S-078-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997).- <\/p>\n
Ref: Expediente No. 6553 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de revisi\u00f3n interpuesto por Programadores Asociados T. V. Ltda. y Jorge Mario Acosta Hurtado contra la sentencia de 26 de agosto de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 en el proceso ejecutivo que los recurrentes siguieron contra Intercontinental de Televisi\u00f3n I.T. Ltda. y Jes\u00fas Jairo Mart\u00ednez Bendek. <\/p>\n
Antecedentes <\/p>\n
La sociedad Programadores Asociados T. V. Ltda. y Jorge Mario Acosta Hurtado obtuvieron, mediante proceso ejecutivo, que en contra de Intercontinental de Televisi\u00f3n Ltda. y Jairo Mart\u00ednez Bendeck se librase mandamiento de pago por la suma de $8\u2019838.109.oo, junto con los intereses, cantidad que, seg\u00fan lo explicaron en la demanda, surgi\u00f3 de un contrato de comercializaci\u00f3n celebrado entre las partes, en virtud del cual los ejecutados salieron a deber los valores indicados en las facturas 1505 (por $5\u2019456.093.oo) y 1569 (por $3\u2019382.016.oo). <\/p>\n
La parte demandada excepcion\u00f3 del siguiente modo: adem\u00e1s de alegar inexistencia de t\u00edtulo que preste m\u00e9rito ejecutivo, adujo el pago de la obligaci\u00f3n que se le cobra seg\u00fan lo demuestra el certificado que expidiera el Instituto de Radio y Televisi\u00f3n -Inravisi\u00f3n- por valor de $5\u2019456.093.oo y dos t\u00edtulos judiciales, uno por $3\u2019363.816.oo y otro por $18.200.oo. Precis\u00f3 que la primera de tales cantidades se pag\u00f3 con el cheque de gerencia No. 3177106 conforme figura en el recibo de Inravisi\u00f3n; y las otras se hicieron mediante dep\u00f3sito judicial en vista de que desconoc\u00eda el paradero de la actora, \u201cdado que dicha empresa hab\u00eda entrado en liquidaci\u00f3n sin informar su nueva direcci\u00f3n, motivo que impidi\u00f3 el pago oportuno del excedente\u201d, por lo que no hay mora de su parte. <\/p>\n
Arguy\u00f3 tambi\u00e9n una indebida petici\u00f3n de intereses, dado que nunca fueron pactados. <\/p>\n
Frente a tales excepciones se pronunci\u00f3 la parte actora. Manifest\u00f3, entre otras cosas, que el alegado pago se efectu\u00f3 a persona distinta del acreedor, pues ha debido pagarse a Programadores Asociados T. V. Ltda. y Jorge Mario Acosta, que no a Inravisi\u00f3n; por consiguiente, no puede el deudor constre\u00f1ir al acreedor para que en vez de dinero reciba \u201cuna certificaci\u00f3n expedida por el Instituto Nacional de Radio y Televisi\u00f3n, para cancelar la obligaci\u00f3n\u201d. Por lo que agreg\u00f3 que el acreedor no se ha liberado a\u00fan de la obligaci\u00f3n; observ\u00f3, s\u00ed, que con anterioridad trat\u00f3 de pagarla mediante un cheque que result\u00f3 impagado, el cual obra en el proceso. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que era infundado cuestionar los intereses reclamados, \u201cya que la pretensi\u00f3n se encuentra conforme a derecho, y la tasa estipulada es la indicada por la Superintendencia Bancaria para el efecto\u201d, en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto por el art\u00edculo 884 del C\u00f3digo de Comercio, y que la parte excepcionante confunde los intereses remuneratorios con los moratorios. <\/p>\n
Asegur\u00f3, por lo dem\u00e1s, que el t\u00edtulo ejecutivo que hace valer es de los denominados compuestos y que de su conjunto se deriva la obligaci\u00f3n dineraria, plenamente determinada. <\/p>\n
El juzgado trece civil del circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 reconoci\u00f3 la excepci\u00f3n de pago y declar\u00f3 por lo mismo terminado el proceso. <\/p>\n
Dicho fallo fue confirmado por el Tribunal Superior de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta por la parte ejecutante. <\/p>\n
Sentencia del Tribunal <\/p>\n
Una vez que determin\u00f3 que el t\u00edtulo aducido s\u00ed presta m\u00e9rito ejecutivo, pas\u00f3 al estudio de las excepciones propuestas, encontrando probada la de pago, para lo cual razon\u00f3 del siguiente modo: <\/p>\n
Not\u00f3 la presencia en autos de la certificaci\u00f3n expedida por Inravisi\u00f3n, en la que -dijo- \u201cconsta que INTERCONTINENTAL DE TELEVISION IT. LTDA., el 28 de noviembre de 1991 efectu\u00f3 abono a cuenta del Contrato No. 2250 del Consorcio SALIN ANTONIO SAFIR (sic) y ARTURO DE LA ROSA, PROGRAMDORES ASOCIADOS, por valor de $5\u2019456.093.oo con cheque de gerencia No. 3177106\u201d, la cual aparece ratificada con la de Luis Guillermo Angel -Jefe de la Oficina Jur\u00eddica de Inravisi\u00f3n-, quien da cuenta en efecto de dicho abono, y lo respalda con la fotocopia \u201cdel recibo de caja No. 12937 y la Carta de autorizaci\u00f3n de S.S. TV. SALIN ANTONIO SAFIR (sic) para que dicha cantidad sea abonada al contrato en menci\u00f3n (ver folios 155 – 159 cdno. 1)\u201d. <\/p>\n
Tambi\u00e9n destac\u00f3 la certificaci\u00f3n del Banco de Comercio en torno a la expedici\u00f3n de aqu\u00e9l cheque de gerencia a favor de Inravisi\u00f3n, el cual le fue solicitado por Intercontinental de Televisi\u00f3n para cubrir la factura No. 1505 del contrato No. 2250. <\/p>\n
Militan en el expediente, de otro lado, dep\u00f3sitos judiciales efectuados a nombre del juzgado trece civil del circuito de Bogot\u00e1 dentro del t\u00e9rmino concedido para el pago de la obligaci\u00f3n, por valores de $18.200.oo y $3\u2019363.816.oo, valor total de la factura No. 1569 expedida por INRAVISON por valor de $3\u2019382.016.oo\u201d. <\/p>\n
Y concluy\u00f3: <\/p>\n
\u201cDe los documentos antes rese\u00f1ados se deduce que efectivamente se produjo el pago de la obligaci\u00f3n contraida entre las partes en contienda, la cual se hizo directamente a INRAVISION por la suma de $6.018.453.oo (comput\u00e1ndose aqu\u00ed un pago previo de $562.450.oo, a t\u00edtulo de comerciales, y que nadie discute) y al ejecutante $3\u2019382.026.oo en t\u00edtulo de dep\u00f3sito judicial en la cuenta del Juzgado a-quo\u201d [par\u00e9ntesis fuera de texto]. <\/p>\n
Relativamente al pago realizado a Inravisi\u00f3n, explic\u00f3 que era v\u00e1lido porque fue autorizado por la parte acreedora \u201ctal como consta en los documentos allegados por la parte demandada obrantes a folio 68, 69 y 155, en donde se solicita cancelar la obligaci\u00f3n por medio de cheque de gerencia a favor de INRAVISION en virtud del contrato No. 2250\u201d. Que, adem\u00e1s, el comercializador adquiri\u00f3 compromisos de responsabilidad, en virtud de la cl\u00e1usula s\u00e9ptima del contrato, no solo frente a Programadores Asociados T. V. Ltda., \u201csino adem\u00e1s con los otros socios del consorcio, es decir, SALIN ANTONIO SAFIR y ARTURO DE LA ROSA e INRAVISION; porque no de otra forma se entiende que el programa se comprometiera en esta cl\u00e1usula a \u2018liberar\u2019 de cualquier responsabilidad al comercializador \u2018referente a los compromisos ADQUIRIDOS (Subraya la Sala) con SALIN ANTONIO SAFIR, ARTURO DE LA ROSA e INRAVISION\u201d. <\/p>\n
El recurso extraordinario <\/p>\n
Inv\u00f3case la sexta causal del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, arguy\u00e9ndose que en la sentencia del tribunal incidieron factores tales como el enga\u00f1o, la omisi\u00f3n y las maniobras fraudulentas de la parte demandada <\/p>\n
Puntualiza el recurrente que la obligaci\u00f3n cobrada dimana del \u201ccontrato No. 6 suscrito entre las partes para la exhibici\u00f3n de pel\u00edculas en espacios de los canales 1 y 2 de Inravisi\u00f3n\u201d. Y su monto resulta de sumar los valores de las facturas Nos. 1505 y 1569 con sus respectivos intereses. <\/p>\n
La primera de ellas se intent\u00f3 pagar con el cheque No. 3159056 del Banco de Comercio de la sucursal Las Aguas, pero fue devuelto, por lo que qued\u00f3 insoluta dicha obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Y si el valor restante fue consignado en el juzgado ocho meses despu\u00e9s de vencida la obligaci\u00f3n y tres meses despu\u00e9s de instaurada la demanda, es di\u00e1fana la justificaci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva, sin que sea atendible la excusa que se ensay\u00f3 sobre un supuesto desconocimiento de la direcci\u00f3n de la sociedad acreedora. <\/p>\n
Tambi\u00e9n demuestra dicha consignaci\u00f3n el incumplimiento de los obligados, circunstancia que \u201cno fue tenida en cuenta\u201d por los falladores al dictar las sentencias, y por ello condenaron en costas y perjuicios a los demandantes. <\/p>\n
Tanto el juzgado trece civil del circuito como el magistrado ponente del Tribunal \u201comitieron\u201d en sus fallos las sumas por intereses causados, \u201cconcretando en $8\u2019838.109.oo la suma en mora de pago, cuando en realidad hasta el momento del mandamiento de pago y de la consignaci\u00f3n de la suma de 3\u2019382.016.oo, el valor total en mora arrojaba la suma de $14\u2019617.814.oo, teniendo en cuenta el inter\u00e9s fijado por la Superintendencia Bancaria en la Resoluci\u00f3n 715 de 1991\u201d. <\/p>\n
Adicionalmente, el recibo que Inravisi\u00f3n expidi\u00f3 y con el cual se pretendi\u00f3 demostrar el pago de la factura 1505 dice \u201cque el 28 de noviembre de 1991 recibi\u00f3 un PAGO del CONSORCIO y los discrimina cobrando $345.549.oo por concepto de intereses (\u2026). Es decir, no solo ya se hab\u00eda incumplido el PAGO, sino que con el dinero de Jorge Mario Acosta Hurtado se PAGABA intereses no causados ni debidos, pues como queda demostrado el contrato con Inravisi\u00f3n fue el 2605 y no el 2250 del consorcio\u201d <\/p>\n
El juzgado de conocimiento solicit\u00f3 oficiosamente a Inravisi\u00f3n una certificaci\u00f3n acerca de si hab\u00eda aceptado el pago que los demandados hicieron en nombre de los demandantes, y respondi\u00f3 que quien pag\u00f3 fue el se\u00f1or Salim Antonio Sefair \u201cen su condici\u00f3n de miembro del consorcio vinculado contractualmente -contrato 2250- con Inravisi\u00f3n -anexo prueba No. 7 folio 155 del cuaderno No. 1 del expediente-\u201d; dijo adem\u00e1s que el valor pagado ($5\u2019456.093.oo) \u201cfue abonado a la cuenta del consorcio de acuerdo con instrucciones del se\u00f1or Salim Antonio Sefair\u201d. <\/p>\n
Certificaci\u00f3n que no fue atendida por el juzgado de conocimiento y en cambio s\u00ed afirm\u00f3 en la parte motiva \u201cuna falsedad\u201d consistente en decir que Inravisi\u00f3n hab\u00eda certificado que Intercontinental de Televisi\u00f3n Ltda. le hab\u00eda pagado la factura No. 1505. El juez no puede alegar que desconoc\u00eda la verdadera certificaci\u00f3n pues \u00e9sta fue obtenida a solicitud suya. <\/p>\n
La misma funcionaria de Inravisi\u00f3n Luisa Fernanda Salazar Henao, rectific\u00f3 su certificaci\u00f3n, manifestando que quien entreg\u00f3 el cheque de pago al Instituto fue Salim Antonio Sefair. <\/p>\n
\u201cEn su af\u00e1n por justificar el fallo, el mencionado juzgado trece civil del circuito, le invent\u00f3 una factura a Inravisi\u00f3n que \u00e9ste nunca emiti\u00f3 la No. 1505 -folio 173- lo cual demuestra la conducta claramente punible del funcionario\u201d, pues Inravisi\u00f3n nunca expidi\u00f3 tal n\u00famero de factura. <\/p>\n
Inexplicablemente no tuvo en cuenta el contrato materia de la acci\u00f3n; tuvo en cuenta -el No.2250-, celebrado entre Inravisi\u00f3n y el Consorcio y que nada tiene que ver con aqu\u00e9l. <\/p>\n
Y el tribunal, para confirmar la sentencia, sent\u00f3 en su fallo \u201cnuevas err\u00f3neas consideraciones\u201d , as\u00ed: <\/p>\n
Dijo que la certificaci\u00f3n de Inravisi\u00f3n hab\u00eda sido ratificada por Luis Guillermo Angel quien afirm\u00f3 que efectivamente se cancel\u00f3 dicha suma como pago del contrato 2250. Esta afirmaci\u00f3n demuestra que no se pag\u00f3 a los acreedores leg\u00edtimos, o sea a los ejecutantes, \u00fanicos suscriptores del contrato No. 6, de donde se gener\u00f3 la obligaci\u00f3n a que alude la factura 1505; de otra parte la certificaci\u00f3n del mencionado Angel no ratifica la de Luisa Fernanda Salazar pues en la de aqu\u00e9l se dice que quien pag\u00f3 fue Salim Antonio Sefair para abonar al contrato 2250, mientras en la de \u00e9sta se dice que el pago lo efectu\u00f3 Intercontinental de Televisi\u00f3n. <\/p>\n
\u201cEsta garrafal equivocaci\u00f3n\u201d lo llev\u00f3 a confirmar el fallo del a quo, por cuanto dijo textualmente que encontraba v\u00e1lido el pago efectuado a Inravisi\u00f3n. Es decir, el tribunal acepta cu\u00e1les fueron las partes del contrato No. 6, y sin embargo admite como autorizaci\u00f3n del acreedor la que figura en documentos firmados por terceros distintos de Jorge Mario Acosta Hurtado. Con dicha afirmaci\u00f3n, entonces sigui\u00f3 el tribunal incurriendo en \u201cinexcusable error\u201d. <\/p>\n
De donde se desprende que la sentencia del tribunal \u201cresult\u00f3 ser el producto del enga\u00f1o procesal, no solo porque el valor de la obligaci\u00f3n hasta el mandamiento de pago era de 14\u2019617.814.oo y no de 8\u2019838.109.oo, sino porque nunca se le pag\u00f3 al acreedor leg\u00edtimo conforme lo dispon\u00eda el contrato No. 06 de 1990\u201d <\/p>\n
Porque si las consignaciones hechas por los demandados el 7 de julio de 1992 (folio 55) lo fueron a favor de Programadores Asociados T. V. Ltda. es claro que a \u00e9sta reconoc\u00edan como acreedor leg\u00edtimo; y con tal consignaci\u00f3n se acredita \u201cno solo el incumplimiento, la mora y la causaci\u00f3n de los intereses, sino tambi\u00e9n la precisi\u00f3n de qui\u00e9nes eran sus acreedores\u201d. <\/p>\n
La certificaci\u00f3n de Inravisi\u00f3n fue manipulada por el demandado Mart\u00ednez Bendeck, pues fue quien la solicit\u00f3 en tal sentido, encontrando la aceptaci\u00f3n de la subdirectora del Instituto, Mar\u00eda Fernanda Salazar. Simult\u00e1neamente la subgerente de Intercontinental de Televisi\u00f3n solicit\u00f3 al Banco de Comercio otra certificaci\u00f3n en el sentido de que dicha Compa\u00f1\u00eda hab\u00eda comprado un cheque de gerencia a nombre de Inravisi\u00f3n para cubrir la factura 1505, y el gerente jur\u00eddico del Banco de Bogot\u00e1 (que absorbi\u00f3 al de Comercio) certific\u00f3 que fue Intercontinental de Televisi\u00f3n la que solicit\u00f3 emitir un cheque de gerencia a favor de Inravisi\u00f3n, \u201cafirmando que era para cubrir la factura 1505 del contrato 2250. <\/p>\n
Los demandados se valieron de la certificaci\u00f3n de Luisa Fernanda Salazar y con base en ella obtuvieron fallo favorable, muy a pesar de que el propio juzgado, ante la duda, solicit\u00f3 una nueva certificaci\u00f3n, expedida \u00e9sta por Angel, quien afirm\u00f3 que quien realmente pag\u00f3, no fue Intercontinental de Televisi\u00f3n, sino el se\u00f1or Salim Antonio Sefair. Ante lo cual dice el recurrente: \u201cEs decir, se\u00f1ores magistrados NO APARECE POR PARTE ALGUNA EL PAGO de la factura No. 1505 de Programadores Asociados emitida en desarrollo del contrato No. 6\u201d. <\/p>\n
Pide, en consecuencia, que se invalide la sentencia del tribunal y se dicte la que en derecho corresponda admitiendo las pretensiones de la demanda y condenando en costas y perjuicios a los demandados. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Los fundamentos esgrimidos por la censura, jam\u00e1s podr\u00edan configurar la causal que de revisi\u00f3n ha sido invocada. <\/p>\n
Porque si a juicio de los recurrentes, seg\u00fan lo expresan -no una vez sino repetidamente-, los juzgadores cometieron muchos desaciertos a la hora de fallar el proceso, y algunas veces de tal magnitud que llegaron hasta \u201cinventar\u201d elementos de prueba a favor de los ejecutados e incidir en hechos punibles, esto deja al descubierto que la causa de la sentencia atacada estar\u00eda m\u00e1s bien ah\u00ed que en actitudes aviesas de su contraparte. La causal sexta, antes que suponer a un juez torpe, inventor o de malas artes, supone es uno enga\u00f1ado. <\/p>\n
A efecto de comprobarlo, mem\u00f3rase ahora, cual se hizo figurar en el breviario de la censura, c\u00f3mo se reprocha a los juzgadores: <\/p>\n
– No haber tenido en cuenta que con la consignaci\u00f3n judicial que los ejecutados hicieron en el juzgado de conocimiento, patentiz\u00e1base el incumplimiento de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
– Omitieron en sus fallos las sumas debidas por intereses. <\/p>\n
– El a-quo no par\u00f3 mientes en que Inravisi\u00f3n certific\u00f3 que quien pag\u00f3 all\u00ed fue Salim Antonio Sefair y que ese valor se abon\u00f3 a la cuenta del consorcio; en cambio s\u00ed cometi\u00f3 la falsedad al afirmar que Inravisi\u00f3n certific\u00f3 que fue Intercontinental de Televisi\u00f3n la que pag\u00f3 la factura No. 1505. Y denotan sorpresa ante el hecho de que el mismo juzgador que solicit\u00f3 aquella certificaci\u00f3n la hubiese desatendido. <\/p>\n
– No tuvieron en cuenta, inexplicablemente el preciso contrato por el que se hac\u00eda el cobro ejecutivo; se tuvo en mira uno distinto, o sea el No. 2250 celebrado entre Inravis\u00f3n y el consorcio. <\/p>\n
– El Tribunal pretermiti\u00f3 el hecho de que no se pag\u00f3 a los acreedores leg\u00edtimos, y err\u00f3 al decir que la certificaci\u00f3n expedida por el se\u00f1or Angel ratifica la de Luisa Fernanda Salazar, pues que dej\u00f3 de ver que aqu\u00e9lla dice que el pago fue efectuado por Salim Antonio Sefair para abonar al contrato 2250, mientras la de \u00e9sta indica que lo efectu\u00f3 Intercontinental de Televisi\u00f3n. <\/p>\n
– Pero donde m\u00e1s se equivoc\u00f3 el Tribunal fue al decir que el pago hecho a Inravisi\u00f3n fue autorizado por los acreedores, habida cuenta que los documentos de que se vali\u00f3 para as\u00ed afirmarlo no est\u00e1n suscritos por el acreedor Jorge Mario Acosta Hurtado. \u201cEsta garrafal equivocaci\u00f3n\u201d lo llev\u00f3 a encontrar v\u00e1lido dicho pago\u201d. <\/p>\n
De cara a todo ello, pues, no se remite a duda que el reproche va dirigido m\u00e1s que todo a los sentenciadores, cosa que, rep\u00edtese, no se compadece con la sexta causal de revisi\u00f3n, la cual est\u00e1 caracterizada, antes bien, porque el juzgador es v\u00edctima de los artilugios que le impiden descubrir lo verdaderamente acontecido y proferir una decisi\u00f3n secundum jus. Muchas veces ha se\u00f1alado la Corte que tal causal comporta \u201cuna actividad enga\u00f1osa que conduzca al fraude, una actuaci\u00f3n torticera, una maquinaci\u00f3n capaz de inducir a error al juzgador al proferir el fallo en virtud de la deformaci\u00f3n artificiosa y mal intencionada de los hechos o de la ocultaci\u00f3n de los mismos\u201d (G. J., t. CCIV, segundo semestre, p. 44). <\/p>\n
De ah\u00ed que cuando la censura, tras enumerar tan acerbas cr\u00edticas a los juzgadores, se\u00f1ala sin m\u00e1s que todo aconteci\u00f3 por el enga\u00f1o de la contraparte, no pasa de ser sino un acomodamiento para darle apariencia a la causal invocada. Bastar\u00eda comprobar que el recurrente deja ver con toda claridad que, sin los desaciertos de los falladores, la decisi\u00f3n hubiere sido a su favor; valdr\u00eda preguntarse entonces: \u00bfde qu\u00e9 se acusa a la contraparte? \u00bfacaso de la falta de discernimiento de los jueces?. Parece claro que en el punto, una de dos: o ante la eficacia del enga\u00f1o, el juez cae en sus redes, o definitivamente la causa del fallo ha de cargarse a la ineptitud del juez; naturalmente que s\u00f3lo en el primer caso es de recibo la sexta causal de revisi\u00f3n, como qued\u00f3 dicho arriba. <\/p>\n
Algo m\u00e1s. No solamente es que se eche de menos la estructura misma de la causal -para el caso espec\u00edfico enga\u00f1o del adversario procesal-, ya de por s\u00ed letal a la prosperidad del recurso, sino que el impugnante quiere valerse de la revisi\u00f3n para reciclar el debate que fue propio de las instancias, incluso con planteamientos an\u00e1logos a los que entonces blandi\u00f3, como es el atinente al m\u00e9rito probatorio que se atribuy\u00f3 a los diversos medios persuasivos, particularmente delante de la certificaci\u00f3n que expidi\u00f3 Inravisi\u00f3n y de los que tuvo en cuenta el sentenciador a fin de averiguar una eventual autorizaci\u00f3n del acreedor para que se pagase a otro. <\/p>\n
En una palabra, el recurrente muestra inconformidad con el an\u00e1lisis probatorio adelantado por el tribunal y cree ver en la revisi\u00f3n una ocasi\u00f3n m\u00e1s para insistir en su punto de vista, con total olvido de la naturaleza jur\u00eddica de este recurso extraordinario, cual lo ha puesto de presente la Corte, al ense\u00f1ar con notable persistencia, que no se trata de un medio para enjuiciar libremente la sentencia, ni para provocar una nueva cr\u00edtica probatoria; por todas c\u00edtase la sentencia de 11 de junio de 1976, en la que enfatiz\u00f3 que tal impugnaci\u00f3n \u201cno apunta a permitir un replanteamiento de los asuntos litigados y decididos previamente; o a ofrecer un medio para mejorar la prueba mal aportada o dejada de aducir; o para variar la causa petendi, permitiendo la alegaci\u00f3n de hechos no comprendidos inicialmente en ella; o a dar una nueva oportunidad de proponer excepciones no alegadas en el lapso debido; o a impedir la ejecuci\u00f3n de la sentencia como viene sucediendo \u00faltimamente (\u2026). \u00c9l mira certeramente a la entronizaci\u00f3n de la garant\u00eda de la justicia o al restablecimiento del derecho de defensa cuando fue claramente conculcado\u201d (G. J. t. CLV, p\u00e1g. 27). <\/p>\n
Por consiguiente, deviene la falta de \u00e9xito del recurso. <\/p>\n
Decisi\u00f3n <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley declara infundado el recurso de revisi\u00f3n que Programadores Asociados T. V. Ltda. y Jorge Mario Acosta Hurtado interpusieron contra la sentencia que el Tribunal Superior de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 el 26 de agosto de 1996, reca\u00edda en el proceso que arriba se dej\u00f3 referenciado. <\/p>\n
Cond\u00e9nase a los recurrentes a pagar a los demandados en el recurso de revisi\u00f3n los perjuicios y las costas causados con la interposici\u00f3n del mismo. Liqu\u00eddense los primeros por el tr\u00e1mite que indica el inciso \u00faltimo del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. T\u00e1sense las segundas por la Secretar\u00eda de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Ent\u00e9rese de lo decidido a la aseguradora garante, para los efectos que son de su incumbencia. Of\u00edciese. <\/p>\n
Cumplido todo lo anterior, y exceptu\u00e1ndose el cuaderno contentivo del recurso de revisi\u00f3n, ret\u00f3rnese el expediente al juzgado de origen, comunic\u00e1ndole mediante oficio el resultado final de tal impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
en permiso <\/p>\n
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S-078-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997).- Ref: Expediente No. 6553 Dec\u00eddese el recurso de revisi\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81514","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81514","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81514"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81514\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81514"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81514"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81514"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}