S-081-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente : <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
Referencia: Expediente 4890 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el tercero ad excludendum ENRIQUE URIBE ALVAREZ, contra la sentencia de 1o. de octubre de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, en este proceso ordinario iniciado por OLGA FANNY GARCIA QUINTERO frente a HENRY URIBE PEREZ. <\/p>\n
ANTECEDENTES: <\/p>\n
I. Por demanda repartida al Juzgado Quince Civil del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, que posteriormente fue reformada, OLGA FANNY GARCIA QUINTERO solicit\u00f3 que se declarase la nulidad del testamento otorgado por MARGARITA URIBE ALVAREZ mediante escritura 5595 de 31 de agosto de 1977, corrida en la Notar\u00eda Novena del C\u00edrculo de Bogot\u00e1; que se declarase la validez del otorgado por escritura 2019 de 3 de mayo de 1974 ante la misma notar\u00eda y se condenase al demandado al pago de los perjuicios y las costas. <\/p>\n
II. Los hechos constitutivos de la causa petendi se pueden sintetizar del modo siguiente: <\/p>\n
a) Por escritura p\u00fablica No. 5595 de 31 agosto de 1977, MARGARITA URIBE ALVAREZ otorg\u00f3 testamento en favor de HENRY URIBE PEREZ a quien instituy\u00f3 como heredero \u00fanico universal, y lo design\u00f3 como su albacea con administraci\u00f3n y tenencia de bienes. <\/p>\n
b) Por escritura No. 2019 de 3 de mayo de 1974 corrida en la Notar\u00eda Novena del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, MARGARITA URIBE ALVAREZ instituy\u00f3 como \u00fanica heredera de sus bienes a OLGA FANNY GARCIA QUINTERO, a quien dej\u00f3 como albacea con tenencia de bienes. <\/p>\n
c) MARGARITA URIBE ALVAREZ falleci\u00f3 en Bogot\u00e1 el 17 de noviembre de 1981. Para la fecha en que otorg\u00f3 testamento en favor de Henry Uribe P\u00e9rez, se hallaba recluida en la \u201cCl\u00ednica Reposo de F\u00e1tima\u201d en la que hab\u00eda estado internada en varios per\u00edodos: del 21 de julio al 12 de diciembre de 1976, del 8 de junio de 1977 al 10 de octubre de 1979. Tomando \u00abcomo punto de referencia el otorgamiento del testamento a que se refiere la escritura 5595 de agosto 31 de 1977, dicha se\u00f1orita carec\u00eda de las aptitudes y capacidad mental para otorga dicho testamento\u00bb. <\/p>\n
d) El testamento \u00faltimo es NULO pues la otorgante se encontraba incapacitada y bajo interdicci\u00f3n por causa de demencia. <\/p>\n
III. HENRY URIBE PEREZ contest\u00f3 oportunamente la demanda y acept\u00f3 como ciertos los cinco primeros hechos; replic\u00f3 el sexto y s\u00e9ptimo diciendo que, MARGARITA URIBE ALVAREZ s\u00ed estuvo recluida en la cl\u00ednica \u00abpero por necesidades puramente de descanso\u00bb, siendo absolutamente falso que se hallara en interdicci\u00f3n. Igualmente formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n para que se declarase que es sobrino de la testadora, y que en tal condici\u00f3n, tiene mejor derecho para sucederla. <\/p>\n
IV. Posteriormente concurri\u00f3 al proceso ENRIQUE URIBE ALVAREZ como tercero ad excludendum, solicitando que con citaci\u00f3n de OLGA FANNY GARCIA QUINTERO Y HENRY URIBE PEREZ, se hicieran las siguientes declaraciones : <\/p>\n
\u201c1.-) Que los testamentos otorgados por la causante Do\u00f1a Margarita Uribe Alvarez, mediante los instrumentos Nos. 2019 de mayo 3 de 1974 y 5595 de 31 de agosto de 1977, ambos de la Notar\u00eda Novena del c\u00edrculo notarial de Bogot\u00e1, D.E., adolecen de NULIDAD ABSOLUTA al no encontrarse la testadora, para la fecha en que los otorg\u00f3, en pleno ejercicio de sus facultades s\u00edquicas y mentales exigidas por la ley, al estar padeciendo de Demencia Senil. <\/p>\n
\u201c2.-) Que como consecuencia de lo anterior se declare sin valides (sic) los dos instrumentos p\u00fablicos anteriormente citados informando de ello al Notario Noveno de esta ciudad, para lo de su cargo. <\/p>\n
\u201c3.-) Que la parte aqu\u00ed demandada entregar\u00e1, en el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia, a la sucesi\u00f3n de MARGARITA URIBE ALVAREZ todos y cada uno de los bienes del haber relicto, tanto corporales como incorporales, que al tiempo de la muerte le pertenec\u00edan lo mismo que los aumentos que posteriormente haya tenido la herencia. <\/p>\n
\u201c4.-) Que la parte aqu\u00ed demandada pagar\u00e1 a la sucesi\u00f3n de Margarita Uribe Alvarez, o a quien la represente, el valor de los frutos naturales y civiles que hayan producido los bienes herenciales; y no solamente los persibidos,(sic) sino tambi\u00e9n los que se hubieran podido persibir (sic) con mediana inteligencia y cuidado, desde el d\u00eda de la muerte de la causante hasta el momento de su devoluci\u00f3n, conjuntamente con sus intereses correspondientes. <\/p>\n
\u201c5.-) Que se condene a la parte aqu\u00ed demandada al pago de las costas del proceso.\u201d <\/p>\n
En respaldo de sus pretensiones el interviniente expone los hechos que seguidamente se sintetizan: <\/p>\n
1. MARGARITA URIBE ALVAREZ otorg\u00f3 las escrituras p\u00fablicas n\u00fameros 2019 de 3 de mayo de 1974 y 5595 de 31 de agosto de 1977 de la Notar\u00eda Novena de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, en las que fij\u00f3 su memoria testamentaria. <\/p>\n
2. En ambos actos testamentarios la testadora \u201clega todos sus bienes a la persona que all\u00ed aparece como beneficiaria dej\u00e1ndola a su vez como albacea con tenencia de bienes\u00bb. <\/p>\n
3. Tres a\u00f1os antes del 21 de junio de 1976, (fecha de ingreso a la Cl\u00ednica Reposo F\u00e1tima), MARGARITA URIBE ALVAREZ padec\u00eda de demencia senil, es decir que a las fechas de otorgamiento de los testamentos relacionados no se encontraba en pleno ejercicio de sus facultades s\u00edquicas y mentales. <\/p>\n
4. El tercero interviniente es hermano de MARGARITA URIBE ALVAREZ y tiene inter\u00e9s para demandar \u00abla nulidad de los actos escriturarios, ya que con ello obtendr\u00eda su calidad de heredero ad-ventestato (sic) al no tener la causante ni ascendencia ni descendencia alguna que le prive de su derecho de heredero.\u201d <\/p>\n
V. Los demandados por el tercero ad excludendum, dieron respuesta a la demanda en los t\u00e9rminos consignados en sus correspondientes escritos, en los que OLGA FANNY GARCIA QUINTERO manifest\u00f3 estarse a lo que se probara y propuso como excepci\u00f3n de m\u00e9rito la \u00abCARENCIA DE LEGITIMATIO AD CAUSAM\u00bb, en tanto que HENRY URIBE PEREZ expres\u00f3 su oposici\u00f3n a la totalidad de las pretensiones. <\/p>\n
VI. El Juez D\u00e9cimo de Familia, quien asumi\u00f3 el conocimiento del proceso, le puso fin a la primera instancia con sentencia de 7 de diciembre de 1992, en la que declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa propuesta por OLGA FANNY GARCIA QUINTERO frente a la demanda del tercero excluyente; se inhibi\u00f3 \u00abpara proferir decisi\u00f3n de m\u00e9rito respecto de las pretensiones de la demanda de reconvenci\u00f3n\u00bb; neg\u00f3 la nulidad propuesta por el tercero ad excludendum, respecto del testamento otorgado mediante escritura 2019 de 3 de mayo de 1974; declar\u00f3 nulo el testamento otorgado mediante la escritura No. 5595 de 31 de agosto de 1977 en la Notar\u00eda Novena del C\u00edrculo de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1; neg\u00f3 la condena en perjuicios solicitada; y conden\u00f3 en costas a HENRY URIBE PEREZ en un 75% y a ENRIQUE URIBE ALVAREZ en un 25%. <\/p>\n
VII. Inconforme con el fallo que se deja dicho, el tercero ad excludendum interpuso recurso de apelaci\u00f3n, que decidi\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, mediante sentencia de 1o. de octubre de 1993, en la que confirm\u00f3 la sentencia censurada. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL: <\/p>\n
Dej\u00f3 sentado de entrada el Tribunal, que la impugnaci\u00f3n \u00fanicamente se dirig\u00eda contra lo decidido en los numerales 3o., 5o. y 6o. de la parte resolutiva de la sentencia, consignando que solo resolver\u00eda lo atinente a los numerales tercero, en su totalidad, y el numeral sexto en lo que corresponde a la condena en costas en contra del apelante, pues el quinto no es adverso al apelante al no haber solicitado condena al pago de perjuicios. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, al analizar la procedencia de las acciones incoadas y el fen\u00f3meno de la legitimaci\u00f3n en la causa, se adentra en el estudio de las pretensiones deprecadas, se\u00f1alando que el C\u00f3digo Civil en su art\u00edculo 1061-3, incluye entre los inh\u00e1biles para testar al que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra causa, mientras que en el art\u00edculo siguiente declara, que el testamento otorgado durante la existencia de cualquiera de las causas expresadas en el precepto anterior es nulo, lo que acarrea la aplicaci\u00f3n de lo previsto en el art\u00edculo 553 ib\u00eddem, que establece la presunci\u00f3n de nulidad de los actos celebrados por el demente declarado en interdicci\u00f3n y la presunci\u00f3n de su validez para los celebrados antes de tal declaraci\u00f3n, presunci\u00f3n \u00e9sta que puede desvirtuarse probando la demencia para el momento de la celebraci\u00f3n del acto jur\u00eddico. <\/p>\n
Precisa que tanto demandante como demandado y tercero interviniente apuntan al estado mental de la testadora, con diferencia eso s\u00ed del momento en que cada uno considera sobrevino la causa de nulidad. La demandante la encuentra acaecida con posterioridad a la expresi\u00f3n de la primera voluntad testamentaria; el demandado la considera posterior a 1977 cuando fue revocado el primer testamento y el tercero interviniente afirma que la inhabilidad exist\u00eda desde antes de haber testado en la primera oportunidad y se mantuvo. <\/p>\n
Al ocuparse del caudal probatorio recaudado, aduce el sentenciador que al considerar el a quo insuficiente la primera pericia, orden\u00f3 de oficio una segunda peritaci\u00f3n encarg\u00e1ndola al Instituto de Medicina Legal, prueba decretada el 21 de julio de 1987 y presentada el 13 de septiembre de 1991, extremos que precisa para responder imputaci\u00f3n del recurrente referida a la competencia del funcionario al decretarla, por corresponder al Juzgado de Familia seg\u00fan el censor, jurisdicci\u00f3n que no hab\u00eda sido creada al momento de ordenar la pr\u00e1ctica de la prueba, seg\u00fan lo afirma el sentenciador. <\/p>\n
Se refiere seguidamente el tribunal a la inconformidad del recurrente en lo tocante con el n\u00famero de peritos y su juramento para rendir la experticia, evacuando el asunto con la afirmaci\u00f3n de ser un informe t\u00e9cnico al cual no es aplicable la limitaci\u00f3n propia de la pericia. <\/p>\n
En alusi\u00f3n concreta a la prueba pericial proveniente del decreto oficioso del a quo, concluye que \u00abEl dictamen de Medicina Legal, siendo detallado y profundo, est\u00e1 acorde con lo demostrado a trav\u00e9s de otros medios de prueba, pues como ya se dijo, aunque se tiene noticia de los des\u00f3rdenes nerviosos de MARGARITA URIBE ALVAREZ desde 1944, su incapacidad e inhabilidad para suscribir documentos tales como el testamento, se hace notoria desde junio 21 de 1976\u00bb. <\/p>\n
Concluye el sentenciador que el dictamen fue elaborado de manera clara y, \u201ca\u00fan sin hab\u00e9rsele solicitado\u201d expuso en su an\u00e1lisis el estado mental de la causante en las diferentes fechas a partir del inicio de su historia cl\u00ednica, de todo lo cual colige que la decisi\u00f3n del a quo fue conforme a derecho lo que impone la confirmaci\u00f3n de la providencia recurrida. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION: <\/p>\n
Dentro del \u00e1mbito de la causal primera de casaci\u00f3n, el recurrente formula un \u00fanico cargo contra la sentencia de segundo grado \u00abporque, a causa de errores evidentes de hecho, infringi\u00f3 indirectamente y por falta de aplicaci\u00f3n, respecto del primer testamento, los art\u00edculos 1061-3o, 1062, 1740 y 1741 del C\u00f3digo Civil, normas que, en conjunto, consagran la nulidad absoluta del testamento otorgado por quien padec\u00eda demencia en el acto de su otorgamiento\u00bb. <\/p>\n
Lo desarrolla el recurrente manifestando que el Tribunal incurri\u00f3 en los siguientes yerros f\u00e1cticos evidentes: <\/p>\n
a) No consider\u00f3 y pas\u00f3 por alto, como si no existiera, el dictamen pericial rendido por los m\u00e9dicos Libardo Mart\u00ednez Posada y Bertha Cecilia Su\u00e1rez, prueba controvertida por las partes y ampliada a solicitud de estas, seg\u00fan la cual se concluy\u00f3 que MARGARITA URIBE ALVAREZ \u201c<en la \u00e9poca> que otorg\u00f3 los dos testamentos aqu\u00ed enjuiciados, <no se hallaba apta para elaborarlos,> <no se hallaba en condiciones m\u00e9dico-psiqui\u00e1trico (sic) para elaborar los documentos elaborados> (f. 78); que <la se\u00f1ora Margarita Uribe Alvarez no se encontraba s\u00edquicamente apta para otorgar las escrituras p\u00fablicas 2019 y 5595 (ambas de la Notar\u00eda 9a. de Bogot\u00e1) los d\u00edas 3 de Mayo de 1974 y 31 de Agosto de 1977, por falta de sus capacidades mentales para discernir, debido a la demencia senil que para esas fechas padec\u00eda>\u201d. <\/p>\n
El Tribunal no advirti\u00f3 que en el expediente obraba el dictamen y su ampliaci\u00f3n como un todo indivisible, que es plena prueba de que cuando la causante otorg\u00f3 el primer testamento ya estaba padeciendo de demencia senil que le hab\u00eda alterado totalmente sus capacidades mentales para discernir. <\/p>\n
Al no haber declarado el sentenciador la nulidad del primer testamento infringi\u00f3 por error manifiesto las normas mencionadas y el art\u00edculo 2\u00ba. de la Ley 50 de 1936. <\/p>\n
b) Igualmente incurre en error de hecho el Tribunal al sostener en su fallo que \u201ces evidente que el a quo consider\u00f3 que la primera peritaci\u00f3n era insuficiente, e hizo uso de la facultad exclusivamente a \u00e9l otorgada por el C\u00f3digo Instrumental, consistente en ordenar de oficio la peritaci\u00f3n.\u201d, con lo cual cae en una manifiesta equivocaci\u00f3n, pues no vio que aunque es cierto que la primera peritaci\u00f3n rendida por los m\u00e9dicos Mart\u00ednez y Su\u00e1rez fue presentada en Abril y Mayo de 1990 (fls. 78, 85 y 86 del cuaderno 4) y la de medicina legal presentada el 13 de septiembre de 1991 (f. 122 del cuaderno 1), \u00e9sta \u00faltima hab\u00eda sido decretada cuatro a\u00f1os atr\u00e1s, el 21 de julio de 1987 (f. 89 cuaderno 1), por lo que resulta contraevidente afirmar que la peritaci\u00f3n de medicina legal se hubiera decretado por encontrarse insuficiente el dictamen de los m\u00e9dicos Martinez y Su\u00e1rez. <\/p>\n
c) Incurri\u00f3 en error al no ver \u00abque la conclusi\u00f3n del perito \u00fanico de Medicina legal se aviene perfectamente con el dictamen de los m\u00e9dicos Mart\u00ednez y Su\u00e1rez, pues en aqu\u00e9l se afirma la demencia de la testadora para cuando otorg\u00f3 el segundo testamento, lo que tambi\u00e9n se afirma en el otro dictamen, con la importante agregaci\u00f3n o adici\u00f3n de que la testadora, para cuando otorg\u00f3 el primer testamento, ya estaba padeciendo la demencia senil que alter\u00f3 totalmente su capacidad de discernir\u00bb; <\/p>\n
No advirti\u00f3 el Tribunal, incurriendo en yerro f\u00e1ctico, que el siquiatra forense limit\u00f3 su conclusi\u00f3n a lo antes expresado que solo hace referencia al \u00faltimo testamento. Pas\u00f3 por alto el sentenciador que en la \u201cCONCLUSION\u201d no se afirma que la testadora gozara de plenitudes mentales o sano juicio para el 3 de mayo de 1974 fecha en la que otorg\u00f3 el primer testamento mediante escritura 2019 a favor de Olga Fanny Garc\u00eda Quintero. <\/p>\n
Incurri\u00f3 en yerro semejante al pasar por alto el dictamen de los peritos Mart\u00ednez y Su\u00e1rez en el que s\u00ed se afirma que la testadora ya padec\u00eda de demencia senil para el 3 de mayo de 1974, cuando otorg\u00f3 el primer testamento, por lo cual no gozaba entonces de su sano juicio. <\/p>\n
El aludido dictamen entonces fue preterido por el sentenciador, tanto que omiti\u00f3 relacionarlo, pues solo enlista dentro de las \u201cpruebas recopiladas\u201d el \u201cdictamen pericial del instituto de Medicina Legal.\u201d <\/p>\n
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Los anteriores son los argumentos que esgrime el recurrente y sustentan su solicitud de rompimiento de la sentencia del Tribunal, para que en su lugar se confirmen los numerales primero, segundo y cuarto de la sentencia del a quo y se revoquen los numerales tercero, quinto y sexto, con la consiguiente declaraci\u00f3n de nulidad absoluta del testamento otorgado el 3 de mayo de 1974 por MARGARITA URIBE ALVAREZ y exoneraci\u00f3n de costas al tercero interviniente ENRIQUE URIBE ALVAREZ. <\/p>\n
SE CONSIDERA: <\/p>\n
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1.- Se hace necesario precisar anticipadamente que la presunci\u00f3n de acierto con que llega revestida la sentencia a casaci\u00f3n, implica que su rompimiento a trav\u00e9s del recurso extraordinario est\u00e1 \u00edntimamente adherido a la violaci\u00f3n de la ley, en que haya podido incurrir el sentenciador, bien en forma directa ya indirecta. En este \u00faltimo evento los errores que la constituyen pueden acaecer no solo en la apreciaci\u00f3n de los hechos sino tambi\u00e9n en la aplicaci\u00f3n del derecho. La demostraci\u00f3n de su ocurrencia por supuesto, debe ser plena y contundente pues no logra ser sustento de la casaci\u00f3n la duda generada en una nueva apreciaci\u00f3n que ofrezca el recurrente, sino la certeza de que su planteamiento sea la \u00fanica alternativa de soluci\u00f3n en trat\u00e1ndose del error de hecho. <\/p>\n
El error de hecho es por consiguiente, uno de tales caminos por los que puede llegarse a quebrar la sentencia, y su demostraci\u00f3n desde luego es tarea que exige contornos muy precisos para el recurrente de quien se demanda un esfuerzo dirigido a demostrar la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos: \u201c o bien que el juzgador no vea o ignora una prueba presente en el juicio, en consecuencia de lo cual desconoce el hecho que tal medio acredita, o bien que suponga como existente una prueba que no obra en el debate, dando como demostrado por ese medio imaginario un hecho que no ha sucedido…\u00bb (G. J. Tomo CXLIII, 212) siendo de entender naturalmente que dentro de estas eventualidades queda comprendida por imperativo l\u00f3gico la desfiguraci\u00f3n del medio probatorio, bien sea por adici\u00f3n de su contenido (suposici\u00f3n) o por cercenamiento del mismo (preterici\u00f3n). En otras palabras, le incumbe al censor poner en evidencia, con exclusi\u00f3n de cualquier argumentaci\u00f3n elaborada que se funde tan solo en la probabilidad y no en la certidumbre (G.J. Tomo CXLII, p\u00e1g. 245), que la sentencia en instancia proferida es fruto de un error cuyo prototipo acaba de se\u00f1alarse y que por lo tanto el juicio jurisdiccional del que esa providencia es expresi\u00f3n, se basa en la suposici\u00f3n de hechos cuya verdad fue incontrastablemente desvirtuada, o da por inexistentes circunstancias f\u00e1cticas influyentes que por fuera de toda discusi\u00f3n quedaron establecidas, lo que conduce a concluir que la clase de casaci\u00f3n en estudio no puede ni debe ser la secuela de mero contraste de criterios m\u00e1s o menos disimulado, sino que tiene que ser resultado de un riguroso examen comparativo entre aquello que es afirmado o negado en el fallo y precisos elementos probatorios de contraste que pongan al descubierto el yerro en forma palmaria, manifiesta e inequ\u00edvoca; la equivocaci\u00f3n del juzgador ha de ser, pues, objetiva y por eso mismo dependiente de la realidad de los hechos fijados procesalmente, no as\u00ed del punto de vista particular que tenga por conveniente exponer el recurrente, motivo por el cual se dice que cuando cierta apreciaci\u00f3n probatoria apenas aparece como dudosa y no como definitivamente err\u00f3nea, la infirmaci\u00f3n de la sentencia no procede, habida consideraci\u00f3n que en el plano en referencia \u00ab…la casaci\u00f3n \u00fanicamente puede apoyarse en la certeza…\u00bb (G.J. Tomo CXXXIX, p\u00e1g. 240), luego es indispensable, valga insistir que el censor demuestre que esa apreciaci\u00f3n hecha por el Tribunal, en tanto ri\u00f1e con la objetividad misma de la prueba, resulta a todas luces contraevidente\u00bb. (Sen. 096, 08-VIII-94). <\/p>\n
2.- Con la pretensi\u00f3n de hallar consolidado en la sentencia del Tribunal un error de hecho, el recurrente esgrime como argumento de su consideraci\u00f3n, que el sentenciador ha falseado la objetividad misma de un medio probatorio, pasando sobre \u00e9l como si no existiera, ignor\u00e1ndolo no obstante su presencia f\u00edsica, y en concreto se duele de que tanto el Juez de primera instancia como el ad quem pretirieran el dictamen pericial rendido por los m\u00e9dicos Libardo Mart\u00ednez Posada y Bertha Cecilia Su\u00e1rez, como si no hubiera sido aducido al proceso y controvertido por las partes, siendo que es plena prueba de que cuando el 3 de mayo de 1974 Margarita Uribe Alvarez otorg\u00f3 testamento, ya estaba padeciendo demencia senil. <\/p>\n
Esa contundente acusaci\u00f3n se erige en la columna vertebral del cargo y por consiguiente en su soporte, lo que urge que el examen se enfile a establecer si en efecto el Tribunal incurri\u00f3 en la preterici\u00f3n que se le imputa, resultado de lo cual, para que el cargo sea pr\u00f3spero, ha de ser que realmente se establezca de manera indubitable que contra toda evidencia la omisi\u00f3n denunciada haya existido, sea palmaria, pero adem\u00e1s que por lo incontrastable con los dem\u00e1s elementos de prueba, la omisi\u00f3n sea de trascendencia tal en la decisi\u00f3n, que de haberla considerado el resultado hubiere sido completamente distinto al adoptado. <\/p>\n
La situaci\u00f3n esgrimida entra\u00f1a en principio una observaci\u00f3n meramente objetiva tendiente a determinar si en efecto el ad quem omiti\u00f3 o pretiri\u00f3 la prueba que ondea en el ataque del recurrente, y para ello nada m\u00e1s apropiado que volver al texto de la sentencia en la que se considera la ocurrencia de ese tipo de yerro, pero antes de consultar su cuerpo han de hacerse algunas precisiones que permitir\u00e1n el examen y lucidez de su contenido. <\/p>\n
a.- Cuando para el 17 de noviembre de 1982 Olga Fanny Garc\u00eda Quintero elev\u00f3 demanda frente a Henry Uribe P\u00e9rez, la pretensi\u00f3n procesal estaba claramente encaminada en un sentido: obtener la nulidad del testamento otorgado por Margarita Uribe Alvarez, mediante escritura p\u00fablica 5595 de 31 de agosto de 1977 y de paso la validez de un primer testamento otorgado por la misma, mediante escritura 2019 de 3 de mayo de 1974. <\/p>\n
b.- La estructura probatoria de este proceso, dada la precisi\u00f3n de la pretensi\u00f3n reflejada, se dej\u00f3 descansar en principio en la prueba documental adjuntada al libelo (poder, testamentos), y a la pedida, testimonios, interrogatorio de parte y una inspecci\u00f3n judicial a la cl\u00ednica de reposo all\u00ed anunciada, para examinar la veracidad de su paso por tal instituci\u00f3n de la testadora se\u00f1ora Margarita Uribe Alvarez, la causa de su dolencia, el grado de su enfermedad, los m\u00e9dicos que la atendieron y en fin, el historial cl\u00ednico de aquella, elementos en los cuales apoy\u00f3 el demandante la demostraci\u00f3n de la insanidad mental de la testadora, que aduce para la \u00e9poca de suscripci\u00f3n del acto testamentario contenido en la escritura 5595 de 31 de agosto de 1977. <\/p>\n
N\u00f3tese que del texto de la demanda no se establece que la parte actora haya recurrido a la prueba pericial, como medio de demostraci\u00f3n de los hechos en los que finca su pretensi\u00f3n. <\/p>\n
c.- Id\u00e9ntica conclusi\u00f3n resulta al revisar la contestaci\u00f3n de la demanda, documento en el que se ve que el demandado recurre a pruebas similares sin acudir a la pericia m\u00e9dica para la demostraci\u00f3n de los supuestos de facto de su defensa y lo propio sucede en su demanda de reconvenci\u00f3n en la que igualmente se omite petici\u00f3n de prueba en tal sentido. <\/p>\n
d.- El 21 de julio de 1987, hall\u00e1ndose el proceso en disponibilidad de recibir sentencia, el a quo observa la necesidad de acudir a la pericia m\u00e9dica siqui\u00e1trica, dirigida a establecer en frente de la pretensi\u00f3n de nulidad del acto testamentario contenido en la escritura 5595 atr\u00e1s anotada, la incapacidad mental de la otorgante al momento de suscribirla, y solo frente a este instrumento p\u00fablico, pues era a la saz\u00f3n el \u00fanico impugnado hasta ese entonces por las partes. <\/p>\n
Tal el motivo por el cual mediante providencia de fecha 21 de julio de 1987, proferida en forma oficiosa, se dispuso: <\/p>\n
\u201c\u2026Pract\u00edquese un dictamen pericial por intermedio del Instituto de Medicina Legal, para que los peritos m\u00e9dicos -siquiatras- establezcan si para el d\u00eda 31 de agosto de 1977 MARGARITA URIBE ALVAREZ, |se encontraba o no, en uso de sus facultades mentales, dictamen que se basar\u00e1 en las historias cl\u00ednicas, que en copia, obran en el expediente.\u201d (Folio 89 cuad. 1. Las subrayas son fuera del texto). <\/p>\n
Es ostensible que a esa altura del proceso, la pertinencia de la prueba iba dirigida a un claro objetivo: demostrar la incapacidad mental de la testadora Margarita Uribe Alvarez, al momento de suscribir la escritura 5595 de 31 de agosto de 1977, sin que para nada incidiera determinar su grado de sanidad mental cuando suscribi\u00f3 el primer testamento, aquel que recoge la escritura 2019 de 3 de mayo de 1974, pues se reitera, este no hab\u00eda sido blanco de impugnaci\u00f3n alguna hasta el momento en que el juez plasm\u00f3 oficiosamente el decreto de dicha prueba. <\/p>\n
e.- Ocurri\u00f3 sinembargo, que el 23 de septiembre de 1987, es decir casi dos meses despu\u00e9s de haberse decretado el dictamen m\u00e9dico siqui\u00e1trico para establecer puntualmente lo advertido antes, el se\u00f1or Enrique Uribe Alvarez, en actuaci\u00f3n ad excludendum provoca demanda en frente de los contendientes iniciales Olga Fanny Garc\u00eda Quintero y Henry P\u00e9rez Uribe, enfilando su pretensi\u00f3n a obtener la declaraci\u00f3n de nulidad e invalidez tanto del testamento otorgado por Margarita Uribe Alvarez en favor de la primera, recogido en escritura 2019 de 3 de mayo de 1974, como del otorgado posteriormente en favor del segundo mediante escritura 5595 de 31 de agosto de 1977, que revoc\u00f3 de paso el inicial. Vale decir, este ataque fue dirigido simult\u00e1neamente contra los dos actos testamentarios. <\/p>\n
Esta vez, el tercero interviniente y para precaver la demostraci\u00f3n de los hechos que esgrime y que se reducen a la falencia de capacidad mental de la testadora para las fechas 3 de mayo de 1974 y 31 de agosto de 1977, correspondientes a las de suscripci\u00f3n de los testamentos redarg\u00fc\u00eddos, acude a la petici\u00f3n de dictamen pericial m\u00e9dico siquiatra, prueba que es decretada el 29 de enero de 1990 \u201ca fin de determinarse los puntos relacionados en el literal b) del folio 5 de este cuaderno. …\u201d (folio 68 vuelto Cd. 4). En el auto se designan como peritos m\u00e9dicos a los galenos Libardo Mart\u00ednez y Bertha Cecilia Su\u00e1rez. <\/p>\n
En el cuaderno 4, a folio 5 literal b) de la demanda del interviniente ad excludendum, la solicitud de la prueba requiere se dictamine sobre lo siguiente: <\/p>\n
\u201c1.- Si para el d\u00eda 3 de mayo de 1974 la paciente Margarita Uribe Alvarez gosaba (sic) plenamente de sus facultades s\u00edquicas y mentales. en caso negativo porque.\u201d (sic) <\/p>\n
\u201c2.- Si para el d\u00eda agosto 31 de 1977, dicha paciente gosaba (sic) de sus facultades s\u00edquicas y mentales plenamente; y, por que. (sic) <\/p>\n
La situaci\u00f3n creada con la presencia del tercero ad excludendum, provoc\u00f3 entonces el decreto -a petici\u00f3n de parte- de una experticia m\u00e9dica siqui\u00e1trica, pero esta vez dirigida a demostrar el supuesto de hecho com\u00fan de las pretensiones demandadas, cual era la incapacidad mental de la otorgante de los testamentos de que dan cuenta las escrituras p\u00fablicas 2019 de 3 de mayo de 1974 y 5595 de 31 de agosto de 1977, es decir la insanidad mental de la suscribiente para esas precisas fechas y respecto de ambos documentos, de all\u00ed que en el auto que la ordena se especificara, conforme fue pedido, a cu\u00e1les aspectos en concreto se enfocar\u00eda la pericia, pues esta vez se trataba de acreditar hechos relativos a los dos actos jur\u00eddicos y en \u00e9pocas diversas y distantes, cosa que no acontec\u00eda cuando fue dispuesto el primero de los dict\u00e1menes periciales, en el que como qued\u00f3 explicado, su enfoque concreto se limit\u00f3 con exclusividad al segundo acto testamentario. <\/p>\n
f.- Es preciso dejar en claro que el primer dictamen dispuesto frente a la pretensi\u00f3n de nulidad del segundo testamento, – escritura 5595 de 31 de agosto de 1977 – y para ese fin exclusivo, a pesar de haber sido decretado el 21 de julio de 1987 y antes de la presencia del tercero excluyente, solo fue recibido por el a-quo el 30 de septiembre de 1991, al paso que el segundo decretado a instancias del interviniente y dirigido a demostrar la causal de nulidad respecto de ambos testamentos, decretado el 29 de enero de 1990, fue recepcionado por el despacho el 26 de abril de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
g.- La secuencia rese\u00f1ada permite vislumbrar una situaci\u00f3n previa que emerge di\u00e1fana en el proceso, de la que resultan consecuencias que son determinantes de lo acontecido. En efecto, para la prueba pericial, de conformidad con el art\u00edculo 236 del C. de P. Civil, regla primera, es carga atribuida a la parte solicitante determinar en forma concreta \u201clas cuestiones sobre las cuales deba versar\u201d, correspondiendo al juez \u201cdeterminar los puntos que han de ser objeto del mismo, de acuerdo con el cuestionario de las partes y el que de oficio considere convenientes formular.\u201d (regla segunda) <\/p>\n
Por su parte la prueba decretada oficiosamente con el fin espec\u00edfico anunciado, estaba encaminada, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 236, a establecer un punto determinado anticipadamente por el juez dados los requerimientos del proceso, y la controversia de la misma habr\u00eda de girar desde luego alrededor de ese punto concreto, pues su objeto hab\u00eda sido claramente previsto en el decreto oficioso. Es decir que su objeto cumplir\u00eda un fin t\u00edpico, especial, individual, cual era el de determinar si en frente del acto testamentario contenido en la escritura 5595 de 31 de agosto de 1977, se daba la causal de nulidad generada en la falta de capacidad mental de la testadora al momento de su suscripci\u00f3n, pues a ello se refer\u00eda su necesidad por ser este el entorno que hasta el momento ofrec\u00edan las pretensiones debatidas por las partes. <\/p>\n
A su vez y por el mismo imperativo de la disposici\u00f3n legal citada, la presencia del tercero ad excludendum, provoc\u00f3 por su petici\u00f3n el decreto de una prueba pericial cuyo enfoque fue determinado por el inter\u00e9s que ahora aparec\u00eda en el escenario del proceso, distinto al de la necesidad inicial. Se trataba en esta nueva etapa de enfrentar la pretensi\u00f3n de nulidad de los dos actos testamentarios, contra quienes disputaban la anulaci\u00f3n de uno solo de ellos, prueba que si pudiera sobreponerse a la anteriormente decretada, permitir\u00eda establecer que en efecto coincid\u00edan parcialmente, pero sin que hubiera lugar a que la una desplazara a la otra, pues la solicitada por el tercero interviniente trataba de abarcar con su espectro aspectos mucho m\u00e1s amplios que la primera, como que persigue acreditar para dos \u00e9pocas distintas la demencia senil de la otorgante de los testamentos atacados. Es decir, que a su vez esta prueba cumplir\u00eda un fin t\u00edpico, especial, individual cual era el de determinar si en frente de los actos testamentarios contenidos en las escrituras 2019 de 3 de mayo de 1974 y 5595 de 31 de agosto de 1977, se daba la causal de nulidad generada en la falta de capacidad mental de la testadora. <\/p>\n
La especificidad de ambas pruebas, el momento procesal de su decreto y el objetivo claro de cada una de ellas, es asunto que no se puede desconocer, y por el contrario la reflexi\u00f3n sobre tales sucesos permite considerar la obligatoriedad del juzgador de recurrir a ambas en el despacho de las pretensiones demandadas, pues no puede pretenderse como ocurri\u00f3 en este asunto, acudir a aquella de las dos experticias que hab\u00eda sido decretada para evacuar apenas una parte de la contienda, – la existencia de la causal referida a la demencia al momento del otorgamiento de la escritura 5595 de 31 de agosto de 1977,- pero que por obvia y elemental raz\u00f3n nacida tanto de su objetivo como de la determinaci\u00f3n claramente expresada en su decreto, quedaba limitada al aspecto concebido y puntualmente se\u00f1alado oficiosamente por el juez que la dispuso, argumento suficiente para considerar que ella no pod\u00eda extenderse a puntos no solicitados en ese momento, a m\u00e1s de que no eran conocidos ni por el juez ni por las partes, pues el asunto que ella no comprend\u00eda solo aflor\u00f3 posteriormente por efecto de la demanda ad excludendum en la que se solicit\u00f3, esta vez s\u00ed, la anulaci\u00f3n tanto del segundo testamento, como del primero contenido en la escritura 2019 de 3 de mayo de 1974, a causa de lo cual se justific\u00f3 por el objetivo claramente determinado por el tercero, el decreto de la experticia rendida por los m\u00e9dicos Libardo Mart\u00ednez y Bertha Cecilia Su\u00e1rez, la cual si habr\u00eda de comprender la totalidad de los extremos temporales en discusi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Son entonces las circunstancias determinantes de la necesidad y decreto de ambas pruebas las que facilitan el entendimiento del asunto. El dictamen ordenado oficiosamente y practicado por Medicina Legal, solo tiene aptitud procesal para acreditar la insanidad de la testadora al momento de otorgar el segundo testamento, pues fue ese el prop\u00f3sito que inspir\u00f3 el decreto de esa prueba, prop\u00f3sito coherente con la \u00fanica pretensi\u00f3n litigada en ese momento y tampoco desconocido por la pericia en tanto ella misma sac\u00f3 como terminante \u201cCONCLUSION\u201d que \u201cMargarita Uribe Alvarez para el d\u00eda 31 de agosto de 1977 no se encontraba en uso de sus facultades mentales, dictamen pericial que se basa en las historias cl\u00ednicas aportadas al sumario.\u201d No se report\u00f3 para nada en esta \u201cconclusi\u00f3n\u201d la fecha del 3 de mayo de 1974 en que se otorg\u00f3 el primer testamento, por la contundente raz\u00f3n de que no era tema de la pericia, ya que a esta se le hab\u00eda determinado concretamente su alcance y en \u00e9l no se hab\u00eda prefijado dictaminar, ins\u00edstese una vez m\u00e1s, si tambi\u00e9n respecto del primer testamento se daba la misma causal, pues tal investigaci\u00f3n no se encontraba en juego en los t\u00e9rminos de la demanda de Olga Fanny Garc\u00eda contra Henry Uribe P\u00e9rez. <\/p>\n
3.- Como lo pone de presente la censura, varios son pues los yerros f\u00e1cticos que se observan en la sentencia del Tribunal, a saber: <\/p>\n
a) Uno de ellos emerge claramente cuando dicho sentenciador concluy\u00f3 que \u201cel A-quo consider\u00f3 que la primera peritaci\u00f3n era insuficiente, e hizo uso de la facultad exclusivamente a \u00e9l otorgada en el C\u00f3digo Instrumental, consistente en ordenar de oficio la peritaci\u00f3n, pues qued\u00f3 visto con la rese\u00f1a efectuada en p\u00e1rrafos anteriores, que esta \u00faltima experticia fue dispuesta por el a-quo antes que aquella otra, con un alcance restringido frente al de \u00e9sta en la medida en que hasta ese momento la pretensi\u00f3n ventilada en litigio era la nulidad del segundo testamento, no la de ambos como aconteci\u00f3 cuando se orden\u00f3 la posterior pericia (la presentada por los m\u00e9dicos Mart\u00ednez y Su\u00e1rez). De ah\u00ed precisamente, cual lo expone la impugnaci\u00f3n, que el Tribunal no hubiese visto que aun cuando el dictamen rendido por los m\u00e9dicos Mart\u00ednez y Su\u00e1rez fue presentado en abril y mayo de 1990 (fls. 78, 85 y 86 C. 4) y el de Medicina Legal el 13 de septiembre de 1991 (fl. 122 C. 1), este \u00faltimo hab\u00eda sido decretado cuatro a\u00f1os atr\u00e1s, el 21 de julio de 1987 (fl. 89 C. 2); y que no obstante haber visto dicho sentenciador la existencia material de aqu\u00e9l dictamen (el rendido por Mart\u00ednez y Su\u00e1rez), no lo tuvo en cuenta sin embargo para la resoluci\u00f3n del litigio, como lo corrobora el hecho, destacado as\u00ed mismo por la censura, de haber seguido \u201c…a pie juntillas lo expresado por el Juez de familia\u201d, pues habiendo sido el fallo del Tribunal totalmente confirmatorio del de el a-quo, en el que no se hizo ninguna consideraci\u00f3n ni an\u00e1lisis acerca del dictamen pericial de los m\u00e9dicos Mart\u00ednez y Su\u00e1rez, aqu\u00e9l prohij\u00f3 como suyos la totalidad de los argumentos probatorios expuestos por \u00e9ste (el a-quo), entre ellos la importante aseveraci\u00f3n consistente en que \u201c…fuera del experticio t\u00e9cnico referido (alude al de Medicina legal, se agrega), no existe ninguna otra prueba seria que respalde el ataque formulado por el tercero (el interviniente ad-excludendum, se a\u00f1ade) y que desvirt\u00fae lo analizado y concluido por los peritos\u201d (fl. 164 C. 1). Est\u00e1 visto que esa prueba si existe, que est\u00e1 representada por el dictamen de los peritos Mart\u00ednez y Su\u00e1rez ante la orden del a-quo para que establecieran en concreto el estado mental de la testadora al momento de otorgar los actos testamentarios a que aluden estos autos; y se sabe por lo dem\u00e1s, como con igual \u00e9nfasis lo plantea la acusaci\u00f3n, que ese dictamen fue controvertido en el proceso sin objeci\u00f3n alguna de las partes. <\/p>\n
De manera que si no obstante mediar en la actuaci\u00f3n el dictamen de los peritos Mart\u00ednez y Su\u00e1rez el Tribunal no hizo actuar esa prueba al momento de resolver el recurso de apelaci\u00f3n, incurri\u00f3 en el yerro apreciativo que le endilga la censura, porque ciertamente no fue el dictamen de Medicina Legal la \u00fanica prueba t\u00e9cnica que para resolver el litigio fue recogida en el proceso, y porque el dictamen de los peritos Mart\u00ednez y Su\u00e1rez a m\u00e1s de reunir el requisito anterior, goza de ser la \u00fanica prueba de ese linaje dispuesta por el a-quo en orden a establecer el estado mental de la testadora para el momento en que otorg\u00f3 el primer testamento. <\/p>\n
<\/p>\n
Partiendo de este error rese\u00f1ado expresamente en el cargo, el sentenciador al hacer suyos como lo anota el recurrente, los planteamientos del a quo y omitir su propio estudio probatorio, desconoci\u00f3 la necesidad en que se hallaba de penetrar en el estudio del \u00faltimo dictamen pericial (el rendido por los m\u00e9dicos Mart\u00ednez y Su\u00e1rez), decretado, producido y controvertido en legal forma dirigido a demostrar dos situaciones bien distintas, y en su lugar se vali\u00f3 de una prueba cuyo destino estaba limitado desde el momento mismo de su decreto, para hacerla extensiva a situaciones no comprendidas en ella. <\/p>\n
Esto es tanto como decir que el Tribunal entr\u00f3 a resolver dos aspectos del proceso prevalido \u00fanicamente del dictamen de Medicina Legal, una prueba cuyo decreto y pr\u00e1ctica estaba orientada a demostrar en forma exclusiva uno solo de los v\u00e9rtices de la contienda, pasando por encima, como si no existiera, sobre otra existente como medio de convicci\u00f3n que s\u00ed comprend\u00eda la situaci\u00f3n bifronte materia de decisi\u00f3n, pretiriendo la prueba existente en el proceso llamada a resolverla, de la que ni siquiera puede afirmarse que fue descalificada por el juzgador, porque justamente no la consider\u00f3, lo que impide a\u00fan que hubiese incurrido en una calificaci\u00f3n errada por la misma raz\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, pues, al haber omitido el juez toda apreciaci\u00f3n del dictamen pericial rendido por los m\u00e9dicos siquiatras Libardo Mart\u00ednez Posada y Bertha Cecilia Su\u00e1rez, debiendo considerarlo, constituye por las razones advertidas un error de hecho manifiesto y evidente que fue advertido por el recurrente, error que deviene en trascendente al haber impedido el balance del contenido probatorio de la prueba pasada por alto, en relaci\u00f3n con el hecho a cuya demostraci\u00f3n iba encaminada y que por la omisi\u00f3n le llev\u00f3 a la decisi\u00f3n expuesta en la sentencia, sin considerar la perspectiva de la prueba omitida para admitirla o rechazarla, actitud con la cual se provoc\u00f3 en forma indirecta la violaci\u00f3n denunciada de la ley sustancial. <\/p>\n
b) Err\u00f3 tambi\u00e9n f\u00e1cticamente el Tribunal al no tener en cuenta las conclusiones de los peritos M\u00e9dicos Mart\u00ednez y Su\u00e1rez, pues, cual lo aduce el recurrente, para el ad-quem resultaba vinculante hacer referencia al contenido material de esa experticia decretada a instancias del interviniente ad-excludendum, para acogerla o desde\u00f1arla seg\u00fan las razones de juicio que pudiera presentar frente a la realidad de la prueba y a su conjunci\u00f3n con las dem\u00e1s practicadas para componer el litigio, lo que no hizo, pues no obstante aseverar que el dictamen pericial de Medicina Legal \u201csiendo detallado y profundo, est\u00e1 acorde con lo demostrado a trav\u00e9s de otros medios de prueba…\u201d, omiti\u00f3 tener en cuenta que aqu\u00e9l dictamen de los m\u00e9dicos Mart\u00ednez y Su\u00e1rez daba margen al sentenciador para pronunciarse en otro sentido. <\/p>\n
En efecto, tal cual lo indica la acusaci\u00f3n, a folios 78 del cuaderno 4 aparece el dictamen pericial rendido por los m\u00e9dicos Mart\u00ednez y Su\u00e1rez, complementado como aparece a folios 85 y 86 del mismo cuaderno, de cuyo contenido se desprende que acorde con la historia \u201ccl\u00ednica psiquiatra\u201d aparecida en el proceso y a las hospitalizaciones y tratamientos m\u00e9dicos practicados a la testadora Margarita Uribe Alvarez, \u00e9sta \u201cno se hallaba en condiciones M\u00e9dico-Psiqui\u00e1trico para elaborar los documentos elaborados\u201d (fl. 78 C. 4); que \u201cno se encontraba psiquicamente apta para otorgar las escrituras p\u00fablicas 2019 y 5595 (ambas de la Notar\u00eda 9\u00aa de Bogot\u00e1), los d\u00edas 3 de mayo de 1974 y 31 de agosto de 1977 por falta de sus capacidades mentales para discernir, debido a la demencia senil que para esas fechas padec\u00eda\u201d (fl. 85 C. 4); que la demencia senil \u201cempez\u00f3 a manifestarse, en la paciente, (sic) desde 1949 (Diagnostico del Departamento de Psiquiatr\u00eda – Historia Cl\u00ednica Caja Nacional) y que con el paso de los a\u00f1os vino agudis\u00e1ndose hasta llegar a la p\u00e9rdida total del discernimiento\u201d (fl. 86 C. 4); y que \u201cEn las historias cl\u00ednicas mencionadas, clara y repetidamente se encuentra diagnosticada la demencia senil de la paciente…\u201d. <\/p>\n
Todo lo anterior significa, a t\u00e9rminos de lo que plantea la impugnaci\u00f3n, que si el Tribunal hubiese visto que la \u00fanica prueba decretada para establecer el estado Mental de Margarita Uribe Alvarez fue la experticia rendida por los m\u00e9dicos Mart\u00ednez y Su\u00e1rez, y si hubiese hecho actuar y no preterido el contenido de esa pericia, entonces habr\u00eda estado en posibilidad de apreciar y de pronunciarse expresamente en uno u otro sentido sobre el alcance de esa prueba relativamente al estado de insanidad mental de la testadora para cuando otorg\u00f3 el primer testamento, o cuando menos para permitirle ahondar en la investigaci\u00f3n de ese hecho, lo cual evidentemente no hizo porque se limit\u00f3 al dictamen m\u00e9dico legal. <\/p>\n
4.- La acusaci\u00f3n, por lo que viene de verse, se abre paso. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
No obstante la prosperidad del ataque, y justamente por lo advertido en el p\u00e1rrafo precedente, la Corte no proferir\u00e1 la sentencia sustitutiva que corresponde, sino que decretar\u00e1 las pruebas de oficio que adelante se se\u00f1alar\u00e1n, con el fin de contar con elementos adicionales de juicio. <\/p>\n
DECISION: <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 1o. de octubre de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, en este proceso ordinario iniciado por OLGA FANNY GARCIA QUINTERO frente a HENRY URIBE PEREZ, con intervenci\u00f3n ad excludendum de ENRIQUE URIBE ALVAREZ. <\/p>\n
Antes de proferir sentencia sustitutiva, decr\u00e9tase oficiosamente la pr\u00e1ctica de las siguientes pruebas: <\/p>\n
a.- Disp\u00f3nese que los m\u00e9dicos Libardo Mart\u00ednez Posada y Bertha Cecilia Su\u00e1rez, quienes act\u00faan como auxiliares de la justicia en \u00e9ste proceso, AMPLIEN EL DICTAMEN por ellos rendido visible en los folios 73 a 76 y 78 del cuaderno 4, en el siguiente sentido: <\/p>\n
Acudir\u00e1n los peritos para la ampliaci\u00f3n solicitada, al dictamen rendido por Medicina Legal, documento que reposa en el expediente. <\/p>\n
Para el efecto anterior, de conformidad con los art\u00edculos 180 y 240 del C. de P. Civil, se fija a los peritos un t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas. <\/p>\n
b.- Con el fin de establecer el estado mental que presentaba la se\u00f1ora MARGARITA URIBE ALVAREZ, su estado intelectual y cognoscitivo y en fin su capacidad intelectiva para el 3 de mayo de 1974, (fecha de suscripci\u00f3n del acto testamentario recogido en la escritura p\u00fablica 2019 de la Notar\u00eda Novena del C\u00edrculo de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 obrante en el proceso), previa ilustraci\u00f3n en la historia cl\u00ednica de la paciente dado el tiempo transcurrido, rec\u00edbase declaraci\u00f3n juramentada a los m\u00e9dicos ALVARO BERNATE y RAFAEL HERNANDO SALAMANCA RODRIGUEZ, a quienes se interrogar\u00e1 adem\u00e1s y en forma concreta por el estado mental reportado por la paciente referido a la \u00e9poca de suscripci\u00f3n de la citada escritura p\u00fablica, seg\u00fan dicha historia cl\u00ednica. <\/p>\n
Se\u00f1\u00e1lase el d\u00eda treinta (30) de enero de 1998 a las 8:30 a.m. para la celebraci\u00f3n de la audiencia en la que habr\u00e1n de recepcionarse los testimonios decretados. <\/p>\n
c.- Ord\u00e9nase que los peritos avaluadores LUCY CHAVARRO y PLUTARCO AUGUSTO OLARTE PE\u00d1A, actualicen, a\u00f1o por a\u00f1o, la valoraci\u00f3n de FRUTOS CIVILES que pudiere haber producido el inmueble a que se refiere \u00e9ste proceso, desde el 4 de septiembre de 1992, hasta la fecha, para lo cual habr\u00e1n de tener en cuenta, en la medida de lo posible, el c\u00e1lculo de frutos que ya obra en autos. <\/p>\n
<\/p>\n
d.- Para los efectos de las notificaciones a quienes deben concurrir a los actos precedentes, rec\u00farrase a las direcciones que figuren en el expediente, y si fuere necesario al directorio telef\u00f3nico de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Sin costas en el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIFIQUESE <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
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S-081-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente : NICOLAS BECHARA SIMANCAS Referencia: Expediente 4890 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el tercero ad excludendum ENRIQUE […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81517","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81517","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81517"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81517\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81517"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81517"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81517"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}