S-006-99<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado ponente: CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de Marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).- <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 5111 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha veintiocho (28) de abril de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario de mayor cuant\u00eda seguido por la sociedad HERVASQUEZ S. A. contra el BANCO DEL ESTADO. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
1. Por escrito presentado el veintinueve (29) de enero de 1992 ante el Juzgado Once Civil del Circuito de esta ciudad, la sociedad citada present\u00f3 demanda ordinaria de mayor cuant\u00eda contra el BANCO DEL ESTADO para que se declare que, en su calidad de administrador fiduciario de los fondos del CORPES CENTRO ORIENTE COLOMBIANO, incurri\u00f3 en incumplimiento del contrato de obra suscrito el doce (12) de julio de 1990 con la actora, por no haberle cancelado a esta \u00faltima la suma total acordada en \u00e9l; en consecuencia, solicita condenarla al pago de treinta y cuatro millones ciento dos mil setecientos treinta y un pesos con 12100 moneda corriente ($34.102.731.12) por concepto del saldo insoluto del precio pactado, con la correspondiente correcci\u00f3n monetaria desde el 20 de septiembre de 1990 hasta la fecha en que se haga el pago, junto con los perjuicios causados por raz\u00f3n y ocasi\u00f3n del incumplimiento del contrato mencionado, incluyendo da\u00f1o emergente y lucro cesante, seg\u00fan la cuant\u00eda que se fije en forma pericial dentro del proceso, sumas que deben cancelarse dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia. <\/p>\n
Los hechos en que se apoya la pretensi\u00f3n as\u00ed deducida son en s\u00edntesis los siguientes: <\/p>\n
a) El BANCO DEL ESTADO, actuando como administrador fiduciario de los fondos del CONSEJO DE PLANEACION REGIONAL DEL CENTRO ORIENTE COLOMBIANO, seg\u00fan contrato celebrado el diez (10) de marzo de 1988, y en desarrollo de autorizaciones de este fondo, firm\u00f3 el doce (12) de julio de 1990 con la sociedad HERVASQUEZ S. A. un contrato de ejecuci\u00f3n de obra consistente en la perforaci\u00f3n de cinco pozos profundos en la ciudad de Tunja, hasta por un m\u00e1ximo de 400 metros lineales cada uno, suministrando elementos, materiales y equipos requeridos para realizar dicha obra; el precio acordado fue de ciento noventa y cuatro millones trescientos cuarenta y siete mil doscientos pesos ($194.347.200), de los cuales el citado BANCO cancel\u00f3 inicialmente, a t\u00edtulo de anticipo, noventa y siete millones ciento setenta y tres mil seiscientos pesos ($97.173.600) equivalente al cincuenta por ciento del valor total, tal como se hab\u00eda estipulado en la cl\u00e1usula segunda del documento en que el contrato se instrumenta, y el resto deber\u00eda pagarlo a la finalizaci\u00f3n de la obra contratada. b) No obstante lo anterior, la COORDINADORA REGIONAL DEL CORPES CENTRO ORIENTE expres\u00f3 que el valor de la obra no era el que se hab\u00eda estipulado en el contrato como suma fija y global, sino que procedi\u00f3 a practicar por intermedio de sus interventores, una liquidaci\u00f3n econ\u00f3mica de los trabajos efectuados por la sociedad contratista al igual que por los materiales proporcionados y determin\u00f3 que el saldo restante a pagar era de veintiocho millones ciento cuatro mil novecientos veintis\u00e9is pesos con sesenta centavos ($28.104.926.60), suma que la actora nunca acept\u00f3; por el contrario, dice la demanda, hizo ingentes esfuerzos para que le fuera pagado el valor completo acordado ya que hab\u00eda cumplido con la entrega de la obra el dieciocho (18) de septiembre de 1990, dentro del t\u00e9rmino estipulado. c) La mora por parte del BANCO DEL ESTADO en cancelar el 50% restante ocasion\u00f3 a la actora serios tropiezos econ\u00f3micos, pues la mayor parte de los proveedores de materiales y equipos para ejecutar la obra le cobraron lo adeudado, situaci\u00f3n que la llev\u00f3 a aceptar sesenta y tres millones setenta mil ochocientos sesenta y nueve pesos con ochenta centavos ($63.070.869.88), lo que hace que en la actualidad, la suma debida por el demandado sea de treinta y cuatro millones ciento dos mil setecientos treinta y un pesos con doce centavos ($34.102.731.12) mas lucro cesante y el da\u00f1o emergente originados por el no pago oportuno de ese dinero, perjuicios que deber\u00e1n calcularse hasta el momento en que sean cancelados en su integridad; adem\u00e1s de lo anterior, se\u00f1ala la demandante, que debe tenerse en cuenta que el valor total de los gastos reales efectuados por ella en la ejecuci\u00f3n de la obra ascendieron a mas de doscientos treinta millones de pesos ($230.000.000). <\/p>\n
2. Notificado el auto admisorio y surtido el traslado correspondiente, el BANCO DEL ESTADO contest\u00f3 la demanda oponi\u00e9ndose a las pretensiones en ella deducidas, afirmando que la sociedad contratista no cumpli\u00f3 con el contrato en los t\u00e9rminos pactados pues los cinco pozos construidos en Tunja fueron entregados por fuera del plazo estipulado, ninguno de ellos alcanzaba la profundidad m\u00e1xima acordada de 400 metros lineales y en el texto del acuerdo se previ\u00f3 que el precio all\u00ed fijado inclu\u00eda todos los gastos en que incurriera el contratista para la ejecuci\u00f3n de la obra contratada. Adem\u00e1s, sostiene el BANCO que las diferencias que se presentaron en el valor del contrato fueron objeto de transacci\u00f3n en la que el CORPES-CENTRO ORIENTE, a pesar de no estar obligado a ello, acept\u00f3 reconocerle al contratista una suma adicional al saldo a su favor. Asimismo, propuso como excepciones las que denomin\u00f3 \u201ctransacci\u00f3n\u201d, \u201ccontrato no cumplido\u201d o \u201cincumplimiento del contrato de obra CO- 099\/90 por parte de la sociedad HERVASQUEZ S. A.\u201d y \u201ccobro de lo no debido\u201d. <\/p>\n
Paralelamente, en escrito separado, en la misma fecha el BANCO denunci\u00f3 el pleito a la sociedad fiduciaria del Estado S. A. y a la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. Findeter, pues si bien inicialmente el Banco de la Rep\u00fablica, de quien recibi\u00f3 el denunciante la administraci\u00f3n fiduciaria de los dineros del CORPES CENTRO-ORIENTE, tuvo a su cargo la gesti\u00f3n de fondos p\u00fablicos de inversi\u00f3n regional, la ley 57 de 1989 traslad\u00f3 esa funci\u00f3n a \u201cFindeter\u201d, concret\u00e1ndose el treinta (30) de agosto de 1991 el correspondiente contrato de cesi\u00f3n de administraci\u00f3n; igualmente, por mandato de la ley 45 de 1990 el BANCO DEL ESTADO, el veintiocho (28) de febrero de 1992 cedi\u00f3 el manejo del FONDO DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL ORIENTE COLOMBIANO CORPES-CENTRO ORIENTE a la Fiduciaria del Estado, con la cual \u201cFindeter\u201d acord\u00f3 prorrogar el aludido contrato de administraci\u00f3n fiduciaria hasta el diez (10) de marzo de 1993. Esa solicitud de llamamiento, realizada con los fundamentos que acaban de indicarse, no fue admitida por los jueces de instancia. <\/p>\n
Configurado el litigio del modo que acaba de indicarse y tramitado normalmente el proceso con la producci\u00f3n de pruebas solicitadas por ambas partes, el Juzgado de conocimiento profiri\u00f3 el catorce (14) de diciembre de 1993 su sentencia por la cual resolvi\u00f3 negarle prosperidad a las excepciones propuestas por el BANCO DEL ESTADO y, por lo tanto, declar\u00f3 que \u00e9ste incumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n de pago en los t\u00e9rminos contractualmente convenidos y lo conden\u00f3 a pagarle a HERVASQUEZ S. A., dentro de los cinco d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la providencia, la suma de treinta y cuatro millones ciento dos mil setecientos treinta pesos con doce centavos ($34.102.730.12) con correcci\u00f3n monetaria a ser liquidada entre el veinte (20) de septiembre de 1990 y el d\u00eda en que el pago sea hecho en forma efectiva; asimismo, declar\u00f3 que los perjuicios quedaban subsumidos en dicha suma y conden\u00f3 a la entidad bancaria demandada al pago de las costas procesales causadas en la primera instancia. <\/p>\n
Inconforme con lo decidido, el BANCO demandado interpuso apelaci\u00f3n motivo por el cual el proceso subi\u00f3 al Tribunal Superior de Bogot\u00e1 donde, tramitada la segunda instancia, se resolvi\u00f3 el recurso mediante sentencia de fecha veintiocho (28) de abril de 1994 por cuya virtud la citada corporaci\u00f3n judicial, revoc\u00f3 la providencia recurrida y en su lugar, dio por probada la excepci\u00f3n de \u201ccobro de lo no debido\u201d; neg\u00f3 por consiguiente las pretensiones de la demanda y conden\u00f3 en costas de ambas instancias a la parte actora. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO RECURRIDO <\/p>\n
Luego de hacer un breve resumen del proceso y de se\u00f1alar que no se observa causa de nulidad o circunstancia que impida una sentencia de m\u00e9rito, advierte el Tribunal que el objeto del litigio se ubica dentro del \u00e1mbito de la responsabilidad contractual pues se alega el incumplimiento de un contrato de obra por parte de la entidad demandada, incumplimiento relativo a la obligaci\u00f3n a cargo de dicha entidad de pagar el saldo total del precio acordado al culminar la obra estipulada. Al efecto, hace el Tribunal un detenido estudio de varias de las cl\u00e1usulas del contrato para concluir que de all\u00ed \u201cse infiere que la intervenci\u00f3n en \u00e9l del BANCO DEL ESTADO, obedeci\u00f3 a su car\u00e1cter de entidad fiduciaria de la COORDINADORA REGIONAL DE PLANEACION DEL CENTRO ORIENTE COLOMBIANO, la que inequ\u00edvocamente asumi\u00f3 el control de la perforaci\u00f3n de los pozos y de la aprobaci\u00f3n de la cuenta de cobro y del informe final previo sobre los mismos\u201d, luego la discrepancia negocial en torno al precio real del contrato existi\u00f3 entre la actora y esta \u00faltima \u201cen cuanto la primera entiende que tal precio se acord\u00f3 globalmente y la segunda que depend\u00eda de las obras efectivamente realizadas\u201d. Y partiendo de este supuesto, a juicio del sentenciador ad quem, remiti\u00e9ndose al \u201corigen hermeneutico (sic) del contrato\u201d, esas diferencias que motivan el litigio se extienden a la \u00f3rbita de la interventor\u00eda que realiz\u00f3 el CORPES CENTRO-ORIENTE despu\u00e9s de terminada la obra de cuya ejecuci\u00f3n se trata \u201c \u2026 a prop\u00f3sito que HERVASQUEZ S. A. alega que esa interventor\u00eda se redujo al campo estrictamente t\u00e9cnico de la realizaci\u00f3n de las obras, y la Coordinadora (sic) la extiende a su aspecto econ\u00f3mico, en el sentido que el precio del contrato depend\u00eda de la cantidad de obra ejecutada en la perforaci\u00f3n de los pozos \u2026\u201d. <\/p>\n
Al respecto, el Tribunal declara coincidir con la actora en que la interventor\u00eda se redujo al campo t\u00e9cnico de las obras y no era dado extenderla al aspecto econ\u00f3mico para el fin anotado, haciendo depender el importe de la prestaci\u00f3n de la cantidad de obra ejecutada como lo pretend\u00eda la COORDINADORA, por cuanto el valor del contrato, dice la sentencia en estudio, se determin\u00f3 por un monto \u00fanico perfectamente establecido e independientemente de cualquier consideraci\u00f3n relativa al n\u00famero de metros perforados, y de otro lado, para obtener el resultado negocial previsto, HERVASQUEZ S. A. se comprometi\u00f3 a suministrar el personal, equipos, elementos, y dem\u00e1s materiales indispensables para su cabal cumplimiento, tal como lo explic\u00f3 la interventor\u00eda pactada, \u201cexclusivamente dirigida a calificar la calidad, peso y cantidad del material a utilizar, ensayar las obras y en definitiva velar porque \u00e9stas concuerden con los planos y sus especificaciones t\u00e9cnicas, para lo cual ten\u00eda que atender y resolver todas las consultas que se hicieran sobre el particular\u201d; pero otra cosa es, contin\u00faa el Tribunal, que el interventor delegado por la actora, en la liquidaci\u00f3n, hubiera desbordado l\u00edmites contractuales precisos pues incluy\u00f3 la cantidad de materiales instalados en cada uno de los pozos, cosa no prevista en el acuerdo celebrado, y tuvo en cuenta la propuesta econ\u00f3mica presentada por HERVASQUEZ S. A. el seis (6) de julio que \u201cno advierte la integridad del factor econ\u00f3mico, pues limitada como est\u00e1 a los materiales que se utilizar\u00edan en la obra y su valor no incluye los costos de personal, equipo y elementos necesarios para su realizaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Estima el Tribunal que, seg\u00fan se desprende del acta de recibo de la obra suscrita por Jorge Eliecer Caro Abello en nombre del CORPES CENTRO ORIENTE, no existe elemento alguno de prueba, ni siquiera de car\u00e1cter indiciario, que demuestre el incumplimiento por parte de la actora de donde infiere el fallo que no es de recibo la excepci\u00f3n de contrato no cumplido, entre otras razones porque se habl\u00f3 por los contratantes de pozos \u201chasta\u201d de 400 metros de profundidad, es decir que solo se indic\u00f3 un l\u00edmite m\u00e1ximo en los trabajos de perforaci\u00f3n contratados. <\/p>\n
Por otro lado, estima el pronunciamiento en estudio que, contrario a lo afirmado por el BANCO DEL ESTADO en las excepciones que propuso, tal pacto no constituy\u00f3 transacci\u00f3n por cuanto no se produjo una verdadera concesi\u00f3n rec\u00edproca de ambas partes respecto del derecho que cada una cre\u00eda tener, sino que simplemente \u201cHERVASQUEZ S. A. acept\u00f3 la interpretaci\u00f3n de la COORDINADORA REGIONAL DE PLANEACION DEL CENTRO ORIENTE COLOMBIANO, que culmin\u00f3 con el reconocimiento de \u2018los gastos causados por la adquisici\u00f3n de materiales adicionales debido al cambio de especificaciones y la fabricaci\u00f3n de piezas no previstas en la propuesta econ\u00f3mica presentada por el contratista con fundamento en la cual se suscribi\u00f3 el contrato\u2019, adem\u00e1s de los valores incluidos en la liquidaci\u00f3n efectuada por el interventor\u201d. <\/p>\n
Para concluir el Tribunal se\u00f1ala que la aplicaci\u00f3n del derecho no depende de la calificaci\u00f3n que las partes hagan a los hechos sino de la naturaleza jur\u00eddica de los mismos, y debido a ello, \u201c \u2026 si el comentado acuerdo finiquit\u00f3 las diferencias que se han relatado con el resultado de la cuenta de cobro pertinente a la cancelaci\u00f3n definitiva del valor del contrato, en sustituci\u00f3n de la transacci\u00f3n se deber\u00e1 reconocer la excepci\u00f3n de cobro de lo no debido, la cual, aunque parcialmente se finca en la transacci\u00f3n, en rigor propone que las diferencias que se presentaron entre las partes…. fueron satisfactoria y definitivamente solucionadas entre ellas…, y que el contrato se cancel\u00f3 de conformidad con la obra realmente ejecutada…\u201d. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACION Y CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
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Dos cargos formula el recurrente con apoyo en la primera causal de casaci\u00f3n que consagra el Art. 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, censuras que la Corte estudiar\u00e1 en el orden propuesto. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Acudiendo al numeral primero del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en este primer cargo se acusa la sentencia de violar los art\u00edculos 822 del C\u00f3digo de Comercio y 1602, 1603 y 1625 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de \u201cun error de derecho por violaci\u00f3n de una norma probatoria\u201d contenida en el art\u00edculo 43 de la ley 6a. de 1992 que modific\u00f3 el art\u00edculo 540 del Estatuto Tributario, precepto este en cuya virtud ninguna actuaci\u00f3n o documento sujeto al impuesto de timbre podr\u00e1 ser admitido por funcionarios oficiales, ni tenido como prueba mientras no se pague el impuesto. <\/p>\n
Afirma el recurrente que para declarar probada la excepci\u00f3n de cobro de lo no debido, el Tribunal comienza por reconocer que el acuerdo celebrado entre las partes \u201cera a precio fijo, de tal forma que las menores profundidades alcanzadas no modificaban en manera alguna la obligaci\u00f3n que a cargo del BANCO DEL ESTADO surg\u00eda del contrato\u201d y que en la liquidaci\u00f3n del mismo se presentaron discrepancias que fueron sometidas a discusi\u00f3n en varias reuniones de cuyo resultado sobrevino por parte del CORPES el no pago de la totalidad del saldo pactado, pero si el reconocimiento de algunos gastos adicionales no tenidos en cuenta en la liquidaci\u00f3n final, por un valor que fue aceptado por el actor al entregar una cuenta de cobro por el mismo en la que se lee \u201csaldo para cancelaci\u00f3n definitiva del valor del contrato\u201d, aceptaci\u00f3n que no fue producto de una situaci\u00f3n obligada de la actora sino que constituye una interpretaci\u00f3n que al contrato le hab\u00eda dado el CORPES y que tiene el alcance de extinguir la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Continua la censura, en punto de precisar su alcance, que \u201cas\u00ed planteadas las cosas, es claro que el ad-quem atribuye a los documentos visibles a folios 134 y 135 del cuaderno 1, la virtud de modificar la obligaci\u00f3n original del BANCO DEL ESTADO en el sentido de reducir su importe\u201d y por lo tanto, estima el censor, \u201ces forzoso concluir que dichos documentos se encuentran sujetos al pago del impuesto de timbre nacional\u201d, por cuanto la regla vigente en dicho momento sobre causaci\u00f3n del se\u00f1alado impuesto era el art\u00edculo 519 del Estatuto Tributario que indicaba que se aplicar\u00eda a instrumentos privados otorgados en el pa\u00eds en los que se hiciera constar la constituci\u00f3n, existencia, modificaci\u00f3n o extinci\u00f3n de obligaciones. <\/p>\n
Finalmente afirma que es de anotar que si se hace abstracci\u00f3n de los documentos citados, no obra en el expediente prueba alguna que indique que la intenci\u00f3n de HERVASQUEZ S. A. al recibir la suma que ofrec\u00eda reconocer el CORPES CENTRO ORIENTE, era la de modificar y extinguir la obligaci\u00f3n inicialmente contraida por el BANCO DEL ESTADO, pues ni tal circunstancia se encuentra confesada por el representante legal de la actora, ni la prueba testimonial es id\u00f3nea para demostrar la intenci\u00f3n de los contratantes, no solo porque no es coincidente en algunos, sino porque los dem\u00e1s son testigos interesados. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
Es sabido que frente a determinado litigio el juzgador llamado a desatarlo debe orientar su actividad a verificar, primeramente, los hechos en que fundamentan las partes sus respectivas pretensiones y una vez adelantada esta exigente faena, debe proceder a aplicar la norma jur\u00eddica en la cual tales hechos se subsuman para hacer producir entonces las consecuencias legales a ellos atribuibles. La diversa naturaleza de estas dos actividades del fallador hace que su diferencia b\u00e1sica se centre en que, para adelantar la primera, est\u00e1 limitado por la relaci\u00f3n jur\u00eddico-procesal determinada por los planteamientos formulados por cada una de las partes en la debida oportunidad, que en aras de garantizar el derecho de defensa no pueden se variados con posterioridad, en tanto que en la segunda, es mucho m\u00e1s amplia la facultad del juzgador de encontrar la norma jur\u00eddica que estima aplicable al caso concreto para hacerla producir los efectos que correspondan. De todas formas, se trata de un fen\u00f3meno intelectual \u00fanico que constituyen la m\u00e9dula del juicio jurisdiccional contenido en toda sentencia de m\u00e9rito y por eso, cuando se incurre en error en cualquiera de aquellas actividades, se configura un vicio \u201cin judicando\u201d que en consecuencia debe ser denunciado por conducto de la primera de las causales de casaci\u00f3n previstas en el Art. 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, acudiendo a la v\u00eda indirecta si el desacierto en cuesti\u00f3n reviste una cualquiera de las dos modalidades que describe en su segundo inciso, el Numeral 1\u00ba del precepto legal reci\u00e9n citado. <\/p>\n
As\u00ed, pues, teniendo en cuenta la restricci\u00f3n referida frente a la fijaci\u00f3n de los hechos base del litigio y la facultad del juzgador en cuanto ata\u00f1e a la elaboraci\u00f3n de sus conclusiones sobre los temas de derecho relevantes, hace que en este \u00faltimo evento, en casaci\u00f3n, pueda el recurrente sin mayores limitantes formales plantear los argumentos que considere suficientes para sustentar su cr\u00edtica contra la decisi\u00f3n adoptada, en tanto que si ha de referirse a cuestiones de hecho en su perspectiva probatoria, formulando un cargo por la v\u00eda indirecta, debe circunscribirse al aspecto f\u00e1ctico planteado en las instancias del proceso que fue el ventilado entre las partes pues no se puede obtener la casaci\u00f3n de un fallo alegando que el juez de instancia se equivoc\u00f3 en algo que ni siquiera conoci\u00f3, aspecto \u00e9ste de cardinal importancia si se tiene en cuenta que el fin primordial de este recurso es precisamente enmendar los yerros en que pudo haber incurrido el sentenciador al decidir un litigio. <\/p>\n
Hacer lo contrario, es decir, plantear argumentos de hecho no debatidos en instancia, no tiene cabida posible en sede de casaci\u00f3n, pues ello da origen al defecto jurisprudencial y doctrinariamente conocido como medio nuevo al cual esta corporaci\u00f3n se ha referido en muchas oportunidades; al efecto, en sentencia del 22 de marzo de 1988 explica que as\u00ed como la cr\u00edtica que se formula en casaci\u00f3n a la sentencia del Tribunal por error netamente jur\u00eddico, as\u00ed contenga planteamientos no formulados en las instancias, no tiene el limitante del medio nuevo, \u201c \u2026 no ocurre lo propio cuando el cargo, montado por la v\u00eda indirecta, contiene puntos destinados al ingreso a la litis de un hecho nuevo, porque una parte no puede quedar expuesta, en el recurso extraordinario, a que la otra, a \u00faltima hora la sorprenda con hechos no controvertidos o alegados en las instancias y, por ende, con desconocimiento de la garant\u00eda constitucional de la defensa. Precisamente la Corte, sobre el punto que se viene analizando, ha sostenido de manera reiterada y uniforme, que se quebrantar\u00eda ‘el derecho de defensa si uno de los litigantes pudiese echar mano en casaci\u00f3n de hechos, extremos o planteamientos no alegados o formulados en instancia, respecto de los cuales, si lo hubiesen sido entonces, la contraparte habr\u00eda podido defender su causa. Pero promovidos ya cerrado el proceso, la infirmaci\u00f3n de la sentencia con apoyo en ellos, equivaldr\u00eda a la pretermisi\u00f3n de las instancias, de las formas propias del tr\u00e1mite requerido, con quebranto de la garant\u00eda institucional de no ser condenado sin haber sido o\u00eddo y vencido en juicio’. (G. J. LXXXIII, 76)\u00bb; al paso que en otro pasaje del fallo, esta corporaci\u00f3n, insistiendo en el punto, expresa que ciertamente la sentencia del ad quem no puede enjuiciarse \u00absino con los materiales que sirvieron para estructurarlo; no con materiales distintos, extra\u00f1os y desconocidos. Ser\u00eda de lo contrario, un hecho desleal, no s\u00f3lo entre las partes, sino tambi\u00e9n respecto del tribunal fallador, a quien se le emplazar\u00eda a responder en relaci\u00f3n con hechos o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y a\u00fan respecto del fallo mismo, que tendr\u00eda que defenderse de armas para \u00e9l hasta entones ignoradas\u00bb. <\/p>\n
Aclarado lo anterior, al rompe se advierte que el cargo analizado no puede encontrar prosperidad por cuanto la irregularidad fiscal que tard\u00edamente denuncia, nunca fue objeto de alegaci\u00f3n y controversia en las instancias, requisito indispensable seg\u00fan se dej\u00f3 visto para que una censura con el contenido y alcance de la que aqu\u00ed se estudia pueda tener \u00e9xito, ello aparte de que el argumento fundado en la aludida irregularidad no tiene gravitaci\u00f3n decisiva en la soluci\u00f3n del litigio, hasta el punto de convertirse en factor determinante de la infirmaci\u00f3n del fallo porque inexorablemente conduzca a la estimaci\u00f3n de la acci\u00f3n de responsabilidad contractual deducida por la parte ahora recurrente en casaci\u00f3n; el que el defecto se\u00f1alado no constituye en verdad cuesti\u00f3n probatoria esencial para los fines propios de la impugnaci\u00f3n, lo pone de presente el texto del Art. 543 del Decreto Ley 624 de 1989 (Estatuto Tributario), toda vez que en el supuesto de encontrarse frente a documentos gravados con el impuesto de timbre nacional respecto de los cuales no aparezca acreditado el pago que corresponda de acuerdo con la ley, a los funcionarios judiciales no les es dado limitarse a ignorar sin m\u00e1s el peso demostrativo que de aquella evidencia pueda objetivamente predicarse, sino que su deber es el de proceder en la forma que la norma citada indica para procurar la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n tributaria en referencia, evitando de igual manera que por obra de un v\u00ednculo normativo como el que se pretende inferir de importantes exigencias fiscales de la \u00edndole de la que aqu\u00ed es materia de comentario, se impongan artificiosas cortapisas a la autonom\u00eda con que cuentan los jueces de instancia para interpretar y apreciar toda la prueba recaudada en su conjunto, con arreglo a las reglas de la sana cr\u00edtica, y formarse su convicci\u00f3n personal. <\/p>\n
El cargo en consecuencia se rechaza. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Acudiendo a la misma causal primera de casaci\u00f3n, acusa la sentencia que combate de violar los art\u00edculos 1513, 1514 y 1603 del C\u00f3digo Civil al dejarlos de aplicar y 1602 y 1625 por aplicarlos indebidamente, ello por causa de error de hecho que consisti\u00f3 en concluir que la situaci\u00f3n de fuerza en que se encontraba la actora que la hizo verse precisada a recibir la suma que ofrec\u00eda el CORPES CENTRO ORIENTE, carec\u00eda de respaldo probatorio, pues contrariamente a lo as\u00ed afirmado en la sentencia, obran en el expediente los testimonios de Jos\u00e9 Edgar Rodr\u00edguez Guerrero y Mar\u00eda Dora Duque de Bernal. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
1. Preciso es recordar una vez m\u00e1s que la causal primera de casaci\u00f3n, en la forma como en la actualidad se encuentra regulada por el Art. 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, tiene como supuesto b\u00e1sico la violaci\u00f3n de la ley sustancial a la cual puede llegarse por dos v\u00edas diferentes: la directa que presupone \u00abexclusi\u00f3n de todo reparo sobre la apreciaci\u00f3n de pruebas, la impugnaci\u00f3n se concreta derechamente en la imputaci\u00f3n al fallo de quebrantamiento de la ley sustancial que se considera indebidamente actuada por el juzgador frente a un cuadro f\u00e1ctico bien visto a trav\u00e9s de la evidencia disponible en el proceso; y la indirecta, donde la carencia de base legal se propone como consecuencia de errores de hecho o de derecho atribuibles a la sentencia en la apreciaci\u00f3n de determinadas pruebas (Casaci\u00f3n Civil de 7 de diciembre de 1990). <\/p>\n
Y siguiendo estos derroteros generales, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que la prosperidad de un cargo por error probatorio de hecho exige la reuni\u00f3n de los siguientes requisitos: \u00aba) el yerro ha de consistir en que el sentenciador hubiere supuesto prueba inexistente en los autos o hubiere ignorado la que s\u00ed existe en ellos, o adulterado la objetividad de \u00e9sta agreg\u00e1ndole algo que le es extra\u00f1o o cercenando su real contenido: b) la conclusi\u00f3n de orden f\u00e1ctico derivada del error debe ser contraevidente, vale decir contraria a la realidad manifiestamente establecida por las pruebas en cuesti\u00f3n: y c) de ocurrir esto \u00faltimo, tambi\u00e9n es necesario que el yerro de apreciaci\u00f3n conduzca al quebranto de los preceptos sustanciales llamados a gobernar la verdadera situaci\u00f3n sub-lite . A falta de cualquiera de los precitados requisitos, el fallo acusado debe ser mantenido por la Corte …\u00bb (G. J. Tomo CXXX p\u00e1g. 63), lo que puesto en otras palabras ha de significar que no se trata en modo alguno de, por este sendero, permitirle a los litigantes que se limiten a expresar sus discrepancias con las afirmaciones de prueba efectuadas en la sentencia de instancia, toda vez que de ser as\u00ed las cosas y por ende hacer de lado la inexcusable necesidad de establecer la existencia de rotundos desaciertos en la fijaci\u00f3n de la premisa menor del silogismo judicial, as\u00ed como tambi\u00e9n de su influencia determinante en dicha sentencia, a lo que se llegar\u00eda en sede de casaci\u00f3n no es a juzgar en funci\u00f3n de control jur\u00eddico la legalidad de la ameritada decisi\u00f3n, sino a hacer prevalecer en su caso el criterio particular del recurrente frente al del juzgador, tom\u00e1ndose por apreciaciones f\u00e1cticas erradas de este \u00faltimo aquellas que tan s\u00f3lo son discrepantes de las que las partes estiman correctas, cuando es bien sabido que \u00e9stas, por raz\u00f3n de la esencia misma de la potestad jurisdiccional, est\u00e1n supeditadas a las primeras. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, con relaci\u00f3n a la primera de las causales de casaci\u00f3n cuando se enfoca por la v\u00eda indirecta, no puede olvidarse que en cuanto hace a la apreciaci\u00f3n de las pruebas por parte del juzgador de instancia, ha de respetarse por norma la autonom\u00eda de dicho \u00f3rgano jurisdiccional para formarse su propia convicci\u00f3n sobre la configuraci\u00f3n probatoria del asunto debatido, pues se repite, la facultad de la Corte frente a una impugnaci\u00f3n que utilice aquella v\u00eda es por principio la de velar por la recta inteligencia y la debida aplicaci\u00f3n de las leyes sustanciales, no as\u00ed la de revisar una vez m\u00e1s y con absoluta discreci\u00f3n, todas las cuestiones de hecho y de derecho ventiladas en las instancias, raz\u00f3n por la cual esta Corporaci\u00f3n, en multitud de providencias, se ha visto precisada a insistir en que la Corte, en cuanto act\u00faa como tribunal de casaci\u00f3n. \u00ab… ha de recibir la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica tal como ella se encuentre definida en el fallo sujeto al recurso extraordinario…\u00bb (G. J. Tomo CXXX p\u00e1g. 63). <\/p>\n
En este entendido, partiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunci\u00f3n de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado. Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo cr\u00edtico sobre el \u00e1mbito probatorio que pueda hacer m\u00e1s o menos factible un nuevo an\u00e1lisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos l\u00f3gicos, no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompa\u00f1ado de la evidencia de equivocaci\u00f3n por parte del sentenciador, error que, seg\u00fan lo precisa el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, debe aparecer de manifiesto en los autos lo que equivale a exigir que sea palmario; \u201c… si el yerro no es de esta naturaleza, prima facie, si para advertirlo se requiere de previos y m\u00e1s o menos esforzados razonamientos, o si se manifiesta apenas como una posibilidad y no como una certeza, entonces, aunque se demuestre el yerro, ese suceder no tendr\u00e1 incidencia en el recurso extraordinario…\u201d (G. J. Tomo CXLII, p\u00e1g. 242). <\/p>\n
2. Aplicando lo anterior al cargo estudiado, se encuentra que, para explicar el error de hecho denunciado, el censor se limita a indicar que el Tribunal de Bogot\u00e1 no tuvo en cuenta dos testimonios que hablan de la dif\u00edcil situaci\u00f3n financiera de la compa\u00f1\u00eda demandante por la \u00e9poca en que present\u00f3 la cuenta de cobro por suma menor a la que consideraba que el demandado le deb\u00eda, pero no desvirt\u00faa la apreciaci\u00f3n central del ad-quem sobre el acuerdo que dice existi\u00f3 entre las partes en torno al valor adeudado con relaci\u00f3n al contrato de obra ejecutado, que fue tenido en la sentencia como \u201cel producto no de una situaci\u00f3n obligada o inadecuada apreciaci\u00f3n de HERVASQUEZ S. A., sino del resultado de sus conversaciones con la COORDINADORA REGIONAL\u201d, sin que por otro lado exista prueba que dicha conducta y la cuenta de cobro aludida, fueran \u201cla directa consecuencia del cr\u00edtico estado financiero de la sociedad y no de pacto alguno\u201d, concepto que la corporaci\u00f3n sentenciadora sent\u00f3 como conclusi\u00f3n luego de valorar en conjunto todo el material probatorio dentro del cual, frente a las pruebas demostrativas que hicieron alusi\u00f3n a la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de la actora, le asign\u00f3 mayor fuerza a los testimonios que se refirieron al pacto celebrado entre las partes como directa consecuencia de la aceptaci\u00f3n de la suma \u00faltimamente ofrecida, los cuales calific\u00f3 de prolijos y precisos en sus circunstancias de tiempo, modo y lugar. <\/p>\n
Es decir que no s\u00f3lo el recurrente no demostr\u00f3 que el ad quem hubiera incurrido en error alguno desvirtuando sus apreciaciones sobre el pacto existente en torno al valor final adeudado a la demandante con cuyo pago esta \u00faltima se conform\u00f3 para as\u00ed ponerle fin a la liquidaci\u00f3n del contrato de ejecuci\u00f3n de obra material realizado, sino que se limit\u00f3 a se\u00f1alar el desconocimiento de unas pruebas que en verdad s\u00ed fueron tenidas en cuenta en la sentencia y el hecho de que no se hubiera referido a ellas en forma expresa, citando a los testigos por su nombre, no puede tomarse como evidencia de haberlas ignorado el Tribunal, por cuanto en el texto de dicha providencia se ve con facilidad que se hace clara alusi\u00f3n a lo que ellas pretend\u00edan indicar, la situaci\u00f3n financiera de la demandante, y lo que a la postre ocurri\u00f3 como ya se dej\u00f3 dicho, es que el Tribunal consider\u00f3 que ese factor no fue determinante en el acuerdo cuya eficacia ahora se pretende poner en tela de juicio. <\/p>\n
Se sigue de lo anterior que este cargo cae irremediablemente al vac\u00edo y por ende ha de ser rechazado. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de las consideraciones expuestas la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el veintiocho (28) de abril de 1994, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso de la referencia. <\/p>\n
Las costas en casaci\u00f3n son de cargo de la parte recurrente. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
<\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
<\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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S-006-99 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado ponente: CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de Marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).- Referencia: Expediente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81611","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81611","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81611"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81611\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81611"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81611"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81611"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}