales de 1953 a 1962, es decir, que ni siquiera dur\u00f3 diez a\u00f1os. A partir de entonces otras entidades nacionales o departamentales ocupan el inmueble. Lo cierto es que al salir del inmueble el Municipio, el Departamento, ahora de la Guajira, recuper\u00f3 plenamente la tenencia sobre el inmueble\u00bb, con posterioridad \u00aba esa devoluci\u00f3n\u00bb ha reconocido \u00abinsistentemente\u00bb el derecho de dominio de los demandados sobre el mismo (fl. 34, cdno. Corte). <\/p>\n
De esta manera se explica que el demandado Agust\u00edn Peralta reclamara la \u00abdevoluci\u00f3n del inmueble a la Gobernaci\u00f3n del Departamento de la Guajira en memorial que obra a folios 89, 90 y 91 del cuaderno principal, tambi\u00e9n pretermitidos por el Tribunal\u00bb, luego de lo cual se suscribi\u00f3 \u00abel contrato de arrendamiento fechado el 2 de mayo de 1990, el cual obra a folios 139 y 140 del cuaderno principal\u00bb, igualmente omitido por el Tribunal (fls. 35 y 36, cdno. Corte). <\/p>\n
Analizan luego los recurrentes el acta de inspecci\u00f3n judicial practicada en el inmueble objeto del proceso (fls. 133 a 137, cdno. principal), junto con los documentos aportados en el curso de la misma y, al efecto expresan que, conforme al acta respectiva all\u00ed se encontr\u00f3 en funcionamiento una \u00abSala de Belleza\u00bb de nombre \u00abHAIR\u00bb, ocupada por Margarita Mej\u00eda L\u00f3pez, quien dijo ser inquilina de Agust\u00edn Peralta, pese a lo cual el Tribunal afirm\u00f3 que la posesi\u00f3n del Municipio de Fonseca sobre el inmueble se encuentra demostrada entre otras pruebas con la inspecci\u00f3n practicada en el mismo, conclusi\u00f3n que resulta contraria a la realidad procesal, por lo menos en cuanto al local comercial ocupado por la Sala de Belleza mencionada (fls. 36 y 37, cdno. Corte). <\/p>\n
A continuaci\u00f3n manifiestan los recurrentes que el Tribunal ignor\u00f3 por completo el Decreto 1005 de 8 de octubre de 1953, expedido por la Gobernaci\u00f3n del Magdalena, cuya copia aut\u00e9ntica (fl. 203, cdno. principal) fue remitida con oficio que obra a folio 202 del cuaderno citado, y que tambi\u00e9n aparece a folios 36 y 96 del cuaderno del Tribunal, pese a lo cual el Tribunal no lo vi\u00f3. <\/p>\n
De igual manera, tampoco se tuvieron en cuenta por el sentenciador la promesa de compraventa celebrada entre el Departamento del Magdalena y V\u00edctor Manuel Peralta en desarrollo del Decreto aludido el 15 de octubre de 1953, que obra a folio 87 del cuaderno principal y que en copias aparece a folio 34 y 35 del cuaderno del Tribunal, y en cuya virtud se le hizo entrega anticipada del inmueble al prometiente comprador, que lo di\u00f3 en tenencia al Municipio de Fonseca para que en \u00e9l funcionaran sus oficinas. <\/p>\n
Omiti\u00f3 igualmente el sentenciador la consideraci\u00f3n como pruebas de la \u00abcertificaci\u00f3n expedida por el Oficial Mayor Archivero de la Asamblea Departamental de la Guajira, expedida el 7 de octubre de 1976, seg\u00fan la cual no existe en los archivos de esa dependencia ninguna ordenanza por la cual el Departamento hubiese cedido al Municipio de Fonseca ese inmueble\u00bb; la \u00abcopia de un informe para segundo debate sobre un proyecto de ordenanza por el cual se le otorgaban al Gobernador del Departamento de la Guajira autorizaciones para adquirir el inmueble prometido en compra en octubre de 1953\u00bb, que obra a folio 98 del cuaderno principal; la \u00abcopia aut\u00e9ntica de la Ordenanza de la Asamblea Departamental de la Guajira n\u00famero 021 de 1976, por la cual se otorgan facultades al Gobernador del Departamento para adquirir el inmueble objeto del proceso de pertenencia\u00bb; la \u00abcopia del memorial de 4 de marzo de 1977\u00bb, suscrito por el demandado Agust\u00edn Peralta, dirigido a la Gobernadora del Departamento, insistiendo en el cumplimiento de la Ordenanza 021 de 1976 y del memorial de 21 de octubre de 1987, suscrito por el mismo demandado, as\u00ed como del oficio de 8 de enero de 1988, suscrito por el Gobernador de la Guajira en respuesta al anterior, del memorial de 21 de enero de 1988 que aparece a folios 99 y 100, de la \u00abOrdenanza 020 de 1989, por la cual nuevamente se autoriza al Gobernador para adquirir el inmueble donde funciona el Colegio Ernesto Parodi Medina\u00bb, y, por \u00faltimo, la copia del contrato de arrendamiento celebrado el 2 de noviembre de 1990, que obra a folios 139 y 140 del cuaderno principal, documentos todos \u00e9stos que dejan, claramente establecido, que el Departamento del Magdalena primero y luego el de la Guajira siempre reconocieron como due\u00f1o del inmueble a V\u00edctor Manuel Peralta y posteriormente a sus sucesores, as\u00ed como tambi\u00e9n que el Municipio de Fonseca no fue poseedor sino tenedor de ese bien (fls. 37 a 45, cdno. Corte). <\/p>\n
De otro lado, en la diligencia de entrega del inmueble practicada \u00abdentro del proceso de sucesi\u00f3n de don V\u00edctor Manuel Peralta y de que da cuenta el acta de inspecci\u00f3n judicial sobre el inmueble pretendido en usucapi\u00f3n\u00bb, fechada el 4 de agosto de 1989, aparece que el Municipio no se opuso \u00aba la diligencia de secuestro del inmueble\u00bb primero, ni, posteriormente a la \u00abentrega que el secuestre hizo al doctor Agust\u00edn Peralta, a trav\u00e9s del Juzgado (fls. 46 y 47, cdno. Corte), hecho \u00e9ste que \u00abest\u00e1 indicando sin ning\u00fan margen de duda que en el evento de que el Municipio ya hubiese adquirido por prescripci\u00f3n pero antes de iniciar el proceso de pertenencia, renunci\u00f3 expresamente a la usucapi\u00f3n al haber aceptado dominio ajeno. Es decir, dej\u00f3 de ser poseedor\u00bb, y, con ello, renunci\u00f3 a la \u00abeventual prescripci\u00f3n\u00bb, conforme a lo dispuesto por el art\u00edculo 2514 del C\u00f3digo Civil, que el Tribunal dej\u00f3 de aplicar (fls. 47 y 48, cdno. Corte). <\/p>\n
En raz\u00f3n de encontrarse demostrados los errores evidentes de hecho en que incurri\u00f3 el Tribunal en su labor de apreciaci\u00f3n de las pruebas mencionadas, concluyen los recurrentes que ha de casarse la sentencia impugnada y, en su reemplazo dictarse por la Corte, como Tribunal de instancia una nueva que confirme, en todas sus partes, la de primer grado (fls. 48 a 52, cdno. Corte). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como se sabe, en relaci\u00f3n con las cosas puede encontrarse la persona en una de estas tres posiciones, cuyas consecuencias jur\u00eddicas var\u00edan en cada caso y confieren a su titular derechos subjetivos distintos: la primera, denominada tenencia, en que simplemente se ejerce poder externo y material sobre el bien, (art. 775, C. C.); la segunda -posesi\u00f3n-, en la que a ese poder material se une el comportarse respecto del bien como si se fuese due\u00f1o (art. 762, C. C.) y la tercera, -propiedad-, en que se tiene efectivamente un derecho in re, con exclusi\u00f3n de todas las dem\u00e1s personas y que autoriza a su titular para usar, gozar y disponer del bien dentro del marco que le se\u00f1ala la ley y obviamente, dando cumplimiento a la funci\u00f3n social que a ese derecho corresponde (art. 669, C.C.). <\/p>\n
<\/p>\n
2.- Acorde con lo anterior, se tiene por establecido que el \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo sobre el bien, marca la diferenciaci\u00f3n entre lo que es solo tenencia y la posesi\u00f3n, a tal punto que el propio legislador as\u00ed lo consagr\u00f3 en el derecho positivo, al disponer que el simple transcurso del tiempo \u00abno muda la mera tenencia en posesi\u00f3n\u00bb (arts. 777 y 780, C.C.). <\/p>\n
3.- Como quiera que la posesi\u00f3n se manifiesta necesariamente por la realizaci\u00f3n de hechos perceptibles por los sentidos, la ley ha revestido de singular protecci\u00f3n a quien ostenta esa calidad, como puede observarse de la presunci\u00f3n de ser el poseedor propietario, (art. 762, C.C.) y de permitirle, en esa calidad, incoar acciones posesorias, ejercer la acci\u00f3n publiciana e inclusive, reclamar del Estado la declaraci\u00f3n jurisdiccional de haber adquirido el dominio de un bien singular por haberlo pose\u00eddo durante el tiempo se\u00f1alado por la ley, con \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo, esto es, sin reconocer dominio ajeno, efecto este \u00faltimo para el cual se distinguen por la ley dos especies de prescripci\u00f3n adquisitiva, a saber: la ordinaria, que requiere justo titulo, buena fe y posesi\u00f3n no interrumpida por diez a\u00f1os a lo menos si se refiere a inmuebles o de tres a\u00f1os si a bienes muebles (arts. 2528, 2529, 762 y 764, C.C.); y la extraordinaria, para cuya operancia no se requiere justo t\u00edtulo, se presume la buena fe, salvo lo dispuesto la regla 3a. del art\u00edculo 2531 del C\u00f3digo Civil y que exige la posesi\u00f3n por veinte a\u00f1os a lo menos (arts. 2531, 2532, 762, Ley 50 de 1936, art. 1). <\/p>\n
4.- La posesi\u00f3n, como de su propia definici\u00f3n normativa se desprende, comprende dos elementos sine qua non para su existencia, cuales son los actos materiales o externos ejecutados por una persona determinada sobre el bien singular -corpus- de un lado y, de otro, la intenci\u00f3n de ser due\u00f1o, elemento sicol\u00f3gico, de car\u00e1cter interno -animus domini-, elemento \u00e9ste que, como lo dijo la Corte en sentencia de 9 de noviembre de 1956, por ser intencional, \u00abse puede presumir de los hechos externos que son su indicio, mientras no aparezcan otros que demuestren lo contrario, as\u00ed como el poseedor, a su vez, se presume due\u00f1o, mientras otro no demuestre serlo\u00bb (G. J., tomo LXXXIII, p\u00e1g. 776). <\/p>\n
4.1.- No obstante las diferencias existentes entre la mera tenencia y la posesi\u00f3n, puede ocurrir sin embargo que el simple tenedor transmute esa calidad en la de poseedor, hip\u00f3tesis \u00e9sta en la cual, a efectos de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio no puede de ninguna manera computarse como posesi\u00f3n el tiempo en que se detent\u00f3 el bien a t\u00edtulo de mera tenencia, pues ella no puede conducir nunca a la usucapi\u00f3n y, como es l\u00f3gico, esta \u00faltima solo podr\u00eda alcanzarse si se demuestra la interversi\u00f3n de la tenencia a la posesi\u00f3n y solo a partir del comienzo de la segunda adem\u00e1s, si, se tiene el bien con animo de se\u00f1or\u00edo y de dominio por el tiempo exigido por la ley. <\/p>\n
4.2.- Precisamente a este respecto, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 7 de diciembre de 1967, expres\u00f3: \u00abpor ello, al precisar el C\u00f3digo los requisitos de la prescripci\u00f3n extraordinaria (2531, 2532), se basta con el establecimiento y uso por cierto tiempo, sin exigencia adicional alguna (casaci\u00f3n julio 30 de 1952, LXXII, 582), pero consagra simult\u00e1neamente la posibilidad de oposici\u00f3n fundada en un t\u00edtulo de mera tenencia, excluyente de la possessio ad usucapionem, revelador de la intimidad de hechos contrastantes con el concepto genuino de posesi\u00f3n; por lo cual, quien se hallaba asentado en las dichas apariencias equ\u00edvocas (casaci\u00f3n diciembre 13 de 1954, LXXIX, 256; casaci\u00f3n noviembre 9 de 1956, LXXXIII, 775 \/ 776), de inmediato y por fuerza de ese traslado de las cargas, es despojado de lo que tra\u00eda en su favor, compelido a demostrar la interversi\u00f3n de su t\u00edtulo y, adem\u00e1s, una real posesi\u00f3n de all\u00ed en adelante hasta el extremo cronol\u00f3gico, cumplida con actos ciertos y un\u00edvocos,\u00bb sentencia en la cual, se agreg\u00f3 que esa mutaci\u00f3n de mero tenedor a poseedor para alegar prescripci\u00f3n, exige que \u00aben el proceso se palpe su posesi\u00f3n cabal posterior, en c\u00f3mputo suficiente, y no se encuentre dato de nuevo reconocimiento suyo de dominio ajeno. Imperativos \u00e9stos de precisa configuraci\u00f3n para el juego de las pretensiones dentro de un terreno restringido a tales supuestos, que exigen al tenedor la prueba de la interversio possessionis, por medio de un acto traslaticio emanado de un tercero o del propio contendor (naturalmente titular del derecho) (casaci\u00f3n, agosto 22 de 1957, LXXXVI, 14), dentro de una ubicaci\u00f3n temporal que permita referir la medida a un punto cierto, seguido de actos \u00abcateg\u00f3ricos, patentes e inequ\u00edvocos\u00bb de afirmaci\u00f3n propia, aut\u00f3noma. Pues, en el \u00faltimo caso, le es indispensable descargar indiciariamente la presunci\u00f3n de que las cosas contin\u00faan conforme empezaron, aplicaci\u00f3n elemental del principio de inercia, consagrada en los art\u00edculos 777 y 780 del C\u00f3digo Civil, y volver a montar la construcci\u00f3n sobre el nuevo sustento, expuesto como siempre a los descargos de interrupci\u00f3n y renuncia\u00bb (G. J., tomo CXIX, n\u00fameros 2285 y 2286, 1967, -primera parte-, p\u00e1gs. 352 y 353). <\/p>\n
5.- Aplicadas las nociones anteriores al caso sub-lite, encuentra la Corte que el cargo que aqu\u00ed se analiza ha de prosperar, por cuanto: <\/p>\n
5.1.- El Tribunal, en la sentencia acusada, da por establecido que el Municipio de Fonseca ha pose\u00eddo por m\u00e1s de 20 a\u00f1os el inmueble que pretende usucapir, hecho \u00e9ste que encuentra demostrado por confesi\u00f3n de la parte demandada, as\u00ed como por las declaraciones testificales de Luis Fernando Marulanda, Rodrigo Parodi Gonz\u00e1lez y \u00abotros\u00bb testigos, adem\u00e1s de \u00abdocumentos\u00bb de los que predica tienen \u00abplena capacidad de convicci\u00f3n\u00bb e igualmente, en el acta de entrega de 4 de agosto de 1989, practicada en el proceso de sucesi\u00f3n de V\u00edctor Manuel Peralta y en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial realizada sobre el predio objeto del litigio (fls. 132 a 135, C-2). <\/p>\n
5.2.- Los recurrentes en casaci\u00f3n, como se observa en el cargo propuesto, afirman que el Tribunal incurri\u00f3 en error de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas mencionadas, aseveraci\u00f3n \u00e9sta en la cual les asiste la raz\u00f3n. En efecto: <\/p>\n
5.2.1.- El Tribunal a folio 132 del cuaderno No. 2 manifiesta que la posesi\u00f3n del Municipio demandante respecto del predio que pretende usucapir se encuentra demostrada \u00abconforme a lo confesado por los opositores\u00bb, seg\u00fan se desprende de su informe de que \u00abel Departamento del Magdalena en virtud del contrato de promesa de venta\u00bb celebrado con V\u00edctor Manuel Peralta \u00abentr\u00f3 a ocupar el bien ra\u00edz\u00bb. <\/p>\n
Esta aserci\u00f3n, examinado el expediente, resulta contraria a la realidad, como quiera que si bien es verdad que en la contestaci\u00f3n de la demanda (fl. 101, C-1) se expresa que el 14 de octubre de 1953 el se\u00f1or V\u00edctor Peralta (cuyos sucesores son los demandados) celebr\u00f3 con el Departamento del Magdalena \u00abun contrato de promesa de compraventa\u00bb sobre el inmueble a que se refiere el proceso, no menos cierto es que a rengl\u00f3n seguido se manifiesta que, en virtud de ese contrato \u00abel Departamento del Magdalena entra a ocupar el inmueble\u00bb con algunas dependencias suyas, e igualmente resulta re\u00f1ida con la contestaci\u00f3n de la demanda de otros de los demandados (fls. 108 y 109, C-1), quienes insisten en que el inmueble de que fue propietario el causante se encuentra ocupado por el Departamento de La Guajira, que sucedi\u00f3 en tal ocupaci\u00f3n al Departamento del Magdalena, a ra\u00edz de la celebraci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa celebrado por V\u00edctor Manuel Peralta con este \u00faltimo. <\/p>\n
5.2.2.- En relaci\u00f3n con la declaraci\u00f3n testimonial de Luis Fernando Marulanda, de la cual expresa el Tribunal que permite deducir que la iniciaci\u00f3n de la posesi\u00f3n del inmueble por el Municipio de Fonseca se llev\u00f3 a efecto entre los a\u00f1os de 1953 y 1954 (fl. 132, C-2), encuentra la Corte que el testigo en menci\u00f3n (fls. 103 a 106, C-2), se limita a declarar que fue Secretario de la Alcald\u00eda Municipal de Fonseca en el a\u00f1o de 1953, y luego en dos ocasiones mas, que sit\u00faa en 1956 y 1958, raz\u00f3n \u00e9sta por la cual le consta que all\u00ed funcionaron algunas oficinas locales, as\u00ed como \u00abLa Escuela Inmaculada, La Polic\u00eda Nacional, La Escuela Urbana de Varones, a partir del a\u00f1o de 1962\u00bb y ahora la \u00abEscuela Urbana de Varones No. 4\u00bb, al igual que la seccional del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, la oficina de Supervisi\u00f3n Preescolar y Primaria del Departamento y el Colegio de Bachillerato Ernesto Parodi Medina. M\u00e1s adelante manifest\u00f3 el testigo que no tuvo conocimiento de la existencia del Decreto No. 1005 del 8 de octubre de 1953, expedido por el gobernador del Departamento del Magdalena, para la adquisici\u00f3n del inmueble con destino a las oficinas del Palacio Municipal de Fonseca, y que simplemente sabe que all\u00ed han funcionado algunas dependencias oficiales, sin que pueda afirmar \u00absi todas sean por cuenta del Municipio o si haya habido alguna de car\u00e1cter Departamental\u00bb (fl. 105, C-2). <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, resulta claro que del testimonio aludido mal puede concluirse, como lo hizo el Tribunal que la \u00abposesi\u00f3n\u00bb del inmueble por parte del Municipio de Fonseca se hubiere iniciado por los a\u00f1os de 1953 o 1954, pues de lo \u00fanico que da cuenta esa declaraci\u00f3n es de que por esa \u00e9poca empezaron a funcionar all\u00ed la Alcald\u00eda y otras dependencias del orden municipal, as\u00ed como de que, con posterioridad, tambi\u00e9n funcionaron en ese inmueble otras dependencias oficiales, hecho \u00e9ste del que no puede concluirse que demuestre el \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o indispensable para la existencia de la posesi\u00f3n, m\u00e1xime si ese municipio por su car\u00e1cter de tal no pod\u00eda ignorar la negociaci\u00f3n celebrada por el Departamento del Magdalena, del cual formaba parte, en virtud de la cual \u00e9ste se propuso adquirir ese bien para que en \u00e9l funcionaran las oficinas municipales. <\/p>\n
5.2.3.- Con respecto al testimonio de Rodrigo Parodi Gonz\u00e1lez (fls. 88 a 91, cdno. Tribunal), quien expresa haber sido Tesorero de la Alcald\u00eda Municipal de Fonseca, ha de observarse que de un lado, afirma que ese Municipio entr\u00f3 en posesi\u00f3n del inmueble desde antes de 1953 \u00abporque era un basurero p\u00fablico y le hac\u00eda mantenimiento\u00bb (fl. 90, C-2), y, de otro lado, manifiesta que luego de haberlo ocupado con oficinas municipales desde 1953, dej\u00f3 de hacerlo \u00aben el a\u00f1o de 1962\u00bb (fl. 90 citado), a\u00f1o en el que las oficinas municipales se trasladaron al \u00abedificio donde funcionaba la f\u00e1brica de licores\u00bb, de donde se trasladaron luego a la \u00abedificaci\u00f3n donde funciona actualmente\u00bb. De tal suerte que, mirada en conjunto esa declaraci\u00f3n, a lo sumo habr\u00eda posesi\u00f3n del inmueble por el municipio, en gracia de discusi\u00f3n, hasta el a\u00f1o de 1962, en que dej\u00f3 de ocuparse con dependencias municipales; y, si con posterioridad a este a\u00f1o all\u00ed han funcionado otras dependencias oficiales, de car\u00e1cter nacional y departamental, como el INCORA, La Polic\u00eda Nacional, una Inspecci\u00f3n Escolar de car\u00e1cter Departamental y establecimientos educativos, al igual que un sal\u00f3n de belleza, es inevitable concluir que la supuesta posesi\u00f3n que ahora se alega como fundamento de la pretensi\u00f3n de haber adquirido el dominio del bien por usucapi\u00f3n extraordinaria, en caso de haber existido, no habr\u00eda tenido duraci\u00f3n por 20 a\u00f1os a lo menos, raz\u00f3n \u00e9sta suficiente para que el testimonio de Rodrigo Parodi Gonz\u00e1lez no pueda ser tenido como soporte jur\u00eddico de la decisi\u00f3n judicial que se impugna. <\/p>\n
5.2.4.- En cuanto a la prueba documental que obra en el expediente, respecto de la cual el censor le enrostra al Tribunal haber cometido error de hecho, encuentra la Corte lo siguiente: <\/p>\n
5.2.4.2.- De igual manera se observa que a folios 87 y 88 del cuaderno No. 1 obra copia aut\u00e9ntica del contrato de promesa de compraventa sobre el inmueble en referencia, suscrito por el Secretario de Hacienda del Departamento del Magdalena y el se\u00f1or V\u00edctor Peralta, contrato \u00e9ste que, como salta a la vista, fue celebrado en desarrollo del Decreto 1005 de 8 de octubre de 1953, expedido por el Gobernador del Magdalena y a que se hizo menci\u00f3n en el numeral precedente. <\/p>\n
5.2.4.3.- As\u00ed mismo, a folios 99 y 100 del cuaderno No. 1, obra copia aut\u00e9ntica de la Ordenanza No. 021 de 1976, de la Asamblea Departamental de La Guajira, en la cual se faculta al Gobernador de este Departamento, segregado del Departamento del Magdalena, para realizar las gestiones tendientes a adquirir en su totalidad el inmueble prometido en venta por V\u00edctor Manuel Peralta al Departamento del Magdalena en el a\u00f1o de 1953, conforme al contrato protocolizado en la escritura p\u00fablica No. 72 del 9 de diciembre de 1953, otorgada ante el Notario Unico del C\u00edrculo de Fonseca. <\/p>\n
5.2.4.4.- Vencidas las autorizaciones a que se alude en el numeral anterior, nuevamente se invisti\u00f3 de ellas al Gobernador de La Guajira, mediante Ordenanza No. 20 de 1989, con lo cual no queda duda alguna de que el Departamento de La Guajira como sucesor en el tiempo del Departamento del Magdalena, expres\u00f3 su voluntad de adquirir por compra el inmueble objeto del litigio. <\/p>\n
5.2.5.- Siendo \u00e9ste, entonces, el acervo documental que se dice mal apreciado, dicho error resulta trascendente para quebrar el fallo atacado, de ser suficiente para llegar a una conclusi\u00f3n adversa a la pretensi\u00f3n demandada. <\/p>\n
En efecto, de los documentos arriba mencionados s\u00f3lo puede establecerse que el Departamento del Magdalena celebr\u00f3 un contrato de promesa de compraventa sobre el inmueble que le fue entregado en forma anticipada por el prometiente vendedor para que all\u00ed funcionaran dependencias oficiales de la Alcald\u00eda de Fonseca, en el a\u00f1o de 1953; igualmente queda claro que el contrato prometido no se ha celebrado todav\u00eda, por circunstancias ajenas al litigio aqu\u00ed planteado entre las partes; y, de la misma manera, aparece que si el Municipio de Fonseca, en el a\u00f1o de 1953 ocup\u00f3 ese inmueble con oficinas suyas, lo hizo porque el Departamento del Magdalena adelant\u00f3 la negociaci\u00f3n de ese bien para destinarlo al funcionamiento de las dependencias municipales aludidas, hecho que no pod\u00eda ser desconocido por el municipio en menci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, si a ello se agrega que en dicha promesa de contrato no se otorga en forma expresa la posesi\u00f3n del bien prometido en venta, entregado en forma anticipada, puede concluirse entonces que el Tribunal, al no tener en cuenta el contenido expreso de dicho contrato, habr\u00eda incurrido en error evidente de hecho al dar por demostrada la posesi\u00f3n, no est\u00e1ndolo, lo que lo habr\u00eda conducido, a su turno, a estimar equivocadamente la prosperidad de la pretensi\u00f3n demandada. <\/p>\n
5.3.- Pero en el evento en que se considere que en dicha apreciaci\u00f3n no incurri\u00f3 el Tribunal en error evidente de hecho, o si se estimase que \u00e9ste es intrascendente, porque de su contenido y de otros puntos tambi\u00e9n pueda desprenderse razonablemente la demostraci\u00f3n de la posesi\u00f3n inicial por parte del demandante; no es menos cierto que le asiste raz\u00f3n al recurrente en la censura al Tribunal por la comisi\u00f3n de error evidente y trascendente de hecho en la apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n que sustentan la no demostraci\u00f3n del t\u00e9rmino legal para que opere la usucapi\u00f3n, que equivocadamente diera por acreditado el ad-quem. Porque ciertamente el an\u00e1lisis de los medios de prueba obrantes en el proceso conducen a demostrar que, de un lado, la eventual posesi\u00f3n del municipio demandante s\u00f3lo pudo extenderse hasta el a\u00f1o de 1962, y, del otro, que con posterioridad han sido el Departamento del Magdalena y el de la Guajira los que han asumido a\u00fan por contrato de arrendamiento, el disfrute del inmueble litigado, permitiendo de contera, expresa o t\u00e1citamente, el uso por parte de otras oficinas distintas a las del municipio demandante. En efecto: <\/p>\n
5.3.1. En la declaraci\u00f3n rendida por LUIS FERNANDO MARULANDA, que obra a folios 130 a 136 del cuaderno del Tribunal, aparece que \u00e9ste expres\u00f3 que \u201cen el a\u00f1o de 1953, cuando ocupaba el cargo de Secretario de la Alcald\u00eda de ese Municipio\u201d, las oficinas fueron trasladadas para \u201cdespachar\u201d en el inmueble a que se refiere el litigo, declaraci\u00f3n testifical que, como salta a la vista, no se\u00f1ala, de manera alguna, que el municipio de Fonseca empezara a poseer el inmueble, entonces, \u201ccon \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o\u201d, como lo exige la ley, para que pueda entenderse que actu\u00f3 como poseedor del mismo. <\/p>\n
5.3.2.- En la declaraci\u00f3n testimonial rendida por RODRIGO PAROI GONZALEZ, que obra a folios 88 a 91 del cuaderno del Tribunal, \u00e9ste manifest\u00f3 que desde el a\u00f1o de 1953, en el inmueble a que se refiere el litigio \u201chan funcionado la Tesorer\u00eda Municipal, la Alcald\u00eda Municipal\u201d, y la administraci\u00f3n de Fonseca \u201cle ha hecho mantenimiento\u201d, pero, al mismo tiempo, agrega que, en ese edificio han funcionado \u201cigualmente la oficina seccional del Instituto Colombiano de la Reforme Agraria INCORA, la oficina de Supervisi\u00f3n Preescolar y Primaria del Departamento y el colegio de bachillerato \u201cErnesto Parodi Medina\u201d, inmueble que es el mismo \u201cdonde est\u00e1 actualmente el sal\u00f3n de belleza\u201d. Adem\u00e1s, manifest\u00f3 que \u201cen el a\u00f1o de 1962\u201d la Alcald\u00eda se traslad\u00f3 a \u201cla f\u00e1brica de licores\u201d. <\/p>\n
5.3.3.- El Decreto 1005 de 8 de octubre de 1953, proferido por el Gobernador del Departamento del Magdalena, cuya copia aut\u00e9ntica obra a folios 96 del cuaderno del Tribunal, y 206 del cuaderno principal autoriz\u00f3 al Secretario de Obras P\u00fablicas de ese Departamento para celebrar un contrato de compraventa sobre el inmueble en litigio con el se\u00f1or VICTOR PERALTA (art\u00edculo 1\u00b0) y, adem\u00e1s, dispuso que, \u201cmientras el Departamento cancela el valor total del inmueble y se corre la escritura de compraventa\u201d, se autoriza la celebraci\u00f3n de \u201cun contrato de promesa de venta sobre el mencionado bien ra\u00edz\u201d (art\u00edculo 3\u00b0). <\/p>\n
A folios 139 y 140 del cuaderno principal, obra como prueba copia aut\u00e9ntica del \u201ccontrato de arrendamiento No. 001 de 1990\u201d, en el que aparece como arrendador del inmueble cuya usucapi\u00f3n se pretende el se\u00f1or AGUSTIN PERALTA ZU\u00d1IGA y como arrendatario el departamento de la Guajira, contrato \u00e9ste que fue celebrado entre las partes con posterioridad a la solicitud que AGUSTIN PERALTA ZU\u00d1IGA hizo al departamento de la Guajira para la restituci\u00f3n de ese inmueble. <\/p>\n
5.3.4.- En el acta de inspecci\u00f3n judicial practicada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar el 22 de junio de 1990 al inmueble en cuesti\u00f3n, se encontr\u00f3 que all\u00ed funciona \u201cun colegio\u201d, lo mismo que \u201cuna sala de belleza\u201d, denominada \u201cHair\u201d, en la que se encontr\u00f3 como ocupante a MARGARITA MEJIA LOPEZ, quien dijo ser inquilina de la porci\u00f3n que ocupa, por contrato de arrendamiento celebrado con AGUSTIN PERALTA. <\/p>\n
5.3.5. A folio 162 del cuaderno principal aparece copia aut\u00e9ntica de la Ordenanza No. 021 de 1976, expedida por la Asamblea Departamental de la Guajira, en la cual se confieren facultades extraordinarias al Gobernador de ese Departamento para la celebraci\u00f3n del contrato a que se refiere la promesa de compraventa celebrada el 9 de diciembre de 1953 con VICTOR MANUEL PERALTA sobre el inmueble all\u00ed escrito y, a folio 164 del mismo cuaderno, obra copia aut\u00e9ntica de la Ordenanza No. 020 de la Asamblea Departamental de la Guajira, en la que se faculta al Gobernador del Departamento para \u201ccomprar\u201d el lote de terreno ubicado en el per\u00edmetro urbano del municipio de Fonseca, donde funciona el colegio Ernesto Parodi Medina, \u201cde propiedad del Departamento\u201d. <\/p>\n
Del mismo modo, a folios 193 de 194 del cuaderno principal, obra copia de la diligencia de secuestro del inmueble a que se refiere este litigio, practicada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Fonseca el 20 de agosto de 1988, en la que se practic\u00f3 esa medida cautelar \u201cdentro del proceso de sucesi\u00f3n\u201d del causante VICTOR MANUEL PERALTA, sin que se opusiera el municipio de Fonseca. <\/p>\n
5.4. Como se observa, de las pruebas anteriormente mencionadas, surge como conclusi\u00f3n que no pod\u00eda darse por demostrada, por parte del municipio demandante una posesi\u00f3n veintenaria sobre el inmueble a que se refiere este proceso, cuando ella, a lo sumo podr\u00eda aproximarse a los diez a\u00f1os, lo que tampoco podr\u00eda entonces autorizar la conclusi\u00f3n de que se re\u00fanen los requisitos para la operancia de la usucapi\u00f3n extraordinaria en favor de la parte demandante, como modo de adquirir el dominio de los bienes ajenos, sin que ello signifique que se haga por la Corte pronunciamiento alguno sobre la titularidad actual respecto del bien objeto del litigio. <\/p>\n
5.5. De all\u00ed que si ese error de apreciaci\u00f3n probatoria llev\u00f3 al Tribunal a revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, a declara como due\u00f1o de ese inmueble por haberlo adquirido por usucapi\u00f3n extraordinaria, al Municipio de Fonseca, ha de casarse la sentencia impugnada, para proferir luego la que corresponda, conforme a derecho, en sede de instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
1.- Dada la prosperidad del segundo de los cargos formulados en casaci\u00f3n contra la sentencia proferida en este proceso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de R\u00edohacha -Sala Civil-, el 26 de enero de 1994, procede la Sala, en sede de instancia, a desatar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra el fallo de primer grado, emanado del Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, el 25 de marzo de 1993 (fls. 264 a 266, C-1). <\/p>\n
2.- En cuanto a la existencia de los presupuestos procesales para dictar sentencia de m\u00e9rito, advierte la Corte, de entrada, que el certificado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos del C\u00edrculo de Riohacha, que obra a folio 2 del cuaderno principal, expresa que en esa oficina \u201caparece en el libro 2\u00b0, tomo I, partida No. 144, folio No. 267, de fecha diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres (1953)\u201d, registrada \u201cla escritura p\u00fablica No. 72 de fecha 9 de diciembre de 1953, Notar\u00eda de Fonseca, por medio de la cual el se\u00f1or VICTOR M. PERALTA, hizo protocolizar el expediente relacionado con la construcci\u00f3n y propiedad de una casa, ubicada en Fonseca\u201d, en el lote de terreno cuyos linderos all\u00ed se especifican, certificado \u00e9ste que, como resulta evidente, no re\u00fane los requisitos exigidos por el texto inicial del art\u00edculo 413, numeral 5\u00b0 C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma que hoy se conserva en el art\u00edculo 407 del mismo C\u00f3digo, luego de la reforma que le fue introducida por el decreto 2289 de 1989, disposici\u00f3n \u00e9sta respecto de la cual tiene dicho la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n que \u201clos juzgadores han de tener en cuenta \u2018que la ley exige, no la presentaci\u00f3n de un certificado cualquiera\u2019, sino \u2018uno en que, de manera expresa, se indiquen las personas que, con relaci\u00f3n al espec\u00edfico bien cuya declaraci\u00f3n de pertenencia se pretende, figuren como titulares de derechos reales sujetos a registro, o uno que de manera clara diga que sobre ese inmueble no aparece ninguna persona como titular de derechos tales\u2019\u201d, (Sentencia Revisi\u00f3n 30 de noviembre de 1976, sentencia 15 de octubre de 1976, G. J. CLIX, primera parte, p\u00e1gs. 295 y 296, reiteradas en sentencia de 22 de agosto de 1995, expediente 4543, ordinario Asociaci\u00f3n Provivienda Social de Cali, como cesionaria de Carlos Quintero Tafur contra personas indeterminadas, archivo Corte), deficiencia que trae entonces como consecuencia ineluctable, que la demanda inicial resulta afectada de ineptitud formal para la tramitaci\u00f3n del proceso, vicio \u00e9ste que ya no es posible subsanar y cuyo control debi\u00f3 realizarse oportunamente por el juzgador de primer grado, conforme a lo preceptuado por los art\u00edculos 85, numerales 1 y 2, y 37 numeral 4 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
3.- Agr\u00e9gase a lo anterior, que en este proceso, a\u00fan prescindiendo de la ineptitud formal de la demanda, a que ya se hizo alusi\u00f3n, no fueron emplazadas las personas indeterminadas que se creyeren con derecho para intervenir en \u00e9l (fls. 40 y 58 cuaderno No. 1), como imperativamente lo exige al art\u00edculo 407, numeral 6\u00b0, literal b, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, lo que acarrear\u00eda la nulidad de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
4.- As\u00ed las cosas, la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar el 25 de marzo de 1993 (fls. 264 a 266 cuaderno No. 1), apelada por la parte vencida en memorial que aparece a folios 268 a 272 del mismo cuaderno, habr\u00e1 de revocarse y, en su lugar, se declarar\u00e1 la inhibici\u00f3n para dictar fallo de m\u00e9rito. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de R\u00edohacha -Sala Civil-, el 26 de enero de 1994 en el proceso ordinario promovido por el MUNICIPIO DE FONSECA contra EMELINA FRANCISCA ZU\u00d1IGA DE PERALTA, c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de VICTOR MANUEL PERALTA, JESUS MARIA PERALTA ZU\u00d1IGA, MARIA PERALTA DE BEQUIS, ANTONIA MARIA, DOMINGA, RODRIGO, VICENTE y AGUSTIN PERALTA ZU\u00d1IGA, as\u00ed como contra ROCIO, MARIA LUISA, LUCILA, EDGAR, SILVIO y VICTOR EMILIO PERALTA MEJIA, representados por FIDELINA MEJIA CALDERON, todos \u00e9stos como herederos del causante mencionado y, en su lugar, esta Corporaci\u00f3n, obrando en sede de instancia, conforme a lo preceptuado por el art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, RESUELVE: <\/p>\n
DECLARASE la inhibici\u00f3n para proferir sentencia de m\u00e9rito en este proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de las consideraciones para dictar sentencia sustitutiva de la impugnada con el recurso extraordinario de casaci\u00f3n a que se refiere esta providencia. Cond\u00e9nase en costas de las instancias a la parte demandante del proceso. Liqu\u00eddense conforme a la ley. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n, por la prosperidad del recurso extraordinario. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase. <\/p>\n
<\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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S-065-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. PEDRO LAFONT PIANETTA Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., veintidos (22) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997) […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81501","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81501","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81501"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81501\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81501"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81501"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81501"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}