S-083-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Distrito Capital, diecis\u00e9is (16) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997).- <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 4947 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 25 de enero de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en este proceso ordinario iniciado por Daniel Rubiano Ladino y Ana Josefa Castiblanco frente a Orlando Pach\u00f3n, Mar\u00eda de Jes\u00fas Pach\u00f3n, Mar\u00eda de Jes\u00fas Ram\u00edrez de Castillo y personas indeterminadas (fls. 7 y 16 C. 1). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
I.- Por demanda que conoci\u00f3 el Juzgado Civil del Circuito de Ubat\u00e9, los mencionados actores solicitan que con audiencia de los referidos demandados se declare que, por el modo de la \u201cprescripci\u00f3n extraordinaria\u201d adquisitiva de dominio, adquirieron la propiedad del predio rural denominado \u201cSandoval\u201d, de extensi\u00f3n aproximada a las dos hect\u00e1reas, ubicado en la Vereda Centro, jurisdicci\u00f3n del Municipio de Tausa, Departamento de Cundinamarca, cuyos linderos se describen en la pretensi\u00f3n primera de la demanda. <\/p>\n
II.- Fundamento de la anterior pretensi\u00f3n son los hechos principales que a continuaci\u00f3n se relatan: <\/p>\n
a) Los actores entraron en posesi\u00f3n del bien luego de comprar derechos y acciones sobre \u00e9l a Mar\u00eda de Jes\u00fas Su\u00e1rez viuda de Castillo, mediante escritura n\u00famero 107 de 15 de marzo de 1984 de la Notar\u00eda de Ubat\u00e9, y en \u00e9l tienen construida su vivienda, fuera de que lo explotan econ\u00f3micamente con el pastoreo de ganados y el cultivo de \u00e1rboles. <\/p>\n
b) Mar\u00eda de Jes\u00fas Su\u00e1rez viuda de Castillo ejerci\u00f3 la posesi\u00f3n del citado inmueble una vez compr\u00f3 derechos y acciones sobre el mismo a Efrain Pach\u00f3n y Jorge Eliecer Pach\u00f3n, quienes a su turno adquirieron lo que vendieron, junto con la madre de aquella, por compra efectuada a Dominga Rinc\u00f3n viuda de Su\u00e1rez en el a\u00f1o 1943, desde cuando ellos empezaron a poseer. <\/p>\n
<\/p>\n
c) Sumando los diferentes lapsos posesorios a partir de 1943, han transcurrido a esta fecha m\u00e1s de 20 a\u00f1os. <\/p>\n
III.- Por conducto de curador ad-litem, los demandados determinados e indeterminados emplazados, contestaron en tiempo la demanda, manifestando que no les constan los hechos en que ella se apoya, y que, respecto de las pretensiones, se atienen a lo probado en el proceso. <\/p>\n
IV.- Despu\u00e9s de admitir la demanda por auto de 28 de junio de 1990 y de darle al proceso el tr\u00e1mite previsto en el Decreto 508 de 1974, el a-quo finaliz\u00f3 la primera instancia con sentencia estimatoria de 20 de agosto de 1993. <\/p>\n
V.- Consultado el anterior pronunciamiento con la Sala Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, \u00e9sta, mediante sentencia de 25 de enero de 1994, revoc\u00f3 la del a-quo, negando las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
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FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Una vez concreta que en la actuaci\u00f3n est\u00e1n cumplidos los presupuestos procesales y no se observan vicios de nulidad, el Tribunal aborda el estudio de los requisitos estructurales de la acci\u00f3n de pertenencia, para decir, en relaci\u00f3n con el que exige ser el bien susceptible de prescripci\u00f3n, que unicamente pueden adjudicarse predios de propiedad privada, calidad que, agrega, no est\u00e1 probada respecto del que aqu\u00ed es objeto de pretensi\u00f3n, porque el certificado de la oficina de registro acompa\u00f1ado para acreditar la situaci\u00f3n jur\u00eddica del inmueble, no ense\u00f1a ning\u00fan titular de derecho de dominio, y por cuanto \u201csu tradici\u00f3n se inicia con una venta de derechos y acciones que s\u00f3lo conduce a una falsa tradici\u00f3n, seg\u00fan se aprecia en su anotaci\u00f3n 01 de 26 de diciembre de 1943\u201d. El oficio del Registrador de Ubat\u00e9 distinguido con el No. 279 de 30 de noviembre de 1993, prosigue, informa que el bien no fue desmembrado de otro de mayor extensi\u00f3n y \u201cconfirma la procedencia registral la cual data de 1943, venta de derechos y acciones, y que no se cita antecedente que nos pueda remontar a la tradici\u00f3n del a\u00f1o 1917\u201d. Haciendo \u00e9nfasis en que no hay que demostrar la calidad de bald\u00edo sino la propiedad privada, el Tribunal se\u00f1ala a continuaci\u00f3n que en este caso no se ha transmitido la propiedad o dominio, sino la venta de derechos y acciones que solo conduce a una falsa tradici\u00f3n, por lo que concluye que posiblemente \u201cel predio no ha salido del patrimonio del Estado pudiendo ser bald\u00edo\u201d. <\/p>\n
Seguidamente, tras invocar el contenido del art\u00edculo 3o. de la ley 200 de 1936, el Tribunal hace las siguientes reflexiones, que la Corte estima pertinente transcribir en su integridad: <\/p>\n
\u201cEntonces conviene definir claramente cu\u00e1les son los requisitos que deben llenar los t\u00edtulos para que sea prueba id\u00f3nea que acredite propiedad privada y en qu\u00e9 consiste cada uno. <\/p>\n
\u201cConstituyen t\u00edtulo originario expedido por el Estado o emanado de \u00e9ste y en consecuencia acreditan propiedad sobre la respectiva extensi\u00f3n territorial, mientras no hayan perdido su eficacia legal los siguientes: <\/p>\n
\u201ca) Todo acto administrativo legalmente realizado y traducido en un documento aut\u00e9ntico, por medio del cual el Estado se haya desprendido del dominio de determinada extensi\u00f3n territorial. <\/p>\n
\u201cb) Todo acto civil realizado por el Estado en su car\u00e1cter de persona jur\u00eddica y por medio del cual se haya operado legalmente el mismo fen\u00f3meno sobre tradici\u00f3n del dominio de determinada extensi\u00f3n territorial perteneciente a la Naci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cc) Como la enumeraci\u00f3n anterior no es taxativa y por consiguiente son t\u00edtulos originarios expedidos por el Estado o emanados de \u00e9ste, fuera de los indicados en las letras anteriores los dem\u00e1s que conforme a las layes tengan este car\u00e1cter. <\/p>\n
\u201cLa segunda forma establecida por la ley de tierras para acreditar la propiedad privada sobre una extensi\u00f3n territorial, consiste en t\u00edtulos inscritos en que consten tradiciones de dominio, esto es escrituras p\u00fablicas debidamente registradas con las cuales se est\u00e1 transmitiendo el dominio sobre una extensi\u00f3n territorial. <\/p>\n
\u201cEn el caso anterior es importante dejar en claro, que lo que debe transmitirse es el dominio, esto es, aquel derecho real de que trata el art\u00edculo 669 del C\u00f3digo Civil, y que da facultades al propietario para disponer a su arbitrio de \u00e9l, no siendo contra ley o contra derecho ajeno y no la simple posesi\u00f3n o las mejoras existentes sobre los terrenos. <\/p>\n
\u201cDichas tradiciones deben conformar una cadena ininterrumpida que llegue por lo menos a 20 a\u00f1os atr\u00e1s de la fecha en que entr\u00f3 a regir la Ley 200 de 1936. <\/p>\n
\u201cPor eso al no estar probada la condici\u00f3n de propiedad sobre el predio objeto de usucapi\u00f3n, ni demostrado que tal fundo pertenece a otro de mayor extensi\u00f3n que si haya salido del patrimonio del Estado, mediante t\u00edtulo otorgado por \u00e9ste o mediante tradiciones celebradas entre particulares en los t\u00e9rminos que prev\u00e9 la ley, se presume que no pertenece al r\u00e9gimen de la propiedad privada y por lo tanto su dominio no es susceptible de adquirirse por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cComo vemos de las pruebas adosadas al plenario se puede concluir que este inmueble no ha salido del patrimonio del Estado o por lo menos aqu\u00ed no se prueba, lo cual nos indica que \u00e9ste puede ser bald\u00edo. <\/p>\n
\u201cAl tenor de los art\u00edculos 674 y 675 del C\u00f3digo Civil, se llaman bienes de la Uni\u00f3n aquellos cuyo dominio pertenece a la Rep\u00fablica y son bienes de la Uni\u00f3n todas las tierras que estando situadas dentro de los l\u00edmites territoriales carecen de due\u00f1o. <\/p>\n
\u201cPor lo tanto son predios bald\u00edos aquellos que se encuentran dentro de los l\u00edmites del territorio nacional y que le pertenecen al Estado por carecer de otro due\u00f1o. <\/p>\n
\u201cEn consecuencia, sobre este predio cuyo dominio no se ha probado que est\u00e9 en cabeza de un particular y por ende puede ser bald\u00edo, la parte actora puede solicitar el t\u00edtulo de adjudicaci\u00f3n en la forma se\u00f1alada en el Cap\u00edtulo VII, art\u00edculo 42 bis de la Ley 135 de 1961, reformado por la Ley 30 de 1988, ante el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria \u2018Incora\u2019. <\/p>\n
\u201cLo anterior, en raz\u00f3n a que el Estado ha puesto las tierras bald\u00edas del pa\u00eds que no sean objeto de reserva a disposici\u00f3n de los particulares quienes pueden ocuparlas y explotarlas en la forma prevista en el art\u00edculo 1 de la Ley 200 de 1936, con la modificaci\u00f3n introducida por la ley 4 de 1973, art\u00edculo 2; y si se demuestra explotaci\u00f3n econ\u00f3mica mediante el procedimiento se\u00f1alado en el Decreto 2275 de 1988, puede pedirse el t\u00edtulo de adjudicaci\u00f3n al Incora y este t\u00edtulo debidamente inscrito en el Registro de Instrumentos P\u00fablicos, constituye por si solo plena prueba de la nueva propiedad del inmueble. <\/p>\n
\u201cLuego como estamos frente a un posible terreno bald\u00edo, pues no prob\u00f3 lo contrario la parte actora, no es el proceso de pertenencia el medio id\u00f3neo para obtener la adjudicaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cN\u00f3tese que esta Sala de Decisi\u00f3n utiliza los t\u00e9rminos \u2018presunta \u00f3 posiblemente\u2019, por cuanto no somos los funcionarios competentes para determinar si el fundo es bald\u00edo o n\u00f3, esto se dirime mediante un proceso administrativo ante el Incora, cu\u00e1l es el de clarificaci\u00f3n de la propiedad, seg\u00fan el tr\u00e1mite previsto en el Decreto 1265 de 1977. Busca el proceso de clarificaci\u00f3n de la propiedad aclarar la situaci\u00f3n de las tierras desde el punto de vista de la propiedad, con el fin de identificar con la mayor exactitud posible, cu\u00e1les pertenecen al Estado y facilitar el saneamiento de la propiedad privada o recuperar los bald\u00edos indebidamente ocupados. <\/p>\n
\u201cNo contrar\u00eda lo aqu\u00ed dispuesto lo consagrado en el art\u00edculo 1 de la Ley 200 de 1936, ya que existe un procedimiento especial para obtener el t\u00edtulo correspondiente, cu\u00e1l es el administrativo de adjudicaci\u00f3n de bald\u00edos\u201d. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
En \u00e9l se censura la sentencia por violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 63 de la C.N., 2519 del C.C., 407-4 del C. de P.C., 674, 675 del C.C., 3o., 4o. de la Ley 200 de 1936, por aplicaci\u00f3n indebida; 2o. de la Ley 4a. de 1973, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea; 1o. de la Ley 50 de 1936, 665, 669, 673, 762, 763, 764, 778, 2512, 2513, 2518, 2521, 2527, 2531 del C.C., 407 , 1o. , 2o. y 3o. del C. de P.C., por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo desarrollan los recurrentes manifestando que la sentencia desconoci\u00f3 el r\u00e9gimen de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio consagrada en el art\u00edculo 2512 y siguientes del C\u00f3digo Civil, lo mismo que en el art\u00edculo 12 de la ley 200 de 1936, al exigir que quien ha pose\u00eddo materialmente un predio en las condiciones legales para usucapir, tiene que presentar t\u00edtulos que acrediten que \u00e9ste es de propiedad privada, tal como lo exigen los art\u00edculos 3o. y 4o. de la ley 200 de 1936 , normas que hizo actuar indebidamente el Tribunal, al considerar que los t\u00edtulos aportados para demostrar posesi\u00f3n en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 778 y 2521 del C.C. por referirse a derechos y acciones s\u00f3lo integran una falsa tradici\u00f3n. Para el Tribunal, agregan, el prescribiente tiene que demostrar que el bien sali\u00f3 v\u00e1lidamente del patrimonio del Estado de conformidad con los art\u00edculos 3o. y 4o. de la Ley 200 de 1936, y por eso interpretando erradamente la presunci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 1o. de la misma ley, considera que esa norma lo que permite es el ejercicio de la acci\u00f3n administrativa de adjudicaci\u00f3n ante el INCORA, desconociendo de paso que desde cuando entr\u00f3 en vigencia la Ley 120 de 1928 la declaraci\u00f3n judicial de pertenencia tiene por finalidad el saneamiento de la propiedad inmueble. <\/p>\n
Indican m\u00e1s adelante que quien demanda la declaraci\u00f3n de pertenencia s\u00f3lo tiene que probar haber pose\u00eddo materialmente el bien, en la forma indicada en el art\u00edculo 1o. de la Ley 200 de 1936 para los fundos rurales, pero no que \u00e9ste ha salido del patrimonio del Estado, dada la presunci\u00f3n establecida en dicha norma y la que consagra el art\u00edculo 762 del C.C., a lo cual agregan que si bien es verdad que al proceso deben citarse quienes figuren como titulares de un derecho real sobre el inmueble objeto de la pretensi\u00f3n, de all\u00ed no se desprende raz\u00f3n jur\u00eddica para exigir al actor que demuestre que aquel sali\u00f3 del patrimonio del Estado. <\/p>\n
Una vez explican el concepto de violaci\u00f3n de las normas sustanciales que indican como infringidas, los recurrentes solicitan a la Corte casar la sentencia del Tribunal para, en su lugar, confirmar la del a-quo. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1. En \u00e9l se denuncia la infracci\u00f3n indirecta de los mismos preceptos sustanciales que se indican en el cargo precedente y bajo id\u00e9nticos conceptos, salvo que el recurrente en relaci\u00f3n con el quebranto del art\u00edculo 1\u00ba de la ley 200 de 1936, modificado por el art\u00edculo 2\u00ba de la ley 4\u00aa de 1973, invoca el concepto de falta de aplicaci\u00f3n, en lugar de la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea; y que a\u00f1ade el quebranto de los art\u00edculos 251, 252, 253,n.3, 258 y 264 del C. de P.C.; como consecuencia de errores en la apreciaci\u00f3n probatoria, los cuales describe en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
a. Err\u00f3 de hecho el Tribunal al no percatarse del certificado del Registrador (C. 3, fl. 6), donde consta que al inmueble disputado le corresponde el folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 172-0006352, la inscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica N\u00ba 446 de 29 de octubre de 1943 y los registros de los dem\u00e1s documentos relacionados con las ventas de derechos y acciones; certificado que fue complementado con el oficio 507 del mismo Registrador <\/p>\n
b. Err\u00f3 el Tribunal al no percatarse de las escrituras p\u00fablicas, que cita por su n\u00famero y fecha, que dan cuenta de las sucesivas ventas de derechos y acciones sobre el predio \u201cSandoval\u201d, desde la N\u00ba 446 de 29 de octubre de 1943, hasta llegar a la N\u00ba 107 de 15 de marzo de 1984, por medio de la cual \u00e9sta, a su vez, se los vendi\u00f3 a los demandantes; y al no ver la cl\u00e1usula segunda de la \u00faltima que relaciona todas los t\u00edtulos precedentes; instrumentos todos registrados en el susodicho folio de matr\u00edcula inmobiliaria. <\/p>\n
c. Err\u00f3 de hecho al no percatarse de la diligencia de inspecci\u00f3n judicial (C. 2, fl. 42), en donde fue identificado el inmueble, se describen las mejoras y se comprob\u00f3 que el fundo se encuentra pose\u00eddo por los demandantes; ni de los testimonios de Jos\u00e9 Trinidad Ball\u00e9n, Pedro Ignacio G\u00f3mez, Evaristo Prada y Hernando Pinz\u00f3n Sierra, recibidos en esa diligencia, que versan sobre la posesi\u00f3n alegada en este proceso. <\/p>\n
2. Considera el impugnante que con los instrumentos p\u00fablicos mencionados se acredita la suma de posesiones desde 1943 y hasta 1984, o sea hasta cuando los demandantes adquirieron derechos y acciones sobre el predio en cuesti\u00f3n\u201d; la cadena de t\u00edtulos que integran un per\u00edodo de posesi\u00f3n de casi 47 a\u00f1os, y que los actos a que se refieren corresponden a la cesi\u00f3n de derechos hereditarios permitida por el art\u00edculo 1967 del C. Civil; y que con la inspecci\u00f3n judicial y los testimonios antes relacionados se demuestra la posesi\u00f3n econ\u00f3mica de que trata el art\u00edculo 1\u00ba de la ley 200 de 1936, reformado por el 2\u00ba de la ley 4\u00aa de 1973. A\u00f1ade que el Tribunal no tuvo en cuenta el art\u00edculo 14 del decreto 2303 de 1989. <\/p>\n
3. Se\u00f1ala el censor que al exigir el Tribunal un certificado del Registrador en donde conste inscripciones de dominio desde el a\u00f1o de 1917, aplic\u00f3 indebidamente los art\u00edculos 3\u00ba y 4\u00ba de la ley 200 de 1936, y no hizo actuar las normas que regulan el proceso de pertenencia; obr\u00f3 tambi\u00e9n en detrimento de la presunci\u00f3n legal contenida en el art\u00edculo 1\u00ba de dicha ley; a\u00f1ade que en este caso est\u00e1 plenamente probado con los t\u00edtulos rese\u00f1ados que el predio \u201cSandoval\u201d es propiedad privada y que los demandantes buscan es la sentencia que los declare propietarios por haberlo pose\u00eddo por m\u00e1s de veinte a\u00f1os; y aduce, en fin, que por cuanto el sentenciador supuso que el bien era bald\u00edo, incurri\u00f3 en evidente error de hecho, el cual incide en la parte resolutiva del fallo impugnado. <\/p>\n
SE CONSIDERA: <\/p>\n
1.- Anotaci\u00f3n liminar. Se empieza por decir que la sentencia impugnada en casaci\u00f3n la dict\u00f3 el Tribunal para resolver la consulta de la de primera instancia, la que se dispuso bajo la consideraci\u00f3n de que los demandados estaban representados por curador ad litem y les fue adversa la decisi\u00f3n; empero, el ad quem no advirti\u00f3 que en el proceso de saneamiento de peque\u00f1a propiedad agraria no hay lugar a consulta, salvo cuando la decisi\u00f3n resulta adversa al demandante y \u00e9ste no apela, seg\u00fan dispone el art\u00edculo 12 del decreto extraordinario 508 de 1974; por consiguiente, no se dio cuenta de que por haber triunfado la parte actora no proced\u00eda la consulta y que, por lo mismo, no adquir\u00eda competencia funcional para conocer del proceso; ello debi\u00f3 ser as\u00ed en virtud de la aplicaci\u00f3n de las normas adicionales contenidas en el decreto 508 de 1974 que ordena el art\u00edculo 137 del decreto 2303 de 1989, una de las cuales es citado art\u00edculo 12. Sin embargo, tal aspecto irregular o de anulaci\u00f3n del fallo del Tribunal no puede ser considerado por la Corte, dado que le est\u00e1 vedado proceder de oficio y ning\u00fan cargo en casaci\u00f3n fue dirigido a combatir ese punto. En consecuencia, tal situaci\u00f3n no impide el despacho de los cargos propuestos, a lo cual se apresta a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Cargo Primero. Es evidente que el n\u00facleo de los argumentos en que se apoya el fallo impugnado estriba en la incertidumbre que hall\u00f3 el sentenciador sobre la caracter\u00edstica de ser prescriptible el bien sobre el cual se pide la declaraci\u00f3n de pertenencia, en tanto y en cuanto estim\u00f3 que no existe t\u00edtulo alguno que acredite que \u00e9l es objeto de propiedad privada o que sali\u00f3 del patrimonio del Estado; pero tambi\u00e9n resulta palmario que el punto medular de la impugnaci\u00f3n que se propone en el cargo primero, por la v\u00eda directa, se hace radicar en la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 1\u00ba de la ley 200 de 1936, modificado por el 2\u00ba de la ley 4\u00aa de 1973, a partir de que esta norma expresa que \u201cse presume que no son bald\u00edos, sino de propiedad privada, los fundos pose\u00eddos por particulares, entendi\u00e9ndose que dicha posesi\u00f3n consiste en la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del suelo por medio de hechos positivos propios de due\u00f1o, como las plantaciones o sementeras, la ocupaci\u00f3n con ganados y otros de igual significaci\u00f3n econ\u00f3mica\u201d, cuya aplicaci\u00f3n dejar\u00eda, en principio, sin ning\u00fan piso la exigencia demostrativa de propiedad privada echada de menos por el fallador. <\/p>\n
3. Dados esos antecedentes, es preciso recordar que la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de un precepto sustancial supone necesariamente su aplicaci\u00f3n al caso, aunque d\u00e1ndosele un sentido que no tiene; pero adem\u00e1s, requiere para la prosperidad de la acusaci\u00f3n que la norma tildada de quebrantada sea la que en realidad regula la situaci\u00f3n sometida a la jurisdicci\u00f3n; obvio que ser\u00eda inocuo reconocer, y supuestamente corregir, un yerro de estirpe puramente jur\u00eddica en relaci\u00f3n con una norma de car\u00e1cter sustancial ajena o extra\u00f1a a las que verdaderamente se deben emplear para definir el litigio; en pocas palabras, pues, el quebranto de una norma s\u00f3lo puede darse cuando el fallo combatido deja de hacer actuar – o le da un alcance que no tiene -, una norma cuya observancia en \u00e9l es indispensable. <\/p>\n
4. Viene de decirse lo anterior, en virtud de que en el cargo primero, en esencia, se le imputa al sentenciador la equivocada interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 1\u00ba de la ley 200 de 1936 con la modificaci\u00f3n que le introdujo la ley 4\u00aa de 1973, el cual versa sobre la anotada presunci\u00f3n de propiedad privada, pero sin parar mientes en que su aplicaci\u00f3n \u00fanicamente puede darse estando demostrada por los demandantes la posesi\u00f3n econ\u00f3mica que all\u00ed se describe; s\u00f3lo en esa medida tiene cabida y debe traerse tal precepto para resolver el presente litigio con apoyo en tal presunci\u00f3n, y s\u00f3lo as\u00ed vale la pena examinar su verdadero alcance. Es palmario que si, por el contrario, lo que arroja el proceso es la ausencia de esa demostraci\u00f3n, aqu\u00e9l no debe ni puede aplicarse, que es lo que acaece en la especie de la presente litis, y lo que, a su vez, por contera, torna vana o inoperante la acusaci\u00f3n que se asienta esencialmente en su quebranto. <\/p>\n
5. Lo anterior tambi\u00e9n significa que la parte demandante no estaba exonerada de probar que el predio objeto de declaraci\u00f3n de pertenencia es privado y, por ende, prescriptible, porque aqu\u00ed no opera la presunci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1\u00ba de la ley 200 de 1936, ya que el predio no est\u00e1 explotado econ\u00f3micamente, o sea, en la forma que exige tal norma. <\/p>\n
6. En efecto, la sola lectura de la inspecci\u00f3n judicial practicada sobre el inmueble, indica que \u00e9ste se conforma de dos porciones situadas en la carretera que conduce de Ubat\u00e9 a Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, en una de las cuales se halla construida una vivienda, y en la otra hay una reforestaci\u00f3n de eucalipto, pinos y monte natural ( C. 2, fl. 42 vuelto); y en la misma diligencia, los peritos al contestar la pregunta sobre la explotaci\u00f3n que se ejerce sobre el terreno, manifestaron que \u201cEn parte se aprovechan los pastos y mas (sic) que todo esta (sic) dedicado por el sitio al funcionamiento de un restaurante\u201d (fl. 45); ciertamente que sin desatender la realidad no puede concluirse que los demandantes ejercitan la posesi\u00f3n agraria de car\u00e1cter econ\u00f3mico a que se refiere el art\u00edculo 1\u00ba de la ley 200 de 1936, que imponga la aplicaci\u00f3n de este precepto. <\/p>\n
<\/p>\n
7. S\u00edguese de lo dicho, que existe raz\u00f3n bastante, a la vez que suficiente, para que la Corte no atienda el yerro jur\u00eddico denunciado en el cargo primero, en virtud de que, en lo fundamental, la acusaci\u00f3n parte de un supuesto falso o err\u00f3neo consistente en que est\u00e1 probada la mentada posesi\u00f3n econ\u00f3mica, y ello excluye la aplicaci\u00f3n de la norma \u00faltimamente citada. Desde luego, es s\u00f3lo desde la perspectiva que ofrece el presente caso que queda la Corte relevada de realizar cualquier otro examen jur\u00eddico sobre la materia. <\/p>\n
8. Cargo segundo. Respecto de \u00e9l importa anotar que, como es sabido, una de las formas en que se presenta el error evidente de hecho se produce cuando el sentenciador omite apreciar – error por preterici\u00f3n -, total o parcialmente las pruebas incorporadas al proceso, cuya estimaci\u00f3n habr\u00eda incidido en el fallo impugnado hasta el punto de que la decisi\u00f3n hubiera podido ser otra. <\/p>\n
9. Pues bien, habida la consideraci\u00f3n que hizo el fallador sobre la falta de demostraci\u00f3n de la propiedad privada como motivo enervante de la pretensi\u00f3n de pertenencia, se ve patente que no se hizo caso omiso de la prueba documental expresada en el certificado del registrador y en las escrituras p\u00fablicas en las que se plasman diversos y sucesivos actos de cesi\u00f3n de derechos y acciones sobre el predio \u201cSandoval\u201d, sino que por unas razones de puro derecho estim\u00f3 que con ellos no se acreditaba aqu\u00e9l supuesto f\u00e1ctico; tanto los apreci\u00f3 que con base en ellos le apunt\u00f3 a los demandantes una falsa tradici\u00f3n. Por consiguiente, el yerro de hecho denunciado, por preterici\u00f3n, no se ha dado; si alguna equivocaci\u00f3n fuera dable apuntar en la materia al sentenciador ser\u00eda de puro derecho. <\/p>\n
10. En relaci\u00f3n con las dem\u00e1s pruebas – inspecci\u00f3n judicial y testimonial -, tampoco se alcanza a producir el error de hecho en virtud de que el Tribunal no ten\u00eda por qu\u00e9 referirse a ellas, pues primero encontr\u00f3 un escollo relativo a la naturaleza jur\u00eddica del bien, que le impidi\u00f3 reconocer la declaraci\u00f3n de pertenencia por el modo de la prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio. <\/p>\n
Por todo lo anterior, ninguno de los cargos prospera. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 25 de enero de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso arriba nombrado. <\/p>\n
Costas en el recurso de casaci\u00f3n, a cargo de la parte impugnante; en su oportunidad ser\u00e1n tasadas. <\/p>\n
C\u00f3piese, Notif\u00edquese y Devu\u00e9lvase oportunamente al Tribunal de origen. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHOLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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S-083-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA MAGISTRADO PONENTE: NICOLAS BECHARA SIMANCAS Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Distrito Capital, diecis\u00e9is (16) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997).- […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81519","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81519","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81519"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81519\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81519"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81519"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81519"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}