S-079-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997).- <\/p>\n
Ref.: Expediente No. 6083 <\/p>\n
Dec\u00eddese el proceso ordinario que, con base en lo previsto por el art\u00edculo 40 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, promovi\u00f3 Carlos Gonzalo Alvarado Gaitan contra Euclides Roa Escobar, Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Valencia D\u00edaz y Hern\u00e1n Vicente Ver\u00e1stegui Garc\u00eda, en su condici\u00f3n de Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Tolima. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Como hechos constitutivos de la causa petendi adujo el demandante, en compendio, los siguientes: <\/p>\n
a) que con fundamento en lo dispuesto por el art\u00edculo 1005 del C\u00f3digo Civil, el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 9\u00aa de 1989 y el Decreto 2400 de 1989, instaur\u00f3 en contra de la sociedad Cementos Diamante S. A., un proceso abreviado para que se declarara que la demandada \u201c(\u2026) es responsable del da\u00f1o ambiental; que se ordenaran las obras requeridas para la purificaci\u00f3n del aire y que se condenara al pago de la recompensa prevista en el art\u00edculo 1005 del C\u00f3digo Civil\u201d; demanda que correspondi\u00f3 al Juzgado 1\u00b0 Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, el cual, mediante sentencia proferida el 10 de junio de 1994 declar\u00f3 a la entidad demandada responsable del da\u00f1o ambiental y a la salud, le orden\u00f3 la instalaci\u00f3n de electrofiltros en las chimeneas n\u00fameros 1 y 2 de la planta de Buenos Aires, y la conden\u00f3 a pagar en favor del actor la suma de $104\u00b4558.800.oo, equivalentes al diez por ciento del valor estimado en el proceso de instalaci\u00f3n de los electrofiltros; suma que bien pudo haber sido superior si el juzgado no hubiese optado por reconocer el m\u00ednimo valor de la recompensa. <\/p>\n
b) que la Sala Civil de decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 conformada por los demandados, al conocer del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la entidad demandada contra el fallo de primer grado aludido, redujo la responsabilidad de la apelante, en cuanto excluy\u00f3 el da\u00f1o a la salud, orden\u00f3 la instalaci\u00f3n de un electrofiltro en el horno N\u00b01, puesto que en el horno N\u00b02 ya hab\u00eda sido instalado y, \u201c(\u2026) elimin\u00f3 por completo el pago de la recompensa prevista en el inciso segundo del art\u00edculo 1005 del C\u00f3digo Civil en favor del actor popular con base en el valor estimado de los electrofiltros\u201d. <\/p>\n
c) que para negar el reconocimiento de la recompensa en menci\u00f3n, el tribunal argument\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Teniendo de presente que la filosof\u00eda de la acci\u00f3n popular, en cuanto ella tiene un fin p\u00fablico y concreto, no subjetivo ni individual, como lo proclama la Corte Constitucional, el contenido del art\u00edculo 1005 del C. C., respecto de la recompensa econ\u00f3mica que all\u00ed se contempla para el demandante a cargo del demandado, no es de recibo para el caso aqu\u00ed planteado por lo siguiente: En primer lugar, porque dicha norma sustancial hace parte integrante de las acciones posesorias especiales que contempla el C. C., que por su naturaleza no son aplicables a la acci\u00f3n que se ejercita en defensa de un bien p\u00fablico como lo es el ambiente; en segundo t\u00e9rmino, el demandante lo hace en su propio nombre y no en representaci\u00f3n de la comunidad de la que dice se perjudica con la contaminaci\u00f3n de la atm\u00f3sfera por causa de la conducta de la empresa en sus instalaciones, y por \u00faltimo, debido a que no comprob\u00f3 el da\u00f1o en concreto para humanos, animales, plantas y menos a\u00fan se cuantific\u00f3 dicho perjuicio. Pues como se reitera, la orden de colocaci\u00f3n de los filtros, o del filtro que resta por acomodar en uno de los hornos de la f\u00e1brica, no es el resarcimiento del da\u00f1o causado sino que ello significa un mecanismo preventivo hacia el futuro con el prop\u00f3sito de que el da\u00f1o por la contaminaci\u00f3n ambiental no contin\u00fae perjudicando el medio ambiente. <\/p>\n
\u201cAdem\u00e1s, a sano criterio de esta Sala, lo concerniente con la recompensa para el accionante popular que demanda la defensa del medio ambiente y del ecosistema, no ha sido materia de regulaci\u00f3n espec\u00edfica, tema diferente del ejercicio propio de la acci\u00f3n, como lo entiende la Corte Constitucional, toda vez que la recompensa a la cual alude el art\u00edculo 1005 del C. C., es aquella proveniente de la acci\u00f3n popular que se ejercita por causa de la cuesti\u00f3n posesoria especial a que la disposici\u00f3n sustancial se refiere concretamente y cuya aplicabilidad anal\u00f3gica, para el evento sub-ex\u00e1mine, se torna improcedente. <\/p>\n
\u201cDistinto aspecto es el que contempla el art\u00edculo 2360 del (sic) C.C., el cual, por su generalidad, es aplicable a este proceso que declara la responsabilidad de la empresa demandada por el da\u00f1o gen\u00e9rico del medio ambiente, como se ha expuesto y por lo cual la parte demandada debe indemnizar al actor las costas procesales por el tiempo y la diligencia empleados en el procedimiento del juicio respectivo y \u00fanicamente por este motivo, como quiera que \u201cla remuneraci\u00f3n espec\u00edfica que concede la ley en determinados\u201d (cita del tribunal), es precisamente para el caso de los litigios posesorios que la norma menciona claramente\u201d. <\/p>\n
d) que adem\u00e1s de que con la inaplicaci\u00f3n del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 1005 el Tribunal viol\u00f3 ostensiblemente el art\u00edculo 132 del Decreto 2303 de 1989, omiti\u00f3 tambi\u00e9n en forma inexcusable el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 9\u00aa de 1989 y el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2400 del mismo a\u00f1o, reglamentario de la anterior ley, pues es evidente que ninguna de estas disposiciones crea una acci\u00f3n distinta a la del art\u00edculo 1005 en cita, ni permiten su aplicaci\u00f3n parcial, con exclusi\u00f3n del t\u00f3pico que ata\u00f1e a las recompensas, menos en el caso de las acciones para la protecci\u00f3n del medio ambiente agrario; precisi\u00f3n en punto de la cual cit\u00f3 el fallo del 28 de octubre de 1994, proferido por el Consejo de Estado; <\/p>\n
e) que no tiene fundamento alguno el que la sala de decisi\u00f3n demandada sustente la negativa de la recompensa en lo previsto por el art\u00edculo 2360 del C\u00f3digo Civil, cuando la acci\u00f3n impetrada y fallada fue la del art\u00edculo 1005 del mismo ordenamiento; con mayor raz\u00f3n, en tanto que, como lo sostuvo la Corte Constitucional en fallo T-231\/94, los jueces est\u00e1n sujetos al imperio de la ley; <\/p>\n
f) que el error inexcusable de la Sala, lo priv\u00f3 de recibir una recompensa que, de acuerdo con el fallo de primera instancia, asciende a la suma de $104\u00b4538.800.oo cifra que equivale al 10% del valor de las obras a que fue condenada la empresa de cementos demandada, a la saz\u00f3n, el m\u00ednimo previsto para dichos efectos por el art\u00edculo 1005 citado. <\/p>\n
3. Los demandados, en su oportuna respuesta, se opusieron rotundamente a las pretensiones deducidas en su contra. Dijeron ser ciertos los hechos que aluden al desarrollo litigioso, aunque con la aclaraci\u00f3n de que la sociedad demandada dentro del prenombrado proceso abreviado fue Cementos Diamante del Tolima S. A., y que la indemnizaci\u00f3n no pod\u00eda ser mayor de la que se\u00f1al\u00f3 el Juez, funcionario a quien compete cuantificarla. Desconocieron empero, todos aqu\u00e9llos hechos con fundamento en los cuales se les imputa error inexcusable y propusieron como excepci\u00f3n de m\u00e9rito la de prescripci\u00f3n, de la que se dio traslado al actor, quien se opuso a su declaraci\u00f3n. <\/p>\n
4. Fracasada la fase conciliatoria, se abri\u00f3 el proceso a pruebas, etapa en la que se recibi\u00f3 la declaraci\u00f3n de parte del actor y se incorpor\u00f3 copia parcial del expediente contentivo de la acci\u00f3n popular en la que se emiti\u00f3 la decisi\u00f3n punto de mira de la responsabilidad civil deducida en la demanda; fenecido dicho t\u00e9rmino, se corri\u00f3 traslado a las partes para alegar de conclusi\u00f3n, derecho del cual hicieron uso. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. No existiendo reparo acerca de la convergencia de todas y cada una de las condiciones que hacen viable la sentencia que dirima la controversia, resulta pertinente se\u00f1alar de una vez que, pese al planteamiento alegado a nivel exceptivo, con arreglo al cual la demanda habr\u00eda sido presentada despu\u00e9s de vencido el t\u00e9rmino de un a\u00f1o a que se refiere el pen\u00faltimo inciso del art\u00edculo 40 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, del examen minucioso del proceso en que supuestamente se produjo el error inexcusable de que son reos los demandados se colige sin lugar a equ\u00edvocos que ello no fue as\u00ed, como que si bien el fallo que desat\u00f3 la alzada interpuesta contra la sentencia de primer grado fue proferido el 21 de marzo de 1995, lo cierto es que la providencia complementaria de la precitada decisi\u00f3n apenas caus\u00f3 ejecutoria el d\u00eda el 16 de mayo de ese a\u00f1o, tal como lo informa la constancia secretarial vista a folio 93 vto. del cuaderno N\u00b0 10 de pruebas, de donde se sigue que cuando el libelo incoativo fue presentado el 2 de mayo de 1996, el sobredicho t\u00e9rmino, considerado de caducidad por el apoderado de los demandados en sus alegaciones de conclusi\u00f3n, no hab\u00eda vencido. <\/p>\n
Y no obstante que con la entrada en vigencia de la Ley 270 del 15 de marzo de 1996 -Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia-, se desarroll\u00f3, entre otras materias, el nuevo r\u00e9gimen de responsabilidad personal del funcionario judicial establecida en el art\u00edculo 90 de la Carta Pol\u00edtica, es claro que para la especie en estudio, el r\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable es el contemplado en el art\u00edculo 40 memorado, disposici\u00f3n de car\u00e1cter sustancial tomada como punto de referencia para despachar la excepci\u00f3n alegada, sobre cuya aplicabilidad expres\u00f3 esta Corporaci\u00f3n que, si \u00e9ste consagraba una responsabilidad aquiliana especial1 del funcionario judicial, indicativa de un derecho civil personal del particular a reclamar una reparaci\u00f3n patrimonial en caso de error jurisdiccional, \u201c(\u2026) no puede menos que concluirse que su regulaci\u00f3n queda sujeta, de acuerdo con el principio de irretroactividad de las leyes, recogido en ese momento por el art\u00edculo 58 de la Carta Pol\u00edtica, a la regla tambi\u00e9n general en virtud de la cual la ley aplicable en materia de responsabilidad civil es la ley vigente del hecho que le da origen al referido derecho2\u201d. Agregando en ese mismo fallo que \u00ab\u2026 las responsabilidades civiles personales de los Magistrados de Tribunales por los hechos o actos del art\u00edculo 40 del c\u00f3digo de procedimiento civil cuyo proceso concluy\u00f3 antes de la vigencia de la ley 270 de 1996, 15 de marzo de este a\u00f1o, queda sujeta al r\u00e9gimen de dicho art\u00edculo bajo el cual adquiri\u00f3 el derecho a reclamar la responsabilidad civil consiguiente dentro del a\u00f1o siguiente a dicha conclusi\u00f3n procesal. En tanto que el nuevo r\u00e9gimen queda deferido a las responsabilidades que se causen bajo su vigencia, que, en caso de error jurisdiccional, se consuma cuando la sentencia queda en firme dentro de su vigencia\u00bb. <\/p>\n
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2. Sentado lo anterior, es menester recordar que aun cuando es leg\u00edtimo anhelar que tanto los jueces como los magistrados posean s\u00f3lidos conocimientos del derecho, y a la par est\u00e9n ataviados con virtudes entre las que de modo imperativo deben prevalecer la honorabilidad, la rectitud, la dignidad, y un alto y profundo sentido de justicia, la verdad sea dicha, ante la potencialidad de que \u00e9stos desborden los l\u00edmites de su poder jurisdiccional, para irrumpir en los del abuso, el Legislador de 1970 estableci\u00f3 expresamente en el art\u00edculo 40 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuyo contenido sencillamente reiter\u00f3 el principio general que ordena reparar los da\u00f1os causados por hecho o culpa de su autor, una responsabilidad civil para aquellos, cuando, con ocasi\u00f3n del ejercicio de sus funciones, por la comisi\u00f3n de actos dolosos, fraudulentos o abusivos (numeral 1\u00b0), o por culpa lata o error inexcusable (numerales 2\u00b0 y 3\u00b0), producen perjuicios a las partes de un proceso. <\/p>\n
3. As\u00ed, siguiendo con el derrotero b\u00e1sico proporcionado por el numeral 3\u00b0 del precepto en cita, en cuanto concierne al error, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que no cualquier equivocaci\u00f3n en el juicio jurisdiccional puede constituir fuente de responsabilidad civil para quien lo emite; pues es cierto que cada funcionario de dicho orden se encuentra expuesto al error de manera constante, no solamente por lo precario y falible que es el entendimiento humano, sino por la dificultad que encierra el cumplimiento de la labor hermen\u00e9utica, terreno en donde la complejidad y multiplicidad de reglas legales, y la defectuosa redacci\u00f3n de las leyes, que no es extra\u00f1a en un medio legislativo creciente como el que aqueja las sociedades contempor\u00e1neas, constituyen de suyo un campo abonado para que el juez, teniendo ante \u00e9l dis\u00edmiles, oscuras y en veces contradictorias disposiciones, les confiera a \u00e9stas un sentido que otros pueden no compartir, tild\u00e1ndolo de err\u00f3neo por lo mismo, cuando no de torpe; de donde resulta ostensible que \u00fanicamente el yerro que configure una omisi\u00f3n grave, garrafal, evident\u00edsima e imperdonable, proveniente de la negligencia o de la falta de pericia o aptitud ocasionada por notorios vac\u00edos en el conocimiento y que convierta al juzgador en un verdadero peligro, es el que tiene entidad para dar lugar a la reparaci\u00f3n. <\/p>\n
Se contrapone a lo anterior, el escueto error de concepto, doctrinas o interpretaci\u00f3n, si lo hay, pues, como lo ha se\u00f1alado en forma reiterada esta Corporaci\u00f3n, \u201c(\u2026) no podr\u00e1 existir error inexcusable cuando se sostiene un punto de vista defensable respecto de una materia controvertida en derecho, como quiera que esa incertidumbre en su interpretaci\u00f3n lo excusar\u00eda\u201d (G. J. T. CLXV, p\u00e1g. 209, G. J. T. CCXXII, p\u00e1g. 147). <\/p>\n
4. Puestas de este modo las cosas se advierte desde ya que los pedimentos implorados en la demanda no pueden tener despacho favorable, pues aunque se sostiene en el sub-iudice que los tres magistrados demandados, como integrantes de la Sala de Decisi\u00f3n Civil que en el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 profiri\u00f3 la sentencia de fecha 21 de marzo de 1995 y posteriormente la complement\u00f3 en decisi\u00f3n calendada el 2 de mayo del mismo a\u00f1o, incurrieron en error inexcusable al desconocer la figura de la recompensa contemplada en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 1005 del C\u00f3digo Civil Colombiano en favor del actor, quien tambi\u00e9n lo fuera dentro de la acci\u00f3n popular memorada, lo que implica su preterici\u00f3n, al igual que la de los art\u00edculos 8\u00b0 de la Ley 9\u00aa de 1989 y 6\u00b0 del Decreto 2400 de ese mismo a\u00f1o, am\u00e9n de la infracci\u00f3n manifiesta del art\u00edculo 132 del Decreto 2303 de 1989, y la aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 2360 del C\u00f3digo Civil, la verdad es que dicho juicio jurisdiccional, en la forma en que fue vertido en la decisi\u00f3n punto de mira de la pretensi\u00f3n, no encuadra dentro de los linderos que caracterizan el error inexcusable, y por el contrario, constituye un punto de vista defensable en un \u00e1mbito de complejidad como el que muestra la regulaci\u00f3n de las acciones populares, lo que mal podr\u00eda servir de venero a la pretensi\u00f3n resarcitoria. <\/p>\n
4.1. En este punto, para una mejor integraci\u00f3n del tema controvertido, resulta preciso transcribir, en lo pertinente, las disposiciones legales que particularmente se han venido trajinando tanto en el presente proceso como en el abreviado que le dio origen, normas de cuya simple lectura e interpretaci\u00f3n deduce el actor el error que a sus juzgadores atribuye. <\/p>\n
En el T\u00edtulo XIV del Libro 2o. del C.C., que trata de \u00abAlgunas acciones posesorias especiales\u00bb, se encuentra ubicado el art\u00edculo 1005 , en el cual, como se sabe, mont\u00f3 el accionante en el proceso abreviado su pretensi\u00f3n y cuyo tenor es el siguiente: <\/p>\n
\u00abLa municipalidad y cualquiera persona del pueblo tendr\u00e1 en favor de los caminos, plazas y otros lugares de uso p\u00fablico, y para la seguridad de quienes transiten por ellos, los derechos concedidos a los due\u00f1os de heredades o edificios privados. <\/p>\n
\u00abY siempre que a consecuencia de una acci\u00f3n popular, haya de demolerse o enmendarse una construcci\u00f3n, o de resarcirse un da\u00f1o sufrido, se recompensar\u00e1 al actor, a costa del querellado con una suma que no baje de la d\u00e9cima, ni exceda de la tercera parte de lo que cueste la demolici\u00f3n o enmienda, o el resarcimiento del da\u00f1o\u2026\u00bb <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 8o. de la ley 9a. de 1989 -ley de reforma urbana-, y el 6o. del decreto 240 de 1989, reglamentario de aquella, estatuyen, en su orden, que \u00ablos elementos constitutivos del espacio p\u00fablico y el medio ambiente tendr\u00e1n para su defensa la acci\u00f3n popular consagrada en el art. 1005 \u2026\u00bb y que \u00abla acci\u00f3n popular de que trata el art\u00edculo 1005 del C\u00f3digo Civil, podr\u00e1 ser ejercitada por los usuarios para la defensa del espacio p\u00fablico y del medio ambiente\u2026\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, el art\u00edculo 118 del decreto 2303 de 1989, que organiz\u00f3 la jurisdicci\u00f3n agraria, estatuye que \u00abEl ambiente rural y los recursos naturales renovables del dominio publico que hacen parte de aqu\u00e9l, podr\u00e1n ser defendidos judicialmente por cualquier ciudadano contra hechos o actos que les causen o puedan causar deterioro, si el asunto no es de competencia de la administraci\u00f3n, mediante la acci\u00f3n consagrada en los art\u00edculos 1005, 2359 del C\u00f3digo Civil\u2026\u00bb <\/p>\n
Y el art\u00edculo 131 del decreto citado precept\u00faa que \u00abEn caso de que el juez condene a pagar indemnizaci\u00f3n conforme a lo previsto en los art\u00edculos \u20261005 del C\u00f3digo Civil, trat\u00e1ndose en este caso de recursos naturales renovables de uso p\u00fablico\u2026, su valor se entregar\u00e1 a la entidad que corresponda \u2026\u00bb <\/p>\n
Rematando el 132 ib\u00eddem as\u00ed: \u00abSe aplicar\u00e1n en este proceso, en lo pertinente, lo dispuesto en los art\u00edculos 1005 y 2360 del C\u00f3digo Civil, sobre recompensa e indemnizaci\u00f3n al actor\u00bb. <\/p>\n
4.2.. Ahora bien, fuera de toda duda est\u00e1 que los Magistrados demandados, al despachar el proceso abreviado, no s\u00f3lo no descartaron sino que expresamente dejaron sentada la pertinencia para el caso – defensa del medio ambiente – de la acci\u00f3n popular consagrada por el art\u00edculo 1005 del C\u00f3digo Civil. Pero tambi\u00e9n enf\u00e1ticamente negaron la posibilidad – ya se dej\u00f3 dicho -, de que en ese particular evento hubiese lugar a la recompensa que a favor del actor y a costa del querellante contempla la citada disposici\u00f3n. <\/p>\n
Y en orden a justificar su negativa, el fallador comienza por encajar la acci\u00f3n popular ejercitada, en la noci\u00f3n general de la que denomina \u00abresponsabilidad extracontractual derivada de un da\u00f1o a un derecho colectivo\u00bb, en este caso del derecho al medio ambiente, acci\u00f3n para cuya prosperidad exige la demostraci\u00f3n de una conducta culposa, un da\u00f1o causado al ambiente y la relaci\u00f3n de causalidad respectiva. Destaca luego c\u00f3mo la demanda incoativa parte de la existencia de un da\u00f1o ocasionado al medio ambiente, el ecosistema y la salubridad en plantas, animales y humanos, como consecuencia de lo cual se impone al demandado la ejecuci\u00f3n de las obras necesarias para purificar aqu\u00e9l; pero advierte -el Tribunal- que en el proceso se demostr\u00f3 la contaminaci\u00f3n, mas no en concreto los da\u00f1os ocasionados a la agricultura, animales u hombres, da\u00f1os cuya verificaci\u00f3n y cuantificaci\u00f3n no fueron solicitadas, sin que por lo dem\u00e1s sea posible, cual lo pretende el actor, equiparar la reparaci\u00f3n del da\u00f1o con la colocaci\u00f3n de filtros electrost\u00e1ticos (\u00bb lo cual podr\u00eda acusar el pago de la recompensa \u00bb , acota el fallador), por cuanto esto \u00faltimo – lo atinente a los filtros – que fue lo ordenado, \u00absolo constituye un mecanismo dirigido a prevenir la contaminaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Luego del precedente planteamiento, apuntala el fallador su decisi\u00f3n con respecto a la recompensa, en otros cuatro razonamientos, expresados estos con algo m\u00e1s de claridad, a saber: que la norma sustancial en que se fund\u00f3 la pretensi\u00f3n hace parte integrante de las acciones posesorias especiales contempladas por el ordenamiento civil, que por su naturaleza no son aplicables a la acci\u00f3n que se ejercita en defensa de un bien p\u00fablico como lo es el ambiente; que el actor popular no ejerci\u00f3 la acci\u00f3n en representaci\u00f3n de la comunidad de la que se dice se perjudicaba con la contaminaci\u00f3n de la atm\u00f3sfera producida por la conducta de la empresa en sus instalaciones; que no se demostr\u00f3 el da\u00f1o en concreto para los seres vivientes afectados, ni mucho menos se cuantific\u00f3 el perjuicio, \u201c(\u2026) Pues como se reitera, la orden de colocaci\u00f3n de los filtros, o del filtro que resta por acomodar en uno de los hornos de la f\u00e1brica, no es el resarcimiento del da\u00f1o causado sino que ello significa un mecanismo preventivo hacia el futuro \u2026\u201d; y , por \u00faltimo, que el pago de la recompensa para el accionante no ha sido objeto de regulaci\u00f3n espec\u00edfica, tema diferente del ejercicio propio de la acci\u00f3n, en tanto que aquella, a la cual alude el art\u00edculo 1005 en cita, proviene de la acci\u00f3n popular que se ejercita por causa de la cuesti\u00f3n posesoria especial a que la norma se refiere. <\/p>\n
4.3. Variados son pues los motivos expuestos por el Tribunal para fundamentar su posici\u00f3n. Y si hubiera de buscarse y reescribirse ese razonamiento que constituye el eje central de su argumentaci\u00f3n, podr\u00eda asegurarse que es aquel seg\u00fan el cual el art\u00edculo 1005 del C\u00f3digo Civil hace parte integrante de las acciones posesorias, de tal suerte que a la recompensa contemplada en el inciso 2o. de dicho precepto, no habr\u00e1 lugar cuando la acci\u00f3n que all\u00ed se consagra sea utilizada, cual sucede en el presente caso, para fines diferentes a los contemplados en dicha codificaci\u00f3n ; puesto que, dice, si se regul\u00f3 el ejercicio de la anotada acci\u00f3n popular para lo atinente a la conservaci\u00f3n del ambiente, no se hizo lo propio con la recompensa, que entonces s\u00f3lo podr\u00e1 deducirse cuando la acci\u00f3n se ejercita en raz\u00f3n de la cuesti\u00f3n posesoria especial, sin que resulte procedente su aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica en eventos como el litigado. <\/p>\n
Y para redondear su criterio, el juzgador aplic\u00f3 el art\u00edculo 2360 del C\u00f3digo Civil (disposici\u00f3n que estima de car\u00e1cter general), norma que prev\u00e9 una indemnizaci\u00f3n a favor del actor que instaure una acci\u00f3n popular que se encuentre fundada, \u00absin perjuicio de la remuneraci\u00f3n espec\u00edfica que conceda la ley en casos determinados\u00bb. Reconoci\u00f3 en tal virtud al demandante el derecho a la indemnizaci\u00f3n, mas no a otro tipo de remuneraci\u00f3n, arguyendo que esta \u00faltima s\u00f3lo ser\u00eda pertinente \u00abpara el caso de litigios posesorios.\u00bb <\/p>\n
4.4. He all\u00ed entonces la tesis del Tribunal; en la interpretaci\u00f3n que hace de las normas legales atr\u00e1s referidas – que independientemente de su justeza no se puede tildar de absurda -, mont\u00f3 esa Corporaci\u00f3n su fallo en la parte en que neg\u00f3 al demandante la recompensa a que \u00e9ste dice tener derecho con causa en la acci\u00f3n popular instaurada; naturalmente, la situaci\u00f3n jur\u00eddica en comento es susceptible de un diferente entendimiento al que se dej\u00f3 expuesto en la sentencia, y es claro que, como todo criterio, el del juzgador est\u00e1 sujeto a controversia; es factible intentar, eso es obvio, una diferente interpretaci\u00f3n de los preceptos en cuesti\u00f3n, se puede incluso afirmar que la labor hermen\u00e9utica del Tribunal no fue ciertamente feliz, pero lo que s\u00ed no puede decirse es que en la base del fallo se encuentra un yerro de magnitud y gravedad tales que lo hacen inexcusable, pues cuando de tal fen\u00f3meno se habla, se dice de lo imperdonable, de una \u201c\u2026 equivocaci\u00f3n rayana en lo injustificado; esto es, cuando el desatino abandona, por decirlo as\u00ed, los m\u00e1rgenes normales, y se presenta de una manera tan agreste, que nada, pero absolutamente nada, puede explicarla\u201d (C. S. de J. Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria. Sent. del 7 de diciembre de 1995. Exp. 4364). <\/p>\n
4.5. Dicho de otra manera, la resoluci\u00f3n que en este proceso se controvierte, que desde luego no surgi\u00f3 con menosprecio de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, ponderada a la luz de los ordenamientos constitucionales y legales pertinentes, se torna justificable no obstante los reparos que aqu\u00ed se formulan en su contra; cuanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que la puesta en vigencia de la Constituci\u00f3n de 1991, antes que entrar a unificar la materia en torno a las llamadas acciones populares, lo que hizo fue incrustar dentro de una regulaci\u00f3n que de por s\u00ed se caracterizaba por su dispersi\u00f3n y complejidad, unos elementos de orden conceptual por completo novedosos en nuestra tradici\u00f3n legislativa, como fue la distinci\u00f3n entre las acciones colectivas y las acciones de clase o de grupo, cuyo desarrollo, para acabar de complicar las cosas, se confiri\u00f3 al legislador, sin que hasta la fecha ello haya ocurrido. <\/p>\n
Y a tal punto dicha tem\u00e1tica se presta a discusi\u00f3n en el \u00e1mbito hermen\u00e9utico, que la misma constituy\u00f3 la columna vertebral de la defensa esgrimida por la empresa Cementos Diamante del Tolima S.A. dentro de la acci\u00f3n popular impetrada en su contra, que la involucr\u00f3 como ingrediente fundamental del debate; particularmente la adujo como \u201ccarencia de la acci\u00f3n\u201d, sobre la base de que \u201c(\u2026) resulta improcedente fundar acci\u00f3n de esta clase sobre normas anteriores a la decisi\u00f3n del constituyente de ordenar una y total regulaci\u00f3n legislativa de tales procedimientos, a partir de cero\u201d, apreciaci\u00f3n sobre la cual se insisti\u00f3 en buena parte en la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de primera instancia. De su lado el demandante no fue ajeno a este medio exceptivo; frente a \u00e9l contra-argument\u00f3, ensayando una ex\u00e9gesis que finalmente compartieron tanto el a-quo como el tribunal. <\/p>\n
4.6. La Corte Constitucional tampoco se margin\u00f3 de analizar el punto, dada la dificultad que de por s\u00ed apareja para el int\u00e9rprete. Refiri\u00e9ndose al tema expres\u00f3 precisamente en una de las m\u00faltiples decisiones que a este respecto profiri\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Tambi\u00e9n se desprende de lo anterior que las acciones populares, aunque se enderecen a la protecci\u00f3n y amparo judicial de esos intereses y derechos colectivos, no puede establecerse ni ejercerse para perseguir la reparaci\u00f3n subjetiva o plural de los eventuales da\u00f1os que pueda causar la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica o del particular sobre ellos: para estos \u00faltimos fines el Constituyente erigi\u00f3 el instituto de las acciones de grupo o clase y conserv\u00f3 las acciones ordinarias o especializadas\u00bb (Sent. T-528\/ 92). <\/p>\n
Criterio que igualmente dej\u00f3 plasmado dicha Corte en fallo T-163\/93: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La actividad contempor\u00e1nea vino a recuperar la importancia de las acciones populares para garantizar los intereses colectivos o difusos, como resultado, por supuesto, de motivaciones bien distintas a las existentes al momento de la adopci\u00f3n del C\u00f3digo Civil, que se ha se\u00f1alado, ten\u00edan por funci\u00f3n m\u00e1s que restablecer perjuicios o da\u00f1os, la de servir de ayuda a las autoridades p\u00fablicas en la conservaci\u00f3n y protecci\u00f3n de los denominados bienes de uso p\u00fablico; prop\u00f3sito en el cual, los particulares se pod\u00edan ver beneficiados con pagos equivalentes a un porcentaje del costo del restablecimiento del bien, a manera de recurso auspiciatorio del legislador, en la protecci\u00f3n de los bienes enumerados, por ejemplo, en el art\u00edculo 1005 del C\u00f3digo Civil\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
4.7. Y ya para terminar, consid\u00e9rese que a m\u00e1s de los razonamientos del tribunal que se dejaron analizados, quedan a\u00fan en pie aquellos otros argumentos que se refieren a la comprobaci\u00f3n del da\u00f1o, a la demostraci\u00f3n del monto del perjuicio, a la precisi\u00f3n sem\u00e1ntica con base en la cual no es posible predicar identidad entre la \u201corden\u201d preventiva impartida con miras a evitar la contaminaci\u00f3n ambiental, y la subordinaci\u00f3n l\u00f3gica que existe entre la recompensa autorizada por la disposici\u00f3n en cuesti\u00f3n y los conceptos: \u201cdemoler\u201d, \u201cenmendar\u201d y \u201cresarcir\u201d, apreciaciones sobre las que por lo dem\u00e1s no se predica en la demanda ning\u00fan tipo de error y que se ubican en el \u00e1mbito de la discreta autonom\u00eda e independencia del juzgador de instancia, lo cual mal puede conducir a afirmar que en forma total e inexplicable la decisi\u00f3n escrutada se aleja de la realidad del proceso; puede compartirse o no, pero en manera alguna se desgaja en el error descomunal que se le atribuye en la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Viene de lo expuesto que las pretensiones aducidas en este proceso deben denegarse. Recu\u00e9rdese por lo dem\u00e1s, que la excepci\u00f3n que el demandado denomin\u00f3 en un principio prescripci\u00f3n y luego caducidad, carece de fundamento. Del caso es, entonces, dar aplicaci\u00f3n a lo que para el evento precept\u00faa el art\u00edculo 40 del C.P.C., imponiendo al demandante la multa all\u00ed prevista en cuant\u00eda de diez mil pesos, y adem\u00e1s, la condena a pagar costas y perjuicios, cuya liquidaci\u00f3n habr\u00e1 de verificarse por v\u00eda incidental. <\/p>\n
V. DECISION <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
Desest\u00edmanse las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Cond\u00e9nase al demandante a pagar los perjuicios causados a los demandados con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite del presente proceso ordinario, los cuales habr\u00e1n de liquidarse por v\u00eda incidental (art\u00edculo 308 del C.P.C.) <\/p>\n
Imp\u00f3nesele igualmente una multa de diez mil pesos ($10.000.oo). Comun\u00edquese a quien corresponda, adjuntando las copias pertinentes, en procura de lograr su efectividad. <\/p>\n
Costas a cargo del demandante. T\u00e1sense. <\/p>\n
<\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
en permiso <\/p>\n
<\/p>\n
1 G.J. T. CLIX, p\u00e1g. 41 <\/p>\n
2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria. Sent. del 12 de septiembre de 1996. M.P. Pedro Lafont Pianetta. Exp. 5739 <\/p>\n
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S-079-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997).- […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81515","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81515","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81515"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81515\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81515"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81515"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81515"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}