S-069-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997).- <\/p>\n
Ref: Expediente No. 4918 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante contra la sentencia de 14 de diciembre de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio en el proceso ordinario de Domingo Prieto Le\u00f3n contra Gloria Isabel Espinoza Leguizam\u00f3n. <\/p>\n
I. Antecedentes <\/p>\n
1. El proceso tuvo venero en la demanda en que el actor solicit\u00f3 que se declare nula la promesa de compraventa que suscribi\u00f3 con la demandada el 17 de mayo de 1978, y se disponga que los bienes objeto de ella vuelvan a sus respectivos due\u00f1os, \u00abmediante las restituciones mutuas\u00bb, incluyendo los frutos; y que se condene a la demandada a pagar los perjuicios dimanantes de la nulidad deprecada. <\/p>\n
2. El aspecto f\u00e1ctico de la pretensi\u00f3n, as\u00ed puede recapitularse: <\/p>\n
Consisti\u00f3 el negocio en que el demandante prometi\u00f3 vender a la demandada la finca conformada por los predios \u00abCundinamarca, Santa Rosa y San Isidro\u00bb, de extensi\u00f3n aproximada de 200 hect\u00e1reas, ubicada en la vereda Santa Teresita del municipio de Medina, especificada como aparece en el primer hecho de la demanda. El precio fue de un mill\u00f3n de pesos, que se pagar\u00eda as\u00ed: con el veh\u00edculo (bus) all\u00ed tambi\u00e9n especificado, por un valor de $500.000.oo; la suma de $200.000.oo que la demandada se comprometi\u00f3 a pagar a la Caja Agraria; y el resto en dinero en efectivo. <\/p>\n
\u00abEl plazo para dar cumplimiento al negocio era el 22 de mayo de 1978\u00bb. Pero se omiti\u00f3 indicar la notar\u00eda donde se llevar\u00eda a cabo, am\u00e9n de que el documento \u00abcarece de la tradici\u00f3n titular para hacer viable el registro de la escritura\u00bb. Y se vici\u00f3 tambi\u00e9n el contrato porque la demandada \u00abno hizo el traspaso del veh\u00edculo\u00bb, y el actor no ha podido explotarlo por \u00abno tener la documentaci\u00f3n al d\u00eda\u00bb, ocasion\u00e1ndole un \u00abtremendo lucro cesante\u00bb. <\/p>\n
3. Gloria Isabel no se opuso a la nulidad implorada y a la consiguiente restituci\u00f3n de lo que de su parte entreg\u00f3 (automotor y dinero); en cambio, pidi\u00f3 denegar la restituci\u00f3n del inmueble, \u00abporque su detentaci\u00f3n por parte de la demandada, en forma real y material, no tiene causa en el contrato sino por virtud de relaci\u00f3n jur\u00eddica con Tercero\u00bb, con fundamento en lo cual dijo excepcionar. Explic\u00f3 adicionalmente que la posesi\u00f3n material que tiene sobre la finca no le vino por efecto del convenio a anularse, sino \u00abpor compra y RECIBO DE MEJORAS hecha a Luis Antonio Beltr\u00e1n\u00bb. Y el predio denominado \u00abSamarkanda\u00bb, que hace parte del predio objeto del contrato, lo adquiri\u00f3 \u00abpor Adjudicaci\u00f3n que le hizo la Naci\u00f3n a t\u00edtulo de terreno bald\u00edo, mediante la Resoluci\u00f3n No. 1483 de 30 de noviembre de 1.988 del Incora y registrada al folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria No. 160-0019.555 de la Oficina de Registro de Gachet\u00e1\u00bb. <\/p>\n
4. Mediante sentencia de 13 de abril de 1993, el juzgado segundo civil del circuito de Villavicencio puso fin a la primera instancia, en la que declar\u00f3 la nulidad impetrada y dijo que no hab\u00eda lugar a restituciones mutuas. Y, el Tribunal Superior de Villavicencio la confirm\u00f3 al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta por el actor. <\/p>\n
5. La decisi\u00f3n del tribunal, como se dej\u00f3 dicho, fue recurrida en casaci\u00f3n por la misma parte. <\/p>\n
II. La sentencia del tribunal <\/p>\n
Historiado el litigio, puntualiz\u00f3 de entrada que el objeto de la apelaci\u00f3n en este caso no gira m\u00e1s que en torno a las prestaciones mutuas que efunden de la nulidad contractual. <\/p>\n
Aplicado a tal punto, el sentenciador record\u00f3 la jurisprudencia de la Corte seg\u00fan la cual, de conformidad con el art. 1746 del C. C., cada una de las partes devuelve a la otra \u00ablo que HA RECIBIDO como prestaci\u00f3n del contrato invalidado\u00bb. <\/p>\n
Entr\u00f3 entonces a enfatizar que la aplicaci\u00f3n de esa preceptiva legal, tiene como presupuesto necesario el que \u00ablas partes hayan cumplido con las prestaciones que el contrato anulado impon\u00eda a cada una de ellas, en el caso de la compraventa o promesa de ella, el que el vendedor haya entregado materialmente y realmente el bien objeto del contrato y el comprador pagado el precio acordado por las partes, como obligaciones principales que surgen para comprador y vendedor en esta clase de contratos\u00bb <\/p>\n
En el sub-lite -dijo- \u00abno existe constancia o prueba alguna de que las partes hubieren cumplido la promesa\u00bb. El actor no demostr\u00f3 \u00abhaber hecho entrega del inmueble a la promitente compradora\u00bb; y \u00e9sta afirm\u00f3 y demostr\u00f3 que \u00abadquiri\u00f3 la posesi\u00f3n y posterior propiedad del mismo por medios diferentes a la entrega hecha por el ahora demandante\u00bb. <\/p>\n
De donde dedujo: <\/p>\n
\u00ab… as\u00ed las cosas, pues no pod\u00eda el a quo efectuar una condena gen\u00e9rica ni concretarla en base a la suposici\u00f3n de haber cumplido las partes con las prestaciones a que se comprometieron en el contrato; n\u00f3tese que el recaudo probatorio se limit\u00f3 a las documentales tra\u00eddas y a los dict\u00e1menes periciales que nada aclaran respecto a las entregas que las partes se hubieren hecho; la demandada en el interrogatorio absuelto en esta instancia insiste en su posici\u00f3n inicial y el demandado (sic) no asisti\u00f3 al interrogatorio de parte decretado ni justific\u00f3 su inasistencia\u00bb. <\/p>\n
En el \u00fanico cargo que contiene, formulado al abrigo de la primera causal del art. 368 del c\u00f3digo de procedimiento civil, se denuncia la trasgresi\u00f3n del art\u00edculo 1746 del c\u00f3digo civil, por inaplicaci\u00f3n. <\/p>\n
El tribunal -dice el censor-, pese a que declar\u00f3 la nulidad del contrato, no decret\u00f3 \u00abla restituci\u00f3n de los bienes trabados en el proceso a su estado anterior a la convenci\u00f3n contractual a sus respectivos due\u00f1os y condenar al pago de los frutos civiles de la finca\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante explana el recurrente que el tribunal incurri\u00f3 en ese error de hecho, \u00abpor no apreciar las pruebas del proceso, por atenerse a los conceptos del a-quo, sin tomarse la molestia de asimilarlos en pro o en contra, se limit\u00f3 a reproducirlos, dejando de cumplir su misi\u00f3n revisora del fallo recurrido\u00bb. No apreci\u00f3 la contestaci\u00f3n de la demanda \u00abque no objeta el que no tenga la finca la demandada, sino que no la quiere entregar porque ya se la hizo adjudicar\u00bb; tampoco vio la inspecci\u00f3n judicial con peritaci\u00f3n, en la que se constat\u00f3 la detentaci\u00f3n de la finca por parte de Gloria Isabel, quien aparece usufructu\u00e1ndola. Para el recurrente, esto \u00faltimo es \u00abprueba palmaria\u00bb de que el actor s\u00ed le entreg\u00f3 la finca; pues se pregunta a s\u00ed: \u00abSi la demandada est\u00e1 cosechando la finca negociada, no demuestra que mi cliente se la entreg\u00f3?. Sin embargo, el tribunal dice que no hay prueba de dicha entrega. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Como puede verse, el recurrente aspira a que le sea entregada la finca por v\u00eda de las \u201crestituciones mutuas\u201d que en su criterio deben derivarse como consecuencia de la nulidad de la promesa. A lo cual cumple precisar ante todo que si, como es exacto, la promesa de contrato apenas s\u00ed genera una obligaci\u00f3n de hacer, traducida en la celebraci\u00f3n posterior del contrato prometido, necesariamente hay que convenir en que la nulidad de ella no tiene por efecto propio sino hacer que desaparezca ese v\u00ednculo obligacional. La naturaleza misma de la obligaci\u00f3n que de all\u00ed brota, pues, est\u00e1 diciendo que, en caso de nulidad de la promesa, no es de la esencia concepto restitutorio alguno, porque la secuela de ella no ir\u00e1 m\u00e1s all\u00e1 de entender simplemente que ya para las partes dej\u00f3 de ser imperioso el tener que celebrar el contrato que tuvieron en mira. <\/p>\n
<\/p>\n
Otra cosa es que las partes acuerden en la promesa, como cosa de m\u00e1s, anticipar algunos efectos propios del contrato que prometen celebrar en el futuro, porque entonces, ante la nulidad de la promesa, es de recibo hablar de que los prometientes deban restituirse lo que hayan recibido en virtud de ella, precisamente cuando decidieron cumplir anteladamente algunas prestaciones. <\/p>\n
De lo cual resulta, como fiel trasunto, que es necesario recordar una vez m\u00e1s que no puede refundirse la obligaci\u00f3n propia de la promesa con las que surgen del contrato prometido. Anular una promesa de compraventa no es lo mismo, para efectos de restituciones mutuas, que anular la compraventa misma. <\/p>\n
Hecha la anterior aclaraci\u00f3n, mem\u00f3rase que la raz\u00f3n que adujo el tribunal para no decretar las restituciones mutuas, fue la carencia de pruebas que le indicasen que las partes hubiesen entregado algo con ocasi\u00f3n del contrato anulado. <\/p>\n
Y vale la pena subrayar que dicha afirmaci\u00f3n la mantuvo auncuando vio que la demandada ten\u00eda la finca en su poder; lo que ocurri\u00f3 fue que no hall\u00f3 prueba de que tal detentaci\u00f3n hubiese devenido por entrega que le hiciera el prometiente vendedor; y s\u00ed, en cambio, que devino por v\u00eda diferente, conforme a lo que aleg\u00f3 la demandada al descorrer el traslado. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n obligada de lo anterior es que el sentenciador, contra lo que acusa el recurrente, s\u00ed vio que Gloria Isabel estaba en posesi\u00f3n de la finca. M\u00e1s que esto: lo vio a trav\u00e9s de la contestaci\u00f3n de la demanda y la inspecci\u00f3n judicial practicada con peritaci\u00f3n, justamente las pruebas en que se apoya el censor. <\/p>\n
Es errada, pues, la formulaci\u00f3n del cargo, en cuanto enfil\u00f3 bater\u00edas respecto de un punto totalmente inexacto. Y, por contraste, dej\u00f3 de lado el proponer un ataque id\u00f3neo en casaci\u00f3n, comprendiendo naturalmente el argumento basilar del ad quem, que consisti\u00f3 en que tal posesi\u00f3n, -que s\u00ed vio, rep\u00edtese-, carec\u00eda de virtualidad para entender que el actor hab\u00edale entregado la finca a la demandada. Para decirlo en breve, demostrar que, contra lo que dijo el sentenciador, \u00e9l s\u00ed efectu\u00f3 dicha entrega. <\/p>\n
Y el ataque id\u00f3neo no puede estar en la aseveraci\u00f3n de que si la demandada tiene la finca, es porque el actor se la entreg\u00f3. Pues que se trata de una deducci\u00f3n sin ning\u00fan soporte l\u00f3gico, comoquiera que la relaci\u00f3n de causa a efecto resulta asaz deleznable; tanto menos si, como lo dijo el propio tribunal, en el expediente obra prueba es de lo contrario: que Gloria Isabel entr\u00f3 en poder de la finca por \u201cmedios diferentes\u201d. Y much\u00edsimo menos que en esa afirmaci\u00f3n quepa un error de hecho, con las connotaciones que requiere la casaci\u00f3n. <\/p>\n
No prospera el cargo. <\/p>\n
IV. Decisi\u00f3n <\/p>\n
En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de 14 de diciembre de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio en este proceso de Domingo Prieto Le\u00f3n contra Gloria Isabel Espinosa Leguizam\u00f3n. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo del impugnante. T\u00e1sense. <\/p>\n
Notif\u00edquese y oportunamente devu\u00e9lvase al tribunal de procedencia. <\/p>\n
<\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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S-069-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997).- Ref: Expediente No. 4918 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81505","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81505","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81505"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81505\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81505"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81505"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81505"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}