S-001-99<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de Febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999).- <\/p>\n
Referencia: Expediente 5099 <\/p>\n
Se decide por la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por uno de los demandados contra la sentencia de fecha ocho (8) de marzo de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario de mayor cuant\u00eda seguido por el entonces BANCO DEL COMERCIO, hoy BANCO DE BOGOT\u00c1, contra la sociedad COMERCIALIZADORA MOVIFOTO LTDA y LUIS JAVIER MARIO POSADA OCHOA. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
Mediante escrito presentado el 28 de febrero de 1991, reformado el 16 de septiembre siguiente, el establecimiento bancario actor solicit\u00f3 ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medell\u00edn que mediante sentencia que haga tr\u00e1nsito a cosa juzgada, se condene a la Sociedad COMERCIALIZADORA MOVIFOTO LTDA, antes denominada Inversiones Inmobiliaria Movifoto Ltda en su calidad de socia gestora administradora de Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto S. en C. S., y al demandado LUIS JAVIER MARIO POSADA OCHOA, en tanto ambos lograron que el demandante otorgara a la sociedad comanditaria mencionada, siete financiaciones post-embarque no cubiertas, a pagarle en forma solidaria los perjuicios causados, perjuicios que seg\u00fan el texto de la demanda tienen expresi\u00f3n cuantitativa b\u00e1sica en las sumas de dinero que se indican a continuaci\u00f3n reajustadas en su poder adquisitivo a la fecha en que tenga lugar el pago, m\u00e1s los intereses causados desde el d\u00eda que fueron concedidas las correspondientes financiaciones: a) seiscientos veinte mil doscientos cuarenta y cuatro pesos con 87 ctvs. ($620.244.87), equivalentes a U.S.$ 10.635 del d\u00eda 7 de diciembre de 1981 cuando fue concedida, correspondiente a la financiaci\u00f3n post-embarque No.1330\/6727 con vencimiento el 4 de marzo de 1983; b) un mill\u00f3n quinientos sesenta y dos mil quinientos cincuenta y un pesos con 36 centavos ($1\u2019562.551.36), equivalente a U.S.$26.506.39 del 28 de diciembre de 1981 cuando fue concedida, correspondiente a la financiaci\u00f3n post-embarque 1334\/6752 vencida desde el 23 de marzo de 1983; c) setecientos cincuenta mil trescientos noventa y seis pesos con 40 ctvs ($750.396.40), equivalente a U.S$12.594.77 del 25 de enero de 1982, correspondiente a la financiaci\u00f3n post-embarque 1338\/6781 que se venci\u00f3 el 20 de enero de 1983; d) dos millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos noventa y seis pesos con 57 centavos ($2\u2019243.396.57), equivalente a U.S.$37.321.52 del 1o. de febrero de 1982, correspondiente a la financiaci\u00f3n post-embarque 1344\/6814 que venci\u00f3 el 9 de febrero de 1983; e) tres millones trescientos ochenta y dos mil ochocientos noventa y ocho pesos con 7 centavos ($3\u2019382.898.07), equivalentes a U.S.$55.676.40 del 10 de marzo de 1982, correspondientes a la financiaci\u00f3n post-embarque 1351\/6836 que se venci\u00f3 el 5 de marzo de 1983; f) dos millones novecientos setenta y seis mil doscientos cuarenta y tres pesos con 68 ctvs. ($2\u2019976.243.68), equivalente a U.S.$48.544.18 del 30 de marzo de 1982, correspondiente a la financiaci\u00f3n post-embarque 1359\/6849 vencida desde el 3 de agosto de 1983; y g) siete millones veinticuatro mil setecientos trece pesos con 70 ctvs ($7\u2019024.713.70), equivalente a U.S.$109.164.16 del 21 de julio de 1982, correspondiente a la financiaci\u00f3n post-embarque 1380\/6912 vencida desde el 19 de febrero de 1983. En fin, solicita se condene a los demandados en forma solidaria al pago de costas. <\/p>\n
Sustentan la pretensi\u00f3n indemnizatoria as\u00ed formulada los hechos y afirmaciones que pasan a resumirse: <\/p>\n
a) Por escritura p\u00fablica n\u00famero 475 del 31 de marzo de 1976, corrida en la Notar\u00eda D\u00e9cima de Medell\u00edn, se constituy\u00f3 la sociedad denominada Litograf\u00eda Movifoto S. en C. S. la cual, por escritura 1772 del 27 de agosto de 1979 de la Notar\u00eda Segunda de Medell\u00edn, se transform\u00f3 en Inversiones Inmobiliarias Movifoto Ltda y por escritura 1640 del 28 de agosto de 1984 de la misma Notar\u00eda, cambi\u00f3 nuevamente su raz\u00f3n social por la de COMERCIALIZADORA MOVIFOTO LTDA, con la finalidad, seg\u00fan dice el banco demandante, de poder evadir sus obligaciones para con terceros resultantes de su condici\u00f3n de socia gestora de Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto S. en C. S., pero de todas formas la demandada responde por las obligaciones contraidas bajo la raz\u00f3n social de Inversiones Inmobiliarias Movifoto Ltda. b) Por escritura p\u00fablica No. 697 del 31 de marzo de 1980 de la Notaria Segunda de Medell\u00edn se constituy\u00f3 Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto Ltda. la cual, por escritura p\u00fablica 1944 del 24 de septiembre de 1981 de la misma Notar\u00eda, modific\u00f3 su naturaleza por la de sociedad en comandita simple ingresando como socia gestora Inversiones Inmobiliarias Movifoto Ltda., compa\u00f1\u00eda esta que, junto con LUIS JAVIER MARIO POSADA OCHOA, obtuvo que el BANCO DEL COMERCIO realizara en beneficio de las Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto S. en C. S. las siete operaciones de financiaci\u00f3n descritas en el cap\u00edtulo petitorio de la demanda. Posteriormente, por escritura p\u00fablica 2491 del 31 de diciembre de 1982 corrida en la Notar\u00eda Segunda de Medell\u00edn, dicha sociedad volvi\u00f3 a cambiar su estructura jur\u00eddica y adopt\u00f3 de nuevo la denominaci\u00f3n de Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto Ltda., modificaci\u00f3n que en concepto del demandante tuvo por objeto hacer factible que Inversiones Inmobiliarias Movifoto Ltda preparara la evasi\u00f3n del pago de los perjuicios que, como socia gestora de Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto S. en C. S, le ocasion\u00f3 al lograr que concediera a \u00e9sta \u00faltima las citadas financiaciones post-embarque. c) Las sociedades Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto S. en C. S., Inversiones Inmobiliarias Movifoto Ltda y COMERCIALIZADORA MOVIFOTO LTDA siempre han tenido como gerente al mismo LUIS JAVIER MARIO POSADA OCHOA y se encuentran formadas por socios familiares o sociedades del gerente com\u00fan de todas. d) Este \u00faltimo, obrando como gerente de Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto S. en C. S. en la demanda que present\u00f3 contra el BANCO DEL COMERCIO ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medell\u00edn, proceso en el que fue absuelto el banco, explic\u00f3 que la operaci\u00f3n bancaria denominada \u201cfinanciaci\u00f3n post-embarque\u201d permite al exportador recibir anticipadamente el valor en pesos correspondiente a facturaciones que el cliente extranjero no paga de contado, para que as\u00ed pueda efectuarse el reintegro del valor en d\u00f3lares de la exportaci\u00f3n al Banco de la Rep\u00fablica, y por \u201coperaci\u00f3n de reintegro\u201d la entrega que los bancos comerciales hacen al Banco de la Rep\u00fablica de d\u00f3lares propios o de sus clientes, para ser cambiados por pesos colombianos. e) De acuerdo con las ya citadas escrituras p\u00fablicas entre el 2 de diciembre de 1981 y el 9 de julio de 1982, fechas en que se llevaron a cabo las operaciones de cr\u00e9dito a las que alude la demanda, exist\u00eda la sociedad denominada Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto S. en C. S. cuyo gerente era el demandado LUIS JAVIER MARIO POSADA OCHOA, persona esta que actuando como gerente de Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto Ltda, que por entonces no ten\u00eda esa forma asociativa pues se hab\u00eda convertido en sociedad en comandita simple, solicit\u00f3 y obtuvo que el BANCO DEL COMERCIO le concediera a aquella dichas financiaciones originadas en el despacho de un cargamento de postales y muebles met\u00e1licos exportados a Caribe Tourist Promotions Inc. de Puerto Rico; y fue as\u00ed como para tales efectos reintegr\u00f3 el demandante al Banco de la Rep\u00fablica d\u00f3lares de propiedad del primero, integrantes de su posici\u00f3n propia en divisas, y no de la sociedad beneficiaria, por las mismas cantidades financiadas, canjeados por pesos que \u00e9sta \u00faltima recibi\u00f3 previo descuento de comisiones, con el compromiso de restituirle al actor los d\u00f3lares facilitados para la citada financiaci\u00f3n, una vez cubierto el precio de la exportaci\u00f3n acordado con el importador. f) El demandado, como gerente de la beneficiaria, para obtener los referidos cr\u00e9ditos entreg\u00f3 al BANCO DEL COMERCIO documentos de contragarant\u00eda firmados en blanco con instrucciones verbales de llenarlos por el valor de las financiaciones y los perjuicios a que se aluden en la demanda, incluyendo los correspondientes intereses, autorizaciones que posteriormente neg\u00f3 y por lo cual el BANCO no pudo completar los documentos de contragarant\u00eda. g) El demandado, en su propio nombre y en representaci\u00f3n de las ya mencionadas sociedades, demand\u00f3 en seis oportunidades al Banco aqu\u00ed demandante, actuaciones cuyo detalle suministra el escrito de demanda y que no tuvieron \u00e9xito. h) Para el vencimiento de las pluricitadas financiaciones post-embarque la deudora nuevamente se hab\u00eda convertido en Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto Ltda y no pag\u00f3 al BANCO DE COMERCIO las referidas obligaciones, adem\u00e1s de lo cual carece de bienes para hacerlo, circunstancias que permiten concluir que las conductas de la firma demandada y de LUIS JAVIER MARIO POSADA OCHOA son dolosas y destinadas, seg\u00fan el parecer de la instituci\u00f3n financiera perjudicada, a que el segundo, como gerente de todas las sociedades involucradas en los hechos referidos, pudiera obtener indebido beneficio de las operaciones de cr\u00e9dito en cuesti\u00f3n, no reembols\u00e1ndole al BANCO las cantidades pre-financiadas. <\/p>\n
2. Notificado el auto admisorio, los demandados contestaron la demanda oponi\u00e9ndose a las pretensiones en ella deducidas, afirmando que Inversiones Inmobiliarias Movifoto Ltda no se fusion\u00f3 con COMERCIALIZADORA MOVIFOTO LTDA, como lo sostuviera el demandante en el libelo inicialmente presentado; simplemente, dicen, modific\u00f3 sus objetivos sociales y cambi\u00f3 su nombre mediante escritura p\u00fablica No. 1640 de 28 de agosto de 1984 ante el Notario Segundo de Medell\u00edn, as\u00ed como tambi\u00e9n que sus socios son los mismos accionistas de Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto S. en C. S.; que la transformaci\u00f3n temporal de la sociedad obedeci\u00f3 a la necesidad de realizar y darle cumplimiento a algunas operaciones de exportaci\u00f3n que as\u00ed lo requer\u00edan; que las financiaciones post-embarque fueron creadas con el objeto de descontar letras y documentos representativos de un cr\u00e9dito en moneda extranjera otorgado por exportadores del pa\u00eds a compradores en el exterior con el objeto de cubrir el valor de los bienes exportados, es decir que el beneficiario de una financiaci\u00f3n de este tipo es el exportador extranjero quien se obliga a firmar una letra o pagar\u00e9 y a conseguir el aval de un banco extranjero que garantice a \u201cProexpo\u201d el pago de las mercanc\u00edas exportadas, en este caso Movifoto del Caribe Inc, quien gir\u00f3 siete cheques al BANCO DEL COMERCIO para respaldar las citadas operaciones, t\u00edtulos valores que el demandante trat\u00f3 de cobrar antes de su vencimiento y sin haber cumplido con el compromiso de remesarle los fondos que prometi\u00f3 girar, por conducto del Chase Manhattan Bank, con el fin de realizar inversiones de capital en Puerto Rico para comercializar la producci\u00f3n litogr\u00e1fica a ser exportada desde Colombia; Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto Ltda nada deb\u00eda al actor y por eso no fueron llenados los pagar\u00e9s en blanco; la responsabilidad que se pretende deducir contra la socia gestora de Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto Ltda jam\u00e1s podr\u00eda extenderse a MARIO POSADA OCHOA y solo cabria si se demuestra que adquiri\u00f3 obligaciones que consten en documentos que provengan de ella o que la vinculen y que contengan deudas claras, expresas y exigibles en favor del banco demandante y que constituyan plena prueba contra una sociedad que no ha sido demandada ni requerida en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 294, inciso 2o., del C\u00f3digo de Comercio. Tambi\u00e9n se propuso como defensa la inexistencia de la obligaci\u00f3n, basada en que el beneficiario de las operaciones fue Movifoto del Caribe Inc. y no aparece documento alguno que provenga del deudor en virtud del cual se puedan demostrar la existencia de las obligaciones alegadas pues, simplemente, todo obedeci\u00f3 a siete reintegros de divisas de los que diariamente tramitan los bancos cuando reciben los exportadores colombianos el pago de sus ventas en el exterior y no pr\u00e9stamos de divisas a particulares, agregando a t\u00edtulo de excepciones, la prescripci\u00f3n, la \u201cexeptio non adimpleti contractus\u201d, la exceptio \u201cnon numeratae pecuniae\u201d, la simulaci\u00f3n del cr\u00e9dito contenido en los documentos que se utilizan para fundamentar la acci\u00f3n ordinaria deducida, la inexistencia de t\u00edtulo que da origen a la acci\u00f3n de perjuicios contra COMERCIALIZADORA MOVIFOTO LTDA. y MARIO POSADA OCHOA, la inexistencia del contrato de mutuo, el incumplimiento del contrato de pr\u00e9stamo y el objeto il\u00edcito, por no ser legalmente posibles en Colombia las operaciones del tipo de las descritas, sin obtener de antemano las correspondientes autorizaciones administrativas. <\/p>\n
3. Planteada la litis con el contenido que se deja rese\u00f1ado y tramitada en forma regular la primera instancia con la recepci\u00f3n de pruebas pedidas por las partes y decretadas de oficio por el juez de conocimiento, culmin\u00f3 con sentencia de fecha primero (1) de octubre de 1993 por la cual, aludiendo a falta de legitimaci\u00f3n en causa por pasiva, se absolvi\u00f3 a LUIS JAVIER MARIO POSADA OCHOA, se declararon no probadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas por la parte demandada y se conden\u00f3 a COMERCIALIZADORA MOVIFOTO LTDA a pagarle al actor, a t\u00edtulo de perjuicios por cada una de las financiaciones post-embarque estipuladas en d\u00f3lares en su equivalente en moneda colombiana: <\/p>\n
US $ 10.635 $ 8\u00b4608.288.05 <\/p>\n
US $ 26.506.39 $ 21\u00b4455.067.26 <\/p>\n
US $ 12.594.77 $ 10\u00b4194.584.86 <\/p>\n
US $ 37.321.52 $ 30\u00b4209.157.93 <\/p>\n
US $ 55.676.40 $ 45\u00b4066.148.45 <\/p>\n
US $ 48.544.18 $ 39\u00b4293.115.62 <\/p>\n
US $109.164.16 $ 88\u00b4187.107.03 <\/p>\n
US $300.442.42 $243\u00b4187.108.02 <\/p>\n
Seg\u00fan la sentencia, tales cantidades deber\u00e1n actualizarse de acuerdo con el valor del d\u00f3lar en el momento de efectuar el pago, no orden\u00f3 el reajuste por p\u00e9rdida del poder adquisitivo ni los intereses comerciales y en fin, conden\u00f3 en costas a la sociedad demandada. <\/p>\n
Inconforme con lo as\u00ed decidido, esta \u00faltima interpuso recurso de alzada motivo por el cual subi\u00f3 el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn donde, en la oportunidad procesal debida, present\u00f3 apelaci\u00f3n adhesiva el apoderado de la entidad financiera demandante y luego de surtirse el tr\u00e1mite correspondiente a la segunda instancia con la pr\u00e1ctica de algunas pruebas igualmente decretadas por iniciativa oficiosa del Tribunal, dicha instancia finaliz\u00f3 con la providencia del ocho (8) de marzo de 1994 mediante la cual se le imparti\u00f3 confirmaci\u00f3n a la sentencia apelada, salvo en la cuant\u00eda de la condena que se modific\u00f3 en la siguiente forma: la suma de dieciocho millones quinientos sesenta mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con 65\/100 ($18\u2019560.444.65) por concepto de capital debido como consecuencia de las operaciones post-embarque que se acreditaron en el proceso; la suma de once millones trescientos veintiun mil ochocientos setenta y un mil pesos con 24\/100 ($11\u00b4321.871.24) por la p\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda nacional que afect\u00f3 a la suma antes indicada en el per\u00edodo comprendido entre el 25 de julio de 1991, fecha en que al decir de la corporaci\u00f3n sentenciadora incurri\u00f3 en mora la sociedad deudora, y la fecha del fallo, con lo que se indemniza el da\u00f1o emergente; la suma de treinta y dos millones doscientos cincuenta y seis mil ciento noventa y seis pesos con 76\/10 ($32\u00b4256.196.76), como resarcimiento del perjuicio que al demandante ocasion\u00f3 la mora de la demandada en pagar el capital debido y que comprende los intereses comerciales moratorios causados desde el 25 de julio de 1991 hasta la fecha de ejecutoria de este fallo, 16 de marzo de 1994, importe que corresponde al lucro cesante; los intereses legales comerciales de mora sobre el capital de $18\u00b4560.444.65 a la tasa anual de 65,86%, que se causen a partir del 17 de marzo de 1994 y la fecha en que quede cubierta la deuda principal que los genera; y asimismo conden\u00f3 a la sociedad demandada a pagar al banco demandante el 80% del total de las costas que a favor de \u00e9ste se liquiden en ambas instancias. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO OBJETO DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO. <\/p>\n
Despu\u00e9s del acostumbrado recuento de antecedentes y resumir el alcance de la inconformidad de las dos partes respecto de la sentencia de primera instancia, se\u00f1ala el Tribunal que se encuentran satisfechos los presupuestos procesales y sobre esta base, emprende el estudio del litigio sometido a su decisi\u00f3n en un trabajo cuyo desarrollo puede ser dividido en los siguientes apartes de mayor trascendencia: <\/p>\n
a) En primer lugar por lo que ata\u00f1e a la legitimaci\u00f3n sustancial para obrar en las partes, el BANCO demandante la tiene y le asiste el correspondiente inter\u00e9s, habida cuenta de su condici\u00f3n de contratante perjudicado por el incumplimiento que le imputa a los demandados, beneficiados con las operaciones de financiamiento a que alude la demanda. Y por pasiva, se demanda a COMERCIALIZADORA MOVIFOTO LTDA, antes Inversiones Inmobiliarias Movifoto Ltda, en su car\u00e1cter de socia gestora que lo fue de la sociedad Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto S. en C. S. cuando se realizaron las aludidas operaciones de cr\u00e9dito pos-embarque, para concluir que tambi\u00e9n se da la necesaria legitimaci\u00f3n, teniendo en consideraci\u00f3n que de la prueba obrante en autos se evidencia que por escritura 697 de 31 de marzo de 1980 se constituy\u00f3 la sociedad Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto Ltda la cual, por escritura 1944 de 24 de septiembre de 1981, cambi\u00f3 su nombre comercial por el de Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto S. en C. S. e ingres\u00f3 como socia gestora Inversiones Inmobiliaria Movifoto Ltda, hoy COMERCIALIZADORA MOVIFOTO LTDA, y por escritura 2491 del 31 de diciembre de 1982 se transform\u00f3, adoptando la denominaci\u00f3n de Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto Ltda. <\/p>\n
En consecuencia, concluye la corporaci\u00f3n sentenciadora, en el lapso comprendido entre el 24 de septiembre de 1981 y el 31 de diciembre de 1982, cuando se obtuvo la financiaci\u00f3n bancaria en la modalidad tantas veces mencionada, Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto S. en C. S. ten\u00eda naturaleza comanditaria simple y su socia gestora lo era Inversiones Inmobiliaria Movifoto Ltda que a la vez actuaba en su representaci\u00f3n y como tal es llamada a afrontar la litis a trav\u00e9s de su representante legal LUIS JAVIER MARIO POSADA OCHOA en virtud de la responsabilidad solidaria que se encuentra consagrada en los estatutos sociales de la demandada, guardando consonancia con los art\u00edculos 323, 326, 341 y 294 del C\u00f3digo de Comercio; por manera que \u201csi la sociedad COMERCIALIZADORA MOVIFOTO LTDA. ten\u00eda el car\u00e1cter de socia gestora de la comanditaria simple que realiz\u00f3 la operaci\u00f3n bancaria que se debate, obliga a concluir que ella la representaba y administraba sus negocios, por ello est\u00e1 llamada a responder solidaria e ilimitadamente por sus operaciones sociales, as\u00ed haya cambiado con posterioridad su raz\u00f3n social o forma asociativa\u201d, mientras que en lo que a MARIO POSADA OCHOA hace referencia, demandado como persona natural, \u201c \u2026 no est\u00e1 legitimado en causa por pasiva, por cuanto -dice el Tribunal- en ninguna de las vinculaciones contractuales con el BANCO DEL COMERCIO obr\u00f3 en su propio nombre y por lo tanto, no es sujeto que deba atender los pedimentos de la entidad bancaria actora\u201d. <\/p>\n
b) Ya en el fondo del asunto y con miras a identificar desde el punto de vista jur\u00eddico el r\u00e9gimen que a la pretensi\u00f3n deducida corresponde, se\u00f1ala el ad_quem que el banco actor pretende que los demandados sean condenados a pagarle el importe de cada una de las financiaciones pos-embarque que enlista en la demanda \u201cpero exclusivamente en moneda colombiana\u201d pese a que tambi\u00e9n se fija su equivalencia en d\u00f3lares, junto con el valor correspondiente a la p\u00e9rdida del poder adquisitivo que la moneda nacional ha sufrido desde la fecha de realizaci\u00f3n de cada una de tales operaciones, agregando los intereses corrientes, forma esta de pedir que a juicio de la corporaci\u00f3n sentenciadora, significa \u201cque se ha pedido por el demandante el cumplimiento de un contrato bilateral, con indemnizaci\u00f3n de los perjuicios moratorios\u201d, habida cuenta que en la especie de estos autos, dado ese contenido espec\u00edfico que ofrece el cap\u00edtulo petitorio de la demanda, pierde relevancia el definir si se trata de operaciones de comercio exterior o de simples pr\u00e9stamos a particulares en moneda extranjera como reiteradamente lo sostiene la entidad demandada. En s\u00edntesis, el establecimiento bancario demandante se funda en la segunda opci\u00f3n que brinda el Art\u00edculo 870 del C\u00f3digo de Comercio \u201cpara cuando se presenta la mora de una de las partes en contratos bilaterales, luego el \u00e9xito de la pretensi\u00f3n deducida requiere la existencia de varios \u201celementos axiol\u00f3gicos\u201d que al decir del Tribunal, se centran en \u201c \u2026 la existencia de contrato bilateral que vincule a demandante y demandado, el cumplimiento o allanamiento a cumplir de sus propias obligaciones por parte del actor (\u2026) la incurrencia del demandado en mora de satisfacer sus deberes surgidos del contrato; y el ocasionamiento de perjuicios como consecuencia de esa mora \u2026\u201d, elementos que pasa enseguida a examinar por separado. <\/p>\n
c) Con relaci\u00f3n al contrato mismo, afirma la sentencia con apoyo en informaci\u00f3n t\u00e9cnica originada en la Superintendencia Bancaria a solicitud del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medell\u00edn en un proceso ordinario adelantado por Inversiones Inmobiliarias Movifoto Ltda. e Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto S. en C. contra el Banco del Comercio, que la operaci\u00f3n pos-embarque consiste en \u201cla financiaci\u00f3n efectuada por un banco colombiano a un exportador del pa\u00eds sobre una exportaci\u00f3n de la cual hab\u00eda obtenido autorizaci\u00f3n del Banco de la Rep\u00fablica para efectuarla; el banco financiador negociaba con el Banco Emisor d\u00f3lares propios por el equivalente de las futuras exportaciones y entregaba al exportador en pesos colombianos el correspondiente reintegro. Una vez efectuada la exportaci\u00f3n y pagada por el comprador extranjero, los d\u00f3lares deb\u00eda entregarlos el exportador colombiano al banco que lo hab\u00eda financiado, para que \u00e9ste a su vez los negociara con el Banco de la Rep\u00fablica y cancelara con su producto la deuda respectiva y si quedaba saldo a favor se le abonaba al exportador colombiano\u201d, descripci\u00f3n esta de la cual se sigue que la operaci\u00f3n en referencia aparece como generadora de una relaci\u00f3n contractual bilateral entre el exportador y el banco intermediario financiador que es causa de obligaciones de lado y lado, condicionadas las unas al cumplimiento de las otras y para cuyo an\u00e1lisis presenta el fallo la siguiente s\u00edntesis: \u201c \u2026 a cargo del banco intermediario financiador genera -la ameritada relaci\u00f3n contractual- la obligaci\u00f3n de negociar con el Banco de la Rep\u00fablica los d\u00f3lares de su posici\u00f3n propia, o de sus corresponsales en el extranjero, por el equivalente a las futuras exportaciones y la de entregar al exportador en pesos colombianos el reintegro hecho por el emisor; obligaci\u00f3n esta, claro est\u00e1, de cumplimiento previo a la del exportador. A cargo de este \u00faltimo surge la obligaci\u00f3n de pagar al banco financista intermediario (sic) los d\u00f3lares que reciba del importador una vez haya realizado la exportaci\u00f3n y obtenido el pago del importador extranjero; tal obligaci\u00f3n es de cumplimiento posterior a la del banco e incluye la de realizar la correspondiente exportaci\u00f3n \u2026\u201d, a\u00f1adiendo a rengl\u00f3n seguido, respecto de la obligaci\u00f3n de restituci\u00f3n de cargo del exportador, que puede quedar convencionalmente sometida a plazo que corra desde el momento en que el banco cumple con la obligaci\u00f3n por \u00e9l contraida, o bien catalogarse de exigibilidad inmediata (pura y simple) sin depender de \u201c \u2026 la real verificaci\u00f3n de la exportaci\u00f3n, porque su efectuaci\u00f3n (sic) corre a cargo del exportador financiado como parte integrante de sus obligaciones contractuales \u2026\u201d. <\/p>\n
d) Sentado lo anterior, se ocupa el Tribunal de estudiar en detalle el conjunto de pruebas que a su juicio demuestran, no solo la existencia de las operaciones de cr\u00e9dito en cuesti\u00f3n sino que ellas se llevaron a la pr\u00e1ctica por el banco demandante, pruebas documentales de origen bancario principalmente e informes de similar naturaleza originados en asientos contables del propio demandante y del Banco de la Rep\u00fablica con arreglo a los cuales concluye la Sala sentenciadora que el primero cumpli\u00f3 en efecto con las obligaciones contraidas \u201c \u2026 al punto que como qued\u00f3 analizado le abon\u00f3 al exportador (\u2026) el reintegro obtenido del emisor, abonos hechos a trav\u00e9s de cuenta corriente (\u2026) por un total de $18\u2019560.444.65, previa deducci\u00f3n por concepto de comisiones e intereses \u2026\u201d. <\/p>\n
Y en cuanto concierne a la situaci\u00f3n de mora en que se afirma incurri\u00f3 la sociedad demandada, despu\u00e9s de hacer algunas puntualizaciones conceptuales sobre el alcance del Art. 1608 del C\u00f3digo Civil frente a los Arts. 1595 y 1615 de la misma codificaci\u00f3n, preceptos que estima son aplicables para la decisi\u00f3n a adoptar por desprenderse as\u00ed de los Arts. 822 y 20 Num. 7 del C\u00f3digo de Comercio, declara el Tribunal que siendo una obligaci\u00f3n pura y simple la contraida por aquella una vez realizadas en su favor las operaciones financieras de marras por el demandante, toda vez que \u201c\u2026 en manera alguna la prueba documental ya considerada expresa o deja saber cuando deb\u00eda el demandado pagar al banco financista (sic) el dinero que por reintegros le fue consignado en su cuenta corriente No. 04330727-1 de la Avenida Colombia (Medell\u00edn) \u2026\u201d, era indispensable la previa reconvenci\u00f3n, requisito que al tenor del inciso 2\u00ba del Art. 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, para los efectos indemnizatorios correspondientes, debe tenerse por satisfecho apenas con la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda ocurrida el 25 de julio de 1991, siendo esta diligencia importante -se reitera- porque solo a partir de ella el deudor debe indemnizar al acreedor del perjuicio que esa mora le haya ocasionado como lo imponen los art\u00edculos 1595 y 1615 del C\u00f3digo Civil. Estima, pues, el Tribunal que se debe tener en cuenta el texto del inciso 2o. del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil en virtud del cual la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, en procesos contenciosos de conocimiento, tiene la eficacia sustancial apuntada y por ello, en este asunto, debe tenerse aquella fecha como la determinante del momento de constituci\u00f3n en mora del deudor y por tanto, \u201cla atendible como de iniciaci\u00f3n de causaci\u00f3n de perjuicios al acreedor\u201d. <\/p>\n
Por eso, siguiendo este esquema de estimaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de los perjuicios cuya indemnizaci\u00f3n exige la demanda que al proceso le dio comienzo, y despu\u00e9s de advertir que la sentencia apelada adolece de incongruencia en las disposiciones efectuadas acerca de esa particular, dicha sentencia debe ser modificada en el numeral 3\u00ba de su parte resolutiva pues la condena en ella efectuada \u201c \u2026 lo fue por cantidad superior a la demandada y por objeto distinto del pedido \u2026\u201d, contravini\u00e9ndose el Art. 305 del estatuto procedimental. <\/p>\n
f) Tratando finalmente los medios exceptivos propuestos por los demandados, el fallador agrupa los que tienen que ver con la relaci\u00f3n contractual subyacente, es decir las financiaciones pos-embarque que vinculan al Banco, medios estos que son: inexistencia de la obligaci\u00f3n, inexistencia del t\u00edtulo que da origen a la indemnizaci\u00f3n de perjuicios contra la parte demandada, inexistencia del contrato de mutuo, incumplimiento de contrato de mutuo, y exeptio non numeratae pecuniae, para decir que obra prueba documental que demuestra a plenitud como las operaciones de financiamiento realizadas y el incumplimiento de la sociedad beneficiada con ellas, originaron la indemnizaci\u00f3n de perjuicios solicitada pues \u201cse explic\u00f3 como el Banco del Comercio actuando como intermediario financi\u00f3 siete exportaciones pos-embarque, pagando al Banco de la Rep\u00fablica la suma correspondiente al reintegro de la exportaci\u00f3n. A su vez, el Banco de la Rep\u00fablica entreg\u00f3 al BANCO DEL COMERCIO la suma equivalente en pesos colombianos, suma depositada por este en la cuenta corriente No. 04330727-1, a favor de Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto Ltda (para la \u00e9poca Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto S. en C. S.). Y fue precisamente ese incumplimiento lo que dio origen a la pretensi\u00f3n indemnizatoria, traducida en su concepto de da\u00f1o emergente y lucro cesante. Es decir, que este prefinanciamiento, ll\u00e1mese mutuo o pr\u00e9stamo de consumo no puede separarse de las operaciones de comercio exterior ya comentadas y comprobadas fehacientemente en la foliatura con el material probatorio referenciado\u201d; as\u00ed mismo, con dicho argumento desvirt\u00faa el ad quem la excepci\u00f3n de simulaci\u00f3n del cr\u00e9dito contenido en los documentos. En cuanto a las alegadas prescripci\u00f3n, actio in rem verso cambiaria y enriquecimiento sin causa, se\u00f1ala que para que ellas existan se supone que medie la suscripci\u00f3n de un t\u00edtulo valor que aqu\u00ed no se dio; a la \u201cexeptio non adimpleti contractus\u201d responde aludiendo a lo dicho en el tema de la legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y al incumplimiento de la demandada espec\u00edficamente en lo que hace a las siete financiaciones pos-embarque; por \u00faltimo, respecto del objeto il\u00edcito dice que ya se determin\u00f3 que se trataba de operaciones de comercio exterior, m\u00e1s sin embargo aqu\u00ed se reduce a una indemnizaci\u00f3n de perjuicios y las sanciones administrativas que hubiera recibido el Banco por incurrir en irregularidades al efectuar las susodichas operaciones, no es raz\u00f3n para liberar al deudor de las obligaciones contraidas. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACION Y CONSIDERACIONES DE LA CORTE. <\/p>\n
Diez cargos presenta el recurrente contra la sentencia materia de impugnaci\u00f3n, los tres primeros formulados con apoyo en el num. 2\u00ba del Art. 368 del c de P. C y los restantes en el Num. 1\u00ba del mismo precepto, cargos respecto de los cuales la Corte limitar\u00e1 su estudio al segundo por estar llamado a prosperar. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Invocando el texto del Art. 305 del c de P. C y la necesidad de que en las sentencias exista la debida congruencia entre las pretensiones por los litigantes deducidas y los pronunciamientos en dichas sentencias realizados, se funda este cargo en que el fallo cuya infirmaci\u00f3n se persigue, al imponerle a la sociedad demandada el pago de una obligaci\u00f3n de origen contractual cuyo cumplimiento no se pidi\u00f3 por el banco demandante, desconoce aquella exigencia y por ello procede la casaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, para demostrar el cargo as\u00ed propuesto, comienza la censura advirtiendo que la sentencia del Tribunal de Medell\u00edn, d\u00e1ndole aplicaci\u00f3n al Art. 870 del c de Com, conden\u00f3 a la sociedad COMERCIALIZADORA MOVIFOTO LTDA, antes denominada Inmobiliaria Movifoto Ltda, a pagarle al BANCO DEL COMERCIO la cantidad de $ 18.560. 444.65 por concepto del capital debido por la primera al segundo como consecuencia de varias operaciones de financiaci\u00f3n \u201cpost-embarque\u201d acreditadas en el proceso, condena que seg\u00fan los t\u00e9rminos de la providencia, se apoya, entre otras razones, en que habiendo incurrido dicha sociedad, aqu\u00ed demandada, en mora de pagar al actor \u201c\u2026la prestaci\u00f3n a que se oblig\u00f3 en virtud de la relaci\u00f3n contractual bilateral que les vincul\u00f3 como consecuencia de las operaciones bancarias post-embarque que se destacaron, se ha demostrado el tercero de los elementos estructurales de la pretensi\u00f3n que, hasta el momento, debe producir el efecto de imponer al demandado la obligaci\u00f3n de cumplir la obligaci\u00f3n (sic)..\u201d, haci\u00e9ndose de esta manera efectiva, al decir del Tribunal, la obligaci\u00f3n restitutoria que \u201c\u2026 de ese contrato emerge..\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, prosigue el recurrente, en la demanda se pretend\u00eda el pago de perjuicios, no el cumplimiento de una obligaci\u00f3n insoluta originada en un cr\u00e9dito, lo que permite afirmar que el sentenciador ad quem \u201c\u2026.dejando de lado la teor\u00eda de la pretensi\u00f3n y del proceso, confundi\u00f3 lo que es una pretensi\u00f3n con otra (..) y ello lo condujo a la incongruencia de su sentencia al estimar que pod\u00eda completar, suplir o extender la voluntad de la entidad demandante satisfaci\u00e9ndole pretensiones no pedidas en la demanda..\u201d; en la sentencia no era posible, entonces, \u201c.. condenar al cumplimiento de una obligaci\u00f3n en dinero -no invocada en la demanda- para deducir de ella el pago de unos perjuicios..\u201d, de donde se sigue, a modo de conclusi\u00f3n destinada a precisar el sentido b\u00e1sico del cargo formulado, que \u201c\u2026 al condenar el Tribunal al cumplimiento de una obligaci\u00f3n dineraria por concepto del capital debido como consecuencia de las operaciones post-embarque, pretensi\u00f3n no contenida en la demanda, pues las pretensiones de las que ella de cuenta se limitaron a reclamar el pago de perjuicios, incurri\u00f3 en su sentencia en la incongruencia vedada por el Art. 305 del c de P. C al condenar extra petita a la sociedad demandada\u2026.\u201d. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
1. Sabido es que a la acci\u00f3n civil de car\u00e1cter privado, en estado de pretensi\u00f3n concreta hecha valer en determinado proceso, la individualizan diferentes elementos que a su vez y obedeciendo a finalidades de notable importancia, son los que permiten identificar la litis objeto de dicho proceso, habida cuenta que seg\u00fan como se presenten tales elementos en la realidad pr\u00e1ctica, cada proceso tendr\u00e1 su propia singularidad, la controversia tendr\u00e1 que ser ventilada entre determinadas partes con referencia a cierta \u201ccosa\u201d – bien de la vida o conducta ajena – y de acuerdo a un fundamento espec\u00edfico, lineamientos estos que desde luego, en guarda de principios rectores de indiscutible arraigo constitucional como son los llamados \u201cdispositivo y de controversia\u201d, no pueden menospreciar jueces y magistrados en quienes valga anotarlo, con alguna frecuencia se observa la nociva tendencia, motivada unas veces por la dificultad que entra\u00f1a hacer de lado c\u00f3modos estereotipos conceptuales y otras por el inexplicable temor de no estar a la altura de sus funciones, de sentirse autorizados para inventar litigios que no surgen de los autos o para desfigurar los que deben resolver, incurriendo en excesos y desviaciones que los Arts. 304 y 305 del c de P. C son enf\u00e1ticos en rechazar. <\/p>\n
Sujetos, objeto y causa son, pues, los elementos de toda pretensi\u00f3n por cuyo conducto se obtiene la individualizaci\u00f3n del contenido litigioso de cada proceso civil en particular, y en cuanto al tercero de esos elementos concierne, debe tenerse presente que lo constituye el conjunto de hechos de relevancia jur\u00eddica en que el actor ha fundado la ameritada pretensi\u00f3n, constituyendo en consecuencia uno de los \u201cfactores esenciales del libelo\u201d (G. J, Ts. LIX, p\u00e1g. 818, y LXXV, p\u00e1g. 158) que en la sentencia no pueden ser alterados, toda vez que en este \u00e1mbito, como lo tiene definido la jurisprudencia con s\u00f3lido respaldo en las normas de rango legal citadas en el p\u00e1rrafo precedente, \u201c\u2026.la facultad del juez queda reducida a la apreciaci\u00f3n en hecho y en derecho del t\u00edtulo espec\u00edfico de la demanda tal como la formul\u00f3 el actor, y de sus efectos con relaci\u00f3n al demandado, por ser la causa petendi uno de los l\u00edmites que se establecen en la litis contestaci\u00f3n\u2026.\u201d (G. J, T. XXVI, p\u00e1g. 93). Dicho en otras palabras, para identificar una pretensi\u00f3n con la exactitud necesaria y evitar de este modo incurrir en los excesos o desviaciones a los que atr\u00e1s se hizo referencia, no basta atender a lo que se pide sino que respecto a ese \u201cpetitum\u201d que constituye objeto inmediato de la pretensi\u00f3n, el ordenamiento positivo exige que se le ponga en relaci\u00f3n con la causa de pedir invocada, expresi\u00f3n esta que seg\u00fan acaba de verse, comprende tanto la concreta situaci\u00f3n de hecho aducida como las consecuencias jur\u00eddicas que a esa misma situaci\u00f3n le asigna el demandante, de lo que se sigue, entonces, que el elemento identificador en estudio lo componen dos factores enlazados entre s\u00ed en estrecha conjunci\u00f3n que de acuerdo con la perspectiva que de esta \u00faltima aporta la demanda, tampoco puede serle indiferente a los sentenciadores quienes, adem\u00e1s de exhaustivos en el pronunciamiento decisorio frente a todos los temas materia de debate, deben ser respetuosos de dicha conjunci\u00f3n y considerarla en su integridad pues como lo advierte un autorizado expositor, \u201c\u2026. resulta muchas veces que el Tribunal falla la acci\u00f3n, reconoce o niega lo pedido, pero se equivoca al calificar la causa de pedir, y en tal caso puede invalidarse la sentencia porque si bien se ha fallado la acci\u00f3n, no se ha considerado el mismo fundamento alegado, la misma causa de pedir, y el juez habr\u00eda fallado extra petita\u2026.\u201d (Fernando Alessandri R. Curso de Derecho Procesal. Primer A\u00f1o, Tomo II, Cap. IV). <\/p>\n
Esos dos factores, componentes inseparables de la \u201ccausa petendi\u201d, determinan la raz\u00f3n de ser o el \u201ct\u00edtulo\u201d de la pretensi\u00f3n, t\u00edtulo en cuya configuraci\u00f3n concurren unas razones de hecho y otras de derecho, entendiendo que las primeras vienen dadas por el relato hist\u00f3rico de todas las circunstancias f\u00e1cticas de las que se pretende deducir aquello que se pide de la jurisdicci\u00f3n, mientras que las segundas son afirmaciones concretas de car\u00e1cter jur\u00eddico que referidas a esos antecedentes de hecho, le permiten al demandante autoatribuirse el derecho subjetivo en que apoya su solicitud de tutela a las autoridades judiciales, afirmaciones estas que, desde luego, no hay lugar a confundir en modo alguno con los motivos abstractos de orden legal que se aduzcan para sustentar la demanda incoada. <\/p>\n
En efecto, al llevar a cabo la tarea, de suyo exigente en grado sumo, de identificar el objeto del proceso en un supuesto dado, obligado es no perder de vista que en lo atinente a la trascendencia jur\u00eddica que de dicho objeto pueda predicarse, a su turno juegan papel dos ingredientes cuyo alcance, en el plano que aqu\u00ed importa destacar, ninguna semejanza tiene: En primer lugar, ha de tomarse muy en cuenta la significaci\u00f3n jur\u00eddica particularizada de la situaci\u00f3n de hecho descrita en la demanda, entendida como el agregado de consecuencias relevantes que el ordenamiento liga a dicha situaci\u00f3n y hace posible que la tutela solicitada del poder jurisdiccional del Estado sea esa y no otra distinta, las m\u00e1s de las veces resultante esta \u00faltima de la simple imaginaci\u00f3n de sus \u00f3rganos; y en segundo lugar, la menci\u00f3n de las reglas de derecho objetivo que en opini\u00f3n del demandante son aplicables y por ende justifican su pretensi\u00f3n, factor este \u00faltimo ajeno a la delimitaci\u00f3n de la \u201ccausa petendi\u201d y por ello no vinculante en la sentencia que va a proferirse, lo que no acontece con el primero puesto que si bien es cierto que a los jueces le ha sido reservada la misi\u00f3n de efectuar la correcta calificaci\u00f3n jur\u00eddica de los hechos litigados que resulten probados, labor en la que satisfechas ciertas condiciones (G. J, Ts. XLI, Bis, p\u00e1g. 233, y XLIX, p\u00e1g. 229) no los atan por principio las equivocaciones en que haya podido caer la parte interesada al citar normas destinadas apenas a ilustrar la cuesti\u00f3n planteada, tambi\u00e9n es verdad que siendo la demanda pieza esencial en el com\u00fan de los procesos de naturaleza civil y las declaraciones categ\u00f3ricas en ella contenidas pauta de forzosa observancia al momento de fallar (G. J, T. LXVI, p\u00e1g. 76), aquellos funcionarios no cuentan con autoridad ninguna para, en correr\u00eda ilimitada y arbitraria, llegar hasta desestimar las susodichas declaraciones, seleccionando de oficio acciones y v\u00edas legales no utilizadas por las personas legitimadas para hacerlo, luego salta a la vista la especial importancia que tiene la escogencia de la acci\u00f3n y la manera de enderezarla, habida cuenta que como lo se\u00f1ala la jurisprudencia, \u201c\u2026. de estas circunstancias depende muchas veces el resultado favorable o adverso de la demanda, ya que la sentencia con que termina el juicio no puede considerarse legalmente como verdadera decisi\u00f3n de la controversia sino en cuanto recaiga determinada y exclusivamente sobre la acci\u00f3n intentada y la manera en que lo haya sido, especialmente la forma en que hayan sido emplazadas las partes para sostener el debate\u2026.\u201d (G. J, t. LIV, p\u00e1g. 444). <\/p>\n
2. Visible resulta ser, entonces, la repercusi\u00f3n que frente al requisito de congruencia en las sentencias civiles que consagra el Art. 305 del c de P. C, tiene la distinci\u00f3n que acaba de hacerse y con base en la cual se llega a concluir que, en realidad de verdad, es fundado el cargo en estudio. <\/p>\n
Si bien no se remite a duda de ninguna clase que es funci\u00f3n privativa de los jueces, en desarrollo del conocido adagio \u201cnarra mihi factum, dabo tibi ius\u201d, examinar de oficio el contenido de la litis bajo todos los aspectos jur\u00eddicos que se muestren como posibles, tarea esta en la que cuentan con amplias facultades para hallar las normas que consideran aplicables aunque tengan que hacerlo separ\u00e1ndose de las alegaciones en derecho efectuadas por las partes o, inclusive, supliendo omisiones en las que ellas hayan podido incurrir – \u201ciura novit curia\u201d -, motivo por cuya virtud se entiende que no contravienen aquella exigencia las decisiones jurisdiccionales que, partiendo de bases f\u00e1cticas aducidas en los escritos rectores del proceso, seleccionan los preceptos que estiman justos y adecuados al caso concreto as\u00ed esa selecci\u00f3n no coincida con el tipo de alegaciones jur\u00eddicas de parte aludido, no debe perderse de vista, sin embargo, que el poder del que viene haci\u00e9ndose m\u00e9rito lo circunscriben precisos l\u00edmites que, sin incurrir en el vicio de incongruencia positiva, no pueden ser rebasados pues en cuanto a la demanda toca, de manera constante ha sido insistente la doctrina jurisprudencial en se\u00f1alar que \u201c\u2026determinada claramente en la demanda cual es la sentencia judicial que persigue el actor, es decir cual debe ser la materia sobre la que haya de recaer el fallo, no puede salirse el sentenciador de ese \u00e1mbito que le marca el propio actor, para fallar en sentido diverso a las s\u00faplicas de la demanda..\u201d (G. J, T. LXXXI, p\u00e1g. 700) lo que en otras palabras equivale a sostener, en la actualidad por lo dem\u00e1s con inequ\u00edvoco fundamento en el texto del Art. 305 del c de P. C, modificado por el Art. 1\u00ba, Num. 135, del Decreto Ley 2282 de 1989, que el acatamiento del deber de congruencia reclama que el juicio jurisdiccional emitido en la sentencia se ajuste, no s\u00f3lo a los hechos litigados sino tambi\u00e9n a la pretensi\u00f3n entablada de tal modo que no sean alterados los elementos que individualizan a esta \u00faltima. <\/p>\n
Es que al tenor de la disposici\u00f3n legal reci\u00e9n citada, en tanto su segundo inciso prohibe condenar al demandado por causa diferente a la invocada en la demanda, cobra particular inter\u00e9s hacer hincapi\u00e9 en la necesidad de que en los diferentes pronunciamientos de fondo integrantes de la parte dispositiva de una sentencia, exista y pueda apreciarse sin mayor dificultad un cierto grado de razonable correlaci\u00f3n, tanto en lo que concierne a los sujetos a quienes vincula la relaci\u00f3n juridico-procesal como en lo que hace referencia a los elementos objetivos en torno a los cuales gir\u00f3 la controversia; tribunales y jueces, en consecuencia, deben ajustar sus fallos a los hechos alegados por las partes en los actos de postulaci\u00f3n (demanda y contestaci\u00f3n) que por lo general constituyen piezas principales en el proceso civil, e igualmente es imperativo que hagan lo propio respecto de las pretensiones hechas valer ante dichos \u00f3rganos, de suerte que as\u00ed como a estos \u00faltimos no les es permitido modificar de oficio aquellos hechos, tampoco les es l\u00edcito alterar los t\u00e9rminos fundamentales que en sustancia identifican la controversia, decidiendo acerca de s\u00faplicas no formuladas o sobre extremos extra\u00f1os al debate planteado y que por ende los litigantes no sometieron a la jurisdicci\u00f3n, directrices conceptuales \u00e9stas con base en las cuales hay lugar a concluir, cual lo advierte certeramente el cargo en estudio, que adolece de incongruencia y por eso contra ella procede el recurso de casaci\u00f3n por el cauce previsto en el Num. 2\u00ba del Art. 368 del c de P. C, la sentencia de instancia que en cuanto a las pretensiones del actor se refiere y porque el sentenciador se despreocupa del contenido integral de la demanda para tomar de ella \u00fanicamente aquello que encuentra acorde con su personal criterio (G. J. Tomos CCXXV p\u00e1g. 255 y CCXXI p\u00e1g. 243), se aparta del componente jur\u00eddico de la \u201ccausa petendi\u201d aducida hasta el extremo de significar, tal alejamiento, el cambio oficioso de la acci\u00f3n ejercitada, situaci\u00f3n que sin duda se presenta en el evento en que ignorando alegaciones inequ\u00edvocas en punto de ubicar determinada pretensi\u00f3n indemnizatoria en el plano extracontractual, se decide el litigio acudiendo a normas jur\u00eddicas reguladoras de la responsabilidad contractual cuya aplicaci\u00f3n se hace derivar de la existencia demostrada de uno o varios contratos de los que se predica por el juzgador, incurri\u00f3 en incumplimiento la parte demandada. <\/p>\n
3. As\u00ed, pues, en contra de lo que parece dar a entender el Tribunal Superior de Medell\u00edn en la providencia cuya infirmaci\u00f3n se propone lograr el recurso que viene ocupando la atenci\u00f3n de la Corte, y si bien es cierto que entre los dos \u00f3rdenes de responsabilidad mencionados no existen en realidad diferencias radicales que justifiquen a cabalidad el tratamiento normativo separado que reciben en el C\u00f3digo Civil, ello no quiere decir que cada uno de dichos reg\u00edmenes, vistos con la perspectiva que ofrece su operancia pr\u00e1ctica, no tenga que ser compaginado con los postulados procesales enunciados en apartes anteriores de estas consideraciones, en particular con el que consagra el requisito de congruencia en las sentencias proferidas en el orden jurisdiccional civil, toda vez que seg\u00fan se desprende de cuanto all\u00ed se explic\u00f3 a espacio, para los \u00f3rganos sentenciadores es en absoluto vinculante la clase de acci\u00f3n ejercitada por el demandante y si no cuentan con autoridad para variarla desconociendo a su arbitrio los elementos subjetivos y objetivos que la identifican, preciso es inferir entonces que, ante un caso dado en el que se hagan valer pretensiones a las que el actor, mediante declaraciones categ\u00f3ricas de su libelo, les haya asignado una clara configuraci\u00f3n extracontractual, aquellos \u00f3rganos no pueden modificar esta faz originaria de la litis y resolver como si se tratara del incumplimiento de obligaciones emergentes de un contrato; la naturaleza de este \u00faltimo, regulada en todos sus particulares con amplitud por la ley, \u201c.. apareja una responsabilidad concreta a quienes infringen lo pactado y – seg\u00fan lo tiene dicho la jurisprudencia – no es susceptible de ser mezclada o confundida con la resultante de otras fuentes de las obligaciones como el hecho il\u00edcito por ejemplo. De all\u00ed surge la necesidad de gobernar el contrato y sus efectos por las normas que les son propias, siendo errado e injur\u00eddico que para algunos aspectos de su eficacia legal se regule por aquellas, y para otros por los preceptos que reglamentan fen\u00f3menos diferentes. No es posible, pues, como ya lo ha dicho la Corte, sustentar la posici\u00f3n de derecho de un contratante sobre mandamientos legales encaminados a crear, dirigir o desarrollar la responsabilidad extracontractual en el derecho positivo. El C\u00f3digo Civil destina el T\u00edtulo 12 de su Libro Cuarto a recoger cuanto se refiere a los efectos de las obligaciones contractuales, y el T\u00edtulo 34 del mismo Libro a determinar cuales son y como se configuran los originados en v\u00ednculos de derecho nacidos del delito y de las culpas (\u2026) Estas diferentes esferas en que se mueven la responsabilidad contractual y la extracontractual no presentan un simple inter\u00e9s te\u00f3rico o acad\u00e9mico ya que en el ejercicio de las acciones correspondientes tan importante distinci\u00f3n repercute en la inaplicabilidad de los preceptos y en el mecanismo probatorio\u2026\u201d (G. J. T LXI, p\u00e1g. 770). <\/p>\n
Es que aun cuando se acuda a teor\u00edas como la que pregona la unidad de la culpa civil o a cuales quiera otras de alcance similar, orientadas a poner de manifiesto por diversos caminos que tan s\u00f3lo son accesorios o secundarios los matices diferenciales que registran los dos tipos de responsabilidad en cuesti\u00f3n, algo si resulta ser indiscutible y es que en la tarea de distinguirlos e imprimirles el correspondiente tratamiento jur\u00eddico, siempre habr\u00e1 de tenerse en cuenta que la responsabilidad llamada \u201ccontractual\u201d, concreta por esencia, juega de ordinario entre personas que se han ligado voluntariamente y que por lo mismo han procurado especificar el contenido de los compromisos emergentes del negocio por ellas celebrado, mientras que la responsabilidad extracontractual opera entre quienes ha vinculado \u00fanicamente el azar y la extensi\u00f3n de los imperativos de conducta incumplidos en los que toma causa la respectiva prestaci\u00f3n resarcitoria del da\u00f1o en que dicha responsabilidad se traduce, es definida con frecuencia por normas de notoria abstracci\u00f3n, lo que en \u00faltimo an\u00e1lisis lleva a concluir que no es indiferente en modo alguno el r\u00e9gimen en que de hecho se sit\u00fae una demanda entablada para obtener el pago de perjuicios; se trata, pues, de un factor jur\u00eddico de necesaria influencia en la configuraci\u00f3n del t\u00edtulo de la pretensi\u00f3n incoada y por eso, en guarda del principio de congruencia, no es permitido que una sentencia judicial declare la existencia de responsabilidad contractual y efect\u00fae la consiguiente condena sino en la medida en que de esa demanda, sin abandonar desde luego y en homenaje a vers\u00e1tiles divagaciones los lineamientos objetivos que la especifican en su totalidad, surja a las claras un relato f\u00e1ctico adecuado para poner en evidencia que existe un v\u00ednculo concreto de la naturaleza indicada entre quien como demandante reclama por la ilicitud de una conducta y aqu\u00e9l que se\u00f1alado como demandado es la persona a quien dicha conducta se le imputa, que esta \u00faltima consiste en la inejecuci\u00f3n o en la ejecuci\u00f3n retardada o defectuosa de una obligaci\u00f3n que por mandato de la ley o por disposici\u00f3n convencional es parte integrante del ameritado v\u00ednculo, y en fin, que el da\u00f1o cuya reparaci\u00f3n econ\u00f3mica se exige consista, b\u00e1sicamente, en la privaci\u00f3n injusta de una ventaja a la cual el demandante no habr\u00eda tenido derecho de no mediar la relaci\u00f3n tantas veces mencionada. <\/p>\n
Puestas en este punto las cosas, basta con la lectura completa del extenso escrito que contiene la demanda reformada, presentada por el BANCO DEL COMERCIO -hoy BANCO DE BOGOTA- contra la sociedad COMERCIALIZADORA MOVIFOTO LTDA y LUIS JAVIER MARIO POSADA OCHOA (cfr. fls. 239 a 300 del cuaderno principal del expediente ) y armonizada con la contestaci\u00f3n igualmente espaciosa que se ratific\u00f3 en su momento por el apoderado de los demandados (cfr. fls. 303 y 178 a 235 del mismo cuaderno), para colegir que al menos falta el primero de aquellos factores, se\u00f1alados como indispensables en orden a fijar correctamente los componentes jur\u00eddicos relevantes en la \u201ccausa petendi\u201d que identifica una acci\u00f3n indemnizatoria por responsabilidad civil contractual, y de all\u00ed la ostensible incongruencia en que incurre el fallo materia de censura. <\/p>\n
a) El primer aspecto por destacar con el fin de demostrar la existencia del vicio se\u00f1alado, es que tomando como elemento necesario de contraste el primero de aquellos escritos en su conjunto, pero de modo muy especial los apartes en \u00e9l destinados a puntualizar y caracterizar el asunto materia de controversia en funci\u00f3n del derecho cuya efectividad all\u00ed se reclama, abundan motivos serios para concluir que la raz\u00f3n tenida en cuenta en la sentencia para condenar no guarda razonable correspondencia con la aducida para pedir, toda vez que de estarse a los referidos apartes, rotundos en su letra y plenamente concordantes con el sentido general del libelo, salta a la vista que la intenci\u00f3n que gui\u00f3 a la entidad bancaria demandante al formular sus pretensiones e individualizar, tanto en los hechos relatados como en la indicaci\u00f3n de los preceptos de derecho relevantes, el t\u00edtulo o causa que les sirve de apoyo, nada tiene que ver con la clase de prestaciones cuya satisfacci\u00f3n le impone el fallo a la sociedad demandada ahora recurrente en casaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, si se mira con cuidado la pieza procesal en menci\u00f3n procurando, como es debido, respetar los t\u00e9rminos expl\u00edcitos que circunscriben el contenido litigioso de la relaci\u00f3n establecida desde un principio por las partes, sin mayor dificultad se puede constatar que el banco demandante, lejos de pretender utilizar el instrumento que le otorga el Art. 870 del c de Com. al contratante cumplido y, junto con la respectiva indemnizaci\u00f3n moratoria, hacer efectivas varias obligaciones pecuniarias insatisfechas contraidas por los dos demandados en virtud de una relaci\u00f3n contractual crediticia de car\u00e1cter bilateral que con aqu\u00e9l los vinculaba, su intenci\u00f3n no era otra diferente a obtener que mediante sentencia y agotados los tr\u00e1mites de rigor, se condene a esos mismos demandados en forma solidaria a pagarle los perjuicios que le causaron por haber logrado, incurriendo en conductas calificadas en la demanda como dolosas, que el BANCO DEL COMERCIO realizara en favor de Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto S. en C. S, de la cual era gerente el demandado LUIS JAVIER MARIO POSADA OCHOA y socia comanditada la compa\u00f1\u00eda denominada COMERCIALIZADORA MOVIFOTO LTDA igualmente aqu\u00ed demandada, siete operaciones de financiaci\u00f3n al comercio de exportaci\u00f3n respecto de las cuales la entidad deudora, en los plazos acordados, no restituy\u00f3 los fondos que por tal concepto fueron suministrados, situaci\u00f3n esta que la demanda en estudio se\u00f1ala como determinante del da\u00f1o indemnizable cuya expresi\u00f3n cuantitativa, seg\u00fan ese mismo escrito, es el importe total, expresado en moneda nacional luego de efectuada la conversi\u00f3n correspondiente, de las sumas en divisas (d\u00f3lares de los E.E.U.U) facilitadas por cuenta de aquella entidad y no pagadas oportunamente al banco acreditante, agregando el reajuste por depreciaci\u00f3n monetaria e intereses comerciales que tambi\u00e9n se reputan adeudados. En otras palabras, la secuencia de hechos dotados de influencia en punto a brindarle explicaci\u00f3n jur\u00eddica concreta al objeto indemnizatorio que caracteriza las pretensiones deducidas, no permite identificar un supuesto de responsabilidad que, a cargo del deudor demandado, pueda derivarse de la infracci\u00f3n de un derecho de cr\u00e9dito de fuente contractual del que sea titular el demandante frente a dicho deudor, \u00fanica manera por cierto de hacer actuar una regla que cual ocurre con el Art. 870 del c de Com, requiere para su aplicaci\u00f3n, por ser lo pertinente a la hip\u00f3tesis normada, de la ocurrencia de acontecimientos reales aptos para ser encajados en esa descripci\u00f3n t\u00edpica y no en otra diferente; aquella secuencia lo que muestra con claridad incontrastable es un caso de responsabilidad civil de terceros ajenos a la relaci\u00f3n contractual de la cual dimanan los derechos de cr\u00e9dito lesionados, terceros de quienes el banco demandante en su condici\u00f3n de acreedor titular de dichos derechos, afirma obraron en complicidad maliciosa con la sociedad deudora provocando el incumplimiento causante de la referida lesi\u00f3n, luego esa responsabilidad que a los demandados se les atribuye es de naturaleza extracontractual, llamada en consecuencia a regirse por las normas que sancionan el hecho il\u00edcito, delictual o culposo, imponi\u00e9ndole a quien las secuelas da\u00f1osas de tal hecho le sean imputables en los t\u00e9rminos en que lo define el T\u00edtulo XXXIV del Libro Cuarto del C\u00f3digo Civil, la obligaci\u00f3n de indemnizar los perjuicios causados. <\/p>\n
b) Y un segundo factor digno de ser recalcado, pues concurre de modo significativo a confirmar la conclusi\u00f3n precedente, es que la demanda en la cual debieron concentrar su atenci\u00f3n los falladores de instancia, tampoco ofrece vaguedad en la cita de las normas que a juicio del actor sirven para sustentar las pretensiones formuladas, naturalmente en la medida en que no se alteren los t\u00e9rminos expl\u00edcitos de dicho libelo y se admita, en consecuencia, que el motivo por el que la compensaci\u00f3n patrimonial se exige, no es la infracci\u00f3n de obligaciones espec\u00edficas de las que sean deudores los demandados, sino el quebrantamiento que a ellos se les achaca, del deber de respeto por una situaci\u00f3n contractual que forma parte de la esfera jur\u00eddica propia del acreedor demandante, merecedora en cuanto tal del tipo de tutela \u201caquiliana\u201d que aquellas normas otorgan. <\/p>\n
Es as\u00ed como, de conformidad con los Arts. 2341 y 1614 del C. Civil, producido un da\u00f1o que no sea efecto del incumplimiento de una obligaci\u00f3n de antemano existente entre la v\u00edctima y el agente de cuyo obrar culpable, intencionado o no, pretende deducirse responsabilidad, pesa sobre este \u00faltimo el deber jur\u00eddico de indemnizar en forma tal que tenga plena aplicaci\u00f3n el principio rector del resarcimiento integral en que los citados preceptos se inspiran, mientras que a la luz de los Arts. 200 y 832 del C de Com. -el primero tanto en su redacci\u00f3n original como despu\u00e9s de la modificaci\u00f3n en dicho texto introducida por el Art. 24 de la L. 222 de 1994-, es entendido que entre otros supuestos que no necesitan ahora de comentario especial, consagra la legislaci\u00f3n en favor de los acreedores de una sociedad mercantil, cuando los derechos de los que son titulares resulten lesionados como consecuencia de la actuaci\u00f3n dolosa o simplemente culposa de los administradores y representantes de la compa\u00f1\u00eda, un recurso complementario que les permite a los primeros dirigirse en acci\u00f3n individual de reparaci\u00f3n de da\u00f1os contra los segundos, sean estos personas naturales o entidades moralmente personificadas, para obtener la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios as\u00ed ocasionados, recurso que como es bien sabido, tiene su fundamento \u00faltimo en el mismo Art. 2341 del C. Civil pues el sentido del Art. 200 del C de Com. no es otro distinto, al hacer expl\u00edcita la regla en referencia, que el otorgar a los susodichos acreedores un medio de protecci\u00f3n directa cuya utilizaci\u00f3n, desde luego, no excluye la responsabilidad org\u00e1nica de naturaleza contractual que pueda predicarse de la sociedad deudora, lo cual, valga advertirlo, no quiere significar en manera alguna que gracias a la disposici\u00f3n comentada, pueda entonces obtenerse doble indemnizaci\u00f3n para un \u00fanico da\u00f1o, sino que en su caso el acreedor perjudicado dispone de dos v\u00edas posibles de reclamaci\u00f3n apoyadas en sus respectivos t\u00edtulos, y si la sociedad en cuesti\u00f3n llega a verse forzada a pagar mediando malicia, negligencia no intencionada o simple imprudencia de sus administradores, le queda la posibilidad de resarcirse haciendo uso de la acci\u00f3n social de responsabilidad contra ellos que asimismo instituye el Art. 200 tantas veces citado. <\/p>\n
c) Finalmente, el hecho de que la sociedad COMERCIALIZADORA MOVIFOTO Ltda. haya sido demandada sobre la base de hacer \u00e9nfasis en su condici\u00f3n de socia gestora en la compa\u00f1\u00eda deudora -Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto S. en C. S.- para la \u00e9poca en que se realizaron las siete operaciones de cr\u00e9dito sucesivas en cuya virtud, la segunda de dichas sociedades obtuvo del establecimiento bancario demandante recursos financieros destinados a actividades comerciales de exportaci\u00f3n, tampoco basta por s\u00ed s\u00f3lo, como a continuaci\u00f3n se ver\u00e1, para identificar en la demanda que al proceso le dio comienzo, una pretensi\u00f3n de responsabilidad contractual que desde el punto de vista de la causa, fundamento o t\u00edtulo que la hagan id\u00f3nea para producir los efectos jur\u00eddicos que le asigna la sentencia recurrida, guarde sustancial correspondencia con la que el Tribunal, en esa misma providencia, tuvo por deducida y despach\u00f3 favorablemente. <\/p>\n
De estarse al texto del Art. 323 del C de Com, unido a las explicaciones que acerca de su contenido suministra la doctrina (G. J, T . CCXXV, p\u00e1g. 588), bien puede decirse que el rasgo de mayor relevancia en la estructura formal de las sociedades en comandita, es la existencia en ellas de dos clases de socios: los socios comanditados o \u201ccolectivos\u201d a cuyo cargo se encuentra la gesti\u00f3n de la empresa asociativa y frente a terceros son garantes solidarios de las deudas sociales, por un lado, y por el otro los socios comanditarios, ajenos a la administraci\u00f3n y cuya responsabilidad se limita al monto del aporte prometido. Pero no debe olvidarse que ligados unos y otros por la \u201caffectio societatis\u201d, expresada en una permanente voluntad de colaboraci\u00f3n que implica la organizaci\u00f3n de intereses convergentes no obstante la distinta posici\u00f3n de cada clase de socios, y una vez constituida legalmente la compa\u00f1\u00eda, se le da vida a un ente jur\u00eddicamente personificado con su propia representaci\u00f3n y dotado de plena autonom\u00eda patrimonial, lo que significa en s\u00edntesis, que en cuanto a esta \u00faltima caracter\u00edstica concierne, no es dable confundirla con la que singularmente es predicable de cada uno de los socios, ni menos todav\u00eda con el fen\u00f3meno a que da lugar la llamada \u201csociedad mercantil de hecho\u201d al tenor de los Arts. 499 y 501 del C de Com. (G. J, T. CVII, p\u00e1g. 704); aquella se hace propietaria de los bienes que han sido objeto de aporte para el desarrollo de la empresa, puede igualmente adquirir otros activos durante la vida social despu\u00e9s de constituida con arreglo a la ley, y como persona jur\u00eddica que es, ostenta la titularidad de los derechos y obligaciones que de su patrimonio forman parte, patrimonio \u00e9ste cuya funci\u00f3n econ\u00f3mica, por lo tanto, se separa con toda nitidez de la del patrimonio personal de los asociados hasta el punto de que, incluso en las sociedades de marcada configuraci\u00f3n personalista como son la colectiva y la comanditaria respecto de los gestores, el primero de dichos patrimonios es prenda com\u00fan de los acreedores sociales quienes por principio y frente a los acreedores personales de los socios, tienen preferencia a ser pagados con los bienes pertenecientes al ente colectivo deudor. <\/p>\n
As\u00ed, pues, fundados en el anterior principio, dando por supuesta en consecuencia la separaci\u00f3n patrimonial existente entre la compa\u00f1\u00eda y sus socios individualmente considerados, los Arts. 294 y 352 del C de Com. establecen el r\u00e9gimen de responsabilidad al cual quedan sometidos los socios gestores en una sociedad en comandita, instituyendo dichas normas una forma de responsabilidad que siendo solidaria e ilimitada por las resultas de las operaciones realizadas \u201cbajo la raz\u00f3n social\u201d, ya que al tenor de los preceptos citados ha de entenderse que las vicisitudes patrimoniales de la entidad y de modo espec\u00edfico las deudas por ella contraidas se comunican a los socios que tengan la condici\u00f3n se\u00f1alada, tambi\u00e9n es subsidiaria o de segundo grado en el sentido de que a estos \u00faltimos, ante eventuales pretensiones de los acreedores de la sociedad, les favorecen las consecuencias que se siguen de la separaci\u00f3n de patrimonios producto de la personificaci\u00f3n jur\u00eddica cuya existencia, se insiste, no puede desconocerse mientras funcione regularmente y, por lo tanto, no aparezca acreditado que del instrumento legal en cuesti\u00f3n se abus\u00f3 para alcanzar finalidades il\u00edcitas de naturaleza tal que no quede otro camino distinto, en procura de restaurar la vigencia integral del orden jur\u00eddico as\u00ed quebrantado, que levantar el velo que aquella personificaci\u00f3n comporta y descubrir el sustrato real de sus miembros, investidos de facultades directivas, para deducirles directamente la responsabilidad que indiquen las circunstancias. <\/p>\n
Poni\u00e9ndolo en otros t\u00e9rminos, quiere lo anterior decir que si por virtud de las disposiciones citadas, cierto es que en las compa\u00f1\u00edas comanditarias las operaciones sociales est\u00e1n garantizadas por la responsabilidad solidaria e ilimitada que asumen los socios gestores, tambi\u00e9n ha de tenerse en cuenta que en atenci\u00f3n a esas mismas disposiciones y no mediando situaciones an\u00f3malas de verdadera excepci\u00f3n que por fuerza conduzcan a eliminar la interposici\u00f3n del ente personificado, los susodichos socios no quedan obligados a ninguna prestaci\u00f3n personal para con los acreedores sociales si estos \u00faltimos no afirman y prueban, cosa que pueden hacer aun de manera extrajudicial, que \u201cvanamente\u201d hicieron excusi\u00f3n en los haberes colectivos, configur\u00e1ndose de esta suerte, entre la sociedad y la clase de socios tantas veces mencionada, un v\u00ednculo accesorio de garant\u00eda an\u00e1logo al que se da entre un deudor principal y su fiador, v\u00ednculo cuyo genuino alcance lo ha precisado la jurisprudencia al se\u00f1alar que la posici\u00f3n que a dicho fiador corresponde es la de un deudor accesorio \u201c\u2026.y es deudor accesorio quien presta su garant\u00eda personal en guarda de la obligaci\u00f3n contraida por el deudor principal, pero que no participa de los derechos ni de las dem\u00e1s relaciones que surgen directamente del contrato, y que tan s\u00f3lo responde del cumplimiento, esto es de las obligaciones contraidas por aqu\u00e9l. Ning\u00fan provecho o ventaja reporta del contrato. Este es el fiador. Tal diferencia que proviene de la naturaleza de las cosas se halla establecida en disposiciones positivas como el Art. 1499 del C. Civil. La solidaridad -prosigue la Corte- que no es un elemento de la esencia ni de la naturaleza de los contratos, sino apenas una modalidad de las obligaciones, en nada los afecta en lo que respecta a su sustancia ni elimina la diferencia que se deja apuntada. Un fiador solidario puede ser perseguido por el total de la cosa debida pues a ese fin responde la solidaridad. Pero no por ello se torna jam\u00e1s en sujeto del contrato mismo, porque ning\u00fan derecho adquiere del acreedor ni lo ligan a \u00e9l otras relaciones de derecho que no sea la de responder por la cosa debida; el es \u00fanicamente, respecto del acreedor, un sujeto pasivo de las obligaciones pendientes de su fiado\u2026\u201d (G. J, Ts. XXXVII, p\u00e1g. 556, y LIX, p\u00e1g. 724). <\/p>\n
Se tiene, pues, que la responsabilidad de los gestores en una sociedad en comandita es subsidiaria en el grado que fija el Art. 294 del C. de Com, y esto as\u00ed entendido, no se remite a duda, por consiguiente, que no es posible exigirles a aquellos la ejecuci\u00f3n o el cumplimiento de obligaciones a cargo de la entidad sin antes haber requerido de esta \u00faltima, en forma directa, el pago correspondiente. <\/p>\n
Y sentada la anterior premisa, al examinar la demanda que origin\u00f3 el presente proceso, sin dificultad se aprecia que en manera alguna se intenta siquiera describir all\u00ed una situaci\u00f3n de hecho que, siendo id\u00f3nea para producir en el plano de la responsabilidad de los socios el efecto jur\u00eddico que acaba de mostrarse, permita sostener que en verdad, mediante dicho acto de postulaci\u00f3n procesal, el establecimiento bancario demandante tuvo la intenci\u00f3n de ejercitar, en contra de la demandada COMERCIALIZADORA MOVIFOTO LTDA., la acci\u00f3n accesoria de garant\u00eda por deudas que en favor de aqu\u00e9l contrajo la sociedad de nombre Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto S. en C . S. y de la cual, dicha demandada, era socia gestora al momento de llevarse a cabo las operaciones de cr\u00e9dito en que reside la causa de tales deudas cuyo importe asciende en total a la cantidad de U.S $ 301.077.92. Sobre este tema espec\u00edfico s\u00f3lo es posible registrar la menci\u00f3n de una serie de procesos judiciales de entre los cuales es preciso hacer ver que, en unos, no fue parte la sociedad Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto S. en C. S. mientras que en otros, no obstante serlo, se hicieron valer pretensiones fundadas en circunstancias distintas, y si bien es cierto que aquellas operaciones constituyeron objeto de debate en el proceso del que tuvo conocimiento en primera instancia el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn (cfr. cuad. 4 C del expediente), seguido por Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto S. en C. S – transformada para ese entonces en sociedad de responsabilidad limitada- contra el BANCO DEL COMERCIO y fallado en sede de apelaci\u00f3n por el Tribunal Superior de esa misma ciudad en sentencia de fecha 18 de febrero de 1989, igualmente resulta ser cierto que el contenido de este litigio y su desenvolvimiento seg\u00fan lo relatan las providencias proferidas, nada indica en orden a evidenciar la ocurrencia de un previo requerimiento a la sociedad deudora para obtener la restituci\u00f3n de los fondos por su cuenta desembolsados, ni menos aun la inutilidad de dicha diligencia al no disponer la entidad reconvenida de una masa de bienes suficiente para responder por esas acreencias. <\/p>\n
La conclusi\u00f3n que por fuerza se sigue de todo cuanto queda dicho es que sin dificultad se descubre, luego de comparar la demanda y la sentencia materia de estudio, que el Tribunal de Medell\u00edn, alterando los t\u00e9rminos fundamentales en que las partes plantearon la litis, para condenar a la sociedad demandada se bas\u00f3 en una causa por completo distinta a la invocada en la susodicha demanda. De hecho, cuando la corporaci\u00f3n sentenciadora emprendi\u00f3 el an\u00e1lisis de fondo de la cuesti\u00f3n litigiosa sometida a su conocimiento, no obstante haber efectuado de antemano un relato destinado a compendiar el contenido de la demanda mediante la cual el presente proceso tuvo comienzo, lo que de suyo no representa una cabal interpretaci\u00f3n de la misma, es lo cierto que termin\u00f3 ignorando aspectos esenciales en la identificaci\u00f3n objetiva de ese contenido al indicar a modo de punto de partida, que frente a los demandados el banco demandante solicit\u00f3 el cumplimiento de un contrato bilateral para seguidamente darse a la tarea, a la luz de este equivocado supuesto, de valorar el material probatorio obrante en los autos, desobedeciendo en consecuencia la regla que le impone al juez la sujeci\u00f3n a la \u201ccausa\u201d invocada en la demanda. <\/p>\n
Por manera que el cargo en estudio est\u00e1 llamado a prosperar; la sentencia habr\u00e1 de ser infirmada para sustituirla por la decisi\u00f3n de m\u00e9rito que sin incurrir en el desajuste se\u00f1alado, deba proferirse de acuerdo con las consideraciones que siguen. <\/p>\n
IV. LA SENTENCIA DE INSTANCIA <\/p>\n
Resultando que la relaci\u00f3n procesal existente en esta causa se ha configurado regularmente y que en su desenvolvimiento no se observa defecto alguno que, por tener virtualidad legal para invalidar lo actuado en todo o en parte y no encontrarse saneado, imponga darle aplicaci\u00f3n al Art. 145 del c de P. C, le corresponde ahora a la Corte proveer en sede de instancia y para tal prop\u00f3sito bastan las consideraciones siguientes. <\/p>\n
Con ocasi\u00f3n del estudio adelantado para despachar el cargo por cuya virtud el recurso de casaci\u00f3n se abre paso, qued\u00f3 definido que la demanda a la cual ha de circunscribirse el acto jurisdiccional decisorio que al proceso le ponga fin, pretende obtener que se condene a los demandados -LUIS JAVIER MARIO POSADA OCHOA y la sociedad COMERCIALIZADORA MOVIFOTO LTDA- a asumir solidariamente el deber de reparar a la instituci\u00f3n bancaria actora, los da\u00f1os por esta \u00faltima experimentados como consecuencia del incumplimiento de obligaciones pre-establecidas de origen contractual en el que se afirma, incurri\u00f3 la compa\u00f1\u00eda Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto S. en C. S. de la cual dichos demandados eran socios, atribuy\u00e9ndoles a estos conductas dolosas ordenadas a obtener indebidos beneficios que habr\u00eda de reportarles el ameritado incumplimiento. <\/p>\n
As\u00ed, pues, si ha de entenderse, siguiendo las ense\u00f1anzas de autorizados expositores (Savatier. Tratado, Tomo I, Num. 108), que para efectos de identificar el tipo de responsabilidad civil llamado a operar en funci\u00f3n de las circunstancias particulares del caso, juega papel de primera importancia la noci\u00f3n de \u201cfalta contractual\u201d de la que se dice consiste en \u201c\u2026. la inejecuci\u00f3n previsible y evitable, por una parte contratante o por sus causahabientes frente a la otra parte contratante o sus causahabientes, de una o varias obligaciones nacidas de un contrato que a ambos extremos vincula..\u201d, salta a la vista que no es una situaci\u00f3n de esta naturaleza la que funda la pretensi\u00f3n de tal modo formulada ya que la atribuci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de resarcir los perjuicios en cuesti\u00f3n, cuyo reconocimiento constituye el objeto de la se\u00f1alada pretensi\u00f3n, no se radica en la sociedad deudora ligada contractualmente con el banco acreedor, sino en terceros ajenos a dicha relaci\u00f3n, planteando por ende un supuesto de responsabilidad civil predicada de quienes sin ser parte contratante, debido a su obrar subjetivamente merecedor de reproche les son imputables, no obstante, las consecuencias da\u00f1osas de una infracci\u00f3n contractual -incumplimiento o cumplimiento defectuoso- en que a la postre se traduce la lesi\u00f3n del derecho de cr\u00e9dito del que aqu\u00e9l acreedor es titular, fen\u00f3meno que por lo dem\u00e1s, en su concepci\u00f3n te\u00f3rica al menos y seg\u00fan se dej\u00f3 apuntado l\u00edneas atr\u00e1s en esta misma providencia, nada tiene de raro o sorprendente pues bien sabido es que se admite por el com\u00fan de los doctrinantes, la existencia de un deber de respeto de los derechos patrimoniales de fuente contractual por parte de terceros, deber que es sin duda caracterizada expresi\u00f3n del imperativo general de rango constitucional (Art. 95, Num. 1. de la C. P) que exige miramiento por todas las situaciones que forman la esfera jur\u00eddica ajena. <\/p>\n
En este orden de ideas, punto de partida imprescindible para decidir sobre el m\u00e9rito de la pretensi\u00f3n indemnizatoria incoada en la especie por el BANCO DEL COMERCIO, es que la tutela por este \u00faltimo reclamada de la jurisdicci\u00f3n del Estado, corresponde a los dominios de la responsabilidad civil extracontractual y por eso, con la perspectiva que suministra el correspondiente r\u00e9gimen jur\u00eddico cuyos lineamientos b\u00e1sicos se encuentran en el T\u00edtulo XXXIV del Libro Cuarto del C\u00f3digo Civil, lo primero por establecer, antes de ocuparse de la existencia de los perjuicios y su magnitud posible en vista del tipo de compromisos de cr\u00e9dito asumidos para con la instituci\u00f3n bancaria demandante por la sociedad Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto Ltda, es el hecho il\u00edcito delictual o cuasidelictual que adem\u00e1s de mostrarse como elemento desencadenante del da\u00f1o que entra\u00f1a el incumplimiento de dichos compromisos por la compa\u00f1\u00eda deudora, represente en t\u00e9rminos de derecho factor de imputaci\u00f3n adecuado para declarar que son los demandados quienes, frente al acreedor lesionado a ra\u00edz del aludido incumplimiento, deben afrontar en definitiva la reparaci\u00f3n econ\u00f3mica que de ellos se demanda; en otras palabras, condici\u00f3n esencial de la cual depende, unida ella desde luego a otras exigencias de no menor trascendencia, que respecto de esa pretensi\u00f3n pueda recaer sentencia estimatoria, es que la evidencia que de los autos se desprenda, apreciada con un amplio criterio cient\u00edfico de unificaci\u00f3n y balanceo de los diferentes argumentos de prueba en juego como lo indica la jurisprudencia (G. J, t. LXXIII, p\u00e1g. 299), lleve en realidad al firme convencimiento de que a los demandados o a sus \u00f3rganos directivos, en el caso de la sociedad COMERCIALIZADORA MOVIFOTO LTDA, les es imputable la responsabilidad debido a que, mediando en ellos la finalidad deliberada de perjudicar al acreedor o por lo menos una grave omisi\u00f3n de la diligencia que les era exigible en la administraci\u00f3n que a su cargo ten\u00edan, hicieron imposible la ejecuci\u00f3n satisfactoria de las prestaciones adeudadas, consistentes en el reembolso de los recursos financieros por dicho acreedor facilitados, o menoscabaron la solvencia de la sociedad deudora hasta el extremo de impedir el pago corriente de tales obligaciones. <\/p>\n
Y es lo cierto que despu\u00e9s de adelantar un pormenorizado estudio del material probatorio disponible, incluyendo naturalmente la abundante informaci\u00f3n documental atinente a algunos de los procesos judiciales tramitados en la ciudad de Medell\u00edn y a los cuales dieron origen las tempestuosas relaciones de negocios sostenidas, desde 1981, por el BANCO DEL COMERCIO con el conjunto de sociedades con personalidad jur\u00eddica propia conocido como \u201cgrupo Movifoto\u201d y sometido en aqu\u00e9l entonces a la direcci\u00f3n econ\u00f3mica unificada del empresario LUIS JAVIER MARIO POSADA OCHOA, aqu\u00e9l requisito no aparece demostrado y por este motivo la demanda no puede prosperar. En efecto, partiendo de la base de que al tenor de este escrito el factor de imputaci\u00f3n de la responsabilidad reclamada, en el cual apoya sus pretensiones el banco demandante, es la conducta dolosa de los demandados o de sus representantes en cuanto ella, se dice, determin\u00f3 el incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de la compa\u00f1\u00eda Industrias Gr\u00e1ficas Movifoto S. en C. S, y si ha de entenderse al propio tiempo, siguiendo el texto del Art. 63 del C. Civil, que como modalidad de la culpa aquiliana en sentido lato, el dolo se da cuando el acto u omisi\u00f3n da\u00f1osos est\u00e1n caracterizados por la nota de intencionalidad en el agente demandado en forma tal que \u00e9ste, como lo explica la jurisprudencia, \u201c\u2026haya deseado verdaderamente que se realice el perjuicio y haya obrado con ese prop\u00f3sito\u2026\u201d (G. J, T. LXII, p\u00e1g. 699), era de cargo del actor suministrar la prueba terminante y decisiva de la concurrencia de estos elementos de valoraci\u00f3n subjetiva, indispensables de suyo para persuadir a los sentenciadores acerca de la justificaci\u00f3n de la condena en cuesti\u00f3n; luego faltando esta prueba, aquella afirmaci\u00f3n tocante con la raz\u00f3n de ser de la obligaci\u00f3n indemnizatoria que a los demandados se les pretende atribuir dentro de este marco espec\u00edfico, queda sin respaldo y en consecuencia, no es posible su reconocimiento. <\/p>\n
En s\u00edntesis, de lo expuesto en los p\u00e1rrafos precedentes se desprende que, visto el contenido de las pretensiones deducidas le asiste raz\u00f3n a la parte demandada al invocar en su defensa la que denomin\u00f3 \u201cexcepci\u00f3n de inexistencia de t\u00edtulo que de origen a la acci\u00f3n de perjuicios\u201d, habida cuenta que el proceso no aporta los elementos de hecho necesarios para tener por configurada y probada a cabalidad, una situaci\u00f3n apropiada para producir, de acuerdo con la ley, el efecto jur\u00eddico concreto en el cual toma pie el banco demandante para formular dichas pretensiones, deficiencia esta de f\u00e1cil comprobaci\u00f3n que irremediablemente conduce al fallo desestimatorio por el que propugna el demandado apelante. <\/p>\n
DECISION: <\/p>\n
En m\u00e9rito de las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, C A S A la sentencia de fecha ocho (8) de marzo de 1994, proferida en el proceso ordinario de la referencia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y adicionada en providencia del ocho (8) de abril siguiente. Actuando en sede de instancia, R E V O C A asimismo el fallo dictado con fecha primero (1\u00ba) de octubre de 1993 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa misma ciudad y en su lugar R E S U E L V E: Desestimar las pretensiones contenidas en la demanda entablada por el BANCO DEL COMERCIO – hoy BANCO DE BOGOTA – contra la sociedad COMERCIALIZADORA MOVIFOTO LTDA – antes INVERSIONES INMOBILIARIAS MOVIFOTO LTDA – y LUIS JAVIER MARIO POSADA OCHOA. <\/p>\n
De conformidad con el Art. 392, Num. 4\u00ba, del c de P. C, las costas causadas en ambas instancias son de cargo de la parte demandante. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n ante la prosperidad del recurso. <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE y DEVUELVASE LA ACTUACI\u00d6N AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
<\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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S-001-99 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de Febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999).- Referencia: Expediente 5099 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81606","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81606","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81606"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81606\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81606"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81606"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81606"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}