S-076-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de Diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997).- <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 4915 <\/p>\n
Se decide por la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha dieciocho (18) de noviembre de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario adelantado por TERESA GUTIERREZ DE HERRERA contra JORGE ENRIQUE HERRERA STELLA. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
1. Por escrito presentado el 13 de abril de 1989 ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga, TERESA GUTIERREZ DE HERRERA entabl\u00f3 demanda civil contra el citado demandado, para que por los tr\u00e1mites del proceso ordinario se declare que existi\u00f3 lesi\u00f3n enorme en la liquidaci\u00f3n y partici\u00f3n de bienes de la sociedad conyugal existente entre las partes, efectuada por conducto de la Escritura P\u00fablica n\u00famero 1285 de 4 de mayo de 1988, corrida en la Notar\u00eda S\u00e9ptima del Circulo de Bucaramanga e inscrita en el Registro de Instrumentos P\u00fablicos el 1o. de agosto de 1988, y que existen bienes pertenecientes a la sociedad conyugal que no fueron inventariados en dicha escritura; en consecuencia, pide se declare \u201cla nulidad o rescisi\u00f3n\u201d por causa de la lesi\u00f3n enorme de la partici\u00f3n contenida en el numeral s\u00e9ptimo de la ya citada Escritura; se condene a JORGE ENRIQUE HERRERA STELLA a restituir a la sociedad conyugal formada con su esposa TERESA GUTIERREZ DE HERRERA, los frutos naturales y civiles que hayan podido producir los bienes a que se refiere la partici\u00f3n impugnada y los dem\u00e1s que perteneciendo a la citada sociedad no fueron inventariados, desde el 4 de mayo de 1988 hasta el d\u00eda en que se realice la nueva partici\u00f3n; se comunique a la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Bucaramanga la nulidad o rescisi\u00f3n as\u00ed declarada; se cancele la inscripci\u00f3n en el registro inmobiliario de la referida Escritura 1285 del 4 de mayo de 1988 en cuanto respecta a los bienes individualizados como: apartamento 1-2 del edificio 14 de la calle 81 No. 24-20, matr\u00edcula 300-000-6913, y lotes 103-A, 104, 105, 121, 206 y 207 situados en el municipio de Gir\u00f3n (Santander), matr\u00edculas 300-0073996, 300-0112-832 300-0084.101, 300-112833, y los lotes con matr\u00edculas 300-0112-829 y 300-131-852; se declare que todos estos bienes no han salido del patrimonio de la sociedad conyugal en referencia; se ordene rehacer la partici\u00f3n dentro de los cinco d\u00edas siguientes a la sentencia; y se declare que las deudas que cada c\u00f3nyuge haya adquirido con posterioridad a la fecha de otorgamiento de la escritura tantas veces citada no tienen el car\u00e1cter de sociales, por lo que cada quien deber\u00e1 responder por su pago. <\/p>\n
Para apoyar tales pedimentos, la actora expuso los siguientes antecedentes: A) JORGE ENRIQUE HERRERA STELLA y TERESA GUTIERREZ MANTILLA contrajeron matrimonio el 15 de junio de 1968 y durante la vigencia de la sociedad conyugal adquirieron los siguientes bienes: a) El 50% de un terreno ubicado en la vereda de Palogordo del Municipio de Gir\u00f3n, inscrito en el Registro de Instrumentos P\u00fablicos como lote -Gir\u00f3n- con matr\u00edcula inmobiliaria 300-00131.852, con un \u00e1rea de 3.472 metros cuadrados. b) El 50% de un terreno ubicado en la vereda de Palogordo, jurisdicci\u00f3n de Gir\u00f3n con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 300-0112.829, avaluados en $2\u2019715.500.oo. c) Una parcela o lote n\u00famero 103-A ubicado en la vereda Palogordo, sitio Buenavista del Municipio de Gir\u00f3n con matr\u00edcula 300-0073.996. Este lote fue avaluado en $8.300.oo. d) Los lotes n\u00fameros 104 y 105 con \u00e1rea de 4.800 metros cuadrados, ubicado en el municipio de Gir\u00f3n, vereda Palogordo, pertenecientes a la matr\u00edcula 300-0112.832. e) Lote de terreno n\u00famero 121 con \u00e1rea de 2.400 metros cuadrados, situado en el municipio de Gir\u00f3n, vereda Palogordo. Tiene matr\u00edcula inmobiliaria 300-0084-101. f) Un terreno integrado por los lotes n\u00famero 206 y 207, con \u00e1rea de 4.800 metros cuadrados, situado en el municipio de Gir\u00f3n, vereda Palogordo, distinguidos con la matr\u00edcula inmobiliaria 300-0112-833. A los lotes se\u00f1alados ac\u00e1 en los literales d, e y f- les fue asignado un precio total de $94.000. g) Un apartamento que forma parte del edificio 14 multifamiliares Barrio Diamante 2 calle 81 Nr. 24-20 apartamento 1-2 del primer piso. Este apartamento tiene matr\u00edcula inmobiliaria 300.006.913 y fue avaluado en la suma de $2\u2019074.000.oo. h) Muebles y enseres y menaje dom\u00e9stico avaluado en $743.800. i) Un veh\u00edculo automotor de placas S.N. 2310 tipo cami\u00f3n; j) Un veh\u00edculo automotor tipo jeep de placas P-K-5044; k) Un veh\u00edculo automotor de placas P-G-7623, tipo camioneta; l) 500 acciones en la sociedad CENTRAL DE ABASTOS DE BUCARAMANGA, S.A. B) En la partici\u00f3n de bienes gananciales efectuada mediante la Escritura 1285 del 4 de mayo de 1988 de la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Bucaramanga, los indicados en los literales a), b), c), d), e). y f), junto con muebles y enseres y menaje dom\u00e9stico por $78.000, conforman la hijuela para JORGE ENRIQUE HERRERA STELLA, mientras que el que figura en el literal g) y muebles y enseres y menaje dom\u00e9stico por la suma de $665.800 conforman la hijuela de TERESA GUTIERREZ MANTILLA y los veh\u00edculos y acciones distinguidos con los literales i), j), k), l) no fueron incluidos en el inventario y por lo tanto omitidos en la partici\u00f3n as\u00ed realizada. Afirma, entonces, que a los bienes adjudicados al demandado le fueron asignados precios irrisorios que son significativamente inferiores a su verdadero valor comercial. C) De lo anterior concluye que los bienes adjudicados a la actora tienen un valor inferior al 50% de aquellos que le corresponden al demandado, sin contar los que no fueron inventariados que continuaron en su poder, activos todos que en el momento de la liquidaci\u00f3n, val\u00edan m\u00e1s de treinta millones de pesos ($30\u2019000.000) frente a lo que puede costar el apartamento entregado a la actora en cuya hijuela, adem\u00e1s, se increment\u00f3 exageradamente el valor de los muebles a ella asignados, para aparentar el complemento de su cuota por gananciales. <\/p>\n
2. Notificado el demandado del auto admisorio de la demanda, la respondi\u00f3 oponi\u00e9ndose a las pretensiones en ella deducidas, neg\u00f3 las apreciaciones de la actora sobre la partici\u00f3n adelantada para la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal y manifest\u00f3 que exist\u00edan varios pasivos sociales asumidos por \u00e9l que no fueron incluidos en aqu\u00e9lla. Propuso como excepciones de fondo \u201cla acumulaci\u00f3n indebida de pretensiones\u201d, aduciendo que la nulidad y la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme son dos acciones incompatibles entre s\u00ed, y reclam\u00f3 en su favor la absoluci\u00f3n por falta de prueba, refiri\u00e9ndose \u201ca la propiedad y el aval\u00fao de los bienes al momento de la liquidaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3. Trabada as\u00ed la relaci\u00f3n procesal, el tr\u00e1mite del primer grado se adelant\u00f3 con la recepci\u00f3n de algunas pruebas a instancia de la parte demandante en un comienzo, y en la objeci\u00f3n del dictamen solicitadas por el demandado, luego de lo cual, el Juzgado 4\u00ba de Familia de Bucaramanga le puso fin a la primera instancia con providencia del veintiocho (28) de octubre de 1992, complementada el veintisiete (27) de noviembre siguiente, en la cual resolvi\u00f3: PRIMERO: DECLARAR infundada la excepci\u00f3n propuesta como de fondo por el apoderado del demandado intitulada \u201cindebida acumulaci\u00f3n de pretensiones\u201d. SEGUNDO: DENEGAR la objeci\u00f3n por error grave presentada por el apoderado del demandado contra el dictamen pericial obrante a los folios 96 a 105 del cuaderno principal. TERCERO: DECLARAR que hay lesi\u00f3n enorme en la liquidaci\u00f3n y partici\u00f3n de bienes de la sociedad conyugal de los esposos JORGE ENRIQUE HERRERA STELLA Y TERESA GUTIERREZ DE HERRERA; efectuada de com\u00fan acuerdo mediante la Escritura P\u00fablica n\u00famero 1285 del 4 de mayo de 1988 de la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Bucaramanga, inscrita en el Registro de Instrumentos P\u00fablicos el 8 de agosto de 1988. CUARTO: Como consecuencia del punto anterior se ordena RESCINDIR la partici\u00f3n de bienes gananciales contenida en la escritura p\u00fablica referida. QUINTO: Se ordena REHACER LA PARTICION de bienes de la sociedad conyugal atendiendo los preceptos legales que rigen la materia, siguiendo alguno de los procedimientos autorizados en la ley. Deber\u00e1 incluirse en el activo l\u00edquido social adem\u00e1s de los bienes relacionados en la Escritura P\u00fablica 1285 del 4 de mayo de 1988 ajustado su valor al aval\u00fao pericial obrante en el proceso, las 550 acciones de la Central de Abastos avaluadas en $55.000.oo. Dentro del pasivo social se tendr\u00e1 en cuenta el se\u00f1alado en el documento escriturario y los $7\u2019980.000.oo cr\u00e9dito a favor del Banco Ganadero. SEXTO: SE CONDENA al demandado JORGE ENRIQUE HERRERA STELLA a restituir a la c\u00f3nyuge actora, los frutos naturales y civiles producidos por los bienes inmuebles a que se refiere la partici\u00f3n impugnada, en proporci\u00f3n a la parte de cuota que le dejaron de entregar, liquidables desde el 13 de abril de 1989 hasta el d\u00eda en que se rehaga la partici\u00f3n, tomando como base el aval\u00fao pericial acogido por el juzgado.- Suma precisada en la sentencia complementaria en cuatro millones ocho mil ochocientos sesenta y un pesos con ventiocho centavos ($4\u2019008.861.28), en un plazo de treinta d\u00edas contados a partir de la ejecutoria de esta providencia-. SEPTIMO: A COSTA de la demandante, comp\u00falsese copia de la presente providencia con destino a la Notar\u00eda S\u00e9ptima del C\u00edrculo de Bucaramanga, para que al margen de la Escritura P\u00fablica 1285 del 4 de mayo de 1988, se haga la anotaci\u00f3n respectiva. OCTAVO: OFICIESE a la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos y Privados de esta ciudad para que se proceda a la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la pluricitada escritura p\u00fablica en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria relacionados en las pretensiones del libelo, as\u00ed como de la anterior partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n. NOVENO: Las deudas que cada c\u00f3nyuge haya adquirido con posterioridad al 4 de mayo de 1988 fecha de otorgamiento de la escritura p\u00fablica 1285, no tienen el car\u00e1cter de sociales, por lo que cada quien deber\u00e1 responder por su pago. DECIMO: CONDENAR al pago de las costas del proceso, al demandado JORGE ENRIQUE HERRERA STELLA\u201d. <\/p>\n
Inconforme con lo as\u00ed resuelto el demandado interpuso recurso de apelaci\u00f3n motivo por el cual el asunto subi\u00f3 al conocimiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga que, en su Sala de Familia, luego de tramitar la instancia con la pr\u00e1ctica de algunas diligencias de prueba oficiosamente dispuestas por la corporaci\u00f3n, desat\u00f3 la alzada con providencia de fecha dieciocho (18) de noviembre de 1993 con la cual resuelve: \u201cPRIMERO: confirmar los numerales 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 7o., 8o., 9o. y 10o. de la parte resolutiva de la sentencia apelada. SEGUNDO: Complementar el fallo impugnado, en el sentido de declarar que los bienes materia de la partici\u00f3n rescindida por lesi\u00f3n enorme no han salido del patrimonio de la sociedad conyugal il\u00edquida de los esposos JORGE ENRIQUE HERRERA STELLA Y TERESA GUTIERREZ DE HERRERA; en consecuencia, el part\u00edcipe demandado, junto con la demandante, deben restituir a dicha sociedad conyugal los bienes que les fueron adjudicados en la partici\u00f3n contenida en la Escritura P\u00fablica No. 1285, de fecha mayo 4\/88, otorgada en la Notar\u00eda S\u00e9ptima (7a.) de Bucaramanga, debidamente purificados de toda clase de contratos, grav\u00e1menes y derechos reales que las partes hayan constituido. TERCERO: Revocar el numeral 6o. de la parte resolutiva del fallo apelado, como tambi\u00e9n la sentencia complementaria de fecha noviembre 27\/92, y en su lugar, se dispone: Condenar al demandado JORGE ENRIQUE HERRERA STELLA a restituir a la demandante TERESA GUTIERREZ DE HERRERA, dentro de los tres d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, que en su momento debe dictar el a-quo, la cantidad de QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON 17\/100 ($503.305.17), por concepto de los frutos producidos por los bienes que deben ser restuidos (sic), causados desde el 13 de abril de 1989 al 30 de junio de 1991. Igualmente, cond\u00e9nase al demandado a restituir a la demandante, por el mismo concepto y dentro del mismo t\u00e9rmino aqu\u00ed se\u00f1alado, la cantidad de TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 50\/100 ($37.973.862.50), como frutos causados desde el 1 de julio de 1991 al 31 de agosto de 1993. Vale la restituci\u00f3n total de frutos que debe hacer el demandado a la demandante, la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON 67\/100 ($38.477.167.67). CUARTO: Complementar la sentencia apelada, en el sentido de ordenar la cancelaci\u00f3n de los registros de las transferencias de propiedad, grav\u00e1menes, limitaciones al dominio, etc., que sobre los inmuebles de la sociedad conyugal il\u00edquida de los esposos HERRERA-GUTIERREZ, identificados con matr\u00edculas inmobiliarias n\u00fameros 300-0112.832; 300-0131.852; 300-0112.829; 300-0084.101; 300-0112.833; 300-0006.913 y 300-0073.996 hayan reca\u00eddo despu\u00e9s de la inscripci\u00f3n de la demanda (Mayo 19\/89) (fl. 28). L\u00edbrese el correspondiente oficio. QUINTO: Cond\u00e9nase a la parte demandada al pago de las costas causadas en la segunda instancia\u201d. <\/p>\n
II. LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
1. Luego de resumir los antecedentes del litigio, inicia el Tribunal sus consideraciones con el an\u00e1lisis de los presupuestos procesales advirtiendo que su competencia para el caso es inobjetable, que existe capacidad y legitimaci\u00f3n en las partes, y que la demanda es id\u00f3nea por cuanto \u201csi bien la redacci\u00f3n de la petici\u00f3n tercera es antit\u00e9cnica, al decir \u2018se declara la nulidad o rescisi\u00f3n por causa de lesi\u00f3n enorme de la partici\u00f3n…..\u2019\u201d estima el fallador que no puede afirmarse que frente a este defecto exista en realidad una indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones pues \u201cla frase por causa de lesi\u00f3n enorme denota que la demanda no se refiere sino a una sola acci\u00f3n, cual es la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme de la partici\u00f3n, porque la demandante \u00fanicamente considera que sufri\u00f3 dicha lesi\u00f3n al haber sido perjudicada en mas de la mitad de su cuota, tal como lo afirma especialmente en los hechos 5o. y 6o. y como lo reclama en la pretensi\u00f3n primera del libelo demandatorio……m\u00e1xime que en la demanda el actor no relaciona hechos ni cita normas que regulen las nulidades en el C\u00f3digo Civil, solo menciona como disposiciones de car\u00e1cter sustantivo el art. 1405 y s. s. de la referida obra\u201d. <\/p>\n
Finaliza esta primera parte de su estudio el Tribunal afirmando que, en cuanto toca con la existencia de la acci\u00f3n incoada trat\u00e1ndose de un acto voluntario de partici\u00f3n de gananciales llevado a cabo por los c\u00f3nyuges al disolver de com\u00fan acuerdo la sociedad conyugal, dicha acci\u00f3n resulta ser viable pues al tenor del Art. 1374 del C\u00f3digo Civil ning\u00fan coasignatario de cosa universal o singular ser\u00e1 obligado a permanecer en indivisi\u00f3n; y con relaci\u00f3n a las particiones, continua la Sala sentenciadora, el art\u00edculo 1405 ib\u00eddem establece que estas se anulan o rescinden de la misma manera y seg\u00fan las mismas reglas que los contratos, incluyendo la lesi\u00f3n enorme siempre y cuando se re\u00fanan los presupuestos para ello, conclusi\u00f3n que, agrega el ad quem, se torna a\u00fan mas categ\u00f3rica si se atiende al art\u00edculo 1832 ejusdem al se\u00f1alar que la divisi\u00f3n de los bienes sociales en el evento de disolverse la sociedad conyugal, se debe sujetar a las mismas reglas que la codificaci\u00f3n consagra trat\u00e1ndose de las particiones hereditarias. <\/p>\n
2. Pasando as\u00ed al fondo del litigio, aspecto que aborda despu\u00e9s de advertir que no se observa en el tr\u00e1mite irregularidad alguna, se ocupa la sentencia de analizar las pruebas allegadas con miras a determinar si se dan o no los requisitos exigidos para la prosperidad de la acci\u00f3n entablada, es decir si se configura la lesi\u00f3n por hab\u00e9rsele adjudicado al part\u00edcipe que demanda la rescisi\u00f3n bienes por valor inferior a la mitad del justo precio de la cuota que le corresponde en la masa objeto de distribuci\u00f3n. <\/p>\n
En este orden de ideas, luego de pasar revista a todos los elementos de convicci\u00f3n disponibles en el plenario, dice el fallo que \u201c\u2026 es evidente que el negocio jur\u00eddico cuya rescisi\u00f3n se solicita fue celebrado por las partes mediante Escritura P\u00fablica No. 1285 de fecha mayo 4\/88, otorgada en la Notar\u00eda 7a. de Bucaramanga\u201d, en documento donde TERESA GUTIERREZ DE HERRERA y JORGE ENRIQUE HERRERA decidieron de com\u00fan acuerdo disolver y liquidar la sociedad conyugal entre ellos existente, relacionando algunos bienes y pasivos a los cuales se les fijaron unos valores y fueron distribuidos en dos hijuelas elaboradas para pagarle a cada uno de los indivisarios derechos cuotativos estimados en la cantidad de $2\u2019739.800. <\/p>\n
Partiendo de la premisa anterior, apunta el Tribunal que \u201c\u2026 de otro lado y como prueba determinante en esta clase de procesos, se practic\u00f3 en su oportunidad dictamen pericial para establecer el valor que los bienes sociales ten\u00edan en la fecha en que se llev\u00f3 a cabo la liquidaci\u00f3n (partici\u00f3n)\u201d el 4 de mayo de 1988, y relaciona uno a uno los valores que los peritos asignaron a cada uno de ellos, para hacer ver, a continuaci\u00f3n, que dicho experticio fue objetado por error grave por el demandado alegando defectos en el mismo como el incluir como objeto de tasaci\u00f3n mejoras que no exist\u00edan en tal fecha o que fueron plantadas en predios ajenos, situaci\u00f3n que determin\u00f3 el que se practicara un nuevo aval\u00fao destinado a poner de manifiesto los t\u00e9rminos econ\u00f3micos reales del reparto de bienes realizado en mayo de 1988, concluyendo que estuvo acertado el fallo apelado al declarar que la objeci\u00f3n por error grave formulada por la parte demandada contra el dictamen pericial rendido por los peritos Le\u00f3n Fernando Giraldo Dur\u00e1n y Ana Mar\u00eda Cala -los designados en primera instancia- \u201cno est\u00e1 llamada a prosperar, en virtud a que las diversas razones que esgrime el objetante para atacar la pericia carecen unas de trascendencia jur\u00eddica y otras, no encuentran asidero en la realidad probatoria que registra el expediente. En efecto, si bien el auto que orden\u00f3 practicar el dictamen pericial objetado no determina los bienes que deben ser objeto del aval\u00fao y la \u00e9poca a que debe corresponder dicho aval\u00fao; es claro que en esta clase de procesos, y tal como lo hab\u00eda ordenado el juzgado, bastaba que los peritos rindieran un aval\u00fao de los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal de los esposos HERRERA-GUTIERREZ, para la fecha en que se efectu\u00f3 la partici\u00f3n por escritura p\u00fablica (mayo 4\/88), relacionando separadamente el valor de los que a cada c\u00f3nyuge le hab\u00eda correspondido en dicha liquidaci\u00f3n, aval\u00fao que de hacerse extensivo a otros bienes no inventariados, para nada afecta el dictamen, pues en \u00faltimas se trata de saber si a ra\u00edz de la adjudicaci\u00f3n de los bienes que se hizo en tal liquidaci\u00f3n existe o no lesi\u00f3n enorme para uno de los participes\u201d. Agrega el Tribunal que no es cierto que en el experticio se hayan incluido bienes pertenecientes a terceras personas ni mejoras realizadas con posterioridad a la partici\u00f3n \u201cpues aunque algunas de las cosas que no exist\u00edan a la fecha de la partici\u00f3n, entre ellas una represa y el sistema de riego por goteo se avaluaron por los peritos, todas estas mejoras fueron descontadas y no incluidas en el total del aval\u00fao\u201d, de donde se sigue, entonces, que la pericia objeto de reparo re\u00fane \u201clos requisitos exigidos para que produzca la debida eficacia probatoria, por cuanto su contenido es claro y preciso y en ella se indican los fundamentos de car\u00e1cter t\u00e9cnico y cient\u00edfico requeridos. Se advierte adem\u00e1s que los auxiliares de la justicia han tenido como gu\u00eda para rendir su concepto el precio comercial de los bienes menos los incrementos por raz\u00f3n de mejoras realizadas con posterioridad a la referida liquidaci\u00f3n, descontando los incrementos que por raz\u00f3n de la valorizaci\u00f3n de los bienes y devaluaci\u00f3n monetaria han tenido, estim\u00e1ndose que los inmuebles rurales se han valorizado en un 15% anual en los \u00faltimos 3 a\u00f1os a la fecha del dictamen, mientras que los urbanos han observado en el mismo lapso una valorizaci\u00f3n del 20% anual\u201d, a todo lo cual es preciso a\u00f1adir que el segundo dictamen practicado como prueba de la objeci\u00f3n en cita, no re\u00fane los requisitos de ley al no encontrarse debidamente fundamentado y no tener soporte atendible las conclusiones all\u00ed contenidas, siendo de observar, entre otras cosas, que la estimaci\u00f3n de valores comerciales se\u00f1alados a predios rurales son inferiores a sus aval\u00faos catastrales (fls. 106, 109 y 111 del cuaderno 1) \u201c \u2026 por lo que -reitera la corporaci\u00f3n- la pericia carece de objetividad y no responde a un estudio juicioso y razonado, falencias estas que desde luego le quitan todo valor probatorio al dictamen rendido por los auxiliares Gregorio Aza Mancilla y Emiro Ar\u00e1mbula Correa \u2026\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, con base en el aval\u00fao pericial practicado en un principio, surge para el sentenciador, sin lugar a dudas, que la demandante experiment\u00f3 lesi\u00f3n en la liquidaci\u00f3n o partici\u00f3n que de los bienes sociales llevaron a cabo las partes a trav\u00e9s de la ya citada Escritura P\u00fablica en la cual se valor\u00f3 el activo l\u00edquido social en $5.479.600, correspondi\u00e9ndole a cada c\u00f3nyuge bienes por $2.739.800, cuando seg\u00fan ese aval\u00fao \u201cpara la fecha de la partici\u00f3n (mayo 4\/88) los bienes de la masa partible, adjudicados a los c\u00f3nyuges en la Escritura No. 1285, se valoran en la cantidad de $36.956.767oo, suma a la cual debe agregarse el valor que las partes le dieron a los muebles y enseres ($743.800.oo), que para el caso, debe regir, al no ser factible su aval\u00fao por falta de determinaci\u00f3n de tales bienes, arrojando como valor total $37.700.567.oo\u201d, y confrontando esta cantidad con la que indica el valor de los bienes asignados a cada c\u00f3nyuge, se\u00f1ala el Tribunal que \u201cmientras la c\u00f3nyuge demandante recibi\u00f3 bienes para la fecha de la partici\u00f3n notarial, por un valor real de $6.553.800.oo; el c\u00f3nyuge demandado recibi\u00f3 bienes por un valor real de $31.146.767.oo, con lo cual surge de bulto la inequitativa distribuci\u00f3n realizada y con ella la lesi\u00f3n enorme que la demandante sufri\u00f3 en su patrimonio\u201d, circunstancia que hace procedente con arreglo a la ley la rescisi\u00f3n de la partici\u00f3n efectuada, rescisi\u00f3n que aun de estarse al dictamen desechado tambi\u00e9n tendr\u00eda que abrirse paso pues, anota el juzgador ad quem, en ese trabajo \u201cse valoraron los bienes adjudicados al demandado en $10.492.000.oo y los adjudicados a la demandante en solo $2.251.000.oo\u201d. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e a la segunda solicitud de que da cuenta la demanda y cuyo objeto es la inclusi\u00f3n de algunos bienes como pertenecientes a la sociedad conyugal, sostiene la Sala que, tal como ya lo hab\u00eda dicho el juez de primera instancia, en el proceso no est\u00e1 demostrado que los veh\u00edculos automotores all\u00ed determinados tengan el car\u00e1cter de bienes sociales, pero afirma que no sucede lo mismo con las 500 acciones de la Sociedad Central de Abastos de Bucaramanga S. A. seg\u00fan el t\u00edtulo que obra a folios 7 del cuaderno 1, toda vez que de estarse a este \u00faltimo esas acciones pertenecen a la sociedad conyugal y por ello, al producirse su disoluci\u00f3n, entran a formar parte de la masa de activos partibles. <\/p>\n
Y con relaci\u00f3n a los pasivos que el demandado relaciona al contestar la demanda, se\u00f1ala el fallador que la deuda con el Banco Ganadero por $7.980.000.oo ya fue reconocida por el a quo, por lo cual, a pesar de observar el Tribunal algunos defectos en su prueba, advierte que como el fallo de primera instancia no fue controvertido por la parte demandante, se deduce su total aceptaci\u00f3n, \u201cdebi\u00e9ndose por ende confirmar este punto, al estarle vedado a la Corporaci\u00f3n por expreso mandato del art. 357 del C. de P. Civil, hacer mas gravosa la situaci\u00f3n del apelante\u201d, al paso que en lo atinente a las obligaciones restantes que invoca el demandado, al no encontrarse acreditadas no es posible catalogarlas como pasivos a cargo de la sociedad conyugal. <\/p>\n
<\/p>\n
En s\u00edntesis, prospera la acci\u00f3n de rescisi\u00f3n incoada al quedar demostrada la ocurrencia de lesi\u00f3n en perjuicio de la c\u00f3nyuge demandante y por consiguiente -dice el Tribunal sentenciador- habr\u00e1n de acogerse las dem\u00e1s pretensiones \u201cconsecuenciales\u201d con las salvedades se\u00f1aladas, ello \u201cdebido a que la parte demandante que ha sufrido la lesi\u00f3n tiene derecho a que se le restituyan las cosas al estado en que se hallar\u00edan si no se hubiera realizado dicha liquidaci\u00f3n notarial, como tambi\u00e9n al pago de las restituciones mutuas que deban efectuarse \u2026\u201d. <\/p>\n
3. Finalmente, en consonancia con lo que acaba de decirse, se ocupa el Tribunal de las ameritadas restituciones, para lo cual precisa, en primer lugar, que si bien la demandante vendi\u00f3 el apartamento que recibi\u00f3 en adjudicaci\u00f3n en la partici\u00f3n rescindida, despu\u00e9s de haber sido inscrita la demanda como medida cautelar, \u201ctal hecho no impide la prosperidad de la demanda, pues para el caso no tiene aplicaci\u00f3n el art. 1408 del C. Civil\u201d, dado que la venta \u201cfue realizada despu\u00e9s de intentada la acci\u00f3n rescisoria y cuando ya el proceso se hab\u00eda iniciado\u201d; no obstante lo cual, las partes est\u00e1n obligadas a restituir a la sociedad conyugal todos los bienes que les fueron adjudicados en la partici\u00f3n contenida en la Escritura P\u00fablica No. 1285, purificados de toda clase de grav\u00e1menes, lo que implica que la rescisi\u00f3n y la ineficacia negocial que le es inherente, afecta las ventas realizadas despu\u00e9s del registro de la demanda, asumiendo los terceros adquirentes las consecuencias del mismo. En tal sentido complementa el Tribunal la sentencia apelada para declarar en primer lugar, que los bienes materia de la partici\u00f3n rescindida no han salido del patrimonio de la sociedad conyugal de los esposos JORGE ENRIQUE HERRERA STELLA y TERESA GUTIERREZ DE HERRERA, y en segundo lugar, para ordenar la cancelaci\u00f3n de todos los registros de las transferencias de propiedad, grav\u00e1menes, limitaciones de dominio, etc., que sobre los inmuebles de la sociedad conyugal il\u00edquida hayan reca\u00eddo despu\u00e9s de la inscripci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
En cuanto toca con los frutos que debe pagar el demandado y con el prop\u00f3sito de \u201c \u2026 extender la condena en concreto (art. 307, inc. 2 C. de P. Civil)\u201d, el ad quem los liquid\u00f3 con base en el peritazgo inicial y el decretado en el tr\u00e1mite de la segunda instancia, el cual estima que re\u00fane todas las exigencias legales y es resultado de un estudio serio y detallado sobre los puntos objeto del experticio, tomando como fecha b\u00e1sica de partida el 13 de abril de 1989 (fecha de la presentaci\u00f3n de la demanda) hasta el 31 de junio de 1991 (fecha del primer aval\u00fao), fij\u00e1ndolos en la suma de $1.006.610.34 que resulta de deducir del valor de los frutos producidos por los bienes adjudicados al demandado, el de los correspondientes al inmueble (apartamento) adjudicado a la demandante, importe al que se le debe sumar el de los frutos correspondientes del 1 de julio de 1991 hasta el 31 de agosto de 1993 (fecha de la experticia rendida en la segunda instancia) que equivalen a $37\u2019973.862.50, suma que resulta de: \u201cel valor de los frutos producidos por los bienes materia de la partici\u00f3n rescindida, desde el 1 de julio de 1991 hasta el 31 de agosto de 1993 ($108.044.817.oo), se restan los frutos que produjo el inmueble adjudicado a la demandante ($2.445.000.oo). De ese subtotal ($105.599.817.oo), por mandato del art. 964 del C. Civil, se deducen o abonan los gastos ordinarios que el demandado invirti\u00f3 en producirlos ($29.652.092.oo), arrojando como resultado l\u00edquido $75.947.725.oo. Esta cantidad se divide por dos, (…) resultando que cada uno recibe por frutos $37.973.862.50. A este resultado se le debe sumar la mitad de los frutos avaluados en el dictamen pericial objetado ($503.305.17), para arrojar un total l\u00edquido a restituir por el demandado de $38.477.167.67\u201d, concluyendo de lo anterior que se hace necesario \u201crevocar el numeral 6o. -de la parte resolutiva del fallo apelado-, as\u00ed como la sentencia complementaria que fij\u00f3 en concreto la condena que por concepto de frutos debe restituir el demandado; para en su lugar imponer como valor de la restituci\u00f3n por tales frutos, a partir del 13 de abril de 1989 y hasta el 30 de junio de 1991, la cantidad que aqu\u00ed se ha liquidado con base en el dictamen pericial objetado. Esta condena se extender\u00e1 desde el 1\u00b0 de julio de 1991 al 31 de agosto de 1993, para que el demandado restituya a la demandante la cantidad que por el mismo se ha liquidado, tomando como base el dictamen pericial dictado (sic) en el curso de la segunda instancia\u201d. <\/p>\n
III. LOS CARGOS EN CASACION Y CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
Cuatro cargos formula el recurrente contra la sentencia impugnada, los tres iniciales acudiendo a la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y el \u00faltimo por el numeral cuarto ib\u00eddem, censura \u00e9sta que se estudiar\u00e1 en \u00faltimo lugar, atendiendo a que con ella se combate s\u00f3lo en forma parcial un aspecto decisorio concreto de la sentencia, cuando las dem\u00e1s se proponen obtener su infirmaci\u00f3n integral. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con apoyo en la causal de casaci\u00f3n se\u00f1alada en el ordinal primero de art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, acusa la sentencia de ser violatoria de los art\u00edculos 304, 305, 306, 307, 308, 309 y 311 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y 1374, 1401, 1405, 1820, 1821, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835 y 1836 del C\u00f3digo Civil, por no haberle dado aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 1407 ib\u00eddem. <\/p>\n
Considera el impugnante que tanto el Tribunal como el juzgado del conocimiento ignoraron la \u00faltima norma citada antes de entrar a rescindir la partici\u00f3n, pues sostiene que dicho precepto, al permitir que los otros part\u00edcipes puedan \u201catajar la acci\u00f3n rescisoria de uno de ellos, ofreci\u00e9ndole y asegur\u00e1ndole el suplemento de su porci\u00f3n en numerario\u201d, pretende consolidar la estabilidad de los negocios jur\u00eddicos y evitar que se produzca el caos econ\u00f3mico como resultado de un fallo judicial, por lo cual considera el recurrente que lo mas apropiado es impedir o cortar los efectos de la rescisi\u00f3n porque, seg\u00fan dice, antes de dicho pronunciamiento \u201cexiste una mera expectativa, derechos de atajar o cortar que nacen simult\u00e1neamente con el fallo que decreta la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme\u201d y es solo en ese momento en que se puede comparar el precio de la partici\u00f3n y donde se sabe la cuant\u00eda de la porci\u00f3n de cada uno. <\/p>\n
Por lo tanto, al quedar establecida la infracci\u00f3n del Art. 1407 del C. Civil por falta de aplicaci\u00f3n, la sentencia debe casarse para en su lugar la Corte, obrando como Tribunal de instancia, proferir fallo desestimatorio de la demanda o que \u201c \u2026 adicione el apelado d\u00e1ndole aplicaci\u00f3n a dicho art\u00edculo y permitirle al demandado su aplicaci\u00f3n \u2026\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
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1. Siendo funci\u00f3n propia de los escritos de esta estirpe la de formalizar un recurso con las caracter\u00edsticas especiales que tiene el de casaci\u00f3n, importa por sobre todo no olvidar que en este terreno, al litigante que se considere agraviado y a tal medio de impugnaci\u00f3n acude, la ley le impone la observancia de determinadas ritualidades encaminadas a justificar, en \u00faltimas, la existencia del derecho a recurrir por esa v\u00eda, como se sabe de suyo limitada a obtener la enmienda de los errores trascendentes de juicio o de procedimiento que le son atribuibles a la sentencia definitiva cuya infirmaci\u00f3n persigue. As\u00ed, el art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en su numeral tercero, se\u00f1ala precisos requisitos que de no ser cuidadosamente cumplidos, por lo general se convierten en serios obst\u00e1culos que no le permiten con facilidad a la Corte entrar a conocer de las cuestiones de fondo planteadas por quien interpuso el recurso; en efecto, requiere la disposici\u00f3n citada que si se trata de un cargo por violaci\u00f3n a la ley sustancial, indique con precisi\u00f3n y claridad la v\u00eda impugnativa seleccionada por el recurrente entre las dos \u00fanicas posibles seg\u00fan dicho precepto, y si se trata de desaciertos en la apreciaci\u00f3n de determinados elementos que hacen parte de la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica involucrada en la litis, debe indicarse en forma individual cu\u00e1les se consideran equivocadamente analizados por el juzgador, la \u00edndole del yerro probatorio que por tal camino se le endilga al fallador y el razonamiento b\u00e1sico que debe llevar a su demostraci\u00f3n, todo ello en obedecimiento al principio de que lo que se juzga en el \u00e1mbito del recurso extraordinario \u201cno es el litigio como thema decidendum, sino la sentencia del Tribunal ad-quem (…) como thema decisum, sentencia que llega amparada por la presunci\u00f3n de acierto, as\u00ed que la Corte no puede entrar a juzgar a esa sentencia sino a la luz de las acusaciones que en el libelo de casaci\u00f3n se hayan hecho, en la forma definida y concreta que exige la ley del recurso …\u201d (G. J. T. CXXIX, p\u00e1g. 88). <\/p>\n
2. En este orden de ideas, para desechar el cargo en estudio basta con advertir que, aparte de no especificarse con la claridad necesaria la modalidad de infracci\u00f3n de la ley que se le atribuye al Tribunal por \u201c…no permitir la oportunidad de darle aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 1407 del C\u00f3digo Civil…\u201d, la acusaci\u00f3n se limita a invocar el derecho que este precepto reconoce y a protestar porque al mismo no le dieron aplicaci\u00f3n los juzgadores de primera y segunda instancia, pero sin hacer esfuerzo ninguno por dejar establecido que, con arreglo a derecho, dichos funcionarios estaban en la obligaci\u00f3n de obrar en el sentido indicado. <\/p>\n
En efecto, respecto del tema en cuesti\u00f3n es preciso no olvidar que a diferencia de lo que ocurre en el supuesto previsto en el art\u00edculo 1948 del C\u00f3digo Civil, la facultad consistente en atajar o detener la acci\u00f3n rescisoria de una partici\u00f3n que entra\u00f1a lesi\u00f3n para quien de tal acci\u00f3n hace uso, reservada a los otros part\u00edcipes y no entregada a la libre iniciativa oficiosa de los jueces, requiere ser ejercitada antes de ser decretada la rescisi\u00f3n en la sentencia que al respectivo proceso le ponga fin, toda vez que como ha tenido ocasi\u00f3n de precisarlo la jurisprudencia siguiendo la opini\u00f3n de autorizados comentaristas nacionales y extranjeros, en particular lo que se ocupan de examinar el art\u00edculo 1350 del C\u00f3digo Civil Chileno cuyo texto es exactamente el mismo del art\u00edculo 1407 del C\u00f3digo colombiano, \u201c… una vez dictada la sentencia (…) la acci\u00f3n no habr\u00eda sido atajada y por consiguiente la sentencia producir\u00eda sus efectos, no siendo ya obligatorio para el demandante aceptar el mantenimiento de la partici\u00f3n mediante el ofrecimiento y seguridad del pago del suplemento de su porci\u00f3n …\u201d. (G. J. T. CLXV, p\u00e1g. 143), lo que hace suponer por fuerza que es de la exclusiva incumbencia de la parte demandada en un juicio \u201cofrecer\u201d y \u201casegurar\u201d el pago en numerario del suplemento dentro de la tramitaci\u00f3n procesal correspondiente mientras sea todav\u00eda posible impedir que la acci\u00f3n prosiga su curso en funci\u00f3n de la finalidad que la identifica de acuerdo con la ley. <\/p>\n
As\u00ed, pues, resulta en extremo dif\u00edcil ubicar la raz\u00f3n jur\u00eddica de la cual podr\u00edan derivar las atribuciones que el recurrente predica de los juzgadores de instancia para imprimirle por su exclusiva iniciativa de ellos, actualidad a un derecho que no fue ejercitado en el momento adecuado por aquella persona a quien se lo otorga la ley, y menos a\u00fan se entiende el porqu\u00e9, al decir de la censura y no obstante esta visible falta de actividad concluyente de la parte interesada, incurrieran dichos juzgadores en error por no seguir la pauta que a juicio del recurrente es la correcta, por lo que se infiere de lo anterior que este cargo no puede alcanzar prosperidad. <\/p>\n
<\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con apoyo tambi\u00e9n en la primera causal que consagra el art\u00edculo 368 del C. de P. C., acusa la sentencia impugnada de violar en forma directa los mismos preceptos jur\u00eddicos se\u00f1alados en el cargo anterior, pero, esta vez, como consecuencia de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 1408 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Explica el censor que el hecho de que el Tribunal considerara que la venta hecha por la actora del inmueble que le fue adjudicado en la partici\u00f3n no impide la prosperidad de la demanda, pues al caso no tiene aplicaci\u00f3n el art\u00edculo 1408 del C. Civil, en raz\u00f3n a que dicha venta fue realizada despu\u00e9s de intentada la acci\u00f3n rescisoria y cuando ya el proceso se hab\u00eda iniciado, es un argumento que \u201cri\u00f1e con el sentido com\u00fan porque ha perdido la demandante el derecho de volver las cosas al estado anterior, amen de resultar perjudicado un tercero que ni siquiera ha sido citado al proceso\u201d, pues, dice el recurrente, dicha norma lo que busca es que en caso de ser concedida la acci\u00f3n rescisoria se pueda restituir la masa partible y que no exista soluci\u00f3n de continuidad de los bienes que conformaban. Por ello, despu\u00e9s de citar a espacio la opini\u00f3n de un conocido autor nacional, concluye que la sentencia quebranta, por equivocada inteligencia de su significado, el art\u00edculo 1408 del C\u00f3digo Civil y, en consecuencia, ha de ser casada para en su lugar revocar el fallo proferido en primera instancia y desestimar en su totalidad la demanda por \u201c…imposibilidad de reconstruir lo partido…\u201d. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
1. Siempre se ha entendido que los contados eventos en que no obstante aparecer configurada en su dimensi\u00f3n objetiva la lesi\u00f3n econ\u00f3mica en una partici\u00f3n, deja de ser viable la acci\u00f3n rescisoria que por esa causa concede el art\u00edculo 1405 del C\u00f3digo Civil, son por naturaleza de car\u00e1cter excepcional y en consecuencia, para fijar su alcance, es preciso observar con rigor el tenor literal de los textos legales que los consagran, criterio este que por lo dem\u00e1s, al precisar el genuino significado del art\u00edculo 1408 ib\u00eddem, es el que con la claridad necesaria patrocina la espaciosa transcripci\u00f3n de doctrina cient\u00edfica tra\u00edda a cuento por el recurrente en apoyo del cargo que ahora se estudia. <\/p>\n
En efecto, no se requieren mayores cavilaciones para concluir que el impedimento para el ejercicio de aquella acci\u00f3n esta referido, en el precepto \u00faltimamente citado, de manera expresa y contundente al supuesto de que el part\u00edcipe perjudicado que de dicho medio se valga en orden a hacer desaparecer la chocante desigualdad existente, con anterioridad haya enajenado todo o parte de los bienes puestos en su lote, luego ante una norma tan expl\u00edcita en su formulaci\u00f3n y que como bien es sabido, su raz\u00f3n de ser responde a la conveniencia de mantener adquisiciones realizadas por terceros de buena fe al amparo de una partici\u00f3n en la que tom\u00f3 cuerpo el derecho a ellos transferido, ligada a una especie de presunci\u00f3n irrefragable de confirmaci\u00f3n t\u00e1cita que por imperio de la ley el acto de enajenaci\u00f3n encierra, no es dable extenderla a otros casos como el que estos autos ponen de manifiesto d\u00f3nde la c\u00f3nyuge que impugna la partici\u00f3n lesiva, transfiri\u00f3 el inmueble a ella adjudicado despu\u00e9s de entablar la acci\u00f3n rescisoria, circunstancia que por simple l\u00f3gica excluye la posibilidad de encontrar en esa manera de proceder evidencia concluyente de una intenci\u00f3n presunta de tener por definitiva la susodicha partici\u00f3n objeto de controversia, y donde adem\u00e1s, cual lo hizo ver con acierto el Tribunal, tampoco aquella transferencia es obst\u00e1culo para que, prosperando las pretensiones de la actora, pueda llevarse a cabo de nuevo la distribuci\u00f3n de los mismos bienes, debido a la trascendencia respecto de terceros de la cosa juzgada que en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 690, -inciso 3\u00b0 del lit. a) del numeral 1\u00b0- y 332 del C de P. C., asegura la anotaci\u00f3n preventiva de la demanda de rescisi\u00f3n en el registro inmobiliario, medida esta acerca de cuyos efectos es conveniente recordar una vez m\u00e1s lo expuesto por esta corporaci\u00f3n en sentencia del 13 de noviembre de 1986 (no publicada oficialmente): \u201c… en el art\u00edculo 690 se dispone que quien adquiera el bien despu\u00e9s del registro de la demanda, queda vinculado a los efectos de l sentencia de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 332. Y en \u00e9ste, al se\u00f1alar el l\u00edmite subjetivo de la cosa juzgada, se declara que hay identidad jur\u00eddica de partes cuando las del segundo proceso son, en uno de los casos all\u00ed determinados, causahabientes de las del primero \u2018por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda\u2019. Es, por lo tanto, incontestable que para lo relacionado con el cumplimiento de la sentencia, el causahabiente entra a ocupar el lugar que en el proceso ten\u00eda su autor, (…). La identidad est\u00e1 tomada en el citado art\u00edculo 332, como sin\u00f3nima de sustituci\u00f3n, de equivalencia o intercambiabilidad\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no ve la Corte con la nitidez que supone la censura, la necesidad de dar aplicaci\u00f3n en el caso de autos al citado art\u00edculo 1408, norma que se repite es de interpretaci\u00f3n restrictiva y no se justifica hacerla actuar cuando del acto de enajenaci\u00f3n realizado con posterioridad a la impugnaci\u00f3n de la partici\u00f3n, no es razonable colegir el designio inequ\u00edvoco de confirmar t\u00e1citamente \u00e9sta \u00faltima, ello aparte de que, seg\u00fan acaba de verse, tampoco los plenos efectos de la acci\u00f3n rescisoria encuentran estorbo, efectos que de todas formas se mantienen si durante el tr\u00e1mite procesal son transferidos algunos de los bienes de la masa partible por parte de alguno de los adjudicatarios, puesto que en raz\u00f3n, a la inscripci\u00f3n preventiva de la demanda, quienes los adquieren reciben a conciencia parte de un litigio y, por lo tanto, se someten a las resultas del mismo sean ellas cueles fueran, eventualidad que fue realmente la que negociaron. <\/p>\n
En s\u00edntesis, por fuerza de cuanto queda expuesto, la sentencia no quebrant\u00f3 el art\u00edculo 1408 del C\u00f3digo Civil y en consecuencia este cargo tambi\u00e9n debe ser desestimado. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n ataca la sentencia por considerarla violatoria de las normas se\u00f1aladas en el cargo inicial de la demanda, pero \u201cpor error manifiesto en la interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos 233, 234, 236, 237, 238 y 241, modificados los art\u00edculos 236 y 238 por el art\u00edculo 1o., numerales 109 y 110 del Decreto 2282 de 1989\u201d. <\/p>\n
Afirma el recurrente que el Tribunal procedi\u00f3 a aceptar en su fallo cuestionado la peritaci\u00f3n realizada por los se\u00f1ores Giraldo y Cala, en la cual existe error grave \u201cque si hubiese sido analizado detenidamente e interpretado en forma correcta por el ad quem, hubiese negado la lesi\u00f3n enorme\u201d. Agrega que los mencionados peritos deb\u00edan realizar su experticio en las mismas circunstancias de tiempo y modo en que se adelant\u00f3 el negocio y no presentarlo a otra \u00e9poca con deducci\u00f3n porcentual o castigo por a\u00f1o transcurrido, sin tener as\u00ed en cuenta mejoras tales como la represa y los arboles sembrados en los inmuebles avaluados con fecha posterior a la partici\u00f3n. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
Tampoco aqu\u00ed el censor indica elementos que permitan identificar sin duda la v\u00eda por la cual formula su acusaci\u00f3n a la sentencia de ser violatoria de algunas normas sustanciales, aunque por tratarse de la apreciaci\u00f3n de un dictamen pericial corresponde entender se refiere a la indirecta, insistiendo el recurrente tanto en lo que hab\u00eda sostenido en la objeci\u00f3n grave que plante\u00f3 contra el experticio, como en los alegatos y en la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n que hizo valer contra la sentencia de primer grado que desestim\u00f3 dicha objeci\u00f3n, en decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal efectuando un amplio an\u00e1lisis sobre tal peritazgo en el cual descalific\u00f3 los ataques esgrimidos por el recurrente, incluyendo en forma particular los que hoy, en el recurso de casaci\u00f3n, plantea de nuevo, pues a la manera que es caracter\u00edstica del debate probatorio en las instancias, presenta un nuevo ensayo cr\u00edtico sobre la manera como en su opini\u00f3n se debe avaluar un inmueble en una determinada fecha. En otras palabras, se trata de una apreciaci\u00f3n que no deja de ser manifestaci\u00f3n apenas de un criterio particular sobre el procedimiento acogido para ello por los peritos y reconocido por el ad-quem, que en cuanto tal, no descubre el yerro ostensible en la sentencia requerido para su infirmaci\u00f3n y sobre el cual la Corte ha dicho muchas veces que cuando se trata de la apreciaci\u00f3n de las pruebas por parte de los jueces de instancia, ha de respetarse por principio su autonom\u00eda para formar el propio convencimiento sobre la configuraci\u00f3n probatoria del asunto debatido, pues la facultad de la Corte frente a una impugnaci\u00f3n que utilice esta v\u00eda, es velar por la recta inteligencia y la debida aplicaci\u00f3n de las leyes sustanciales involucradas, no as\u00ed la de revisar una vez m\u00e1s todas las cuestiones de hecho y de derecho ventiladas en las instancias, tema este del que se ha ocupado esta corporaci\u00f3n insistiendo que, cuanto act\u00faa como Tribunal de casaci\u00f3n, \u201c… ha de recibir la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica tal como ella se encuentre definida en el fallo sujeto al recurso extraordinario…\u201d (G. J. Tomo CXXX, p\u00e1g. 63), apuntando a rengl\u00f3n seguido que si bien es cierto que al quebranto de tales leyes puede llegarse indirectamente como secuela de la deformaci\u00f3n de los hechos litigados, es esta una posibilidad excepcional que no significa que el recurso pase entonces a convertirse en una tercera instancia donde la Corte, al sopesar las pruebas que denuncia la censura, pueda libremente modificar o cambiar el criterio de apreciaci\u00f3n de las mismas que tuvo el fallador ordinario, luego son, pues, \u201c \u2026 impertinentes para el efecto las alegaciones del censor tendientes a lograr una revisi\u00f3n general de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sub lite o del acervo probatorio, o que pretendan variar el criterio empleado por el sentenciador en la apreciaci\u00f3n de \u00e9ste\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, partiendo del principio que se deja se\u00f1alado, es preciso hacer \u00e9nfasis en que los errores de hecho que se le endilgan a un fallo deben ser protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n, resultando que por lo tanto se da \u00fanicamente cuando la estimaci\u00f3n de la demanda inicial o las pruebas indicadas por el recurrente es la \u00fanica posible frente a determinada realidad procesal, tornando en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producir\u00e1 tal efecto invalidativo la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparte de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que, frente a esta, no se muestra como un may\u00fasculo absurdo. <\/p>\n
Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo cr\u00edtico sobre el \u00e1mbito probatorio que pueda hacer m\u00e1s o menos factible un nuevo an\u00e1lisis de los medios demostrativos, apoy\u00e1ndose en razonamientos que se estima mejor responden a la l\u00f3gica, no tiene virtualidad suficiente para casar una sentencia si no va acompa\u00f1ado dicho an\u00e1lisis de la evidencia de la equivocaci\u00f3n denunciada, equivocaci\u00f3n \u00e9sta que seg\u00fan lo precisa el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, debe aparecer de manifiesto en los autos, vale decir que el error ha de ser palmario; …\u201d si el yerro no es de esta naturaleza, prima facie, si para advertirlo se requiere de previos y mas o menos esforzados razonamientos, o si se manifiesta apenas como una posibilidad y no como una certeza, entonces, aunque se demuestre el yerro, -valga insistir- ese suceder no tendr\u00e1 incidencia en el recurso extraordinario …\u201d (G. J. Tomo CXLII, p\u00e1g. 242). <\/p>\n
Finalmente en cuanto a la preocupaci\u00f3n del recurrente en el sentido de que en el aval\u00fao se incluyeron mejoras hechas en los inmuebles con posterioridad a la partici\u00f3n, el mismo trabajo pericial advierte en forma expl\u00edcita que del valor asignado a los inmuebles se descart\u00f3 el correspondiente a las mejoras que se realizaron con posterioridad a dicha separaci\u00f3n y as\u00ed, con claridad suficiente, lo hace ver el Tribunal por lo que no se ve raz\u00f3n para insistir en afirmar lo contrario sin explicar el por qu\u00e9 de la aseveraci\u00f3n ni aportar argumentos que permitan descubrir que, en efecto, los peritos incurrieron en la imprecisi\u00f3n denunciada. <\/p>\n
De todo lo dicho se concluye, en s\u00edntesis, que la acusaci\u00f3n analizada no puede tampoco alcanzar su objetivo. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Apoyado en la cuarta causal que consagra el Art. 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil para hacer viable el recurso de casaci\u00f3n, acusa la sentencia de segundo grado de hacer mas gravosa la situaci\u00f3n del apelante \u00fanico, quebrantando los art\u00edculos 350, 351, 352, 353, 357 y 360 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Para apoyar esta tesis, dice la demanda de casaci\u00f3n que el Juzgado Cuarto de familia de Bucaramanga en el punto 6o. de su sentencia inicialmente conden\u00f3 al demandado \u201ca restituir a la c\u00f3nyuge actora los frutos naturales y civiles producidos por los bienes inmuebles a que se refiere la partici\u00f3n impugnada, en proporci\u00f3n a la parte de cuota que le dejaron de entregar, liquidables desde el 13 de abril de 1989 hasta el d\u00eda en que se rehaga la partici\u00f3n, tomando como base el aval\u00fao pericial acogido por el Juzgado\u201d, y que la misma oficina judicial, al complementar dicho punto del fallo, dispuso que \u201clos frutos naturales y civiles que deben ser restituidos a la c\u00f3nyuge actora por el demandado JORGE ENRIQUE HERRERA STELLA, equivalen al valor de CUATRO MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($4\u2019008.861.28), en un plazo de treinta d\u00edas contados a partir de la ejecutoria de esa providencia\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, apunta el censor que a pesar de haber apelado contra las anteriores providencias \u00fanicamente la parte demandada, lo cual considera lleva impl\u00edcita la total conformidad de la demandante con las determinaciones adoptadas en la primera instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga complement\u00f3 esas decisiones con la declaraci\u00f3n de que los bienes materia de la partici\u00f3n rescindida no han salido del patrimonio de la sociedad conyugal, por lo que deben ser restituidos a esta debidamente purificados de toda clase de grav\u00e1menes y la orden de cancelar los registros de las transferencias de propiedad, grav\u00e1menes, limitaciones de dominio, etc., que sobre tales bienes hubieran reca\u00eddo despu\u00e9s de la inscripci\u00f3n de la demanda. E igualmente la sentencia revoc\u00f3 el numeral 6o. del fallo impugnado para \u201ccondenar al demandado JORGE ENRIQUE HERRERA STELLA a restituir a la demandante TERESA GUTIERREZ DE HERRERA, dentro de los tres d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, (…) la cantidad de QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON 17\/100 ($503.305.17), por concepto de los frutos producidos por los bienes que deben ser restituidos, causados desde el 13 de abril de 1989 al 30 de junio de 1991, conden\u00e1ndose al demandado a restituir a la demandante, por el mismo concepto y dentro del mismo t\u00e9rmino aqu\u00ed se\u00f1alado, la cantidad de TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 50\/100 (37.973.862.50), como frutos causados desde el 1 de julio de 1991 al 31 de agosto de 1993.- Vale la restituci\u00f3n total de frutos que debe hacer el demandado a la demandante, la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON 67\/100 ($38.477.167.67)\u201d. <\/p>\n
Se sigue de lo anterior que con tales determinaciones el Tribunal hizo mas gravosa la situaci\u00f3n del demandado apelante, en especial al revocar el numeral 6o. de la parte resolutiva del fallo de primer grado, como tambi\u00e9n la sentencia complementaria del mismo, vulnerando as\u00ed la prohibici\u00f3n de la \u201creformatio in pejus\u201d. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
1. Siguiendo conocidas pautas de doctrina jurisprudencial (G.J. T. LXXIX, p\u00e1g. 32), bien puede decirse del recurso de alzada que no es cosa diferente a la v\u00eda abierta por el ordenamiento jur\u00eddico para que los litigantes hagan sentir ante el superior su inconformidad con los prove\u00eddos de las jurisdicciones inferiores, dentro de la escala jer\u00e1rquica que le es inherente a la organizaci\u00f3n judicial. Se ha sostenido, entonces, que aqu\u00e9l recurso \u201c\u2026es en el fondo protesta y rebeld\u00eda contra lo resuelto por los grados inferiores, y por esa causa presupone providencia adversa a la parte que ejercita el recurso, del propio modo que se entiende interpuesto nada m\u00e1s que en lo desfavorable al apelante…\u201d, aspecto este \u00faltimo que alude a la regla prohibitiva de la \u201creformatio in pejus\u201d que, como tambi\u00e9n lo tiene se\u00f1alado la Corte, se traduce en una limitaci\u00f3n negativa \u201c… por cuanto le prohibe al juez ad-quem modificar la providencia apelada en perjuicio del recurrente, cuando la contraparte no ha interpuesto la apelaci\u00f3n ni ha adherido a dicho recurso…\u201d (G.J. T. CLXVI, p\u00e1g. 412), limitaci\u00f3n que de acuerdo con un amplio sector de la doctrina especializada, encuentra su fundamento dogm\u00e1tico en el sistema dispositivo que predomina en el proceso civil \u201c…porque es la voluntad de las partes movida por sus intereses personales, el factor decisivo en la suerte del litigio, para impugnar o consentir la sentencia en todo o en parte, para ampliar o disminuir el c\u00edrculo jurisdiccional de la segunda instancia …\u201d (G.J. T. LXXIX, p\u00e1g. 811). <\/p>\n
En otras palabras, la actividad de los Tribunales de apelaci\u00f3n, si bien cubre la totalidad del litigio en orden a someter a control jur\u00eddico el proceder del juzgador a quo en aquellas cuestiones o puntos que dieron lugar a la alzada, por norma general no puede expresarse dicha actividad de control en decisiones que significan, por su contenido y alcance, empeorar la posici\u00f3n del apelante \u00fanico pues siguiendo las directrices indicadas en el p\u00e1rrafo precedente, no lo permite el art\u00edculo 357 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; de hacerlo, desbordando por ende el campo demarcado por la ley a la competencia de los juzgadores en sede de apelaci\u00f3n, la providencia as\u00ed proferida \u201clesiona el inter\u00e9s jur\u00eddico del impugnante quien, por tanto, puede encausarla mediante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n invocando hoy ese espec\u00edfico motivo, ya que el legislador de 1970 le atribuy\u00f3 a la reformatio in pejus autonom\u00eda como causal de casaci\u00f3n, individualidad propia…\u201d (G.J. T CLXVI, p\u00e1g. 219). <\/p>\n
2. En este orden de ideas, para que se configure el defecto descrito, es indispensable: a) que haya un litigante vencido, excluy\u00e9ndose por ende cuando se trata de la apelaci\u00f3n de fallos meramente formales: b) que s\u00f3lo dicho litigante apele, puesto que la restricci\u00f3n en examen cede cuando la parte contraria formula tambi\u00e9n recurso o adhiere al inicialmente promovido; c) que con su decisi\u00f3n, el ad-quem haya modificado, desmejor\u00e1ndola, la posici\u00f3n procesal que para el apelante cre\u00f3 el prove\u00eddo en cuesti\u00f3n; y d) que la enmienda no obedezca a una necesidad impuesta por razones de car\u00e1cter l\u00f3gico o jur\u00eddico atinentes a la consistencia misma del pronunciamiento jurisdiccional y a su completa efectividad inmediata, evitando tener que remitirse a nuevas actuaciones posteriores, caso este \u00faltimo del que suministra persuasivo ejemplo el segundo inciso del Art. 307 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Debe entenderse, pues, que el principio prohibitivo de \u201cla reformatio in pejus\u201d no es de car\u00e1cter absoluto, ya que con \u00e9l no se busca impedir que se introduzcan enmiendas o correcciones a la sentencia de primer grado orientadas a subsanar defectos materiales en que aquella incurri\u00f3, por lo que se admite que, en determinados eventos, el superior puede complementar lo decidido con resoluciones que, aunque aparentemente nuevas, en realidad no lo son ni de ellas puede predicarse que sean de contenido m\u00e1s gravoso para el \u00fanico apelante, por cuanto se derivan estrictamente de la decisi\u00f3n adoptada y acceden a ella indefectiblemente por disponerlo as\u00ed la ley, aunque por omisi\u00f3n del fallador de primer grado no hayan sido incluidas en la providencia inicial, de donde resulta oportuno advertir y reiterar que \u201c\u2026 el perjuicio es presupuesto que corresponde por definici\u00f3n al postulado de la reformatio in pejus. Por consiguiente para que la reforma en perjuicio se configure, es indispensable que ciertamente el superior enmiende la providencia apelada imponiendo al litigante vencido una agravaci\u00f3n de las obligaciones a que ya fue condenado, y no cualquier enmienda, aclaraci\u00f3n o correcci\u00f3n en algunas hip\u00f3tesis, orientados simplemente a disipar un simple yerro o un lapsus calami\u201d. (Cas. Civ. de 10 de mayo de 1989). <\/p>\n
3. Frente al cargo que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, por razones de m\u00e9todo se impone dividir el an\u00e1lisis en dos apartes seg\u00fan son los agravios de que se duele el recurrente, asumiendo primeramente el estudio de las determinaciones complementarias adoptadas por el Tribunal, y en segundo lugar la fijaci\u00f3n de la cuant\u00eda de la condena impuesta al demandado con relaci\u00f3n al pago de los frutos que ha de restituirle a la actora, unido al t\u00e9rmino dentro del cual debe el deudor satisfacer esta prestaci\u00f3n. <\/p>\n
a) En lo que toca con aquella primera cuesti\u00f3n, debe advertirse que se trata de uno de los eventos a que se refiere la \u00faltima situaci\u00f3n aludida en el numeral anterior y, por lo tanto, frente a este aspecto el cargo no puede prosperar puesto que el declarar que los bienes materia de la partici\u00f3n rescindida por lesi\u00f3n enorme no han salido del patrimonio de la sociedad conyugal il\u00edquida y que, por lo tanto, deben ser restituidos a \u00e9sta debidamente purificados, ordenando la cancelaci\u00f3n de los registros de las transferencias de propiedad, grav\u00e1menes y limitaciones de dominio que sobre ellos hayan reca\u00eddo despu\u00e9s de la inscripci\u00f3n de la demanda, son pronunciamientos que corresponden estrictamente al objeto de la acci\u00f3n rescisoria acogida y se derivan del mismo como l\u00f3gica consecuencia aunque sobre ellos se guarde silencio o dejen los litigantes de solicitarlos expresamente, objeto que como bien se sabe es el de eliminar la partici\u00f3n para que surja de nuevo el estado de indivisi\u00f3n patrimonial que se supondr\u00e1 haber existido siempre y tendr\u00e1 que ser liquidado mediante otro acto de igual naturaleza que conduzca a la divisi\u00f3n. Por eso no puede sostenerse que con la inclusi\u00f3n de tales prove\u00eddos, que solo pretenden suplir lo que estima el ad quem es una omisi\u00f3n involuntaria en la sentencia de primera instancia, se haya quebrantado la prohibici\u00f3n de no empeorar la condici\u00f3n del demandado apelante. <\/p>\n
b) E igual cosa acontece con el segundo de los problemas planteados puesto que, de estarse a la realidad que los autos ponen de manifiesto, forzoso es concluir que en cuanto se trata del \u00e1mbito temporal de la atribuci\u00f3n de frutos efectuada en favor de la demandante y la declaraci\u00f3n cuantitativa de certeza que respecto de esta prestaci\u00f3n a cargo del demandado contiene la sentencia impugnada, el Tribunal no rebas\u00f3 la limitaci\u00f3n que, en sede de apelaci\u00f3n, a su competencia le se\u00f1ala el Art. 357 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
En efecto, si se compara el importe de la condena por frutos, fijado en primera instancia para el per\u00edodo de devengo de tales rendimientos corrido entre la presentaci\u00f3n de la demanda (Abril de 1989) y la fecha de su tasaci\u00f3n pericial a 30 de junio de 1991, con la cuant\u00eda que para el mismo lapso se\u00f1al\u00f3 el fallo de segunda instancia, sin mayor dificultad puede verse que lejos de empeorar este \u00faltimo la condici\u00f3n procesal del demandado apelante, la modificaci\u00f3n en este punto realizada lo beneficia, habida consideraci\u00f3n que la aludida condena se redujo de $4\u2019008.861.28 a $503.305.17, tom\u00e1ndose para tal fin las bases de c\u00e1lculo que suministra el dictamen obrante a folios 96 a 104 del cuaderno principal del expediente. Y respecto de la extensi\u00f3n de esa condena por el tiempo transcurrido hasta finalizar el mes de agosto de 1993, sabido es que el Art. 307 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil en su segundo inciso (texto del Art. 1\u00ba numeral 137 del Decreto Ley 2282 de 1989) faculta al juzgador ad quem para llevarla a cabo aun cuando la demandante, beneficiada con la condena tantas veces mencionada, no haya interpuesto el recurso de apelaci\u00f3n, circunstancia normativa esta que de suyo descarta la posibilidad de que se estructure en el caso presente el defecto que enuncia el recurrente, no obstante ser cierto que la sentencia objeto de censura, fundada en el aval\u00fao pericial practicado en segunda instancia que reposa a folios 61 a 82 del cuaderno 2 y cuyo m\u00e9rito demostrativo no ha sido desvirtuado, le impone al demandado una significativa agravaci\u00f3n centrada en la obligaci\u00f3n restitutoria de frutos a la que fue condenado. <\/p>\n
El cargo, por lo tanto, tambi\u00e9n debe ser desechado. <\/p>\n
DECISION: <\/p>\n
En m\u00e9rito de las consideraciones que antecede, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que con fecha dieciocho (18) de noviembre de 1993, profiri\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga para ponerle fin al proceso ordinario de la referencia. <\/p>\n
Las costas causadas en casaci\u00f3n son de cargo de la parte recurrente. T\u00e1sense en la oportunidad legal. <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
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CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
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S-076-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de Diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997).- Referencia: […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81512","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81512","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81512"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81512\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81512"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81512"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81512"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}