S-005-99<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
Rad.- Expediente No. 5090 <\/p>\n
Despacha la Corte el recurso de casaci\u00f3n que interpusiera el demandante en contra de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 el d\u00eda veintiuno (21) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994), dentro del proceso ordinario entablado por el se\u00f1or MARCO ANTONIO CORREA TOB\u00d3N en frente de los herederos indeterminados del se\u00f1or ALFONSO DUQUE MAYA y de las dem\u00e1s personas indeterminadas que se creyesen con alg\u00fan derecho sobre el bien. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Por reparto, el Juzgado Veinte Civil del Circuito de esta ciudad, asumi\u00f3 el conocimiento de la demanda presentada por el se\u00f1or Marco Antonio Correa Tob\u00f3n para que, una vez surtidos los tr\u00e1mites propios del proceso ordinario que habr\u00e1 de adelantarse con citaci\u00f3n y audiencia de los herederos indeterminados del se\u00f1or Alfonso Duque Maya y de las dem\u00e1s personas indeterminadas que crean tener alg\u00fan derecho real sobre el bien, se le declarase due\u00f1o, por haberlo adquirido por prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio, de un inmueble urbano consistente en el \u201capartamento N\u00ba 19-02 del bloque N\u00ba uno (1), del edificio ubicado en la carrera segunda (2\u00aa) n\u00famero diecis\u00e9is setenta y dos (16-72) del conjunto familiar Gonzalo Jim\u00e9nez de Quesada de la ciudad de Bogot\u00e1 D. E., apartamento que consta de tres (3) alcobas, sala-comedor, dos (2) ba\u00f1os, cocina y un (1) cuarto de servicio, junto con sus mejoras y anexidades legalmente constituidas\u201d y que se distingue por los linderos descritos en el libelo. Pidi\u00f3, en consecuencia, la inscripci\u00f3n del fallo respectivo en la oficina competente. <\/p>\n
2.- Dicha demanda tuvo como fundamento los hechos cuya s\u00edntesis es la siguiente: <\/p>\n
Correa Tob\u00f3n conoci\u00f3 a Alfonso Duque Maya hace m\u00e1s de treinta a\u00f1os, habi\u00e9ndole servido, primero, en una finca de su propiedad, situada en Tocaima, y luego, como ayudante de su oficina y de su apartamento en Bogot\u00e1. A comienzos de 1969, Duque le prometi\u00f3 una casa o apartamento \u201cen pago o recompensa de sus servicios prestados\u201d, dici\u00e9ndole que procediera a buscarla \u201ccon la condici\u00f3n de que la titulaci\u00f3n se har\u00eda a nombre de Alfonso Duque Maya quien gozaba de buen cr\u00e9dito comercial y tambi\u00e9n de que Marco Antonio Correa cancelar\u00eda los servicios y administraci\u00f3n del inmueble\u201d. De all\u00ed result\u00f3 la adquisici\u00f3n del inmueble antes citado, efectuada por Duque, quien \u201ccancel\u00f3 una parte del precio y grav\u00f3 el inmueble en garant\u00eda del saldo a deber\u201d, siendo el dinero que le correspond\u00eda a Correa Tob\u00f3n por los servicios prestados. Desde la fecha de la escritura, esto es el 28 de julio de 1969, Correa Tob\u00f3n, quien lo recibi\u00f3 de la firma constructora, ha tenido la posesi\u00f3n del inmueble en forma tranquila y sin interrupci\u00f3n de ninguna especie hasta el d\u00eda de hoy; all\u00ed ha convivido con su familia, ha realizado mejoras y pagado servicios y administraci\u00f3n. Residiendo en el mismo apartamento, contrajo matrimonio con Graciela G\u00f3mez, con quien all\u00ed ha vivido y en donde nacieron sus hijas. Alfonso Duque Maya, no sobra aclararlo, le pidi\u00f3 al demandante que \u201cle permitiera pernoctar dentro del inmueble cuando aquel lo requiriera, y fue as\u00ed como entre ellos dos convinieron reservar una parte de la sala-comedor del apartamento para que el se\u00f1or Duque Maya durmiera, \u2026 en un sof\u00e1-cama que se extend\u00eda durante la noche y durante el d\u00eda se recog\u00eda\u201d, no siendo continua la estad\u00eda de Duque Maya pues \u00e9ste a veces permanec\u00eda en su finca. <\/p>\n
Alfonso Duque Maya muri\u00f3 soltero el 29 de noviembre de 1988, sin dejar herederos conocidos. <\/p>\n
3.- Admitida la demanda, fueron emplazados los herederos indeterminados de Alfonso Duque Maya al igual que las restantes personas que pudieran ser titulares de alg\u00fan derecho sobre el referido predio, y designado que fuera el curador ad-litem que habr\u00eda de representarlos, este descorri\u00f3 el traslado oponi\u00e9ndose a la impetrada declaratoria de dominio; dijo no constarle los hechos en que se apoya la demanda y solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de algunas pruebas. <\/p>\n
La decisi\u00f3n de primera instancia fue favorable a lo pedido por el actor, mas por virtud del grado de consulta, el ad-quem la revoc\u00f3 en la sentencia que es objeto del presente recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
LOS FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL. <\/p>\n
1.- Despu\u00e9s de se\u00f1alar que en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial practicada al inmueble se encontr\u00f3 al demandante residiendo en \u00e9l, el ad-quem anota que los testigos Luc\u00eda Delgado de V\u00e1squez, Jos\u00e9 Roberto V\u00e1squez M. y Mar\u00eda Hilda R\u00edos de M., residentes en el mismo edificio donde est\u00e1 ubicado el apartamento, objeto de la prescripci\u00f3n adquisitiva, son contestes en afirmar que conocen a Correa Tob\u00f3n \u201c\u2026 viviendo permanentemente en el bien con su familia a partir (de 1969), lapso durante el cual no conocen que alguien le haya estorbado o disputado la posesi\u00f3n, y en general aseveran que aqu\u00e9l ha ejecutado actos propios de se\u00f1or y due\u00f1o\u201d. <\/p>\n
2.- Sin embargo de lo anterior, concluye que \u201cno resultan fehaciente e incontrastablemente demostrados los actos de posesi\u00f3n que son indispensables para una sentencia estimatoria\u201d. <\/p>\n
As\u00ed, refiri\u00e9ndose a lo afirmado por Mar\u00eda Hilda R\u00edos de Mojica, dice que \u201climita su declaraci\u00f3n al hecho que conoci\u00f3 al demandante residiendo en el apartamento con su esposa y sus hijas, a quien vio que le hizo una reforma, dividiendo la sala y el comedor \u2018en madera\u2019 y confeccionando unas cortinas\u201d. En cuanto a lo expresado por Luc\u00eda Delgado de V\u00e1squez, se\u00f1ala que \u201ccoincidiendo en la residencia expresada por el anterior deponente, luego de manifestar que desconoc\u00eda si el demandante hab\u00eda hecho mejoras en el inmueble, que visitaba cada a\u00f1o por reuniones sociales, memor\u00f3 que en cada aludido per\u00edodo lo mandaba pintar y hab\u00eda realizado en \u00e9l ciertas mejoras locativas\u201d, aspectos con los que tambi\u00e9n coincide Jos\u00e9 Roberto V\u00e1squez Morales, \u201cquien agrega que el demandante paga la administraci\u00f3n del apartamento y sus servicios domiciliarios\u201d. Que solamente a la segunda de las testigos, el actor le present\u00f3 \u201c \u2018a un Dr. Duque\u2019 \u201d, a quien vio una o dos veces, y que no recuerda que aqu\u00e9l se le presentara como propietario del inmueble. <\/p>\n
3.- Estima entonces el Tribunal que los actos de posesi\u00f3n mencionados por los declarantes \u201ccorresponden al simple concepto de reparaciones locativas, las que necesariamente no son propias e inherentes al ejercicio del derecho de dominio\u201d. <\/p>\n
4.- Aludiendo a la forma como el demandante explica el origen de su permanencia en el apartamento, arguye que la entrega del inmueble para el pago de servicios laborales, no est\u00e1 probada y que \u201cen principio no corresponde a lo que generalmente acontece: porque de ser ciertas las vinculaciones personales entre el demandante y quien fuera propietario del bien, no parece l\u00f3gico admitir que \u00e9ste, desde su compra y hasta su fallecimiento -1969 a 1988-, no le hubiera transferido su dominio, tiempo durante el cual tampoco est\u00e1 demostrado que el demandante hubiese pagado el cr\u00e9dito hipotecario que pes\u00f3 sobre el inmueble, ni sus impuestos prediales, sobre lo que no es preciso pues en primera instancia declar\u00f3 que los hab\u00eda cancelado de su propio peculio, mientras que en esta se\u00f1al\u00f3 que una o dos veces lo hizo Marco Antonio Correa Tob\u00f3n y que ten\u00eda en su poder los recibos, para luego advertir que quedaron en manos del primero y que no hab\u00eda pagado ninguno de los impuestos prediales causados desde su muerte\u201d (sic.). <\/p>\n
5.- Agrega el ad-quem que el demandante se refiere al abogado Eutimio Prada Fonseca \u201ccomo socio de oficina de Marco Antonio Correa Tob\u00f3n\u201d (sic), resultando que dicho abogado obr\u00f3 como apoderado de los herederos del \u201c\u00faltimo\u201d (sic), solicitando la apertura del proceso de sucesi\u00f3n, en demanda donde se denunci\u00f3 como bien relicto el apartamento materia de la controversia, \u201cy un cr\u00e9dito a su favor -$189.880- relativo al \u2018mantenimiento y agua\u2019 del mismo, lo cual eventualmente contradice el dicho del demandante sobre el particular, poniendo de presente que esos gastos los asumi\u00f3 no \u00e9ste sino Marco Antonio Correa Tob\u00f3n\u201d (sic). <\/p>\n
La anterior observaci\u00f3n la complementa con esta otra: \u201cLa demanda sucesoria fue presentada el 6 de julio de 1990, tres meses despu\u00e9s de la que motiva la atenci\u00f3n de la Sala. Por eso sorprende que le hubiera sido comunicado al demandante la existencia del proceso de sucesi\u00f3n y de quien en \u00e9l intervienen (sic), siendo que, como lo dice, luego del fallecimiento de Alfonso Duque Maya fue \u2018a la oficina algunas veces a saludar al socio de \u00e9l\u2019, esto es, a Eutimio Prada Fonseca, el apoderado judicial de los herederos\u201d. <\/p>\n
6.- Rematando, expresa que si el demandante \u201cacepta que Marco Antonio Correa Tob\u00f3n (sic) hab\u00eda adquirido el bien ra\u00edz con el objeto de transferirle la propiedad\u201d, en el mejor de los casos no puede ser poseedor sino a partir de su muerte, ocurrida en 1988, y no antes porque ello entra\u00f1a el reconocimiento de dominio ajeno, lo que lo llev\u00f3 a concluir que no ha transcurrido el tiempo indispensable para la consumaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION. <\/p>\n
1.- En un solo cargo, propuesto al amparo de la causal primera del art\u00edculo 368 del C. de P.C., el recurrente impugna la sentencia acabada de compendiar por la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 762, 763, 764, 2518, 2527, 2531y 2532 del C. C., \u201ccomo consecuencia de errores de hecho que condujeron al sentenciador a aplicar indebidamente el art. 981 del C\u00f3digo Civil, al apreciar defectuosamente la prueba testifical y confesional oportunamente allegada al proceso\u201d, habi\u00e9ndose, asimismo, dado la violaci\u00f3n medio de los art\u00edculos 174, 175, 177 y 187 del C. de P.C., del art\u00edculo 69 del Dto. 1250 de 1970, y la indebida aplicaci\u00f3n del art. 1\u00ba de la ley 50 de 1936. <\/p>\n
2.- Como pruebas \u201cdefectuosamente apreciadas\u201d, el recurrente menciona la demanda de sucesi\u00f3n del causante Alfonso Duque Maya, el interrogatorio de parte absuelto por el demandante y los testimonios rendidos por Mar\u00eda Hilda R\u00edos de M., Lucila Delgado de V. y Jos\u00e9 Roberto V\u00e1squez M., para luego se\u00f1alar que los errores de hecho fueron los siguientes: <\/p>\n
a) No haber dado por demostrado, est\u00e1ndolo, que el demandante s\u00ed ejerci\u00f3 actos posesorios, en forma pac\u00edfica e ininterrumpida, sobre el inmueble materia del proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
c) Exigir, sin ser requisito legal, la prueba de que el demandante recibi\u00f3 el inmueble de quien aparece como propietario inscrito, por el pago de algunos servicios laborales, ya que s\u00ed as\u00ed hubiera sido, ser\u00eda l\u00f3gico admitir que \u00e9ste, desde su compra y hasta su fallecimiento, no le hubiese transmitido el dominio, \u201cy tambi\u00e9n haberse probado que el demandante pagara el cr\u00e9dito hipotecario que pes\u00f3 sobre el inmueble y sus impuestos prediales\u201d. <\/p>\n
d) Haber supuesto que Correa Tob\u00f3n, por el simple conocimiento que tuvo de Eutimio Prada, socio que fuera de Alfonso Duque Maya, \u201cestaba obligado legalmente a conocer la existencia del proceso de sucesi\u00f3n de Alfonso Duque Maya, y que Eutimio Prada obraba como apoderado de los herederos, seg\u00fan demanda en la que se denuncia como bien relicto entre otros, el apartamento en controversia judicial y un cr\u00e9dito a su favor por $189.880.oo, relativo al mantenimiento y agua del mismo. De que -agrega el recurrente-, por el solo hecho de haber ido el demandante a la oficina del se\u00f1or Eutimio Prada, siendo \u00e9ste apoderado de los herederos de Alfonso Duque Maya, necesariamente deb\u00eda Correa Tob\u00f3n conocer la existencia del proceso de sucesi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
e) Dar por demostrado, sin estarlo, \u201cque habiendo el demandante aceptado que Marco Antonio Correa Tob\u00f3n (sic) adquiri\u00f3 el bien ra\u00edz con el objeto de transferirle la propiedad, en el mejor de los casos no puede ser poseedor sino a partir de su \u00f3bito acaecido en el a\u00f1o de 1988 y no antes, porque ello entra\u00f1a reconocimiento de dominio a un tercero\u2026\u201d <\/p>\n
3.- Al emprender la tarea de la demostraci\u00f3n de los yerros adjudicados al sentenciador, el recurrente empieza diciendo que el Tribunal se contradice porque, de una parte, reconoce que los testigos Luc\u00eda Delgado de V., Jos\u00e9 Roberto V\u00e1squez M. y Mar\u00eda Hilda R\u00edos de M., todos residentes en el edificio, son contestes en que Marco Antonio Correa T. y su familia ha vivido permanentemente en el inmueble, desde 1969, sin que conozcan que alguien le haya disputado la posesi\u00f3n, aseverando, en general, que \u00e9l ha efectuado actos propios de se\u00f1or y due\u00f1o; pero, por la otra, da por demostrado que no resulta fehaciente e incontrastablemente probados los actos de posesi\u00f3n indispensables para una sentencia estimatoria, como se deduce de los testimonios y del interrogatorio de parte del demandante. <\/p>\n
Tras aseverar que el ad-quem \u201cpretermiti\u00f3\u201d la valoraci\u00f3n de los testimonios se\u00f1alados, de cuyos textos extrae algunas citas, el recurrente objeta, que a pesar de las afirmaciones de los testigos a quienes les consta de manera personal y directa sobre los actos de posesi\u00f3n que ha ejercido el demandante con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o sobre el apartamento desde 1969, el Tribunal err\u00f3neamente concluy\u00f3 que esos actos corresponden al \u201c\u2018simple concepto de reparaciones locativas\u2019\u201d, que no son expresi\u00f3n necesaria del ejercicio del derecho de dominio. <\/p>\n
Para el censor, los testigos fueron \u201cclaros, concisos y concordantes\u201d en manifestar que el demandante ha ejercido la posesi\u00f3n del inmueble desde hace m\u00e1s de veinte a\u00f1os. <\/p>\n
Esta parte de la impugnaci\u00f3n la concluye con las siguientes palabras: <\/p>\n
\u201cDe los yerros expresados, generados en la defectuosa apreciaci\u00f3n de la prueba testifical, brota de manera ineludible que el sentenciador\u2026 infringi\u00f3 de forma indirecta\u2026 los arts. 762 y 981 del C\u00f3digo Civil, al no dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que el demandante re\u00fane todos los requisitos exigidos para adquirir la propiedad del inmueble por\u2026 la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria\u2026, y concluir\u2026 que la posesi\u00f3n que mencionan los declarantes corresponde al simple concepto de reparaciones locativas, las que no son propias, seg\u00fan el Tribunal, e inherentes al ejercicio del derecho de dominio\u201d. <\/p>\n
4.- El Tribunal, contin\u00faa diciendo el recurrente, tambi\u00e9n se abstuvo de apreciar la manifestaci\u00f3n del demandante en los interrogatorios de parte que absolvi\u00f3 en primera y en segunda instancia, acerca de \u201cla forma l\u00edcita en que comenz\u00f3 a poseer el inmueble, sin ninguno de los vicios siquiera indicados por la ley para ser poseedor irregular, cuando dijo en sus respuestas: Que el precio del apartamento fue cancelado por Alfonso Duque Maya, a quien la inmobiliaria vendedora le hizo escrituraci\u00f3n y es por ello que este aparece como titular de derechos reales, pero quien lo contrat\u00f3, hizo las gestiones necesarias para la transferencia fue el demandante Correa Tob\u00f3n, quien lo recibi\u00f3 de la constructora el mismo d\u00eda que se firm\u00f3 la escritura de compraventa en el mes de julio de 1969\u2026 Que Alfonso Duque Maya ciertamente lo adquiri\u00f3 y lo pag\u00f3, con el solo fin de entreg\u00e1rselo a Marco Antonio Correa Tob\u00f3n, en gratitud de los servicios que \u00e9ste le prest\u00f3 durante unos diez a\u00f1os. Que el demandante, desde un comienzo, ha cancelado servicios de administraci\u00f3n, energ\u00eda el\u00e9ctrica, algunos impuestos\u201d. <\/p>\n
Para el recurrente, en lo as\u00ed afirmado, hay una confesi\u00f3n no apreciada por el Tribunal, mientras que, por el contrario, resulta palmaria la contraevidencia suya al interpretar, err\u00f3neamente, la manifestaci\u00f3n del demandante, cuando en la sentencia se plantea la falta de l\u00f3gica advertible en el hecho de que Duque Maya no le haya transferido al demandante la propiedad del inmueble durante todo el tiempo que medi\u00f3 entre su adquisici\u00f3n y su muerte, pregunt\u00e1ndose entonces aquel si es requisito legal para la prosperidad de la acci\u00f3n de pertenencia, \u201cque quien la pretende deba cancelar el precio del bien, los cr\u00e9ditos o grav\u00e1menes que sobre \u00e9l pesan y los impuestos prediales al d\u00eda, requisitos sin los cuales y no obstante estar demostrado, como aqu\u00ed lo est\u00e1, el lleno de todos los requisitos que realmente se requieren para la prescripci\u00f3n\u2026, necesariamente debe probarse, seg\u00fan el fallador de segunda instancia, que el poseedor haya pagado los grav\u00e1menes que pesan sobre el inmueble y que se encuentre al d\u00eda en el pago del impuesto predial?\u201d. <\/p>\n
Tan err\u00f3neas interpretaciones, sigue replicando el impugnador, condujeron al Tribunal \u201ca darle a la prueba confesional una inteligencia que ri\u00f1e abiertamente con la norma legal que indica cu\u00e1les son los requisitos para adquirir el dominio por la figura de la prescripci\u00f3n extraordinaria\u201d, ya que tambi\u00e9n pide la cancelaci\u00f3n de los grav\u00e1menes que pesan sobre el predio y el estar al d\u00eda en el pago del impuesto predial, con lo que le dio una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea a los art\u00edculos 762, 764, 2518, 2525 y 2532 del C. c. <\/p>\n
5.- De otro lado, manifiesta que tambi\u00e9n es equivocada la interpretaci\u00f3n dada a la confesi\u00f3n del actor, \u201cal decir que por el hecho de que Alfonso Duque Maya adquiri\u00f3 el bien y se lo entreg\u00f3 al demandante Correa Tob\u00f3n con el objeto de transferirle la propiedad, y al no haberlo hecho, no puede por eso el demandante Marco Antonio Correa Tob\u00f3n ser poseedor sino a partir de su \u00f3bito, o sea desde el a\u00f1o de 1988\u201d, lo que, en su sentir, ri\u00f1e con jurisprudencia de la Corte que transcribe, puesto que, aunque Duque Maya y Correa Tob\u00f3n no hubiesen celebrado un contrato de promesa de compraventa del apartamento, \u201c\u2026s\u00ed se le hizo por Duque Maya a Correa Tob\u00f3n la entrega real del bien con el \u00e1nimo de pagarle con \u00e9l los servicios que \u00e9ste le prest\u00f3 a aqu\u00e9l durante diez a\u00f1os. Si se hubiera hecho al demandante la transferencia del inmueble por Duque Maya mediante la escrituraci\u00f3n correspondiente, no hubiera sido necesario iniciar el proceso de pertenencia\u2026\u201d. <\/p>\n
6.- Por \u00faltimo, expresa, el Tribunal no apreci\u00f3 que la posesi\u00f3n del demandante, que podr\u00eda calificarse de regular, ha sido ejercida con el lleno de los requisitos legales para adquirir el dominio. <\/p>\n
Agrega luego que \u201cviolaciones medio fueron tambi\u00e9n los art\u00edculos 174, 175, 177 y 187 del C\u00f3digo de procedimiento civil, porque el Tribunal se apart\u00f3 de los principios que gu\u00edan la sana cr\u00edtica en la apreciaci\u00f3n integral del haz probatorio, la necesidad de fundar toda decisi\u00f3n judicial en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, como el principio seg\u00fan el cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho jur\u00eddico que ellas persiguen y la m\u00e1xima del art. 187 del C\u00f3digo de procedimiento civil que manda al juez apreciar las pruebas en conjunto conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, as\u00ed como la de que el juez debe exponer razonablemente el m\u00e9rito que le asigna a cada prueba\u201d. <\/p>\n
Tras insistir en que tales errores incidieron radicalmente en la decisi\u00f3n de revocar la sentencia de primera instancia, el recurrente pide que aquella se case y que, en su reemplazo, esta sea confirmada. <\/p>\n
SE CONSIDERA. <\/p>\n
1.- Cuando la doctrina jurisprudencial predica que los elementos esenciales para adquirir el derecho real de dominio o propiedad por el modo de la prescripci\u00f3n adquisitiva, son \u201cla posesi\u00f3n material sobre cosas cuyo dominio sea susceptible de ganarse de este modo y que ininterrumpidamente se haya conservado por espacio de veinte a\u00f1os (\u2026), es claro que se refiere a la posesi\u00f3n material, vale decir a la verdadera y \u00fanica posesi\u00f3n que como fundamento de la usucapi\u00f3n es admitida por el ordenamiento civil \u2026, lo que por ende implica aludir a un estado de hecho que, \u2018\u2026 ha de juzgarse con el mayor esmero para la determinaci\u00f3n general de su entidad propia y la aplicaci\u00f3n de las normas a las circunstancias espec\u00edficas de cada coyuntura, con el necesario deslinde entre la figura en cuesti\u00f3n y las relaciones afines\u2026\u2019. (\u2026), diferencia esta \u00faltima que frente a las particularidades concretas de cada caso, habr\u00e1 de establecerse con exactitud en tanto se tenga presente que la posesi\u00f3n de la que se viene haciendo m\u00e9rito, debe ser el reflejo inequ\u00edvoco de un poder\u00edo efectivo sobre una cosa determinada que, por imperativo legal (C. C., art. 762), tiene que ponerse de manifiesto en una actividad asidua, aut\u00f3noma y prolongada que corresponda al ejercicio del derecho de propiedad pues dicha posesi\u00f3n, la que por ser en concepto de due\u00f1o es h\u00e1bil para ganar el dominio por efecto de la prescripci\u00f3n es ante todo un hecho cuya existencia como fen\u00f3meno, no est\u00e1 por dem\u00e1s recordarlo una vez m\u00e1s \u2018\u2026debe manifestarse tambi\u00e9n por una serie de actos de inconfundible car\u00e1cter y naturaleza, que demuestran su realizaci\u00f3n y el v\u00ednculo directo que ata a la cosa pose\u00edda con el sujeto poseedor. Tales actos deben guardar \u00edntima relaci\u00f3n con la naturaleza intr\u00ednseca y normal destinaci\u00f3n de la cosa que se pretende poseer\u2026\u2019 (\u2026)\u201d (Cas. civ. 23 de enero de 1993, sin publ.). <\/p>\n
<\/p>\n
1.1.- En el anterior orden de ideas, los medios probatorios aducidos en proceso para demostrar la posesi\u00f3n, deben venir, dentro de las circunstancias particulares de cada caso, revestidos de todo el vigor persuasivo, no propiamente en el sentido de conceptuar que alguien es poseedor de un bien determinado, pues esta es una apreciaci\u00f3n que s\u00f3lo al juez le compete, sino en el de llevarle a este el convencimiento de que esa persona, en realidad, ha ejecutado hechos que, conforme a la ley, son expresivos de la posesi\u00f3n, lo cual, por supuesto, ha debido prolongarse durante todo el tiempo se\u00f1alado en la ley como indispensable para el surgimiento de la prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio, sea esta ordinaria o extraordinaria. <\/p>\n
Con apoyo en esos hechos, al juez debe quedarle n\u00edtidamente trazada la l\u00ednea divisoria entre la posesi\u00f3n y la mera tenencia puesto que, al fin y al cabo, y sin embargo de que externamente sea percibible cierto paralelismo, que no confluencia, entre las manifestaciones de una y otra, de lo que se trata es de que aquel encuentre que en la primera, quien la hace valer, ha tenido con el bien objeto de la misma un contacto exclusivo, vale decir, no supeditado a la aquiescencia o benepl\u00e1cito de otro, para que por tal v\u00eda pueda llegar a la conclusi\u00f3n que el suyo ha sido el comportamiento caracter\u00edstico del propietario de la cosa. <\/p>\n
2.- En la especie de esta litis, el recurrente se ha dolido de la apreciaci\u00f3n cumplida por el Tribunal, de las testificaciones mediante las cuales ha pretendido justificar su posesi\u00f3n, apreciaci\u00f3n que ha denunciado como evidentemente err\u00f3nea. Al respecto se tiene: <\/p>\n
La se\u00f1ora Mar\u00eda Hilda R\u00edos de Mojica, por ser vecina, informa que desde que lleg\u00f3 a vivir al edificio, en el a\u00f1o de 1969, ha conocido al demandante viviendo en el apartamento, y que desde esa \u00e9poca \u201c\u00e9l ha correspondido (sic) por los pagos de administraci\u00f3n, ha cancelado los servicios de administraci\u00f3n y siempre ha vivido all\u00ed con la familia\u201d; que desde que se conocen con Marco Antonio, este le manifest\u00f3 \u201cque hab\u00eda adquirido ese apartamento\u201d; que a la sala \u201cle hicieron una reformita, dividieron la sala del comedor en madera\u201d, y que ella, la testigo, le hizo unas cortinas; que no conoci\u00f3 a Alfonso Duque Maya; que no le consta ni le han comentado que alguien le hubiese reclamado a Correa la propiedad del inmueble; que durante el tiempo en que este ha vivido en el apartamento, contrajo matrimonio y tuvo dos hijas, siendo la suya una posesi\u00f3n continua e ininterrumpida. <\/p>\n
La se\u00f1ora Luc\u00eda Delgado de V\u00e1squez testifica, por su parte, que conoce a Marco Antonio Correa viviendo en el apartamento desde 1969, a\u00f1o en el cual, un d\u00eda cualquiera, le present\u00f3 a un Dr. Duque a quien vio unas dos veces, sin que nunca m\u00e1s lo volviera a ver; que no sabe si ha hecho mejoras, const\u00e1ndole que ha pagado los servicios y gastos de administraci\u00f3n; que nunca ha sabido que le hayan disputado la posesi\u00f3n; que visita el apartamento por ah\u00ed cada a\u00f1o; que ha sabido que anualmente manda a pintar y resanar el apartamento, arreglar los sanitarios, la cocina, habiendo arreglado el piso porque ten\u00eda una humedad, la estufa tambi\u00e9n la hizo reparar, y ha realizado la decoraci\u00f3n de la sala. <\/p>\n
Y, en fin, el se\u00f1or Jos\u00e9 Roberto V\u00e1squez manifiesta que a mediados de 1969, una tarde, Correa, junto con su esposa, se le present\u00f3 en su apartamento, dici\u00e9ndole \u201cque hab\u00eda comprado el apartamentico\u201d, el que pon\u00eda a sus \u00f3rdenes, y que tanto \u00e9l como su se\u00f1ora estaban para servirles, esperando que tuvieran buenas relaciones de vecindad, como as\u00ed ha sucedido hasta ahora; que ocupa el inmueble a t\u00edtulo de propietario. Interrogado sobre los actos de posesi\u00f3n ejercidos por Correa, dijo textualmente: <\/p>\n
\u201cBueno, \u00e9l habita all\u00ed con su se\u00f1ora, all\u00ed crecieron sus hijas, hay una que tiene entre los 20 y unos 17 a\u00f1os la menor, hace reparaciones m\u00e1s o menos anualmente pinta el apartamento, que en algunas oportunidades lo han pintado las mismas personas que me lo han pintado a m\u00ed, \u00e9l ha comprado los materiales e incluso cuando le sobra pintura, hacemos intercambio de la misma. Ha efectuado arreglos en la sala, en el comedor, ha venido pagando anualmente la administraci\u00f3n del edificio, en cuanto a los servicios de tel\u00e9fono, no tengo conocimiento si los haya pagado o no. La luz y el agua me ha pagado tambi\u00e9n el servicio cuando me atraso y lo debo hacer en la empresa. En algunas oportunidades le he efectuado esos pagos, entreg\u00e1ndome el dinero para ello o haci\u00e9ndolo yo a la inversa. Hemos tenido reuniones sociales tanto en ese apartamento como en el m\u00edo para festejar los cumplea\u00f1os de la se\u00f1ora los de \u00e9l, los de sus hijas, y por esa raz\u00f3n puedo indicar que \u00e9l es el propietario, don Marco Antonio Correa\u201d. <\/p>\n
3.- Ciertamente, conforme lo indicara el Tribunal, los tres declarantes coinciden en se\u00f1alar al demandante como poseedor del bien. Pero tal manifestaci\u00f3n es s\u00f3lo una apreciaci\u00f3n de \u00edndole gen\u00e9rica, necesitada, por ende, de una caracterizaci\u00f3n f\u00e1ctica, la cual aquel hall\u00f3 insuficiente en el dicho de quienes la expresan. En otros t\u00e9rminos, los testigos pudieron haber emitido un juicio de naturaleza jur\u00eddica, como en efecto lo hicieron al calificar al recurrente como poseedor del apartamento; pero luego, al sustentar ese juicio en hechos concretos, estos no resultaron convincentes para el Tribunal quien, por consiguiente, los descart\u00f3. No hay, entonces, contradicci\u00f3n de ninguna especie en la premisa que, en esos t\u00e9rminos, sentara el ad-quem. <\/p>\n
Por otro lado, la desestimaci\u00f3n de los testimonios con base en que los hechos descritos all\u00ed no pasan de ser meras reparaciones locativas, no puede ser tenida como una apreciaci\u00f3n contraevidente. En verdad, es posible que dentro de un contexto diferente, los datos ofrecidos por los deponentes merezcan que se les tenga como expresivos de una posesi\u00f3n, m\u00e1s en este caso particular no es ocultable, tal como el sentenciador lo hizo ver, que el demandante no demostr\u00f3 el origen de la posesi\u00f3n en que \u00e9l mismo busc\u00f3 apoyarse, vale decir, dej\u00f3 hu\u00e9rfana de prueba su afirmaci\u00f3n consistente en que mediante la entrega del apartamento con el prop\u00f3sito de hacerlo due\u00f1o, Alfonso Duque Maya le estaba satisfaciendo deudas de car\u00e1cter laboral que con \u00e9l ten\u00eda contra\u00eddas, cabalmente por esto, o sea, porque no resulta explicable que si el deudor pretend\u00eda liberarse de una obligaci\u00f3n a su cargo de manera tan peculiar, no hubiera, de una vez por todas, transferido el dominio; y que el acreedor, por su lado, hubiese aceptado que las cosas ocurriesen de tal manera, pues una soluci\u00f3n como esa distaba demasiado de ser segura y clara para el demandante. Soluci\u00f3n que, incluso, se torna a\u00fan m\u00e1s incre\u00edble al ver c\u00f3mo tan extra\u00f1a situaci\u00f3n se prolong\u00f3 desde 1969 hasta la muerte del sedicente deudor, ocurrida en 1988. <\/p>\n
Si, complementariamente, ninguna otra prueba obra en relaci\u00f3n con actos posesorios que el demandante hubiera ejecutado -o, por lo menos, en el cargo no se los menciona-, se sigue que era razonable que su conducta en relaci\u00f3n con la cosa objeto de su pretensi\u00f3n de dominio, se la tuviera como equ\u00edvoca y que, en consecuencia, el Tribunal concluyera que los actos descritos \u00fanicamente alcanzaban la categor\u00eda de reparaciones locativas, atribuibles por lo mismo a un mero tenedor. <\/p>\n
4.- Se duele tambi\u00e9n el recurrente de que el Juzgador hiciese caso omiso de una serie de manifestaciones consignadas por el demandante en los interrogatorios de parte que absolvi\u00f3. <\/p>\n
Mas para desechar esta otra censura basta con se\u00f1alar que lo que pretende el recurrente hacer ver como una confesi\u00f3n, no lo es en realidad, pues todo lo que se quiere presentar como preterido en los interrogatorios de parte, no pasan de ser alegaciones del demandante, en relaci\u00f3n con las cuales, naturalmente ten\u00eda la carga de la prueba. Como es bien sabido, para que exista confesi\u00f3n es indispensable que el hecho confesado \u201c produzca consecuencias jur\u00eddicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria\u201d, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 195 del C. de p.c., en su ordinal 2\u00ba. De ah\u00ed que el Tribunal no cayera en ning\u00fan desacierto probatorio al respecto. <\/p>\n
5.- No sobra se\u00f1alar que el ad-quem en ning\u00fan momento dijo que fuese requisito de la posesi\u00f3n el hecho de que \u201cel poseedor haya pagado los grav\u00e1menes que pesan sobre el inmueble y que se encuentre al d\u00eda en el pago del impuesto predial\u201d, como sesgadamente se lo atribuye el recurrente. Ni tampoco afirm\u00f3 que por no haberle transferido Duque Maya el bien al demandante desde el momento de su adquisici\u00f3n, \u00fanicamente hay lugar a que a este se le tenga como poseedor solo a partir de la muerte del primero. Todo cuanto el sentenciador quiso destacar estrib\u00f3, entonces, en que dentro de las condiciones en que, al parecer, se inici\u00f3 la sedicente posesi\u00f3n del actor, las pruebas que aport\u00f3 con miras a establecerla, resultan bastante d\u00e9biles o poco convincentes; am\u00e9n de que ha debido, asimismo, demostrar el convenio de tan especiales caracter\u00edsticas por \u00e9l ajustado con Alfonso Duque Maya, pues si tal cosa hubiese hecho -por supuesto, con otros medios que los de su propia declaraci\u00f3n-, a buen seguro que aquellas hubieran cobrado un mayor realce. <\/p>\n
Finalmente, si el error en la apreciaci\u00f3n de las pruebas enrostrado al Tribunal es de hecho, no es correcto, entonces, hablar de violaci\u00f3n medio de preceptos reguladores de la actividad probatoria, la cual \u00fanicamente existe en el caso del error de derecho. <\/p>\n
El cargo, por tanto, es impr\u00f3spero. <\/p>\n
DECISION. <\/p>\n
En virtud de lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 el 21 de febrero de 1994, dentro del proceso ordinario de MARCO ANTONIO CORREA TOBON frente a HEREDEROS INDETERMINADOS DE ALFONSO DUQUE MAYA Y DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS que se creyesen con alg\u00fan derecho sobre el bien. <\/p>\n
Costas en el recurso de casaci\u00f3n a cargo de la parte impugnante. T\u00e1sense. <\/p>\n
<\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
S-005-99 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999). Rad.- Expediente No. 5090 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81610","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81610","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81610"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81610\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81610"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81610"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81610"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}