S-075-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado ponente: Doctor PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., diciembre dos (2) de mil novecientos noventa y siete (1997) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 4987 <\/p>\n
Entrase a decidir por la Corte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Civil, el 25 de noviembre de 1993, para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario (reivindicatorio) promovido por MARTHA LUCIA RIOS GIRALDO en su propio nombre y como representante legal de sus menores hijos LUISA FERNANDA y FEDERICO GUTIERREZ RIOS, contra GONZALO GALVEZ CANO. <\/p>\n
I EL LITIGIO <\/p>\n
1.- Ante el Juzgado Civil del Circuito de Chinchin\u00e1 (Caldas) la referida se\u00f1ora Martha Lucia Rios Giraldo, actuando en su propio nombre y adem\u00e1s en representaci\u00f3n de sus hijos menores Luisa Fernanda y Federico Guti\u00e9rrez Rios, demand\u00f3 (folios 30 a 37, C-1) por la v\u00eda ordinaria al ciudadano Gonzalo G\u00e1lvez Cano, con las siguientes pretensiones: <\/p>\n
1.1.- Que los demandantes tienen derecho a reivindicar para si, los predios que en su dimensi\u00f3n y linderos identific\u00f3 en los numerales 1o. y 3o. de los hechos de la demanda. <\/p>\n
1.2.- Que el poseedor de tales predios y demandado en este proceso, no tiene derecho a reclamar el pago de mejoras. <\/p>\n
1.3.- Que el demandado est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de pagar a favor de los demandantes los frutos civiles desde el momento de la notificaci\u00f3n del libelo introductorio. <\/p>\n
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1.4.- Que se ordene al demandado Gonzalo G\u00e1lvez Cano la entrega a los demandantes de los bienes reivindicados, el quinto d\u00eda siguiente a la ejecutoria de la sentencia, y <\/p>\n
1.5.- La condena al demandado al pago de las costas del proceso. <\/p>\n
2.- Como fundamentos de las anteriores pretensiones, expuso el actor los siguientes hechos: <\/p>\n
2.1.- Los demandantes son propietarios plenos e inscritos de los siguientes inmuebles: Del lote de terreno sin edificaci\u00f3n ubicado en la calle 14A # 5A-28 de Chinchin\u00e1, de 7.25 metros de frente por 18.00 metros de centro (sic), que corresponde a la matricula inmobiliaria # 100-0036306; Del lote de terreno sin edificaci\u00f3n ubicado en la carrera 5A # 14A-23 de la urbanizaci\u00f3n \u00abEl Rinc\u00f3n\u00bb de esa ciudad, que tiene 7.40 metros de frente por 14 de centro (sic), con matr\u00edcula inmobiliaria # 100-0036311; el lote de terreno sin edificar ubicado en la carrera 5A # 14A-31 de la misma ciudad de Chinchin\u00e1, de 7.40 metros de frente por 14 de fondo, con matr\u00edcula inmobiliaria # 100-0036310; Lote de terreno sin edificar de 7.20 metros de frente por 12 metros de centro (sic), ubicado en la calle 14A # 5A-47 de Chinchin\u00e1, con matr\u00edcula inmobiliaria # 100-0036314; Lote de terreno sin edificar, de 7.20 metros de frente por 1.60 metros de fondo aproximadamente, ubicado en la calle 14A #5A-53 de la Urbanizaci\u00f3n el Rinc\u00f3n de Chinchin\u00e1, inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria # 100-0036313, y el lote de terreno sin edificar, localizado en la carrera 5A-# 14A-15, tambi\u00e9n de la Urbanizaci\u00f3n \u00abEl Rinc\u00f3n\u00bb del municipio de Chinchin\u00e1, predio de 7.60 metros de frente por 8.35 de fondo aproximadamente, al que corresponde la matr\u00edcula inmobiliaria # 100-0036312. <\/p>\n
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3.- Los predios descritos anteriormente se encuentran en posesi\u00f3n real y material del demandado Gonzalo G\u00e1lvez Cano, posesi\u00f3n que ejerce de manera clandestina y ha construido en ellos mejoras insignificantes tales como ramadas (sic) y cultivos transitorios. <\/p>\n
4.- Los mencionados predios fueron adquiridos por los demandantes por adjudicaci\u00f3n que a ellos se hizo en el proceso de sucesi\u00f3n de Ariel Guti\u00e9rrez Rivera, seg\u00fan sentencia del 10 de Octubre de 1989 proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales. <\/p>\n
4.1.- Por su lado el causante Ariel Guti\u00e9rrez Rivera hab\u00eda adquirido dichos predios en subasta p\u00fablica efectuada por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el d\u00eda 19 de octubre de 1983, dentro del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que adelant\u00f3 el mismo rematante contra Josu\u00e9 G\u00f3mez Uribe. <\/p>\n
4.2.- A su vez G\u00f3mez Uribe y otros hab\u00edan adquirido los lotes, en mayor extensi\u00f3n, mediante escritura p\u00fablica que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales otorg\u00f3 a nombre de Gonzalo G\u00e1lvez Cano dentro del proceso ejecutivo de obligaci\u00f3n de hacer a favor del mentado Josu\u00e9 G\u00f3mez Uribe. <\/p>\n
5.- G\u00e1lvez Cano desde el a\u00f1o de 1984 se apoder\u00f3 de los lotes materia de la reivindicaci\u00f3n, lo que hizo sin causa ni justo t\u00edtulo que pueda acreditar mejor derecho del que asiste a los demandantes, circunstancias que lo colocan como poseedor de mala fe, raz\u00f3n por la que no tiene derecho al reclamo de mejoras. <\/p>\n
6.- Una vez trabada la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal, el demandado contest\u00f3 el libelo oponi\u00e9ndose a las pretensiones del actor, negando la mayor\u00eda de los hechos y admitiendo unos pocos, se\u00f1alando como argumentos de su oposici\u00f3n en resumen que no es cierto que posea los predios en forma clandestina, porque los tiene de manera p\u00fablica, tranquila y sin interrupci\u00f3n desde 1955, a\u00f1o en que mediante escrituras 345 y 346 otorgadas en la notar\u00eda \u00fanica de Chinchin\u00e1 adquiri\u00f3 los lotes, que fueron tambi\u00e9n objeto de diligencia de entrega a su favor por parte del Juzgado Civil del Circuito de dicho municipio, como consecuencia del fallo de la H. Corte Suprema de Justicia que le reconoci\u00f3 el derecho a poseer los bienes que ahora se pretende reivindicar. <\/p>\n
7.- Una vez cumplidas las ritualidades de la primera instancia, el juzgado le puso fin mediante sentencia proferida el 3 de marzo de 1993, en la cual se denegaron las s\u00faplicas de la demanda y se conden\u00f3 en costas a la parte actora. <\/p>\n
8.- Apelada la anterior providencia por la parte vencida, el Tribunal confirm\u00f3 la sentencia de primer grado, fallo contra el que el apoderado de los demandantes interpuso, dentro del t\u00e9rmino, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual una vez admitido y tramitado, de su decisi\u00f3n se ocupa ahora la Corte. <\/p>\n
II LA SENTENCIA ACUSADA <\/p>\n
El tribunal luego de consignar los antecedentes del litigio, el tr\u00e1mite procesal desarrollado en la primera instancia, de encontrar reunidos los presupuestos procesales y de no encontrar motivo de nulidad que invalide lo actuado, como motivos de la sentencia puntualiza que del contenido del art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil surgen como requisitos para el buen suceso de la acci\u00f3n reivindicatoria, que se trate de cosa singular reivindicable, que el dominio se encuentre en cabeza del demandante, la posesi\u00f3n material del demandado, y la identidad entre el bien que se pretende reivindicar y el pose\u00eddo. <\/p>\n
El Tribunal despu\u00e9s de hacer algunas referencias doctrinarias sobre los elementos de la acci\u00f3n reivindicatoria, refiri\u00e9ndose al art\u00edculo 952 ob.cit., dice que de acuerdo con dicha norma la parte actora en estos procesos, necesariamente debe acreditar que su demandado es el poseedor del bien que pretende reivindicar, pues de lo contrario, el sujeto pasivo al no tener la condici\u00f3n jur\u00eddica que la ley le exige, son otras las acciones para obtener de \u00e9ste la restituci\u00f3n de la cosa pretendida. <\/p>\n
En relaci\u00f3n al asunto en estudio se\u00f1ala el ad-quem, que la parte actora como prueba de su dominio sobre los bienes materia de la reivindicaci\u00f3n, aport\u00f3 las siguientes: <\/p>\n
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a) Copia de la escritura No.2672 del 26 de noviembre de 1991 otorgada en la notar\u00eda primera de Manizales, instrumento con el que se protocoliz\u00f3 el proceso de sucesi\u00f3n de Ariel Guti\u00e9rrez, en cuyo trabajo partitorio se le adjudic\u00f3 a Martha Lucia R\u00edos en proporci\u00f3n del 50% y a sus hijos menores, cada uno, el 25% de los bienes objeto de la pretensi\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
b) Copia del acta de la diligencia del remate llevado a cabo el 16 de septiembre de 1983 dentro del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que adelant\u00f3 Ariel Guti\u00e9rrez Rivera contra Josu\u00e9 G\u00f3mez Uribe, subasta p\u00fablica en la que se le entregaron al acreedor rematante los mismos bienes que fueron adjudicados en el referido proceso sucesorio a los demandantes. <\/p>\n
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c) Copia de la escritura p\u00fablica # 763 del 6 de septiembre de 1964, otorgada por el juzgado a nombre de Gonzalo G\u00e1lvez Cano, por medio de la cual se transfiere a Josu\u00e9 G\u00f3mez Uribe, Gustavo Galvis Florez y a Gustavo Orozco Loaiza, el inmueble que G\u00e1lvez Cano les prometi\u00f3 vender, bien que hab\u00eda sido adquirido por el tradente por compra realizada a Teresa y Emilia Castillo mediante escritura p\u00fablica # 345 del 5 de julio de 1955, efectuada en cumplimiento de la sentencia dictada dentro del proceso ejecutivo que contra G\u00e1lvez Cano promovieron los prometientes compradores. <\/p>\n
d) Las copias de los folios de matr\u00edculas inmobiliarias de los predios en litigio, en los que figuran como titulares del dominio los demandantes, por adjudicaci\u00f3n que se les hizo en la causa mortuoria de Ariel Guti\u00e9rrez Rivera. <\/p>\n
El demandado por su lado en su oposici\u00f3n a las pretensiones del libelo, para demostrar que \u00e9l es el poseedor material e inscrito de los bienes, esgrime las escrituras p\u00fablicas Nos. 345 y 346 del 5 de julio de 1955 de la notar\u00eda \u00fanica de Chinchin\u00e1. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los documentos aportados al proceso por los contendientes, afirma el Tribunal que la titulaci\u00f3n de la parte actora tiene su veneno a partir de la escritura No.763 del 6 de septiembre de 1974, pero acontece sin embargo, que por sentencia del primero de octubre de 1976 emanada de la Corte Suprema de Justicia, dentro del juicio reivindicatorio que adelant\u00f3 Gonzalo G\u00e1lvez Cano contra Josu\u00e9 G\u00f3mez Uribe y otros, qued\u00f3 plenamente demostrado que el actor mediante las escrituras 345 y 346 compr\u00f3 ese mismo d\u00eda predios colindantes, que d\u00edas despu\u00e9s prometi\u00f3 en venta a los demandados el bien adquirido por la escritura citada en primer t\u00e9rmino, promesa que hubo de cumplirse por ejecuci\u00f3n forzada, pero cuya escritura (la No.763) no solo abarc\u00f3 los bienes prometidos, sino que, so pretexto de aclarar los linderos, comprendi\u00f3 tambi\u00e9n los predios que G\u00e1lvez Cano hab\u00eda comprado con la escritura p\u00fablica No.346, cuando no deb\u00eda abarcar sino los lotes a que se refiere la escritura No.345. <\/p>\n
Con lo dicho, contin\u00faa el Tribunal, que al prosperar la acci\u00f3n reivindicatoria propuesta por Gonzalo G\u00e1lvez Cano en lo referente al inmueble que adquiriera por el instrumento No.346, los derechos de propiedad de los aqu\u00ed demandantes quedan limitados al predio relacionado en la escritura p\u00fablica #345, que corresponde igualmente al rese\u00f1ado en la escritura No.763 de 1974, que adem\u00e1s concuerda con el descrito en la promesa de compraventa que reposa en folios 10 a 13 del Cdno. No.2. <\/p>\n
Deduce por lo expuesto el ad-quem que el derecho de los demandantes no abarca tiempo superior al t\u00edtulo aportado por el demandado, por lo que prevalece su derecho sobre los bienes objeto de la reivindicaci\u00f3n y por lo tanto su absoluci\u00f3n se impone. <\/p>\n
Conforme a las motivaciones anteriores, el Tribunal resuelve confirmar la sentencia de primer grado y condenar en costas a la parte actora. <\/p>\n
III LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Un cargo le formula la parte demandante a la sentencia que se acaba de resumir, apoyado en la causal primera de casaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que la Corte procede a resolver. <\/p>\n
CARGO UNICO <\/p>\n
El recurrente acusa la sentencia de violaci\u00f3n indirecta de normas sustanciales por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; 946, 947 inc.1o, 949, 950, 952, 961, 962, 963, 964, 969 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de errores manifiestos en la apreciaci\u00f3n probatoria; y de errores de derecho por indebida aplicaci\u00f3n de los incisos 1o. y 2o. del art\u00edculo 332 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 179, 37-4, 180, 174, 175 y 6o. del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n de la censura se resume de la siguiente manera: <\/p>\n
Sostiene que omiti\u00f3 el Tribunal que la tradici\u00f3n de los demandantes se remonta a la escritura p\u00fablica # 345 del 5 de julio de 1955 y la 219 del 21 de marzo de 1966 otorgada en la notar\u00eda de Chinchin\u00e1. <\/p>\n
En desarrollo de su anterior afirmaci\u00f3n, expresa que la tradici\u00f3n de los demandantes no arranca solo de la escritura p\u00fablica No.763 aludida, sino que tal y como consta en cada uno de los folios de matr\u00edcula inmobiliaria, \u00e9sta se remonta a la escritura p\u00fablica No.345 del 5 de julio de 1955 y a la escritura No.219 del 21 de marzo de 1966, por lo que resulta incluso anterior a la tradici\u00f3n esgrimida por el demandado, porque la de \u00e9ste arranca de la escritura p\u00fablica No.346 del 5 de julio de 1955, es decir, que la tradici\u00f3n de los demandantes tiene dos escrituras p\u00fablicas anteriores a la del demandante y viene, afirma, en forma continua y regular hasta la actualidad y que, como consecuencia obvia, los t\u00edtulos antecedentes del demandado no son m\u00e1s antiguos ni mejores que los t\u00edtulos antecedentes de los demandantes, y por lo tanto, a \u00e9stos les asiste el derecho reivindicatorio deprecado. <\/p>\n
Como error manifiesto de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria le censura tambi\u00e9n el recurrente a la sentencia, lo que se\u00f1al\u00f3 como la \u00abomisi\u00f3n\u00bb de que el dictamen pericial acogido es ineficaz, por contradictorio, por omitir la menci\u00f3n de dos codemandantes y, por falta de argumentaci\u00f3n, ataque que desarrolla diciendo que en el citado dictamen pericial se dice que no existe aporte de la escritura de propiedad de la se\u00f1ora Martha Lucia Rios Giraldo, lo que es falso, ya que esa titulaci\u00f3n si se aport\u00f3 al proceso. <\/p>\n
Como contradictorio del dictamen pericial sostiene que all\u00ed se dice que se aportan los certificados de tradici\u00f3n en donde se describen los lotes 5, 9, 10, 11, 12 y 13, documentos en donde aparece la demandante con el 50% de la propiedad de cada uno de ellos, los cuales muestran que parten de la escritura No.345 de Julio 5 de 1955, para contradecirse a continuaci\u00f3n al sostener que esos predios no les pertenecen porque \u00aben la diligencia de inspecci\u00f3n judicial pudimos comprobar que los lotes 5, 9, 10, 11, 12 y 13 no pertenecieron a la escritura No.345, sino a la escritura No.346… salvo una porci\u00f3n del lote No.5 que pertenece a la escritura 345\u00bb. <\/p>\n
El recurrente le imputa tambi\u00e9n a la sentencia que en la apreciaci\u00f3n del dictamen pericial omiti\u00f3 que los peritos \u00fanicamente mencionan la titulaci\u00f3n de la codemandante Martha Luc\u00eda Rios Giraldo, sin que ni por asomo se mencionen los nombres de los otros dos codemandantes, vale decir, de Luisa Fernanda y Federico Guti\u00e9rrez Rios, omisi\u00f3n que es indicativa de que no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y dictaminando. <\/p>\n
En lo tocante con la pr\u00e9dica del casacionista de la ausencia de motivaci\u00f3n del dictamen, dice que ni un solo racionamiento t\u00e9cnico o cient\u00edfico y, ni siquiera de sentido com\u00fan, se observa en el citado dictamen. <\/p>\n
Ahora, en lo que respecta con los errores de derecho en la apreciaci\u00f3n probatoria, le censura el recurrente al tribunal lo siguiente: <\/p>\n
a) Oponer a los demandantes la sentencia de casaci\u00f3n civil del 1o. de octubre de 1979 y la entrega del 23 de mayo de 1980 y cualquier otra actuaci\u00f3n del citado proceso, sin existir identidad jur\u00eddica de partes en ambos procesos, imputaci\u00f3n que desarrolla diciendo que el tribunal indebidamente extendi\u00f3 al sub-lite los efectos jur\u00eddicos de tales actuaciones judiciales, las que son inoponibles a los aqu\u00ed demandantes por no haber sido ellos, ni sus antecesores en el dominio, partes en el proceso en que se dict\u00f3 esa sentencia. <\/p>\n
b) Por \u00faltimo, el recurrente le endilga a la sentencia del tribunal como error de derecho en la apreciaci\u00f3n probatoria, el no haber decretado de oficio la \u00abaducci\u00f3n\u00bb de los t\u00edtulos de los demandantes para completar la cadena continua y regular de la propiedad, censura que culmina transcribiendo un aparte de una providencia de esta Corporaci\u00f3n relacionada con el decreto de pruebas oficiosas por parte del juzgador. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1.- La acci\u00f3n reivindicatoria o de dominio que va orientada a la protecci\u00f3n del se\u00f1or\u00edo y a lograr la recuperaci\u00f3n de la cosa frente a quien la posee y se niega a entregarla, para su buen suceso el due\u00f1o debe probar que lo es y si tiene acci\u00f3n, esto es, si concurren los dem\u00e1s supuestos axiol\u00f3gicos que le abren paso, los que deben quedar debidamente demostrados y tendr\u00e1 que hacerlo con las pruebas id\u00f3neas y eficaces para ello. <\/p>\n
1.1.- Se trata de una pretensi\u00f3n real que constituye la m\u00e1s eficaz defensa del derecho de dominio al no permitir que un tercero retenga la cosa contra la voluntad de su propietario y consecuencialmente permite a \u00e9ste que recobre la posesi\u00f3n indebidamente perdida. <\/p>\n
1.2.- Pero para lograr la finalidad jur\u00eddica propia de la acci\u00f3n reivindicatoria, cual es en suma restituir a su due\u00f1o las cosas que otro posee, para el ejercicio de esta acci\u00f3n, al tenor de lo preceptuado en el art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil deben concurrir cuatro elementos fundamentales para que pueda prosperar, que se refieren al actor, al demandado, y a la cosa que se pretende reivindicar <\/p>\n
Ellos son: a) derecho de dominio en el demandante; b) posesi\u00f3n material en el demandado; c) cosa singular reivindicable o cuota determinada de cosa singular; y, d) identidad entre la cosa que pretende el actor y la pose\u00edda por el demandado. <\/p>\n
1.2.2.- En lo que toca con el primer elemento enunciado, vale decir, la obligaci\u00f3n del demandante de demostrar que es el propietario de la cosa cuya restituci\u00f3n busca, tiene su raz\u00f3n de ser en que debe aniquilar la presunci\u00f3n de dominio que conforme al art\u00edculo 762 del C.C., ampara al poseedor demandado, pues para estos efectos, defendiendo aquella, se defiende por regla general \u00e9sta. Luego, mientras el actor no desvirt\u00fae el hecho presumido, el poseedor demandado en reivindicaci\u00f3n seguir\u00e1 gozando de la presunci\u00f3n de due\u00f1o con que lo ampara la ley. <\/p>\n
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1.2.3.- El segundo elemento, esto es, la posesi\u00f3n material del bien por parte del demandado, al decir art\u00edculo 952 del C.C. que \u00abla acci\u00f3n reivindicatoria se dirige contra el poseedor\u00bb implica que corre por cuenta del demandante demostrar que su oponente ostenta la calidad de poseedor del bien que pretende reivindicar, para que as\u00ed \u00e9ste tenga la condici\u00f3n de contradictor id\u00f3neo. <\/p>\n
1.2.4.- Tambi\u00e9n se requiere, como tercer elemento de la acci\u00f3n reivindicatoria que recaiga sobre cosa singular reivindicable o cuota determinada de cosa singular, lo que quiere decir que el bien sobre el cual el actor invoca la propiedad, sea o se encuentre particularmente determinado y el t\u00edtulo de dominio que invoca abarque la totalidad del mismo, y si se trata de cuota de la cosa singular, el t\u00edtulo ha de comprender la plenitud de la cuota que reivindica. <\/p>\n
1.2.5.- Como \u00faltimo elemento axiol\u00f3gico de la acci\u00f3n reivindicatoria est\u00e1 el de la identidad del bien que persigue el actor con el que posee el demandado, esto es, que los t\u00edtulos de propiedad que exhibe el reivindicante correspondan al mismo que el opositor posee. Sobre la necesidad de acreditar este requisito tiene dicho la Corte que \u00aben trat\u00e1ndose de hacer efectivo el derecho, ha de saberse con certeza cu\u00e1l es el objeto sobre el cual incide. Si el bien pose\u00eddo es otro, el derecho no ha sido violado, y el reo no est\u00e1 llamado a responder\u00bb (Cas.27 de abril de 1955, LXXX, 84). <\/p>\n
2.- Ahora bien, quien pretende reivindicar su propiedad debe, para obtener la prosperidad de la pretensi\u00f3n, probar los referidos elementos, lo que no siempre se presenta. Pues, como reiteradamente lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, pueden contemplarse varias situaciones, a saber: a) cuando el demandado poseedor adem\u00e1s de esgrimir la posesi\u00f3n del bien, presenta un t\u00edtulo inscrito, evento en el cual debe el fallador acudir a la confrontaci\u00f3n de t\u00edtulos a fin de determinar cu\u00e1l de ellos prevalece. Para ello le es necesario observar si emanan del mismo tradente, o, por el contrario, provienen de antecesores diferentes. Si ocurre lo primero, se resolver\u00e1 en principio, a favor del que tenga la mayor antig\u00fcedad en la inscripci\u00f3n del t\u00edtulo en la oficina de registro correspondiente. Si ocurre lo segundo, prevalecer\u00e1 el t\u00edtulo que contenga la mejores condiciones de validez y antiguedad, tal y como lo sostuvo la Corte en fallo del 18 de septiembre de 1968: \u00abtr\u00e1base por este aspecto un debate que el juzgador debe soltar dando la preferencia a aquel de los litigantes que resulte investido de titularidad prevaleciente sobre la aportada por su contrario\u00bb. b)Tambi\u00e9n puede presentarse el evento en que solo uno de los contendientes exhibe t\u00edtulo. Si lo tiene el demandado, su posesi\u00f3n no se altera. Si lo esgrime quien reivindica, saldr\u00e1 avante en su pretensi\u00f3n, siempre y cuando su t\u00edtulo sea anterior a la posesi\u00f3n del demandado (Sentencia del 18 de agosto de 1948. G.J. tomo LXIV, p\u00e1g. 717). <\/p>\n
2.1.- Pero el juzgador debe tener en cuenta en la contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de las pruebas que apuntan a la demostraci\u00f3n de esos elementos, las reglas probatorias que se establecen para acreditarlos. Es as\u00ed como el dominio suele demostrarse: a) con el t\u00edtulo debidamente registrado que contenga la transmisi\u00f3n de la propiedad a quien esgrime tal condici\u00f3n, y\/o con las sentencias declaratorias del dominio, despu\u00e9s de su registro (art. 758 del C.C.); b) el objeto a que se circunscribe el litigio por ser un elemento material, f\u00edsico, perceptible por los sentidos, se demuestra con inspecci\u00f3n pericial, o tambi\u00e9n documentos, confesi\u00f3n, etc. y c) la posesi\u00f3n, siendo esencialmente una cuesti\u00f3n de hecho se demuestra acreditando los actos que revelen el \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o de quien la alega, esto se logra con pruebas testimoniales, la confesi\u00f3n del demandado, etc. <\/p>\n
2.2.- Sin embargo, en la valoraci\u00f3n de las pruebas que aduzcan los litigantes para demostrar los elementos enunciados, puede el fallador acertar o equivocarse. Si lo segundo, abre paso al ataque contra la sentencia con respaldo en la causal primera de Casaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 368 del C. de P. Civil, y concretamente por la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial en la apreciaci\u00f3n de los medios de prueba, infracci\u00f3n en que puede incurrir, ya por error de hecho que fluye en el desacierto en la contemplaci\u00f3n objetiva de la prueba, como sucede por ejemplo cuando cree equivocadamente en la existencia o no existencia de ella, o ya por error de derecho que equivale al desacierto en su valoraci\u00f3n jur\u00eddica, lo que implica de suyo la existencia material de la prueba. <\/p>\n
3.- Seguidamente procede la Corte al estudio del cargo que el recurrente aqu\u00ed formula, en el que le endilga a la sentencia la violaci\u00f3n indirecta de los preceptos sustanciales por errores manifiestos de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria y errores de derecho por indebida aplicaci\u00f3n y falta de aplicaci\u00f3n de normas procesales. <\/p>\n
3.1.- Desacierta el recurrente en las imputaciones al tribunal sobre la comisi\u00f3n de errores de hecho. <\/p>\n
3.1.1.- Dice el censor que se equivoc\u00f3 el Tribunal al no ver que la tradici\u00f3n de los demandantes se remonta al 5 de julio de 1955. Dicha censura es desacertada, porque lo que dice el Tribunal es que el t\u00edtulo de la demandante \u00abno abarca\u00bb tiempo superior al aportado por el demandado, afirmaci\u00f3n que hace cuando sostiene que \u00ablo anterior permite concluir sin hesitaci\u00f3n alguna que el derecho de los demandantes no abarca el tiempo superior al t\u00edtulo aportado por el demandado, resultando prevalente por tanto su derecho sobre los bienes cuya restituci\u00f3n se ha deprecado…\u00bb. Esta conclusi\u00f3n se funda en que el propietario y poseedor com\u00fan anterior fue G\u00e1lvez Cano desde 1955, cuando mediante las escrituras Nos.345 y 346 de la notar\u00eda \u00fanica de Chinchin\u00e1 adquiri\u00f3 los lotes, prometiendo en venta posteriormente a Josu\u00e9 G\u00f3mez Uribe, Gustavo G\u00e1lvez Fl\u00f3rez y Gustavo Orozco Loaiza el adquirido mediante la escritura primeramente citada, vale decir la No. 345, pero el citado G\u00e1lvez Cano no prometi\u00f3 en venta ni pretendi\u00f3 hacerlo, el predio adquirido mediante la escritura No. 346, raz\u00f3n por la que obtuvo sentencia favorable en su pretensi\u00f3n reivindicatoria al incluirse este \u00faltimo predio indebidamente en la escritura No. 763 (folios 57 a 59 vto. C-1), hechos suficientemente demostrados con los documentos aportados al proceso. <\/p>\n
Luego el tribunal, siguiendo argumentaciones de la Corte en sentencia del 1\u00ba de octubre de 1979, llega a la conclusi\u00f3n probatoria que la mencionada escritura p\u00fablica 763 solamente contempla un lote efectivamente adquirido por el entonces rematante, Josu\u00e9 G\u00f3mez Uribe, y posteriormente por sus herederos, y que dicho lote correspondi\u00f3 al prometido en venta, materia de la ejecuci\u00f3n y remate, el cual no era otro que el mismo lote que hab\u00eda adquirido G\u00e1lvez Cano mediante escritura p\u00fablica 345 de 1955. Pero el ad-quem tambi\u00e9n admite, como en otra ocasi\u00f3n lo hiciera la Corte, que la referida escritura p\u00fablica 763 de 1974 tambi\u00e9n incluy\u00f3 un bien que no estaba prometido en venta y que correspond\u00eda al lote adquirido por G\u00e1lvez Cano mediante la escritura p\u00fablica 346 de 1955, que fue la que le permiti\u00f3 a G\u00f3mez Uribe obtener la recuperaci\u00f3n de \u00abdichos bienes, indebidamente incluidos en la escritura p\u00fablica No.763\u00bb (C-5 folio 25). Siendo as\u00ed las cosas, el recurrente desacierta en la formulaci\u00f3n de su cargo porque, adem\u00e1s de caer en el vac\u00edo, resulta totalmente desacertado. Lo uno, porque omite combatir frontalmente la argumentaci\u00f3n central del sentenciador en este punto cual es que el t\u00edtulo de la escritura p\u00fablica 763 de 1974, por haber incluido indebidamente el bien a que se refiere la escritura 346 de 1955 mediante la cual el demandado G\u00e1lvez Cano adquiri\u00f3 el bien que ten\u00eda en posesi\u00f3n y que, despu\u00e9s de perdido lo recuper\u00f3; no puede unirse a este \u00faltimo t\u00edtulo. Y si ese punto queda inc\u00f3lume, no queda otra alternativa que tambi\u00e9n quede en el sentido de que con relaci\u00f3n al lote a que se refiere la escritura p\u00fablica 346 de 1955 hay dos t\u00edtulos: Uno a favor de G\u00e1lvez Cano representado en esa escritura 346 de 1955, y otro a favor de Josu\u00e9 G\u00f3mez U. y sucesores recogido en la escritura 763 de 1974 que no procede del anterior propietario. Lo cual deja a su vez en firme la conclusi\u00f3n del tribunal consistente en que el t\u00edtulo del demandante no es anterior al del demandado. Ahora bien, cuando el recurrente trata de unir la escritura p\u00fablica 763 de 1974 con la escritura 345 de 1955 para endilgarle error de hecho en no haberla apreciado en conjunto, se trata de un reparo intrascendente porque ello solo podr\u00eda acarrear el establecimiento de una cadena del t\u00edtulo respecto de su objeto que, como el de la escritura 345, lo estima el tribunal diferente al que posee el demandado y que funda su propiedad en la escritura 346. Luego, se trata de una acusaci\u00f3n inane para quebrar el fallo y que, por tanto, exonera a la Corte de su estudio de fondo. Y tal intrascendencia se hace mas patente si se tiene en cuenta que habiendo sido G\u00e1lvez Cano el anterior propietario, cuya posesi\u00f3n se considera ininterrumpida desde 1955 y, por lo tanto, anterior al t\u00edtulo de la escritura 763 de 1974; los reparos aludidos en nada alterar\u00edan la sentencia atacada, pues no siendo dicho t\u00edtulo anterior a la posesi\u00f3n del demandado, la acci\u00f3n reivindicatoria tambi\u00e9n terminar\u00eda en el fracaso. <\/p>\n
4.- Tambi\u00e9n sostiene el casacionista que hubo error en la apreciaci\u00f3n del dictamen pericial por cuanto all\u00ed se dice que \u00abno existe aporte de la escritura de propiedad de la se\u00f1ora Martha Lucia Rios\u00bb, afirmaci\u00f3n que dice no es cierta porque si fue aportada al proceso; que los peritos \u00fanicamente mencionan la titulaci\u00f3n de la codemandante Martha Lucia Rios, pero ignoran la titulaci\u00f3n de los hijos Luisa Fernanda y Federico Guti\u00e9rrez Rios y que el experticio adolece de fundamentaci\u00f3n. <\/p>\n
4.1.- Al respecto cabe anotar que los yerros que le endilga el recurrente al dictamen por la omisi\u00f3n de ciertos documentos o nombres, resultan intrascendentes si ellos fueron tenidos en cuenta o su valoraci\u00f3n se sobreentiende, tal y como aqu\u00ed ha sucedido, lo que no solo se evidencia de los t\u00e9rminos de la misma censura que transcribe apartes del dictamen, pues inicialmente se duele que los peritos ignoraron la titulaci\u00f3n de la se\u00f1ora Rios Giraldo, para seguidamente decir que los peritos solo mencionan la titulaci\u00f3n de dicha se\u00f1ora sin que refieran la de sus hijos, sino que los peritos dicen que examinaron los certificados de tradici\u00f3n de los lotes, documentos en los que aparece el registro de los t\u00edtulos de la demandante y de sus hijos, lo que evidencia que s\u00ed fueron tenidos en cuenta. En lo que toca con la ausencia de motivaci\u00f3n, precisa la Corte que la justificaci\u00f3n de la pericia est\u00e1 en el examen de los documentos aludidos, planos y la percepci\u00f3n f\u00edsica que de los inmuebles hicieron. <\/p>\n
5.- As\u00ed mismo se equivoc\u00f3 la censura en los yerros de derecho que le endilga a la sentencia. <\/p>\n
5.1.- Dice el recurrente que hubo error de derecho al oponer a los actores la sentencia judicial y la entrega. Ello no es cierto. En primer lugar porque el fundamento probatorio del fallo fueron directamente las pruebas aportadas por las partes al proceso, tales como las escrituras, inspecci\u00f3n judical, etc., y no la sentencia de la Corte. Diferente es que el ad-quem hubiese acogido igualmente la apreciaci\u00f3n que de esas mismas pruebas (las documentales) hab\u00eda hecho la Corte sobre el mismo punto en sentencia de 1\u00ba de octubre de 1979. Y en segundo lugar, esa sentencia de la Corte fue proferida en proceso adelantado contra el antecesor inmediato de los demandantes (Josu\u00e9 G\u00f3mez Uribe), a quien se le oblig\u00f3 a restituir la posesi\u00f3n del lote que ahora se discute en reivindicaci\u00f3n (fl. 45, C-1), lo que de hecho significa que la posesi\u00f3n de demandado restituida se considere ininterrumpida. <\/p>\n
Luego, simplemente el ad-quem siguiendo los derroteros de la Corte, apreci\u00f3 igualmente los t\u00edtulos y la posesi\u00f3n del demandado, que por ser anteriores a los t\u00edtulos de los demandantes, dieron al traste con la pretensi\u00f3n reivindicatoria de \u00e9stos. <\/p>\n
6.- Finalmente, carece de fundamento el yerro de derecho atribuido al Tribunal por falta de decreto oficioso de pruebas. <\/p>\n
6.1.- En primer lugar, reitera la Corte que si bien por lo general la omisi\u00f3n del decreto oficioso no configura la comisi\u00f3n de error de derecho, en cuando com\u00fanmente esa decisi\u00f3n obedece a que el Juez, con bases objetivas, considera que no ten\u00eda el deber de decretarla; no es menos cierto que ha admitido excepcionalmente ser procedente, cuando, habiendo elementos de juicio en el expediente, objetivamente no solo surgi\u00f3 la necesidad del decreto oficioso de prueba sino que de allegarse esta \u00faltima por orden del Juez, la decisi\u00f3n que habr\u00eda de adoptarse ser\u00eda distinta o diferente, en todo o en parte, de la que tendr\u00eda que proferirse sin ella. Por ello, dijo esta Corporaci\u00f3n en sentencia del 12 de septiembre de 1994 que \u201cbajo la inteligencia que aqu\u00ed se le da al art\u00edculo 179 del C.P.C., en armon\u00eda con el 180 ibidem, el deber de decretar de oficio una prueba asume el car\u00e1cter ineludible cuando quiera que por las circunstancias objetivas (ajenas a la negligencia, y maniobras de las partes) y ostensibles del proceso, es la actitud pertinente para ajustar la realidad probatoria a los hechos sobrevinientes aducidos y probados, que impidan fallos absurdos contrarios a la realidad \u00faltima alegada y probada. Si ello es as\u00ed, s\u00edguese entonces que la violaci\u00f3n de este deber que excepcionalmente se torna ineludible en este caso, constituye un quebranto a la norma de disciplina probatoria mencionada, que, a su vez, impide, contrariando dicho precepto, otorgarle valoraci\u00f3n probatoria precisamente a la prueba que, por los anteriores motivos, debi\u00f3 ineludiblemente ser decretada e incorporada de oficio con la consiguiente contradicci\u00f3n del caso. Por esta raz\u00f3n, excepcionalmente en este caso se incurrir\u00eda en error de derecho alegable en casaci\u00f3n\u2026.\u201d <\/p>\n
6.2.- Siendo as\u00ed los cosas, no encuentra la Corte que se haya configurado la comisi\u00f3n de error de derecho por el sentenciador de segundo grado, por no haber decretado pruebas de oficio para completar las pruebas de los demandantes para que la prueba de su titulaci\u00f3n resultara anterior a la del demandado. Ello se debe, en primer lugar, a que la censura no se\u00f1ala y ni siquiera demuestra que el caso sub-examine hubiese existido para el Juez de segunda instancia la necesidad objetiva e inequ\u00edvoca de la prueba de oficio, deducida del mismo acervo probatorio allegado al expediente, que hiciera imperativo obrar en forma oficiosa, pues tal, como ha sido planteado, se funda inadmisiblemente en la sustituci\u00f3n de la carga de la prueba del demandante en la tarea de la demostraci\u00f3n de que su t\u00edtulo fuese anterior a la posesi\u00f3n del demandado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, tampoco se\u00f1ala ni demuestra la censura que, a\u00fan habi\u00e9ndose expedido el decreto oficioso de prueba por resultar imperativo, la prueba con base en \u00e9l as\u00ed obtenida, habr\u00eda de incidir directamente en la decisi\u00f3n final, hasta el punto de ser diferente. Porque, tal como antes qued\u00f3 expuesto, la prueba documental que podr\u00eda ser el antecedente de la escritura No.763 de 1974 ser\u00eda, por el objeto al cual se refiere, la escritura No.345 de 1955, la cual en nada incidir\u00eda en la titulaci\u00f3n del demandado; puesto que si esta \u00faltima descansa en la escritura No.346 de 1956, \u00e9sta, al ser diferente de la mencionada, dicha censura ser\u00eda intrascendente para quebrar este sustento probatorio. <\/p>\n
7.- En consecuencia, el cargo no prospera. <\/p>\n
IV – DECISION <\/p>\n
En virtud de lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales- Sala Civil- el 25 de noviembre de 1993, en el proceso ordinario (reivindicatorio) promovido por MARTHA LUCIA RIOS GIRALDO en su propio nombre y como representante legal de sus menores hijos LUISA FERNANDA y FEDERICO GUTIERREZ RIOS, contra GONZALO GALVEZ CANO. <\/p>\n
Costas en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n a cargo de la parte recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y oportunamente devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
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S-075-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado ponente: Doctor PEDRO LAFONT PIANETTA Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., diciembre dos (2) de mil novecientos noventa y siete (1997) Referencia: Expediente No. 4987 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81511","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81511","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81511"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81511\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81511"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81511"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81511"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}