S-071-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente : <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Distrito Capital, doce (12) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997).- <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 4900 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 10 de noviembre de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en este proceso ordinario adelantado por LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- contra AVICOLA LETICIA LIMITADA. <\/p>\n
Antecedentes: <\/p>\n
1.- Por demanda presentada al Juzgado Civil del Circuito de Leticia, La Naci\u00f3n solicit\u00f3 que se declarase que ella es due\u00f1a o propietaria del bien inmueble descrito por su ubicaci\u00f3n y linderos en el libelo incoatorio, y en consecuencia, se condenara a Av\u00edcola Leticia Limitada a restitu\u00edrselo, junto con los frutos civiles y naturales que la demandada hubiere percibido en su condici\u00f3n de poseedora de mala fe, y se le condenara en las costas del proceso. <\/p>\n
2.- La demandante apoy\u00f3 sus pretensiones en los hechos siguientes : <\/p>\n
a) Que por acuerdo No. 018 de 26 de octubre de 1971, el Concejo Municipal de Leticia \u201cle adjudic\u00f3\u201d a la Naci\u00f3n con destino a la Armada Nacional, unos lotes situados en jurisdicci\u00f3n de Leticia, acuerdo que fue protocolizado mediante escritura No. 116 de 13 de diciembre de 1971 en la notar\u00eda de dicha ciudad, y su tradici\u00f3n registrada en el Libro 1o. p\u00e1gina 37, No. 89, el 16 de diciembre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
<\/p>\n
b) Que desde 1971 la Armada Nacional construy\u00f3 el APOSTADERO FLUVIAL ARC LETICIA, cuyo objetivo principal es el patrullaje de los r\u00edos fronterizos, estando el inmueble asignado a un servicio p\u00fablico fundamental, el de la defensa nacional. <\/p>\n
c) Que desde hace varios a\u00f1os la sociedad demandada \u00abha venido poseyendo contra la voluntad de la Naci\u00f3n un lote de terreno que forma parte de los adjudicados por el Municipio de Leticia…\u00bb. <\/p>\n
3.- Enterada la sociedad demandada de las pretensiones de la demandante, en el escrito de contestaci\u00f3n a la demanda se opuso a ellas, respondi\u00f3 a cada uno de los hechos manifestando que el primero se infer\u00eda de la copia de la Resoluci\u00f3n aportada, que el segundo no le constaba y no ser ciertos los restantes; formul\u00f3 como excepciones de fondo las de falta de los requisitos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n reivindicatoria y falta de identidad del inmueble materia de la reivindicaci\u00f3n; finalmente solicit\u00f3 la citaci\u00f3n de RAFAEL PERDOMO ALVIRA Y LIDIA WANDURRAGA DE PERDOMO, manifestando que ellos son los verdaderos poseedores del inmueble ocupado por la Granja Av\u00edcola Leticia. En escrito separado propuso incidente de excepciones previas, el cual le fue despachado adversamente. <\/p>\n
4.- La primera instancia termin\u00f3 con sentencia de 23 de julio de 1993, que declar\u00f3 infundadas las excepciones de m\u00e9rito, accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n reivindicatoria condenando a la demandada a restituir el inmueble materia de la controversia, empero, la absolvi\u00f3 de la obligaci\u00f3n de restituir los frutos, declar\u00f3 que la demandante no estaba obligada a indemnizar las expensas necesarias, neg\u00f3 el reconocimiento de mejoras, autoriz\u00f3 a la demandada para llevarse los materiales de las mejoras y conden\u00f3 a \u00e9sta en las costas del proceso. <\/p>\n
5.- Inconforme la demandada con lo as\u00ed resuelto, recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n, habiendo culminado el segundo grado con fallo de 10 de noviembre de 1993, confirmatorio del proferido por el a quo, contra el cual la misma parte interpuso el recurso de casaci\u00f3n, que por estar tramitado procede la Corte a decidirlo. <\/p>\n
La Sentencia Impugnada: <\/p>\n
El Tribunal, para confirmar la decisi\u00f3n del juzgador de primer grado, quien accedi\u00f3 a la reivindicaci\u00f3n, dej\u00f3 sentado que se acreditaron los elementos que estructuran la acci\u00f3n reivindicatoria; al respecto hizo las siguientes reflexiones: <\/p>\n
a) Que la escritura p\u00fablica No. 116 de 13 de diciembre de 1971 de la Notar\u00eda Unica de Leticia, \u201cmediante la cual se protocoliz\u00f3 el Acuerdo No. 018 del 26 de octubre de 1971 del Concejo Municipal de Leticia, por el cual se destinaron a \u2018favor de la Naci\u00f3n, Ministerio de Defensa, Armada Nacional y para el servicio del Apostadero Naval que aqu\u00ed funciona, los PREDIOS UNO a SIETE localizados en el plano topogr\u00e1fico adjunto a esta Resoluci\u00f3n\u2019,….\u00bb, y el certificado del Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Leticia en donde figura registrada dicha escritura p\u00fablica, ponen de presente que la demandante es propietaria del inmueble objeto de la reivindicaci\u00f3n, que \u00abes apenas una parte del PREDIO UNO que se identifica en la demanda\u00bb, dominio que es anterior a la posesi\u00f3n de la demandada (subrayas de la Corte). <\/p>\n
b) Que no se prob\u00f3 que el Acuerdo Municipal No. 018 del 26 de octubre de 1971 del Concejo Municipal de Leticia hubiere sido declarado ilegal por la autoridad contencioso administrativa. <\/p>\n
c) Que la identidad del bien qued\u00f3 suficientemente acreditada en el caudal probatorio. <\/p>\n
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d) Que la suma o agregaci\u00f3n de posesiones sobre inmuebles requiere de escritura p\u00fablica, la cual no existe en el proceso. <\/p>\n
e) Que Julio Rengifo G. utiliz\u00f3 los lagos existentes en terrenos bald\u00edos de la Naci\u00f3n, como simple tenedor y no como poseedor. <\/p>\n
f) Que por ser la demandada poseedora de mala fe no tiene derecho a que se le abonen las mejoras \u00fatiles existentes en el inmueble objeto del litigio. <\/p>\n
El Recurso de Casaci\u00f3n: <\/p>\n
Dentro del \u00e1mbito de la causal primera de casaci\u00f3n, la parte recurrente formula tres cargos contra la sentencia del Tribunal, los cuales se despachar\u00e1n conjuntamente, dada su \u00edntima conexi\u00f3n. <\/p>\n
Resumen de los cargos: <\/p>\n
I. En el cargo primero se acusa la sentencia de haber infringido indirectamente los art\u00edculos 946, 947, 950, 961, 962 y 966 del C\u00f3digo Civil, por aplicaci\u00f3n indebida, y 762 ib\u00eddem, por falta de aplicaci\u00f3n, como consecuencia de error evidente de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
I.1. En la fundamentaci\u00f3n del cargo se le imputan al sentenciador los siguientes yerros de apreciaci\u00f3n: <\/p>\n
1\u00b0 El Tribunal, sin tomarse el esfuerzo de leer qu\u00e9 dice la escritura No. 116 del 13 de diciembre de 1.971, concluy\u00f3 que con la copia que de esta se adujo y con el certificado de registro, aparece demostrado que la Naci\u00f3n ostenta el derecho de dominio que invoca; no obstante que el sentenciador vio que dicho instrumento s\u00f3lo contiene la protocolizaci\u00f3n del citado acuerdo No. 018 del Concejo municipal de Leticia, por medio del cual los predios que all\u00ed se singularizan se destinaron en favor de La Naci\u00f3n – Ministerio de Defensa – Armada Nacional y para el servicio del Apostadero Naval; erradamente dedujo que por medio de ese acto del Concejo se transfiri\u00f3 a la Naci\u00f3n el derecho de propiedad de los mencionados inmuebles, siendo que en \u00e9l solamente les dio destinaci\u00f3n especial a favor de la Naci\u00f3n; es decir, cometi\u00f3 evidente error de hecho al hacerle decir a esos documentos lo que ellos no expresan. <\/p>\n
2\u00b0 Pasa por alto el fallador que el art\u00edculo quinto del mencionado Acuerdo 018 dispuso que \u201cpara los efectos legales consiguientes autor\u00edzase al Personero Municipal para que eleve a escritura p\u00fablica esta providencia\u201d; as\u00ed dej\u00f3 de ver que \u00e9sta escritura no aparece y que la escritura No. 116 de protocolizaci\u00f3n del Acuerdo del Concejo no se le puede equiparar; por consiguiente, al deducir el Tribunal, sin existir la escritura de enajenaci\u00f3n o adjudicaci\u00f3n otorgada por el Personero de Leticia, que con la escritura de protocolizaci\u00f3n unida al certificado de registro, la Naci\u00f3n prob\u00f3 dominio, incurri\u00f3 en manifiesto error de hecho. <\/p>\n
I.2. Afirma el casacionista que si el Tribunal no hubiera incurrido en los citados yerros f\u00e1cticos, no habr\u00eda concluido equivocadamente que est\u00e1 acreditado el dominio de la demandante, ni accedido a la reivindicaci\u00f3n; al proceder como hizo, infringi\u00f3 las normas sustanciales a que se contrae el cargo. Por consiguiente, pide que se case el fallo atacado, se revoque el de primera instancia, y que, en su lugar, se denieguen las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
II. En el cargo tercero, se denuncia la infracci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 946, 947, 950, 961, 962,y 966, dos incisos finales, del C. C., por aplicaci\u00f3n indebida; y el art\u00edculo 762 ib, por falta de aplicaci\u00f3n; como consecuencia de error de derecho al darle valor de prueba del dominio a la escritura p\u00fablica No. 116 de 13 de diciembre de 1971 corrida ante el Notario de Leticia y al certificado del Registrador de all\u00ed, con quebranto medio de los art\u00edculos 256 y 265 del C. de P.C. y del art\u00edculo 43 del decreto 1250 de 1970. <\/p>\n
Explica el censor que el derecho real de dominio sobre inmuebles se acredita con la copia de la escritura p\u00fablica de adquisici\u00f3n debidamente registrada, y que el sentenciador le dio valor de tal a la citada escritura p\u00fablica 116, inscrita en la Oficina de Registro, siendo que no se refiere a transferencia de propiedad inmueble sino meramente a la protocolizaci\u00f3n del mentado Acuerdo del Concejo Municipal, y mediante el cual simplemente se destinan en favor de la Naci\u00f3n unos predios; el Acuerdo no expresa que se transfiere en favor de la Naci\u00f3n el derecho de dominio o que se le ceden en propiedad los mismos; incurri\u00f3 el sentenciador en yerro al darle valor de prueba del dominio a documentos que solo hablan de destinaci\u00f3n de ellos al servicio de un Apostadero Naval, d\u00e1ndose las violaciones de medio y sustanciales que rese\u00f1a el cargo. <\/p>\n
III. En el cargo segundo se acusa la sentencia del Tribunal porque a causa de evidentes errores de hecho indirectamente quebrant\u00f3, por aplicaci\u00f3n indebida, el art\u00edculo 966 del C. Civil, en sus dos \u00faltimos incisos; y los art\u00edculos 965 y 966 ib. en los tres primeros incisos, por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
Afirma el impugnante que el sentenciador con el argumento de que la demandada sab\u00eda que los terrenos donde funcionaba la granja av\u00edcola eran de la naci\u00f3n la declar\u00f3 poseedora de mala fe. A ese respecto cometi\u00f3 los siguientes yerros f\u00e1cticos de apreciaci\u00f3n probatoria: <\/p>\n
a) Dej\u00f3 de ver que la Naci\u00f3n no tiene t\u00edtulo de dominio. En el punto el recurrente se apoya en argumentos similares a los que refiri\u00f3 en los otros cargos. <\/p>\n
b) Pas\u00f3 por alto que el mencionado Acuerdo del Concejo Municipal de Leticia declar\u00f3 que quedaban a paz y salvo los derechos adquiridos por terceros. <\/p>\n
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c) Dej\u00f3 de ver la constancia de compraventa (C. 3, fl. 3) en que el vendedor declara que las mejoras e instalaciones que vende las plant\u00f3 en terrenos bald\u00edos; la diligencia de exhibici\u00f3n y los documentos presentados en ella (C. 5, fls. 15, 16 y 18), especialmente el del \u00faltimo folio que contiene la solicitud de ocupaci\u00f3n de terrenos bald\u00edos nacionales, que son los aqu\u00ed ocupados, y el permiso oficial para ocuparlos, el cual se transcribe en el cargo. <\/p>\n
d) No vio las declaraciones de Alvaro Romero, Benjam\u00edn Clavijo, Jos\u00e9 Carlos Romero, Isaac Duarte, Enrique Mari\u00f1o y Carlos Eduardo Pardo (C. 5, fls. 18 a 21), que hablan de que los terrenos donde funciona la Av\u00edcola fueron pose\u00eddos inicialmente, desde 1964, por Julio Zen\u00f3n Rengifo, luego por Juli\u00e1n Clavijo C\u00e1rdenas y \u00faltimamente por la demandada, en cadena ininterrumpida de sucesores. <\/p>\n
Estima el recurrente que el estudio conjunto de las pruebas antes indicadas permite concluir que la ocupaci\u00f3n de los terrenos por parte de la demandada se inici\u00f3 por Julio Zen\u00f3n Rengifo en enero de 1964, con autorizaci\u00f3n concedida por el Comisario de Amazonas, cuando esas tierras eran bald\u00edos nacionales y cuando la Naci\u00f3n no hab\u00eda sido favorecida a\u00fan con la destinaci\u00f3n a que se refiere el Acuerdo del Concejo de Leticia, hecho este que sucedi\u00f3 apenas en 1971, cuando ya estaba ocupada la parcela objeto de reivindicaci\u00f3n; en esas circunstancias estima el censor que no puede catalogarse como de mala fe la posesi\u00f3n de la demandada, pues ellas hablan de lo contrario. <\/p>\n
Por lo tanto al pasar por alto el fallador esos antecedentes cometi\u00f3 los yerros que se le imputan, a consecuencia de los cuales neg\u00f3 el reconocimiento de expensas y mejoras a que tiene derecho el poseedor vencido. <\/p>\n
Se Considera: <\/p>\n
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1.- Es conocido que con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n se puede denunciar la violaci\u00f3n de las normas sustanciales de una de dos maneras, por esencia inconfundibles a la par que incompatibles: por v\u00eda directa, caso en el cual el quebranto implica por parte del fallador la comisi\u00f3n de un yerro estrictamente jur\u00eddico, o sea con absoluta prescindencia de la cuesti\u00f3n de los hechos y de su prueba tal y como fueron apreciados en el fallo acusado, a cuyo respecto existe plena conformidad del impugnante; o por v\u00eda indirecta, que es la que se debe escoger cuando el vicio de juicio del sentenciador proviene de la apreciaci\u00f3n equivocada o de la falta de apreciaci\u00f3n de las pruebas que sustentan la cuesti\u00f3n litigiosa; ello se traduce en la comisi\u00f3n de dos especies de error: 1o. de hecho, que ata\u00f1e a la contemplaci\u00f3n objetiva de la prueba y ocurre, por suposici\u00f3n, cuando el fallador da por demostrado un hecho sin existir su demostraci\u00f3n o por haber adicionado el contenido de las pruebas que obran en el proceso; o, por preterici\u00f3n, cuando no lo da por acreditado a pesar de estarlo o por haber restringido o mermado el alcance de los medios de convicci\u00f3n; 2o. error de derecho, el que se presenta cuando el fallador aprecia las pruebas aducidas en el proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su aceptaci\u00f3n, producci\u00f3n y apreciaci\u00f3n; aqu\u00ed la falla recae, entonces, sobre la contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de la prueba y supone el quebranto de normas de disciplina probatoria. <\/p>\n
2.- Importa recordar los conceptos anteriores porque en este caso no se presenta ninguno de los errores de apreciaci\u00f3n probatoria denunciados por el casacionista, ni el de hecho descrito en los cargos primero y segundo, ni el de derecho descrito en el cargo tercero; de otra parte, es evidente que si alg\u00fan desacierto se cometi\u00f3 en la forma como fue definida la cuesti\u00f3n por el fallador, esta no podr\u00eda ser sino de estricta \u00edndole jur\u00eddica, por lo que, cual luego se ver\u00e1, s\u00f3lo ser\u00eda admisible su confrontaci\u00f3n si se hubiera acudido a la v\u00eda directa, en cuanto ata\u00f1e con el valor que en derecho le dio el sentenciador al Acuerdo del Concejo Municipal como medio sustancialmente id\u00f3neo para transferir a la Naci\u00f3n el dominio sobre un bien del municipio de Leticia; es decir, la controversia m\u00e1s que dimanante de la desfiguraci\u00f3n de los medios de prueba o del quebranto de normas de orden probatorio toca con la eficacia de la relaci\u00f3n sustancial incluida en ese acto administrativo, lo que ser\u00eda bastante para la desestimaci\u00f3n integral de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
3.- En efecto, desde el punto de vista probatorio es incuestionable que el Tribunal despu\u00e9s de decir que entre los elementos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n reivindicatoria se halla el \u201cderecho de dominio del demandante\u201d, lo encuentra demostrado basado en que a folios 24 a 28 del C. principal obra copia aut\u00e9ntica de la escritura p\u00fablica No. 116 de 13 de diciembre de 1971, por cuyo conducto se protocoliz\u00f3 el Acuerdo No. 018 de 26 de octubre de 1971, por el cual se destinaron a favor de la Naci\u00f3n, Ministerio de Defensa, Armada Nacional, y para el servicio de Apostadero Naval, varios predios o inmuebles, entre los que se encuentra el que es objeto del presente litigio. Inclusive el Tribunal transcribi\u00f3 exactamente y en lo pertinente el texto de la nombrada escritura; advirti\u00f3 sin ambages que por medio de este instrumento p\u00fablico se protocoliz\u00f3 el citado Acuerdo Municipal e insert\u00f3 el aparte en que se indica que por medio de \u00e9ste se decidi\u00f3 destinar en favor de la Naci\u00f3n el inmueble disputado; por consiguiente, el Tribunal, como enseguida se ver\u00e1, no cometi\u00f3 los yerros probatorios que se le atribuyen. <\/p>\n
3.1.- No err\u00f3 de hecho particularmente en relaci\u00f3n con el Acuerdo N\u00b0 018 porque habiendo constatado la presencia f\u00edsica de \u00e9ste en los autos, no le hizo decir lo que en verdad no indica, pues a diferencia de lo que en tal sentido pregona la acusaci\u00f3n dicho sentenciador si apreci\u00f3, y as\u00ed lo asever\u00f3 con claridad, que por ese Acuerdo \u201c…se destinaron a favor de la Naci\u00f3n…\u201d Los predios uno a siete localizados en el plano topogr\u00e1fico a que alude en su fallo. De manera que cuando el sentenciador concluy\u00f3 que la Naci\u00f3n era due\u00f1a del predio materia de la acci\u00f3n reivindicatoria, no fue por advertir, como lo da a entender la censura, que en ese Acuerdo N\u00b0 018 se le hubiese ADJUDICADO ese bien a la Naci\u00f3n, porque bien claro lo dej\u00f3 dicho en su fallo que mediante tal acto del Concejo Municipal los predios uno a siete \u201c…se destinaron a favor de la Naci\u00f3n…para servicio de Apostadero Naval…\u201d, no que esa afectaci\u00f3n se hubiese efectuado a otro t\u00edtulo. <\/p>\n
Si el Tribunal, no obstante ver correctamente que por conducto del Acuerdo N\u00b0 018 simplemente \u201cse destinaron\u201d pero no se \u201cadjudicaron\u201d esos predios a la Naci\u00f3n, concluy\u00f3 y as\u00ed lo dijo adem\u00e1s que con la escritura N\u00b0 116 que protocoliz\u00f3 ese Acuerdo y la certificaci\u00f3n de su registro en la Oficina del ramo aquella acredit\u00f3 dominio para reivindicar, no fue entonces porque se apart\u00f3 de la fidelidad objetiva de la prueba sino porque vi\u00e9ndola tal como ella aparece encontr\u00f3 que ese era el alcance sustancial de la relaci\u00f3n jur\u00eddica que dan cuenta esos documentos. As\u00ed pues, si en alg\u00fan desacierto incurri\u00f3 el Juzgador ad quem al sacar la conclusi\u00f3n en comento, \u00e9ste estar\u00eda localizado estrictamente en el plano del error jur\u00eddico; conclusi\u00f3n con la que si la sociedad recurrente estaba en desacuerdo ha debido atacarla en casaci\u00f3n mediante la acusaci\u00f3n directa de las normas se\u00f1aladas como infringidas. <\/p>\n
Es por eso que si, cual lo aduce la censura, el Tribunal dedujo de la copia de la escritura N\u00b0 116 y del certificado del Registrador que la Naci\u00f3n es titular del dominio no obstante que vio que aqu\u00e9l instrumento s\u00f3lo contiene la protocolizaci\u00f3n del Acuerdo N\u00b0 018 por medio del cual el Concejo Municipal de Leticia destin\u00f3 los predios all\u00ed singularizados para servicio de apostadero Naval, ello significa simplemente que el sentenciador otorg\u00f3 por si mismo a ese acto de \u201cdestinaci\u00f3n\u201d del Concejo entidad suficiente para constituir un t\u00edtulo traslaticio de dominio en favor de la Naci\u00f3n, pero no que en vez de ver \u201cdestinaci\u00f3n\u201d hubiese apreciado en \u00e9l \u201cadjudicaci\u00f3n\u201d como adulteraci\u00f3n material de la prueba, porque tal cosa no ocurri\u00f3. <\/p>\n
Por lo mismo, rep\u00edtese una vez m\u00e1s, si el Tribunal -cual lo pregona adicionalmente la acusaci\u00f3n- dedujo, sin existir escritura de \u201cenajenaci\u00f3n\u201d o \u201cadjudicaci\u00f3n\u201d otorgada por el personero de Leticia, que con la escritura de protocolizaci\u00f3n N\u00b0 116 unida al certificado de registro prob\u00f3 dominio la Naci\u00f3n, no fue en todo caso porque hubiese visto erradamente la presencia de esos actos de disposici\u00f3n (enajenaci\u00f3n o adjudicaci\u00f3n) en el Acuerdo del Concejo, sino porque le dio connotaci\u00f3n jur\u00eddica de tal a la simple \u201cdestinaci\u00f3n\u201d que apreci\u00f3 a cabalidad en ese Acuerdo, comportamiento con el cual no supuso ni alter\u00f3 en verdad la objetividad de las pruebas. <\/p>\n
3.2.- Tampoco err\u00f3 de hecho el Tribunal al apreciar particularmente el art\u00edculo quinto del Acuerdo N\u00b0 018 y pasar por alto, como tambi\u00e9n lo sostiene la censura, que \u201cpara los efectos legales consiguientes autor\u00edzase al Personero Municipal para que eleve a escritura p\u00fablica esta providencia\u201d y al no ver, adicionalmente, que dicha escritura no aparece en el proceso y que la N\u00b0 116 no se le puede equiparar, pues si contemplado en su materialidad ese Acuerdo no es posible determinar con precisi\u00f3n la naturaleza del acto jur\u00eddico que habr\u00eda de contener la \u201cescritura p\u00fablica\u201d que conforme a ese Acuerdo N\u00b0 018 deb\u00eda elevar el Personero Municipal, tampoco podr\u00eda sostenerse con la debida exactitud que la de protocolizaci\u00f3n distinguida con el N\u00b0 116 no fue en todo caso a la que all\u00ed se hizo alusi\u00f3n, m\u00e1s cuando la citada autorizaci\u00f3n al Personero fue concretamente para elevar \u201ca escritura p\u00fablica esta providencia\u201d lo que en efecto aconteci\u00f3 con el otorgamiento de la escritura acabada de mencionar. Lo anterior se traduce en que si al tenor del propio contenido de ese Acuerdo la se\u00f1alada escritura 116 est\u00e1 revestida de la probabilidad de haber sido la \u201cescritura p\u00fablica\u201d a que en aqu\u00e9l se hizo referencia, debe descartarse entonces el yerro f\u00e1ctico evidente denunciado por el recurrente, porque \u00e9ste no podr\u00eda estar fundado en la duda sino en la certeza. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en los t\u00e9rminos explicados en los p\u00e1rrafos precedentes, tampoco cambia la situaci\u00f3n jur\u00eddica que en ellos se ha puesto de relieve ante la circunstancia de que el sentenciador no se haya percatado de que en el art\u00edculo quinto del citado Acuerdo Municipal se dispuso que \u201c…para los efectos legales consiguientes autor\u00edzase al Personero Municipal para que eleve a Escritura P\u00fablica esta providencia\u00bb; pues esa supuesta deficiencia probatoria muestra, a la vez que permite reafirmar, que para el Tribunal justamente el t\u00edtulo de dominio de la Naci\u00f3n emana es del Acuerdo del Concejo, y que estando este en todo caso protocolizado por medio de escritura p\u00fablica debidamente registrada consider\u00f3 que se transmiti\u00f3 v\u00e1lidamente el dominio. <\/p>\n
<\/p>\n
3.3.- Tampoco puede predicarse el error de derecho de apreciaci\u00f3n probatoria que describe el cargo tercero, en tanto y en cuanto la prueba de escritura p\u00fablica por medio de la cual se protocoliz\u00f3 el Acuerdo Municipal fue aportada con la demanda, fue decretada oportunamente y fue apreciada en los exactos t\u00e9rminos probatorios que representa, o sea como instrumento que sirvi\u00f3 para protocolizar un Acuerdo Municipal por medio del cual se destinaron unos bienes a la Naci\u00f3n, siendo este acto administrativo el que en sentir del sentenciador implica titulo traslaticio de dominio; desde esa perspectiva, no aflora el quebranto de ninguna norma de disciplina probatoria. <\/p>\n
4.- Distinto de lo anterior es, pues, que se quiera disputar el valor jur\u00eddico intr\u00ednseco del Acuerdo Municipal de destinaci\u00f3n de unos bienes del municipio de Leticia, lo cual ciertamente no es dable plantear meramente sobre la base de la idoneidad o inidoneidad legal de la prueba de la escritura p\u00fablica, por el solo hecho de ser esta unicamente de protocolizaci\u00f3n de dicho Acuerdo, como pretende el casacionista; el asunto en verdad tiene otro calado, pues en el fondo lo que ha sucedido es que el fallador le dio valor de t\u00edtulo traslaticio de dominio al Acuerdo Municipal, m\u00e1s que al instrumento p\u00fablico cuestionado, y si dicho acto administrativo es o no suficiente para producir ese efecto es cuesti\u00f3n de car\u00e1cter netamente jur\u00eddico y, por lo tanto, desborda el hecho de que en la forma se haya dado por sentada la prueba de dominio del demandante; en ese sentido, el punto del que se trata \u00fanicamente pod\u00eda ser controvertido en el \u00e1mbito de la causal primera de casaci\u00f3n y mediante la denuncia de la infracci\u00f3n directa de la ley sustancial, v\u00eda a la cual en verdad el impugnante no acudi\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
5.- En relaci\u00f3n con el cargo segundo, la Corte tambi\u00e9n debe despacharlo desfavorablemente, pues uno de los puntales en que se apoya la acusaci\u00f3n se hace consistir precisamente en que se encontr\u00f3 a los demandados como poseedores de mala fe frente a la Naci\u00f3n, no obstante que esta carece de t\u00edtulo de dominio; reparo sobre el cual fracasaron las acusaciones expuestas en los otros cargos. <\/p>\n
De otro lado, el argumento central por el cual el sentenciador tilda a los demandados de ser poseedores de mala fe, para los efectos de las restituciones mutuas, se reduce a que estos conoc\u00edan y ten\u00edan plena conciencia de que el predio donde funcionan las instalaciones av\u00edcolas era de propiedad de la naci\u00f3n, lo que dedujo del documento de contrato de venta (C. 3, fl. 3) donde aparece que Juli\u00e1n Benjam\u00edn Clavijo le vendi\u00f3 el inmueble a Rafael Perdomo Alvira y Lilia Wandurraga de Perdomo, en cuanto en \u00e9l se aludi\u00f3 a que las mejoras que el primero estableci\u00f3 en la Granja Av\u00edcola fueron construidas \u201csobre terrenos bald\u00edos nacionales\u201d; adem\u00e1s, se\u00f1ala el ad quem que los compradores constituyeron en 1980 la sociedad aqu\u00ed demandada; todo lo cual en su sentir explica el pleno conocimiento que esta ten\u00eda de la verdadera situaci\u00f3n jur\u00eddica del inmueble. Ya antes tambi\u00e9n hab\u00eda dicho el fallador que la demandada no puede agregar a la suya la posesi\u00f3n de sus antecesores – iniciada desde 1964 – por no existir t\u00edtulo que obre en escritura p\u00fablica que permita hacer ese enlace. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, pronto se ve que el impugnante no combate en su totalidad las apreciaciones probatorias que el sentenciador hizo sobre el punto, y que en lo que formula reparo no le asiste ninguna raz\u00f3n. En efecto, el impugnante guarda silencio sobre el hecho de que el Tribunal no haya considerado la posesi\u00f3n de los antecesores, y no obstante ello insiste en fijar su atenci\u00f3n en que quien le vendi\u00f3 a los que ahora son socios de la sociedad demandada hizo alusi\u00f3n, en el respectivo contrato de venta, a que las mejoras por \u00e9l implantadas lo fueron en terrenos bald\u00edos nacionales, y en que en 1964 el se\u00f1or Julio Z. Rengifo, antecesor del nombrado vendedor, obtuvo permiso oficial – provisional y a t\u00edtulo de experimentaci\u00f3n – para ocupar esos terrenos bald\u00edos; cuando todo esto indica justamente que los inmuebles eran de la Naci\u00f3n y que de ello ten\u00edan pleno conocimiento los demandados, que es finalmente el hecho en que se funda la mala fe del poseedor vencido que hall\u00f3 demostrada el sentenciador. <\/p>\n
Ahora bien, si el fallador dej\u00f3 sentado que la demandada no pod\u00eda prevalerse de la situaci\u00f3n de los poseedores anteriores para apuntalar sus posibles derechos – hecho no controvertido -, carece de relievancia que los testigos se refieran a la posesi\u00f3n que en su momento inici\u00f3 el se\u00f1or Julio Zen\u00f3n Rengifo, la que por si misma tampoco excluye el hecho de que la posesi\u00f3n hubiera sido de mala fe. Tampoco tiene significaci\u00f3n la circunstancia de que en el Acuerdo del Concejo Municipal se haya dicho que \u201cquedan a paz y salvo los derechos adquiridos por terceros\u201d, expresi\u00f3n que resulta insustancial frente a la sociedad demandada, quien ni siquiera explica en qu\u00e9 consiste el derecho adquirido por ella o por sus antecesores. <\/p>\n
En esas circunstancias, entonces, el censor no ha logrado desquiciar la prueba de la posesi\u00f3n de mala fe con apoyo en la cual el Tribunal dispuso las restituciones mutuas en la forma que lo hizo. <\/p>\n
6.- S\u00edguese de lo dicho que ninguno de los cargos propuestos puede prosperar. <\/p>\n
Decisi\u00f3n: <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 10 de noviembre de 1993 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso arriba referido. <\/p>\n
Costas en el recurso de casaci\u00f3n a cargo de la parte recurrente. En su oportunidad ser\u00e1n tasadas. <\/p>\n
C\u00f3piese y notif\u00edquese. <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
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S-071-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente : NICOLAS BECHARA SIMANCAS Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Distrito Capital, doce (12) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997).- […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81507","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81507","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81507"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81507\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81507"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81507"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81507"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}