S-084-97 <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
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Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Distrito Capital, diecis\u00e9is (16) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997).- <\/p>\n
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Referencia: Expediente N\u00b0 4837 <\/p>\n
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Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 10 de agosto de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en este proceso ordinario adelantado por MIGUEL ANTONIO ALDANA BERMUDEZ contra ALVARO ORJUELA BERMUDEZ. <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
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I.- Por demanda repartida al Juzgado Primero Civil del Circuito de Facatativ\u00e1, el citado actor solicita que se declare que \u201cel lote de terreno denominado SAN JOSE, ubicado en el municipio de LA VEGA, vereda LLANO GRANDE, departamento de CUNDINAMARCA\u201d alindado como se indica en la demanda, es de su propiedad, y como consecuencia se condene al demandado a restituir \u201cel resto del predio que lo (sic) pertenece, pues seg\u00fan afirmaciones del demandado compr\u00f3 dos derechos, sin embargo se hizo titular la totalidad del predio por el INCORA, lo mismo que los frutos y rendimientos\u201d, al igual que \u201cal pago de los da\u00f1os y perjuicios ocasionados y los que se originen\u201d. <\/p>\n
II.- El demandante apoy\u00f3 sus pretensiones en los hechos siguientes: <\/p>\n
a) MIGUEL ANTONIO ALDANA adquiri\u00f3 el predio SAN JOSE, descrito como se indica en la petici\u00f3n primera del libelo incoatorio, mediante escritura p\u00fablica N\u00b0 504 de 26 de noviembre de 1976, de la Notar\u00eda Unica del C\u00edrculo de San Mart\u00edn, Departamento del Meta, la cual se halla inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos del Municipio de Facatativ\u00e1 bajo el n\u00famero 156-0001144, en la que se expresa, en la cl\u00e1usula \u201cQUINTA\u201d, que el demandante \u201cse comprometi\u00f3 a repartir el predio en partes iguales entre ocho hermanos, incluido \u00e9l\u201d. <\/p>\n
b) El demandante celebr\u00f3 con ALVARO ORJUELA BERMUDEZ un contrato de arrendamiento en forma verbal el 1\u00b0 de octubre de 1977, y vali\u00e9ndose de tal situaci\u00f3n plant\u00f3 mejoras en el predio y acudi\u00f3 ante el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria a solicitar la titulaci\u00f3n del mismo, tr\u00e1mite administrativo que culmin\u00f3 con resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n, obteniendo \u201ceste beneficio mediante enga\u00f1os\u201d, pues manifest\u00f3 bajo la gravedad del juramento que el predio era bald\u00edo y que \u201cllevaba diez (10) a\u00f1os explotando el fundo, cuando en realidad eran seis (6)\u201d. <\/p>\n
c) Que trat\u00f3 de recuperar su predio pero no le fue posible, puesto que, un proceso de lanzamiento que inici\u00f3 no prosper\u00f3; que a nivel laboral tambi\u00e9n intent\u00f3 una reclamaci\u00f3n y no obtuvo ning\u00fan resultado; que denunci\u00f3 al ocupante por fraude procesal, pero la conducta ya hab\u00eda prescrito; en fin, que en \u201ctodas las diligencias que se surtieron con motivo de los tr\u00e1mites enunciados el se\u00f1or ORJUELA BERMUDEZ, asever\u00f3 que \u00e9l hab\u00eda comprado dos derechos de esa propiedad y que ese era el motivo para haberse posesionado del total del predio y luego hac\u00e9rselo titular del INCORA, sin respetar los derechos de los seis (6) hermanos restantes ni el car\u00e1cter de privada que tiene esa propiedad\u201d. <\/p>\n
d) El citado predio \u201cSAN JOSE\u201d tiene dos registros y dos propietarios, pues el demandado \u201cpara que los propietarios no se dieran cuenta de su conducta il\u00edcita, hizo registrar la Resoluci\u00f3n de Adjudicaci\u00f3n bajo otro n\u00famero\u201d, el 156-00026.406, en donde el citado predio tiene el car\u00e1cter de bald\u00edo, siendo este registro posterior al correspondiente a la escritura N\u00b0 504 de noviembre 26 de 1976. <\/p>\n
e) El demandado es poseedor de mala fe, ya que ten\u00eda conocimiento que el predio \u201cSAN JOSE\u201d era de propiedad privada \u201cy que no llenaba los requisitos exigidos por el INCORA para ser adjudicatario\u2026\u201d. <\/p>\n
f) El demandante \u201cha venido cancelando los impuestos del predio en el municipio de LA VEGA, desde que lo adquiri\u00f3 a LUIS ALDANA PI\u00d1EROS\u201d. <\/p>\n
g) El predio materia del litigio de propiedad del demandante \u201ces el mismo que se hizo adjudicar el se\u00f1or ALVARO ORJUELA RODRIGUEZ, actual ocupante del mismo\u201d. <\/p>\n
Enterado de la demanda, el demandado acept\u00f3 que el predio \u201cSAN JOSE\u201d materia de reivindicaci\u00f3n se lo adjudic\u00f3 el INCORA mediante Resoluci\u00f3n N\u00b0 000944 de 25 de octubre de 1983, y que de \u00e9l es leg\u00edtimo propietario y poseedor material; por lo que termin\u00f3 oponi\u00e9ndose a las pretensiones del actor, contra las cuales formul\u00f3 las excepciones que denomin\u00f3: \u201c1- Iegitimaci\u00f3n ad causam. 2- Carencia de acci\u00f3n o carencia de derecho para reivindicar. 3- Carencia de pretensi\u00f3n. 4. Inidoneidad de los t\u00edtulos de dominio de la demandante. 5- Inepta demanda sustantiva\u201d, apoyadas en los hechos de que da cuenta el escrito de contestaci\u00f3n a la demanda. <\/p>\n
IV.- La primera instancia termin\u00f3 con sentencia del 16 de abril de 1993, que deneg\u00f3 las s\u00faplicas deprecadas, orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n del registro de la demanda y conden\u00f3 al demandante en las costas del proceso, por cuanto el a-quo no hall\u00f3 dominio en el actor al considerar que aun cuando \u00e9ste aport\u00f3 con tal prop\u00f3sito t\u00edtulo inscrito, el inmueble perseguido en reivindicaci\u00f3n fue adjudicado al demandado por el INCORA mediante resoluci\u00f3n igualmente registrada, circunstancia esta \u00faltima de lo cual dedujo que aqu\u00e9l debi\u00f3 solicitar la nulidad o invalidaci\u00f3n\u201d de la resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n \u201ca efecto de que, una vez destruida o aniquilada la pretendida calidad de due\u00f1o que alega el demandado, quedara entonces s\u00ed despejada la v\u00eda o el camino para que el fallador de instancia decrete la reivindicaci\u00f3n del inmueble materia del litigio a favor del actor o demandante\u201d. <\/p>\n
V.- Inconforme el demandante con lo as\u00ed resuelto, recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n, habiendo culminado el segundo grado con fallo de 10 de agosto de 1993, confirmatorio del proferido por el a-quo, contra el cual la misma parte interpuso el recurso de casaci\u00f3n, que por estar tramitado procede la Corte a decidirlo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal, para confirmar la decisi\u00f3n del juzgador de primer grado, denegatoria de la reivindicaci\u00f3n, sent\u00f3 las reflexiones siguientes: <\/p>\n
a) Que comparte \u201ctotalmente\u201d el argumento del fallador de primer grado, porque no se pueden desconocer los efectos de la Resoluci\u00f3n N\u00b0 944 del 25 de agosto de 1983, registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Facatativ\u00e1 el 12 de diciembre de 1983, mediante la cual el predio materia del litigio le fue adjudicado al demandado, pues tal acto administrativo \u201ces t\u00edtulo que acredita la plena propiedad del fundo, una vez que ha sido registrada\u201d, por disponerlo as\u00ed el art\u00edculo 33 del Decreto 2275 de 1988, concluyendo \u201cque la resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n de bald\u00edos es plena prueba de la propiedad\u201d. <\/p>\n
b) Que no es posible desconocer el t\u00edtulo presentado por el demandado, y por esta raz\u00f3n \u201cno pueden prosperar las pretensiones de la demanda, pues para pedir la reivindicaci\u00f3n, era necesario impugnar por los medios antes indicados (la acci\u00f3n de nulidad o la de restablecimiento del derecho), la resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n, \u00fanica forma de hacerle perder eficacia al acto administrativo; luego la mencionada resoluci\u00f3n est\u00e1 vigente y re\u00fane todos los requisitos legales\u201d. <\/p>\n
c) Que no se puede dejar \u201csin efectos el t\u00edtulo presentado por la parte pasiva\u201d, pues de hacerlo se invadir\u00edan \u201c\u00e1reas correspondientes a la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, \u00fanica competente para revisar la legalidad del acto administrativo que adjudic\u00f3 el bald\u00edo\u2026\u201d. <\/p>\n
d) Que como consecuencia de lo anterior, \u201cno se cumple en el sub-lite con el presupuesto de la acci\u00f3n reivindicatoria\u201d derecho de dominio o cualquier otro derecho real principal en el demandante que no se encuentre en posesi\u00f3n del mismo. <\/p>\n
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EL RECURSO DE CASACION <\/p>\n
Dentro del \u00e1mbito de la causal primera de casaci\u00f3n, un \u00fanico cargo formula la parte recurrente contra la sentencia del Tribunal, el cual hace consistir en quebranto indirecto, por aplicaci\u00f3n indebida \u201cde los art\u00edculos 950 del C\u00f3digo Civil Colombiano y 61 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, titulado CANCELACION DE REGISTROS OBTENIDOS FRAUDULENTAMENTE…\u201d; cargo que explica en los t\u00e9rminos siguientes: <\/p>\n
A manera de introducci\u00f3n, comienza por expresar que \u201cEs de la naturaleza, de la acci\u00f3n reivindicatoria que puede reivindicar quien tiene la PLENA PROPIEDAD, de conformidad con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 950 del C\u00f3digo Civil Colombiano\u201d, para lo cual es indispensable demostrar los presupuestos que la configuran, cuestiones que desconoci\u00f3 el Tribunal, lo cual lo llev\u00f3 a abstenerse \u201cde analizar el contenido de la acci\u00f3n, por faltar uno de sus elementos respecto del demandante por no ostentar ning\u00fan derecho real principal ni dominio sobre el bien que se pretende reivindicar\u201d. <\/p>\n
Advierte que el actor \u201cs\u00ed tiene un derecho real sobre el fundo SAN JOSE, representado en la plena propiedad que incluye el de DOMINIO, derecho que no le puede ser negado porque se estar\u00edan vulnerando sus derechos fundamentales que le corresponden constitucionalmente como ciudadano colombiano…Al no reconocerle al demandante el derecho real de PLENA PROPIEDAD, el HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNDINAMARCA, tambi\u00e9n le est\u00e1 violando el derecho de defensa\u201d. <\/p>\n
Enseguida la censura sienta estos asertos: <\/p>\n
a) Que el Tribunal ignor\u00f3 que con la demanda se present\u00f3 la prueba que acredita el derecho real que detenta el demandante sobre el bien materia de la controversia \u201cconsistente en la PLENA PROPIEDAD, seg\u00fan la Escritura P\u00fablica n\u00famero 504 de fecha veintis\u00e9is (26) de noviembre de mil novecientos setenta y seis (1976) otorgada en la Notar\u00eda Unica del C\u00edrculo de SAN MARTIN, departamento del META, que fue debidamente registrada en la oficina del ramo del municipio de FACATATIVA (Cundinamarca) a folio n\u00famero 156-0001144.- La tradici\u00f3n de la finca SAN JOSE se remonta al a\u00f1o de mil novecientos cincuenta y uno (1951)\u201d. <\/p>\n
b) Que el sentenciador al pasar por alto las pruebas que acreditan el derecho real de dominio del demandante \u201chizo nugatorio su derecho, siendo injusta e inequitativa la sentencia\u2026En consecuencia, s\u00ed existe el elemento alusivo al derecho real que debe tener el demandante sobre la cosa, para poder reivindicarla, demostrando dentro del proceso el derecho real representado en la PLENA PROPIEDAD, concurriendo as\u00ed el elemento que afirma el fallador no se da en este asunto\u201d. <\/p>\n
c) Que el ad-quem, se \u201cinhibi\u00f3 tambi\u00e9n de reparar en las pruebas que confirman clara y di\u00e1fanamente que el lote SAN JOSE, no es BALDIO y que el demandado se vali\u00f3 de enga\u00f1os y maniobras fraudulentas para lograr que esa entidad del Estado, le titulara esa heredad\u2026\u201d, pruebas consistentes en: <\/p>\n
\u201cEscritura P\u00fablica n\u00famero 504 de fecha noviembre veintis\u00e9is (26) de mil novecientos setenta y seis (1976), debidamente registrada, (folios 37 y siguientes cuaderno principal). <\/p>\n
\u201cCertificado de Registro de la Escritura antes anotada con folio de matr\u00edcula inmobiliaria de la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos del municipio de FACATATIVA, n\u00famero 1560001144, en donde la tradici\u00f3n del predio SAN JOSE, como propiedad privada viene desde el a\u00f1o de mil novecientos cincuenta y uno (1951), con antelaci\u00f3n de veintis\u00e9is (26) a\u00f1os a la llegada del predio del demandado. (folio 40). <\/p>\n
\u201cInterrogatorio de parte, absuelto por el demandado ante un Juzgado de la Rep\u00fablica de COLOMBIA, bajo la gravedad del juramento. En dicha diligencia, el demandado reconoce que el predio SAN JOSE, es de propiedad privada y que su due\u00f1o es el demandante, aceptando a su vez, la condici\u00f3n de arrendatario del bien inmueble que ocupa (folios 153 y siguientes cuaderno principal). <\/p>\n
\u201cPromesa de Compraventa, sobre dos (2) derechos del lote SAN JOSE, celebrada entre el demandado ALVARO ORJUELA BERMUDEZ y las se\u00f1oras ELVIRA ALDANA DE GARCIA y MARIA ESTHER ALDANA DE BERNAL, con fecha enero dos (2) de mil novecientos ochenta y dos (1982). En este documento, el demandado manifiesta que el propietario de SAN JOSE, es el demandante MIGUEL ANTONIO ALDANA BERMUDEZ, en su cl\u00e1usula quinta consign\u00f3 que acudir\u00eda ante autoridad competente para que el demandante le hiciera la Escritura P\u00fablica respectiva. Ese contrato, fue aportado por el demandado al proceso que por FRAUDE PROCESAL, le sigui\u00f3 el demandante con ocasi\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n de la finca SAN JOSE, en el Juzgado 1\u00b0 de Instrucci\u00f3n Criminal del municipio de FACATATIVA (CUNDINAMARCA).- (folios 299 y siguientes). <\/p>\n
\u201cActa de solicitud de Adjudicaci\u00f3n del lote SAN JOSE, de fecha marzo veinticinco (25) de mil novecientos ochenta y tres (1983), por medio de la cual se inici\u00f3 el tr\u00e1mite administrativo ante el INCORA, por parte del demandado para lograr la titulaci\u00f3n de la cosa que se pretende reivindicar. All\u00ed, adujo bajo la gravedad del juramento que SAN JOSE, era bald\u00edo y que llevaba diez (10) a\u00f1os como poseedor y explot\u00e1ndolo econ\u00f3micamente, cuando hab\u00eda llegado en mil novecientos setenta y siete (1977), es decir, hac\u00eda seis (6) a\u00f1os. (folio 3\u00b0 cuaderno principal). <\/p>\n
\u201cCertificado de Registro con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 156.0026406, de la oficina del municipio de FACATATIVA, matr\u00edcula que abri\u00f3 el demandado para registrar la Resoluci\u00f3n n\u00famero 944 de octubre veinticinco de mil novecientos ochenta y tres (1983). (folio 41). <\/p>\n
\u201cProceso Penal instaurado por el demandante contra el demandado que curs\u00f3 en el Juzgado 1\u00b0 de Instrucci\u00f3n Criminal de FACATATIVA (Cundinamarca), quien denunci\u00f3 al se\u00f1or ALVARO ORJUELA BERMUDEZ, por el delito de FRAUDE PROCESAL, cometido por \u00e9l al hacerse titular la finca SAN JOSE, a sabiendas de que era propiedad privada, que pertenec\u00eda al demandante MIGUEL ANTONIO ALDANA BERMUDEZ, que no lo hab\u00eda explotado econ\u00f3micamente y que no era de car\u00e1cter bald\u00edo, enga\u00f1ando en esa forma al INCORA, para que le titulara la finca que era de su primo hermano el demandante y conoc\u00eda de antemano por ese hecho y por el de ser arrendatario no era de car\u00e1cter bald\u00edo\u201d. <\/p>\n
d) Que en las anteriores pruebas \u201cest\u00e1 condensada la conducta dolosa y de mala fe del demandado\u201d, que al no examinarlas el Tribunal \u201cpermiti\u00f3 que el demandado tuviera como t\u00edtulo del predio SAN JOSE, la ejecuci\u00f3n de un hecho punible que afecta a la administraci\u00f3n de justicia como es el FRAUDE PROCESAL\u201d, pruebas que \u201csi las hubiera apreciado su conclusi\u00f3n ser\u00eda diferente dando aviso de oficio a la justicia penal al funcionario competente para que procediera a dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 61 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal titulado \u201cCANCELACION DE REGISTROS OBTENIDOS FRAUDULENTAMENTE\u201d, error que tuvo incidencia en la sentencia, pues de no haberse presentado \u201cen lugar de inhibirse de estudiar los elementos de toda la acci\u00f3n, las pretensiones del demandante hubieran sido acogidas\u2026\u201d. <\/p>\n
e) Que el Tribunal presume la autenticidad del t\u00edtulo expedido por el INCORA \u201cen cuanto fue otorgado por una entidad oficial\u201d, no obstante ser fraudulento por haberlo adquirido el actor \u201cmediante la comisi\u00f3n de un delito de fraude procesal\u201d. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El entendimiento que ofrece la proposici\u00f3n y sustentaci\u00f3n del cargo \u00fanico, permite ver que \u00e9l contiene acusaciones que han debido formularse por separado y que, por lo tanto, debe la Corte decidir sobre ellas como si se hubiesen invocado o propuesto en distintos cargos, de conformidad con lo previsto en la regla 2\u00aa. del art\u00edculo 51 del Decreto 2651 de 1991, cuya vigencia ha prorrogado el legislador sucesivamente. <\/p>\n
En efecto, desde dos \u00e1ngulos diversos perfectamente definibles y delimitables, se acusa en un solo cargo la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, como consecuencia de haberle negado al demandante la reivindicaci\u00f3n reclamada con apoyo en que no comporta la calidad de due\u00f1o del inmueble disputado, presupuesto indispensable de la acci\u00f3n de dominio a t\u00e9rminos de lo que disponen los art\u00edculos 946 y 950 del C.C., como enseguida pasa a verse: <\/p>\n
1.1.- De un lado, se encuentra la acusaci\u00f3n destinada a afirmar y sustentar la infracci\u00f3n de las normas reguladoras de la acci\u00f3n reivindicatoria, por la v\u00eda indirecta, es decir el ataque en casaci\u00f3n se despliega sobre la base de atribuirle al sentenciador errores evidentes de hecho en su apreciaci\u00f3n probatoria, errores que lo condujeron, en sentir de la censura, a desconocer las demostraciones sobre la calidad de due\u00f1o invocada por el demandante, aspecto en el cual se desarrolla buena parte del cargo. <\/p>\n
1.2.- De otro lado, de manera menos extensa pero en todo caso exponiendo la fundamentaci\u00f3n precisa de la acusaci\u00f3n, se le enrostra al sentenciador el haber violado derechamente la ley sustancial en punto de la acci\u00f3n reivindicatoria, como consecuencia de una equivocada determinaci\u00f3n de los efectos jur\u00eddicos atribuidos por el fallo a hechos que encontr\u00f3 demostrados. <\/p>\n
2.- Avocada consecuentemente la Corte a tener que decidir por separado sobre cada una de las preanotadas acusaciones como lo impone el legislador, a ello se dispondr\u00e1 en los p\u00e1rrafos subsiguientes, s\u00f3lo que por ser la segunda de ellas la llamada a prosperar, ser\u00e1 del despacho de esta de la que se ocupe la Sala con exclusividad. <\/p>\n
La acusaci\u00f3n por v\u00eda directa -se reitera-est\u00e1 planteada por el recurrente sobre la base de los siguientes asertos: <\/p>\n
El demandante se\u00f1or MIGUEL ANTONIO ALDANA BERMUDEZ si (sic) tiene un derecho real sobre el fundo San Jos\u00e9, representado en la plena propiedad que incluye el DOMINIO, derecho que no le puede ser negado porque se estar\u00edan vulnerando sus derechos fundamentales que le corresponden constitucionalmente como ciudadano colombiano. <\/p>\n
\u201cAl no reconocerle al demandante el derecho real de PLENA PROPIEDAD, el Honorable Tribunal Superior de Cundinamarca, tambi\u00e9n le est\u00e1 violando el derecho de defensa…\u201d. <\/p>\n
3.- La labor hermen\u00e9utica ha sido una preocupaci\u00f3n constante de la disciplina jur\u00eddica, pues la aplicaci\u00f3n del derecho supone como norma fundamental la cabal comprensi\u00f3n del ordenamiento positivo a cuya cabeza se encuentra la Constituci\u00f3n. Esta pauta interpretativa adquiere especial importancia trat\u00e1ndose de la aplicaci\u00f3n de la ley, porque estando estructurado el sistema jur\u00eddico sobre la base de una organizaci\u00f3n jerarquizada, \u00e9sta debe consultar las pautas de orientaci\u00f3n general trazadas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, de la que emanan todas las dem\u00e1s normas de derecho; de donde el acierto en la aplicaci\u00f3n de la ley est\u00e1 determinado entre otras cosas por el que una tarea de esa \u00edndole se lleve a cabo con apego a ese estatuto superior, de cuya interpretaci\u00f3n depender\u00e1 a su turno el que pueda tom\u00e1rsele como norma jur\u00eddica de actuaci\u00f3n directa y como pauta formal y material para la aplicaci\u00f3n del ordenamiento en su conjunto. Dicho en otras palabras, la Constituci\u00f3n, en virtud de la supremac\u00eda que le es inherente seg\u00fan los t\u00e9rminos de su Art. 4\u00b0, representa de suyo el contexto obligado al que ha de referirse cualquier proceso intelectual de aplicaci\u00f3n de las leyes, luego es deber prioritario de jueces y magistrados ejercer la funci\u00f3n jurisdiccional de la que son titulares de conformidad con los valores y principios de rango constitucional que la Carta Pol\u00edtica reconoce y consagra; no es este principio, entonces, un criterio m\u00e1s de interpretaci\u00f3n normativa que se sume en el mismo plano a los de tipo literal, l\u00f3gico, sistem\u00e1tico e hist\u00f3rico previstos en el Cap\u00edtulo Cuarto del T\u00edtulo Preliminar del C\u00f3digo Civil, sino que para decirlo mediante la expresi\u00f3n utilizada por autorizados expositores, es una \u201cdirectiva preferente\u201d que exige por su propia \u00edndole, un alto grado de cuidadosa atenci\u00f3n de la Constituci\u00f3n en las operaciones herm\u00e9neuticas que en las sentencias por \u00e9llos proferidas lleven a cabo aquellos funcionarios, imponiendo por lo tanto la selecci\u00f3n, entre las varias alternativas hermen\u00e9uticas posibles de uno o varios preceptos frente a las particularidades de cada caso, aquella que mejor encaje con esos valores y principios constitucionales, regla esta que cobra todav\u00eda mayor sigfnificaci\u00f3n cuando lo que est\u00e1 en juego es la vigencia de los que se denominan gen\u00e9ricamente derechos fundamentales y libertades p\u00fablicas. <\/p>\n
As\u00ed, pues, hoy no admite duda, con miras a la aplicaci\u00f3n de la ley, que \u00e9sta debe estar en perfecta armon\u00eda con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, entendida esta \u00faltima con una dimensi\u00f3n que trascienda el car\u00e1cter jur\u00eddico formal, es decir que esa aplicaci\u00f3n debe consultar la fuerza normativa del ordenamiento superior en punto a principios, derechos y garant\u00edas consagrados en ella; de manera que al hacerla actuar (la ley) el operador judicial sea consciente que es deber ineludible suyo el de garantizar la vigencia del orden jur\u00eddico justo, como lo reclama el propio pre\u00e1mbulo de la Carta; labor esa que, consecuentemente, lo llevar\u00e1 de paso a ser certero al hacer uso de los preceptos que le est\u00e1n subordinados. <\/p>\n
De manera que si la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica reclama en la actualidad una aplicaci\u00f3n legal que consulte su valor normativo y no meramente organicista, y si constituye as\u00ed mismo afirmaci\u00f3n apod\u00edctica la de que el orden legal debe estar en consonancia con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica dado el sistema piramidal en el que se estructura el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, cuando el juzgador aplica las normas sustanciales contenidas en la ley sin tomar las previsiones que se imponen para mantener la correspondencia entre \u00e9sta y la carta pol\u00edtica, produce un dislocamiento del andamiaje jur\u00eddico en que se asienta el correspondiente derecho legal. <\/p>\n
N\u00f3tase adem\u00e1s, que por mandato del citado art\u00edculo 4\u00b0 superior \u201cEn todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la Ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales\u201d; mandato que tras establecer una actuaci\u00f3n preferente de la norma constitucional sobre la simplemente legal que la contrar\u00ede, consagra muy especialmente el postulado de la aplicaci\u00f3n \u201cdirecta\u201d de dicha norma, lo cual significa que los administradores de justicia, al hacer actuar la ley, deber\u00e1n cerciorarse de su conformidad con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, de manera tal que si advierten contradicci\u00f3n con ella no s\u00f3lo deben abstenerse de aplicarla sino de hacer valer en cambio el respectivo precepto superior. Los jueces no pueden desentenderse entonces, se puntualiza una vez m\u00e1s, de la conformidad que debe tener con la Constituci\u00f3n el resultado a que conduce la aplicaci\u00f3n que en la sentencia hagan de disposiciones de rango inferior, so pena de infringir el principio de la supremac\u00eda constitucional, y en consecuencia, abrirle paso al recurso de casaci\u00f3n por violaci\u00f3n directa de normas sustanciales, para lo que basta la simple enunciaci\u00f3n del principio, regla o postulado contenido en aquellas o que les infunde su raz\u00f3n de ser, por lo que no es preciso, en el plano de que se trata, el se\u00f1alamiento del n\u00famero que identifica, en la codificaci\u00f3n superior, aquellas disposiciones. <\/p>\n
4.- En este orden de ideas, es de ver que al tenor del art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u201cSe garantiza la propiedad privada y los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles\u201d, por los cuales ha dicho la Corte deben entenderse \u201c…aquellas situaciones individuales y subjetivas que han creado y definido bajo el imperio de una ley, y que por lo mismo han creado a favor de sus titulares un cierto derecho que debe ser respetado…\u201d (sentencia de 17 de marzo de 1977). <\/p>\n
5.- En el caso de este proceso, el reproche que le hace el censor a la sentencia impugnada consiste en haber desconocido el derecho de propietario del demandante consistente protegido, como consecuencia de haberle dado el Tribunal pleno valor jur\u00eddico a la Resoluci\u00f3n de Adjudicaci\u00f3n del INCORA expedida en favor del demandado, pues de estarse a las consideraciones en que dicho fallo se asienta, la mediaci\u00f3n de un acto administrativo de esa naturaleza en litigio judicial en el que se disputa el derecho de dominio, trae consigo de manera inevitable para el Juez llamado a componerlo, el entender que el resultado de la decisi\u00f3n no puede ser otro que el de inclinarse necesariamente en favor del adjuticatario, del mismo, porque ante la presencia de dicho acto y mientras conserve su eficacia no puede haber otro t\u00edtulo oponible de propiedad que valga ante la ley. <\/p>\n
En efecto, para despachar adversamente la pretensi\u00f3n reivindicatoria, el Tribunal se apoy\u00f3 b\u00e1sicamente en que \u201cno se cumple en el sub-lite con el presupuesto de la acci\u00f3n reivindicatoria \u2018Derecho de dominio o cualquier otro derecho real principal en el demandante que no se encuentre en posesi\u00f3n del mismo\u2019…\u201d, por cuanto el predio que se pretende reivindicar, fue adjudicado al demandado Alvaro Orjuela Berm\u00fadez por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, -INCORA-, mediante resoluci\u00f3n debidamente inscrita en el registro inmobiliario, acto administrativo que \u201ces t\u00edtulo que acredita la plena propiedad del fundo\u201d, sin que pudiera por eso dejar \u201csin efectos el t\u00edtulo presentado por la parte pasiva\u201d, en tanto siendo el adjudicatario titular del dominio, la pretensi\u00f3n del demandante no pod\u00eda alcanzar el resultado favorable esperado. <\/p>\n
As\u00ed, agrega el Tribunal que \u201cpara pedir la reivindicaci\u00f3n era necesario impugnar… la resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n, t\u00e9cnica forma de hacerle perder eficacia al acto administrativo\u201d en cuesti\u00f3n; y as\u00ed se deduce adem\u00e1s del hecho de haberle impartido aprobaci\u00f3n total a la sentencia del a-quo en la que, para sostener el mismo criterio, \u00e9ste hizo ver previamente c\u00f3mo \u201csi bien es cierto el demandante aport\u00f3 la escritura p\u00fablica N\u00b0 504 del 26 de noviembre de 1976…no es menos cierto que este mismo inmueble fue adjudicado al demandado…por el Instituto de la Reforma Agraria INCORA…\u201d (folio 510 cuad. 1) <\/p>\n
Al decidir en la forma en que lo hizo, el Tribunal condicion\u00f3 entonces la procedencia de la acci\u00f3n reivindicatoria aqu\u00ed incoada a la previa descalificaci\u00f3n por v\u00eda contencioso administrativa de la Resoluci\u00f3n de Adjudicaci\u00f3n, pues en su concepto esto \u201cera necesario\u201d por ser la \u201c\u00fanica forma de hacerle perder su eficacia al acto administrativo\u201d, agregando que al no mediar la invalidez o ineficacia del acto de adjudicaci\u00f3n, era el adjudicatario el \u00fanico titular de dominio en el proceso. <\/p>\n
Para dar relievancia sustancial exclusiva a la resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n emanada del INCORA, el ad-quem asever\u00f3 que \u201cal dejar esta Sala sin efectos el t\u00edtulo presentado por la parte pasiva, estar\u00edamos invadiendo \u00e1reas correspondientes a la jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, \u00fanica competente para revisar la legalidad del acto administrativo que adjudic\u00f3 el bald\u00edo, luego no le corresponde a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, como lo pretende el apelante, dejar sin efecto la resoluci\u00f3n tantas veces citada\u201d, resoluci\u00f3n que por ende debe presumirse aut\u00e9ntica y constituye el \u00fanico t\u00edtulo representativo de dominio. <\/p>\n
6.- Al decidir como acaba de indicarse el Juzgador ad-quem incurri\u00f3 en el error jur\u00eddico que le atribuye la censura, atendidas las siguientes consideraciones: <\/p>\n
6.1.- Al tenor del art\u00edculo 946 del C.C. la acci\u00f3n reivindicatoria es por definici\u00f3n \u201cla que tiene el propietario de una cosa singular, de que no est\u00e1 en posesi\u00f3n, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla\u201d, lo que ha llevado a la Corte a sostener en reiterada y constante jurisprudencia que \u201ctoda acci\u00f3n de dominio se plantea sobre la situaci\u00f3n jur\u00eddica que establece el art\u00edculo 762 del C.C. y tiene por objeto destruir probatoriamente la presunci\u00f3n que ella otorga…\u201d (sent. 17 de diciembre de 1947, G.J. LXIII, p\u00e1g. 631; 19 de noviembre de 1948, G.J. LXIV, p\u00e1g. 801; y 2 de junio de 1958, G.J. LXXX VIII, P\u00e1g. 65); y a exponer as\u00ed mismo que \u201cA quien alega el dominio como base de reivindicaci\u00f3n, le basta presentar t\u00edtulos anteriores a la posesi\u00f3n del demandado, no contrarrestados por otros que demuestren igual o mejor derecho del poseedor no amparado por prescripci\u00f3n. La presunci\u00f3n de dominio establecida por el art\u00edculo 762 del C.C., desaparece en presencia de un t\u00edtulo anterior de propiedad que contrarreste la posesi\u00f3n material, pues el poseedor queda entonces en el caso de exhibir otro t\u00edtulo que acredite un derecho igual o superior al del actor\u201d (casaci\u00f3n de 24 de junio de 1950, G.J.LXVII, p\u00e1g. 417; 23 de septiembre de 1950, LXVIII, P\u00e1g. 100; 18 de junio de 1958, G.J. LXXXVIII, p\u00e1g. 192, entre otras). <\/p>\n
Como se observa, la acci\u00f3n reivindicatoria supone invariablemente la confrontaci\u00f3n de un t\u00edtulo con una posesi\u00f3n, sea que esta \u00faltima est\u00e9 a su turno amparada o no en un t\u00edtulo similar, confrontaci\u00f3n que corresponde hacer sin excepci\u00f3n al Juez en orden a determinar cu\u00e1l de los litigantes tiene un derecho prevalente, y no es verdad que aquel est\u00e9 relevado de actuar de ese modo en frente de un t\u00edtulo determinado del opositor, porque tal l\u00edmite de actividad no lo ha impuesto el ordenamiento jur\u00eddico. Con raz\u00f3n ha dicho entonces esta Sala al cumplir con su misi\u00f3n de interpretar y aplicar la ley, que \u201cun demandado en reivindicaci\u00f3n bien puede suceder que tenga un t\u00edtulo justo y posesi\u00f3n regular, y ser vencido, sin embargo, en un juicio de dominio, porque el reivindicador opuso a este t\u00edtulo otro que prevalec\u00eda…\u201d (Casaci\u00f3n de 30 de junio de 1931, G.J. XXXIX, p\u00e1g. 160), y as\u00ed mismo que \u201cCuando el poseedor adem\u00e1s de ampararse en su posesi\u00f3n presenta un t\u00edtulo inscrito, entonces surge el problema de confrontar el del demandante con los del demandado para determinar a cual de ellos asiste mejor derecho. Mas en este caso tambi\u00e9n la posesi\u00f3n material juega primordial papel, porque entonces los t\u00edtulos del demandante deben comprender un per\u00edodo mayor que el de la posesi\u00f3n del demandado. Cuando los t\u00edtulos de este y lo mismo su posesi\u00f3n son de fecha posterior a los del demandante, la acci\u00f3n de este prospera; pero al contrario, cuando el t\u00edtulo inscrito del demandado es anterior al del demandante, la petici\u00f3n reivindicatoria de este no puede triunfar\u201d (sent. de 6 de mayo de 1953, G.J. LXXV, p\u00e1g. 35). <\/p>\n
De ah\u00ed precisamente que cuando en un proceso reivindicatorio con las caracter\u00edsticas poco frecuentes que ofrece el que ahora se estudia, se enfrenta el due\u00f1o demandante con una resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n emanada del Estado en la que apoya el demandado su oposici\u00f3n, no es acertado sostener como lo pregona el ad-quem, en una generalizaci\u00f3n a todas luces inaceptable, que el Juez ordinario est\u00e9 imposibilitado jur\u00eddicamente para efectuar la pertinente confrontaci\u00f3n que por mandato legal le corresponde hacer seg\u00fan qued\u00f3 visto a espacio en las l\u00edneas precedentes, pues no s\u00f3lo no hay en principio ning\u00fan obst\u00e1culo legal que impida realizar esa actividad, sino que ella es imprescindible si por efecto de atribuirle m\u00e9rito preponderante a la adjudicaci\u00f3n que, en concepto de ser bald\u00edo, hizo el Estado respecto de un bien ra\u00edz determinado, ello implica sacrificar en forma definitiva y por fuera del marco de legitimidad que para tal fin representa la garant\u00eda expropiatoria consagrada en el Art. 58 inciso 4 de la Constituci\u00f3n Nacional, un derecho de propiedad particular que tiene por objeto el mismo predio y cuya existencia qued\u00f3 demostrada a cabalidad en el proceso. <\/p>\n
Es errado entonces sostener, como lo hace el Tribunal, que en ning\u00fan caso cabe cotejar el t\u00edtulo de propiedad que exhibe el reivindicante con una resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n de bald\u00edo expedida por el Estado en que se ampara el demandado; y m\u00e1s aseverar as\u00ed mismo, en la forma en que tambi\u00e9n lo hace el ad quem, que por tal motivo hay que desconocerle \u201cper se\u201d a aqu\u00e9l su aptitud legal para rivalizar con \u00e9ste, o lo que es lo mismo asignarle al \u00faltimo una supremac\u00eda sustancial frente a todo dominio anterior. Se reitera que en parte alguna del ordenamiento jur\u00eddico est\u00e1 previsto el valor preferente o exclusivo que tienen por si mismas las resoluciones de adjudicaci\u00f3n de bald\u00edos sobre los t\u00edtulos de propiedad de \u00edndole similar al que estos autos trajo el actor, por lo cual es indispensable que el Juez ordinario, una vez efect\u00fae la correspondiente confrontaci\u00f3n mediante el an\u00e1lisis global del acervo probatorio, no antes, se pronuncie sobre la prelaci\u00f3n de unos sobre otros. Y a\u00fan cuando nada se opone en verdad a que finalmente pueda resultar ganancioso el litigante beneficiado por la resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n, si es necesario hacer \u00e9nfasis en que ello en ning\u00fan caso podr\u00e1 darse sino como fruto del an\u00e1lisis de la realidad procesal concreta que haya tenido ante s\u00ed el Juzgador. <\/p>\n
Y menos a\u00fan comparte la Corte la afirmaci\u00f3n del Tribunal seg\u00fan la cual darle prelaci\u00f3n a un t\u00edtulo como al que a estos autos trajo el actor por encima de la resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n esgrimida por el demandado, es tanto como invadir la esfera de atribuciones otorgada por la ley a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, pues con tal proceder no se invalida ni declara ineficaz como con alcance general recurrir\u00eda en ese orden jurisdiccional, sino que simplemente se define el litigio por el Juez competente mediante la pertinente declaraci\u00f3n de prevalencia de un t\u00edtulo sobre otro, cuyos efectos son obviamente relativos y est\u00e1n limitados por ello al proceso reivindicatorio mismo, descalificaci\u00f3n que en ese caso se hace absolutamente necesaria si por obra de un imperativo superior de rango constitucional, las circunstancias obligan a impedir que el dominio y el poder de persecuci\u00f3n sobre la cosa que le es inherente, no resulten inoperantes. <\/p>\n
Orientada por los mismos criterios, expuso la Corte en proceso en el que el contrato por el cual la cosa reivindicada le era inoponible al reivindicante actor, que \u201cParece que el recurrente quisiera indicar que es indispensable, para que prospere una acci\u00f3n reivindicatoria, demandar la nulidad del contrato por el cual la cosa que se reivindica fue enajenada. Esta aserci\u00f3n no puede sostenerse en derecho colombiano, porque si bien el art\u00edculo 1784 (se refiere al 1748, se agrega) da acci\u00f3n reivindicatoria cuando se pronuncia la nulidad, cierto es tambi\u00e9n que la acci\u00f3n de reivindicaci\u00f3n puede intentarse sin demandar la nulidad del respectivo contrato, porque en esta acci\u00f3n se comparan t\u00edtulos y de esa comparaci\u00f3n resulta la preferencia o prevalencia de unos sobre otros. Si prevalecen los del demandante la acci\u00f3n prospera, si los del demandado, se le absuelve de los cargos de la demanda, sin necesidad de establecer acci\u00f3n de nulidad, que difiere esencialmente, por sus caracteres intr\u00ednsecos de la acci\u00f3n reivindicatoria\u201d (Sent. 24 de marzo de 1942, (G.J. N\u00b0 1948, p\u00e1g. 267). <\/p>\n
La misma l\u00ednea de pensamiento sostuvo posteriormente la Sala en sentencia de 21 de abril de 1954, al aseverar: \u201cEl papel del Juzgador en el Juicio sobre reivindicaci\u00f3n no se limita a la simple comparaci\u00f3n de los requisitos formales externos de las escrituras presentadas por las partes; pues, para decidir qu\u00e9 t\u00edtulos de dominio tienen preferencia, debe examinar la validez y eficacia de los actos jur\u00eddicos que constan en esas escrituras, a fin de saber si ellos son constitutivos, traslaticios o declarativos de dominio a favor de quien los invoca y qu\u00e9 valor relativo tienen esos actos jur\u00eddicos frente a los que la contraparte invoque y pruebe a su favor. Esta es la doctrina que ha sostenido la Corte (…). Por lo dem\u00e1s, en el presente juicio no se trata, como ya se vio atr\u00e1s, de que los t\u00edtulos exhibidos por la parte demandada sean nulos sino de que con ellos no se le trasmiti\u00f3 el dominio de las cuotas reivindicatorias. Pero, aun cuando lo fueron, lo cierto es que no se necesita, para que prospere una acci\u00f3n reivindicatoria, demandar expresa o previamente la nulidad del acto por el cual la cosa que se reivindica fue enajenada. Si ese acto se invoca, por alguna de las partes, como t\u00edtulo de dominio en la reivindicaci\u00f3n, el Juez no puede abstenerse de deducir sobre su validez o invalidez, sobre su eficacia e ineficacia relativamente a los t\u00edtulos invocados por la contraparte\u201d (G.J. Tomo LXXVII, P\u00e1g. 388). <\/p>\n
De consiguiente, aun dejando inc\u00f3lume la validez de la Resoluci\u00f3n tantas veces mencionada, queda claro que el Tribunal debi\u00f3 hacer la confrontaci\u00f3n reclamada, reparando en el origen de los t\u00edtulos enfrentados y verificando la conformidad del enunciado decisorio central en el que apoy\u00f3 su sentencia, con el postulado constitucional en virtud del cual se protege la propiedad privada adquirida con arreglo a las leyes civiles. <\/p>\n
6.2.- Con algunas excepciones que m\u00e1s adelante se concretar\u00e1n, la tendencia del legislador patrio ha sido la de proteger el derecho de terceros frente a las adjudicaciones de predios rurales hechas por el Estado, como lo demuestran los antecedentes que a continuaci\u00f3n se mencionan: <\/p>\n
6.2.1- El art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 48 de 1882 consagr\u00f3 en su momento que \u201cEn toda adjudicaci\u00f3n de tierras, por cualquier t\u00edtulo que ella se haga, se entender\u00e1n expresamente salvados los derechos de propiedad de los ocupantes, los cuales ser\u00e1n amparados contra los adjudicatarios, en los t\u00e9rminos de la presente Ley\u201d. <\/p>\n
6.2.2.- El C\u00f3digo Fiscal (ley 110 de 1912) regul\u00f3 posteriormente todo lo atinente a la adjudicaci\u00f3n de bald\u00edos dejando tambi\u00e9n a salvo los derechos del tercero propietario, al disponer en su art\u00edculo 47 que: el Estado no garantiza la calidad de los bald\u00edos que adjudica; que por consiguiente no est\u00e1 sujeto al saneamiento \u201cde la propiedad que transfiera en las adjudicaciones\u201d; que las inexactitudes contenidas en las peticiones de adjudicaci\u00f3n de bald\u00edos lo mismo que en los planos levantados con tal prop\u00f3sito \u201csolo perjudican a los peticionarios y a sus causahabientes\u201d; y que la \u201cadjudicaci\u00f3n en ning\u00fan caso perjudica a terceros, y deja a salvo los derechos de los cultivadores o colonos\u201d. <\/p>\n
6.2.3.- El par\u00e1grafo del art\u00edculo 10 de la ley 71 de 1917 complement\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho de terceros al disponer que \u201c…deber\u00e1 reconocerse y respetarse en la adjudicaci\u00f3n o entrega de terrenos denunciados como bald\u00edos, el derecho del propietario o del adjudicatario que presente, debidamente arreglados, sus correspondientes t\u00edtulos de dominio, si estos no han sido declarados judicialmente nulos\u201d; para lo cual el art\u00edculo 2\u00b0 de la ley 97 de 1946 previ\u00f3 la oportunidad en que aquellos deb\u00edan oponerse a la adjudicaci\u00f3n. <\/p>\n
6.2.4 Sin embargo, como de conformidad con la normatividad en cita, las resoluciones de adjudicaci\u00f3n de bald\u00edos ninguna seguridad ofrec\u00edan a las entidades de cr\u00e9dito que recib\u00edan esos bienes en garant\u00eda y a menudo ve\u00edan c\u00f3mo debido a la mencionada protecci\u00f3n legal a terceros \u00e9stos triunfaban en sus reclamaciones con el consiguiente perjuicio resultante para ellas, el legislador patrio -para acallar la inconformidad de esas entidades que no encontraban un \u201ct\u00edtulo firme\u201d en las adjudicaciones y para conjurar, as\u00ed mismo, las consecuencias negativas que de all\u00ed pudieran derivarse para la actividad productiva de la Naci\u00f3n-, estableci\u00f3 una garant\u00eda adicional para determinadas resoluciones de adjudicaci\u00f3n y en favor del adjudicatario en tanto dispuso en el art\u00edculo 6\u00b0 de la ley 97 de 1946 \u201cPres\u00famese de derecho que todo terreno adjudicado por el Estado ha sido bald\u00edo, cuando la resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n haya tenido como base una explotaci\u00f3n con cultivos o establecimiento de ganados por un per\u00edodo no menor de cinco a\u00f1os con anterioridad a la fecha de la adjudicaci\u00f3n…\u201d; a lo cual agreg\u00f3 que \u201cla presunci\u00f3n de derecho que aqu\u00ed se consagra, no surtir\u00e1 efectos contra terceros sino despu\u00e9s de un a\u00f1o, a partir de la fecha de la inscripci\u00f3n de la providencia de adjudicaci\u00f3n en la oficina de registro competente…\u201d. <\/p>\n
En armon\u00eda con aquello, el art\u00edculo 8 de la misma ley orden\u00f3 a los institutos oficiales o semioficiales de cr\u00e9dito, aceptar \u201ccomo legalmente v\u00e1lidos los t\u00edtulos de adjudicaci\u00f3n que est\u00e9n amparados por la presunci\u00f3n de derecho, de que trata la presente ley\u201d; y el art\u00edculo 8\u00b0 del Decreto 547 de 1947 (reglamentario de la ley 97 de 1946) pas\u00f3 a se\u00f1alar que \u201cEn la parte motiva de las resoluciones de adjudicaci\u00f3n deber\u00e1n analizarse ampliamente las pruebas allegadas sobre la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del predio, t\u00e9rmino de ella y la fuerza de convicci\u00f3n que le merezcan al ministerio para efectos de la presunci\u00f3n consagrada por el art\u00edculo 6\u00b0 de la ley que se reglamenta\u201d; y que \u201cEn la parte resolutiva debe hacer la declaraci\u00f3n de si la adjudicaci\u00f3n queda o no amparada por la presunci\u00f3n, especificando que \u00e9sta no surtir\u00e1 efectos contra terceros sino pasado un a\u00f1o a partir de la fecha de inscripci\u00f3n de la resoluci\u00f3n en la respectiva oficina de registro\u201d. <\/p>\n
6.2.5.- Hoy, pues, si bien gozan de protecci\u00f3n razonable los derechos de terceros frente a las resoluciones de adjudicaci\u00f3n expedidas por el Estado, no puede perderse de vista que la limitaci\u00f3n impuesta a esos derechos por el art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 97 de 1946 debe aplicarse de acuerdo en un todo con las finalidades de inter\u00e9s general en que esta \u00faltima norma se inspira, esto es, con sujeci\u00f3n a las pautas y prop\u00f3sitos all\u00ed perseguidos por el legislador, lo que obliga a admitir que a\u00fan despu\u00e9s del a\u00f1o de producido el registro de la resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n en la oficina competente, la fuerza de la presunci\u00f3n de derecho en ella contenida de ser bald\u00edo el bien adjudicado descansa por l\u00f3gica en que la expedici\u00f3n del acto administrativo en referencia no sea producto de maniobras abusivas o fraudulentas que de consumarse con la bendici\u00f3n aparente de la ley, dar\u00edan lugar al enriquecimiento sin causa del adjudicatario a costa de los derechos del leg\u00edtimo propietario. <\/p>\n
Por eso es preciso puntualizar que no toda resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n est\u00e1 amparada con la presunci\u00f3n de derecho comentada, pues de tal privilegio solo gozan aquellas que tengan como antecedente la buena fe del adjudicatario y no desconozcan derechos de terceros adquiridos con arreglo al art\u00edculo 58 superior. Bien puede suceder, entonces, que una resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n debidamente inscrita indique que el bien adjudicado queda amparado con la presunci\u00f3n de derecho ya aludida, y sinembargo ning\u00fan efecto legal pueda reconoc\u00e9rsele a esa declaraci\u00f3n en punto a la consecuci\u00f3n efectiva del resultado que de ordinario ella conlleva, lo que no puede acontecer, como se viene diciendo, sino en la medida en que la adjudicaci\u00f3n misma no sea el producto de un comportamiento censurable del adjudicatario, porque no puede ser sino sobre la base de una actuaci\u00f3n de buena fe de \u00e9ste que una presunci\u00f3n con tales alcances puede desplegar su eficacia a plenitud, conclusi\u00f3n que encuentra firme respaldo en el art\u00edculo 21 de la Ley 200 de 1936 en armon\u00eda con el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 153 de 1887, norma en cuya virtud los jueces en el \u00e1mbito de la jurisdicci\u00f3n especializada para asuntos agrarios, \u201cAplicar\u00e1n el derecho teniendo en cuenta que el objeto de esta jurisdicci\u00f3n especial es que la ley sustantiva se interprete con el criterio de que no deben protegerse el enriquecimiento sin causa, el abuso del derecho y el fraude a la ley\u201d. <\/p>\n
6.3 Acorde con lo visto, si el Tribunal no confront\u00f3 los t\u00edtulos como correspond\u00eda, y si al decidir en la forma en que lo hizo dej\u00f3 de aplicar las normas legales que regulan las acciones consagradas por el ordenamiento en defensa del derecho de propiedad, desentendi\u00e9ndose de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que a su turno le impon\u00eda, al tener que hacer dicha confrontaci\u00f3n, observar los principios, derechos y garant\u00edas que ella reconoce y prohija, toda vez que como consecuencia de la decisi\u00f3n adoptada, el demandante, sin haberse visto sometido a la potestad expropiativa del Estado por los cauces procesales regulares, result\u00f3 privado de el derecho de propiedad del que prob\u00f3 ser titular, luego el Tribunal incurri\u00f3 en el yerro jur\u00eddico que le atribuye la censura. Su omisi\u00f3n consisti\u00f3 en hacer de lado la dimensi\u00f3n constitucional del litigio, como lo plantea el cargo sacrificando, el derecho de propiedad aducido en proceso por el demandante, el que subestim\u00f3 como consecuencia directa de haber otorgado, sin ocuparse de los alcances del t\u00edtulo del actor, exclusivo valor jur\u00eddico al acto de adjudicaci\u00f3n expedido en favor del demandado contradictor. Al actuar as\u00ed el ad quem, ciertamente desatendi\u00f3 la garant\u00eda jur\u00eddica de la propiedad contenida en el art\u00edculo 58 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
7.- El cargo, por consiguiente, es pr\u00f3spero. <\/p>\n
<\/p>\n
8.- SENTENCIA SUSTITUTIVA. <\/p>\n
<\/p>\n
8.-1 A pesar de la relaci\u00f3n tenencial inicial del demandado con el predio, no admite duda que \u00e9ste est\u00e1 legitimado por pasiva para afrontar el litigio, pues al contestar la demanda adujo su calidad de adjudicatario del predio en disputa seg\u00fan Resoluci\u00f3n 944 del 25 de octubre de 1983, en la que cifra su car\u00e1cter de leg\u00edtimo propietario y poseedor material de ese bien. As\u00ed, resulta n\u00edtido que de la conducta procesal del demandado y de la eventual compra de derechos proindiviso de cuotas que en los alegatos de instancia dijo hacer, emerge la interversi\u00f3n de su t\u00edtulo inicial de arrendatario, calidad que adem\u00e1s no fue controvertida por nadie. <\/p>\n
8.2- Despejado lo anterior, se ocupar\u00e1 ahora la Sala en dilucidar si concurren los elementos indispensables para que la acci\u00f3n reivindicatoria del actor pueda prosperar, prop\u00f3sito frente al cual es de ver delanteramente que aquella no recae sobre la totalidad del predio adjudicado y pose\u00eddo por el demandado sino que est\u00e1 circunscrita, como enseguida se ver\u00e1, a una cuota proindiviso de \u00e9ste. En efecto, no siendo suficientemente clara la demanda y resultando por lo mismo necesaria su interpretaci\u00f3n, la Sala observa que, tras la declaraci\u00f3n de dominio respecto de la totalidad del predio solicitada en la primera petici\u00f3n, el actor limit\u00f3 la consecuente s\u00faplica de condena restitutoria a las seis octavas (6\/8) partes de dicho bien en tanto expuso al final de aquella primera pretensi\u00f3n que \u201cEl demandado al parecer compr\u00f3 dos derechos a igual n\u00famero de hermanos de mi poderdante\u201d; para solicitar concretamente en la segunda petici\u00f3n, se condene \u201c…al ocupante se\u00f1or ALVARO ORJUELA BERMUDEZ, actualmente en posesi\u00f3n del bien referido a restituir a mi mandante se\u00f1or MIGUEL ANTONIO ALDANA, el resto del predio que lo (sic) pertenece, pues seg\u00fan afirmaciones del demandado compr\u00f3 dos derechos…\u201d. A ratificar esta deducci\u00f3n de la Corte concurren los siguientes fundamentos f\u00e1cticos de la demanda: el primero, porque en \u00e9l se indica que al comprar el inmueble el actor, \u00e9ste se comprometi\u00f3 a repartirlo \u201cen partes iguales entre ocho hermanos, incluido \u00e9l\u201d; y el tercero, por cuanto all\u00ed se\u00f1ala que \u201cEn todas las diligencias que se surtieron con motivo de los tr\u00e1mites enunciados (se refiere a los que antecedieron este proceso ordinario) el se\u00f1or ORJUELA BERMUDEZ asever\u00f3 que \u00e9l hab\u00eda comprado dos derechos de esa propiedad y que ese era el motivo que hab\u00eda tenido para haberse posesionado del total del predio y luego hac\u00e9rselo titular del INCORA, sin respetar los derechos de los seis (6) hermanos restantes ni el car\u00e1cter de privada que tiene esa propiedad…\u201d. Adicionalmente, la prueba testimonial solicitada por el actor en la demanda con relaci\u00f3n a Elvira Aldana de Matiz y Esther Aldana, tuvo por objeto que ellas declarasen \u201csobre LA VENTA QUE HICIERON AL DEMANDADO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD QUE TENIAN SOBRE EL BIEN RAIZ\u201d. <\/p>\n
8.3.- Los elementos que doctrina y jurisprudencia han se\u00f1alado al un\u00edsono como configurantes de la acci\u00f3n de dominio, son: propiedad en el demandante; posesi\u00f3n en el demandado; identidad entre el bien perseguido por el primero y el que ostenta en posesi\u00f3n el segundo; y singularidad del objeto materia de pretensi\u00f3n, o cuota determinada de \u00e9ste. <\/p>\n
El primero de esos elementos est\u00e1 cabalmente acreditado con la escritura N\u00b0 504 de 26 de noviembre de 1976, otorgada en la Notar\u00eda del C\u00edrculo de San Mart\u00edn (Meta) (fls. 37 C. 1), mediante la cual el demandante compr\u00f3 el inmueble que reivindica a Luis Aldana Pi\u00f1eros; y con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria obrante al folio 40 del cuaderno 1, al tenor del cual el vendedor era titular de dominio sobre ese bien, que en virtud de la correspondiente inscripci\u00f3n del t\u00edtulo fue traditado al comprador. En frente de esos documentos act\u00faa la resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n expedida por el INCORA en favor del demandado, que como se vio carece de efectos legales al menos respecto del actor; y una posesi\u00f3n del demandado reconocida por este al contestar el hecho sexto de la demanda (fl. 87 C. 1), corroborada por la inspecci\u00f3n judicial practicada sobre el inmueble (fl. 398 C. 1), que es posterior al t\u00edtulo del actor, lo que tambi\u00e9n se deduce de la prueba testimonial; por lo que ni esa adjudicaci\u00f3n ni la comentada posesi\u00f3n contrarrestan el derecho de dominio del demandante. <\/p>\n
Algo m\u00e1s, el predio en disputa hab\u00eda salido del patrimonio del Estado antes de que \u00e9ste procediera a su adjudicaci\u00f3n, y si como prueba corroborante de tal suceso est\u00e1 el hecho de que en el \u201cfolio de matr\u00edcula inmobiliaria\u201d visible al folio 40 del cuaderno 1 del expediente se registra la inscripci\u00f3n de t\u00edtulos de dominio correspondientes a antecesores del reivindicante que, debidamente eslabonados con el de este \u00faltimo, se remontan al 10 de junio de 1951, fecha en la que acorde con dicho documento y mediante escritura N\u00b0 336 de la Notar\u00eda de la Vega Jos\u00e9 Aldana enajen\u00f3 a Jos\u00e9 Mar\u00eda Aldana Pi\u00f1eros el precitado bien, de quien lo adquiri\u00f3 a su turno Luis Aldana Pi\u00f1eros por escritura N\u00b0 98 de 20 de abril de 1974 de la misma Notar\u00eda, para traspasarlo posteriormente al aqu\u00ed actor mediante escritura N\u00b0 504 del 20 de noviembre de 1976 otorgada en la nombrada Notar\u00eda, misma que dicha parte alleg\u00f3 en copia legal a los autos y que reposa al folio 37 del cuaderno 1, es evidente que, con arreglo a ello, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria adjudic\u00f3 por la Resoluci\u00f3n 000944, tantas veces mencionada, un predio que por pertenecer al dominio privado de Miguel Antonio Aldana Berm\u00fadez no pod\u00eda adjudicar, lo cual significa de contera que ese inmueble estaba por fuera del marco de actividad se\u00f1alado en la ley para esa instituci\u00f3n (arts. 3\u00b0 y 12 de las Leyes 135 de 1961 y 160 de 1994). <\/p>\n
Desde luego que trat\u00e1ndose de predios de dominio particular, es la prescripci\u00f3n y no la ocupaci\u00f3n, como lo ha dicho insistentemente la Corte, el modo que transfiere el dominio; lo que explica que el Estado no tenga facultad legal para adjudicar esos bienes, menos cuando est\u00e1 a su alcance constatarlo as\u00ed en virtud de la funci\u00f3n de clarificaci\u00f3n de tierras que tiene asignada, ante cuya realidad es otro el procedimiento que debe emplear si es que quiere hacer efectiva la funci\u00f3n social de la tierra (extinci\u00f3n o expropiaci\u00f3n del dominio). <\/p>\n
El demandado tampoco plante\u00f3 en la contestaci\u00f3n de la demanda la adquisici\u00f3n de derechos diferentes a los que le fueron adjudicados y, por ende, menos acredit\u00f3 respecto del predio pretendido en reivindicaci\u00f3n calidad diferente a la de adjudicatario. <\/p>\n
8.4.- El t\u00edtulo de adjudicatario que opuso el demandado para contradecir la pretensi\u00f3n del reivindicante actor, que el Tribunal tuvo ante s\u00ed para hacer la confrontaci\u00f3n de derechos a que, consecuentemente, en este caso estaba convocado, no es empero de aqu\u00e9llos adquirido con arreglo a la ley civil, como lo manda el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica para que sea eficaz, por las razones que seguidamente se concretan. <\/p>\n
8.4.1 En el decreto de pruebas de este proceso se orden\u00f3 traer a los autos copia de toda la actuaci\u00f3n relacionada con el delito de fraude procesal denunciado por Miguel Antonio Aldana Berm\u00fadez contra Alvaro Orjuela Berm\u00fadez, que adelant\u00f3 el entonces Juzgado 1\u00b0 de Instrucci\u00f3n Criminal de Facatativ\u00e1, actuaci\u00f3n dentro de la cual obra interrogatorio de parte rendido anticipadamente por el \u00faltimo con fines procesales el 11 de junio de 1981 (fl. 153 C. 1), en el que \u00e9ste reconoce haber recibido en arrendamiento de manos del ahora actor el predio al que hacen m\u00e9rito estas diligencias, hecho que seg\u00fan sus palabras ocurri\u00f3 el 1\u00b0 de octubre de 1977 y habr\u00eda de prolongarse por dos (2) a\u00f1os. En la misma audiencia admiti\u00f3 el absolvente que \u201cen la actualidad estoy posesionado de esa finca porque compr\u00e9 bienes y derechos (sic)…a Esther Aldana Berm\u00fadez…\u201d y a Elvira Aldana viuda de Garc\u00eda, hermanas del arrendador. Agrega que al momento de recibir el inmueble en \u00e9l exist\u00eda: Casa de habitaci\u00f3n, dos tanques de cemento para la limpieza y arreglo del caf\u00e9, una espulpadora, un tanque para almacenamiento de agua para el consumo de la casa; y los siguientes cultivos: 60% de la finca vestida en caf\u00e9 de producci\u00f3n, 15% en ca\u00f1a de az\u00facar, 15% en \u00e1rboles frutales -naranjos mandarinos etc.-, y 10% en matas de pl\u00e1tano, yuca, ma\u00edz, fr\u00edjol y pasto. Preguntado \u201cC\u00f3mo es cierto que se estipul\u00f3 como valor del canon anual la suma de $7.500, canon que cubri\u00f3 unicamente durante los dos primeros a\u00f1os, sin que a la fecha haya entregado el inmueble, a pesar de los requerimientos amistosos que se le han formulado?, CONTESTO: \u201cSi correcto\u201d. <\/p>\n
En la misma prueba trasladada del proceso penal aparece la demanda de lanzamiento presentada por el arrendador contra Alvaro Orjuela Berm\u00fadez el 25 de noviembre de 1982, lo mismo que la ampliaci\u00f3n de denuncia presentada por Aldana Berm\u00fadez (fls. 165 a 167 C. 1) en la que \u00e9ste relata que esa demanda de lanzamiento no prosper\u00f3 y que como al ir \u00e9l a La Vega a pagar los impuestos del predio correspondientes a los a\u00f1os 1986 y 1987 se enter\u00f3 de la adjudicaci\u00f3n hecha por el INCORA a su arrendatario, eso lo llev\u00f3 a presentar la referida denuncia penal en el mes de agosto de 1989, que dio lugar a la apertura de la pertinente investigaci\u00f3n, culminada cuando por auto de 23 de febrero de 1990 se declar\u00f3 prescrita la acci\u00f3n penal y la cesaci\u00f3n del procedimiento (fl. 236 C. 1). <\/p>\n
8.4.2.- En audiencia de 28 de julio de 1992 (fl. 426 C. 1) declararon los siguientes testigos: <\/p>\n
Cosme Infante Laverde: Indica que es agricultor; que conoce el predio hace unos 27 a\u00f1os, el cual lo viene trabajando ALVARO ORJUELA por tiempo aproximado de 17 a\u00f1os; que a este lo posesionaron los due\u00f1os anteriores y en particular ANTONIO ALDANA; y que \u201c…lo trajeron ah\u00ed a la finca puesto que la finca (sic) la ten\u00edan antes en arriendo al uno y al otro, ese uno y otro eran Miguel Murillo y Te\u00f3filo Infante, se cumpli\u00f3 el arriendo que ten\u00edan con ellos y luego la finca qued\u00f3 ah\u00ed abandonada un poco de tiempo, cuando ya trajeron a ALVARO ORJUELA, se la entregaron \u00e9l dispuso de la finca en especie de propietario y ah\u00ed est\u00e1 trabajando actualmente\u201d. <\/p>\n
8.4.3.- En audiencia del 4 de agosto de 1992 (fl. 443, C. 1) declararon adem\u00e1s: Aquilino Mora Tovar, quien dice conocer hace mas de 25 a\u00f1os el predio en cuesti\u00f3n como propiedad de los Aldana; que cuando ellos viv\u00edan all\u00ed ten\u00edan construida \u201cuna casita toda tablada…\u201d; y que estaba cultivado en su mayor parte; Guillermo Matiz G\u00f3mez relata que conoci\u00f3 el inmueble hace m\u00e1s de 26 a\u00f1os en poder de los Aldana, que en esa \u00e9poca ten\u00eda casa, trapiche, bater\u00eda para moler ca\u00f1a, siembras de caf\u00e9, pl\u00e1tano y naranjos, porque todo el predio estaba cultivado, pero que ahora s\u00f3lo hay escombros; y Luis Eduardo Gonz\u00e1lez Aldana expone que conoci\u00f3 el predio en poder de los Aldana hace unos quince a\u00f1os, y que en ese tiempo ten\u00edan siembras de ca\u00f1a, cafetales, naranjas y yuca, lo mismo que una casita y trapiche. <\/p>\n
8.4.4.- En los autos aparece adem\u00e1s el tr\u00e1mite de la actuaci\u00f3n administrativa cumplido ante el INCORA que culmin\u00f3 con la adjudicaci\u00f3n del bien materia de reivindicaci\u00f3n (fl. 3 a 27 c. 1), por la cual se sabe que aqu\u00e9l se inici\u00f3 con la petici\u00f3n de adjudicaci\u00f3n de 25 de marzo de 1983, que origin\u00f3 la aceptaci\u00f3n de esa solicitud en la misma fecha y la expedici\u00f3n de la resoluci\u00f3n respectiva el 25 de octubre de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
8.5- Los antecedentes relatados permiten advertir sin sombra de duda la mala fe con que actu\u00f3 el adjudicatario ALVARO ORJUELA BERMUDEZ al hacerse adjudicar por el INCORA el inmueble aqu\u00ed disputado en reivindicaci\u00f3n, que lo condujo a obtener un t\u00edtulo de propiedad fraudulento, el mismo que opuso al derecho de propiedad esgrimido por el actor. Ello significa , acorde con el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica antes transcrito, que el t\u00edtulo de adjudicatario aducido por el demandado resulta ineficaz, por haber sido adquirido con arreglo a la ley, lo que lo priva de consecuencias jur\u00eddicas para acreditar derecho de propiedad en el demandado. As\u00ed, el \u00fanico t\u00edtulo de propietario legalmente atendible que obra en el proceso es el aducido por el actor, al cual se sujeta la Corte en cumplimiento de la orden de prevalencia que como tribunal de instancia est\u00e1 llamada a efectuar, so pena de vulnerar el citado precepto superior, que impone acceder a la s\u00faplica reivindicatoria ventilada en el litigio. <\/p>\n
8.6.- La posesi\u00f3n del demandado sobre el predio perseguido por el actor y la identidad entre \u00e9ste y el que contiene las cuotas materia de reivindicaci\u00f3n, tambi\u00e9n est\u00e1 acreditada en los autos no s\u00f3lo con la contestaci\u00f3n de la demanda en la que, como se dijo, el demandado reconoci\u00f3 la presencia de estos dos elementos de la reivindicaci\u00f3n, sino adem\u00e1s con la inspecci\u00f3n judicial practicada sobre el predio en cuesti\u00f3n. En efecto, al contestar el hecho segundo de la demanda respondi\u00f3 el demandado que \u201c…El se\u00f1or ALVARO ORJUELA BERMUDEZ acudi\u00f3 al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) con el fin de elevar solicitud de adjudicaci\u00f3n del inmueble SAN JOSE ubicado en la Vereda Llano Grande del Municipio de la VEGA, inmueble \u00e9ste que es el mismo que determina la se\u00f1ora apoderada del demandante en el punto 1\u00b0 de las peticiones. Es decir que por su ubicaci\u00f3n, linderos, nombre, destinaci\u00f3n y dem\u00e1s circunstancias es el mismo a que se refiere la parte demandante. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) le ADJUDICO DEFINITIVAMENTE al se\u00f1or ALVARO ORJUELA BERMUDEZ el aludido inmueble, por medio de la Resoluci\u00f3n 000944 de fecha 25 de octubre de 1983\u201d (fl. 85 C. 1). Al responder el hecho sexto el demandado acepta adem\u00e1s expresamente que \u201c…es propietario y poseedor material de buena fe del predio SAN JOSE atr\u00e1s determinado…\u201d (fl. 87 C. 1). <\/p>\n
En la diligencia de Inspecci\u00f3n Judicial visible entre folios 398 a 400 del cuaderno 1, el apoderado del demandado solicit\u00f3 que los peritos dictaminaran \u201c…si el inmueble que aqu\u00ed se ha identificado por su ubicaci\u00f3n, nombre, vereda, linderos es el mismo inmueble que determina, especifica y menciona la escritura p\u00fablica 581 de 29 de diciembre de 1983 de la Notar\u00eda del Circuito de La Vega, otorgada por Isabel Chaparro Mart\u00ednez como representante legal del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria Incora al se\u00f1or Alvaro Orjuela Berm\u00fadez…\u201d; aspecto sobre el cual dictaminaron los auxiliares de la justicia que \u201c…es el mismo y que los predios colindantes coinciden la \u00fanica (sic) diferencia que encontramos es que en la escritura otorgada por Isabel Chaparro Mart\u00ednez como representante del INCORA no se mencionan los mojones\u201d (fl. 405 C. 1). <\/p>\n
8.7.- Finalmente, la singularidad del bien a ser reivindicado tambi\u00e9n qued\u00f3 establecida, pues mediante la prueba de inspecci\u00f3n judicial se comprob\u00f3 que la porci\u00f3n mayor del cual hace parte la cuota pretendida est\u00e1 en posesi\u00f3n del demandado, porci\u00f3n esa que es por dem\u00e1s cosa particular, determinada y cierta. <\/p>\n
8.8.- Las precedentes consideraciones descartan, por lo mismo, la prosperidad de las excepciones de fondo propuestas por la parte demandada. <\/p>\n
9.- RESTITUCIONES MUTUAS. <\/p>\n
A diferencia de lo que dispuso hasta el 30 de mayo de 1990 el art\u00edculo 307 del C. de P.C., cuando dicha norma permit\u00eda el pronunciamiento de condenas en abstracto, el decreto 2282 de 1989 implant\u00f3 a partir del 1\u00b0 de junio de 1990 el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la condena en concreto, al establecer como principio general que \u201cLa condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, se har\u00e1 en la sentencia por cantidad y valor determinados…\u201d. <\/p>\n
Eso trajo consigo un significativo cambio en la conducta procesal de las partes, que desprovistas ya de la oportunidad probatoria conque ellas contaban en los correspondientes tr\u00e1mites incidentales de cuantificaci\u00f3n de condenas, debieron adecuar su proceder a esa nueva exigencia legal, con arreglo a la cual el establecimiento de su monto vino a tener que ser propiciado antes de la imposici\u00f3n de la condena misma. <\/p>\n
En consonancia, pues, con esa nueva orientaci\u00f3n legal, aqu\u00ed predicable por cuanto la demanda introductoria de este proceso se present\u00f3 el 13 de febrero de 1991, a la parte actora correspond\u00eda, sin perjuicio de las atribuciones oficiosas del Juez, impulsar con su comportamiento procesal las bases sobre las cuales se har\u00eda posible la condena por ella solicitada al pago de frutos y perjuicios lo mismo que el de su quantum; mientras que, correlativamente, al opositor se impon\u00eda cumplir a su turno con la carga de acreditar los supuestos determinantes sobre los que en cumplimiento de su deber legal el Juzgador habr\u00eda de pronunciarse acerca de las restituciones m\u00fatuas por mejoras a que hubiese lugar. Tales comportamientos, sin embargo, no fueron desplegados por las partes en la medida que se hac\u00eda necesaria dentro del tr\u00e1mite de la actuaci\u00f3n aqu\u00ed cumplida, tampoco impulsados de oficio en su oportunidad por el Juzgador, como que el demandante apenas si solicit\u00f3 la citada gracia omitiendo mencionar por completo incluso los medios con los cuales habr\u00eda de acreditarla, al paso que el demandado, en este punto m\u00e1s displicente, ni siquiera invoc\u00f3 el reconocimiento de mejora alguna por \u00e9l levantada. <\/p>\n
En esas circunstancias, es natural consecuencia del tr\u00e1mite procesal as\u00ed adelantado, la total ausencia de elementos atendibles de convicci\u00f3n que respalden pronunciamientos de esa estirpe (prestaciones mutuas), por lo que el fallo ser\u00e1 desestimatorio en este aspecto. De la particularidad comentada se resiente por igual el dictamen pericial, ya que a\u00fan cuando los expertos se\u00f1alan \u201cla cosina (sic) y el ba\u00f1o tiene (sic) una antiguedad de m\u00e1s de seis a\u00f1os, esta \u00faltima junto con la luz el\u00e9ctrica ser\u00edan las mejoras que se observan\u201d, esa apreciaci\u00f3n fuera de ser hip\u00f3tetica y no comprender un l\u00edmite temporal, no est\u00e1 debidamente fundamentada, por lo cual tampoco puede servir de soporte probatorio a condena alguna. <\/p>\n
No indic\u00f3 y menos acredit\u00f3 el actor los perjuicios que reclama por la posesi\u00f3n del demandado, pretensi\u00f3n de la que en consecuencia tambi\u00e9n ser\u00e1 absuelto \u00e9ste. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 10 de agosto de 1993 pronunciada en este proceso ordinario por la Sala Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundi0namarca y, actuando como Tribunal de instancia <\/p>\n
RESUELVE : <\/p>\n
1\u00b0.- REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida en este proceso por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Facatativ\u00e1 el 16 de abril de 1993. <\/p>\n
2\u00b0.- DECLARAR no probadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas por el demandado ALVARO ORJUELA BERMUDEZ contra las pretensiones del demandante MIGUEL ANTONIO ALDANA BERMUDEZ. <\/p>\n
3\u00b0.- DECLARAR que pertenece al citado demandante el predio rural denominado SAN JOSE, ubicado en el Municipio de La Vega, vereda Llano Grande, Departamento de Cundinamarca, alindado como aparece en la pretensi\u00f3n primera de la demanda. <\/p>\n
4\u00b0.- Consecuentemente, se ordena al demandado ALVARO ORJUELA BERMUDEZ restituir al demandante MIGUEL ANTONIO ALDANA BERMUDEZ, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de esta providencia, las seis octavas (6\/8) partes proindiviso del predio mencionado en el punto anterior, lo que se efectuar\u00e1 en la forma se\u00f1alada en el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 337 del C. de P.C. <\/p>\n
5\u00b0.- DECLARAR que no hay lugar a condenas por concepto de restituciones m\u00fatuas, ni de perjuicios en favor del precitado actor. <\/p>\n
6\u00b0.- ORDENAR a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos del Municipio de Facatativ\u00e1 (Cundinamarca), la inscripci\u00f3n de \u00e9ste fallo en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00fameros 156-0001144 y 156-00026406 respectivamente, abiertos en relaci\u00f3n con el predio \u201cSAN JOSE\u201d, materia de la acci\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
7.- CONDENAR en costas de ambas instancias al demandado. <\/p>\n
8\u00b0.- Sin costas en el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
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S-084-97 SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: NICOLAS BECHARA SIMANCAS Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Distrito Capital, diecis\u00e9is (16) de diciembre de mil novecientos noventa y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81520","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81520","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81520"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81520\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81520"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81520"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81520"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}