S-067-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Distrito Capital, veintitr\u00e9s (23) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997).- <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 4919 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 4 de noviembre de 1993, pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda en este proceso ordinario iniciado por Juan Andr\u00e9s Ramos Lozano frente a Augusta Emperatriz Alvarez L\u00f3pez de Ramos, Cecilia Helena, Clara Eugenia, Juan Pablo y Carlos Emilio Ramos Alvarez. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
I.- Por demanda que conoci\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda, el mencionado actor solicita que con audiencia de los referidos demandados se hagan los siguientes pronunciamientos (fl. 108 C. 1): <\/p>\n
\u201c1)…se declare SIMULADA la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal y de bienes efectuada por los c\u00f3nyuges JUAN ANDRES RAMOS RUIZ y AUGUSTA EMPERATRIZ ALVAREZ DE RAMOS y contenida en la Escritura P\u00fablica Nro. 771 del 19 de Julio de 1978 otorgada en la Notar\u00eda Segunda de Monter\u00eda. <\/p>\n
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\u201c3) …el predio rural denominado \u2018Puerto Solo\u2019 ubicado en el Municipio de San Carlos, vereda de Los Loranos, con cabida de 37 has 4.310 metros cuadrados, alinderada (sic) as\u00ed: Por el Norte, con predios de Jos\u00e9 Mar\u00eda M\u00e9ndez, por el Este, con predio de Rafael Mej\u00eda, por el Sur, con predios de Gregoria L\u00f3pez, y Liney Vega. Por el Oeste, con predios de Daniel Vega, Carlos Mej\u00eda y Jos\u00e9 Mar\u00eda M\u00e9ndez, Matr\u00edcula Inmobiliaria 143-0009768, c\u00e9dula catastral n\u00famero 00-3-002-093, fue pagado y adquirido por el causante JUAN ANDRES RAMOS RUIZ y por tal raz\u00f3n pertenece a su acervo patrimonial. <\/p>\n
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\u201c4) …el predio rural o lote de terreno segregado de la finca \u2018Las Pe\u00f1itas\u2019 con cabida superficiaria de 26 hect\u00e1reas, ubicada en la vereda del Corozo, Municipio de Monter\u00eda, alinderado (sic) as\u00ed: Por el Norte, con predios de Augusta Alvarez de Ramos, por el Sur, con predios de Carlos Serpa, Cler Mar\u00eda Solano, Humberto Solano, por el Este, con predios de Jaime Solano y por el Oeste, con predios de Magalis Solano y Valentina Solano, Matricula Inmobiliaria 140-0014676, fue comprado, pagado y adquirido por el causante JUAN ANDRES RAMOS RUIZ y por tal raz\u00f3n pertenece a su acervo patrimonial. <\/p>\n
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\u201c5) Que como consecuencia de la declaratoria de propiedad solicitada en los puntos 3 y 4 se ordene su inscripci\u00f3n en los folios de matr\u00edculas inmobiliarias n\u00fameros 140-0014676 y 143-0009768 perteneciente a los predios rurales \u2018Las Pe\u00f1itas\u2019 y \u2018Puerto Solo\u2019 respectivamente. Que se hagan las anotaciones o correcciones a que haya lugar. Of\u00edciese al Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de las respectivas seccionales en Monter\u00eda y Ceret\u00e9. <\/p>\n
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\u201c6) PRETENSION SUBSIDIARIA. <\/p>\n
\u201cSolicito, en subsidio, se decrete la resoluci\u00f3n del contrato o acuerdo de voluntades plasmado por los c\u00f3nyuges JUAN ANDRES RAMOS RUIZ y AUGUSTA EMPERATRIZ ALVAREZ DE RAMOS en la Escritura P\u00fablica n\u00famero setecientos setenta y uno (771) de fecha diez y nueve (19) de Julio de 1978 otorgada ante la Notar\u00eda Segunda de Monter\u00eda. <\/p>\n
\u201cDe igual manera se declare que el predio rural denominado primigeniamente \u2018El Salado\u2019, hoy, \u2018San Carlos\u2019, ubicada (sic) en la regi\u00f3n de La Victoria, Corregimiento de San Anterito-Municipio de Monter\u00eda, con una extensi\u00f3n superficiaria de ciento dos (102) hect\u00e1reas y dos mil metros cuadrados (2000 M2) lindante por el NORTE con predios de Manuel Alvarez Ramos, Luis Felipe Ramos y sucesores de Roberto Alvarez; por el SUR con predios de Jos\u00e9 Francisco Solano y Jos\u00e9 Dolores Torres; por el OESTE en Callej\u00f3n de por medio y predios de Pedro Morelo, Cl\u00edmaco Begambre, Arcenio P\u00e9rez y sucesores de Jos\u00e9 Hoyos; por el NOROESTE con predios de Juan Andr\u00e9s Ramos; c\u00e9dula catastral n\u00famero 00-1-053-074, Matr\u00edcula Inmobiliaria Nro. 140-00.04294, adquirida (sic) por el causante JUAN ANDRES RAMOS RUIZ mediante escritura p\u00fablica n\u00famero 1029 del 23 de Diciembre de 1972 es de su propiedad por haber pagado \u00e9l con recursos econ\u00f3micos propios, el precio del inmueble, provenientes de la venta de su finca rural denominada \u2018Los Limones\u2019. En consecuencia, ord\u00e9nese las correcciones y cancelaciones de los registros a que haya lugar, oficiando para el efecto al Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Monter\u00eda y al Notario P\u00fablico Segundo de Monter\u00eda para lo de su competencia. <\/p>\n
\u201c7) Que se condene solidariamente a los demandados al pago de las costas que ocasione el presente proceso\u201d. <\/p>\n
II.- Como fundamentos f\u00e1cticos de las pretensiones precedentes se citan los que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
a) Juan Bautista Ramos Nisperuza y Narcisa Ru\u00edz Macea contrajeron matrimonio, procreando a Juan Andr\u00e9s, Luis Felipe, Julio Fidel y Helena. <\/p>\n
b) Ramos Nisperuza se dedicaba a la cr\u00eda, levante y comercializaci\u00f3n de ganado vacuno, actividad que ense\u00f1\u00f3 a sus hijos varones, quienes siguieron sus pasos, y fue as\u00ed como, a la muerte de aqu\u00e9l, llevaron a pastar los ganados que personalmente fueron adquiriendo, a la finca \u201cEl Salado\u201d de propiedad de la madre de los mismos, Narcisa Ru\u00edz Macea. <\/p>\n
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c) Aproximadamente en 1946, Juan Andr\u00e9s Ramos Ruiz inici\u00f3 convivencia en uni\u00f3n libre con Elizabeth Guti\u00e9rrez Hoyos, procreando con ella 6 hijos, a quienes ante familiares y allegados dio el trato de tales, coste\u00e1ndole al mayor de ellos, Hern\u00e1n Enrique, la educaci\u00f3n en el colegio Liceo de Monter\u00eda. <\/p>\n
d) En 1951, Juan Andr\u00e9s Ramos Ruiz mantuvo relaciones sexuales con Lilian Lozano Jaramillo, procreando a Juan Andr\u00e9s Ramos Lozano el 21 de julio de 1952, de quien reconoci\u00f3 ser padre natural en el Juzgado de Menores de Monter\u00eda, despacho en donde se le adelant\u00f3 por ese motivo proceso de alimentos, que culmin\u00f3 con sentencia estimatoria de 5 de enero de 1966, la cual le impuso una cuota alimentaria de $100.oo. En audiencia cumplida en desarrollo del art. 71 de la Ley 83 de 1946, el demandado Ramos Ruiz manifest\u00f3 no poder pagar la cuota alimentaria que se le fij\u00f3 provisionalmente, por tener \u201cotros hijos m\u00e1s\u201d. <\/p>\n
e) Ramos Ruiz contrajo matrimonio cat\u00f3lico con Augusta Emperatriz Alvarez L\u00f3pez el 20 de abril de 1964, procreando a Cecilia Elena, Clara Eugenia, Carlos Emilio y Juan Pablo. No hubo capitulaciones matrimoniales entre los contrayentes, no obstante que aquel era acaudalado ganadero y poseedor de bienes de fortuna tales como: 200 reses; la mitad de la finca \u201cLa Victoria\u201d comprada conjuntamente con su hermano Luis Felipe a los hermanos Serpa G\u00f3mez por conducto de la madre de \u00e9stos Narcisa Ruiz Macea; un campero marca willys; el predio rural \u201cLos Limones\u201d, identificado este bien como el anterior en la demanda; y cuentas corrientes en la Caja Agraria y el Banco del Comercio. La c\u00f3nyuge Alvarez L\u00f3pez no aport\u00f3 bienes de ninguna especie. <\/p>\n
f) El 16 de febrero de 1973, 9 a\u00f1os despu\u00e9s de su matrimonio, Ramos Ru\u00edz vendi\u00f3 a Jos\u00e9 del Carmen Polo Quiroz la finca \u201cLos Limones\u201d en $147.000, dinero con el cual compr\u00f3 a Manuel Esteban Alvarez Ramos la finca \u201cEl Salado\u201d, hoy denominada \u201cSan Carlos\u201d, completando el precio de compra de $209.000 con el producto de la venta que hizo a Manuel Salvador Serpa G\u00f3mez de 20 novillas de vientre. A pesar de que la compra de la finca \u201cEl Salado\u201d la hizo Ramos Ruiz con recursos propios que obtuvo de la venta de la finca \u201cLos Limones\u201d, la escritura (No. 1029 de 23 de diciembre de 1972 de la Notar\u00eda Segunda de Monter\u00eda) se otorg\u00f3 a nombre de la c\u00f3nyuge Augusta Alvarez L\u00f3pez. <\/p>\n
g) Mediante escritura n\u00famero 771 de 19 de julio de 1978, los esposos Ramos Ruiz y Alvarez L\u00f3pez decidieron por mutuo acuerdo disolver y liquidar la sociedad conyugal, asign\u00e1ndosele all\u00ed a esta \u00faltima por concepto de gananciales, \u201cla mayor parte de los bienes de Juan Andr\u00e9s Ramos Ruiz, lo que indica una inconfundible simulaci\u00f3n con el fin de evitar herencias futuras…\u201d(hecho 12 de la demanda). La liquidaci\u00f3n fue ama\u00f1ada porque se le adjudicaron a Ramos Ruiz semovientes de su propiedad, adquiridos antes del matrimonio, y un paquete de acciones del Fondo y Banco Ganadero S.A. que en relaci\u00f3n con los adjudicados a la c\u00f3nyuge Alvarez L\u00f3pez guardan enorme desproporci\u00f3n econ\u00f3mica. Los semovientes vacunos, el lote de terreno de la calle 30 con carrera 11, la construcci\u00f3n all\u00ed levantada, el carro Land Rover y las fincas \u201cLa Victoria\u201d y \u201cEl Salado\u201d relacionadas como activo de la sociedad en el hecho 13 de la demanda, fueron bienes adquiridos por Juan Andr\u00e9s Ramos Ruiz \u201cdentro de la vigencia de la sociedad conyugal, con dineros o recursos econ\u00f3micos propios de \u00e9l, obtenidos desde muchos a\u00f1os antes…\u201d. <\/p>\n
h) No obstante la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, Ramos Ruiz continu\u00f3 en posesi\u00f3n material de todos sus bienes, al punto que nadie supo de la mencionada separaci\u00f3n, que s\u00f3lo sali\u00f3 a la luz p\u00fablica unos d\u00edas despu\u00e9s de la muerte de \u00e9ste, ocurrida el 27 de mayo de 1987. Los dineros producto de la comercializaci\u00f3n de ganados propios de Ramos Ruiz y de la venta de leche iban a parar a la cuenta corriente No. 4019 de la Caja Agraria de Monter\u00eda abierta a nombre de Augusta Alvarez L\u00f3pez, que manejaba conjuntamente con aqu\u00e9l, y a pesar de la separaci\u00f3n los c\u00f3nyuges continuaron manejando sus bienes conjuntamente y presentando de esa misma manera las declaraciones de renta y patrimonio, cedi\u00e9ndose rentas. <\/p>\n
i) Con dineros propios de su haber, obtenidos de la actividad ganadera, una vez efectuada la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, Juan Andr\u00e9s Ramos Ruiz compr\u00f3 a Jos\u00e9 Francisco Solano Padilla, a finales de 1981, 26 hect\u00e1reas de terreno segregadas del predio de mayor extensi\u00f3n denominado \u201cLas Pe\u00f1itas\u201d, pagando el precio de $910.000 al vendedor con cheque de la Caja Agraria que \u00e9l suscribi\u00f3 personalmente. Sin embargo, la escritura se otorg\u00f3 en favor de sus hijos leg\u00edtimos Cecilia Helena, Clara Eugenia, Carlos Emilio y Juan Pablo Ramos Alvarez. Ramos Ruiz tuvo permanentemente la posesi\u00f3n material de ese bien y fue \u00e9l quien mantuvo all\u00ed sus semovientes. Otro tanto ocurri\u00f3 con la compra de la finca \u201cPuerto Solo\u201d, que negociada y pagada con recursos propios de Juan Andr\u00e9s, fue escriturada a sus mencionados hijos leg\u00edtimos. <\/p>\n
III.- Enterados de la demanda, los demandados la contestaron en el sentido de negar, en lo fundamental, los hechos de la misma, por lo que terminaron con oposici\u00f3n a las pretensiones del actor. <\/p>\n
IV.- Agotado el tr\u00e1mite de la primera instancia, el a-quo le puso t\u00e9rmino a la misma mediante sentencia de 17 de febrero de 1993, en la cual deneg\u00f3 las s\u00faplicas de la demanda, condenando en costas al demandante. <\/p>\n
<\/p>\n
V.- Inconforme con la mencionada decisi\u00f3n, el actor interpuso recurso de apelaci\u00f3n, que defini\u00f3 el Tribunal con su sentencia de 4 de noviembre de 1993, confirmando la del a-quo e imponiendo costas a la parte apelante. <\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAl <\/p>\n
Se apoya en las siguientes consideraciones: <\/p>\n
b) Carece de importancia que el actor diga que la compra de la finca \u201cEl Salado\u201d se adquiri\u00f3 con el producto de la enajenaci\u00f3n de la finca \u201cLos Limones\u201d, porque en la correspondiente escritura no se hizo constar esa circunstancia, y adem\u00e1s porque la parte demandada asevera que la venta de \u201cLos Limones\u201d fue para cancelar deuda hipotecaria. <\/p>\n
c) Resulta dif\u00edcil determinar que hubo ama\u00f1ada adjudicaci\u00f3n de bienes en la partici\u00f3n a ra\u00edz de que a Juan Andr\u00e9s se le asignaron semovientes propios y \u00e9stos no guardan proporci\u00f3n con los que fueron adjudicados a la c\u00f3nyuge, ya que si ambos esposos eran propietarios de ganados, no se sabe a \u00e9stas alturas cu\u00e1les eran de uno y de otro, mayormente cuando desde 1964, fecha del matrimonio, hasta 1978, fecha de la separaci\u00f3n, existi\u00f3 esa compa\u00f1\u00eda de ganados, y toda vez que la casa de la calle 30 No. 10-79 de Monter\u00eda la recibi\u00f3 la Alvarez L\u00f3pez en obra negra y fue ella quien la mejor\u00f3 despu\u00e9s de la muerte de su esposo. <\/p>\n
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d) En nada contradice la liquidaci\u00f3n social el hecho de que Juan Andr\u00e9s hubiera seguido al frente de los bienes propios de la c\u00f3nyuge, pues entre ellos s\u00f3lo hubo acuerdo para separar bienes, pero no distanciamiento de hogar, lo que no se opone a que en un momento determinado uno de ellos le hubiese encomendado al otro la gesti\u00f3n de sus negocios\u201d. <\/p>\n
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e) No hay nada que decir en cuanto a la afirmaci\u00f3n hecha por el actor en el sentido de que el predio \u201clas Pe\u00f1itas\u201d fue comprado por Juan Andr\u00e9s Ramos Ruiz, a pesar de aparecer escriturado a sus hijos leg\u00edtimos, porque esta afirmaci\u00f3n \u201cno hace parte de lo que se discute en el proceso y ese es otro cuento que no tiene que ver con este negocio\u201d. <\/p>\n
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f) A pesar de que el actor dice que la finca \u201cPuerto Solo\u201d la compr\u00f3 Juan Andr\u00e9s Ramos Ruiz, la demandada sostiene que fue ella quien la compr\u00f3 con sus recursos propios, y que si su esposo hizo algunos abonos a sus sobrinas vendedoras fue con dineros girados de su cuenta, que estaba autorizado a manejar. <\/p>\n
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g) El art\u00edculo 25 de la ley 1a. de 1976 autoriza la separaci\u00f3n voluntaria de la sociedad conyugal, determinaci\u00f3n que los esposos pod\u00edan tomar al estar asistidos de capacidad legal, sin que aparezca demostrado que ellos hubieran actuado a espaldas de todo el mundo para enga\u00f1ar y ama\u00f1ar una separaci\u00f3n. <\/p>\n
h) La mayor\u00eda de los declarantes citados por el actor son en una u otra forma parientes suyos, que pueden tener inter\u00e9s indirecto en este asunto, y esa circunstancia los hace sospechosos, al paso que por el lado de los demandados existen testigos ajenos a la controversia como Carlos Roberto Sotomayor Acosta, Glicerio Manuel Gonz\u00e1lez Petro y Jos\u00e9 Valent\u00edn Tapias Pacheco, quienes conociendo ampliamente a los c\u00f3nyuges y con conocimiento de causa dan cuenta de la capacidad econ\u00f3mica de la Alvarez L\u00f3pez y aclaran, por el contrario, que quien no andaba econ\u00f3micamente bien era su c\u00f3nyuge Ramos Ruiz. De ah\u00ed que son m\u00e1s que justificadas para el acuerdo de separaci\u00f3n, prosigue el Tribunal, las circunstancias descritas por la c\u00f3nyuge Alvarez L\u00f3pez en el sentido de que a ella le embargaron su cuenta bancaria por culpa de su esposo, que le cancelaron la de \u00e9l por mal manejo, que \u00e9ste estaba haciendo malos negocios, y que ella estaba defendiendo su patrimonio. <\/p>\n
i) Concluye de todo lo anterior, que es jur\u00eddicamente imposible deducir simulaci\u00f3n del hecho de la separaci\u00f3n de bienes, \u201cpues los medios probatorios alegados (sic) no son convincentes y no resultan de los indicios soluci\u00f3n que amerite su declaraci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
j) La pretensi\u00f3n subsidiaria de resoluci\u00f3n del acuerdo contenido en la escritura No. 771 no es, como lo dijo contrariamente el a-quo, incompatible con la de simulaci\u00f3n deprecada en forma principal, pero no se abre paso por cuanto las causales que originan ese fen\u00f3meno son, en concepto de un doctrinante que el Tribunal cita y comparte: \u201ca) mutuo acuerdo de las partes. b) el incumplimiento voluntario. c) el incumplimiento involuntario y d) la excesiva onerosidad de la prestaci\u00f3n a cargo de uno de los contratantes\u201d; causales, dice, que no se encuentran acreditadas en el proceso, la primera porque al estar fallecido Ramos Ruiz no hay el concurso de voluntades para dar por terminado el acuerdo, tampoco la segunda y la tercera porque no se ha predicado el incumplimiento voluntario de los c\u00f3nyuges, y menos la cuarta por ausencia de pruebas. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Dos cargos, ambos con estribo en la causal primera de casaci\u00f3n, esgrime el recurrente contra la sentencia del Tribunal acabada de resumir , los cuales se despachar\u00e1n conjuntamente, por adolecer ambos de defectos t\u00e9cnicos que le son comunes. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Ac\u00fasase en \u00e9l la sentencia de infringir los art\u00edculos 174, 175, 187, 194, 195, 284, 249, 250, 304 del C. de P.C., 1765 del C.C., y 267 del C. de P.C., a consecuencia de error de hecho cometido por el Tribunal al apreciar las pruebas. <\/p>\n
Manifiesta, para demostrarlo el recurrente, que el Tribunal da por cierta la solvencia econ\u00f3mica de la c\u00f3nyuge Alvarez L\u00f3pez con la contestaci\u00f3n del hecho 7 de la demanda y con fotocopias de certificados catastrales anexos a la misma, cuando la propiedad sobre el inmueble que pose\u00eda en Planeta Rica ha debido demostrarla con la exhibici\u00f3n del t\u00edtulo y la constancia de registro del mismo; de igual forma, que la propiedad del granero y la existencia del cr\u00e9dito por $2\u2019000.000 debi\u00f3 acreditarla con certificaciones de la C\u00e1mara de Comercio y de la Caja Agraria; a todo lo cual agrega que tampoco se prob\u00f3 la existencia de las 37 cabezas de ganado que se llevaron por ella a la sociedad conyugal por cuanto, al contrario, Luis Felipe Ramos, Julio Fidel Ramos Ruiz, Juan Bautista Ramos, Jer\u00f3nimo G\u00f3mez Padilla y \u2018tantas otras\u201d declaraciones prueban lo contrario, dejando a salvo en cambio la solvencia de Ramos Ruiz. A\u00f1ade que no existe testimonio o documento acreditante de que la Alvarez L\u00f3pez fuera reconocida ganadera o sostuviera negocios de ganados con personas o entidades del gremio, y que la ayuda que dice ella proporcion\u00f3 para la compra de las fincas adquiridas por Ramos Ruiz, est\u00e1 referida solamente a \u201cPuerto Solo\u201d y \u201cLas Pe\u00f1itas, ayuda que dio por sentada el Tribunal al no percatarse que la inspecci\u00f3n judicial practicada sobre la cuenta corriente No. 4019 arroj\u00f3 como resultado que ella era manejada conjuntamente, al haber sido autorizado el c\u00f3nyuge a girar con cargo a la misma. <\/p>\n
Err\u00f3nea apreciaci\u00f3n le enrostra adem\u00e1s la censura al Tribunal en relaci\u00f3n con la respuesta dada por la Alvarez L\u00f3pez a la pregunta 11 del interrogatorio de parte por ella absuelto (fl. 52 pruebas actor) y de la cual \u00e9l dio por cierto que el producto de la venta de \u201cLos Limones\u201d no lo destin\u00f3 Ramos Ruiz a la compra de \u201cEl Salado\u201d sino al pago de deuda hipotecaria, pues otra cosa demuestran los testimonios de Manuel Esteban Alvarez Ramos, Jos\u00e9 Del Carmen Polo Quiroz, Julio Fidel Ramos Ru\u00edz, Luis Felipe Ramos y la certificaci\u00f3n de la Caja Agraria obrante al folio 56 bis del \u00e7uaderno de pruebas 1\u201d, en la que se indica que la obligaci\u00f3n hipotecaria por valor de $113.000 sobre la finca \u201cLos Limones\u201d fue cancelada el 4 de octubre de 1974, esto es, un a\u00f1o y siete meses despu\u00e9s de la venta de \u00e9sta. Yerro similar le atribuye al sentenciador, al exteriorizar \u00e9ste la dificultad existente en establecer, por ser ambos c\u00f3nyuges propietarios de ganados, cu\u00e1les eran de uno y otro, ya que, dice, esa circunstancia no se acredit\u00f3 y, por el contrario, la prueba testimonial y dem\u00e1s documentos allegados al proceso informan que la c\u00f3nyuge Alvarez L\u00f3pez no fue propietaria de ganado alguno. <\/p>\n
Err\u00f3 as\u00ed mismo de hecho el Tribunal, contin\u00faa la acusaci\u00f3n, en los siguientes aspectos: a) cuando, con apoyo exclusivo en la contestaci\u00f3n de la demanda, concluy\u00f3 que la casa No. 70-79 de la calle 30 de Monter\u00eda le fue adjudicada en la partici\u00f3n a Emperatriz Alvarez L\u00f3pez estando en obra negra, ya que tal aseveraci\u00f3n no corresponde a lo que sobre el mismo particular declaran Julio Fidel Ramos Ruiz y Edita ramos D\u00edaz, hermano y sobrina de Juan Andr\u00e9s, y para quienes estaba terminada totalmente; b) al aseverar que en nada contradice la separaci\u00f3n el que Ramos Ruiz hubiese continuado al frente de los bienes de su esposa, pues confunde la gesti\u00f3n con la posesi\u00f3n real y material que sobre sus bienes siempre ejerci\u00f3 aqu\u00e9l; c) cuando, sin concatenaci\u00f3n con la prueba indiciaria, y en relaci\u00f3n con la compra de la finca \u201cLas Pe\u00f1itas\u201d efectuada por Juan Andr\u00e9s y la escrituraci\u00f3n hecha a sus hijos leg\u00edtimos, manifest\u00f3 que \u201csobre esto la Sala no tiene nada que decir, pues hace parte de lo que se disiente en el proceso y ese es otro cuento que no tiene que ver con este negocio\u201d; d) al tener por probada la aseveraci\u00f3n hecha por la demandada Alvarez L\u00f3pez en el sentido de que fue ella quien compr\u00f3 la finca \u201cPuerto Solo\u201d y que su esposo apenas hizo algunos abonos de su cuenta corriente, para lo cual estaba autorizado, cuando seg\u00fan la correspondiente escritura fue aqu\u00e9l quien la compr\u00f3 y puso a nombre de sus hijos, seg\u00fan se desprende del acervo probatorio; e) no haber advertido en el material probatorio que la separaci\u00f3n de bienes y la escrituraci\u00f3n de las fincas \u201cLas Pe\u00f1itas\u201d y \u201cPuerto Solo\u201d hecha en favor de los hijos leg\u00edtimos de Ramos Ruiz estuvo orientada a desproteger a los otros hijos de \u00e9ste, a pesar de que en relaci\u00f3n con lo \u00faltimo los testigos Rodrigo Miguel Ramos, Felipe Ramos Ruiz y otros exponen que las fincas fueran negociadas, pagadas, recibidas, pose\u00eddas y explotadas econ\u00f3micamente por Juan Andr\u00e9s. <\/p>\n
Volviendo sobre la consideraci\u00f3n del Tribunal relativa a que hay suficientes pruebas para concluir que la c\u00f3nyuge Alvarez L\u00f3pez ten\u00eda suficientes bienes de fortuna que impiden suponer que la partici\u00f3n posterior fue simulada, el impugnante manifiesta que a dicho sentenciador no le bastaba decir que \u201cexisten muchas pruebas para afirmar vagamente que no existe simulaci\u00f3n\u201d, pues su obligaci\u00f3n era analizar \u201ctodo el material probatorio y darle a cada prueba el valor que merece para finalmente apreciarlas en conjunto y fincar su decisi\u00f3n como…lo exigen los art\u00edculos 174 y 187 de nuestro estatuto procedimental civil\u201d. Acto seguido le endilga pasar por alto el indicio simulatorio consistente en haber guardado los c\u00f3nyuges en secreto el hecho de la separaci\u00f3n de bienes, incluso frente a los hermanos de Juan Andr\u00e9s; darle credibilidad solamente a los testigos de la parte demandada y encontrar sospechosos los del actor, cuando el parentesco, motivo en el que se apoya el sentenciador, no es por si solo fundamento de sospecha, tal como se desprende de la jurisprudencia citada al respecto por el censor; y haber tenido como causa justificante de la separaci\u00f3n de bienes, el embargo de la cuenta corriente de aquella causado por Ramos Ru\u00edz, lo mismo que la cancelaci\u00f3n de la cuenta corriente de \u00e9ste y el mal estado de sus negocios, cuando la verdad es que el embargo de esa cuenta (No. 0050-30051, del desaparecido Banco del Comercio) ocurri\u00f3 a\u00f1o y medio despu\u00e9s de sucederse la separaci\u00f3n (fl. 215 C. 1) y el finado Ramos Ruiz aparece a\u00fan como cuentahabiente del Banco Ganadero de Monter\u00eda (No. 612-01213-8). <\/p>\n
Se refiere por \u00faltimo la censura a lo expuesto por el Tribunal en materia de pretensiones subsidiarias, acotando que no es suficiente que \u00e9l hubiese dicho que \u201cno aparecen pruebas tendientes a demostrar que el hecho se present\u00f3, siendo, adem\u00e1s, ello imposible por la ocurrencia de la muerte de uno de los contratantes\u201d, por cuanto el sistema de la persuaci\u00f3n racional le impon\u00eda analizar individualmente primero y conjuntamente despu\u00e9s todo el material probatorio. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
En esta acusaci\u00f3n se censura la sentencia por infringir indirectamente los art\u00edculos 74, 175, 187, 203, 213, 217, 220, 229, 244, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 265, 268, 267, 269, 273, 279 del C. de P.C., 1765 y 1766 del C.C., a consecuencia de errores de hecho cometidos por el Tribunal al apreciar las pruebas. <\/p>\n
Para desarrollarlo, y una vez concreta cuales fueron las pruebas inapreciadas y apreciadas err\u00f3neamente, el recurrente manifiesta que el sentenciador no se dio a la tarea de analizar todo el material probatorio del proceso y por ello no encontr\u00f3 acreditada la simulaci\u00f3n, cuando esta brota en realidad de ese acervo, que si no vi\u00f3 aqu\u00e9l fue porque no observ\u00f3 las exigencias de los art\u00edculos 174 y 187 del C. de P.C.; que como el Tribunal no expuso razonadamente el m\u00e9rito asignado a cada prueba, ello \u201cexime a la censura\u201d de extenderse en el an\u00e1lisis de \u201ccada prueba en particular\u201d, por lo que le basta indicar simplemente \u201clas pruebas que no fueron apreciadas por el Juez de segunda instancia\u201d, como en efecto lo hizo, para que \u00e9ste incurra por ese motivo, en el yerro denunciado, circunstancia ante la cual, prosigue, la Corte \u201cqueda en amplia libertad de decidir sin limitaci\u00f3n alguna…\u201d. <\/p>\n
Expresa a continuaci\u00f3n que si dicho juzgador hubiese analizado razonadamente todas y cada una de las pruebas \u201cy las hubiera apreciado y valorado en su conjunto\u201d como lo exige la ley, habr\u00eda declarado la simulaci\u00f3n, pues aparece \u201cen documentos y fieles testimonios\u201d que los c\u00f3nyuges a\u00fan separados de bienes declaraban renta conjunta; se hac\u00edan cesiones de la misma; manejaban cuentas bancarias comunes; que Juan Andr\u00e9s Ramos jam\u00e1s se despoj\u00f3 de sus bienes, propios y sociales, ejerciendo actos de dominio sobre ellos, que la separaci\u00f3n de bienes se mantuvo en el m\u00e1s absoluto sigilo; y que el embargo de su cuenta corriente debido supuestamente a los malos negocios de Juan Andr\u00e9s s\u00f3lo se dio a\u00f1o y medio despu\u00e9s de \u201chaberse perfeccionado la simulada separaci\u00f3n\u201d; consideraciones todas esas por las que en \u00faltimas se\u00f1ala que las pretensiones de la demanda debieron haber prosperado. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se case la sentencia combatida, para que la Corte expida la que corresponda. <\/p>\n
SE CONSIDERA <\/p>\n
Los cargos que se dejan resumidos adolecen de los defectos t\u00e9cnicos, individuales y comunes, que se indican a continuaci\u00f3n y que impiden a la Corte hacer un pronunciamiento de fondo sobre la acusaci\u00f3n: <\/p>\n
1.- El primero de ellos confunde el error de hecho con el de derecho, por cuanto, censurada la sentencia por aqu\u00e9l yerro, se desarrolla diciendo que el legislador ha establecido pruebas determinadas y exclusivas para acreditar la propiedad sobre inmuebles, cr\u00e9ditos bancarios y establecimientos de comercio, muy a pesar de lo cual el Tribunal, desoyendo con tal prop\u00f3sito ese mandato, admiti\u00f3 pruebas por fuera de la tarifa legal, quebrantando preceptos que son claro fundamento del error de derecho, con lo que el cargo incurri\u00f3 en la confusi\u00f3n de esos dos yerros probatorios, toda vez que, como bien se sabe, esa conducta no estructura el de facto, generado \u00fanicamente en las siguientes hip\u00f3tesis: a) cuando el sentenciador supone prueba que no existe en el proceso; b) cuando ignora o pasa por alto la que si act\u00faa en \u00e9l; y c) cuando altera la objetividad de la prueba, ya sea adicionando su real contenido, ora mutilando lo que la misma exterioriza. <\/p>\n
2.- En la forma en que viene desarrollado el cargo segundo, \u00e9ste constituye un t\u00edpico alegato de instancia, orientado a buscar un nuevo examen global de la prueba, lo cual no se compadece con el prop\u00f3sito y disciplina t\u00e9cnica de la causal primera de casaci\u00f3n, encaminada, cuando de yerros probatorios f\u00e1cticos se trata, a que se corrijan los de naturaleza evidente en que incurri\u00f3 el juzgador. Alej\u00e1ndose de ese cometido, el cargo no explica c\u00f3mo incurri\u00f3 el ad-quem en los yerros que \u00e9l denuncia o de qu\u00e9 forma se cometieron \u00e9stos, es decir, no indica por qu\u00e9 el Tribunal dej\u00f3 de ver o vi\u00f3 equivocadamente los medios probatorios all\u00ed citados. Por ende, tampoco se ocupa en demostrarlos, como era su deber. <\/p>\n
3.- En ninguno de los dos cargos se combate la consideraci\u00f3n hecha por el Tribunal en el sentido de que los testimonios de Carlos Roberto Sotomayor Acosta, Glicerio Manuel Gonz\u00e1lez Petro y Jos\u00e9 Valent\u00edn Tapias Pacheco dan cuenta, con conocimiento de causa, de la capacidad econ\u00f3mica de la c\u00f3nyuge Augusta Emperatriz Alvarez L\u00f3pez al momento de contraer matrimonio con Juan Andr\u00e9s Ramos Ruiz; ni tampoco la que hizo en el sentido de se\u00f1alar c\u00f3mo, a consecuencia del aporte simult\u00e1neo de ambos c\u00f3nyuges, se form\u00f3 una comunidad de bienes, que con el transcurso del tiempo y las m\u00faltiples operaciones comerciales que ellos desarrollaron dio lugar a una confusi\u00f3n de los mismos, sin que exista prueba documental indicadora de cu\u00e1l de ellos reemplazaba o subrogaba al propio que sal\u00eda del patrimonio de cada c\u00f3nyuge. Si, como se sabe, la casaci\u00f3n no es una tercera instancia en la cual se tenga una oportunidad adicional para hacer un replanteamiento general de la cuesti\u00f3n probatoria, ya que el objeto de la misma es el thema decissum, al recurrente no le bastaba exponer, en orden a observar la t\u00e9cnica del recurso, que otros testigos distintos de los que tuvo en cuenta el Tribunal para reflexionar como lo hizo, hayan dado cuenta de la solvencia econ\u00f3mica exclusiva de Ramos Ruiz, sino que ha debido combatir, en primer lugar, esos soportes probatorios en que se apoy\u00f3 dicho sentenciador, y que fueron en esencia los que le permitieron deducir que la Alvarez L\u00f3pez tambi\u00e9n aport\u00f3 bienes al matrimonio, para ahora s\u00ed relacionar, como soporte adicional del ataque, las restantes pruebas indicadoras de lo contrario. <\/p>\n
4.- Por \u00faltimo, para el Tribunal no tiene importancia que la finca \u201cEl Salado\u201d hubiese sido adquirida por Ramos Ruiz con el producto de la enajenaci\u00f3n de la finca \u201cLos Limones\u201d, ya que, seg\u00fan \u00e9l, esa circunstancia no se hizo constar en la correspondiente escritura, no obstante lo cual esa consideraci\u00f3n fundamental del fallo tampoco fue combatida en ninguno de los dos cargos acumulados. Estos dejaron de atacar, entonces, consideraciones jur\u00eddicas y pruebas, lo cual se traduce en que la acusaci\u00f3n es, por dem\u00e1s, incompleta. <\/p>\n
5.- Los cargos, siendo as\u00ed, no se abren paso. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 4 de noviembre de 1993, proferida en este proceso ordinario por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda. Costas del recurso extraordinario a cargo de la parte demandante. <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
<\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
<\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
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S-067-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: NICOLAS BECHARA SIMANCAS Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Distrito Capital, veintitr\u00e9s (23) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997).- […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81503","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81503","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81503"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81503\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81503"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81503"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81503"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}