S-074-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. JOS\u00c9 FERNANDO RAM\u00cdREZ G\u00d3MEZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 4671 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante RAMON PALACIO BETTER contra la sentencia del 23 de agosto de 1993, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso ordinario instaurado por el recurrente contra el INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL y la CORPORACION POPULAR DE AHORRO Y VIVIENDA CORPAVI. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante libelo presentado el 10 de marzo de 1988, que por repartimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta (fl. 59 c. 1), RAMON PALACIO BETTER, por conducto de apoderado judicial, demand\u00f3 al INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL -I.C.T.- y a la CORPORACION POPULAR DE AHORRO Y VIVIENDA CORPAVI, <\/p>\n
para que previos los tr\u00e1mites de un proceso ordinario de mayor cuant\u00eda, se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: <\/p>\n
1a. El I.C.T. y CORPAVI son solidariamente responsables de los perjuicios ocasionados a Ram\u00f3n Palacio Better por el incumplimiento de lo pactado con \u00e9l. <\/p>\n
2a. Como consecuencia de la declaraci\u00f3n anterior, condenar a las entidades demandadas a pagar al actor los perjuicios que le irrogaron, en sus modalidades de da\u00f1o emergente y lucro cesante, representado el primero en el valor de los bienes que se le embargaron dentro del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario seguido por CORPAVI contra RAMON PALACIO BETTER en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta, el cual ser\u00e1 determinado por dicho funcionario, y el segundo, en las sumas de dinero que dej\u00f3 de percibir en el transcurso de dicho proceso, ya que por tal motivo no pudo celebrar contratos de ninguna naturaleza. <\/p>\n
2. Las pretensiones se fundamentaron en los hechos que seguidamente se compendian: <\/p>\n
2.1. Ram\u00f3n Palacio Better y el I.C.T. celebraron los contratos PC-092\/83 JUR, PC-203\/83 JUR y PC-123\/83 JUR, todos para cofinanciaci\u00f3n y construcci\u00f3n de soluciones unifamiliares <\/p>\n
2.2. Para poder cumplir con la construcci\u00f3n de las soluciones de vivienda, el Cofinanciador Palacio Better solicit\u00f3 un cr\u00e9dito a Corpavi, quien condicion\u00f3 su otorgamiento a la constituci\u00f3n de hipoteca abierta de primer grado sobre inmuebles cuyo valor garantizara el pago de la obligaci\u00f3n, y a la autorizaci\u00f3n irrevocable de Palacio Better al I.C.T., aceptada por \u00e9ste, de girar directamente a Corpavi el valor de la deuda originada en dicho pr\u00e9stamo, condiciones acordadas por la Junta Directiva de Corpavi, en reuni\u00f3n del 12 de junio de 1984, conforme al acta No. 290 de esa fecha. <\/p>\n
2.3. El 14 de junio de 1984, Ram\u00f3n Palacio Better comunic\u00f3 por escrito al I.C.T. que lo autorizaba en forma irrevocable para entregar a CORPAVI las sumas necesarias para satisfacer la obligaci\u00f3n contra\u00edda, ya que entre el I.C.T. y Ram\u00f3n Palacio Better se hab\u00eda acordado el pago de los contratos por el sistema de pagar\u00e9s, raz\u00f3n por la que lo facult\u00f3 para entregarle pagar\u00e9s a CORPAVI hasta por la suma de $25.000.000.oo. <\/p>\n
El 24 de enero de 1985, en oficio No. SGJU-DCTR 01718, el I.C.T. manifest\u00f3 a Corpavi que hab\u00eda recibido la autorizaci\u00f3n de Ram\u00f3n Palacio Better para hacer entrega de los pagar\u00e9s correspondientes a las liquidaciones de los contratos PC 92\/83 JUR, PC-126\/83 JUR y 203\/83 y que atendida la irrevocabilidad de la autorizaci\u00f3n le girar\u00eda valores hasta la suma de veinticinco millones de pesos ($25.000.000.oo). <\/p>\n
2.4. El 10 de septiembre de 1984, CORPAVI celebr\u00f3 contrato de mutuo comercial con intereses por la cantidad de 30.183.0298 Upacs, que a la fecha de su celebraci\u00f3n equival\u00edan a veinticinco millones de pesos ($25’000.000.oo), conforme al pagar\u00e9 No. 01, con vencimiento el 9 de marzo de 1985. <\/p>\n
2.5. El 10 de enero de 1985 el I.C.T. entreg\u00f3 a CORPAVI los pagar\u00e9s Nos. C 2361-18-84, C-2362-18-84, y C-2363-18-84, por un valor de $23’411.651.79, pero CORPAVI no hizo las gestiones necesarias para hacerlos efectivos y los devolvi\u00f3 a RAMON PALACIO BETTER, previa informaci\u00f3n del Subgerente jur\u00eddico del I.C.T. (Acta No. 304). Adem\u00e1s de liberar tales pagar\u00e9s, Corpavi concedi\u00f3 una pr\u00f3rroga de 90 d\u00edas al cofinanciador mutuario para la cancelaci\u00f3n de su obligaci\u00f3n, condicionada a que el I.C.T. entregara a Corpavi los pagar\u00e9s que deb\u00eda expedir a favor del constructor por treinta y ocho millones de pesos ($38’000.000.oo), para liquidar las obligaciones del constructor con CORPAVI. <\/p>\n
2.6. A ra\u00edz de lo informado por el Subgerente Jur\u00eddico del I.C.T. en la reuni\u00f3n de Junta Directiva de Corpavi del 15 de enero de 1984, de liberar los pagar\u00e9s del cofinanciador por existir remanentes a su favor en cuant\u00eda de $38’000.000.oo (treinta y ocho millones), con los cuales se cancelar\u00eda el cr\u00e9dito otorgado por CORPAVI en un monto inicial de $25’000.000.oo, pregunta el actor por qu\u00e9 el I.C.T. no ha hecho los giros a Corpavi para saldar la deuda que adquiri\u00f3 con dicha Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2.7. Corpavi inici\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario contra Rafael Palacio Better, el cual cursa en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta, donde le embarg\u00f3 y secuestr\u00f3 los bienes hipotecados, ocasion\u00e1ndole perjuicios, pues era conocedor de los convenios existentes entre el demandante, el I.C.T. y Corpavi. <\/p>\n
2.8. S\u00f3lo de las liquidaciones definitivas de los contratos PC-92\/83 JUR, PC-126 \/83 JUR y PC-203\/83 JUR, deb\u00eda el I.C.T. girar a CORPAVI los valores para la cancelaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n contra\u00edda por Ram\u00f3n Palacio B. con \u00e9sta. <\/p>\n
2.9. El I.C.T. y CORPAVI son socios entre s\u00ed, por ser el primero fundador del segundo (fls. 55 y ss. c. 1). <\/p>\n
3. Admitida la demanda el 2 de marzo de 1988 (fl. 60), se orden\u00f3 correrle traslado a las entidades demandadas, quienes oportunamente la contestaron as\u00ed: El I.C.T. se opuso a las pretensiones impetradas, acept\u00f3 algunos hechos, neg\u00f3 los restantes y formul\u00f3 la excepci\u00f3n de inexistencia de la obligaci\u00f3n, porque los saldos de las actas de liquidaci\u00f3n anticipada del contrato que se debieron realizar ante la inejecuci\u00f3n de la totalidad de la obra contratada, as\u00ed como el respectivo cruce de cuentas de las tres contrataciones, demuestran que al demandante le qued\u00f3 un saldo de $545.999, 43, que se le deb\u00eda reintegrar, el cual no se gir\u00f3 a CORPAVI porque el constructor no entreg\u00f3 la documentaci\u00f3n establecida en los contratos, omisi\u00f3n por la que el I.C.T. se ha visto avocado a realizar unos pagos que cruzados con el saldo expresado, arrojan un valor de $2.524.356,97 a cargo del constructor. La Corporaci\u00f3n Popular de Ahorro y Vivienda Corpavi, por su parte, se opuso a las pretensiones del demandante. En torno a los hechos aducidos para sustentarlas, admiti\u00f3 algunos y expres\u00f3 no constarle los restantes. Como excepci\u00f3n de m\u00e9rito propuso la falta de legitimaci\u00f3n en la causa, la cual finc\u00f3 en que entre el se\u00f1or RAMON PALACIO BETTER y CORPAVI no existi\u00f3 acuerdo alguno para que \u00e9sta debiera esperar que el pago del cr\u00e9dito otorgado a aquel lo realizara el INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL. De ah\u00ed que, una vez vencida la obligaci\u00f3n sin cumplimiento del deudor, se procedi\u00f3 a su cobro por la v\u00eda ejecutiva, sin que de ello pueda deducirse lesi\u00f3n a los intereses del demandante, quien, por consiguiente, carece de legitimaci\u00f3n para su reclamo (fls . 76 a 82 y 117 a 121, c. 1). <\/p>\n
3.1. En la misma oportunidad el I.C.T. propuso las excepciones previas de falta de jurisdicci\u00f3n y pleito pendiente (fls. 83 y ss. c. 3). Por su lado CORPAVI formul\u00f3 la de inexistencia del demandado (fls. 1 y ss. c. 2); todas resueltas en forma adversa en providencias del 13 de febrero (fl. 92, c. 3) y 29 de marzo de 1989 (fol. 5, c. 2). <\/p>\n
4. Rituada la primera instancia el a-quo la finaliz\u00f3 con sentencia del 14 de agosto de 1989 (folios 136 y ss. c. 1), declarando civilmente responsable al I.C.T. de los perjuicios ocasionados al actor, cuantificados en la suma de $99.913.176,oo, cuyo pago orden\u00f3 verificar dentro de los 18 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, so pena de que dicha obligaci\u00f3n prestara m\u00e9rito ejecutivo y se causaran los intereses determinados por el art. 177 del C. C. A. De otro lado, absolvi\u00f3 a CORPAVI de las pretensiones contra ella propuestas. <\/p>\n
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La referida sentencia fue recurrida en apelaci\u00f3n por el Instituto de Cr\u00e9dito Territorial, adhiri\u00e9ndose la parte demandante. Dicho recurso fue decidido por el Tribunal en sentencia del 23 de agosto de 1993 (fls. 21 y ss. c. 5), por la cual revoc\u00f3 la del a-quo, para en su lugar absolver al I.C.T. de las pretensiones formuladas por el demandante. Las restantes decisiones adoptadas en el prove\u00eddo apelado, las confirm\u00f3. <\/p>\n
FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
Despu\u00e9s de compendiar los antecedentes del litigio y precisar los argumentos expuestos por los apelantes, inicia el ad quem sus consideraciones afirmando que el pilar del debate lo constituye la determinaci\u00f3n de las consecuencias que se derivan del acta de Junta Directiva de la Corporaci\u00f3n Popular de Ahorro y Vivienda \u00abCorpavi\u00bb, celebrada el 15 de enero de 1985, distinguida con el numero 304, transcrita en lo pertinente. Con tal prop\u00f3sito advierte que de su tenor, de las explicaciones y afirmaciones del Subgerente Jur\u00eddico del I.C.T., as\u00ed como de lo decidido por la junta directiva, s\u00f3lo surgen dos posibilidades: que el I.C.T. asumi\u00f3 el pago de lo que el demandante le adeudaba a CORPAVI, o se comprometi\u00f3 a garantizar la misma obligaci\u00f3n con el otorgamiento de un pagar\u00e9. <\/p>\n
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A rengl\u00f3n seguido se refiere a esta clase de t\u00edtulos valores y recuerda que se originan en una relaci\u00f3n fundamental o subyacente. Precisa que en este asunto dicha relaci\u00f3n est\u00e1 constituida por los contratos de cofinanciaci\u00f3n de soluciones de vivienda celebrados entre RAMON PALACIO BETTER y el INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL, los cuales dar\u00edan lugar al giro de unos pagar\u00e9s para reembolsarle al demandante -cofinanciador- las sumas invertidas por \u00e9l en el programa, pagar\u00e9s cuyo otorgamiento se verificar\u00eda en las condiciones establecidas en la cl\u00e1usula 5.01 de tales convenios, previo el cumplimiento de los requisitos all\u00ed estipulados, todo lo cual lo lleva a concluir que el Instituto s\u00f3lo pod\u00eda girar los mentados pagar\u00e9s a la terminaci\u00f3n de la obra y siempre que el cofinanciador atendiera las exigencias convenidas. <\/p>\n
Luego cuestiona la forma de pago pactada, pues en su sentir es contraria a la naturaleza de los t\u00edtulos valores. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n expresa que cuando el subgerente jur\u00eddico del I.C.T., prometi\u00f3 girar unos pagar\u00e9s y entreg\u00e1rselos a CORPAVI para respaldar el cr\u00e9dito que \u00e9sta le hab\u00eda otorgado al actor, se comprometi\u00f3 a garantizarle a tal entidad el pago de lo adeudado por aquel, de donde colige que frente al demandante el I.C.T. no adquiri\u00f3 obligaci\u00f3n distinta de la resultante de los contratos suscritos, en tanto que frente a CORPAVI asumi\u00f3 una obligaci\u00f3n de garant\u00eda, con lo cual el cr\u00e9dito de RAMON PALACIO BETTER con CORPAVI, qued\u00f3 respaldado con la garant\u00eda hipotecaria constituida por el deudor y la garant\u00eda ofrecida por el I.C.T.; de manera que cuando el acreedor escogi\u00f3 perseguir los bienes dados en hipoteca para la cancelaci\u00f3n de dicha obligaci\u00f3n, ejerci\u00f3 una prerrogativa l\u00edcita, de la cual no pueden sobrevenir perjuicios para el obligado, por causa de la acreedora, ni tampoco del I.C.T. <\/p>\n
Para culminar, se\u00f1ala que si al liquidar definitivamente los contratos de cofinanciaci\u00f3n, quien result\u00f3 deudor del I.C.T. fue el actor, dicha entidad no estaba en la obligaci\u00f3n de pagarle suma alguna, o de cancelarla por su cuenta, pues cuando el subgerente jur\u00eddico del I.C.T. ofreci\u00f3 el giro de pagar\u00e9s sobre la base de existir remanentes a favor del actor, lo que hizo fue exponer a dicha entidad a que la acreedora pudiera deducirle responsabilidad en el evento de no hacer efectiva la obligaci\u00f3n con otros bienes del deudor, pero no adquiri\u00f3 obligaciones a favor del actor, por cuyo incumplimiento pudiera \u00e9ste reclamarle indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, dice que no se demostr\u00f3 la existencia de la sociedad de hecho entre el actor y el I.C.T. enunciada en la demanda y que las actas de liquidaci\u00f3n final de los contratos presentadas por el I.C.T., a las cuales rest\u00f3 fuerza demostrativa el a-quo, deb\u00edan ser apreciadas por tratarse de documentos p\u00fablicos. As\u00ed concluye, entonces, que el actor no satisfizo la carga probatoria impuesta por el art. 177 del C. de P.C., pues no acredit\u00f3 que las liquidaciones presentadas no hubieran adquirido firmeza por haber sido modificadas por el contratante, o por autoridad judicial, o carec\u00edan de autenticidad o de poder de persuasi\u00f3n, o que exist\u00eda un saldo a su favor, en cuant\u00eda superior a lo debido a CORPAVI, para en consecuencia poder entrar a derivar responsabilidad, probando que por fuerza de lo acordado el ente acreedor s\u00f3lo pod\u00eda reclamar al I.C.T. el pago de lo adeudado. <\/p>\n
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LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Dos cargos, ambos con apoyo en la primera de las causales contempladas por el art. 368 del C. de P.C., se formulan contra la sentencia del Tribunal, los cuales ser\u00e1n despachados por la Sala siguiendo el orden de su proposici\u00f3n. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Mediante \u00e9ste se acusa la sentencia de quebrantar en forma directa los art\u00edculos 1494, 1502, 1546, 1602, 1608, 1610, 1613, 1614, 1615, 1616, 1714 y 1715 del C\u00f3digo Civil, art. 1o. literal b) del Decreto Ley 2033 de 1968, y los art\u00edculos 37, 38, 39 y 47 del Acuerdo No. 025 de 1985 de la Junta Directiva del Instituto de Cr\u00e9dito Territorial. <\/p>\n
En el desarrollo del cargo expresa el censor que los contratos \u201ccofinanciados\u201d celebrados por el I.C.T., hoy INURBE, con fundamento en el art. 1o., literal b) del Decreto Ley 2033 de 1.968, por el cual se facult\u00f3 a la Junta Directiva de tal entidad, para \u201cestablecer los sistemas de colaboraci\u00f3n o participaci\u00f3n del capital privado dentro de los planes de vivienda del instituto\u201d, est\u00e1n sometidos al r\u00e9gimen de derecho privado, as\u00ed se celebren por un establecimiento p\u00fablico, porque de conformidad con lo establecido por el Decreto 222 de 1.983, r\u00e9gimen contractual del Estado, los contratos que se perfeccionen por la administraci\u00f3n y no est\u00e9n expresamente catalogados como administrativos en su art. 16, o en una ley especial, son de derecho privado, someti\u00e9ndose en sus efectos a la normatividad civil, comercial o laboral, seg\u00fan su naturaleza, salvo en lo relacionado con la caducidad, cuya estipulaci\u00f3n en un contrato privado de la administraci\u00f3n comporta que lo relativo a ella se gobierne por las normas de derecho administrativo y lo dem\u00e1s por las del derecho privado, resultando as\u00ed compatible la aplicaci\u00f3n de unos y otros preceptos para la regulaci\u00f3n de los espec\u00edficos aspectos sometidos a ellos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas -prosigue el recurrente-, como en la enumeraci\u00f3n que trae el decreto 222 de 1.983 de los contratos que se catalogan como administrativos, no encuadran los de cofinanciaci\u00f3n que celebra el I.C.T., ellos quedan comprendidos por la normatividad de derecho privado, como lo ha entendido la jurisprudencia especializada, tesis en abono de la cual cita un pronunciamiento del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, conforme al cual el art. 1o. letra b) del Decreto-Ley 2033 de 1.968 que faculta a la Junta Directiva de dicho Instituto para establecer los sistemas de colaboraci\u00f3n del capital privado dentro de los planes de vivienda que desarrolla y el art. 7\u00ba. de los estatutos de la entidad, consagratorio de dicha tarea como funci\u00f3n de la Junta Directiva en los reglamentos de la entidad, se encuentran vigentes, pues los Decretos 1670 de 1.975, 150 de 1.976 y 222 de 1.983 no regularon tales contratos, como tampoco los sistemas de colaboraci\u00f3n del capital privado en los planes de vivienda del Instituto. En consecuencia, ellos pueden celebrarse sin otros requisitos que los exigidos por la Junta Directiva del Instituto, que en el Acuerdo 025 de 1.985 los someti\u00f3 a las normas del Decreto 222 de 1.983 en lo relativo a inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones, sujeci\u00f3n a la ley colombiana, capacidad y competencia, y en todo lo dem\u00e1s, a las normas del derecho privado. <\/p>\n
La Junta Directiva del I.C.T., anota el censor, s\u00f3lo vino a facultar a este establecimiento estatal para elaborar unilateralmente las actas provisionales o finales de liquidaci\u00f3n de los contratos cofinanciados, cuando el cofinanciador se opusiera a ello, en el Acuerdo 025 de 1.985, el cual por disposici\u00f3n de su art. 47 no resulta aplicable a los contratos que se encontraban en ejecuci\u00f3n antes de su entrada en vigor. <\/p>\n
Para concretar la trascendencia del error denunciado, asevera el censor que la absoluci\u00f3n de responsabilidad del I.C.T., la bas\u00f3 el sentenciador en que teniendo esta entidad una obligaci\u00f3n de garant\u00eda frente a Corpavi, respecto del cr\u00e9dito otorgado al actor, cuesti\u00f3n f\u00e1ctica que dice no controvertir para estructurar adecuadamente el cargo, dicha entidad no estaba obligada a hacer pago alguno a la Corporaci\u00f3n, teniendo en cuenta los saldos negativos arrojados por las liquidaciones finales de los contratos celebrados. Que por la misma raz\u00f3n, al actor le incumb\u00eda demostrar \u201cque aquellas liquidaciones no quedaron en firme al ser modificadas directamente por el I.C.T. o por parte de la autoridad judicial con fuerza para ello o mediante la tacha correspondiente para probar su inautenticidad o su carencia de poder probatorio, establecer fehacientemente que s\u00ed ten\u00eda realmente un saldo a su favor, que \u00e9ste era de cuant\u00eda superior a lo que le adeuda a CORPAVI y como consecuencia de ello entrar a derivar responsabilidad y perjuicio …\u201d, de donde resulta obvio, a su juicio, que al prohijar el Tribunal la liquidaci\u00f3n de un contrato de derecho privado, efectuada de manera unilateral por uno de los contratantes, transgredi\u00f3 de manera directa las normas de linaje sustancial que soportan la pretensi\u00f3n indemnizatoria del actor, la cuales resultaron inaplicadas por el desconocimiento del r\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable a los contratos cofinanciados celebrados por el I.C.T, el cual proscribe las liquidaciones unilaterales de ellos y contrariamente sirve de basamento a la indemnizaci\u00f3n de perjuicios que se reclama en la demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El quebranto de la norma de derecho sustancial erigido como motivo de casaci\u00f3n por el art. 368 del C. de P.C., en su num. 1o., puede producirse de manera directa, o sea en el \u00e1mbito del juicio jur\u00eddico propiamente dicho, esto es, con independencia de los medios de prueba que han servido para la formaci\u00f3n del juicio del fallador, o bien, de manera indirecta, cuando se incurre en yerros de hecho o de derecho en la apreciaci\u00f3n probatoria, los cuales a su vez generan la violaci\u00f3n de preceptos de este \u00faltimo linaje. <\/p>\n
Cuando se denuncia el quebranto de normas de dicha estirpe, por la v\u00eda directa, tiene dicho la doctrina de la Corte, debe existir conformidad absoluta por parte del recurrente con la apreciaci\u00f3n f\u00e1ctica que con apoyo en los medios de prueba ha realizado el fallador, pues si se separa de sus consideraciones en el punto, la labor del casacionista en orden a lograr el quiebre del fallo acusado se debe encausar por la v\u00eda indirecta, siendo de su incumbencia la demostraci\u00f3n de los errores de hecho o de derecho que en el campo probatorio haya cometido el sentenciador, determinantes de la transgresi\u00f3n de las normas de derecho sustancial. <\/p>\n
2. Luego de la anterior presentaci\u00f3n tendiente a determinar la clase de error atribuido al ad quem, vale la pena dejar en claro el desenfoque del cargo objeto de examen, ya que el mismo a todas luces aparece incoherente frente al tema propuesto en la demanda, hasta el punto de poderse advertir que si el mismo resultara pr\u00f3spero, por simple v\u00eda de hip\u00f3tesis, la sentencia de instancia en manera alguna pudiera producirse, so pena de incongruencia, teniendo en cuenta el aspecto f\u00e1ctico que el recurso de casaci\u00f3n involucra novedosamente, porque, se reitera, ese no fue fundamento de la causa petendi, como seguidamente se explicar\u00e1. <\/p>\n
La raz\u00f3n de hecho de la pretensi\u00f3n o causa petendi, est\u00e1 delimitada por el planteamiento f\u00e1ctico expuesto en la demanda, es decir, por el conjunto de hechos emp\u00edricos o estado de cosas que le sirve de fundamento, pero como lo explica la doctrina, tan solo aquellos hechos que, \u201cpor ser subsumibles en las normas materiales que asocian los efectos pretendidos en la petici\u00f3n, se erigen en aut\u00e9ntico substracto f\u00e1ctico del objeto inmediato de la pretensi\u00f3n\u201d, pues no puede olvidarse que en materia de causa petendi el art. 75 del C. de P. Civil, consagra en su ordinal 6 la llamada teor\u00eda de la substanciaci\u00f3n, como ha tenido oportunidad de acotarlo la Corporaci\u00f3n en diversas oportunidades. Pues bien, en el caso presente la pretensi\u00f3n indemnizatoria formulada por el se\u00f1or Palacio Better, se finc\u00f3 en la responsabilidad contractual derivada para la entidad demandada del incumplimiento del pacto, por medio del cual se oblig\u00f3 a girar directamente a Corpavi el valor de la deuda que el citado se\u00f1or Palacio hab\u00eda contra\u00eddo con dicha Corporaci\u00f3n por virtud del pr\u00e9stamo obtenido. Incumplimiento que a su vez provoc\u00f3 la ejecuci\u00f3n por parte de la Corporaci\u00f3n, y con ella el embargo y secuestro de bienes, ocasion\u00e1ndose as\u00ed los perjuicios reclamados. Siendo este, en resumen el universo f\u00e1ctico que sustanci\u00f3 la pretensi\u00f3n, frente a \u00e9l resulta completamente extra\u00f1o el hecho de la \u201cliquidaci\u00f3n\u201d unilateral de los contratos de cofinanciaci\u00f3n que ahora se aduce, precisamente, para dar raz\u00f3n de ser al predicado error juris in judicando que se le atribuye al ad quem, quien ciertamente hizo invocaci\u00f3n de \u00e9l, esto es, de la liquidaci\u00f3n para hacer notar que en ella el demandante result\u00f3 deudor del I.C.T., pero como una simple argumentaci\u00f3n adicional, porque el verdadero fundamento de lo decidido ya lo hab\u00eda expuesto cuando explic\u00f3 que frente al demandante el I.C.T. no adquiri\u00f3 obligaci\u00f3n distinta de la resultante de los contratos suscritos. <\/p>\n
3. No empece a lo anterior, si se aborda el estudio del cargo en la forma propuesta el alegado error no aparece por ninguna parte. <\/p>\n
Los contratos de cofinanciaci\u00f3n celebrados por el Instituto de Cr\u00e9dito Territorial -hoy Inurbe- constituyen un sistema de contrataci\u00f3n desarrollado por \u00e9ste en aplicaci\u00f3n de la facultad atribuida a su Junta Directiva mediante el Decreto Ley 2033 de 1.968, art. 1\u00ba. literal b., para \u201c… establecer los sistemas de colaboraci\u00f3n del capital privado dentro de los planes del Instituto\u201d, a ra\u00edz de la decisi\u00f3n estatal de vincular dicho capital en la ejecuci\u00f3n de la pol\u00edtica de vivienda. <\/p>\n
Los contratos referidos se caracterizan por la concurrencia de aportes del Instituto de Cr\u00e9dito Territorial y de un particular, generalmente el constructor (cofinanciador), consistentes en dinero, terrenos, interventor\u00eda, administraci\u00f3n, etc., con destino a la construcci\u00f3n de un determinado n\u00famero de viviendas que deben ser vendidas a terceros. Pueden asimismo vincular el aporte del adjudicatario – beneficiario, representado en el valor de la cuota inicial de la vivienda. <\/p>\n
El aporte del cofinanciador es reintegrado por el Instituto de Cr\u00e9dito Territorial mediante el giro de pagar\u00e9s, en condiciones espec\u00edficas de vencimiento, intereses, etc. <\/p>\n
<\/p>\n
El Instituto ejerce la interventor\u00eda t\u00e9cnica y financiera, pues controla la cuenta conjunta que debe abrirse para manejar los aportes en efectivo de las partes y es quien determina las caracter\u00edsticas y tipo de las viviendas, adem\u00e1s de reservarse la facultad de adjudicarlas. <\/p>\n
El Decreto 222 de 1.983, estatuto de contrataci\u00f3n p\u00fablica vigente para la \u00e9poca de celebraci\u00f3n de los contratos cofinanciados referidos en autos, delimit\u00f3 en el art. 1\u00ba. su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n a \u201c… los contratos previstos en este decreto que celebren la Naci\u00f3n (Ministerios y Departamentos Administrativos), y los Establecimientos P\u00fablicos… \u201d. De manera excepcional extendi\u00f3 sus efectos a los contratos celebrados por las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. <\/p>\n
Los contratos regulados por dicha normatividad est\u00e1n enlistados en el art. 80 (obras p\u00fablicas, consultor\u00eda, suministro, compraventa y permuta de muebles, compraventa y permuta de inmuebles, arrendamiento, prestaci\u00f3n de servicios, donaci\u00f3n, para recuperaci\u00f3n de bienes ocultos, concesi\u00f3n de servicios p\u00fablicos, acu\u00f1aci\u00f3n de moneda met\u00e1lica y de billetes, empr\u00e9stito y seguros), de los cuales unos son catalogados como administrativos por el art. 16 ej\u00fasdem, que espec\u00edficamente atribuye tal car\u00e1cter a los contratos de concesi\u00f3n de servicios p\u00fablicos, obras p\u00fablicas, prestaci\u00f3n de servicios, suministro, explotaci\u00f3n de bienes del Estado, empr\u00e9stito, cr\u00e9dito celebrados por Focine, conducci\u00f3n de correos y los ajustados por las instituciones aludidas en su num. 10. Los restantes se consideran contratos de derecho privado de la administraci\u00f3n, a menos de existir previsi\u00f3n legal en contrario, sujetos en sus efectos, \u201ca las normas civiles, comerciales y laborales, seg\u00fan la naturaleza de los mismos, salvo en lo concerniente a la caducidad\u201d. <\/p>\n
Ahora bien, los contratos cofinanciados a los cuales se refieren el art. 1\u00ba. lit. b. del Decreto 2033 de 1.968 y el art. 7\u00ba. lit. i del Decreto 1601 de 1.980, por el cual se aprobaron los estatutos del I.C.T., no corresponden a contrato alguno de los previstos en los arts. 16 y 80 del Decreto 222 de 1.983, no empece participar de ciertas caracter\u00edsticas de algunos de ellos. En efecto, si bien tienen por objeto la construcci\u00f3n de obras, no constituyen contratos de obras p\u00fablicas, definidos por el art. 81 del mismo estatuto, al tenor del cual se consideran como tales los que tienen por objeto la construcci\u00f3n, montaje, instalaci\u00f3n, mejoras, adiciones, conservaci\u00f3n, mantenimiento y restauraci\u00f3n de bienes inmuebles de car\u00e1cter p\u00fablico, o directamente destinados a la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico. Por lo dem\u00e1s, las viviendas objeto de los contratos cofinanciados no tienen car\u00e1cter p\u00fablico, en tanto que la construcci\u00f3n de casas para vender tampoco constituye servicio p\u00fablico nacional. <\/p>\n
As\u00ed pues, tal modalidad de contrataci\u00f3n ostenta unos rasgos propios que impiden asemejarla a contrato alguno de los regulados por el r\u00e9gimen de contrataci\u00f3n estatal. Por otra parte, \u00e9ste no los contempla entre los contratos sujetos a su reglamentaci\u00f3n y por ende se encuentran sometidos a las normas de derecho privado, excepto en lo relacionado con la cl\u00e1usula de caducidad, adem\u00e1s de las reglas establecidas por la Junta Directiva del I.C.T. en desarrollo de la facultad atribuida por el art. 1\u00ba. lit. b. del Decreto 2033 de 1.968 y el art. 7\u00ba. lit. i del Decreto 1601 de 1.980. <\/p>\n
En el \u00e1mbito del derecho privado, como bien se sabe, campea el principio de la autonom\u00eda de la voluntad, por el cual se permite a los particulares darse las reglas rectoras de sus relaciones econ\u00f3mico sociales, ordenando su voluntad a la obtenci\u00f3n de determinados efectos jur\u00eddicos. Las manifestaciones de voluntad legalmente expresadas, gozan entre las partes contratantes de fuerza vinculante semejante a la de la ley (art. 1602 C.C.). <\/p>\n
4. Afirma el recurrente que el sentenciador incurri\u00f3 en error juris in judicando al admitir que el acto de liquidaci\u00f3n de los contratos celebrados entre las partes fuese realizado unilateralmente por una de ellas, con oposici\u00f3n de la otra, pues trat\u00e1ndose de un acto gestado en el acuerdo de voluntades de los contratantes, la liquidaci\u00f3n de los mismos ha debido emanar del consenso de todos los que contribuyeron a su formaci\u00f3n, expresado en t\u00e9rminos similares a aquel que sirvi\u00f3 para perfeccionarlo. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la liquidaci\u00f3n de los contratos cofinanciados PC-092\/83 JUR, PC-126\/83 JUR y PC- 203\/83 JUR, suscritos los d\u00edas 5 de agosto, 6 de septiembre y 29 de diciembre de 1.983 (fls. 3 a 20 c. 1), estipularon los contratantes en la cl\u00e1usula 8-03 que el Instituto, en el evento de declarar la caducidad administrativa del contrato, pod\u00eda citar \u201c… mediante comunicaci\u00f3n escrita al COFINANCIADOR a fin de que intervenga en el Acta de liquidaci\u00f3n final del contrato, su no comparecencia no impide que el acta sea levantada por el INSTITUTO\u201d. <\/p>\n
Como resulta de lo anterior, si el ente contratante se abrog\u00f3 la facultad de realizar la liquidaci\u00f3n de los contratos celebrados, asignada exclusivamente para el evento de declaraci\u00f3n de caducidad administrativa del contrato, no acaecida en el asunto sub-lite, y el fallador a su turno prohij\u00f3 ese acto, haci\u00e9ndole producir los efectos jur\u00eddicos pertinentes, merced a los cuales liber\u00f3 al Instituto de la responsabilidad atribuida por el actor, es claro que habr\u00eda incurrido en el error atribuido, puesto que as\u00ed desconoc\u00eda en el pacto la fuerza vinculante fijada por la ley. Sin embargo, como ya se dijo, ese error en manera alguna se cometi\u00f3 porque el fundamento de la decisi\u00f3n no fue otro que el inicialmente se\u00f1alado, frente al cual el tema de la liquidaci\u00f3n de los contratos aparece accesorio, y por dem\u00e1s adjetivo. <\/p>\n
5. Ahora, si por simple hip\u00f3tesis se aceptara el error del sentenciador en el punto, \u00e9ste carece de entidad suficiente para determinar el quiebre del fallo combatido, pues, como enseguida se ver\u00e1, el quebranto de la ley sustancial no es determinante de las resoluciones tomadas en el fallo, pues \u00e9stas en todo caso se adecuan con lo que el derecho prescribe. En efecto: <\/p>\n
La responsabilidad endilgada al ente demandado se hace derivar del incumplimiento de lo pactado con el actor en torno a la devoluci\u00f3n o pago de sus aportes, obligaci\u00f3n cuyo incumplimiento aparej\u00f3 la falta de cancelaci\u00f3n del cr\u00e9dito otorgado por CORPAVI al demandante, el consecuente cobro compulsivo del mismo por el acreedor y la causaci\u00f3n de los perjuicios que fundamentan la pretensi\u00f3n indemnizatoria. <\/p>\n
Al tenor de la cl\u00e1usula 5- 01 de los contratos suscritos, el reembolso de la sumas invertidas por el cofinanciador en los programas de vivienda se verificar\u00eda de acuerdo a las liquidaciones parciales de los mismos, mediante la entrega de pagar\u00e9s, en n\u00famero y condiciones especificadas en su texto, \u201c… cuando sean registradas las escrituras de venta o haya presentado las boletas de ingreso de ellas a la Oficina de Registro correspondiente, a la liquidaci\u00f3n definitiva o total, las garant\u00edas de prestaciones sociales y estabilidad en la final, de acuerdo al valor que resulte de la respectiva acta de liquidaci\u00f3n final del contrato. Para la liquidaci\u00f3n final el COFINANCIADOR acreditar\u00e1 el registro de la totalidad de las escrituras de las viviendas que conforman el programa\u201d. <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior, el cargo no se abre paso. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Por \u00e9ste se acusa la sentencia de infringir indirectamente los art\u00edculos 1494, 1502, 1602, 1608, 1610, 1613, 1614, 1615, 1616, 1634, 1638, 1642, 1714, y 1715 del C.C. y el art\u00edculo 1o. literal b) del Decreto Ley 2033 de 1968 como consecuencia de los graves y trascendentes errores de hecho en que incurri\u00f3 el ad quem en la apreciaci\u00f3n del acta No. 290 del 12 de junio de 1984 de la Junta Directiva de Corpavi (fl. 50 c. ppal), las comunicaciones de 14 y 15 de junio de 1984 (fls. 34 c. ppal y 12 y 13 c. 4) y las cartas de 23 y 24 de enero de 1985 (fls. 32 y 33 c. ppal), por preterici\u00f3n; del acta No. 304 del 15 de enero de 1985 de la Junta Directiva de Corpavi (fl. 51, c. ppal), los contratos cofinanciados PC -092\/83 JUR de 5 de agosto de 1983 (fls. 3 a 8 c. ppal), PC 126\/83 JUR de 6 de septiembre de 1983 (fl. 15 a 20, c. ppal), y PC 203\/83 JUR de 29 de diciembre de 1983 (fls. 9 a 14, c. ppal), y las actas finales de liquidaci\u00f3n relativas a esos contratos (fls. 83 a 108 c. ppal), por apreciaci\u00f3n err\u00f3nea. <\/p>\n
Para desarrollar el cargo el censor comienza por expresar que el Tribunal al considerar que el punto central de la controversia radicaba en las consecuencias jur\u00eddicas del acta No. 304 de 15 de enero de 1.985 de la junta directiva de Corpavi, respecto de la que concret\u00f3 su examen probatorio, concluy\u00f3 que el I.C.T. se oblig\u00f3 a garantizar a Corpavi el pago de lo adeudado por Ram\u00f3n Palacio Better. Apoyado en tal conclusi\u00f3n encontr\u00f3 que ning\u00fan perjuicio ocasionaron al actor las entidades demandadas, ya que la conducta asumida por la acreedora, en cuanto eligi\u00f3 entre las garant\u00edas ofrecidas para el pago de la obligaci\u00f3n, la hipotecaria, constitu\u00eda un acto discrecional y legal. <\/p>\n
Frente a lo anterior advierte el impugnante que del contenido del acta No. 290 del 12 de junio de 1.984 de la junta directiva de Corpavi, de las comunicaciones de 14 y 15 de junio de 1.984 y del 23 y 24 de enero de 1.985, que el Tribunal no apreci\u00f3, en correlaci\u00f3n con el acta de Junta Directiva de la misma entidad de 15 de enero de 1.995 y de los contratos cofinanciados pc-092\/83 JUR de agosto 5 de 1.983, PC 126\/83 JUR de septiembre 6 de 1.983 y PC 203\/83 JUR de diciembre 29 de 1.983, err\u00f3neamente apreciados por el sentenciador, se establece que la relaci\u00f3n jur\u00eddica que vincul\u00f3 a las partes en dichos actos documentados, lejos est\u00e1 de configurar un fen\u00f3meno de garant\u00eda del I.C.T. con respecto a la obligaci\u00f3n del actor. <\/p>\n
Para corroborar su aseveraci\u00f3n se\u00f1ala en que consiste una garant\u00eda, as\u00ed como las modalidades que puede revestir, concluyendo que el material probatorio obrante en el proceso no revela que el I.C.T haya adquirido obligaci\u00f3n de tal naturaleza frente a Corpavi, en forma personal o a trav\u00e9s de la afectaci\u00f3n de bienes de la entidad, para seguridad de la deuda del actor, de modo que el acreedor contara con la alternativa de elegir, entre las garant\u00edas ofrecidas, cu\u00e1l har\u00eda efectiva para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n, y que por tal raz\u00f3n, el I.C.T. s\u00f3lo asumir\u00eda responsabilidad frente a Corpavi en el evento de \u00e9sta no poder obtener la cancelaci\u00f3n del cr\u00e9dito con otros bienes del deudor. <\/p>\n
Conforme a los contratos celebrados, prosigue el casacionista, el demandante deb\u00eda realizar unos aportes de variada \u00edndole para contribuir con el financiamiento de los planes de vivienda materia de la contrataci\u00f3n, cuyo monto est\u00e1 especificado en cada uno de ellos, aportes que deb\u00eda a su vez reembolsarle el I.C.T. en las condiciones estipuladas en los art\u00edculos 5.01 a 5.04 de dichos contratos. <\/p>\n
El acta No. 290 de junio 12 de 1.984 de la junta directiva de Corpavi, as\u00ed como las comunicaciones de 14 y 15 de junio de 1.984 y las del 23 y 24 de enero de 1.985, que el Tribunal no apreci\u00f3 y cuyo contenido detalla el recurrente, demuestran que el demandante en su condici\u00f3n de acreedor del I.C.T., respecto de los aportes realizados con ocasi\u00f3n del los contratos de cofinanciaci\u00f3n que celebraron, autoriz\u00f3 al deudor -I.C.T.- para que hiciera el pago de ellos a un tercero, Corpavi, con lo cual se extingu\u00eda la obligaci\u00f3n adquirida con dicha Corporaci\u00f3n a ra\u00edz del cr\u00e9dito que le otorg\u00f3, y por su parte, el I.C.T. atend\u00eda la obligaci\u00f3n de reembolso de aportes asumida con Palacio Better. De modo que el I.C.T. no se constituy\u00f3 en garante del demandante, sino que fue autorizado por \u00e9ste para efectuar el pago con lo que le adeudaba por concepto de reembolso de los aportes a los contratos de cofinanciaci\u00f3n; pago \u00e9ste que deb\u00eda realizar, como ya se dijo, a la Corporaci\u00f3n Corpavi, quien en su condici\u00f3n de acreedor del demandante y en seguridad de su cr\u00e9dito impuso esta forma de solucionar la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego, expresa el recurrente, el acta No. 304 de 15 de enero de 1.985 de la junta directiva de Corpavi, debi\u00f3 ser apreciada en conjunto con las piezas documentales antes relacionadas, para inferir los verdaderos alcances de la situaci\u00f3n que se suscit\u00f3 en el sub-lite, omisi\u00f3n que indujo al ad-quem a cometer los yerros de facto que se le enrostran, por cuanto desconoci\u00f3 la naturaleza de la obligaci\u00f3n que adquiri\u00f3 el I.C.T. con el actor, cuyo incumplimiento impidi\u00f3 la cancelaci\u00f3n del cr\u00e9dito que \u00e9ste hab\u00eda obtenido de Corpavi y la consecuente causaci\u00f3n de perjuicios en su contra. <\/p>\n
De otro lado, afirma el impugnante, de conformidad con lo convenido en el art. 5.01 de los contratos suscritos, la entrega de los pagar\u00e9s a trav\u00e9s de los cuales el I.C.T. reembolsar\u00eda al demandante los aportes que hab\u00eda hecho en los planes de vivienda, depend\u00eda del valor que arrojaran las actas de liquidaci\u00f3n final de los contratos, valor que no pod\u00eda ser fijado unilateralmente por el I.C.T., como lo admiti\u00f3 el ad-quem, incurriendo con ello en manifiesto error de hecho. <\/p>\n
Lo anterior, en consideraci\u00f3n a que los mentados contratos est\u00e1n gobernados por las normas de derecho privado, salvo en lo relacionado con la cl\u00e1usula de caducidad que se rige por el derecho administrativo, conforme con lo dispuesto por el art. 1o. lit. b) del Decreto-Ley 2033 de 1.968, en concordancia con los arts. 1o., 16 y 80 del Decreto -Ley 222 de 1.983. De manera que, no habiendo finalizado ellos por el ejercicio de esta facultad por parte del ente demandado, los actos de liquidaci\u00f3n de los contratos deb\u00edan efectuarse de mutuo acuerdo por los contratantes, pues no se estipul\u00f3 nada en contrario. As\u00ed las cosas, si bien se previ\u00f3 all\u00ed que el reembolso de los aportes del cofinanciador se verificar\u00eda de acuerdo a las liquidaciones parciales de los contratos, y el pago se har\u00eda a trav\u00e9s de la entrega de pagar\u00e9s conforme al valor que resultara de las actas de liquidaci\u00f3n final de los mismos, ello no significa que se hubiera facultado al I.C.T. para elaborar unilateralmente las aludidas actas de liquidaci\u00f3n final de las convenciones, como err\u00f3neamente lo entendi\u00f3 el ad-quem, pues si esa hubiera sido la voluntad de los contratantes, as\u00ed la habr\u00edan consignado. Por manera que, el tribunal supuso la prueba de la mentada facultad, que no aparece estipulada en los contratos, apreciando en forma incorrecta las actas finales de liquidaci\u00f3n que elabor\u00f3 el I.C.T. de manera unilateral y present\u00f3 como prueba en su favor, pues ellas objetivamente no pod\u00edan tener el alcance probatorio atribuido por aquel. <\/p>\n
Lo que si revelan tales actas de liquidaci\u00f3n, a\u00f1ade la censura, son los valores finales aportados por el cofinanciador a cada uno de los planes de vivienda, que de acuerdo a lo convenido, deb\u00eda pagar el I.C.T. directamente a Corpavi, cancelando as\u00ed la obligaci\u00f3n adquirida por el actor, obligaci\u00f3n cuyo incumplimiento origin\u00f3 el cobro judicial por parte de la acreedora y los perjuicios reclamados en este proceso. En consecuencia, el fallador no tuvo por probado, est\u00e1ndolo, que el I.C.T. ten\u00eda la obligaci\u00f3n de restituir los aportes realizados por el actor, en las cuant\u00edas precisadas en las actas finales de liquidaci\u00f3n, mediante la entrega de los pagar\u00e9s correspondientes a tales liquidaciones a Corpavi, conforme a la autorizaci\u00f3n otorgada por el cofinanciador, no pudiendo, entonces, abstenerse de cumplir con tal obligaci\u00f3n haciendo unilaterales deducciones, compensaciones, sobrevalores, sobrecostos y perjuicios, a cargo del cofinanciador, sin someter a decisi\u00f3n jurisdiccional la definici\u00f3n de tal situaci\u00f3n, lo cual prohij\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
De no haberse cometido los yerros denunciados, concluye el censor, en vez de haber absuelto al I.C.T., el fallador habr\u00eda reconocido la pretensi\u00f3n indemnizatoria reclamada por el demandante, pues el cobro ejecutivo adelantado en su contra no habr\u00eda tenido lugar si el I.C.T. hubiera atendido su obligaci\u00f3n de reembolsar los aportes del cofinanciador en forma directa a Corpavi, como se hab\u00eda convenido, y por ello los errores en que incurri\u00f3 no s\u00f3lo son evidentes y ostensibles, sino que trascendieron en la parte resolutiva del fallo combatido. <\/p>\n
SE CONSIDERA <\/p>\n
Como en el cargo que se despacha se acusa la sentencia de segundo grado de violar indirectamente las normas sustanciales se\u00f1aladas, como consecuencia de errores de hecho cometidos por el ad-quem en la apreciaci\u00f3n del acervo probatorio, resulta conveniente precisar que esta especie de yerro, \u201ccomo lo tiene sentado la doctrina de la Corte, se da y el cargo resulta pr\u00f3spero, cuando por una parte el desacierto que se le achaca a la sentencia impugnada es manifiesto o evidente, y, por otra parte, es trascendente. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, el error de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas resulta ser manifiesto o evidente en las hip\u00f3tesis siguientes: <\/p>\n
\u201ca) Cuando el sentenciador supone prueba que no existe en el proceso. <\/p>\n
\u201cb) Cuando ignora o pasa por alto la que obra en el litigio, y <\/p>\n
\u201cc) Cuando altera la objetividad de la prueba, ya sea adicionando su real contenido, ora mutilando lo que la misma exterioriza. Se reitera, entonces, que en todos estos eventos el yerro asume la caracter\u00edstica de manifiesto o evidente. Empero, para el buen suceso del cargo no basta que el yerro de hecho sea manifiesto o evidente, sino, adem\u00e1s, que sea trascendente, esto es, que hubiera determinado en el fallador proferir decisiones contrarias a la legal. \u201cEn casaci\u00f3n -ha dicho la Corte- los yerros que no son trascendentes carecen de valor impugnativo, pues a pesar de que existan, su ocurrir en nada afecta las conclusiones del fallo, y, por ende, son ineficaces para estribar la casaci\u00f3n de \u00e9ste (G.J., t. CXLVII, p\u00e1g. 38)\u201d\u201d(Cas. Civ. 2 de junio de 1.992). <\/p>\n
Trasladando el anterior marco conceptual al caso sub-lite, se advierte que la primera conclusi\u00f3n f\u00e1ctica combatida en el cargo es la obtenida por el sentenciador del contenido del acta de Junta Directiva de la Corporaci\u00f3n Popular de Ahorro y Vivienda Corpavi de 15 de enero de 1985, distinguida con el No. 304, de cuyo tenor concluy\u00f3 que el I.C.T. se comprometi\u00f3 a garantizar a Corpavi el pago del cr\u00e9dito otorgado al demandante por dicha Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Conforme al acta en menci\u00f3n, cuya copia aut\u00e9ntica parcial obra a fl. 51 del cuaderno principal, en la reuni\u00f3n de junta directiva de Corpavi llevada a cabo el 15 de enero de 1.985, el Dr. Hernando Rojas Quintana, Subgerente de Operaciones, expres\u00f3 que en desarrollo de un cr\u00e9dito puente con el I.C.T., otorgado a RAMON PALACIO BETTER en cuant\u00eda de $25.000.000,oo, se hab\u00edan recibido del I.C.T. tres pagar\u00e9s por valor de $23.411.651.oo, para cancelar el cr\u00e9dito otorgado, cuya liberaci\u00f3n solicitaba el constructor a la junta directiva, por requerir tales sumas para la terminaci\u00f3n de los proyectos. <\/p>\n
Seguidamente consigna que \u201cel doctor Alejandro Mart\u00ednez Caballero inform\u00f3 a la Junta que en realidad dicha suma es necesaria para la terminaci\u00f3n de las obras por cuanto el constructor deber\u00eda haber recibido los pagar\u00e9s por $23.411.651,19, antes de que se perfeccionara el cr\u00e9dito con la Corporaci\u00f3n ya que esta suma estaba destinada a financiar directamente al constructor y no a cancelar el cr\u00e9dito de Corpavi; en todo caso dijo el doctor Mart\u00ednez, el constructor tiene un remanente de pagar\u00e9s por 38 millones de pesos que deber\u00e1 girarle el Instituto y con los cuales se cancelar\u00eda el cr\u00e9dito que inicialmente otorg\u00f3 Corpavi por $25 millones de pesos\u201d <\/p>\n
Concluye este ac\u00e1pite del acta precisando que \u201cSeguidamente la Junta despu\u00e9s de analizar detenidamente la propuesta del constructor y teniendo en cuenta las observaciones del doctor Alejandro Mart\u00ednez Caballero, acord\u00f3 otorgar una pr\u00f3rroga de 90 d\u00edas para la cancelaci\u00f3n de su obligaci\u00f3n y liberar los pagar\u00e9s que por la suma de $23.411.651,19 ha recibido la Corporaci\u00f3n siempre que el Instituto entregue a la Corporaci\u00f3n los pagar\u00e9s que deber\u00e1 expedir a favor del constructor por 38 millones de pesos para liquidar las obligaciones del constructor con Corpavi\u201d. <\/p>\n
Examinado el texto del documento en menci\u00f3n, prima-facie se advierte que de \u00e9l en manera alguna emerge que el INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL se hubiese comprometido a garantizar a CORPAVI el pago de la obligaci\u00f3n adquirida por RAMON PALACIO BETTER con ocasi\u00f3n del cr\u00e9dito que le otorg\u00f3 en una cuant\u00eda inicial de $25.000.000.oo, como lo entendi\u00f3 el sentenciador, pues all\u00ed lo \u00fanico que consta es la menci\u00f3n de la existencia de remanentes en el I.C.T. a favor del deudor Palacio Better, con los cuales se cubrir\u00eda la mentada obligaci\u00f3n, pero sin que aparezca comprometida la responsabilidad de la entidad, o la afectaci\u00f3n de sus bienes en seguridad de tal cr\u00e9dito. Por consiguiente, debe colegirse que ciertamente en relaci\u00f3n con este medio de prueba se produjo la desfiguraci\u00f3n que la censura le atribuye al sentenciador. <\/p>\n
<\/p>\n
De otro lado, es evidente tambi\u00e9n, que el ad quem dej\u00f3 de apreciar los elementos de prueba relacionados en el cargo, como son: <\/p>\n
El acta No. 290 de la junta directiva de Corpavi, del 12 de junio de 1.984, (fl. 50 c. 1) por la cual se autoriz\u00f3 la solicitud de cr\u00e9dito por valor de $25.000.000,oo, presentada por RAMON PALACIO BETTER para la terminaci\u00f3n de soluciones de vivienda en las Urbanizaciones que se detallan, en los t\u00e9rminos y condiciones all\u00ed precisadas, entre ellas, que el constructor autorizara al I.C.T. a girar directamente a Corpavi el valor de la deuda. <\/p>\n
Las comunicaciones de 14 y 15 de junio de 1.984 (fls. 34 c. 1), y las del 23 y 24 de enero de 1.985, por las cuales el demandante autoriza al I.C.T. para girar directamente a Corpavi y hasta por la suma de $25.000.000,oo, los primeros pagar\u00e9s de los contratos cofinanciados; el Subgerente Jur\u00eddico del I.C.T. entera de tal circunstancia a Corpavi; Ram\u00f3n Palacio Better entrega a dicha Corporaci\u00f3n la autorizaci\u00f3n otorgada al I.C.T. con el prop\u00f3sito se\u00f1alado y, el Subgerente Jur\u00eddico del Instituto, Dr. Alejandro Mart\u00ednez Caballero, comunica a Corpavi que se recibi\u00f3 del se\u00f1or RAMON PALACIO BETTER la autorizaci\u00f3n mencionada, indic\u00e1ndole que se le dar\u00eda el tr\u00e1mite pertinente, para hacerles entrega de dichos pagar\u00e9s. <\/p>\n
Sin embargo, ni la err\u00f3nea apreciaci\u00f3n del medio de prueba inicialmente relacionado, ni la preterici\u00f3n de los restantes, tienen virtualidad suficiente para determinar el quiebre del fallo combatido, pues lo cierto es que, ni ponderado el primero en su verdadero alcance, ni considerados los segundos, ni estimados unos y otros de manera conjunta con el acta de la junta directiva de Corpavi No. 304 del 15 de enero de 1.985, como lo propone el censor, permitir\u00eda llegar a decisi\u00f3n diferente de la adoptada en la sentencia combatida, lo cual implica, entonces, que tales yerros sean intrascendentes, como seguidamente se explicar\u00e1. Por supuesto que tal circunstancia frustra la prosperidad del cargo. <\/p>\n
En efecto, como lo consigna la primera pretensi\u00f3n de la demanda, el demandante solicit\u00f3 declarar que el I.C.T y Corpavi son solidariamente responsables de los perjuicios que le ocasionaron por el incumplimiento de lo pactado con \u00e9l. <\/p>\n
El v\u00ednculo obligacional por raz\u00f3n del cual resultaron vinculados el demandante y el Instituto demandado, est\u00e1 constituido por los contratos cofinanciados PC-092\/83 JUR de agosto 5 de 1.983, PC-126\/83 JUR de septiembre 6 de 1.983, y PC 203\/83 JUR de diciembre 29 de 1.983, que en copia aut\u00e9ntica militan a fls. 3 a 20 del cuaderno principal, cuyo objeto primordial estaba constituido por la cofinanciaci\u00f3n y construcci\u00f3n a precio y plazo fijo, de un n\u00famero de viviendas especificado en cada contrato, adem\u00e1s de las obras de urbanismo correspondientes, as\u00ed como la titulaci\u00f3n y registro de las escrituras de venta de las respectivas viviendas. <\/p>\n
Tales aportes deb\u00edan ser reembolsados al cofinanciador, como se estipula en la cl\u00e1usula 5.01 de todos los contratos, de acuerdo a las liquidaciones parciales de ellos, mediante la entrega de pagar\u00e9s, en numero y condiciones all\u00ed especificadas, \u201ccuando sean registradas las escrituras de venta o haya presentado las boletas de ingreso de ellas a la Oficina de Registro correspondiente, a la liquidaci\u00f3n definitiva o total, las garant\u00edas de prestaciones sociales y estabilidad en la final, de acuerdo al valor que resulte de la respectiva acta de liquidaci\u00f3n final del contrato. Para la liquidaci\u00f3n final el COFINANCIADOR acreditar\u00e1 el registro de la totalidad de las escrituras de las viviendas que conforman el programa\u201d. <\/p>\n
Ahora bien, el ad-quem expres\u00f3 con apoyo en lo declarado por dichos contratos, que el I.C.T. s\u00f3lo pod\u00eda girar los pagar\u00e9s originados en tales pactos, a la terminaci\u00f3n de la obra, y siempre que el cofinanciador diera cumplimiento a las precisas exigencias que all\u00ed se establecieron. Bajo tal premisa concluy\u00f3 que \u201c Si al liquidar definitivamente los contratos de cofinanciaci\u00f3n result\u00f3 que el I.C.T. nada deb\u00eda al contratista y antes por el contrario era \u00e9ste quien presentaba un saldo a favor de aquel, la instituci\u00f3n no estaba obligada a pagarle suma alguna al cofinanciador y mucho menos a pagar suma de dinero por su cuenta\u201d. <\/p>\n
Dicha conclusi\u00f3n es combatida por la censura, considerando que las actas de liquidaci\u00f3n final de los contratos que la sustentan, elaboradas y presentadas como prueba por el I.C.T., no pod\u00edan ser estimadas probatoriamente por no provenir de ambos contratantes como lo exigen las normas que gobiernan esta especie de contrataci\u00f3n -las de orden privado-. Con apoyo en lo anterior, afirm\u00f3 que el Tribunal supuso la prueba de la facultad que para realizarlas unilateralmente se confiri\u00f3 al ente demandado, pues ella no consta en los contratos suscritos y consecuentemente desacert\u00f3 en la apreciaci\u00f3n de las mismas. <\/p>\n
Sobre tal consideraci\u00f3n debe se\u00f1alarse que el ad-quem en manera alguna entendi\u00f3 que en el I.C.T. estuviera radicada, por convenio de los contratantes, la prerrogativa de elaborar las actas de liquidaci\u00f3n final de los contratos cofinanciados celebrados con el demandante. La sentencia impugnada en este punto se limit\u00f3 a valorar en su propia objetividad las actas que por dicho Instituto se presentaron para sustentar probatoriamente sus asertos, y as\u00ed arribar a la conclusi\u00f3n impugnada, pero sin hacer las precisiones atribuidas por el recurrente. <\/p>\n
Por otra parte, como resulta de lo que a rengl\u00f3n seguido consign\u00f3 el Tribunal, su decisi\u00f3n tuvo como sustento, fuera de tal consideraci\u00f3n, la desatenci\u00f3n de la carga probatoria impuesta por el art. 177 del C. de P.C. al actor, pues seg\u00fan advirti\u00f3, no demostr\u00f3 \u201c…fehacientemente que s\u00ed ten\u00eda realmente un saldo a su favor, que \u00e9ste era de cuant\u00eda superior a lo que le adeuda a Corpavi y como consecuencia de ello entrar a derivar responsabilidad y perjuicios,…\u201d, fundamento que, al no combatir la censura, se mantiene inc\u00f3lume y constituye pilar suficiente para sostener el fallo combatido. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en relaci\u00f3n con los valores finales aportados por el cofinanciador a los programas de vivienda, que en opini\u00f3n de la censura demuestran fehacientemente las actas de liquidaci\u00f3n final de los contratos elaboradas por el I.C.T., \u201c… pues en este aspecto no hubo discrepancia y su determinaci\u00f3n fue fruto del acuerdo de las partes\u201d, que de conformidad con los contratos y con la autorizaci\u00f3n otorgada por el demandante deb\u00eda ser cancelado por el I.C.T. a Corpavi para solucionar la obligaci\u00f3n adquirida por el demandante, debe decirse que el rubro se\u00f1alado apenas constituye uno de los \u00edtems de la liquidaci\u00f3n final de los contratos, que fue el mecanismo elegido por las partes para establecer los valores finales adeudados, ya que tampoco puede olvidarse que el agotamiento de la misma obligaci\u00f3n por el Instituto demandado estaba supeditado al cumplimiento de todas las exigencias contenidas en el cap\u00edtulo V de los contratos, y como en el proceso no se encuentra acreditado que el demandante -cofinanciador- hubiera dado cabal ejecuci\u00f3n, adem\u00e1s del requisito relacionado con las actas finales de liquidaci\u00f3n de los contratos, a las restantes exigencias, vr. gr., el registro de la totalidad de las escrituras de venta de las viviendas construidas, mal pod\u00eda deduc\u00edrsele responsabilidad a la entidad p\u00fablica demandada. Por consiguiente, la decisi\u00f3n del fallador que as\u00ed lo estim\u00f3, en manera alguna resulta contraevidente, lo cual determina que el cargo que se despacha no est\u00e9 llamado a abrirse paso. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 23 de agosto de 1993, pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en este proceso ORDINARIO de RAMON PALACIO BETTER frente al INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL y CORPORACION POPULAR DE AHORRO Y VIVIENDA CORPAVI. <\/p>\n
Costas del recurso extraordinario a cargo del demandante-recurrente. Liqu\u00eddense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase oportunamente al Tribunal de origen. <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
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S-074-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. JOS\u00c9 FERNANDO RAM\u00cdREZ G\u00d3MEZ Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997) Referencia: […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81510","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81510","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81510"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81510\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81510"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81510"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81510"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}