S-081-98<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 Distrito Capital, veintiuno (21) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998). <\/p>\n
Rad. Expediente 4844 <\/p>\n
Despacha la Corte el recurso extraordinario de Casaci\u00f3n propuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 8 de junio de 1993 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario adelantado por la CORPORACION COLOMBIANA DE AHORRO Y VIVIENDA \u00abCONAVI\u00bb, frente a CONSTRUCCIONES ROJAS JIMENEZ y C\u00eda. S. en C. y ORGANIZACION PANAMERICANA DE INVERSIONES \u00abPANAINVERSIONES, S.A.\u00bb <\/p>\n
A N T E C E D E N T E S: <\/p>\n
1. Correspondi\u00f3 al Juzgado 17 Civil del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, tramitar la demanda en virtud de la cual la entidad demandante deprec\u00f3, fundamentalmente, que se ordenara a la sociedad demandada \u00abCONSTRUCCIONES ROJAS JIMENEZ y c\u00eda. S. en C.\u00bb que compareciera por intermedio de su representante legal, dentro de los 3 d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia, a la hora de las 5 p.m., a la Notar\u00eda 30 de Bogot\u00e1 a suscribir la escritura p\u00fablica que \u00abperfeccione el contrato de promesa de compraventa sobre el local No 1\u00bb, distinguido con el No.17-60 de la calle 15 Sur de esta ciudad. <\/p>\n
2. El supuesto de hecho que soporta tal demanda es, en resumen, el siguiente: <\/p>\n
\u00abPANAINVERSIONES S.A.\u00bb, actuando como administradora del proyecto de propiedad de \u00abCONSTRUCCIONES ROJAS JIMENEZ y CIA S. en C.\u00bb suscribi\u00f3 con la demandante un contrato de promesa de venta del referido local, cuyas especificaciones se asentaron minuciosamente en la demanda. <\/p>\n
En la promesa se estipul\u00f3 como precio del inmueble, la suma de $5.419.700,oo de los cuales la promitente compradora entreg\u00f3 a la promitente vendedora, a t\u00edtulo de arras, la suma de $3.500.000,oo, y el d\u00eda 29 de abril de 1983 la suma de $1.500.000,oo, quedando un saldo de $419.700,oo que deb\u00edan ser cancelados el d\u00eda de la firma de la escritura de venta. <\/p>\n
En la cl\u00e1usula sexta del referido contrato, las partes se comprometieron a suscribir la aludida escritura en la Notar\u00eda 30 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, quince d\u00edas h\u00e1biles despu\u00e9s de que se cumplieran estas condiciones: a) la expedici\u00f3n, protocolizaci\u00f3n y registro del reglamento de propiedad horizontal del edificio del cual hace parte el local, todo lo cual efectivamente se cumpli\u00f3, y b) que la Superintendencia Bancaria autorizara tal adquisici\u00f3n, permiso que tambi\u00e9n fue concedido. <\/p>\n
Mediante carta fechada el d\u00eda 2 de mayo de 1984, \u00abCONAVI\u00bb comunic\u00f3 a \u00abPANAINVERSIO-NES S.A.\u00bb que el aludido permiso hab\u00eda sido concedido, raz\u00f3n por la cual deb\u00eda suscribirse la promesa el d\u00eda 23 de mayo siguiente, esto es, 15 d\u00edas h\u00e1biles despu\u00e9s. La sociedad Panainversiones, por su parte, le contest\u00f3 diciendo que carec\u00eda de poder para ejecutar el acto por el que se le requer\u00eda, toda vez que la constructora lo hab\u00eda revocado. Por tal raz\u00f3n, mediante comunicaci\u00f3n del 18 de mayo siguiente, la promitente compradora se dirigi\u00f3 a \u00abCONSTRUCCIONES ROJAS JIMENEZ y C\u00eda S. en C.\u00bb para solicitarle que otorgara la escritura prometida el d\u00eda 23 de mayo. <\/p>\n
Empero, llegado el d\u00eda se\u00f1alado, s\u00f3lo compareci\u00f3 a la Notar\u00eda acordada, el representante legal de la sociedad demandante, exhibiendo al efecto paz y salvo de renta y el cheque por la suma de $419.000 a favor de ORGANIZACION PANAMERICANA DE INVERSIONES S.A.. Como la sociedad demandada no se presentara, se dej\u00f3 sentado en instrumento p\u00fablico, el cumplimiento de la demandante. <\/p>\n
3. Enterada la sociedad \u00abCONSTRUC-CIONES ROJAS JIMENEZ y C\u00eda S. en C.\u00bb de tal libelo, adem\u00e1s de aceptar algunos hechos y negar otros en la contestaci\u00f3n de la demanda y de proponer excepciones, formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n en la que, fundamentalmente, impetr\u00f3 la resoluci\u00f3n del contrato por el incumplimiento de la actora, demandada en reconvenci\u00f3n, la que, en tal virtud debe \u00abcancelar en favor de la sociedad CONSTRUCCIONES ROJAS JIMENEZ y C\u00eda. S en C., las arras del negocio pactadas en la cl\u00e1usula cuarta del contrato de promesa ya referido\u00bb. <\/p>\n
4.- Los supuestos f\u00e1cticos de la nueva pretensi\u00f3n contenida en la contrademanda, pueden condensarse en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
Habi\u00e9ndose comprometido la promitente compradora a radicar la solicitud de permiso para adquirir el local ante la Superintendencia Bancaria dentro de los 10 d\u00edas siguientes a la promesa, o sea, a m\u00e1s tardar el 12 de enero de 1983, solo cumpli\u00f3 con tal carga el d\u00eda 16 de agosto de ese mismo a\u00f1o, esto es, con notoria extemporaneidad. <\/p>\n
Empero, obtenida la autorizaci\u00f3n el d\u00eda 23 de marzo de 1984, \u00abCONAVI\u00bb, de manera arbitraria y unilateral, se\u00f1al\u00f3 la fecha del 23 de mayo de 1984 para que la actora en reconvenci\u00f3n otorgara la escritura prometida, decisi\u00f3n que le hizo saber mediante escrito del 18 de mayo de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Entre tanto, la promitente vendedora hab\u00eda revocado el mandato a \u00abPANAINVERSIONES S.A.\u00bb, determinaci\u00f3n que comunic\u00f3 al representante legal de \u00abCONAVI\u00bb y que ratific\u00f3 mediante escrito del 19 de septiembre de 1983. A su vez, \u00abPANAINVERSIONES S.A.\u00bb, por intermedio de su filial \u00abPanaindustrial Ltda.\u00bb, adelant\u00f3 \u00abtorticeramente\u00bb un proceso ejecutivo frente a la promitente vendedora, dentro del cual, el d\u00eda 3 de septiembre de 1983, embarg\u00f3, entre otros, el local prometido en venta a la mencionada Corporaci\u00f3n de ahorro. Sin embargo, tal proceso ejecutivo concluy\u00f3 en favor de la sociedad demandada, raz\u00f3n por la cual se desembarg\u00f3 el aludido local. <\/p>\n
Del texto de la correspondencia cruzada entre las partes, se deduce que en ning\u00fan momento se adquiri\u00f3 la obligaci\u00f3n de suscribir la escritura en la fecha impuesta por \u00abCONAVI\u00bb. <\/p>\n
5. A la primera instancia puso fin la sentencia del 27 de abril de 1992, por medio de la cual el a-quo declar\u00f3 infundadas las excepciones propuestas por \u00abCONSTRUCCIONES ROJAS JIMENEZ y C\u00eda. S. en C.\u00bb, entidad a la cual le orden\u00f3 otorgar la escritura p\u00fablica prometida dentro de los tres d\u00edas siguientes a la ejecutoria de tal providencia, negando, adem\u00e1s, las pretensiones formuladas en la demanda de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
Apelada por la entidad vencida esa providencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, la revoc\u00f3 y en su lugar deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda principal, declar\u00f3 resuelto el contrato por incumplimiento de \u00abCONAVI\u00bb, a la cual conden\u00f3 a restituir el local en los 10 d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Neg\u00f3, as\u00ed mismo, la condena por frutos civiles del inmueble y, finalmente, dispuso que la promitente compradora perd\u00eda en favor de la contraparte las arras pactadas. <\/p>\n
LAS RAZONES DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1.- Luego de destacar los antecedentes relevantes del litigio, y de reparar en la cabal satisfacci\u00f3n de los presupuestos procesales, advierte el Tribunal que el contrato de promesa objeto del conflicto, es de naturaleza comercial y re\u00fane las exigencias del art\u00edculo 861 del C\u00f3digo de Comercio, en concordancia con el articulo 89 de la ley 153 de 1887. <\/p>\n
Agrega, que toda modificaci\u00f3n al mismo requiere de la concurrencia de ambas voluntades, manifestada, claro est\u00e1, con el lleno de los requisitos necesarios para la estipulaci\u00f3n inicial. <\/p>\n
2.- No habi\u00e9ndose probado modifica-ci\u00f3n alguna al contrato de promesa, en las considera-ciones se\u00f1aladas, habr\u00e1 de declararse que \u00e9ste existe en los t\u00e9rminos contenidos en el documento aportado en la demanda y de cuya \u00abobservancia\u00bb se tiene que el convenio qued\u00f3 sometido a dos condiciones suspensivas y a una resolutoria expresa. <\/p>\n
La segunda, esto es la resolutoria expresa, est\u00e1 contenida en la cl\u00e1usula decimotercera del acuerdo, cuando establece que la negativa de la Superintendencia Bancaria a otorgar el permiso para comprar, acarrear\u00e1 la resoluci\u00f3n autom\u00e1tica de la promesa sin sanciones, ni indemnizaciones, situaci\u00f3n esta que no se adujo ni se prob\u00f3 en el proceso. Las condiciones suspensivas consistieron en la expedici\u00f3n oficial, protocolizaci\u00f3n y registro del reglamento de copropiedad, y la obtenci\u00f3n por parte de la promitente compradora, de la respectiva autorizaci\u00f3n, para cuyo efecto se comprometi\u00f3 a radicar la solicitud de permiso dentro de los 10 d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la fecha del contrato. <\/p>\n
3.- Con miras a establecer el incumpli-miento, observa el ad quem que la primera obligaci\u00f3n que deb\u00eda satisfacer, esto es, la de radicar la petici\u00f3n de permiso en los 10 d\u00edas subsiguientes en la Superintendencia Bancaria, correspond\u00eda a CONAVI. De la documentaci\u00f3n allegada, afirma, surge di\u00e1fanamente que la promitente compradora incumpli\u00f3, antes que todo, con esa obligaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual carece de legitimaci\u00f3n para demandar el cumplimiento de su contraparte. <\/p>\n
4.- En lo concerniente a la legitimaci\u00f3n de la demandante en reconvenci\u00f3n, dice que tal parte la constituyen dos personas jur\u00eddicas, una de las cuales no se oblig\u00f3 en su nombre sino en el de la otra. Si bien la relaci\u00f3n de mandato no se prob\u00f3 en el proceso, la aceptaci\u00f3n de tal vinculaci\u00f3n por la demandada principal, exonera de responsabilidad a la mandante que la oblig\u00f3. <\/p>\n
Habiendo CONAVI incumplido con anterioridad, el promitente vendedor no entr\u00f3 en mora al no realizar en la fecha acordada una de las obligaciones a su cargo, pues no debe olvidarse que la entrega del inmueble la efectu\u00f3 con anticipaci\u00f3n a la fecha que le era exigible, qued\u00e1ndole \u00fanicamente por cumplir el otorgamiento de la escritura de venta en la fecha determinada por el cumplimiento de las condiciones suspensivas pactadas. Quiere esto decir que el promitente vendedor ostenta la calidad de contratante cumplido, circunstancia que lo leg\u00edtima para incoar la acci\u00f3n que intent\u00f3, am\u00e9n de que se encuentra probado que la promitente compradora no solicit\u00f3 oportunamente el permiso a la Superintendencia Bancaria, cuya posterior obtenci\u00f3n \u00aben ninguna forma convalida el incumplimiento de la actora principal, pues para que \u00e9l pueda predicarse debe ser estrictamente de acuerdo con las cl\u00e1usulas contractuales…\u00bb. Tampoco convalida tal incumplimiento el que la sociedad promitente vendedora hubiese recibido el 28 (sic.) de abril de 1983, la suma de $1.500.000,oo. Si la mora hubiese sido en parte del pago y \u00e9sta se hubiese recibido, podr\u00eda afirmarse lo mencionado; \u00abpero el recibo de pago parcial es indicativo solamente hasta ese momento de la voluntad de persistir en el contrato, de la parte que recibe\u00bb, lo cual no convalida el incumplimiento de las obligaciones de otra clase, y ni siquiera pone de presente que el promitente vendedor ya estuviese noticiado del incumplimiento del promitente comprador. <\/p>\n
Da fuerza a este planteamiento, agrega, el que los documentos que CONAVI aduce como convalidaci\u00f3n de su incumplimiento, se refieren a una transacci\u00f3n ajena al contrato de promesa, pues el solo hecho de que se ofrezca el otorgamiento de la escritura como parte del arreglo de otras obligaciones, no implica modificaci\u00f3n de la promesa, mientras que el cumplimiento posterior de la obligaci\u00f3n solo pone de presente el incumplimiento de lo pactado, a menos que obedezca a convenio posterior que deber\u00e1 reunir las solemnidades establecidas por el contrato inicial, lo cual se echa de menos en este asunto. <\/p>\n
5.- Las consecuencias del incumpli-miento de CONAVI fueron de considerable gravedad, porque, de haber cumplido, otra hubiese sido la \u00e9poca del otorgamiento de la escritura prometida, pues la condici\u00f3n suspensiva habr\u00eda acaecido antes, y, cabe dentro de lo posible, el local no habr\u00eda sido embargado. <\/p>\n
6.- Comoquiera que la contrademanda de resoluci\u00f3n prospera, el Tribunal condena a la sociedad actora a restituir el local, mas la exonera de la obligaci\u00f3n de pagar los frutos civiles por ausencia absoluta de prueba al respecto, acotando, marginalmente, que se abstiene de decretar pruebas de oficio porque tal medida es pertinente cuando las probanzas no son suficientes, pero no en el caso en que el interesado abandona totalmente su carga procesal. <\/p>\n
A su vez, el promitente vendedor debe devolver el dinero recibido como pago parcial, junto con los intereses corrientes, por tratarse de una \u00abcompraventa\u00bb (sic.) comercial. Las arras pactadas como de retracto, las perder\u00e1 CONAVI por su incumplimiento. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
1.- En el cargo \u00fanico que se formula en ella contra la sentencia recurrida, con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, se acusa la sentencia del Tribunal de quebrantar, a causa de evidentes errores de hecho, los art\u00edculos 1, 2, 822, 824, 826, 835, 845, 854, 861, 863, 864, 870, 871, 883, 894, 905 y 942 del C\u00f3digo de Comercio, y 1494, 1496, 1530, 1546, 1602, 1603, 1613, 1614, 1615, 1859, 1935 y 1937 del c\u00f3digo civil, el art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887, y, finalmente, el art\u00edculo 406 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, antes 412. <\/p>\n
2.- El primer yerro f\u00e1ctico y manifiesto que el censor le imputa a la sentencia, consiste en que el Tribunal no tom\u00f3 en cuenta que la obligaci\u00f3n que se dice incumplida por CONAVI (la de presentar a la Superintendencia Bancaria, dentro de los diez d\u00edas subsiguientes a la promesa, solicitud de autorizaci\u00f3n para adquirir el inmueble), ya estaba satisfecha para la \u00e9poca en que se present\u00f3 la demanda de reconvenci\u00f3n. No advirti\u00f3 el sentenciador, entonces, que el tratamiento legal al incumplimiento en los contratos bilaterales es diferente seg\u00fan se trate de obligaci\u00f3n insatisfecha al momento de la demanda, o seg\u00fan sea satisfecha, pero tard\u00edamente. <\/p>\n
La voluntad del legislador, agrega, es la de que los contratos se cumplan, a\u00fan en eventos de tanta magnitud como el incumplimiento del pago del precio. Con mayor raz\u00f3n, si la prestaci\u00f3n se encuentra satisfecha, aunque tard\u00edamente. <\/p>\n
Esta predilecci\u00f3n del legislador por el cumplimiento de los contratos es patente en el llamado pacto comisorio, en el cual, a pesar de lo dispuesto en los art\u00edculos 1546, 1930, 1932, 1935 y 1936 del C\u00f3digo Civil, cuando el vendedor ha demandado la resoluci\u00f3n del contrato porque el comprador ha incumplido en el pago del precio, francamente se despoja ese grave incumplimiento de efectos resolutorios y, tendiendo un manto de perd\u00f3n y olvido, se torna inexpugnable el contrato, a condici\u00f3n de que el comprador demandado pague el precio dentro de las 24 horas siguientes a la notificaci\u00f3n judicial de la demanda. <\/p>\n
Con mayor raz\u00f3n se debe pensar que el ordenamiento jur\u00eddico tiene inter\u00e9s en que subsista el contrato de que trata el litigio, pues la obligaci\u00f3n de pedir la autorizaci\u00f3n para comprar el local se cumpli\u00f3, aunque tard\u00edamente, pero con mucha anterioridad a la iniciaci\u00f3n del proceso, m\u00e1s cuando esa obligaci\u00f3n es meramente accidental o secundaria; adem\u00e1s que la sociedad contrademandante no solo no present\u00f3 reclamo por esa demora, sino que la perdon\u00f3 al manifestar en cartas del 16 de septiembre de 1986, del 25 de febrero, del 12 de mayo y del 21 de septiembre de 1987 su \u00e1nimo de no demandar la resoluci\u00f3n del contrato, sino de cumplirlo por su parte con el otorgamiento de la escritura p\u00fablica de venta. <\/p>\n
La jurisprudencia de la Corte ha sostenido que la resoluci\u00f3n del contrato de venta no puede acogerse cuando es exigua la parte del precio no pagado oportunamente, en proporci\u00f3n al precio total convenido y a los abonos hechos, y siempre que el deudor no persista en el incumplimiento. <\/p>\n
3.- Tras citar algunos tratadistas for\u00e1neos que, seg\u00fan el pensar del censor, corroboran sus asertos, vuelve a los yerros f\u00e1cticos que le imputa al Tribunal, reiterando que \u00e9ste pas\u00f3 por alto que CONAVI satisfizo, aunque tard\u00edamente, su obligaci\u00f3n de pedir el permiso de compra a la Superintendencia Bancaria. Tampoco advirti\u00f3 el Tribunal que esa obligaci\u00f3n no es esencial al contrato, sino secundaria o accidental, y, del mismo modo, el sentenciador no tom\u00f3 conciencia de que desde mucho antes de iniciarse el proceso, CONAVI cumpli\u00f3 las obligaciones a su cargo y estuvo pronta a pagar la suma de $419.700,oo, saldo del precio, al paso que la contrademandante incumpli\u00f3 su obligaci\u00f3n de otorgar el d\u00eda 23 de mayo la escritura p\u00fablica de venta. <\/p>\n
4.- Incurriendo en yerro f\u00e1ctico evidente y torciendo la real significaci\u00f3n de varios hechos y pruebas, el Tribunal dej\u00f3 de concluir en su estudio, que esas probanzas acreditaban a plenitud que en la mente de la promitente vendedora estuvo aceptar la tard\u00eda radicaci\u00f3n que CONAVI hiciera el 16 de agosto de 1983, ante la Superintendencia de la solicitud de permiso para comprar, con lo que admiti\u00f3 as\u00ed el cumplimiento de esa obligaci\u00f3n. <\/p>\n
5.- Olvidando el Tribunal, agrega la censura, que, de conformidad con los art\u00edculos 861 y 824 del C\u00f3digo de Comercio, tal como lo ha aceptado la Corte, la promesa de contrato comercial es consensual, no vio los documentos y circunstancias que acreditan que la reconviniente acept\u00f3 el cumplimiento tard\u00edo de la obligaci\u00f3n de pedir el aludido permiso, y que de esa manera prorrog\u00f3 el plazo que se venc\u00eda el 12 de enero de 1983, puesto que, de no ser as\u00ed, no hubiera recibido tres meses despu\u00e9s de la promesa, el 29 de abril, un abono por $1.500.000,oo, como tampoco entregado el inmueble a CONAVI el 1\u00b0 de marzo de 1983, ni hubiera suscrito las cartas del 16 de septiembre de 1986, del 12 de mayo y del 21 de septiembre de 1987, en que manifiesta su intenci\u00f3n de otorgar escritura. <\/p>\n
En efecto, a\u00f1ade, que: <\/p>\n
b)Tambi\u00e9n al responder el hecho tercero de la demanda, la sociedad demandada confes\u00f3 que el 29 de abril, es decir, tres meses despu\u00e9s de la promesa, recibi\u00f3 un abono que, seg\u00fan el contrato, s\u00f3lo correspond\u00eda para fecha posterior. <\/p>\n
c) Est\u00e1 confesado, igualmente, que la sociedad demandada comunic\u00f3 a las directivas de CONAVI que asum\u00eda la direcci\u00f3n y responsabilidad por las ventas, episodio sucedido 6 meses despu\u00e9s de vencido el plazo de 10 d\u00edas a que se ha hecho alusi\u00f3n. <\/p>\n
d) Mediante comunicaci\u00f3n del 16 de septiembre de 1986 (fls.23 y 24 del cuaderno.2), la sociedad CONSTRUCCIONES ROJAS JIMENEZ, juntamente con una oferta de daci\u00f3n en pago por otras obligaciones, acepta correr la escritura p\u00fablica de venta del local prometido en venta, ofrecimiento reiterado en cartas del 25 de febrero y 12 de mayo siguientes, documentos estos que fueron reconocidos en la diligencia a que se refiere el folio 48 del cuaderno 2\u00b0. <\/p>\n
e) Tambi\u00e9n obra al folio 50 ib\u00eddem, escrito del 23 de septiembre de 1983, en el que la sociedad demandada pide a la demandante que el saldo de $419.700,oo sea abonado a la cuenta que esa sociedad tiene en CONAVI. <\/p>\n
Si el Tribunal, afirma el recurrente, hubiese interpretado correctamente todos esos documentos, habr\u00eda encontrado acreditado el prop\u00f3sito inequ\u00edvoco de la sociedad demandada de persistir en la ejecuci\u00f3n del contrato y de dar por prorrogado el plazo para pedir el permiso en la Superintendencia. <\/p>\n
6.- Remata la censura diciendo que al no deducir el ad quem de las aludidas pruebas, que el contrato de promesa fue modificado en cuanto a la manera de pagarse el precio convenido y que se prorrog\u00f3 el plazo para solicitar el referido permiso, y al no concluir que la sociedad demandada \u00abacept\u00f3, purgando la mora inicial de CONAVI\u00bb, el cumplimiento tard\u00edo de esa obligaci\u00f3n, incurri\u00f3 en yerro f\u00e1ctico evidente, al negarle el real contenido de esas pruebas. Error del mismo linaje cometi\u00f3 cuando afirm\u00f3 que no se encontraba probada la modificaci\u00f3n de la promesa. De no haber incurrido en tales yerros, habr\u00eda concluido que no prosperaba la demanda de reconvenci\u00f3n, sino la principal. <\/p>\n
C O N S I D E R A C I O N E S: <\/p>\n
1.- De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del numeral 1 del art\u00edculo 368 del C. de P.C., la violaci\u00f3n de la ley sustancial, como causal de casaci\u00f3n, puede ocurrir como consecuencia de un error de hecho manifiesto en la aprecia\u00adci\u00f3n de determinada prueba, en el que hubiere incurrido el sentenciador de instancia. <\/p>\n
Si de la t\u00e9cnica del recurso se trata, la norma anteriormente se\u00f1alada, deber\u00e1 enlazarse con lo previsto en el inciso final del art\u00edculo 374 ib., dado que en este se establece que cuando la transgresi\u00f3n de la regla material sea el fruto del error de la especie acabada de mencionar, es necesario que el recurrente lo demuestre, comprobaci\u00f3n que exige del impugnador, con miras a dejar sentada la presencia del yerro, que confronte lo expuesto en el fallo con lo representado por la prueba, a fin de que de esa comparaci\u00f3n surja el desacierto del sentenciador de manera n\u00edtida y evidente. <\/p>\n
El cotejo a que se alude, presupone, entonces, que cuando el error denunciado no lo sea por preterici\u00f3n total de la prueba, sino por adici\u00f3n o cercena\u00admiento de la misma, ha de mostrar el casacionista qu\u00e9 es lo que ella dice en realidad, para indicar a continuaci\u00f3n qu\u00e9 fue lo que el tribunal vio, examen que, para los efectos que se propone, debe revelar la protuberante disparidad entre el tenor de la prueba y la estimaci\u00f3n cumplida por el sentenciador, divergencia que, por lo dem\u00e1s, no puede verse como el fruto de meticulosas lucubraciones, porque entonces todo se reducir\u00eda a una simple exposici\u00f3n de criterios simplemente discrepantes, respecto de los cuales la Corte no podr\u00eda tomar partido distinto al consignado en la sentencia, toda vez que \u00e9sta viene precedida de la presunci\u00f3n de acierto, am\u00e9n de que la casaci\u00f3n no se ofrece como un tr\u00e1mite mas del proceso donde los aspectos de hecho de la cuesti\u00f3n litigiosa, puedan ser debatidos con la amplitud que caracteriza las instancias. <\/p>\n
2.- Asimismo, como de vieja data lo tiene definido la jurisprudencia de la Corte, \u00absi el sentenciador contempla las pruebas tal como ellas se ofrecen, sin hacerles decir nada distinto de lo que las mismas manifiestan, entonces no podr\u00eda censur\u00e1rsele en casaci\u00f3n por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de las mismas, cuando a pesar de lo que vio que ellas revelan, hubiera llegado a adoptar una decisi\u00f3n en pugna con las exigencias jur\u00eddicas de la realidad demostrada. El error estar\u00eda en tal hip\u00f3tesis, no en el \u00e1mbito probatorio, sino en las conclusiones que, no compadeci\u00e9ndose con los hechos establecidos, fuesen contrarias al derecho sustancial. Lo que quiere decir que, en tal evento, el ataque tendr\u00eda que hacerse en el recurso extraordi\u00adnario, por infracci\u00f3n directa de la ley de esta especie, es a saber, indepen\u00addientemente de todo yerro en la estimaci\u00f3n probatoria\u00bb (CXVII, p. 174). <\/p>\n
3.- Todo lo anterior se evoca porque el censor, no obstante que perfilara su disconformidad con la sentencia cuestionada por la v\u00eda indirecta, circunstancia que lo apremiaba a poner de presente los yerros de apreciaci\u00f3n probatoria en los que habr\u00eda incurrido el fallador, se empecin\u00f3, por el contrario, en cuestionar las inferencias que en el \u00e1mbito estrictamente jur\u00eddico aqu\u00e9l dej\u00f3 sentadas, al paso que, contra\u00adriamente a lo que \u00e9l cree, no se advierte discrepancia valedera alguna entre uno y otro, censor y juzgador, en lo relativo a la estimaci\u00f3n de las pruebas, raz\u00f3n por la cual solo le es dable a la Corte colegir que la apreciaci\u00f3n que de las misma llev\u00f3 a cabo el Tribunal se ci\u00f1\u00f3 a su objetividad, o, por lo menos, que \u00e9sta no puede tacharse como contraevidente. <\/p>\n
3.1. En efecto, el \u00abprimer yerro f\u00e1ctico\u00bb que el casacionista le imputa al sentenciador consiste en que \u00e9ste no tom\u00f3 conciencia de que la obligaci\u00f3n de radicar la petici\u00f3n de permiso en la Superintendencia Bancaria para adquirir el local, a cargo de \u00abCONAVI\u00bb, al presentarse la demanda ya se encontraba satisfecha. Sin embargo, el Tribunal, si bien no individualiz\u00f3 las probanzas a partir de las cuales obtuvo tal inferencia, si repar\u00f3 en el suceso, pues al respecto, dijo: \u00abLa obtenci\u00f3n posterior del permiso al que nos venimos refiriendo en ninguna forma convalida el incumplimiento de la actora principal, pues para que \u00e9l pueda predicarse debe ser estrictamente de acuerdo con las cl\u00e1usulas contractuales….\u00bb. Agregando m\u00e1s adelante: \u00bb El cumplimiento posterior de la obligaci\u00f3n por s\u00ed solo pone de presente el incumplimiento de lo pactado, a menos que obedezca a pacto posterior que deber\u00eda reunir las solemnidades establecidas para el contrato social.\u00bb <\/p>\n
De manera clara, se advierte, entonces, que tal como el sentenciador abord\u00f3 el an\u00e1lisis del asunto, no ubic\u00f3 la cuesti\u00f3n en el marco factual, conforme lo cree el recurrente, sino en el jur\u00eddico, en tanto que habiendo reparado en la apuntada circunstancia, le neg\u00f3 los alcances legales que el censor pretende atribuirle, motivo por el cual la cabal formulaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n exig\u00eda del casacionista que prescindiera de la cr\u00edtica sobre la apreciaci\u00f3n que de los supuestos de hecho cumpli\u00f3 el ad-quem, aspecto en el que, como es patente, ambos coinciden, para trazar, en cambio, por la v\u00eda directa, senda que es la apropiada para tal fin, la impugnaci\u00f3n de las deducciones que sobre el real entendimiento de las normas legales asent\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
3.2. Empero, aun en el supuesto de que el recurrente no hubiese incurrido en la aludida deficiencia t\u00e9cnica en la formulaci\u00f3n del cargo y hubiese atinado a plantear el problema en el plano pertinente, cabr\u00eda precisar que esta Corporaci\u00f3n no le ha negado al cumplimiento tard\u00edo el efecto resolutorio previsto en el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, pues al respecto ha dicho que \u201c\u2026Independientemente de la fuente legal o convencional que tenga, la resoluci\u00f3n no puede ser declarada en sede judicial sino en la medida en que sea rendida prueba concluyente de esa situaci\u00f3n de hecho antijur\u00eddica que es el incumplimiento el que, por principio, se produce ante cualquier desajuste entre la prestaci\u00f3n debida y la conducta desplegada por el obligado, desajuste que a su vez puede darse bajo una cualquiera de las tres modalidades que con el prop\u00f3sito de definir las causas posibles que dan lugar al resarcimiento de perjuicios en el \u00e1mbito contractual, describe el art\u00edculo 1613 del C\u00f3digo Civil, refiri\u00e9ndose al incumplimiento propio o absoluto, al cumplimiento imperfecto que tambi\u00e9n suele denominarse \u201cincumplimiento impropio\u201d y en fin, al cumplimiento tard\u00edo o realizado por fuera de la \u00e9poca oportuna\u201d (Casaci\u00f3n del 26 de enero de 1994). Esto es, que atendiendo autorizados criterios que conjugan acertadamente el efecto particularmente vinculante de los contratos con el inter\u00e9s que en ellos depositan los contratantes, debe inferirse que el cumplimiento tard\u00edo de la prestaci\u00f3n no ataja la acci\u00f3n resolutoria cuando el plazo pactado es esencial al negocio, o su incumplimiento apareja la frustraci\u00f3n del fin pr\u00e1ctico perseguido por ellos, o, en general, cuando surja para el afectado un inter\u00e9s justificado en su aniquilaci\u00f3n, pues de no ser as\u00ed se propiciar\u00edan enojosas injusticias y se prohijar\u00eda el abuso del derecho de los contratantes morosos. <\/p>\n
En consecuencia, si pudiese tenerse como averiguado que, como lo asevera el recurrente, existe cierta \u201cpredilecci\u00f3n del legislador por la realizaci\u00f3n del contrato\u201d y si, del mismo modo, no se discutiese que en virtud de que el incumplimiento, erigido por obra del art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil en condici\u00f3n resolutoria de los pactos bilaterales, no los resuelve de pleno derecho -contrariamente a lo que sucede con las condiciones ordinarias-, por lo que ser\u00eda menester el ejercicio de reclamaci\u00f3n judicial, con la cual, adem\u00e1s, se har\u00eda concreta la opci\u00f3n del demandado, si se admitiesen, pues, como ciertas todas estas circunstancias que permitir\u00edan pensar que mientras no se ejercite la acci\u00f3n judicial, para unos, o mientras no se profiera sentencia que declare la resoluci\u00f3n, para otros, es posible el cumplimiento de la prestaci\u00f3n debida, pagando, de todas formas, los perjuicios moratorios causados, lo cierto es que imperativos de justicia y de repulsi\u00f3n al abuso del derecho, llevar\u00edan de cualquier modo a considerar que cuando el plazo pactado es esencial al negocio, o cuando su infracci\u00f3n acarrea la decadencia del fin pr\u00e1ctico perseguido por las partes, o, en general, cuando surja para el afectado un razonable inter\u00e9s en la resoluci\u00f3n del mismo, el cumplimiento retardado no puede enervar la acci\u00f3n resolutoria, a menos claro est\u00e1, que \u00e9ste lo hubiese consentido o tolerado. <\/p>\n
Por supuesto que el desbordamiento no previsto ni querido del plazo puede truncar la obligaci\u00f3n, o hacerla in\u00fatil o poco provechosa, o puede desembocar en un quebrantamiento del equilibrio prestacional, raz\u00f3n por la cual es preciso examinar en cada caso los efectos del retardo en la prestaci\u00f3n y la actitud de los contratantes, particularmente la del deudor, a quien de ning\u00fan modo se le puede patrocinar que pague tard\u00edamente para obtener provecho censurable, como acontece, por ejemplo, cuando pretende prevalerse de la depreciaci\u00f3n de la moneda o las fluctuaciones de la econom\u00eda. <\/p>\n
En ese orden de ideas, no resulta acertado aseverar, como lo hace el recurrente, que el cumplimiento tard\u00edo, mediando, obviamente, la indemnizaci\u00f3n moratoria si a ella hay lugar por el retardo, enerve invariablemente el ejercicio de la acci\u00f3n resolutoria del afectado, toda vez que, como ha quedado dicho, deben consultarse en cada caso los aspectos que acaban de precisarse. Sobre los efectos que en el asunto que se examina tuvo la injustificada demora del promitente comprador en radicar la solicitud de permiso ante la autoridad administrativa pertinente, se hablar\u00e1 m\u00e1s adelante. <\/p>\n
3.3. Tampoco existe el yerro de facto que el casacionista le endilga al Tribunal, consistente en que \u00e9ste no apreci\u00f3 que en la contestaci\u00f3n del hecho cuarto de la demanda principal, el demandado confes\u00f3 que hab\u00eda recibido en abril de 1983, un abono al precio convenido, amortizaci\u00f3n que no estaba pactada en la promesa de compraventa, toda vez que al respecto dijo el ad-quem: no \u201c\u2026convalida el incumplimiento de `CONAVI’ el recibo por parte de \u00abCONSTRUCCIONES ROJAS JIMENEZ y C\u00eda. S. en C.\u00bb, el d\u00eda 28 de abril de 1983, de la suma de $1.500.000,oo, como lo dice su apoderado. Si la mora hubiese sido en parte del pago y esta parte se hubiese recibido, podr\u00eda eventualmente afirmarse lo mencionado; pero el recibo de pago parcial es indicativo solamente hasta ese momento de la voluntad de persistir en el contrato, de la parte que recibe, circunstancia esta que no convalida el incumplimiento de otra clase de obligaciones y ni siquiera pone de presente que el promitente vendedor al recibir, ya estuviese noticiado del incumplimiento del promitente comprador\u00bb. <\/p>\n
Esto es, que el Tribunal si encontr\u00f3 acreditado tal pago parcial, pero no le atribuy\u00f3 los efectos que el censor pretende asignarle, desde luego que \u00e9ste, abstra\u00eddo como se encontraba en la demostraci\u00f3n de ese inexistente yerro f\u00e1ctico, dej\u00f3, en cambio, de combatir las razones aducidas por el fallador para negarle a esos abonos el efecto jur\u00eddico -convalidante- que aqu\u00ed le atribuye, argumentos que consistieron en que por tratarse del pago parcial de una prestaci\u00f3n de distinto temperamento a la incumplida, solamente era indicativa \u201chasta ese momento de la voluntad de persistir en el contrato, de la parte que recibe\u00bb (se subraya ); y que ello ni siquiera pon\u00eda de presente que el promitente vendedor ya estuviese noticiado del incumplimiento del promitente comprador, reflexiones estas que, por lo dem\u00e1s no son f\u00e1cilmente deleznables, m\u00e1xime si se advierte que los tales pagos parciales fueron aceptados con anterioridad al embargo del local, es decir, cuando a\u00fan no se hab\u00eda frustrado para el promitente comprador el cumplimiento del contrato, y que con su aceptaci\u00f3n no pod\u00eda revalidar el promitente vendedor un incumplimiento de cuya existencia a\u00fan no estaba enterado. <\/p>\n
3.4. Afirma, asimismo, el recurrente, que el Tribunal tampoco advirti\u00f3 que la referida obligaci\u00f3n de la promitente compradora no era de \u00ab…las principales o esenciales del contrato de compraventa, sino obligaci\u00f3n t\u00edpicamente secundaria o accidental…\u00bb (se subraya), peculiaridad que le permite concluir que su incumplimiento no tiene la connotaci\u00f3n que le otorgara el sentenciador, y, por ende, que no constituye causal suficiente para deprecar la resoluci\u00f3n del contrato. <\/p>\n
Empero, de un lado, no se percat\u00f3 el impugnante de que el Tribunal, al referirse a la importancia del incumplimiento de \u201cCONAVI\u201d, estim\u00f3 que \u00e9ste fue de considerable gravedad porque, de haber cumplido, otra hubiese sido la \u00e9poca del otorgamiento de la escritura prometida, pues la condici\u00f3n suspensiva acaecer\u00eda antes, \u201cy, cabe dentro de lo posible, que siendo diferente la \u00e9poca de perfeccionamiento del contrato, a\u00fan hubiese sido administradora quien prometi\u00f3 en venta el inmueble y \u00e9ste a\u00fan no habr\u00eda sido embargado\u201d, inferencia que se abstuvo de cuestionar; am\u00e9n que, de otro lado, como a simple vista puede observarse, la impugnaci\u00f3n se encamina a precisar la importancia que dentro del contrato prometido -el de compraventa-, tiene la prestaci\u00f3n tard\u00edamente satisfecha por el deudor, dejando de lado la consideraci\u00f3n de que el contrato que se pretende resolver es el de la promesa de compraventa dentro del cual tal obligaci\u00f3n adquiere una dimensi\u00f3n con contornos especiales puesto que de ella depend\u00eda, ni m\u00e1s ni menos, la fecha en la cual deb\u00eda cumplirse lo prometido, o sea, la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica mutuamente ofrecida, y cuya trascendencia, como en su oportunidad lo apuntara el ad-quem, puede palparse con mayor facilidad si se aprecia que, dado el rumbo que finalmente tomaron los acontecimientos, el local al que alude el contrato de promesa, fue embargado de modo indebido, acci\u00f3n que, quiz\u00e1s, no hubiese sucedido de haberse satisfecho tempestivamente la referida prestaci\u00f3n. <\/p>\n
M\u00e1s exactamente, como quiera que la fijaci\u00f3n de la \u00e9poca en que debe ajustarse el contrato prometido es un elemento de la esencia de la promesa de contrato, por supuesto que \u00e9sta tiene \u201c\u2026un peculiar cariz provisional y transitorio en cuanto es un convenio preparatorio de otro cuyo resultado no pueden o no quieren alcanzar de inmediato las partes, pero a cuya realizaci\u00f3n se comprometen mediante un v\u00ednculo jur\u00eddico previo que les impone la obligaci\u00f3n rec\u00edproca y futura de concertarlo con posterioridad, agot\u00e1ndose en \u00e9l su funci\u00f3n econ\u00f3mico – jur\u00eddica, quedando claro, entonces, que como \u2018no se trata de un pacto perdurable, ni que est\u00e9 destinado a crear una situaci\u00f3n jur\u00eddica de duraci\u00f3n indefinida y de efectos perpetuos, la transitoriedad indicada se manifiesta como de la propia esencia de dicho contrato\u2019 (G. J. CLIX p\u00e1g.283)\u2026\u201d (Casaci\u00f3n del 28 de julio de 1998 a\u00fan no publicada); dada esa particularidad de la promesa, se dec\u00eda, la fijaci\u00f3n del t\u00e9rmino en que se debe ajustar el negocio prometido no es una cuesti\u00f3n de poca monta, o \u201csecundaria o accidental\u201d, como la denomina la censura, sino, por el contrario, de singular trascendencia dentro de la misma, m\u00e1xime cuando el injustificado incumplimiento del mismo malogra o frustra la celebraci\u00f3n del contrato debido. <\/p>\n
En este orden de ideas, tal apreciaci\u00f3n del Tribunal no puede tacharse de manifiestamente err\u00f3nea. <\/p>\n
3.5. No cabe duda alguna, tampoco, de que el Tribunal s\u00ed apreci\u00f3 las comunicaciones del 16 de septiembre de 1986, 25 de febrero de 1987 y mayo 12 del mismo a\u00f1o, a las cuales hace menci\u00f3n el casacionista, pues al referirse de manera gen\u00e9rica a la correspondencia sostenida entre las partes, aun cuando sin individuarlizarla, afirm\u00f3 que \u00ab… los documentos a los que alude \u2018Conavi\u2019 como convalidaci\u00f3n de su incumplimiento por parte de la Sociedad Constructora, se refieren a transacci\u00f3n ajena al contrato de promesa, pues el solo hecho de que se ofrezca el otorgamiento de la Escritura como parte del arreglo de otras obligaciones, no implica modificaci\u00f3n de la promesa…\u201d <\/p>\n
Se trata, entonces, de una alusi\u00f3n clara y concreta a tales comunicados, cuyo alcance, el otorgado por el ad-quem, no puede tildarse de contraevidente. Por cierto, en el primero de aquellos documentos, el del 16 de septiembre de 1986, la promitente vendedora, se dirige a \u00abConavi\u00bb con \u00ab…el fin de proponerle una nueva formula de soluci\u00f3n para la deuda que Construcciones Rojas Jim\u00e9nez y C\u00eda S. en C., tiene con la Corporaci\u00f3n, as\u00ed: … 4. Simult\u00e1neamente, se proceder\u00e1 a correr la escritura p\u00fablica de venta a la Corporaci\u00f3n, del local 17-60 en el cual funcionan actualmente las oficinas de la agencia del Barrio Restrepo. Si la Corporaci\u00f3n acepta la presente oferta, se hablar\u00eda con el Dr. Tulio C\u00e1rdenas Giraldo para estudiar la mec\u00e1nica o el procedimiento a seguir con el fin de garantizar que las daciones en pago queden debidamente legalizadas…\u00bb <\/p>\n
La apreciaci\u00f3n de este documento no puede realizarse de la manera parcial que propone la censura, puesto que una valoraci\u00f3n en tal sentido desarticula su contenido, con la subsecuente distorsi\u00f3n de la voluntad real del suscriptor. Por el contrario, contemplado de manera conjunta y arm\u00f3nica, revela que se encuentra hilvanado por la intenci\u00f3n clara y evidente, de ofrecer una forma de pago de las deudas a cargo de la sociedad constructora y en favor de la Corporaci\u00f3n, sin que se haga alusi\u00f3n alguna a la promesa de compraventa, con miras a modificarla, o a tolerar el incumplimiento de la promitente compradora. Esto es, que la funci\u00f3n econ\u00f3mico-jur\u00eddica en torno a la cual giraba la propuesta, o sea, la funci\u00f3n pr\u00e1ctica que con ella pretend\u00eda realizar el proponente, no era otra que la de intentar conciliar con el destinatario una forma de solucionar las obligaciones a su cargo, englobando en ella, como un elemento mediador m\u00e1s, el otorgamiento de la escritura p\u00fablica del local cuya venta se hab\u00eda prometido, raz\u00f3n por la cual el entendimiento que el Tribunal le otorg\u00f3 al susodicho escrito no resulta manifiestamente contrario a la evidencia. <\/p>\n
Otro tanto puede afirmarse de los dem\u00e1s documentos aludidos por el censor y que contienen propuestas en el mismo rumbo y de las cuales no puede deducirse la intenci\u00f3n de reformar el precontrato objeto del litigio, am\u00e9n de que no aparece prueba de que la Corporaci\u00f3n de Ahorro hubiese aceptado tales ofertas. <\/p>\n
3.6. Finalmente, es preciso reconocer que el fallador no hizo menci\u00f3n del documento que obra al folio 50 del cuaderno 2\u00b0, por medio del cual el gerente de la sociedad \u00abConstrucciones Rojas Jim\u00e9nez y C\u00eda. S en C.\u00bb pide a \u00abCONAVI\u00bb que la suma de $419.700 que resta del precio del local, fuera abonada a la cuenta que aquella sociedad tiene con la Corporaci\u00f3n. Sin embargo, al referirse al pago parcial del 29 de abril de 1983, por valor de $1.500.000,00, neg\u00f3 a esos abonos los alcances revalidatorios que el recurrente pretende atribuirles, al considerar que: \u201cSi la mora hubiese sido en parte del pago y esta parte se hubiese recibido, podr\u00eda eventualmente afirmarse lo mencionado; pero el recibo de pago parcial es indicativo solamente hasta ese momento de la voluntad de persistir en el contrato, de la parte que recibe, circunstancia esta que no convalida el incumplimiento de otra clase de obligaciones y ni siquiera pone de presente que el promitente vendedor al recibir, ya estuviese noticiado del incumplimiento del promitente comprador\u00bb; raz\u00f3n por la cual, esa preterici\u00f3n ser\u00eda intranscendente en cuanto el impugnante no refut\u00f3 con \u00e9xito aquella inferencia del Tribunal. <\/p>\n
En este orden de ideas, el cargo no prospera. <\/p>\n
D E C I S I O N: <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 8 de junio de 1993 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario adelantado por la CORPORACION COLOMBIANA DE AHORRO Y VIVIENDA \u00abCONAVI\u00bb, frente a CONSTRUCCIONES ROJAS JIMENEZ y CIA. S. en C. y ORGANIZACION PANAMERICANA DE INVERSIONES \u00abPANAINVERSIONES, S.A.\u00bb <\/p>\n
Se condena a la parte recurrente al pago de las costas del recurso. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 4844 <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
<\/p>\n
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S-081-98 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 Distrito Capital, veintiuno (21) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998). […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[79],"tags":[],"class_list":["post-81589","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-79"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81589","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81589"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81589\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81589"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81589"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81589"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}