S-004-98<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 Distrito Capital, tres (3) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998). <\/p>\n
Ref. Expediente 4633 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n propuesto por la parte demandada contra la sentencia de junio 28 de 1993, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro del proceso ordinario adelantado por DANIEL ALJURE ESCANDON y FRANCISCO LOMONACO FERNANDEZ, frente a la SOCIEDAD TRANSPORTES FLUVIALES RAMON PLATA Y CIA LTDA. <\/p>\n
A N T E C E D E N T E S: <\/p>\n
1. Correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio asumir el tr\u00e1mite de la demanda por medio de la cual impetraron los demandantes que se declarase a la sociedad demandada responsable por el incumplimiento del contrato de transporte fluvial de 500 novillos, de los cuales 281 pertenec\u00edan a DANIEL ALJURE, y 219 a FRANCISCO LOMONACO, los cuales fueron embarcados en el puerto de Sendas con destino a Puerto L\u00f3pez. <\/p>\n
Con base en tal declaraci\u00f3n, y dado que las reses murieron ahogadas, se deprec\u00f3 que la sociedad transportadora fuera condenada a pagar por concepto de da\u00f1o emergente, la suma de $40.000.000, junto con la correcci\u00f3n monetaria causada a partir de junio 26 de 1987, monto en que se estim\u00f3 el valor de los semovientes para la fecha de la entrega. De manera subsidiaria se pretendi\u00f3 que se pagara, por tal concepto, la suma que calcularan peritos id\u00f3neos. <\/p>\n
Como lucro cesante se impetr\u00f3 el pago de los intereses moratorios de la suma que se reconozca como da\u00f1o emergente, desde junio 26 de 1987, fecha en la cual debieron entregarse los semovientes a sus destinatarios y hasta cuando se solucione la deuda. Subsidiariamente se pidi\u00f3 el pago de los intereses remuneratorios sobre aqu\u00e9l monto y durante el mismo lapso. <\/p>\n
2. El soporte f\u00e1ctico de estas pretensiones se puede compendiar de la siguiente forma: <\/p>\n
DANIEL JOSE ALJURE ESCANDON compr\u00f3 a ROBERTO PEREZ DELGADO 281 novillos de 3 a\u00f1os de edad y 350 kilos de peso cada uno, \u00abamparados\u00bb, de un lado, por la gu\u00eda No.072 de junio 19 de 1987, expedida por el Municipio de Arauca, gu\u00eda que fue endosada al adquirente y de otro lado, por el certificado de movilizaci\u00f3n interna No.79.908 por medio del cual se autoriz\u00f3 su conducci\u00f3n desde Sendas hasta Puerto L\u00f3pez. <\/p>\n
A su vez, FRANCISCO LOMONACO FERNANDEZ ten\u00eda \u00abamparadas\u00bb, por la gu\u00eda No. 066 de junio 18 de 1987, 219 reses de las mismas peculiaridades y cuya movilizaci\u00f3n fue autorizada por el certificado No.79.907. <\/p>\n
Los demandantes celebraron con la empresa demandada un contrato de transporte en virtud del cual esta \u00faltima asumi\u00f3 el compromiso de conducir desde el puerto de Sendas hasta el de Puerto L\u00f3pez los 500 novillos mencionados con anterioridad. <\/p>\n
Las reses fueron embarcadas en el bote \u00abel Corsario\u00bb, remolcado por la nave \u00abTaman\u00e1\u00bb, el d\u00eda 24 de Junio de 1987 a la una de la tarde, es decir, con 6 horas de retraso en relaci\u00f3n con la hora autorizada por el permiso de zarpe correspondiente. <\/p>\n
A las 3.30 de la tarde de ese mismo d\u00eda, en el paraje denominado \u00abEl Mochuelito\u00bb, se produjo el hundimiento del bote \u00abEl Corsario\u00bb debido a una colisi\u00f3n con la playa que caus\u00f3 su inclinaci\u00f3n hacia el lado izquierdo durante \u00ablargo trayecto r\u00edo abajo\u00bb, suceso que motiv\u00f3 al capit\u00e1n para dar la orden de trasladar las reses a un corral del lado contrario, es decir a estribor, que se encontraba desocupado, produci\u00e9ndose el vuelco total de la embarcaci\u00f3n, es decir, \u00abla vuelta de campana\u00bb, o de 180\u00b0. <\/p>\n
El Capit\u00e1n manifest\u00f3 en el diario de navegaci\u00f3n que \u00abchoqu\u00e9 con un objeto no visible dentro del agua\u00bb a las 3.30 de la tarde, pero el naufragio, tal como consta en el acta de protesta presentada ante el Inspector Fluvial de Cravo Norte, ocurri\u00f3 a las 4 de la tarde, es decir que tuvo tiempo suficiente para tratar de asegurar en la playa aleda\u00f1a tanto la mercanc\u00eda transportada como la embarcaci\u00f3n. <\/p>\n
El d\u00eda 25 de junio subsiguiente, el capit\u00e1n LUIS ALFREDO ACOSTA present\u00f3 la aludida acta de protesta en la cual simplemente expresa que el bote \u00abEl Corsario\u00bb naufrag\u00f3 con 442 reses a bordo en el sitio denominado \u00abEl Mochuelo\u00bb. Empero, omiti\u00f3 dejar constancia de la fecha de recibo de la protesta, a\u00fan cuando \u00ab… es f\u00e1cil deducirla pues la inspecci\u00f3n trabaja desde las 8 de la ma\u00f1ana, lo que significa que se present\u00f3 16 horas despu\u00e9s de ocurrido…\u00bb el hundimiento, como tampoco se encuentra firmada por los miembros de la junta de Oficiales, ni es copia de la que debi\u00f3 asentarse en el diario de navegaci\u00f3n, el cual, adem\u00e1s, presenta espacios en blanco y no est\u00e1 firmado por el Capit\u00e1n el d\u00eda 24 de junio de 1987, fecha del siniestro. <\/p>\n
La Inspecci\u00f3n Fluvial de Cravo Norte acept\u00f3 la protesta que \u00abverbalmente\u00bb le fuera presentada ordenando la pr\u00e1ctica de una inspecci\u00f3n ocular, lo mismo que la recepci\u00f3n de la declaraci\u00f3n del Capit\u00e1n. Dentro del proceso administrativo se recibieron las declaraciones de RAUL SOLANO, WILLIAM CARDOZO Y WILLIAM DOMINGO RODRIGUEZ. Se escuch\u00f3, igualmente, a ABEL MOJICA quien manifest\u00f3 que a unos 50 o 60 metros del naufragio se encontraba una playa que pudo ser utilizada para encallar el bote en lugar de seguir r\u00edo abajo. <\/p>\n
La tripulaci\u00f3n estaba compuesta por LUIS ALFREDO ACOSTA y WILLIAM RODRIGUEZ, como capitanes; ALVARO RINCON y WILLIAM CARDOZO, maquinistas; los marineros LUIS H. GUARNIZO, JAIRO OLMOS, RAUL SOLANO y GILBERTO PEREZ; y, finalmente, ROSALBA SUAREZ, la alimentadora, pero no se tiene certeza de que todo ese personal estuviera a bordo. <\/p>\n
La sociedad demandada no hab\u00eda asegurado la mercanc\u00eda transportada, como era su obligaci\u00f3n. As\u00ed mismo, el permiso de navegaci\u00f3n del bote \u00abEl Corsario\u00bb se encontraba vencido y solo pose\u00eda permiso para cambio de bote, lo cual permite concluir que no estaba provista de la patente de navegaci\u00f3n ni el certificado t\u00e9cnico. <\/p>\n
En efecto, el 12 de abril de 1982 la empresa propietaria del bote solicit\u00f3 permiso para el cambio de su estructura y se dijo que posteriormente se presentar\u00edan los planos, lo que no ocurri\u00f3. En mayo de 1987, todav\u00eda se le conced\u00eda permiso de 90 d\u00edas para el cambio y la patente se exped\u00eda por un a\u00f1o, lo cual significa que era provisional y para cambio de estructura. <\/p>\n
\u00bb Indica lo anterior que no se presentaron los planos, no se le hizo la clasificaci\u00f3n t\u00e9cnica, ignor\u00e1ndose su capacidad transportadora, no se hizo la clasificaci\u00f3n por construcci\u00f3n, mantenimiento, comodidad y aparejos, no se expidi\u00f3 el certificado de inspecci\u00f3n t\u00e9cnica \u00ab. Tampoco se le practic\u00f3 al \u00abCorsario\u00bb la revisi\u00f3n anual para clasificaci\u00f3n y patente ordenada por el decreto 1661 de 1975. <\/p>\n
3. El se\u00f1or FELIX RAMON PLATA PLATA, actuando en su calidad de representante legal de la sociedad demandada, alleg\u00f3 un poder al expediente por medio del cual facult\u00f3 a su mandataria judicial para que contestara la demanda, asumiera la defensa de la empresa y se notificara personalmente del auto admisorio de la demanda, esto \u00faltimo en caso de que \u00e9l no lo hiciera personalmente. <\/p>\n
Por auto de agosto 6 de 1990 y con base en el aludido escrito, el Juzgado tuvo por notificada a la parte demandada por conducta concluyente y se le orden\u00f3 el traslado de la demanda. <\/p>\n
Sin embargo, algunos meses m\u00e1s tarde, luego de notificarse del auto admisorio del libelo incoativo, la apoderada judicial de la sociedad demandada contest\u00f3 la demanda negando, para tal efecto, la mayor\u00eda de los hechos que la sustentan y proponiendo la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n. Sin reparar en la contradicci\u00f3n en que incurr\u00eda, el Juzgado tuvo por oportuno este escrito imprimi\u00e9ndole, por tanto el curso pertinente. <\/p>\n
4. Mediante sentencia que puso fin a la primera instancia, adem\u00e1s de rechazar las excepciones por extempor\u00e1neas, el A-quo acogi\u00f3 las pretensiones de la demanda, y en tal virtud, conden\u00f3 a la sociedad transportadora a pagar a DANIEL ALJURE la suma de $36.680.000,oo y a FRANCISCO LOMONACO la cantidad de $27.300.000,oo equivalentes al valor \u00abactual\u00bb del da\u00f1o, y un inter\u00e9s anual del 36.5% anual en favor de cada uno de ellos a partir de la ejecutoria de la sentencia. <\/p>\n
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, con miras a despachar los sendos recursos de apelaci\u00f3n propuestos por las partes, confirm\u00f3 la sentencia recurrida, aun cuando modific\u00f3 lo relacionado con los intereses comerciales a cargo de la demandada en el sentido de disponer que a partir de junio 26 de 1987 hasta el 19 de mayo de 1988, estos ser\u00edan del 32.5% anual; de ah\u00ed en adelante hasta el 2 de mayo de 1989 ser\u00edan del 34.04% anual; y de esta \u00faltima fecha hasta el momento del pago ser\u00edan del 36.15% anual. As\u00ed mismo, dispuso que tales condenas deb\u00edan pagarse dentro de los seis d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia. <\/p>\n
LA MOTIVACION DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Luego de destacar los aspectos relevantes del litigio y de se\u00f1alar el cumplimiento cabal de los presupuestos del proceso, observa el Tribunal, con respecto a las \u00abcr\u00edticas\u00bb relacionadas con la representaci\u00f3n de la sociedad demandada, que en el certificado de la C\u00e1mara de Comercio de Villavicencio allegado al expediente, aparece que la susodicha sociedad est\u00e1 representada por FELIX RAMON PLATA PLATA y FELIX RAMON PLATA GARCIA, gerentes conjuntos, habilitados para obrar individualmente, de manera que si la demanda se dirigi\u00f3 contra dicha persona jur\u00eddica, cada uno de ellos tiene la representaci\u00f3n legal del ente social, de ah\u00ed que con la notificaci\u00f3n del se\u00f1or FELIX RAMON PLATA PLATA \u00abel contradictorio entre las partes\u00bb qued\u00f3 debidamente integrado, sobrando as\u00ed la vinculaci\u00f3n del otro gerente, quien, por lo dem\u00e1s, no fue demandado como persona natural. Por tal raz\u00f3n, agrega, no es de recibo proferir la sentencia inhibitoria reclamada por la entidad demandada. <\/p>\n
Se\u00f1ala a continuaci\u00f3n el fallador que el referido contrato de transporte se encuentra probado con el interrogatorio absuelto por el se\u00f1or PLATA PLATA, con las declaraciones del Capit\u00e1n del remolcador se\u00f1or LUIS ALFREDO ACOSTA y del tripulante RAUL SOLANO, al igual que con la anotaci\u00f3n que se hizo en el diario de navegaci\u00f3n, con los cuales se demuestra que en el puerto de Sendas fueron embarcados 457 semovientes, de los cuales 262 pertenec\u00edan al destinatario DANIEL ALJURE y 195 a FRANCISCO LOMONACO, reses que luego se ahogaron en el naufragio, como tambi\u00e9n se desprende de las declaraciones de ROBERTO PEREZ DELGADO y de RAFAEL DE JESUS ROA. <\/p>\n
Adentr\u00e1ndose luego en las especificidades del contrato de transporte, afirma que, de conformidad con el art\u00edculo 982 del C. de Co., el transportador est\u00e1 obligado a conducir las personas, cosas o animales sanas y salvas a su destino, porque de no ser as\u00ed, como acontece en el asunto sub-iudice, deber\u00e1 \u00abasumir\u00bb el da\u00f1o causado, y solo podr\u00e1 exonerarse si demuestra una de las causales de exoneraci\u00f3n previstas en el libro quinto del C. de Co., si de transporte fluvial se trata. <\/p>\n
A\u00f1ade el Tribunal que el A-quo atribuy\u00f3 el naufragio a la impericia del capit\u00e1n y al mal estado de conservaci\u00f3n del planch\u00f3n. Sobre el primer aspecto, es decir, la falta de pericia del capit\u00e1n, no le encuentra \u00abraz\u00f3n l\u00f3gica\u00bb al motivo expuesto en la sentencia apelada, esto es, que con anterioridad hab\u00eda navegado por el mismo sitio sin contrariedades otra nave, a\u00fan cuando advierte que s\u00ed hubo imprevisi\u00f3n de aqu\u00e9l. <\/p>\n
En efecto, contin\u00faa el Ad-quem, aunque el Capit\u00e1n LUIS ALFREDO ACOSTA, \u00aben su versi\u00f3n judicial y administrativa y as\u00ed lo consign\u00f3 en el diario de navegaci\u00f3n\u00bb, dice que el planch\u00f3n choc\u00f3 con un objeto no visible dentro del agua caus\u00e1ndole da\u00f1os, los marineros RAUL SOLANO, y WILLIAM CARDOZO manifiestan que el da\u00f1o se origin\u00f3 cuando el planch\u00f3n tropez\u00f3 con la playa, aseveraciones que el Tribunal encuentra veros\u00edmiles y coincidentes. <\/p>\n
\u00abY si ello es as\u00ed, como lo es, contin\u00faa razonando el ad quem, es evidente que el capit\u00e1n del remolcador actu\u00f3 con impericia en el transporte del planch\u00f3n que llevaba el ganado, pues deb\u00eda haber previsto ese acontecer y conducir el remolcador y por ende el planch\u00f3n, por el centro del r\u00edo, o al menos a una distancia razonable de la playa…\u00bb A lo anterior se suma la falta de mantenimiento del planch\u00f3n \u00abEl Corsario\u00bb, que es un incumplimiento de la normal diligencia necesaria para que el bote estuviera en estado de navegabilidad, lo que explica el que al tropezar con la playa el casco se hubiera abierto. <\/p>\n
A\u00f1ade el sentenciador, que el transportador fluvial se puede eximir de responsabilidad probando alguna de las causales previstas en el art\u00edculo 1609 del C. de Co., dentro de las cuales est\u00e1n los peligros, da\u00f1os o accidentes en aguas navegables (numeral 3), fuerza mayor (numeral 4) y las culpas n\u00e1uticas del capit\u00e1n (numeral 1). <\/p>\n
Las causales previstas en los numerales 3 y 4 no operan en el presente caso pues para ello se requerir\u00eda la ausencia de culpa del transportador en la causaci\u00f3n del da\u00f1o, puesto que la culpa excluye el caso fortuito y la fuerza mayor, aserto que respalda en cita doctrinaria. <\/p>\n
Y en cuanto hace relaci\u00f3n con las culpas n\u00e1uticas del capit\u00e1n, tales como maniobras defectuosas, encallamiento, etc., entiende el Tribunal que esta causal debe enlazarse con el par\u00e1grafo final del mismo art\u00edculo , pues si el transportador responde no solo por el hecho propio, sino, tambi\u00e9n, el de sus agentes o dependientes (art\u00edculo 1605 ib\u00eddem), ser\u00eda un contrasentido que la culpa del capit\u00e1n, cuando es dependiente del transportador, no le fuera imputable a este, inferencia que, igualmente, la apoya en el criterio de un autor nacional. <\/p>\n
En consecuencia, colige el sentenciador que las culpas del capit\u00e1n del remolcador \u00abTAMANA\u00bb que empujaba al planch\u00f3n \u00abEL CORSARIO\u00bb le son imputables al transportador, de quien es dependiente. <\/p>\n
Refiri\u00e9ndose despu\u00e9s a la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, afirma el Tribunal que aunque el a-quo la tramit\u00f3, en la sentencia la consider\u00f3 extempor\u00e1nea, juicio que considera acertado. Dice, en efecto, que trat\u00e1ndose de la notificaci\u00f3n por conducta concluyente del auto admisorio de la demanda, los t\u00e9rminos se contabilizan, no desde la presentaci\u00f3n del respectivo escrito, sino tres d\u00edas despu\u00e9s, raz\u00f3n por la cual, si el poder que otorg\u00f3 la sociedad demandada \u00ab…fue recibido en el juzgado el 2 de agosto de 1990, pues ya cuando la sociedad TRANSPORTES FLUVIALES RAMON PLATA Y CIA LTDA present\u00f3 el 20 de noviembre de 1990 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, pues ya esa presentaci\u00f3n era extempor\u00e1nea y no pod\u00eda tenerse en cuenta, sin importar que el A-quo la hubiera tramitado…\u00bb, pues si los t\u00e9rminos judiciales son perentorios e improrrogables, como lo dispone el art\u00edculo 118 ib. no pueden los jueces extenderlos como a bien lo tengan. Y si lo interlocutorio no ata \u00abpara lo principal\u00bb, ni un error de esa estirpe puede ser la causa de otros m\u00e1s, hizo bien el juzgado en considerar inoportuna la excepci\u00f3n. <\/p>\n
En lo que a la apelaci\u00f3n de los demandantes concierne, estim\u00f3 el Tribunal que como el Juez de primera instancia hab\u00eda condenado a la demandada a pagar el valor actualizado de los semovientes, esta condena excluye el pago de intereses moratorios. En cambio, considera pertinente hacer extensivo el pago de los intereses a partir de la entrega de los semovientes, o sea, desde el 26 de junio de 1987, teniendo en cuenta las variaciones que ha tenido la tasa desde esa fecha. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Cuatro cargos se enfilan en ella contra la sentencia impugnada, de los cuales, los dos primeros, que guardan una \u00edntima conexi\u00f3n l\u00f3gica en su sustentaci\u00f3n, ser\u00e1n despachados bajo unas mismas consideraciones. <\/p>\n
PRIMER CARGO. <\/p>\n
Dentro de la \u00f3rbita de la causal primera de casaci\u00f3n, se acusa la sentencia que se acaba de rese\u00f1ar de ser indirectamente violatoria, por aplicaci\u00f3n indebida, de los art\u00edculos 870, 883, 884, 982, 992, 1030 -primera parte-, 1031 -regla 2a-, 1069 ordinales 1\u00b0, 3\u00b0 y 4\u00b0 (sic.), del C\u00f3digo de Comercio de 1971; 63, 1604 -primer inciso-, 1608 -ordinales 1\u00b0 y 2\u00b0, 1613, 1614, 1615 del C\u00f3digo Civil; 92 -numeral 3-, 101 -primera parte-, 118, 191 -con la modificaci\u00f3n de la ley 45 de 1990-, 303 inciso 1\u00b0, 330 inciso 1\u00b0, 331, 400 -inciso 1\u00b0-, 402 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; y 206 y 300 del decreto 2689 de diciembre de 1988 o Estatuto Nacional de Navegaci\u00f3n Fluvial. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se acusa la sentencia de ser violatoria, tambi\u00e9n en forma indirecta, pero \u00e9stos por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 4\u00b0, 110 -ordinales 6\u00b0 y 12\u00b0-, 117 inciso 2\u00b0, 196 inciso 1\u00b0, 358 -ordinal 5\u00b0-, 993 del C\u00f3digo de Comercio; de los art\u00edculos 10, 11 -incisos 1\u00b0 y 2\u00b0-, y 47 del decreto No.1 de enero de 1990 que modific\u00f3 el C\u00f3digo de Comercio en lo atinente a los contratos de transporte y seguro de este; 2512, 2517, 2535, 2545 del C\u00f3digo Civil; 6\u00b0, 44 -inciso 3\u00b0-, 87 -inciso 2\u00b0-, 120 -inciso 1\u00b0-, 174, 183, 185, 187, 253, 254, 264, 304 -inciso 2\u00b0-, 306, 313 y 314 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; 3\u00b0, 82 -numeral 2\u00b0-, 210, 301 ib\u00eddem; 302, 348 y 367 del precitado decreto 2689 de 1988. <\/p>\n
Emprende, entonces, la demostraci\u00f3n de los yerros que pone de presente, y para tal efecto afirma que en la legislaci\u00f3n colombiana los contratos por medio de los cuales se constituyen las sociedades comerciales, se les reconoce la fuerza creadora de la personer\u00eda jur\u00eddica, circunstancia de la cual se desprenden importantes consecuencias como los atributos que individualizan al ente en sus relaciones jur\u00eddico-econ\u00f3micas, dentro de los cuales se encuentra, delanteramente, su capacidad jur\u00eddica, la cual tiene dos dimensiones: la de goce y la de ejercicio. La primera es el atributo de toda persona que le permite ser titular de derechos y sujeto de obligaciones. La segunda corresponde a la aptitud de la persona para ejercer sus derechos por s\u00ed misma, sin autorizaci\u00f3n de nadie. De ah\u00ed que las personas jur\u00eddicas pueden adquirir bienes y contraer obligaciones -capacidad de goce- y deban obrar a trav\u00e9s de las personas naturales que lleven su representaci\u00f3n -capacidad de ejercicio o contrataci\u00f3n-. <\/p>\n
Es as\u00ed como el contrato social origina la sociedad y delimita su capacidad de tal manera que esta no puede actuar sino con las limitaciones que en tal pacto se establezcan. <\/p>\n
Estas nociones se proyectan en el campo procesal, \u00abdesde luego que el proceso en s\u00ed mismo considerado no es m\u00e1s que un tipo particular de intervenci\u00f3n jur\u00eddica, en el cual reciben el nombre de capacidad para ser parte y capacidad procesal, respectivamente\u00bb, la primera, que consiste en la aptitud para ser sujeto del proceso, corresponde a toda persona natural o jur\u00eddica; la capacidad para comparecer al juicio se traduce en la posibilidad de ejecutar y recibir con eficacia todos los actos procesales y solo la tienen las personas capaces, dentro de las cuales no se enlista la persona jur\u00eddica. <\/p>\n
El consentimiento lo vierten los contratantes en los estatutos de la sociedad que, al tenor de los art\u00edculos 636 y 641 del C.C. y 110 del C\u00f3digo de Comercio, son las normas que rigen la vida interna y externa de la sociedad, siendo obligatorias para los socios y los terceros que entablen relaciones jur\u00eddicas con aquella. <\/p>\n
De acuerdo con la teor\u00eda organicista, la sociedad tiene \u00f3rganos determinados en los estatutos con su propia esfera de actividad y competencia, pues unos emiten la voluntad social, afectando la vida interna del ente, y otros la ejecutan, interesando sus relaciones externas. <\/p>\n
La persona jur\u00eddica -contin\u00faa-, requiere siempre de personas naturales para que la representen, es decir, que dada su naturaleza abstracta, en sus relaciones externas \u00bb reclama siempre de alguien que la haga presente para manifestar su voluntad\u00bb, funci\u00f3n que le incumbe al representante legal. De ah\u00ed la exigencia de los ordinales 6\u00b0 y 12\u00b0 del art\u00edculo 110 del C\u00f3digo de Comercio, pues en los estatutos quedan fijadas las facultades y poderes del representante legal, as\u00ed como las restricciones y limitaciones que los socios estipulen. (Art\u00edculo 196 in fine). <\/p>\n
La ley establece, entonces, tres formas de regular tales facultades, a saber: a) la administraci\u00f3n ejercida por derecho propio por todos los socios, quienes pueden delegar en consocios o extra\u00f1os (art. 196 y 358 ejusdem). b) La administraci\u00f3n delegada por la ley a unos cuantos socios, con exclusi\u00f3n de los dem\u00e1s; y c) la de la administraci\u00f3n ejercida por delegaci\u00f3n por medio de gerentes temporales y amovibles, designados por elecci\u00f3n directa, cuyo numero, al no estar fijado en la ley, incumbe determinar en los estatutos, aserto este que el recurrente respalda con la transcripci\u00f3n del ordinal 12 del art\u00edculo 110 idem. <\/p>\n
A\u00f1ade, igualmente, que cuando los representantes sean varios, es conveniente que los estatutos se\u00f1alen si han de obrar conjunta o separadamente: Si se pacta lo primero, todos los designados tienen que ponerse de acuerdo con el fin de actuar de manera un\u00e1nime so pena de invalidez del acto. En los casos de gerencia dual, \u00ablos dos elegidos tienen la representaci\u00f3n de la sociedad con iguales facultades y con derecho a obrar de consuno, o separadamente, pero ambos dos obran en nombre de ella y la representan extrajudicial y judicialmente\u00bb. <\/p>\n
Y agrega que para saber quien es el representante legal de una sociedad, se necesita del certificado de la C\u00e1mara de Comercio donde se haya inscrito la respectiva escritura (art.117). <\/p>\n
Con base en estas apreciaciones, acomete, entonces, la demostraci\u00f3n del error de hecho evidente del Tribunal en la estimaci\u00f3n del certificado de la C\u00e1mara de Comercio que obra a los folios 4 y 5 del cuaderno 1, por medio del cual se acredita la existencia y representaci\u00f3n de la sociedad demandada. All\u00ed se dice, afirma, que fueron nombrados como gerentes de dicha sociedad los se\u00f1ores FELIX RAMON PLATA PLATA Y FELIX RAMON PLATA GARCIA, \u201cquienes podr\u00e1n realizar obrando individualmente cualquier acto o contrato que se relacione con la sociedad hasta por la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000,oo) , de esta suma en adelante requerir\u00e1n de autorizaci\u00f3n previa de la junta de socios\u201d. <\/p>\n
El Tribunal cercen\u00f3 el contenido de este documento, puesto que refiri\u00e9ndose a \u00e9l dijo que la entidad demandada est\u00e1 representada por \u00abgerentes conjuntos que est\u00e1n facultados para obrar individualmente\u00bb, mutilando el agregado, que no vio y por ende no valor\u00f3, consistente en que la atribuci\u00f3n de los gerentes para actuar individualmente estaba limitada a los actos con un valor inferior a $25.000.000,oo, suma a la cual restringi\u00f3 la facultad de los gerentes para actuar individualmente o de consuno, pues para los que superen esa cifra, requieren de la autorizaci\u00f3n previa de otro organismo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, afirma el censor, incurri\u00f3 el Ad-quem en una falencia f\u00e1ctica ostensible pues mutil\u00f3 el contenido de la susodicha certificaci\u00f3n en el aspecto mencionado. \u00abA m\u00e1s que trat\u00e1ndose aqu\u00ed de representaci\u00f3n de la sociedad en un proceso en que esta figura como demandada, o sea de una representaci\u00f3n judicial, esa actividad no puede tener la naturaleza de `acto o contrato’ a que alude el certificado para que los gerentes puedan actuar individualmente; y si a la mencionada representaci\u00f3n judicial se le pudiera entender como \u00abacto\u00bb, en ese supuesto tendr\u00eda un valor, seg\u00fan los demandantes de m\u00e1s de $40.000.000,oo y por este aspecto tendr\u00eda que marginarse del poder gerencial individual, que para los designados se restringi\u00f3 en los estatutos de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, seg\u00fan los estatutos, la representaci\u00f3n judicial de la sociedad demandada debe ser ejercida de consuno por los dos gerentes, cuyas manifestaciones pueden ser expresadas conjunta o separadamente, pero de todas formas, ambos. <\/p>\n
Como consecuencia de tal yerro f\u00e1ctico, el Tribunal concluy\u00f3 que como los gerentes ejerc\u00edan individualmente la representaci\u00f3n de la sociedad, con la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a uno solo de ellos el contradictorio qued\u00f3 debidamente integrado y sobraba la vinculaci\u00f3n del otro gerente. En consecuencia, con base en el poder que uno de ellos present\u00f3 tuvo por notificada a la sociedad por conducta concluyente y, por \u00abcontragolpe\u00bb, estim\u00f3 tard\u00edamente aducida la contestaci\u00f3n de la demanda y por ende la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n invocada por la apoderada del as\u00ed notificado . <\/p>\n
Aborda seguidamente, la demostraci\u00f3n de los yerros provenientes de no haber visto el sentenciador algunas actuaciones procesales, entre ellas, la manifestaci\u00f3n que hicieron los demandantes en la demanda de que la sociedad demandada estaba representada por los se\u00f1ores FELIX RAMON PLATA PLATA Y FELIX RAMON PLATA GARCIA, libelo en el cual pidieron como prueba el interrogatorio de parte de aquellos dos, y as\u00ed lo advirti\u00f3 el Juzgado y as\u00ed se tramit\u00f3 el proceso sin repulsa alguna de los actores. <\/p>\n
En efecto, no vio el Tribunal que en el auto admisorio de la demanda se orden\u00f3 correr traslado de ella \u00aba los representantes de la sociedad demandada\u00bb. Tampoco advirti\u00f3 que se intent\u00f3 notificar a los dos representantes, para quienes expidi\u00f3 el aviso de notificaci\u00f3n. No repar\u00f3 en que en el edicto emplazatorio se convoc\u00f3 a ambos gerentes. No estim\u00f3 por tanto el sentenciador, que el Juzgado, con la aquiescencia de los demandantes, tuvo por contestada la demanda, como tampoco aprecio que la secretar\u00eda corri\u00f3 traslado de las excepciones que el escrito de oposici\u00f3n conten\u00eda, ni que en el auto que decret\u00f3 las pruebas se cit\u00f3 a los se\u00f1ores PLATA PLATA Y PLATA GARCIA a rendir declaraci\u00f3n de parte como representantes de la sociedad, interrogatorios que fueron absueltos en el proceso. <\/p>\n
Todos estos yerros, aunados al cercenamiento del certificado de la C\u00e1mara de Comercio, contribuyeron decididamente a que el Tribunal no viera que el auto admisorio de la demanda no se notific\u00f3 personalmente, ni por edicto, ni por conducta concluyente a uno de los gerentes de la sociedad, a quien, obviamente, no se le corri\u00f3 traslado del libelo incoativo. <\/p>\n
Tales equivocaciones llevaron, de manera indebida, al juzgado a que mediante auto de agosto 6 de 1990, tuviera por notificada a la demandada por conducta concluyente, pues faltaba el advenimiento de uno de los representantes legales, de manera que dicho prove\u00eddo es ostensiblemente ilegal. <\/p>\n
Como consecuencia de los errores cometidos, el Tribunal estim\u00f3, equivocadamente, que la contestaci\u00f3n a la demanda, por haberse presentado despu\u00e9s de vencido el traslado fue intempestiva, absteni\u00e9ndose, por ende, de analizar la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta, lo mismo que las pruebas practicadas a instancia de la demandada, a la que, en cambio, conden\u00f3 al pago de los perjuicios reclamados. El error que debe enmendarse, entonces, es aquel que se cometi\u00f3 al tener por notificada a la sociedad encausada por conducta concluyente, no aquel que aduce el sentenciador, es decir el haber ordenado tramitar la demanda, yerro que se subsana aplicando la tesis de la Corte seg\u00fan la cual los autos ostensiblemente ilegales no vinculan al juez. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Con apoyo en el inciso 1o. del numeral 1 del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se acusa la sentencia recurrida de ser directamente violatoria, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, de los art\u00edculos 110 -ordinal 12-, 196 -inciso 1o- y 358 -ordinal 5o.- del C\u00f3digo de Comercio; 44 -inciso 3o.- y 330 -primera parte- del C. de Procedimiento Civil, error jur\u00eddico que condujo al Tribunal a dar por notificado por conducta concluyente, el auto admisorio de la demanda incoativa de este proceso y a tener por legalmente surtido el traslado de ella. <\/p>\n
El yerro apuntado condujo al fallador a quebrantar, tambi\u00e9n directamente, estos otros preceptos legales sustanciales: por inaplicaci\u00f3n, los textos 4, 993 del C\u00f3digo de Comercio; 11 -incisos 1\u00b0 y 2\u00b0- y 47 del decreto No.1 de 1990; 2512, 2527, 2535, 2545 del C\u00f3digo Civil; 6\u00b0, 87 -inciso 2\u00b0-, 174, 183, 185, 187, 304 -inciso 2\u00b0-, 306 del C. de Procedimiento Civil; 3\u00b0, 82, 210, 301 in fine, 302 y 367 del decreto 2689 de 1988. Y por aplicaci\u00f3n indebida, los art\u00edculos 870, 883, 884, 982, 992, 1030 -primera parte-, 1031 -regla 2a-, 1069 del C\u00f3digo de Comercio de 1971; 63, 1604 -inciso 1\u00b0-, 1608, 1613, 1614, 1615 del C\u00f3digo Civil; y 206 del decreto 2689 de 1988 (Estatuto Nacional de Navegaci\u00f3n Fluvial). <\/p>\n
Afirma el recurrente, no sin antes remitirse a los criterios expuestos en el cargo anterior en relaci\u00f3n con la capacidad de las personas jur\u00eddicas, que el Tribunal consider\u00f3 equivocadamente que en caso de existir gerentes conjuntos en una sociedad, como en este caso acontece, la manifestaci\u00f3n que uno solo de ellos haga por escrito en torno a la demanda, estructura la notificaci\u00f3n por conducta concluyente puesto que, como los representantes act\u00faan individualmente, sobraba la vinculaci\u00f3n del otro gerente. <\/p>\n
Sostiene, entonces, el censor, que con tal raciocinio el fallador olvid\u00f3 que, seg\u00fan as\u00ed lo precept\u00faa el art\u00edculo 110 -regla 12- del C. de Comercio, la escritura social debe indicar la persona o personas que representan legalmente a la sociedad, representaci\u00f3n que por mandato del art\u00edculo 196 ejusdem, debe ajustarse a las estipulaciones del contrato social, y que por disposici\u00f3n del art\u00edculo 358 idem, la Junta de Socios podr\u00e1 delegar la representaci\u00f3n en un gerente o en dos, estableciendo de manera precisa y clara sus atribuciones. <\/p>\n
Por causa de tal error restringi\u00f3 el alcance de los citados preceptos legales, pues seg\u00fan ellos cuando la representaci\u00f3n de una sociedad reviste la forma plural, \u00ab…de varios gerentes y no de gerente \u00fanico, todos los elegidos tienen el mismo poder de representaci\u00f3n y todos deben actuar, para comprometer los intereses sociales, ora de consuno o ya separadamente; que, por consiguiente, el acto procesal realizado por uno solo de ellos nace con el germen de la ineficacia…\u00bb <\/p>\n
Malinterpret\u00f3 el Tribunal, tambi\u00e9n, el art\u00edculo 44 del C. de Procedimiento Civil, inciso 3\u00b0, que precept\u00faa que las personas jur\u00eddicas comparecen al juicio por intermedio de sus representantes legales, conforme a lo previsto en sus respectivos estatutos, o en la Constituci\u00f3n o la ley. Es decir, que cuando una sociedad tenga dos representantes legales, esta debe comparecer al juicio representada por ambos, no por uno solo de ellos, con mayor raz\u00f3n cuando estatutariamente, de acuerdo con el valor econ\u00f3mico de los actos a realizar la representaci\u00f3n dual es conjunta y no le es dado a uno de los gerentes actuar prescindiendo del otro. <\/p>\n
Abordando otro aspecto del cargo, afirma el censor, que toda providencia judicial se tiene como jur\u00eddicamente existente, salvo las excepciones legales, desde el momento de su notificaci\u00f3n. Dentro de las distintas clases de notificaci\u00f3n se encuentra la denominada \u00abpor conducta concluyente\u00bb cuyo concepto precisa vali\u00e9ndose del texto del art\u00edculo 330 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Tal especie de notificaci\u00f3n es excepcional y debe operar bajo el estricto marco previsto en la ley, raz\u00f3n por la cual exige, no de una conducta cualquiera, sino de una participaci\u00f3n activa y concreta de quien debe ser notificado. <\/p>\n
Como esta es la fiel interpretaci\u00f3n del citado art\u00edculo 330, asienta el recurrente, no puede entenderse en este caso por surtida la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, ni corrido el traslado de esta, por el hecho de que le hubiera conferido poder a un abogado con la autorizaci\u00f3n para que se notificara del auto admisorio de la demanda, pues con tal expresi\u00f3n no se concreta ni determina la providencia que debe notificarse. Aludi\u00f3 el poderdante, en forma gen\u00e9rica, al auto admisorio de la demanda, sin determinarlo por su fecha, raz\u00f3n por la cual no se puede afirmar inequ\u00edvocamente que ya sab\u00eda que la demanda hab\u00eda sido admitida o que su admisi\u00f3n era una mera eventualidad. <\/p>\n
El admitir que el auto que dispuso la notificaci\u00f3n por conducta concluyente es legal por tal causa, a\u00f1ade, es afirmar que el escrito de uno solo de los gerentes es bastante para que, por mencionar aquel una providencia, se tenga por surtida la notificaci\u00f3n por conducta concluyente frente a la sociedad con representaci\u00f3n dual, lo que en verdad es inadmisible. <\/p>\n
Y como consecuencia de la malinterpretaci\u00f3n de las normas citadas, contin\u00faa, el fallador estim\u00f3 como inoportuna la contestaci\u00f3n de la demanda que a trav\u00e9s de apoderado formul\u00f3 uno de los gerentes de la sociedad demandada y, por ende, a desestimar las excepciones que all\u00ed se propusieron, lo mismo que las pruebas pedidas en dicho escrito. <\/p>\n
Como se prescindi\u00f3 de la necesidad de notificar el auto de 20 de noviembre de 1989 y correrle el traslado en \u00e9l ordenado al otro gerente, pues estim\u00f3 el juzgador que sobraba la vinculaci\u00f3n de este, se rechaz\u00f3 la prescripci\u00f3n tempestivamente aducida y, en su lugar, se impuso a la demandada la obligaci\u00f3n de satisfacer una indemnizaci\u00f3n que no le corresponde. <\/p>\n
<\/p>\n
C O N S I D E R A C I O N E S: <\/p>\n
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1. Es patente que las imputaciones del recurrente est\u00e1n encaminadas a controvertir la capacidad de la sociedad demandada para intervenir en el proceso, cuesti\u00f3n \u00e9sta que, sin lugar a dudas, solo puede ventilarse por la causal quinta de casaci\u00f3n, en cuanto se refieren a un vicio de actividad que podr\u00eda generar la nulidad de lo actuado, motivo por el cual es evidente que el persistente empe\u00f1o del recurrente por encuadrarlas dentro de la \u00f3rbita de la causal primera, lo condujo a perfilar en forma indebida la formulaci\u00f3n de los cargos que se despachan. <\/p>\n
En efecto, recurso de casaci\u00f3n, mas que por su estructura procesal, se caracteriza por los motivos sobre los cuales se funda, y como quiera que estos pueden dividirse en dos grupos – errores in procedendo y errores in iudicando-, el mismo viene a fraccionarse en dos institutos verdaderamente diversos, cuya distinci\u00f3n es f\u00e1cilmente palpable, as\u00ed esta no se encuentre de manera expl\u00edcita en el texto legal. <\/p>\n
Se dice, entonces, que cuando uno o varios de los actos coordinados que conforman el proceso no se ajusta a las reglas previstas en la ley procesal, se origina una inaplicaci\u00f3n de la norma de tal especie, lo cual sucede en cuanto alguno de los sujetos del proceso no ejecuta lo que el precepto le impone, o realiza lo que le prohibe o, en general, asume un comportamiento distinto al que prev\u00e9 de manera abstracta la regla jur\u00eddico- instrumental. Esta inejecuci\u00f3n de la norma procesal genera un vicio de actividad o \u00aberror in procedendo\u00bb. <\/p>\n
Puede acontecer, por el contrario, que a pesar de haberse desarrollado el proceso sin vicio de actividad alguno, la voluntad concreta proclamada por el juez no coincida con la voluntad efectiva prevista de manera abstracta por la ley sustancial, caso en el cual se incurre en un vicio de juicio o \u00aberror in iudicando\u00bb, es decir, en un yerro en la operaci\u00f3n intelectiva por medio de la cual el juez, dentro del conjunto de normas que conforman el derecho objetivo, identifica la premisa mayor y la coteja con la premisa menor que le ofrece la realidad f\u00e1ctica recopilada en el proceso para inferir de all\u00ed una conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De esta estructura bifronte del recurso de casaci\u00f3n deviene, entre muchas otras, una trascendental consecuencia que se proyecta especialmente sobre la t\u00e9cnica de formulaci\u00f3n de la demanda correspondiente, consistente en que el vicio que espec\u00edficamente la ley estime como un \u00aberror in procedendo\u00bb solo puede ser impugnado por la causal pertinente -2a, 3a. o 5a. del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, la cual solo propicia el an\u00e1lisis de la construcci\u00f3n externa de la relaci\u00f3n procesal sin que obviamente, dentro de sus alcances se encuentre el de controvertir el juicio l\u00f3gico del juez por medio del cual declara en la sentencia la voluntad concreta de la ley. De ah\u00ed que deba colegirse que la autonom\u00eda de las causales de casaci\u00f3n no se ofrece como una oportunidad discrecional al recurrente para atacar, seg\u00fan su arbitrio, la sentencia recurrida. <\/p>\n
2. En la demanda que se somete ahora a la consideraci\u00f3n de la Corte, afirma el recurrente que, ora por causa del yerro f\u00e1ctico en que incurri\u00f3 el Tribunal al cercenar el contenido del certificado de la C\u00e1mara de Comercio atinente a la existencia y representaci\u00f3n de la sociedad demandada y que le impidi\u00f3 ver que los dos gerentes designados deb\u00edan \u00abactuar ambos en la representaci\u00f3n judicial\u00bb de aquella, o ya porque interpret\u00f3 equivocadamente los art\u00edculos 110 -regla 12-, 196, 358 -5 del C\u00f3digo de Comercio y 44 del C\u00f3digo de procedimiento Civil, argument\u00f3 – el Ad-quem-, que como cada uno de los gerentes individualmente considerados ejerc\u00eda la representaci\u00f3n legal del ente social, con la notificaci\u00f3n del auto admisorio a uno solo de ellos el contradictorio qued\u00f3 cabalmente integrado y sobraba la intervenci\u00f3n del otro. <\/p>\n
Subsecuentemente, agrega el censor, erradamente da por notificada por conducta concluyente a la sociedad con base en el poder que uno de los gerentes otorg\u00f3, y, por \u00abcontragolpe\u00bb, estim\u00f3 como intempestiva la contestaci\u00f3n de la demanda, desechando por ende la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta. Mas adelante insiste en que los errores de hecho que denuncia llevaron al juzgador, mediante un auto ostensiblemente ilegal, a tener por notificada a la entidad demandada, \u00abdando indebida aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 330 del C. de Procedimiento Civil\u00bb, pues solo hab\u00eda comparecido uno de los gerentes y faltaba por comparecer el otro, equivocaciones estas que condujeron al fallador a desestimar la contestaci\u00f3n de la demanda y a abstenerse de analizar la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta. Mientras que en el cargo segundo reitera que el no aceptar que el auto que dispuso la notificaci\u00f3n por conducta concluyente es ilegal por tal causa, a\u00f1ade, que lo que en verdad es inadmisible es afirmar que el escrito de uno solo de los gerentes es bastante para que, por mencionar aquel una providencia, se tenga por surtida la notificaci\u00f3n por conducta concluyente frente a la sociedad con representaci\u00f3n dual. <\/p>\n
Como puede verse, sin dificultad alguna los reproches del recurrente recaen sobre la capacidad procesal de la sociedad demandada, esto es, en la supuesta ineptitud de esta para comparecer al juicio representada por uno solo de sus gerentes, acusaci\u00f3n que, sin lugar a dudas, implica la transgresi\u00f3n de las reglas estrictamente procesales ata\u00f1ederas a la manera como pueden las personas naturales o jur\u00eddicas comparecer al juicio y cuya inobservancia se encuentra tipificada por la ley como causal de nulidad, la cual, a su vez, se encuentra constituida como motivo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Es decir, que en forma espec\u00edfica la ley ha previsto este tipo de inobservancia de la ley procesal como un vicio de actividad impugnable de manera concreta e ineludible por la causal prevista en el numeral 5 del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
As\u00ed el censor hubiese encaminado su esfuerzo para tratar de demostrar que la inejecuci\u00f3n de las reglas procesales previstas en el cap\u00edtulo I del t\u00edtulo VI del libro primero del C\u00f3digo de procedimiento Civil, y m\u00e1s exactamente en el art\u00edculo 44 tuvo su g\u00e9nesis en errores \u00abin iudicando\u00bb del juzgador, originados en el presunto entendimiento equivocado de las normas que regulan la capacidad de ejercicio de las personas jur\u00eddicas, lo cierto resulta ser que el vicio no perder\u00eda su naturaleza estrictamente procesal, puesto que, de existir, el error de juicio es meramente accesorio, por cuanto que se proyecta concreta y fatalmente en la infracci\u00f3n de las normas que regulan lo atinente a la capacidad procesal de la sociedad demandada, y cuyo quebrantamiento – se insiste-, se encuentra tipificado en la causal 5a de casaci\u00f3n como un vicio de actividad, que, obviamente, no pierde su naturaleza por encontrar su g\u00e9nesis en un supuesto \u00aberror in iudicando\u00bb, que desde luego es presupuesto usual de todo juicio sobre la capacidad procesal de las personas. <\/p>\n
<\/p>\n
En este orden de ideas, resulta f\u00e1cil deducir que el recurrente equivoc\u00f3 la v\u00eda para cuestionar lo atinente a la referida capacidad de la sociedad demandada y las consecuencias de toda \u00edndole que de ella se desprendan, toda vez que para tal efecto debi\u00f3 acudir a la causal 5a de casaci\u00f3n dentro de la cual se encuentra especificado el vicio de actividad sobre el cual sustenta b\u00e1sicamente su acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, si la parte no estaba interesada en alegar el vicio procesal, o por su incuria lo convalid\u00f3, resulta palmario concluir que, en ese orden de ideas, debe soportar todas las consecuencias jur\u00eddicas que de esa actitud se desprendan y las cuales consinti\u00f3, entre ellas, la validez y eficacia de todos los actos procesales que se rindieren en el proceso con la intervenci\u00f3n de sus representantes legales. <\/p>\n
3. Mas haciendo abstracci\u00f3n de lo dicho, e igualmente, dejando de lado la contradicci\u00f3n en que incurre el impugnante consistente en que le niega eficacia al acto procesal de notificaci\u00f3n surtido frente a uno solo de los gerentes, pero pretende que se le reconozcan plenos efectos a la contestaci\u00f3n de la demanda que ese mismo gerente present\u00f3 por intermedio de su apoderado judicial con miras a requerir un pronunciamiento sobre la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n que all\u00ed se propuso, y si en gracia de discusi\u00f3n se admitieran como evidentes los yerros que se denuncian en la demanda de casaci\u00f3n, la verdad ser\u00eda que tales deficiencias de \u00edndole f\u00e1ctica resultar\u00edan absolutamente intrascendentes frente a lo dispuesto por el inciso cuarto del actual art\u00edculo 44 (Decreto 2288 de 1989), precepto este que por encontrarse vigente en el momento en que se produjo la presentaci\u00f3n del poder otorgado por el se\u00f1or FELIX RAMON PLATA en su calidad de gerente de la sociedad y el subsiguiente auto disponiendo la notificaci\u00f3n por conducta concluyente, est\u00e1 llamado a gobernar el asunto. <\/p>\n
En efecto, dispone el susodicho art\u00edculo que \u00abCuando el demandado sea una persona jur\u00eddica que tenga varios representantes o mandatarios generales distintos de aquellos, podr\u00e1 citarse a cualquiera de ellos, aunque no este facultado para obrar separadamente\u00bb. As\u00ed las cosas, el ejercicio de la representaci\u00f3n judicial se cumple cabalmente en las sociedades cobijadas por el mentado precepto con la citaci\u00f3n de uno cualquiera de sus representantes o mandatarios. <\/p>\n
En consecuencia, prescindiendo de las estipulaciones sociales y de las disposiciones legales de \u00edndole supletorio sobre la forma como deban ejercer sus funciones los representantes legales de las sociedades, cuando el ejercicio de la facultad de representaci\u00f3n se proyecte sobre un proceso civil, la norma que gobierna su ejercicio es el art\u00edculo 44 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, raz\u00f3n por la cual, es obvio concluir que en el asunto sub-iudice, con la comparecencia al proceso de uno de los gerentes del ente societario demandado, se despleg\u00f3 ajustadamente la capacidad procesal de la sociedad demandada, am\u00e9n de que no se ofrece, entonces, como discutible la decisi\u00f3n del Tribunal en el sentido de aceptar como eficaz la intervenci\u00f3n del gerente, se\u00f1or FELIX RAMON PLATA PLATA, as\u00ed como tambi\u00e9n las consecuencias que de la misma dedujo. <\/p>\n
En consecuencia, los cargos no prosperan. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Con apoyo en el inciso 2o del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de procedimiento Civil, se acusa la sentencia recurrida de ser indirectamente violatoria, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 992 -incisos 1 y 4- del C\u00f3digo de Comercio de 1971; 10 -inciso 1- y 47 del decreto 1 de 1990, que modific\u00f3 la anterior codificaci\u00f3n en lo relacionado con los contratos de transporte y seguro de este; 1\u00b0 de la ley 95 de 1890; y 3\u00b0, 210, 301 in fine, 302, 348 y 367 del decreto 2689 de 1988 o Estatuto nacional de Navegaci\u00f3n Fluvial. <\/p>\n
Acusa, as\u00ed mismo, la referida sentencia de quebrantar, tambi\u00e9n de manera indirecta, pero estos por aplicaci\u00f3n indebida, los art\u00edculos 870, 883, 884, 982, 1030 -primera parte-, 1609 -ordinales 1, 3 y 4- del C\u00f3digo de Comercio, 63, 1604 -inciso 1-, 1608, 1613, 1614, 1615 del C\u00f3digo Civil; y 82 -numeral 2- y 206 del precitado decreto 2689 de 1988. <\/p>\n
Las infracciones que se denuncian tuvieron su causa y origen, afirma el recurrente, en errores de hecho y de derecho en la apreciaci\u00f3n de unas pruebas y de haber dejado de apreciar otras, relacionadas con la culpa. En lo concerniente con los errores de derecho, denuncia la violaci\u00f3n medio de los art\u00edculos 87, 92 -numeral 3-, 174, 183, 185, 187, 253, 254 y 398 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Para sustentar el reproche, afirma el casacionista que la legislaci\u00f3n colombiana, \u00abrastreando sistemas for\u00e1neos\u00bb, considera la actividad del transporte como peligrosa, raz\u00f3n por la cual se estima que la responsabilidad se infiere autom\u00e1ticamente de la inejecuci\u00f3n de las obligaciones del contrato. Es decir que hay una \u00abpresunci\u00f3n de culpa\u00bb del transportador, quien corre con la carga procesal de probar que el evento da\u00f1oso provino de sucesos que no le son imputables a \u00e9l y que sucedieron a pesar de haber adoptado las medidas prudentes y diligentes para evitar el perjuicio o su agravaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego de transcribir lo que dispon\u00eda \u00abel art\u00edculo 992 del C\u00f3digo de Comercio de 1971\u00bb, concluye el recurrente, que al tenor de dicho texto, solo la fuerza mayor exenta de culpa, exonera de responsabilidad al transportista por la no entrega de la mercanc\u00eda, o la entrega defectuosa o tard\u00eda, aserto que respalda con la cita de un criterio jurisprudencial al respecto. <\/p>\n
Despu\u00e9s de parangonar el decreto 1 de 1990, con el art\u00edculo 992 ib\u00eddem, al cual modific\u00f3, concluye que este \u00faltimo fue bien morigerado por aquel. Este exig\u00eda la prueba de la fuerza mayor, seguida de la demostraci\u00f3n de que \u00e9sta no se debiera a culpa del transportador, mientras que aquella, en cambio, \u00abrequiere la justificaci\u00f3n que \u2018la causa del da\u00f1o le fue extra\u00f1a'\u00bb y que tom\u00f3 las medidas prudentes que hubiera tomado un transportador seg\u00fan las exigencias de la profesi\u00f3n para evitar el perjuicio. <\/p>\n
De la comparaci\u00f3n objetiva de tales reglas, continua, se desprende que el transportador ya no est\u00e1 obligado a demostrar la fuerza mayor, sino la ocurrencia de un hecho extra\u00f1o, aseveraci\u00f3n que respalda con la cita de un tratadista nacional. <\/p>\n
Con base en tales apreciaciones, entra el censor a particularizar los diversos errores en que incurri\u00f3 el Tribunal, de la siguiente forma: <\/p>\n
1. Error de derecho por no atribuir m\u00e9rito probatorio a las copias del proceso administrativo tramitado en la Intendencia Fluvial de la Vertiente del Orinoco con ocasi\u00f3n del naufragio del bote \u00abEl Corsario\u00bb, concretamente, de la resoluci\u00f3n No.36 del 14 de febrero de 1990 en \u00e9l dictada. <\/p>\n
Al respecto, y previa citaci\u00f3n de una jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, afirma el memorialista que el juzgador debe apreciar las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, tras de lo cual agrega que las pruebas trasladadas ser\u00e1n apreciables sin m\u00e1s formalidades cuando en el proceso primitivo se hubieran practicado a petici\u00f3n de la parte contra quien se aducen o con su audiencia. <\/p>\n
Expresa, entonces, que el sentenciador incurre en error de derecho, entre otros casos, cuando contemplando materialmente una prueba, no la eval\u00faa por estimar que se alleg\u00f3 tard\u00edamente, como hizo el Tribunal en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
En este asunto, el representante legal de la sociedad demandada, al contestar la demanda, solicit\u00f3, entre otras pruebas, librar oficio a la mencionada Intendencia Fluvial, para la expedici\u00f3n de copia autenticada del proceso administrativo adelantado a ra\u00edz del naufragio del bote \u00abEl Corsario\u00bb, junto con la resoluci\u00f3n No.036 de febrero 14 de 1990, prueba que fue ordenada por auto de marzo 18 de 1991, y que se practic\u00f3 en su integridad con la intervenci\u00f3n de los demandantes, quienes tambi\u00e9n las hab\u00edan solicitado, y por eso se decret\u00f3 como pedida por ambas partes. <\/p>\n
Entre las copias allegadas por la Intendencia se encuentran las referentes a la Patente de Navegaci\u00f3n No.60007, expedida a favor de la sociedad demandada el 13 de mayo de 1987 y con validez por tres a\u00f1os; la carta de navegaci\u00f3n, firmada por el capit\u00e1n, de los d\u00edas 19 a 24 de junio de 1987; la autorizaci\u00f3n de zarpe del remolcador \u00abTaman\u00e1\u00bb con el bote \u00abEl Corsario\u00bb; solicitud del 24 e junio a la cual se anexaron la Patente de Navegaci\u00f3n de estas dos embarcaciones y la Licencia de Navegaci\u00f3n, con embarque en Puerto Sendas y destino a Puerto L\u00f3pez; las diligencias investigativas adelantadas por el Inspector Fluvial de Cravo Norte, entre ellas la inspecci\u00f3n judicial que este funcionario practic\u00f3 al lugar del naufragio; las declaraciones juramentadas rendidas por el Capit\u00e1n Luis Alfredo Acosta y los miembros de la tripulaci\u00f3n Ra\u00fal Solano, William Cardozo, y William Rodr\u00edguez Mu\u00f1oz; los poderes conferidos por los demandantes dentro de ese tr\u00e1mite, cuyo apoderado despleg\u00f3 una intensa actividad; t\u00edtulo de \u00abPiloto Fluvial\u00bb del referido capit\u00e1n, revalidado en 1986 y 1987; permiso de navegaci\u00f3n para el bote \u00abEl Corsario\u00bb expedido en 1987 por el t\u00e9rmino de 90 d\u00edas que se venc\u00edan el 19 de agosto de 1987; certificaci\u00f3n de vigencia de la Patente de Navegaci\u00f3n de las embarcaciones \u00abTaman\u00e1\u00bb y \u00abEl Corsario\u00bb; y el auto que cerr\u00f3 la investigaci\u00f3n. <\/p>\n
En esa resoluci\u00f3n se consign\u00f3, adem\u00e1s, que se realizaron las maniobras necesarias para lograr el salvamento del bote y la carga, como fue \u00ab`el tratar de obtener la estabilidad de la embarcaci\u00f3n'\u00bb, am\u00e9n de que se dijo que la sociedad transportadora ten\u00eda sus papeles en regla. <\/p>\n
Y si bien es cierto que esa resoluci\u00f3n se declar\u00f3 sin efectos jur\u00eddicos, que no las pruebas practicadas, no lo es menos que, repetidas las mismas, sirvieron de fundamento a la resoluci\u00f3n 036 de febrero 14 de 1990, por medio de la cual se consider\u00f3 el hundimiento del bote como un hecho constitutivo de fuerza mayor, puesto que la nave tropez\u00f3 con un objeto invisible dentro del agua, circunstancia que consider\u00f3 como imprevisible. <\/p>\n
Toda esta prueba t\u00e9cnica, que fue debidamente trasladada del proceso administrativo en la que se practic\u00f3 con la intervenci\u00f3n de los demandantes, quienes, incluso, solicitaron las copias, fue olvidada por el Tribunal, en violaci\u00f3n del principio de la comunidad de la prueba, ofreciendo, como ofrece, la virtualidad suficiente para acreditar que el naufragio de \u00abEl Corsario\u00bb se debi\u00f3 a una fuerza mayor consistente en un golpe que sufri\u00f3 con un objeto invisible debajo del agua, fuerza mayor exenta de culpa del Capit\u00e1n del remolcador \u00abTaman\u00e1\u00bb, cuya tripulaci\u00f3n adopt\u00f3 las medidas tendientes a evitar el ahogamiento del ganado. <\/p>\n
Por dos razones fundamentales le negaron los juzgadores de instancia m\u00e9rito probatorio a tales documentos: a) Que las copias fueron extempor\u00e1neamente pedidas, puesto que consideraron que fueron solicitadas en la contestaci\u00f3n de la demanda que se dijo fue intempestiva; y b) que por lo tanto, no pod\u00eda estimarse esa prueba, as\u00ed lo hubiera sido tambi\u00e9n por los demandantes, y que se decret\u00f3 como de demandante y demandada, argumentos que son infractores de las leyes de disciplina probatoria que la Corte debe reparar: la primera, porque se estriba en la falsa consideraci\u00f3n de que el t\u00e9rmino de traslado no se computa desde la notificaci\u00f3n personal sino desde la notificaci\u00f3n por conducta concluyente, desde luego que el auto de 6 de agosto de 1990 que as\u00ed lo dispuso, es ilegal porque no se hab\u00edan notificado los dos representante de la sociedad. Y la segunda raz\u00f3n, la que viene impl\u00edcita o fue expuesta de manera t\u00e1cita, porque quebranta el principio de la comunidad de la prueba, conforme al cual una vez se introduce al proceso, la prueba debe estimarse sin consideraci\u00f3n si beneficia a quien la adujo o a la contraparte. <\/p>\n
De ah\u00ed que el Tribunal viol\u00f3 los art\u00edculos 75-10, 87, 92-4, 174, 183, 185, 187, 253, 254 y 398 del C. de P.C. A la justicia civil no le es dado cerrar los ojos ante la resoluci\u00f3n de la autoridad competente, que es considerada t\u00e9cnica en la materia, y decidir aqu\u00ed en contrario. <\/p>\n
2. Error de hecho evidente en la apreciaci\u00f3n de los testimonios de Ra\u00fal Solano y William Cardozo Cardozo. La apreciaci\u00f3n del juzgador, dice el recurrente, seg\u00fan la cual la excusaci\u00f3n del Capit\u00e1n consistente en que el naufragio devino a causa de un imprevisto como lo fue el golpe contra un objeto invisible, se encuentra desvirtuada con los testimonios de los mencionados testigos, es jur\u00eddicamente inadmisible por varios motivos. <\/p>\n
En efecto, cierto que el mentado Ra\u00fal Solano, en la versi\u00f3n que rindi\u00f3 ante el Inspector Fluvial un d\u00eda despu\u00e9s del siniestro, al determinar la causa del mismo la situ\u00f3 en que el planch\u00f3n peg\u00f3 un poco contra la playa, pero afirmando tal hecho en una creencia suya. <\/p>\n
Agrega que el declarante dijo que: \u00bb Yo creo cuando tropez\u00f3 con la playa, pudo haberse partido el bote\u201d. Este declarante reiter\u00f3 su versi\u00f3n en el testimonio que verti\u00f3 en el proceso ordinario, pero cuatro a\u00f1os despu\u00e9s, aun cuando no presenta el aspecto conjetural anterior puesto que aqu\u00ed dijo que la embarcaci\u00f3n se peg\u00f3 con la playa \u00bb porque el r\u00edo estaba un poco medio pandito, porque hab\u00eda cogido una curva y hab\u00eda una punta de playa, por eso le peg\u00f3 a la punta de playa\u00bb. <\/p>\n
El testigo Cardozo Cardozo dijo que \u00ab..posiblemente por haber tropezado en la playa, el bote tal vez se averi\u00f3…\u00bb <\/p>\n
Estas declaraciones no son ni exactas ni responsivas, pues con base en ellas no puede precisarse con certidumbre la causa del da\u00f1o, m\u00e1xime cuando la autoridad administrativa consider\u00f3 que se trat\u00f3 de un caso de fuerza mayor exento de culpa. <\/p>\n
Siendo este el contenido esencial de las declaraciones con base en las cuales el Tribunal da por establecida la culpa en el transporte, tales declaraciones, seg\u00fan el censor, no permiten tal conclusi\u00f3n porque los deponentes no son concretos al determinar el motivo del hundimiento, sino especulativos e hipot\u00e9ticos. Adem\u00e1s que no indican, ni ninguna otra prueba, si el Capit\u00e1n conduc\u00eda por fuera del eje central del r\u00edo y a qu\u00e9 distancia de la orilla, sin que exista, adem\u00e1s prueba de la impericia del Capit\u00e1n, es decir, que lo t\u00e9cnico y aconsejable hubiese sido conducir de un modo y no del otro. <\/p>\n
El Tribunal magnific\u00f3 su error al no apreciar que estos declarantes est\u00e1n de acuerdo con las dem\u00e1s pruebas, en que el Capit\u00e1n, tan pronto advirti\u00f3 la aver\u00eda, orden\u00f3 correr los semovientes a otro corral para tratar de evitar el naufragio de la embarcaci\u00f3n, pero el agua no dio tiempo. <\/p>\n
3. Error de hecho manifiesto por la preterici\u00f3n de las inspecciones judiciales practicadas en el proceso a la sociedad demandada y a las oficinas de la Intendencia Fluvial de Puerto L\u00f3pez, concretamente sobre los documentos referentes a las citadas embarcaciones. <\/p>\n
Con tales pruebas se acredita que la sociedad propietaria de las embarcaciones ven\u00eda cumpliendo la ley, y que si hab\u00eda solicitado permiso para reformar el bote \u00abEl Corsario\u00bb, no aprobada a\u00fan esa solicitud, se le concedi\u00f3 permiso para navegar por tres meses, lo que significa que las autoridades encontraron el planch\u00f3n en estado de navegabilidad, pues de lo contrario no le habr\u00edan dado el permiso. <\/p>\n
Al sostener el fallador que la culpa del hundimiento reposaba tambi\u00e9n en la falta de mantenimiento del planch\u00f3n, no analiz\u00f3 esta prueba que, por el contrario, llev\u00f3 al investigador administrativo a concluir que la sociedad demandada ten\u00eda sus papeles en regla. <\/p>\n
Concluye el recurrente que los errores de hecho y de derecho que denuncia, llevaron al sentenciador a condenar a la entidad transportadora, sin reparar en que existi\u00f3 una fuerza mayor que la eximi\u00f3 de responsabilidad, juicio con el cual, agrega, infringi\u00f3 el Tribunal el art\u00edculo 10 del decreto 1 de 1990, que modific\u00f3 el 992 del C. de Co. Y si se considera que aqu\u00e9l precepto a\u00fan no ten\u00eda vigencia el d\u00eda del siniestro, entonces debi\u00f3 hacer actuar el ya citado art\u00edculo 992. <\/p>\n
C O N S I D E R A C I O N E S: <\/p>\n
1. De la lectura de la sentencia acusada, se observa que el Ad-quem en ning\u00fan momento afirm\u00f3 que rehusaba la apreciaci\u00f3n de la prueba trasladada de la investigaci\u00f3n administrativa adelantada por el Intendente Fluvial de la Vertiente del Orinoco, arguyendo que hab\u00eda sido decretada y practicada a instancias de la parte demandada, cuya contestaci\u00f3n de la demanda no se tuvo en cuenta, ni prohij\u00f3 abierta o t\u00e1citamente criterio alguno del A-quo en tal sentido, pues justificaci\u00f3n tal ni siquiera esboz\u00f3, raz\u00f3n por la cual no incurri\u00f3 en el error de derecho que la censura le atribuye. Ahora bien, si el verdadero designio del recurrente era dolerse de que el Tribunal hizo caso omiso de la resoluci\u00f3n proferida por el Intendente Fluvial, tal incorrecci\u00f3n, de haber existido, solo pod\u00eda alegarse como un error de hecho, por supuesto que en esa hip\u00f3tesis el juzgador habr\u00eda inadvertido la existencia del referido documento. <\/p>\n
De todas formas parece oportuno destacar que todo ordenamiento jur\u00eddico se concibe como un sistema de normas e instituciones jur\u00eddicas vigentes en un determinado grupo social, que se caracteriza por su unidad, coherencia y plenitud, particularidades que dejan ver una estructura unitaria y conexa de normas con pretensi\u00f3n de gobernar todas las manifestaciones y repercusiones de la actividad social del individuo. De ah\u00ed, pues, que un mismo hecho o acto puede ser reglado y sancionado por el derecho de diferentes formas, seg\u00fan sea la naturaleza de los intereses tutelados en cada ocasi\u00f3n, desde luego que no se discute que un comportamiento dado pueda ser regulado y reprimido penal, civil, administrativa y disciplinariamente, dependiendo de los bienes jur\u00eddicos que hubiese afectado, sin que, en tales eventos, se comprometa la unidad y coherencia del ordenamiento, dada la disimilitud de los bienes e intereses jur\u00eddicos protegidos en cada caso. <\/p>\n
Si de la prestaci\u00f3n de determinados servicios p\u00fablicos se trata, la administraci\u00f3n ejerce de manera permanente, general y sistem\u00e1tica un poder de polic\u00eda especial encaminado a asegurar su adecuado funcionamiento y conservaci\u00f3n, acudiendo, inclusive, a una potestad sancionadora que, salvo disposici\u00f3n expresa de la ley en otro sentido, agota sus efectos dentro de la \u00f3rbita meramente administrativa dentro de la cual se produce, esto es, dejando a salvo los correctivos penales, civiles o de cualquier otra naturaleza que la ilicitud propicie, inferencia que se acompasa con la independencia y autonom\u00eda que a cada autoridad compete, sin que, en todo caso, pueda desconocerse que esa actividad de la administraci\u00f3n pueda producir una actitud refleja en las dem\u00e1s. <\/p>\n
En ese orden de ideas los informes t\u00e9cnicos que con ocasi\u00f3n del ejercicio de la polic\u00eda administrativa se produzcan, pueden obrar, a menos que la ley disponga otra cosa, se reitera, como prueba en las causas civiles o penales que el mismo hecho propicie, evento en el cual su valor demostrativo lo determinan las normas adjetivas pertinentes. Trat\u00e1ndose de las causas civiles, el art\u00edculo 243 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, gobierna lo relativo a tales informes, sin que en lo concerniente con su eficacia probatoria los hubiese sustra\u00eddo del r\u00e9gimen general de la sana cr\u00edtica, raz\u00f3n por la cual el juzgador puede fundar su decisi\u00f3n en medios probatorios distintos si las circunstancias particulares del proceso as\u00ed lo imponen. Como lo ha sostenido esta misma Corporaci\u00f3n, la fuerza demostrativa de tales informes, por ser desvirtuable, puede ser cuestionada \u201cpor los medios legales y que al juez corresponde fijar de manera definitiva\u201d (Sent. 27 de septiembre de 1955, GJ. T. LXXXI, n\u00famero 2157, p. 170). <\/p>\n
Qui\u00e9rese poner de presente, entonces, que, salvo las puntuales excepciones que la ley prev\u00e9, dentro de las atribuciones que a los jueces de instancia les incumbe, se encuentra la de sopesar y ponderar los diferentes medios de prueba que obran en el proceso con miras a obtener su convencimiento, labor que puede aparejar en un momento dado, que el juzgador se aparte de las conclusiones que hubiese asentado la autoridad administrativa pertinente, como aconteci\u00f3 en el asunto que ahora se examina, en el que el Tribunal le concedi\u00f3 especial importancia a las declaraciones testimoniales de los marinos que afrontaron el naufragio y cuya apreciaci\u00f3n no fue refutada con \u00e9xito por el recurrente. <\/p>\n
2. Ciertamente, con base en las declaraciones de los se\u00f1ores RAUL SOLANO y WILLIAM CARDOZO, infiri\u00f3 el Tribunal que el Capit\u00e1n LUIS ALFREDO ACOSTA actu\u00f3 con impericia en el gobierno del bote, puesto que permiti\u00f3 que el planch\u00f3n se golpeara con la playa y, debido a la falta de mantenimiento del mismo, sufriera las aver\u00edas que lo llevaron al naufragio. <\/p>\n
Pero contrariamente a la opini\u00f3n del recurrente, el sentenciador no incurri\u00f3 en los errores de hecho que se le imputan porque las declaraciones de los citados testigos, contempladas en su realidad objetiva, llevan de la mano a las conclusiones a las cuales arrib\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
En efecto, en la declaraci\u00f3n vertida en el transcurso de este proceso el d\u00eda 24 de julio de 1991 (aproximadamente cuatro a\u00f1os despu\u00e9s del naufragio), al efectuar la exposici\u00f3n espont\u00e1nea de los hechos que le constaron, afirm\u00f3 el testigo RAUL SOLANO que: \u00ab….Cuando nosotros embarcamos el ganado en CRAVO NORTE 457 reses (sic.), salimos de Cravo Norte bien, no supe de quien era, salimos bien de all\u00e1 y al lado arriba de MOCHOLITO tropez\u00f3 contra una plata (sic.) y al caer a lo hondo ya se fue escorando, escorando y corrimos un ganado de un corral al otro para ver si voltiaba y nosotros poder sacar el agua, pero en todo caso no pudimos porque el agua nos llegaba arriba de la rodilla….\u00bb <\/p>\n
Luego, al interrog\u00e1rsele sobre el porqu\u00e9 cre\u00eda que el planch\u00f3n hubiese tocado la playa, contest\u00f3 que: \u00abPorque el r\u00edo estaba medio pandito\u00bb. M\u00e1s adelante agrega que la colisi\u00f3n con la playa se produjo porque \u00ab…era que el (sic.) hab\u00eda cogido una curva y hab\u00eda una punta de playa, porque por eso le peg\u00f3 a la punta de playa\u00bb( fol.364). <\/p>\n
<\/p>\n
Frente a esa objetividad de la testificaci\u00f3n, no puede endilg\u00e1rsele el yerro que ahora se le imputa al Tribunal. Tampoco puede menospreciarse el valor preponderante que le corresponde a esta deposici\u00f3n por el prurito de que transcurrieron cuatro a\u00f1os desde el incidente narrado hasta la fecha de la declaraci\u00f3n judicial, puesto que los sucesos relatados no son minucias, ni hacen parte de recuerdos rec\u00f3nditos que hubiesen brotado de manera sospechosa en su testimonio. Por el contrario, se trata de la explicaci\u00f3n de un acontecimiento significativo en la vida de un navegante, es decir, que hace parte de aquella memoria activa formada por los sucesos que dejan huella en el individuo. <\/p>\n
La aserci\u00f3n del testigo es coherente con la versi\u00f3n que rindi\u00f3 ante la autoridad administrativa, hacia la cual se encamina la reprensi\u00f3n del censor. Pero, inclusive, si se analiza integralmente esta declaraci\u00f3n, se advierte que el testigo aborda en los mismos t\u00e9rminos la explicaci\u00f3n de la causa del naufragio, pues afirma que: \u00abnuestro viaje fue normal hasta arriba de \u00abMochuelito\u00bb que fue donde el planch\u00f3n se peg\u00f3 un poco con la playa…\u00bb. <\/p>\n
Y frente a la respuesta que de manera concreta reprocha el recurrente, es decir, cuando preguntado el deponente sobre su concepto del naufragio contest\u00f3: \u00abYo creo cuando tropez\u00f3 con la playa, pudo haberse partido el bote\u00bb, se tiene simplemente que se trata de una locuci\u00f3n no muy bien lograda por medio de la cual pretende el testigo decir que cuando tropez\u00f3 la embarcaci\u00f3n con la playa, \u00e9l cree que se pudo partir el bote, sentido este que es concordante con el resto de su testimonio y que indica que la hip\u00f3tesis que formula radica no en la colisi\u00f3n con la playa, sino que pudo ser tal golpe la causa del rompimiento del bote. <\/p>\n
Similar acotaci\u00f3n le cabe al testimonio de WILLIAM CARDOZO (fol 107). <\/p>\n
3. Si bien es cierto que el sentenciador no alude de manera directa a las inspecciones judiciales y a los conceptos de navegabilidad en ellas se mencionados, no es menos cierto que su juicio sobre el mal estado del planch\u00f3n lo bas\u00f3 en el testimonio del marino RAUL SOLANO quien, por ser uno de sus tripulantes resulta, ser un testigo de excepci\u00f3n de tal circunstancia. <\/p>\n
El cargo, en consecuencia, no prospera. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
Con apoyo en la causal prevista en el inciso 1\u00b0 del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se acusa la sentencia recurrida de ser directamente violatoria, por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1\u00b0, 1010, 1031 -regla 1a.- del C\u00f3digo de Comercio de 1971; 10 -inciso 1o.-, 20 -inciso 1o.-, 39 -incisos 1\u00b0, 4\u00b0 y 6\u00b0-, 47 del decreto No. 1 de 1990 que modific\u00f3 el dicho C\u00f3digo de Comercio en lo relacionado con los contratos de transporte y seguros de este; 1\u00b0 de la ley 95 de 1890; y 3\u00b0, 82 -numeral 2-, 210, 301 in fine, 302 y 367 del decreto 2689 de 1988 o Estatuto Nacional de Navegaci\u00f3n Fluvial. <\/p>\n
Se acusa la sentencia, as\u00ed mismo, de ser violatoria, por aplicaci\u00f3n indebida, de los art\u00edculos 870, 883, 884, 982, 992, 1030 -primera parte-, 1031 -regla 2a-, 1609 -ordinales 1\u00b0, 3\u00b0 y 4\u00b0-, del C\u00f3digo de Comercio de 1971, 63, 1604 -inciso 1\u00b0-, 1608 -ordinales 1\u00b0 y 2\u00b0-, 1613, 1614 y 1615 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Acomete, entonces, el censor la demostraci\u00f3n de los errores que denuncia, para lo cual, afirma a manera de proemio que, de conformidad con los art\u00edculos 1604, 1610, 1613, 1614, y 1615 del C\u00f3digo Civil, la responsabilidad derivada del incumplimiento de una obligaci\u00f3n contractual solamente se estructura por la inejecuci\u00f3n, la ejecuci\u00f3n imperfecta o tard\u00eda de la obligaci\u00f3n pactada, la culpa del deudor y el da\u00f1o causado como consecuencia de ese incumplimiento culposo. <\/p>\n
Al demandante le incumbe probar estos supuestos, salvo las excepciones legales, dentro de las cuales se encuentra el contrato de transporte en el cual, por implicar el ejercicio de una actividad peligrosa, se presume la culpa de quien lo explota, raz\u00f3n por la cual al acreedor solo le corresponde demostrar la existencia del contrato y la no entrega de las cosas o animales transportados. <\/p>\n
El da\u00f1o consiste en la lesi\u00f3n que el remitente o el destinatario sufren por la p\u00e9rdidas de tales bienes, causa por la cual deviene para el transportador el deber de resarcirlo, responsabilidad que comienza desde el momento en que los recibe o ha debido hacerse cargo de la mercanc\u00eda y solo termina con su entrega. <\/p>\n
Mas en materia de indemnizaci\u00f3n por la p\u00e9rdida de la cosa transportada, la legislaci\u00f3n colombiana ha normatizado la tendencia generalizada de establecer un r\u00e9gimen especial, caracterizado por el singular rasgo de limitar el monto de la indemnizaci\u00f3n as\u00ed debida, para reducirlo, en unos supuestos, al valor declarado por el remitente para las cosas, como da\u00f1o emergente, mas un porcentaje preestablecido, como lucro cesante; y, en otros casos, excluyendo de la indemnizaci\u00f3n el concepto de lucro cesante. <\/p>\n
Agrega el recurrente que, en efecto: <\/p>\n
a) Al amparo del art\u00edculo 1031 del C. de Comercio de 1971, el monto de la indemnizaci\u00f3n por la p\u00e9rdida de la cosa ser\u00e1 igual al costo de la mercanc\u00eda puesta en el lugar y fecha convenidos para la entrega, m\u00e1s un 25% de dicho precio por lucro cesante. Por tal raz\u00f3n, a\u00f1ade, ha sostenido la Corte que en tal caso el cobro de la indemnizaci\u00f3n no puede tasarse por el precio de la mercanc\u00eda en el momento de cargue, sino como lo exige en forma imperativa el citado art\u00edculo 1031. <\/p>\n
Infiere, entonces, que en el caso de la sentencia impugnada se conden\u00f3 a la sociedad demandada a pagar a los demandantes \u00abel valor actual\u00bb de los semovientes, calculado pericialmente en $140.000,oo por cabeza, m\u00e1s los intereses comerciales corrientes sobre la suma total. <\/p>\n
Y para fijar en esa cantidad unitaria el \u00abvalor actual\u00bb de las reses, que al momento de la entrega era solo de $80.000,oo estimaron los falladores la p\u00e9rdida constante del poder adquisitivo del peso. <\/p>\n
La condena por el primer aspecto, pugna \u00ababierta y coruscantemente\u00bb con lo dispuesto en los art\u00edculos 1031 del C. de Comercio y 39 del Decreto No.1 de 1990 que reforma a aquel, puesto que estos preceptos reducen la indemnizaci\u00f3n por p\u00e9rdida de la mercanc\u00eda \u00abal valor de esta, declarado al entregarla para su transporte, por concepto de da\u00f1o emergente; o al 80% del valor probado, si no se hubiese declarado su precio al entregarla\u00bb. <\/p>\n
Lo propio sucede con la segunda condena pues aquellos preceptos reducen la indemnizaci\u00f3n por el lucro cesante al 25% de aquel valor, o lo eliminan cuando el remitente no suministra el valor de las cosas al momento de su entrega al porteador. <\/p>\n
Con tal raciocinio, continua, el Tribunal dej\u00f3 de aplicar los aludidos preceptos, e hizo actuar normas distintas para efectos de imponer la indemnizaci\u00f3n a cargo de la sociedad transportadora. <\/p>\n
No se puede justificar esa decisi\u00f3n en la solicitud de correcci\u00f3n monetaria deprecada en la demanda, puesto que la responsabilidad de la empresa encausada deriva exclusivamente del contrato de transporte, cuyas normas reguladoras, como se ha dicho, determinan los alcances de la obligaci\u00f3n indemnizatoria y la delimitan cuantitativamente. Y como lo ha dicho la Corte, cuando la ley regula la forma y cuant\u00eda de la indemnizaci\u00f3n, tiene que seguirse esa disposici\u00f3n positiva, sin dar cabida a la indexaci\u00f3n. <\/p>\n
El Tribunal ha debido, pues, aplicar en su sentencia los referidos art\u00edculos 1031, regla 1a. del C\u00f3digo de Comercio y el art\u00edculo 39 del decreto 1 de 1990, reformatorio de aquel; al no haberlos hecho actuar en la forma se\u00f1alada, los viol\u00f3 por inaplicaci\u00f3n. <\/p>\n
C O N S I D E R A C I O N E S: <\/p>\n
1. Dispone el art\u00edculo 38 de la ley 153 de 1887 que: \u00abEn todo contrato se entender\u00e1n incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebraci\u00f3n. <\/p>\n
\u00abExcept\u00faanse de esta disposici\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab1\u00b0) Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato, y <\/p>\n
\u00ab2\u00b0) Las que se\u00f1alan penas para el caso de infracci\u00f3n de lo estipulado; la cual infracci\u00f3n ser\u00e1 castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido\u00bb. <\/p>\n
Como quiera que el contrato de transporte sobre el cual gira este proceso se celebr\u00f3 en junio de 1987, \u00e9poca en la cual igualmente acaeci\u00f3 la p\u00e9rdida de los semovientes transportados, para la Corte resulta evidente que las normas llamadas a gobernar el litigio son las previstas en el C\u00f3digo de Comercio de 1971, esto es, que el decreto 1\u00b0 de 1990, al cual se refiere insistentemente el recurrente, por ser ley posterior, tanto a la celebraci\u00f3n del contrato de transporte, como al incumplimiento del mismo, no es texto aplicable en el sub-iudice. <\/p>\n
2. De otro lado, en lo que ata\u00f1e a la hipot\u00e9tica violaci\u00f3n del art\u00edculo 1031 del C\u00f3digo de Comercio, es oportuno precisar que si el Tribunal concedi\u00f3 la indemnizaci\u00f3n en la forma tasada por los peritos, tal soluci\u00f3n se encuentra tipificada en el citado precepto para el caso en que la mercanc\u00eda fletada no estuviese destinada a la venta, raz\u00f3n por la cual, la prosperidad del cargo estaba supeditada a que el recurrente demostrara que el juzgador se equivoc\u00f3 en la fijaci\u00f3n de los hechos del litigio, debate que no puede trazarse por la v\u00eda de la violaci\u00f3n directa la que, obviamente, entra\u00f1a una total avenencia con las premisas de esa especie sobre las cuales apuntala el sentenciador su decisi\u00f3n. <\/p>\n
Vale decir, que si el Tribunal acudi\u00f3 al dictamen pericial para efectos de ordenar la indemnizaci\u00f3n pertinente, tal aserto no puede discutirse sin descender, ineludiblemente, a la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica para poner de manifiesto que los semovientes s\u00ed ten\u00edan la destinaci\u00f3n espec\u00edfica que el precepto en comento exige como supuesto para que obre la regla legal que el censor reclama, discusi\u00f3n que no puede proponerse por la v\u00eda de la violaci\u00f3n directa a la cual ha acudido el recurrente, so pretexto, quiz\u00e1s, de obviar la ausencia de cualquier reparo de la parte demandada al respecto en las instancias. <\/p>\n
En consecuencia, el cargo no se abre paso. <\/p>\n
D E C I S I O N: <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de junio 28 de 1993, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro del proceso ordinario adelantado por DANIEL ALJURE ESCANDON y FRANCISCO LOMONACO FERNANDEZ, frente a la SOCIEDAD TRANSPORTES FLUVIALES RAMON PLATA Y CIA LTDA. <\/p>\n
Costas a cargo de la parte recurrente. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase. <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
Referencia: Expediente 4633 <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 4633 <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
<\/p>\n
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S-004-98 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 Distrito Capital, tres (3) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998). […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[79],"tags":[],"class_list":["post-81524","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-79"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81524","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81524"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81524\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81524"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81524"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81524"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}