S-009-99<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de Marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).- <\/p>\n
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Ref: Expediente No. 5149 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha veintid\u00f3s (22) de febrero de l994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario de mayor cuant\u00eda seguido por LUIS ANTONIO MA\u00d1OZCA frente a MARIA INES CORONADO PLAZAS. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
1. Mediante escrito presentado el veinticinco (25) de noviembre de 1988 reformado posteriormente el 12 de septiembre de 1990 (fl. 72 Cdo. Ppal.), cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva, LUIS ANTONIO MA\u00d1OZCA entabl\u00f3 demanda ordinaria contra MARIA INES CORONADO PLAZAS, para que en sentencia de fondo se declare resuelto por incumplimiento de la prometiente vendedora o por imposible ejecuci\u00f3n del contrato prometido por hechos que le son imputables s\u00f3lo a ella, la promesa de compraventa celebrada en la ciudad de Neiva el 29 de octubre de 1982 entre la demandada como prometiente vendedora y el demandante como prometiente comprador, con los documentos que lo aclaran y adicionan suscritos el 29 de octubre de ese mismo a\u00f1o y el 3 de agosto de 1984, respectivamente. Consecuentemente pretende que se condene a la demandada a la restituci\u00f3n de la suma de dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000.oo) en t\u00e9rminos de igual poder adquisitivo para la fecha del pago efectivo, con los intereses civiles causados desde la notificaci\u00f3n de la demanda hasta el d\u00eda del pago de la suma principal, liquidados sobre el monto actualizado de la misma. <\/p>\n
Subsidiariamente, reclama la declaraci\u00f3n judicial de nulidad absoluta del susodicho contrato de promesa de compraventa, y en consecuencia el reintegro del importe pagado, consistente en la suma de dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000.oo) en t\u00e9rminos de igual poder adquisitivo, junto con los intereses legales causados desde la fecha del aludido contrato hasta la de vencimiento del t\u00e9rmino para pagar y, de all\u00ed en adelante, los intereses de mora sobre el valor actualizado a la tasa comercial vigente para la \u00e9poca en que \u00e9sta se produzca, y hasta el d\u00eda del pago total. <\/p>\n
Los hechos invocados para sustentar en com\u00fan y por separado las pretensiones acumuladas, quedan sustancialmente resumidos en lo siguiente: <\/p>\n
a) Con fecha 29 de octubre de l982 las partes demandante y demandada celebraron un contrato de promesa de compraventa que vers\u00f3 inicialmente sobre varios bienes ra\u00edces y derechos inmobiliarios de cuota que la demanda individualiza, de los cuales ese mismo d\u00eda, en aclaraci\u00f3n del referido contrato se excluy\u00f3 uno y posteriormente la mayor\u00eda de los restantes, de manera que finalmente la promesa se centr\u00f3 en la enajenaci\u00f3n a favor del demandante, prometiente comprador, de dos derechos de treinta y siete mil quinientos pesos ($37.500.oo) cada uno, representados dentro de los trescientos mil pesos ($300.000.oo) en que fue avaluada la finca \u201cLa Capilla\u201d integrada por tres lotes, ubicada en el municipio de Palermo, vereda San Juan (Departamento del Huila). <\/p>\n
b) El precio de la negociaci\u00f3n se acord\u00f3 finalmente en seis millones trescientos mil pesos ($6.300.000.oo) de los cuales el demandante pag\u00f3 la suma de dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000.oo) con cheque que hizo efectivo la demandada el 5 de noviembre de 1982, y el saldo se instrument\u00f3 en dos letras de cambio, la primera por un mill\u00f3n quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) con vencimiento el 4 de abril de 1983 y la segunda por dos millones trescientos mil pesos ($2.300.000.oo) pagadera el 4 de octubre de l983. Agrega el actor, de otro lado, que los cambios efectuados en relaci\u00f3n con las condiciones contractuales inicialmente estipuladas en cuanto al valor y a la fecha de vencimiento de los t\u00edtulos valores rese\u00f1ados, se debieron precisamente a las adiciones que se hicieron al negocio original, modificaciones \u201cque las partes no consideraron de importancia consignar, o no cayeron en la cuenta de enmendar\u201d. <\/p>\n
c) La demandada no hizo entrega al demandante de los bienes prometidos, los cuales se encontraban embargados por cuenta de la ejecuci\u00f3n con t\u00edtulo hipotecario promovida por Pedro Lavao Fierro contra aquella, proceso tramitado en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva, por lo cual se frustr\u00f3 no s\u00f3lo la referida entrega, sino tambi\u00e9n la actividad desplegada por la prometiente vendedora en el sentido de obtener en arriendo uno de los predios que ten\u00eda intenci\u00f3n de vender, toda vez que la tenencia del mismo la detentaba Mois\u00e9s Casta\u00f1eda Gonz\u00e1lez en virtud de contrato celebrado con la susodicha demandada desde el 11 de julio de 1978 y que venc\u00eda el 9 de junio de l984. <\/p>\n
d) A pesar de haber hecho efectivo el cheque mencionado con antelaci\u00f3n, y de haber negociado las letras de cambio con terceros, lo que dio lugar al cobro compulsivo de tales instrumentos contra el girador, ejecuci\u00f3n en la que se reconoci\u00f3 finalmente la \u201cexcepci\u00f3n de contrato no cumplido\u201d en favor de dicho girador ahora demandante, la prometiente vendedora no compareci\u00f3 a la Notar\u00eda acordada en la fecha y hora indicadas en la promesa para suscribir la escritura correspondiente, \u00e9poca para la cual, adem\u00e1s, permanec\u00edan vigentes los embargos y un gravamen hipotecario sobre los bienes en cuesti\u00f3n, los cuales s\u00f3lo quedaron liberados del gravamen hipotecario el 8 de agosto de l988, fecha en que se registr\u00f3 la escritura p\u00fablica n\u00famero 1022 otorgada el 4 de mayo de l983 en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Neiva. A dicha circunstancia, que fue motivo determinante para imposibilitar la entrega de los bienes prometidos en venta, se sum\u00f3 el hecho de que \u201clos contratantes no identificaron a plenitud uno de los bienes, objeto del contrato prometido\u201d. <\/p>\n
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e) En fin, la demandada en su condici\u00f3n de prometiente vendedora, nunca hizo entrega real y material de los derechos prometidos en venta, \u201c\u2026 incurriendo por este aspecto en mora de cumplir esta espec\u00edfica obligaci\u00f3n \u2026\u201d, y por el contrario, en noviembre de 1982 ingres\u00f3 a su patrimonio la suma de $2\u2019500.000 que por raz\u00f3n de la promesa bilateral celebrada, el demandante le entreg\u00f3 a buena cuenta del precio acordado. <\/p>\n
2. Admitida a tr\u00e1mite la demanda, a ella le dio respuesta el apoderado de la demandada (fls. 59 y 80 del C. 1) oponi\u00e9ndose a las pretensiones, aceptando unos hechos y negando los dem\u00e1s, con base en que fue el demandante quien incurri\u00f3 en incumplimiento por no pagar el precio en las fechas convenidas, lo que dio lugar incluso a que las letras de cambio, previamente endosadas a un tercero, fuesen cobradas ejecutivamente, por lo cual los prometientes acordaron excluir algunos bienes de la negociaci\u00f3n para transferirlos y con su producto cancelar las deudas pendientes, a pesar de lo cual fueron embargados y rematados los bienes restantes, siendo por esto \u00faltimo imposible volver las cosas a su estado anterior. <\/p>\n
Se opuso igualmente a la declaraci\u00f3n de nulidad pretendida, aseverando que es imposible ejecutar la condena solicitada, por id\u00e9nticas razones a las previamente referidas. Subray\u00f3 adem\u00e1s, que hizo entrega anticipada de los predios prometidos en venta al promitente comprador y que s\u00ed continu\u00f3 explotando el predio \u201cLa Vega\u201d, lo fue en virtud del contrato de arrendamiento celebrado con la demandante. Se\u00f1al\u00f3 igualmente que la \u00fanica modificaci\u00f3n hecha a las letras de cambio consisti\u00f3 en la disminuci\u00f3n del valor de una de ellas en doscientos mil pesos (de la que ten\u00eda vencimiento el 4 de febrero de l983) y afirm\u00f3 que el demandante no cancel\u00f3 en la fecha convenida el t\u00edtulo-valor que venc\u00eda antes de que se escrituraran los bienes prometidos, ni las que se expidieron con posterioridad para reemplazar las anteriores, por lo cual esa manera de obrar de los contratantes, excluye la posibilidad de que a su vez a la prometiente vendedora pueda imput\u00e1rsele incumplimiento alguno. <\/p>\n
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Igualmente, la parte demandada formul\u00f3 como excepciones de fondo las que denomin\u00f3: \u201causencia de un presupuesto de la acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa\u201d, con relaci\u00f3n a la pretensi\u00f3n que dio lugar a la posterior reforma de la demanda para excluir dicha s\u00faplica, y la de \u201cincumplimiento del contrato por parte del demandante\u201d, consistente en el no pago por parte de \u00e9ste de la suma de un mill\u00f3n quinientos mil pesos ($1\u2019500.000.oo), por lo que las partes acordaron verbalmente no concurrir a la Notar\u00eda en la fecha previamente convenida; comparecencia que qued\u00f3 condicionada, entonces, a la cancelaci\u00f3n de la suma antes indicada que se respald\u00f3 con la entrega de otra letra de cambio pagadera el 4 de abril de l983 y que la demandada endos\u00f3 en favor de Ra\u00fal Toro quien tambi\u00e9n, ante la falta de pago del t\u00edtulo en referencia, inici\u00f3 en contra del aqu\u00ed demandante proceso ejecutivo. Fue as\u00ed como para solucionar el inconveniente suscitado en virtud del incumplimiento referido, las partes acordaron excluir de la negociaci\u00f3n los predios \u201cLos Mangos\u201d y \u201cLa Vega\u201d, e igualmente los derechos sobre el lote \u201cLos Micos\u201d, por lo que suscribieron el 3 de agosto de l984 lo que a la postre representar\u00eda la \u00faltima modificaci\u00f3n a los t\u00e9rminos del contrato de promesa de compraventa cuya eficacia y validez es materia de controversia. <\/p>\n
A\u00f1ade la demandada que cuando se hizo exigible la obligaci\u00f3n consistente en cancelar el saldo de dos millones quinientos mil pesos ($2\u2019500.000.oo), esto es, el 4 de julio de l983, el actor solicit\u00f3 nuevo plazo hasta el 4 de octubre de l983 por lo que otorg\u00f3 una nueva letra de cambio, esta vez por dos millones trescientos mil pesos ($2.300.000.oo), t\u00edtulo-valor que la demandada endos\u00f3 en favor de Mois\u00e9s Casta\u00f1eda Gonz\u00e1lez, quien inici\u00f3 proceso ejecutivo en virtud del incumplimiento por parte del deudor, actuaci\u00f3n dentro de la cual se remataron los \u00faltimos bienes prometidos. <\/p>\n
3. Planteado el litigio dentro de los extremos que se dejan rese\u00f1ados, y adelantado el tr\u00e1mite de la primera instancia del proceso con la pr\u00e1ctica de las pruebas pedidas por ambas partes, el Juez Cuarto Civil del Circuito de Neiva, mediante sentencia proferida el tres (3) de febrero de 1993, declar\u00f3 la nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa en cuesti\u00f3n, y consecuentemente conden\u00f3 a la demandada, MARIA INES CORONADO PLAZAS, a restituir al demandante la suma de dos millones quinientos mil pesos ($2\u2019500.000.oo) \u201cen t\u00e9rminos de igual poder adquisitivo, y los intereses del dos por ciento (2%) mensual, desde la fecha del referido contrato y hasta la fecha en que se produzca el pago aqu\u00ed ordenado\u201d, tras lo cual orden\u00f3 cancelar la inscripci\u00f3n de la demanda. Finalmente, impuso a la demandada la obligaci\u00f3n de pagar las costas causadas durante el curso de la primera instancia. <\/p>\n
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4. Contra lo as\u00ed decidido interpusieron recurso de apelaci\u00f3n ambas partes, el demandante en lo relacionado con la cancelaci\u00f3n de la medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda que, en su sentir, contrar\u00eda los ordinales 5 y 8 del art. 690 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y la demandada para que sea revocada la sentencia y en su lugar se le absuelva, recurso que por haberse concedido, llev\u00f3 el proceso al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y posteriormente al de Pamplona (Norte de Santander), autoridad esta \u00faltima designada para decidir en la segunda instancia de conformidad con el Decreto 2651 de 1991 y como medida de descongesti\u00f3n, profiri\u00e9ndose la correspondiente sentencia con fecha veintid\u00f3s (22) de febrero de l994 mediante la cual se confirm\u00f3 en todas sus partes el pronunciamiento apelado. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
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1. Despu\u00e9s de referirse a los antecedentes del litigio, al tr\u00e1mite del proceso, a la sentencia de primera instancia y a los argumentos aducidos por los recurrentes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona anota que para el estudio de la pretensi\u00f3n principal, consistente en la resoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa, le era imperativo al Juzgado del conocimiento, conforme a lo establecido en el art. 1546 del C\u00f3digo Civil, entrar a examinar en primer t\u00e9rmino la validez de la promesa que se afirma incumplida, lo que explica la raz\u00f3n por la cual el a-quo agot\u00f3 ese primer aspecto de la controversia para concluir que por estar los bienes gravados con hipoteca y embargo \u201cno estaban en el libre comercio, configur\u00e1ndose as\u00ed la ilicitud en el objeto de la fallida negociaci\u00f3n pactada\u201d, circunstancia que qued\u00f3 demostrada con la prueba producida y de la que ten\u00eda conocimiento el prometiente comprador como consta en la cl\u00e1usula sexta de la promesa de compraventa, en la que los contratantes se comprometieron a levantar dicho gravamen \u201cantes de otorgar la correspondiente escritura\u201d, condici\u00f3n que con todo no se cumpli\u00f3 seg\u00fan se desprende del material probatorio recaudado. <\/p>\n
Centra su atenci\u00f3n seguidamente en la ilicitud de la enajenaci\u00f3n de cosas embargadas por decreto judicial, conforme lo prev\u00e9 el art. 1521 del C\u00f3digo Civil, para se\u00f1alar, -a vuelta de recordar que el contrato de promesa no tiene como finalidad inmediata la transferencia de los bienes sino \u00fanicamente la celebraci\u00f3n de la venta prometida-, que la tradici\u00f3n de bienes sometidos a embargo judicial sin la autorizaci\u00f3n judicial o el consentimiento del acreedor es nula \u201ccomo con toda claridad lo pregonan los art\u00edculos 1740 y 1741 ibidem.\u201d, de donde pasa a diferenciar el acto relacionado con la celebraci\u00f3n de la promesa y la venta en si misma considerada, para concluir que al primero de los actos referidos no es dable aplicar el conjunto normativo que rige \u201cpara los actos jur\u00eddicos propiamente de enajenaci\u00f3n de los bienes inmuebles\u201d, aserto que apoya en conocidas directrices de jurisprudencia sobre el tema, para inferir a continuaci\u00f3n que \u201ces menester indicar que por este aspecto, no cabe la nulidad declarada por el del conocimiento\u201d. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, el Tribunal pasa en su estudio posteriormente al tema relacionado con las restituciones ordenadas por el a-quo, para subrayar que en la promesa se dejaron finalmente incluidos como bienes sujetos a la pretendida tradici\u00f3n, dos derechos de $37.500.oo cada uno, sobre un aval\u00fao total de $300.000.oo asignado a la finca \u201cLa Capilla\u201d derechos que fueron embargados y secuestrados en proceso ejecutivo seguido por Mois\u00e9s Casta\u00f1eda y posteriormente a \u00e9l adjudicados por cuenta del cr\u00e9dito \u201cen derechos y acciones del 50% correspondiente a la se\u00f1ora Mar\u00eda In\u00e9s Coronado Plazas\u201d. Se refiere igualmente a la comunicaci\u00f3n remitida por el secuestre en el sentido de haber hecho entrega al rematante de una porci\u00f3n de terreno \u201cy que los otros dos lotes no pod\u00eda entregarlos por manifestaci\u00f3n del se\u00f1or Yesid Garz\u00f3n por tenerlos en arrendamiento por cuenta del se\u00f1or Luis Ma\u00f1ozca\u201d, y a la orden impartida por el Juzgado del conocimiento al secuestre para que hiciera entrega al rematante \u201cen forma simb\u00f3lica, por ser remate de derechos, comunicando a los otros copropietarios, el derecho adjudicado al rematante Mois\u00e9s Casta\u00f1eda\u201d, tras lo cual destaca que de los documentos aportados a la demanda, unido al dicho de la demandada y lo afirmado por el demandante en el interrogatorio de parte absuelto, se deduce la entrega que de los bienes prometidos en venta hizo la demandada a quienes los adquirieron por venta o por remate, lo cual constituye premisa b\u00e1sica para determinar las restituciones mutuas que a la declaratoria de nulidad siguen, restituciones que en el caso litigioso en estudio no operan del modo en que lo requiere la demandada apelante, por cuanto \u201c…nos encontramos ante la eventualidad de haber sido rematados los bienes inmuebles, que en su proporci\u00f3n a derechos le correspond\u00eda a la se\u00f1ora Mar\u00eda In\u00e9s Coronado Plazas… no encontrando la Sala qu\u00e9 bienes deben restitu\u00edrsele…\u201d, pues los primeros que se prometieron vender fueron transferidos a terceras personas y los segundos, que quedaron como objeto \u00fanico de la promesa, fueron objeto de remate, de donde se concluye que \u201cno existe pues, razones suficientes para atender la pretensi\u00f3n de la parte demandada respecto a este aspecto de las restituciones mutuas, por haber pasado las mismas a manos de otras personas, por venta o remate, las que vendr\u00e1n a utilizar las medidas que la v\u00eda civil ofrece para la obtenci\u00f3n material de los bienes en su cabeza\u201d. <\/p>\n
3. Finalmente, en lo relacionado con la inconformidad de la parte actora, circunscrita como se apunt\u00f3 l\u00edneas atr\u00e1s a la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la demanda por parte del Juzgado del conocimiento, el sentenciador colegiado se\u00f1ala que comparte el pronunciamiento impugnado por cuanto si \u201cno existe manera de efectuar restituciones de los bienes dados en promesa de venta por las circunstancias antes anotadas, menos se puede mantener la inscripci\u00f3n de una demanda en bienes que salieron del dominio de la se\u00f1ora Mar\u00eda In\u00e9s Coronado Plazas y entraron en cabeza de otras personas, por venta directa unos y por remate de bienes otros\u201d. <\/p>\n
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III. LA DEMANDA DE CASACION Y CONSIDERACIONES DE LA CORTE: <\/p>\n
Con el fin de obtener la casaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Pamplona, formul\u00f3 el apoderado de la parte demandada el correspondiente recurso debidamente sustentado mediante demanda que da cuenta de dos cargos, uno impugnando la totalidad de la sentencia y otro que lo hace en forma parcial, cargos que la Corte pasa a estudiar en el orden propuesto: <\/p>\n
CARGO PRIMERO: <\/p>\n
Invocando la primera de las causales que consagra el art. 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, acusa en este primer cargo el recurrente la sentencia del Tribunal por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial originada en la aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 1740, 1741, 1746 del C\u00f3digo Civil y 2\u00b0 de la Ley 50 de l936, por errores evidentes de hecho en la apreciaci\u00f3n del documento privado que contiene la promesa de compraventa que celebraron MARIA INES CORONADO PLAZAS y LUIS ANTONIO MA\u00d1OZCA, desaciertos que dieron origen, adem\u00e1s, a la falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1494, 1495, 1502, 1602, y 1603 del C\u00f3digo Civil y 89 de la Ley 153 de l887. <\/p>\n
Y en orden a justificar su tesis, el censor alude en primer t\u00e9rmino a la conclusi\u00f3n que condujo al Tribunal a desconocer el criterio expuesto por el Juzgado del conocimiento en el sentido de hacer extensiva a la promesa de compraventa la normatividad general que en materia de nulidades rige el espec\u00edfico \u00e1mbito de los actos jur\u00eddicos de enajenaci\u00f3n, y que le llev\u00f3 finalmente a declarar la nulidad de la misma por encontrarse embargados al momento de su celebraci\u00f3n los derechos cuya enajenaci\u00f3n se preparaba, para, en cambio, expresar el ad-quem, a rengl\u00f3n seguido, que la imposibilidad en el otorgamiento de la tradici\u00f3n \u201cpor el embargo de bienes para la fecha en que deb\u00eda otorgarse la escritura p\u00fablica de compraventa\u201d, es motivo de nulidad de acuerdo con el art. 89 de la ley 153 de 1887 \u201cpues no se determin\u00f3 de tal suerte el contrato prometido, que para perfeccionarlo s\u00f3lo faltara la tradici\u00f3n de la cosa o de las formalidades legales\u201d. <\/p>\n
La censura califica de \u201cextra\u00f1a\u201d semejante afirmaci\u00f3n y la conclusi\u00f3n que enseguida adopta el juzgador colegiado, tild\u00e1ndola al mismo tiempo de contraevidente \u201cpues no acompasa con la objetividad misma del documento, porque le recorta a la ligera su real contenido y le cercena gravemente lo que \u00e9l expresa\u201d, toda vez que, en sentir del casacionista, la promesa en menci\u00f3n \u201cse acomoda plenamente a las exigencias del art. 89 de la ley 153 de 1887\u201d respecto de las cuales la concurrencia de los tres primeros requisitos no abriga duda alguna, y en cuanto al \u00faltimo, se hace ver que el Tribunal incurri\u00f3 en un \u201costensible e inexcusable error de hecho\u201d al no encontrarlo configurado, por cuanto tergivers\u00f3 el escrito contentivo de la promesa y desconoci\u00f3 de paso la orientaci\u00f3n jurisprudencial que gira en torno a la referida materia. <\/p>\n
Olvid\u00f3 el Tribunal, insiste el recurso, que uno es el objeto de la promesa de compraventa y otro el objeto del contrato de venta, de manera que s\u00ed para el primero lo es la celebraci\u00f3n o la perfecci\u00f3n del contrato, para el segundo dicho objeto se identifica con la cosa vendida, confusi\u00f3n que lo llev\u00f3 por tanto a desconocer que s\u00ed se promete vender un bien embargado no cabe afirmar por esta raz\u00f3n que el objeto de la promesa este fuera del comercio; puede prometerse, pues, la venta de una cosa que en la fecha de la promesa est\u00e9 embargada, como puede prometerse la venta de cosa ajena de donde se infiere, a\u00f1ade, que si el prometiente vendedor libera la cosa, la pone en condiciones de ser objeto l\u00edcito del contrato de venta y, en cambio, si no la libera, el contrato de venta no podr\u00e1 perfeccionarse por culpa del prometiente vendedor, quien se tendr\u00e1 como un infractor de la promesa sin que con todo dicha circunstancia afecte la validez de la promesa pues lo que se exige por el art\u00edculo 89-4\u00b0 de la ley 153 de 1887, es que se determine de tal suerte el contrato que para perfeccionarlo, s\u00f3lo baste la tradici\u00f3n de la cosa o las formalidades legales y no que el contrato prometido se lleve realmente a cabo en la fecha acordada, porque la ilicitud en tal caso recaer\u00eda sobre el objeto de la compraventa y no sobre el objeto de la promesa. <\/p>\n
Siguiendo este enfoque, vuelve a tomar cada una de las cl\u00e1usulas de la promesa de compraventa para se\u00f1alar que constituye clara contraevidencia no observar, del contexto de la misma, que el contrato prometido se encontraba de tal forma determinado que s\u00f3lo faltaba el otorgamiento de la escritura p\u00fablica para perfeccionarlo, y cr\u00edtica entonces al Tribunal por cuanto \u201ccometiendo un ostensible y evidente error de hecho\u201d concluy\u00f3 que faltaba el cuarto de los requisitos contemplados en el art. 89 de la ley 153 de 1887, yerro que provino de confundir los requisitos y el objeto del contrato de promesa \u201ccon los del propio contrato prometido\u201d y que le condujo a no ver que en los escritos de promesa de contrato aparece satisfecha la condici\u00f3n en virtud de cuya supuesta omisi\u00f3n se declar\u00f3 la nulidad de la precitada promesa, con lo cual aplic\u00f3 adem\u00e1s indebidamente los art\u00edculos 1740, 1741 y 1746 del C. C. y de paso dej\u00f3 de aplicar los art\u00edculos 89 de la ley 153 de 1887 y 1494, 1495, 1502, 1602 y 1603 del C. C. <\/p>\n
En s\u00edntesis, el error probatorio denunciado lo precisa el recurrente diciendo que \u201cseguramente por confundir los requisitos y el objeto del contrato de promesa con los del propio contrato prometido, el Tribunal se obnubil\u00f3 y dej\u00f3 de ver que en el documento de folios 2 a 6 del cuaderno 1, como en los folios 7, 8 y 57 ibidem, con una claridad y precisi\u00f3n que excede lo normal, se determin\u00f3 de tal manera el contrato de venta de inmuebles que, para perfeccionarlo, s\u00f3lo faltaba el otorgamiento de la respectiva escritura p\u00fablica, desde luego que en los escritos en que est\u00e1 consignada la promesa (\u2026) no s\u00f3lo se indic\u00f3 quien era la prometiente vendedora y quien el prometiente comprador (\u2026) sino que uno a uno, se\u00f1alando su ubicaci\u00f3n, extensi\u00f3n, alinderamiento y t\u00edtulo de adquisici\u00f3n, se singularizaron los distintos bienes prometidos en venta y su forma de pago, as\u00ed como el d\u00eda, la hora y la Notar\u00eda en que, en su momento, se otorgar\u00eda la escritura correspondiente \u2026\u201d, por manera que en opini\u00f3n del recurrente, \u201c\u2026 todos los elementos esenciales y aun varios naturales y accidentales del contrato de venta est\u00e1n en las siete cl\u00e1usulas del escrito de promesa \u2026\u201d. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
1\u00ba. Frente al cargo cuyo contenido se deja resumido en los p\u00e1rrafos precedentes, es necesario recabar que en raz\u00f3n a la naturaleza misma del recurso de casaci\u00f3n y su reglamentaci\u00f3n legal cuando se apoya en la primera de las causales que consagra el Art. 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el escrito destinado a fundamentarlo despu\u00e9s de hab\u00e9rsele concedido al litigante interesado en hacerlo valer, debe contener una cr\u00edtica concreta y razonada de las partes de la sentencia que dicho litigante estima equivocadas, se\u00f1alando asimismo las causas por las cuales ese pronunciamiento materia de impugnaci\u00f3n resulta ser contrario a la ley. Y para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente. <\/p>\n
En este orden de ideas, es preciso tener en cuenta, para seguir el hilo conductor que permita esclarecer no s\u00f3lo el significado del juicio jurisdiccional efectuado por el sentenciador colegiado sino tambi\u00e9n el sentido de la censura, que la declaratoria de nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa celebrado entre quienes son partes en esta causa, se bas\u00f3 \u00fanica y exclusivamente en la ausencia de uno de los requisitos previstos en el art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887 para la validez de un negocio jur\u00eddico de tal naturaleza, lo que explica, adem\u00e1s del motivo por el cual la decisi\u00f3n impugnada tuvo apoyo determinante en el material probatorio allegado, el cauce utilizado por el casacionista para plantear la impugnaci\u00f3n, aduciendo la violaci\u00f3n de normas sustanciales por v\u00eda indirecta, originada dicha violaci\u00f3n en un error de hecho consistente en la afirmada desnaturalizaci\u00f3n de cl\u00e1usulas contenidas en el documento que instrumenta la aludida promesa. <\/p>\n
Entendidas de este modo las cosas y de estarse al razonamiento efectuado por el Tribunal para llegar a la conclusi\u00f3n decisoria materia de impugnaci\u00f3n, razonamiento de conformidad con el cual no se puede tener por especificado el contrato prometido como lo pide el Num. 4\u00ba del Art. 89 de la Ley 153 de 1887 al hacerse imposible por motivos sobrevinientes la tradici\u00f3n de los derechos inmobiliarios objeto de la futura venta, lo primero por advertir es que las circunstancias que llevaron al sentenciador ad quem a tener por establecida la falta del requisito de validez se\u00f1alado, no emergen de los documentos otorgados por los contratantes para dejar consignadas por escrito las cl\u00e1usulas de la promesa en cuesti\u00f3n, sino de hechos acaecidos con posterioridad, atinentes a la pr\u00e1ctica de medidas cautelares que por iniciativa de terceros afectaron a aquellos derechos y actos de enajenaci\u00f3n de an\u00e1logo alcance, luego no se remite a duda que, en tales condiciones, el error de hecho que se endilga al Tribunal habr\u00eda de radicar en la equivocada apreciaci\u00f3n del material probatorio que en su conjunto le sirve de sustento a ese pronunciamiento, esto es, de los medios de prueba diferentes a los documentos contentivos de la promesa, lo que conducir\u00eda a concluir que el cargo incurre en desenfoque en su intento por demostrar el yerro denunciado, visto ello, claro est\u00e1, desde la perspectiva que permite poner de presente como el Tribunal no err\u00f3 en la apreciaci\u00f3n del documento de promesa y de los que posteriormente lo adicionaron o modificaron, sino al darle una inteligencia que no le corresponde y, por lo tanto, aplicar indebidamente, el Num. 4\u00ba del Art. 89 de la Ley 153 de 1887. <\/p>\n
En efecto, si la \u00fanica obligaci\u00f3n que por exigencia l\u00f3gica del concepto ha de reconocerse como integrante del contenido esencial de la promesa, es la que contraen quienes la celebran de concurrir al otorgamiento del contrato prometido, y si por ello mismo, para decirlo con la voz de autorizados expositores (Fernando Fueyo Laneri. Derecho Civil. Tomo V, No 35), como contrato, el de promesa no es apto para trasladar ni para declarar ni para constituir el dominio puesto que su relaci\u00f3n funcional directa no es con la cosa cuya enajenaci\u00f3n se prepara sino con la susodicha obligaci\u00f3n de contratar, lo correcto es inferir, entonces, que en cuanto toca con la validez de la promesa, carece de trascendencia que con posterioridad la atribuci\u00f3n patrimonial en favor del prometiente adquirente en que dicha enajenaci\u00f3n se traduce, no pueda materializarse, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que en el sistema jur\u00eddico imperante en el pa\u00eds, por lo general los actos sobre bienes ajenos no son nulos. Asunto diferente por supuesto es el reflejo que sobre la eficacia obligatoria de una promesa bilateral celebrada con observancia de todos los requisitos que exige el tantas veces citado Art. 89 de la Ley 153 de 1887, pueda tener la permanencia o el posterior surgimiento de un obst\u00e1culo que haga imposible la enajenaci\u00f3n, toda vez que dependiendo de las circunstancias concurrentes en cada caso, ello podr\u00eda dar lugar a la extinci\u00f3n del contrato mismo de promesa o a su infracci\u00f3n, esto \u00faltimo en el entendido que aquella obligaci\u00f3n consistente en otorgar el contrato prometido, lleva envuelta necesariamente -salvo desde luego estipulaciones en contrario que impongan una soluci\u00f3n distinta- una prestaci\u00f3n de seguridad por cuya virtud dicho contrato definitivo ha de habilitar a cada parte para obtener los beneficios patrimoniales que le son propios; dicho en otros t\u00e9rminos, si la obligaci\u00f3n de concurrir al otorgamiento del contrato prometido implica para ambas partes el garantizarle a la otra que este, una vez ajustado, ser\u00e1 v\u00e1lido y eficaz, sobre el prometiente en quien incide el obst\u00e1culo al que viene haci\u00e9ndose alusi\u00f3n pesa la carga de colocarse, al momento de hacerse exigible dicha obligaci\u00f3n, en situaci\u00f3n de darle cabal satisfacci\u00f3n a la se\u00f1alada garant\u00eda, y de no hacerlo, mediando los restantes requisitos legales, incurrir\u00e1 en responsabilidad, secuela esta que por definici\u00f3n requiere la existencia de un v\u00ednculo contractual v\u00e1lido, luego es visible a todas luces el grave error en que incurre el fallo de instancia aqu\u00ed impugnado al sostener que en la hip\u00f3tesis en estudio, la promesa sobreviene inv\u00e1lida debido a una figurada falta de especificaci\u00f3n del contrato definitivo que la realidad probatoria de los autos desmiente categ\u00f3ricamente. <\/p>\n
2. Sin embargo, aunque el defecto al comienzo anotado tiene la contundencia suficiente para descartar la prosperidad del cargo en estudio, por las explicaciones que m\u00e1s adelante se hacen, resulta que, de otra parte, la impugnaci\u00f3n carece de la trascendencia requerida para que, en sede de instancia, la Corte tenga que dirimir el conflicto en t\u00e9rminos sustancialmente diferentes a los que suministra en lo dispositivo, la providencia cuya infirmaci\u00f3n pretende obtener el recurrente. <\/p>\n
En efecto, aunque es err\u00f3nea la deducci\u00f3n por la cual, de la imposibilidad de la tradici\u00f3n se infiri\u00f3 por el Tribunal la nulidad de la promesa de compraventa, cuando es lo cierto, seg\u00fan qued\u00f3 visto l\u00edneas atr\u00e1s, que el perfeccionamiento de la enajenaci\u00f3n constituye etapa posterior y diferente a la promesa y se ubica por tanto en esferas jur\u00eddicas sin duda disimiles a las que rigen la validez de la negociaci\u00f3n preparatoria de dicho acto final, no cabe tampoco la menor duda de que, examinado el escrito contentivo de la promesa y cada uno de los documentos que lo modificaron, la conclusi\u00f3n a la que habr\u00eda de arribarse no puede ser otra diferente a que dicho contrato de promesa no re\u00fane todos los requisitos indispensables para su validez al tenor del Art. 89 de la Ley 153 de 1887. <\/p>\n
As\u00ed, porque es importante agotar el primero de los aspectos referidos mediante el cual se cr\u00edtica la confusi\u00f3n predominante en las conclusiones adoptadas por el Tribunal en torno al objeto de la promesa de compraventa y la especificaci\u00f3n en ella del contrato de compraventa prometido, cabe recordar que de vieja data la Corte ha expresado que \u201cla simple promesa de contrato no es un acto de enajenaci\u00f3n, y por lo mismo su objeto es la perfecci\u00f3n del contrato prometido que es necesario no confundir con el objeto del contrato de venta, que es la cosa vendida; por consiguiente, si cuando se verifica la promesa el objeto del contrato est\u00e1 embargado por decreto judicial, no cabe afirmar por esta raz\u00f3n que el objeto de la promesa est\u00e1 fuera del comercio, ya que hay distinci\u00f3n real entre el uno y el otro. Puede prometerse, pues, la venta de una cosa que en la fecha de la promesa est\u00e1 embargada, como puede prometerse la venta de cosa ajena. Si para perfeccionar el contrato prometido, el promitente vendedor libera la cosa, la pondr\u00e1 en condiciones de ser objeto l\u00edcito del contrato. Si no la libera, el contrato no podr\u00e1 perfeccionarse por culpa del promitente vendedor, quien se tendr\u00e1 como infractor de la promesa\u201d (G.J. t. CLIX, p\u00e1g. 89). <\/p>\n
Y en la misma l\u00ednea del criterio jurisprudencial referido, no est\u00e1 por dem\u00e1s hacer ver que no puede pensarse que el remate o venta subsiguiente de los derechos prometidos repercuta sobre la validez del contrato de promesa de compraventa, por cuanto la nulidad predicable respecto de un determinado contrato debe calificarse a la luz de las condiciones existentes al momento de celebrarse y no de circunstancias venideras que, en modo alguno, puedan alterar tales condiciones concurrentes al producirse la manifestaci\u00f3n de voluntad, pues una cosa es privar de efectos a esta \u00faltima por defectos que le son inherentes, es decir que le conciernen intr\u00ednsecamente a su estructura jur\u00eddica (validez) y otra bien distinta, la privaci\u00f3n de su eficacia funcional o extr\u00ednseca por circunstancias sobrevenidas que tienden a evitar, por medios diversos, el mantenimiento de una regulaci\u00f3n negocial de intereses v\u00e1lidamente realizada en un comienzo pero que hacia el futuro, se torna carente de sentido pr\u00e1ctico frente a los fines que determinaron aquella manifestaci\u00f3n de voluntad. <\/p>\n
<\/p>\n
Y en cuanto al segundo de los temas anunciados, se encuentra que uno de los documentos que contiene las adiciones a la promesa de compraventa, concretamente el suscrito el 3 de agosto de l984 que forma parte integrante de la convenci\u00f3n promisoria, no cumple con el requisito exigido por el Num. 3\u00ba art. 89 de la Ley 153 de l887, toda vez que en dicho documento, a pesar de ratificarse lo acordado en la promesa inicial, no se fij\u00f3 un nuevo plazo para suscribir la escritura destinada a solemnizar la compraventa prometida, sin que pueda entenderse que dicha exigencia se suple por la fecha fijada inicialmente para este efecto, esto es, el 15 de marzo de l983, por cuanto ella venci\u00f3 con antelaci\u00f3n al momento en que se pact\u00f3 la referida adici\u00f3n, circunstancia que determina el que no sea posible tener por configurado el mencionado requisito consistente en \u201cque la promesa contenga un plazo o condici\u00f3n que fije la \u00e9poca en que ha de celebrarse el contrato\u201d. Y tampoco tiene valor alguno para tal fin, como es natural suponerlo dado el car\u00e1cter solemne del contrato de promesa de compraventa, el acuerdo seg\u00fan el cual los prometientes, verbalmente, convinieron perfeccionar la venta cuando se cancelar\u00e1 la \u00faltima de las sumas de dinero adeudas a\u00fan por el prometiente comprador, no s\u00f3lo porque dicho plazo no se hizo constar por escrito y por ende no se ajusta a la solemnidad objetiva que para esa clase de estipulaciones requiere el Art. 1611 del C. C., sino tambi\u00e9n porque, en lo que constituye sin duda un reparo si se quiere mucho m\u00e1s contundente, la condici\u00f3n que en tal forma habr\u00eda sido pactada, no guarda adecuada correspondencia con el car\u00e1cter \u201c\u2026 eminentemente provisional o transitorio \u2026\u201d que al decir de la doctrina jurisprudencial es de la propia esencia del contrato de promesa, atendida la finalidad econ\u00f3mica que le es caracter\u00edstica (G. J. Tomo CLIX, p\u00e1g. 283) y con vista en la cual se ha sostenido de manera enf\u00e1tica que para cumplir la exigencia consagrada por el Num. 3\u00ba del Art. 89 de la Ley 153 de 1887, \u201c\u2026 no puede acudirse a un plazo indeterminado ni a una condici\u00f3n indeterminada, porque ni el uno ni la otra, justamente por su indeterminaci\u00f3n, son instrumentos que sirvan para cumplir el fin perseguido, que es el se\u00f1alamiento de la \u00e9poca precisa en que ha de celebrarse la convenci\u00f3n prometida \u2026\u201d (G. J. Tomos LXXXV, p\u00e1g. 59, y CLXXII, p\u00e1g. 122). <\/p>\n
En s\u00edntesis, los planteamientos expuestos redundan en la no prosperidad de la acusaci\u00f3n, s\u00ed se tiene en cuenta que para infirmar una decisi\u00f3n judicial es necesario que el yerro de juzgamiento cometido sea trascendente en cuanto al fondo, de tal manera que si no hubiera sido por dicho error el pronunciamiento habr\u00eda tenido un contenido distinto, situaci\u00f3n que como acaba de indicarse, no se da en la especie litigiosa en estudio, toda vez que aun aceptando los argumentos del recurrente, al actuar esta corporaci\u00f3n en sede de instancia habr\u00eda de declarar la nulidad absoluta de la promesa. <\/p>\n
En consecuencia el cargo en estudio debe ser desestimado. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO: <\/p>\n
Con fundamento en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, le atribuye el recurso a la sentencia impugnada, error evidente de hecho en la apreciaci\u00f3n del material probatorio que adelante singulariza, error que condujo a la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por falta de aplicaci\u00f3n del art. 1746 del C\u00f3digo Civil, norma que, para el evento de que se declare la nulidad de un contrato, \u201cimpone al juez decretar las restituciones mutuas haciendo responsable a las partes no s\u00f3lo de los intereses por sumas recibidas, sino tambi\u00e9n por los frutos producidos por los bienes entregados\u201d. <\/p>\n
Para demostrar su tesis, el casacionista afirma que el Tribunal se equivoc\u00f3 cuando sostuvo que todos los bienes prometidos en venta fueron rematados, por cuanto de los dos derechos finalmente incluidos en la promesa, s\u00f3lo el 50% de un derecho fue adjudicado en p\u00fablica subasta \u201cquedando fuera de subasta el otro 50% de ese derecho y, adem\u00e1s, un derecho completo, pues eran dos los derechos prometidos\u201d. Hizo caso omiso tambi\u00e9n el Tribunal, agrega el censor, que fue el propio demandante quien manifest\u00f3 que la totalidad de los bienes prometidos le fueron entregados, y que con ello qued\u00f3 obligado a restituir no s\u00f3lo los frutos naturales \u201chasta que fueron secuestrados por acreedores suyos y de Mar\u00eda In\u00e9s\u201d, sino tambi\u00e9n los productos del arrendamiento de esos bienes. <\/p>\n
En virtud del primero de los yerros rese\u00f1ados el Tribunal apreci\u00f3 indebidamente la diligencia de remate llevado a cabo el 5 de diciembre de 1988 (fls. 77a 81 C. 4), en la que claramente se indic\u00f3 que el bien subastado consist\u00eda en el 50% de un derecho de $37.500.oo dentro de los $300.000.oo en que fue avaluada la finca \u201cLa Capilla\u201d que fue adjudicado al ejecutante por cuenta de su cr\u00e9dito, y en consecuencia dej\u00f3 de ver la sentencia aprobatoria y la inscripci\u00f3n en el registro, desconociendo adem\u00e1s lo estipulado en la promesa de compraventa en cuanto a que lo prometido eran dos derechos de $37.500.oo cada uno sobre los $300.000.oo en que fue avaluada la finca \u201cLa Capilla\u201d, adquiridos por la prometiente vendedora, el primero en la sucesi\u00f3n de su progenitora Mercedes Plazas de Coronado, y el segundo por compra hecha a su hermano Adolfo Coronado Plazas. Basado en esa equivocada apreciaci\u00f3n de la prueba mencionada, que llev\u00f3 al Tribunal a tener como rematados los dos derechos que ser\u00edan objeto de la prometida enajenaci\u00f3n, concluy\u00f3 que \u201cno hab\u00eda bienes para restituir a Mar\u00eda In\u00e9s Coronado Plazas\u201d, cuando seg\u00fan lo explicado \u201chay, pues, un derecho y medio que debe ordenarse restituir para la demandada\u201d. <\/p>\n
De otro lado, una segunda equivocaci\u00f3n condujo al Tribunal a desconocer que en virtud del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes en relaci\u00f3n con la finca \u201cLa Vega\u201d, \u201cque fue uno de los inmuebles prometidos\u201d, el demandante declar\u00f3 haber recibido la suma de $20.000.oo como canon de arrendamiento \u201clo que constituye un fruto civil de ese bien\u201d, error que se repiti\u00f3 igualmente cuando dej\u00f3 de ver el contrato de arrendamiento que sobre parte de la finca \u201cLa Capilla\u201d celebr\u00f3 Luis Antonio Ma\u00f1ozca con Jos\u00e9 Yesid Garz\u00f3n \u201clo que es prueba de que Ma\u00f1ozca recog\u00eda los frutos civiles de ese bien que le hab\u00eda sido entregado a consecuencia de la promesa de venta\u201d, circunstancias que el propio demandante se encarg\u00f3 de confirmar con el interrogatorio de parte que tambi\u00e9n el Tribunal desatendi\u00f3, como ocurri\u00f3 igualmente con las licencias de transporte de ganado \u201cque acreditan que el demandante puso a pastar ganados suyos en potreros de los inmuebles prometidos\u201d. Los anteriores conceptos, por tanto, -en sentir del recurrente-, deben ser tenidos en cuenta para efecto de ordenar las condenas respectivas en relaci\u00f3n con las restituciones mutuas previstas en el art. 1746 del C. C. <\/p>\n
Finalmente, se le imputa a la sentencia sometida a cr\u00edtica, el desconocimiento por parte del Tribunal del car\u00e1cter civil de la negociaci\u00f3n anulada \u201cy no obstante haber apreciado bien que en la demanda se reclaman intereses legales\u201d, dej\u00f3 de aplicar el art\u00edculo 1617 del C. C., que fija el inter\u00e9s legal en el 6% anual, para condenar en cambio por concepto de intereses a la tasa del 2% mensual, lo que lleva a solicitar que de no absolverse a la demandada, se case el fallo en lo relacionado con la liquidaci\u00f3n de la condena, para que se tasen los intereses al 6% anual y se ordene al demandante restituir, no s\u00f3lo los derechos recibidos sino tambi\u00e9n los frutos naturales y civiles percibidos \u201co, en subsidio de esta \u00faltima restituci\u00f3n, que se compensan los intereses que debe restituir Mar\u00eda In\u00e9s Coronado Plazas con los frutos civiles y naturales que debe restituirle Luis Antonio Ma\u00f1ozca\u201d. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
1. El estudio de la evidencia documental allegada al expediente permite confirmar lo que en su momento subray\u00f3 el Tribunal y record\u00f3 igualmente el recurrente, en el sentido de que fueron dos derechos de treinta y siete mil quinientos pesos ($37.500.oo) cada uno, sobre un aval\u00fao total de trescientos mil pesos ($300.000.oo) en que fue avaluada la finca \u201cLa Capilla\u201d, conformada por los lotes #10, #13 y C. #13, situada en la vereda San Juan, jurisdicci\u00f3n del municipio de Palermo (Huila), los que finalmente quedaron incluidos como objeto de la venta prometida. Tambi\u00e9n se logra determinar sin dificultad que apenas uno de dichos derechos sobre el mencionado predio fue embargado y secuestrado (fl. 16 C. 2), con antelaci\u00f3n a la celebraci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa, por cuenta del proceso ejecutivo entablado por Pedro Lavao Fierro contra Mar\u00eda In\u00e9s Coronado Plazas, proceso del que consta tambi\u00e9n el pago efectuado por la demandada (fl. 1 C. 3) y la consiguiente cancelaci\u00f3n de las susodichas medidas (fl. 11 C. 4); y seguidamente, en el proceso iniciado por Ra\u00fal Toro Osorio contra MARIA INES CORONADO PLAZAS, se dispuso embargar el \u201c50% de un derecho de $37.500.oo dentro de los $300.000.oo en que fue avaluada la finca \u2018La Capilla\u2019, ubicada en la vereda de San Juan de Palermo, Huila, de extensi\u00f3n aproximada de treinta y siete hect\u00e1reas\u201d como se hizo constar en la diligencia de secuestro (fl. 14 C. 4), debidamente registrado (fls. 34 a 36 C. 1), y que luego se cancel\u00f3 mediante providencia del 28 de abril de l986 (fl. 33 C. 4) por haberse pagado \u00edntegramente la obligaci\u00f3n (fl.87 C. 4). En los mismos t\u00e9rminos pas\u00f3 a ser embargado el aludido derecho en desarrollo del proceso seguido por Mois\u00e9s Casta\u00f1eda contra LUIS ANTONIO MA\u00d1OZCA Y MARIA INES CORONADO PLAZAS y que culmin\u00f3 con la diligencia de remate \u201cdel cincuenta por ciento (50%) del derecho de $37.500 dentro de los $300.000.oo, en que fue avaluada la finca La Capilla\u201d (fl. 77 C. 4), aprobada a su vez mediante prove\u00eddo del 23 de enero de l989 proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva en el que se orden\u00f3 que el remanente pasara a disposici\u00f3n del Juzgado 4\u00b0 Civil del Circuito de esa misma ciudad (fl. 82. C. 4 del expediente). <\/p>\n
Del relato que antecede y cuyo soporte lo suministran los autos, se hace visible entonces la equivocaci\u00f3n en que incurri\u00f3 el Tribunal al pasar por alto que en el proceso ejecutivo seguido por Mois\u00e9s Casta\u00f1eda al que se hizo referencia, objeto de subasta y realizaci\u00f3n forzosa fue \u00fanicamente el 50% de uno de los dos derechos prometidos en venta, quedando por tanto, como lo se\u00f1ala el recurso, un derecho y medio sobre el predio \u201cLa Capilla\u201d libre de gravamen alguno, error de significaci\u00f3n en tanto la premisa decisoria consistente en que no existen bienes para restituir como consecuencia de la invalidaci\u00f3n de la promesa, se fundamenta en una falsa suposici\u00f3n f\u00e1ctica que hace a aquella premisa contraevidente en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n debidamente probada y que conduce, consecuentemente, a que la sentencia acusada deba infirmarse para que la Corte, en sede de instancia, adopte la determinaci\u00f3n restitutoria correspondiente, restaur\u00e1ndose as\u00ed en su plena vigencia la norma sustancial que el cargo se\u00f1ala como infringida por falta de aplicaci\u00f3n, vale decir el Art. 1746 del C\u00f3digo Civil en tanto consagra como efecto legal y natural de la declaraci\u00f3n de nulidad de un contrato dado, la restituci\u00f3n, no fragmentaria sino completa, de las cosas al estado en que se hallar\u00edan si no hubiese existido el negocio invalidado. <\/p>\n
2. El error se\u00f1alado tiene trascendencia, adem\u00e1s, respecto del contenido de las prestaciones restitutorias que deben satisfacerse, aspecto en el que importa insistir en que la declaratoria de nulidad de un contrato retrotrae las cosas al estado en que se hallaban con antelaci\u00f3n a la celebraci\u00f3n del mismo, de manera que emerge para los contratantes la obligaci\u00f3n de restituir lo recibido, inclusive a modo de cumplimiento anticipado de las obligaciones que del contrato prometido emanan, en la hip\u00f3tesis, claro est\u00e1, de que tales obligaciones as\u00ed contraidas se hubiesen empezado a ejecutar, y siempre al amparo de las reglas previstas en el art. 1746 del C. Civil y las que conforman el Cap\u00edtulo IV del T\u00edtulo XII del Libro 2\u00b0 de la misma codificaci\u00f3n, bloque normativo este de conformidad con el cual, considerando como premisa previa la buena o la mala fe que diere lugar a la tenencia (arts. 963 y 1746 del C.C.), se debe restituir la cosa o derecho objeto del acto o contrato (arts. 961, 962 y 1746 del C. C.) con los frutos percibidos, reconociendo los gastos ordinarios invertidos en la producci\u00f3n (art. 964 inc. final y 1746 del C.C.), indemnizando de paso los deterioros sufridos, y las mejoras invertidas en la cosa teniendo en cuenta tambi\u00e9n la buena o mala fe del vencido en la litis y la especie de la mejora ( art. 965, 966, 967, 968, 969 y 1746 del C.C.). <\/p>\n
Siguiendo, pues, estas pautas legales y verificando las pruebas que obran en el plenario, cabe se\u00f1alar que los derechos inmobiliarios prometidos en venta radican en cosa singular constituida por un predio conocido como \u201cLa Capilla\u201d, conformado por tres lotes denominados n\u00famero 10, n\u00famero 13 y lote C. n\u00famero 13, de los cuales, seg\u00fan lo dicho por el propio demandante, arrend\u00f3 una porci\u00f3n denominada \u201cEl Espinal\u201d a JOSE YESID GARZON mediante contrato celebrado a partir del 1 de febrero de 1985, contrato cuya copia obra a folio 15 del cuaderno n\u00famero 3 del expediente y en el que se estipul\u00f3 un precio anual de $30.000.oo, especific\u00e1ndose all\u00ed mismo que el arrendador ten\u00eda la calidad de poseedor derivada de la promesa de compraventa acordada con MARIA INES CORONADO PLAZAS. <\/p>\n
Se sabe igualmente, mediante el informe suministrado por el secuestre de los bienes embargados y secuestrados en el proceso ejecutivo seguido por Mois\u00e9s Casta\u00f1eda, que la entrega al rematante de los bienes finalmente enajenados en p\u00fablica subasta, se dificult\u00f3 por la ocupaci\u00f3n ejercida por Yesid Garz\u00f3n en virtud del aludido contrato de arrendamiento, obst\u00e1culo que para el proceso respectivo el Juzgado se encarg\u00f3 de remediar cuando orden\u00f3 la entrega simb\u00f3lica de la porci\u00f3n de los derechos rematados, pero que guarda espacial significaci\u00f3n para la especie litigiosa en estudio por cuanto indica que, para el 6 de marzo de 1989, a\u00fan continuaba vigente la susodicha relaci\u00f3n contractual arrendaticia entre el prometiente comprador y Jos\u00e9 Yesid Garz\u00f3n, lo que hace que dentro de las prestaciones mutuas deba incluirse como obligaci\u00f3n a cargo del demandante, la de restituir el dinero recibido por concepto de frutos civiles, punto sobre el cual, entonces, tendr\u00e1 que ocuparse la sentencia sustitutiva que en su momento habr\u00e1 de proferirse. <\/p>\n
La referida restituci\u00f3n opera, como acaba de se\u00f1alarse, en concepto de reembolso de frutos civiles percibidos, los cuales, -por haberse acreditado suficientemente el montante de los mismos-, equivalen a la suma anual convenida como precio del arrendamiento, entendi\u00e9ndose que con ello se acredita no s\u00f3lo lo realmente percibido por el demandante como ocupante del bien recibido de la prometiente vendedora y por \u00e9l explotado econ\u00f3micamente, sino lo que habr\u00eda podido percibirse \u201ccon mediana inteligencia y actividad\u201d. Y asimismo debe tenerse en cuenta que en el pago de los frutos en cuesti\u00f3n, no hay lugar a incrementos adicionales por la llamada \u201ccorrecci\u00f3n monetaria\u201d o por intereses, toda vez que su tratamiento legal no puede ser otro que el de una obligaci\u00f3n pecuniaria de suma pues como invariablemente lo ha entendido la jurisprudencia, en casos similares, \u201c… respecto, pues, de frutos, es ciertamente extravagante la condena a pagar la correcci\u00f3n monetaria que en relaci\u00f3n con \u00e9stos se impuso a los demandantes, pues la restituci\u00f3n debe limitarse a su valor, conforme al art\u00edculo 964 del C\u00f3digo Civil, es decir, a lo que val\u00edan o debieron valer al tiempo de la percepci\u00f3n, debi\u00e9ndose deducir al obligado lo que gast\u00f3 en producirlos, y ese valor, y no otro adicional, es el que debe satisfacer el poseedor…\u201d (G. J. CLXXXVIII, t. 2, p\u00e1g. 150). <\/p>\n
Ahora, en relaci\u00f3n con el predio \u201cLa Vega\u201d, incluido en un principio como parte de los bienes y derechos prometidos en venta y finalmente excluido, respecto del cual el recurrente sostiene que se causaron frutos civiles originados en el arrendamiento que de dicho inmueble hizo el demandante, es del caso registrar que de conformidad con el material demostrativo obrante en el proceso, desde que se practic\u00f3 la primera diligencia de secuestro con fecha 18 de mayo de 1982 (fl. 16 C. # 2) en el proceso ejecutivo entablado por Pedro Lavao Fierro contra la aqu\u00ed demandada, se dej\u00f3 expresa constancia en el sentido de que para ese entonces, Mois\u00e9s Casta\u00f1eda detentaba dicho inmueble en virtud del contrato de arrendamiento que celebr\u00f3 con Mar\u00eda In\u00e9s Coronado desde el a\u00f1o de 1978, lo que se repiti\u00f3 en el nuevo secuestro llevado a cabo el 26 de enero de 1984 (fl. 14 C. # 4), practicado dentro del ejecutivo seguido por Ra\u00fal Toro Osorio, diligencia dentro de la cual tambi\u00e9n se dej\u00f3 id\u00e9ntica constancia hasta cuando finalmente el 2 de agosto de 1984, el citado arrendatario compr\u00f3 dicho predio a la hasta entonces arrendadora. <\/p>\n
La secuencia precedente permite inferir que en lo atinente a los frutos que se reclaman en relaci\u00f3n con dicho inmueble no es dable afirmar que el demandante los haya recibido en virtud de la promesa que queda sin efecto, toda vez que, como se dej\u00f3 visto, no obra prueba que demuestre la aseveraci\u00f3n hecha por la demandada en el sentido de que tambi\u00e9n el prometiente comprador se benefici\u00f3 de la gesti\u00f3n econ\u00f3mica de ese predio y por ende sea de su cargo el abono de frutos en referencia, lo que de suyo limita el alcance de la casaci\u00f3n de la sentencia frente a las pretensiones del recurrente, toda vez que a aqu\u00e9l se le condenar\u00e1 a restituir \u00fanicamente las partes ciertas y determinadas del predio \u201cLa Capilla\u201d en que se materializaron los derechos prometidos en venta, junto con los frutos percibidos de acuerdo con las reglas que sobre el particular consagra el Art. 964 del C. Civil. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En fin, en cuanto ata\u00f1e al aparte del cargo destinado a controvertir la legalidad de la condena al pago de intereses sobre la suma que la prometiente vendedora debe restituirle al actor, censura que tiene como punto de apoyo el hecho de que trat\u00e1ndose de una negociaci\u00f3n de car\u00e1cter civil ha debido tomarse en cuenta la tasa legal establecida en la codificaci\u00f3n del ramo, es preciso anotar que el inter\u00e9s aplicado por los jueces de instancia corresponde al que las partes pactaron en el documento de promesa de compraventa suscrito inicialmente, pues en efecto, en la cl\u00e1usula segunda del citado documento suscrito el 29 de octubre de 1982 se lee que sobre el precio pactado, \u201cel PROMETIENTE COMPRADOR reconoce intereses corrientes a la tasa del DOS POR CIENTO (2%) MENSUAL, a partir del d\u00eda cuatro (4) de febrero de 1983\u201d, estipulaci\u00f3n que naturalmente perdi\u00f3 vigencia al declararse la nulidad absoluta del contrato, y nada se dijo en cambio respecto de los intereses que pudiera tener derecho a exigir el prometiente comprador, respecto del precio pagado por anticipado en todo o en parte a la prometiente vendedora, en el caso de producirse la extinci\u00f3n de dicho negocio sin haber recibido su debido cumplimiento mediante el otorgamiento de la compraventa prometida. <\/p>\n
Luego en estas condiciones, aun cuando la naturaleza civil o comercial de la obligaci\u00f3n restitutoria en cuesti\u00f3n no desempe\u00f1\u00f3, en lo atinente a la fijaci\u00f3n de la tasa de inter\u00e9s controvertida, el papel decisivo que al parecer pretende atribuirle el recurrente, lo cierto es que siendo de \u00edndole puramente civil la prestaci\u00f3n dineraria objeto de la susodicha obligaci\u00f3n, y sobrevenida la ineficacia de la tasa convencional cuyo \u00e1mbito posible de aplicaci\u00f3n qued\u00f3 circunscrito en la cl\u00e1usula reci\u00e9n transcrita, se torna evidente la infracci\u00f3n de los Arts. 1746 y 1617 del C. Civil, norma esta \u00faltima que establece que a falta de intereses convencionales, se deber\u00e1n los intereses legales a la tasa que la misma ley fija en el 6% anual, m\u00f3dulo o coeficiente que en el presente caso, adem\u00e1s, encuentra una plena justificaci\u00f3n de equidad si se repara en que al demandante, prometiente comprador, se le reconoce el derecho a exigir actualizada, vale decir con reajuste por depreciaci\u00f3n monetaria producida desde la fecha en que la entreg\u00f3 hasta cuando le sea devuelta, la suma percibida por la prometiente vendedora a cuenta del precio convenido. <\/p>\n
El cargo, por lo tanto, prospera con los alcances se\u00f1alados en las consideraciones que anteceden. <\/p>\n
IV. SENTENCIA DE REEMPLAZO: <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de fecha 22 de febrero de l994 proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pamplona para poner fin, en segunda instancia, al proceso ordinario referido; y en sede de instancia, por estimarlo necesario de conformidad con los Art\u00edculos 307 y 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, de oficio dispone oficiar al Banco de la Rep\u00fablica, con sede en esta capital, para que con destino a este expediente y de conformidad con el Art. 243 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, rinda informe indicando en cantidad num\u00e9rica cierta, el valor de la depreciaci\u00f3n por p\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda, experimentada por la suma de $2\u2019500.000 desde el mes de septiembre de 1991 hasta la fecha, tomando para el efecto como base de c\u00e1lculo el Indice Nacional de Precios al Consumidor. <\/p>\n
Por Secretar\u00eda l\u00edbrese la comunicaci\u00f3n del caso con destino al Gerente de la entidad destinataria, haci\u00e9ndole saber que debe designar el funcionario que rendir\u00e1 el informe requerido, cometido este \u00faltimo para el cual se dispondr\u00e1 del t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas. <\/p>\n
No hay lugar a imponer condena en costas originadas en casaci\u00f3n ante la prosperidad del recurso, y acerca de las causadas en instancia la Corte resolver\u00e1 en su oportunidad de conformidad con las reglas que sobre el particular consagra el Art. 392 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
<\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
<\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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