S-010-99<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999).- <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 5134 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 17 de noviembre de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn en el proceso ordinario de Jaime Alberto Posada Salazar y Guillermina Salazar (\u00e9sta en nombre propio y en el del menor Nicol\u00e1s Andr\u00e9s Salazar) contra Alfonso de Jes\u00fas Ceballos Montoya y Compa\u00f1\u00eda Metropolitana de Buses S. C. A. \u00abCombuses\u00bb. <\/p>\n
I. Antecedentes <\/p>\n
1. En la demanda se pidi\u00f3 que a los dos demandados, Alfonso Ceballos Montoya y la Compa\u00f1\u00eda Metropolitana de Buses S. C. A. Combuses, se los declarara solidariamente responsables de los da\u00f1os recibidos por los actores a consecuencia del accidente all\u00ed narrado, y, por consiguiente, se los condenara a resarcirlos. Especific\u00f3se al respecto que los da\u00f1os morales reclamados por Guillermina Salazar y el menor Nicol\u00e1s Andr\u00e9s equivalen a mil gramos oro para cada uno; y que a Jaime Alberto Posada deb\u00eda indemnizarse \u00ablos perjuicios materiales y morales que se llegaren a estimar en el Juzgado 15 Penal Municipal de esta ciudad, en el proceso de lesiones personales (…) donde se sindica al conductor Carlos E. Meza Z. de las lesiones causadas a mi mandante, en virtud de la Constituci\u00f3n de la Parte Civil\u00bb. <\/p>\n
2. La causa petendi, resumida, es como sigue: <\/p>\n
a) Jaime Posada fue atropellado el 31 de mayo de 1988 por el bus de servicio p\u00fablico de placas TI 45-05, en el momento en que en la intersecci\u00f3n de la carrera 50D con calle 62 de Medell\u00edn se movilizaba en la moto de placas DFN 70, caus\u00e1ndole lesiones, incluso en el cr\u00e1neo, que le hicieron perder su capacidad intelectual y visual, y perjudicando de contera a su progenitora Guillermina y a su hermano Nicol\u00e1s Andr\u00e9s, quienes depend\u00edan econ\u00f3mica y moralmente de aqu\u00e9l. <\/p>\n
b) Tras indicarse que los demandantes recibieron graves perjuicios materiales y morales, se puntualiz\u00f3: \u00abEn cuanto a los perjuicios materiales en sus dos conceptos de LUCRO CESANTE Y DA\u00d1O EMERGENTE, nos atenemos a los que se lleguen a se\u00f1alar en el proceso de lesiones personales, que cursa en el Juzgado Quince Penal Municipal de Medell\u00edn\u00bb, en donde figura como sindicado de las lesiones el conductor del referido bus, se\u00f1or Carlos Enrique Meza. <\/p>\n
Relativamente a los de car\u00e1cter moral indica la demanda que Jaime Posada se atiene, asimismo, a los que fije tal investigaci\u00f3n penal. Los otros actores, por su parte, aducen el dolor que les causa ver a su pariente en el estado a que fue reducido, convertido \u00aben un ente y una carga para su familia, quienes a su vez pasan de su pobreza a un estado paup\u00e9rrimo, quedando bajo el amparo de las limosnas que las personas bondadosas les pueden brindar\u00bb. <\/p>\n
3. Ceballos se opuso a las pretensiones; en lo que toca con la gran mayor\u00eda de los hechos manifest\u00f3 no constarle. Excepcion\u00f3 alegando falta de causa para imputarle los hechos de la demanda y culpa exclusiva de la v\u00edctima. <\/p>\n
4. El 5 de agosto de 1993 culmin\u00f3 la primera instancia con sentencia que profiriera el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medell\u00edn, en la que acogi\u00f3 la excepci\u00f3n de \u00abausencia de causa para alegar en relaci\u00f3n con el se\u00f1or Jaime Posada Salazar\u00bb; declar\u00f3 civilmente responsables, y de manera solidaria, a los demandados, \u00abpor los perjuicios morales\u00bb ocasionados a los demandantes Guillermina y Nicol\u00e1s Andr\u00e9s, conden\u00e1ndolos a que abonaran en favor de \u00e9stos la suma de $300.000.oo para cada uno. <\/p>\n
5. Dicho fallo lo confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Medell\u00edn al conocer de la apelaci\u00f3n interpuesta por la parte demandante, quien tambi\u00e9n recurri\u00f3 el del tribunal mediante casaci\u00f3n. <\/p>\n
II. La sentencia del tribunal <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 de entrada que la sentencia penal que hall\u00f3 responsable al conductor del bus, y que lo conden\u00f3 a pagar perjuicios al lesionado Jaime Posada, no puede cobijar a los demandados en este proceso, sencillamente porque no intervinieron all\u00ed; ni es posible, por impedirlo la cosa juzgada, investigar aqu\u00ed nuevamente la responsabilidad civil del citado conductor, no bastando al efecto alegar que la responsabilidad es solidaria, \u00absimplemente porque en el proceso penal por obvias razones no operaron los requisitos de contradicci\u00f3n y de publicidad\u00bb, circunstancia que adem\u00e1s empece la idoneidad de la prueba trasladada. <\/p>\n
Si Jaime Posada se constituy\u00f3 en parte civil dentro del proceso penal y obtuvo reconocimiento al abono de perjuicios, \u00abagot\u00f3 la posibilidad de instaurar nuevamente la pretensi\u00f3n indemnizatoria ante el juez civil, toda vez que el juez penal al ordenar la indemnizaci\u00f3n est\u00e1 revestido de jurisdicci\u00f3n civil\u00bb, de manera que \u00abbuscar una segunda u otras indemnizaciones, mediante sendos procesos civiles, equivale a incurrir en la violaci\u00f3n del principio universal de derecho procesal ‘non bis in idem’, adem\u00e1s de que esa m\u00faltiple opci\u00f3n de demandas es susceptible de varias sentencias, iguales, diferentes, opuestas o contradictorias\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante volvi\u00f3 a decir que la solidaridad se descartaba por cuanto s\u00f3lo hubo un sujeto singular del il\u00edcito penal, y que \u00abes l\u00f3gico concluir, acorde con la regimentaci\u00f3n (sic) de la solidaridad (T\u00edtulo IX, Libro 4o. del C. C.) que obtener condenas plurales producto de sendas demandas contra varios responsables indirectos, previa una indemnizaci\u00f3n civil resultado (sic) de una investigaci\u00f3n penal, es incompatible y contrario a la ley no s\u00f3lo por haber agotado la facultad de exigir de la jurisdicci\u00f3n la tutela jur\u00eddica; sino porque y muy especialmente, la solidaridad no implica demandas m\u00faltiples, sino la que busca (sic) el pago total de la obligaci\u00f3n exigible respaldada por varios deudores\u00bb. <\/p>\n
Relativamente a la excepci\u00f3n que con el nombre de \u201cfalta de causa para alegar\u201d acogi\u00f3 el juzgador de primera instancia, asegur\u00f3 el Tribunal, en \u00edntima conexi\u00f3n con lo que de entrada ya hab\u00eda dejado dicho en el sentido de que \u201csi el conductor Mesa Zabala, se le juzg\u00f3 y conden\u00f3 en el proceso penal, no es procedente ni legal ni constitucionalmente juzgarlo nuevamente en el proceso civil\u201d, lo siguiente: <\/p>\n
\u201cFinalmente, respecto de la cosa juzgada que tambi\u00e9n es motivo de inconformidad por el recurrente, baste decir seg\u00fan lo expresado que bajo el efecto de la autoridad de cosa juzgada es que tiene trascendencia el fallo citado, y bajo ese criterio se considera en la presente decisi\u00f3n. (sic) en cuanto a las denominadas identidades procesales de causa, objeto y sujetos. Tomando como pauta la precisi\u00f3n del Art. 332 del C. de P. C., los dos primeros elementos, tanto en la investigaci\u00f3n como en el presente proceso guardan estrecha relaci\u00f3n, y en lo que a las partes se refiere bajo el concepto de identidad jur\u00eddica, desde el punto de vista penal es obvio que el sindicado en la investigaci\u00f3n penal es exclusivo de ese proceso, pero en el caso del ofendido advi\u00e9rtase que all\u00e1 se constituye parte civil y al presente proceso concurre buscando indemnizaci\u00f3n en los codemandados. Por donde bajo este punto espec\u00edfico, es por lo que se entiende y acepta, por lo menos para el Ponente la declaratoria de la excepci\u00f3n de \u201cfalta de causa para alegar\u201d; por lo que mantiene la providencia recurrida\u201d. <\/p>\n
En cambio -sigui\u00f3 diciendo-, los otros codemandantes, Guillermina y Nicol\u00e1s, est\u00e1n habilitados para reclamar indemnizaci\u00f3n dentro de este proceso civil; respecto de quienes agreg\u00f3 que como en la primera instancia obtuvieron reconocimiento al pago de perjuicios morales, \u00abcon cuyo valor se conformaron y tampoco fue objeto de impugnaci\u00f3n por la parte contra quien se adujo la condena\u00bb, es de mantenerse tal decisi\u00f3n. <\/p>\n
III. La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
Como se recordar\u00e1, de los tres cargos formulados solamente se admiti\u00f3 el tercero, que viene amparado en la segunda causal prevista en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Tercer cargo <\/p>\n
Al enunciado de que hay discrepancia entre la pretensi\u00f3n de la demanda y la sentencia impugnada, el censor no explic\u00f3 m\u00e1s que \u00e9sto: \u00abEn la demanda se pide que se declare ‘civil y solidariamente responsables al propietario del veh\u00edculo, Alfonso Ceballos y a la empresa afiliadora combuses S. C. A.’ en ning\u00fan momento se solicit\u00f3 nueva condena contra el conductor como equivocadamente lo interpret\u00f3 el A-Quen, a folio 3 vuelto de su providencia\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n denuncia inconsonancia entre lo decidido y la excepci\u00f3n reconocida, lo cual refiri\u00f3 con igual laconismo as\u00ed: \u00abLa causa para impetrar la acci\u00f3n civil, es el da\u00f1o causado a los demandantes con el citado accidente de tr\u00e1nsito, excepci\u00f3n no probada en el proceso. Se declar\u00f3 probada esta excepci\u00f3n con fundamento en la ‘cosa juzgada’, en mi sentir dos instituciones diferentes\u00bb. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
1. Con\u00f3cese suficientemente que cuando el juzgador desatiende el principio de la congruencia de los fallos, comete un t\u00edpico error in procedendo. Car\u00e1cter del que, como es obvio, participa la causal que en casaci\u00f3n se ha establecido para enmendar semejante desacato. <\/p>\n
Evidentemente, se trata de un vicio en la construcci\u00f3n de la sentencia, pues tal irregularidad \u00abse traduce en la inobservancia de un precepto que le impone determinado comportamiento en el proceso\u00bb (CXLII, p. 196), cual es, para el caso, el consagrado en el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que le ordena, como directriz general, que \u00abLa sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que en este C\u00f3digo contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley\u00bb. <\/p>\n
Naturalmente que la revelaci\u00f3n de defecto tal impone como necesidad absoluta una labor de cotejaci\u00f3n; en general, hay que comparar lo decidido con lo litigado. Y cuando se habla de lo decidido, qui\u00e9rese aludir, muy a prop\u00f3sito, a la parte de la sentencia que es la verdaderamente vinculante, o sea la resolutiva, pues que, insistente ha sido la Corte, en que la segunda causal de casaci\u00f3n \u00abno autoriza ni puede autorizar a entrar en el examen de las consideraciones que han servido al juzgador como motivos determinantes de su fallo\u00bb (LXXV, p. 623). <\/p>\n
2. Tales remembranzas han sido forzadas por el cargo que ahora se despacha. Porque si en la demanda que dio paso a este proceso se pidi\u00f3, como as\u00ed fue, que se declarara la responsabilidad civil, y, por consiguiente, que Alfonso de Jes\u00fas Ceballos Montoya y la Compa\u00f1\u00eda Metropolitana de Buses S. C. A. Combuses, fuesen condenados a resarcir los perjuicios, y justamente sobre \u00e9stos recayeron las declaraciones y condenas consignadas en la parte resolutiva de su fallo, salta injusto todo reproche que se finque en la violaci\u00f3n del principio que habla de la asonancia de los fallos. <\/p>\n
Ha de tenerse presente que cuando el censor alude a que \u00aben ning\u00fan momento se solicit\u00f3 nueva condena contra el conductor\u00bb, parecer\u00eda entenderse, dada la causal invocada, que el conductor fue condenado en este proceso ordinario. Pero lejos de haber sido as\u00ed; ni siquiera fue \u00e9l demandado. Ya se sabe que los \u00fanicos convocados a juicio fueron aqu\u00e9llos. <\/p>\n
3. No se desconoce que el tribunal s\u00ed toc\u00f3 el asunto de la responsabilidad que del conductor se dedujo en el proceso penal, y con base en ello hizo una serie de consideraciones que lo encadenaron a resolver la litis; pero no fueron m\u00e1s que eso: motivaciones y reflexiones de tipo jur\u00eddico. Por modo que si el recurrente no comparte tal pensar, lo que ha debido achacarle al tribunal es un vicio in judicando, no denunciable, como es cosa fuera de duda, por la causal segunda de casaci\u00f3n. Pertinaz ha sido la oposici\u00f3n de la Corte a que se ensaye dicha causal no m\u00e1s que con \u00abacusaciones que conduzcan a calificar legalmente los fundamentos o motivaci\u00f3n jur\u00eddica del fallo\u00bb (LII, p. 21). <\/p>\n
Y si el pensamiento cuestionado aparece en la parte motiva, ha de reiterarse, como arriba se not\u00f3, que \u00abla incongruencia como causal de casaci\u00f3n ha de buscarse necesariamente confrontando la parte resolutiva de la sentencia con las excepciones propuestas por el demandado, y con las pretensiones del demandante\u00bb (Sentencia de 20 de octubre de 1973, no publicada en la Gaceta Judicial). <\/p>\n
Lo propio ha de decirse respecto de la segunda parte del cargo, si es que, en realidad, el recurrente se duele de que haya prosperado la excepci\u00f3n de \u00abausencia de causa para alegar\u00bb, como que recalca que la causa que llev\u00f3 a impetrar las s\u00faplicas de la demanda la constituye el da\u00f1o inferido a los actores, \u00abexcepci\u00f3n\u00bb -dice- \u00abno probada en el proceso\u00bb. Son asertos que sin duda alguna implican una cr\u00edtica al discurrir jur\u00eddico y probatorio del sentenciador. <\/p>\n
Adviene, pues, frustr\u00e1neo el cargo. <\/p>\n
Pero la incorrecta formulaci\u00f3n del cargo no lleva hasta pasar por alto el desacierto del Tribunal en tal modo de pensar. No es acertado, en verdad, sostener que la v\u00edctima que reclama el resarcimiento de perjuicios dentro del juicio penal que se siga contra el autor del hecho da\u00f1oso, ya no pueda perseguir civilmente la indemnizaci\u00f3n frente a otras personas distintas al sindicado, aduci\u00e9ndose entonces el valladar que representa el fen\u00f3meno de la cosa juzgada. C\u00f3mo pudo el tribunal pasar de largo ante la consideraci\u00f3n de que en este proceso ordinario el lesionado no estaba demandando al conductor del veh\u00edculo, sino precisamente a otras personas que a juicio del actor tambi\u00e9n son responsables civilmente. Se peca cuando as\u00ed se piensa, pues implica que por decisi\u00f3n jurisdiccional se eche a perder las claras disposiciones sustanciales que consagran, en una evidente protecci\u00f3n de la v\u00edctima, la posibilidad de que esta pueda reclamar, ante la concurrencia de culpas, a personas diferentes del propio agente del da\u00f1o. <\/p>\n
As\u00ed que adviene frustr\u00e1neo el cargo. <\/p>\n
IV. Decisi\u00f3n <\/p>\n
Como colof\u00f3n de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia que en este asunto profiri\u00f3 el Tribunal Superior de Medell\u00edn, calendada el 17 de noviembre de 1993, materia del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Costas del recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase tempestivamente al tribunal de procedencia. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
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