S-015-99<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: DR. PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999) <\/p>\n
Referencia: Expediente No.5244 <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante contra la sentencia del 16 de Diciembre de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por FRANCISCO PENAGOS SANCHEZ frente a la sociedad \u00abCANO ISAZA & CIA.\u00bb. <\/p>\n
I – ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Mediante apoderado, el referido Francisco Penagos S\u00e1nchez con escrito presentado el 26 de Octubre de 1988 ante el Juez Civil del Circuito de Bogot\u00e1, demand\u00f3 por la v\u00eda ordinaria a la sociedad \u00abCano Isaza & Cia\u00bb con s\u00faplicas orientadas a obtener las siguientes declaraciones y condenas: <\/p>\n
1.1.- Que la entidad demandada \u00abCano Isaza & Cia.\u00bb como impresora y comercializadora del diario \u00abEl Espectador\u00bb, es civilmente responsable de los perjuicios causados al demandante como producto de las imputaciones que a \u00e9ste hizo en la publicaci\u00f3n del 30 de Julio de 1988. <\/p>\n
1.2.- Que como consecuencia de la anterior declaraci\u00f3n se condene a la demandada a pagar al actor por los perjuicios causados suma superior a los cien millones de pesos ($100.000.000,oo) o la cifra que determinen los peritos, que deber\u00e1n ser cancelados dentro de los 10 d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia y, <\/p>\n
1.3.- Que se le condene igualmente al pago de las costas del proceso. <\/p>\n
2.1.- El d\u00eda 2 de Junio de 1988 en jurisdicci\u00f3n del municipio de Granada (Meta) en la carretera que del municipio de \u00abEl Castillo\u00bb conduce a dicha poblaci\u00f3n ocurrieron varias muertes de campesinos de la regi\u00f3n. <\/p>\n
2.2.- En la edici\u00f3n No.28.830 del diario \u00abEl Espectador\u00bb correspondiente al d\u00eda 30 de Julio de 1988, en la primera p\u00e1gina public\u00f3 una noticia bajo el t\u00edtulo \u00abIdentificados autores de la matanza de Granada\u00bb, en cuyo texto destaca el actor la siguiente afirmaci\u00f3n: \u00abPese a la reserva que se viene observando en torno a la investigaci\u00f3n se logr\u00f3 conocer como autor intelectual del m\u00faltiple asesinato (sic) se se\u00f1ala a Francisco Penagos quien figura como propietario de varias fincas ganaderas que abarcan una amplia zona del municipio de \u00abEl Castillo\u00bb, en cuya jurisdicci\u00f3n precisamente en el sitio Ca\u00f1o-Siba (Sic) fue atacado a balazos el campero en que viajaban las v\u00edctimas\u00bb, noticia \u00e9sta que dicho diario ampli\u00f3 en la p\u00e1gina 13-A. <\/p>\n
2.3.- El demandante Francisco Penagos S\u00e1nchez a quien el citado diario imput\u00f3 la autor\u00eda de la masacre, es un ciudadano oriundo del Departamento del Valle que dej\u00f3 sus seres queridos para vincularse a los Llanos Orientales y concretamente al hoy municipio de \u00abEl Castillo\u00bb, dedic\u00e1ndose a la agricultura y a la ganader\u00eda, destac\u00e1ndose en la regi\u00f3n por sus servicios a la comunidad desarrollando obras tales como fundar en el municipio el \u00abInstituto Cooperativo Francisco Penagos\u00bb; fund\u00f3 (Sic) la Caja Agraria\u00bb; fund\u00f3 (sic) la sede de Telecom, el hospital, etc. As\u00ed mismo fue concejal de los municipios de \u00abEl Castillo\u00bb y \u00abGranada\u00bb, lugares donde lo reconocen como persona honorable, de intachable conducta y dedicada al servicio de la comunidad. <\/p>\n
2.4.- La falsa noticia difundida por el diario \u00abEl Espectador\u00bb no tiene fuente cierta como lo hace aparecer y, en la investigaci\u00f3n pertinente el demandante no estuvo ni est\u00e1 vinculado tal y como los jueces lo certifican. <\/p>\n
2.5.- Como consecuencia de la publicaci\u00f3n descrita el actor experiment\u00f3 y experimenta los siguientes perjuicios: <\/p>\n
2.5.1.- Peligro de su vida dado que los deudos de las v\u00edctimas lo han amenazado, raz\u00f3n por la que tuvo que abandonar sus predios. <\/p>\n
2.5.2.- Por lo anterior, los cultivos y ganado que directamente manejaba en su finca \u00abLa Primavera\u00bb quedaron sin la atenci\u00f3n adecuada disminuy\u00e9ndose la cosecha de arroz a menos de la mitad, experimentando por este concepto una p\u00e9rdida que asciende a la suma de $16’560.000,oo, situaci\u00f3n que a\u00fan persiste, pues como el diario \u00abEl Espectador\u00bb no rectific\u00f3 la noticia, no ha podido volver a atender directamente sus cultivos y ganado. <\/p>\n
2.5.3.- Con el fin de aclarar su situaci\u00f3n ante la opini\u00f3n p\u00fablica, el demandante se vio obligado a realizar por su cuenta una publicaci\u00f3n en el diario \u00abEl Tiempo\u00bb, cuyo costo fue de $377.300,oo. <\/p>\n
2.5.4.- Los perjuicios morales son mayores ya que Francisco Penagos S\u00e1nchez era una persona muy estimada en la regi\u00f3n por sus merecimientos y obras realizadas durante los 30 a\u00f1os que lleva vinculado a la misma, fama que se vino a menos con ocasi\u00f3n de la publicaci\u00f3n, lo que le ha causado perjuicios morales subjetivos representados en el dolor que experimenta por tener en peligro su vida y por haber perdido su magn\u00edfica reputaci\u00f3n. Los perjuicios morales objetivizados son tambi\u00e9n muy grandes, porque despu\u00e9s de la publicaci\u00f3n los comerciantes en ganado, agricultores y personas de bien, no desean tratar con el demandante, limit\u00e1ndose a los negocios propios de la actividad agropecuaria. <\/p>\n
3.- En su oportuna contestaci\u00f3n al libelo, la sociedad demandada a trav\u00e9s de apoderado se opuso a las pretensiones del actor, invocando como excepci\u00f3n previa la de inepta demanda y como de m\u00e9rito o de fondo la de ilegitimidad en la causa por el extremo pasivo. <\/p>\n
Replicada as\u00ed la demanda, se surti\u00f3 la primera instancia que incluy\u00f3 la decisi\u00f3n adversa a la demandada de la excepci\u00f3n previa propuesta, el juzgado del conocimiento le puso fin con sentencia del 15 de Abril de 1993, mediante la cual declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de ilegitimidad en la causa por la parte demandada, neg\u00f3 consecuencialmente las s\u00faplicas del actor y conden\u00f3 a \u00e9ste al pago de las costas procesales. <\/p>\n
4.- Apelada la anterior decisi\u00f3n por la parte vencida, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 culmin\u00f3 la segunda instancia con sentencia del 16 de Diciembre de 1993 que confirm\u00f3 la del a-quo, pero por razones diferentes a las que fueron sustento del fallo recurrido. <\/p>\n
5.- Contra la sentencia anteriormente mencionada la parte actora interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, del que conoce ahora la Corte. <\/p>\n
II – LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Luego de historiar detenidamente el proceso y de advertir que en este caso se hallan presentes los presupuestos procesales necesarios para pronunciar sentencia de m\u00e9rito, el Tribunal acomete el estudio del asunto refiri\u00e9ndose a la excepci\u00f3n de ilegitimidad en la causa por el extremo pasivo que el a-quo di\u00f3 por probada, para decir que este medio defensivo tuvo prosperidad porque en el petitum de la demanda y en el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3 el representante legal de la entidad demandada, se manifest\u00f3 que la sociedad \u00abCano Isaza & Cia.\u00bb limita su actividad a la impresi\u00f3n y comercializaci\u00f3n de \u00abEl Espectador\u00bb, pero pas\u00f3 por alto el fallador que de acuerdo con el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la citada entidad, \u00e9sta tiene como objeto social el de \u00abla explotaci\u00f3n industrial y comercial en todas sus formas del negocio de artes gr\u00e1ficas, la redacci\u00f3n, edici\u00f3n, publicaci\u00f3n, administraci\u00f3n, distribuci\u00f3n…\u00bb. Luego se equivoc\u00f3 el a-quo en su apreciaci\u00f3n, toda vez que la sociedad demandada tiene otras facultades sobre las que debe recaer la responsabilidad en la publicaci\u00f3n de ciertos informes, la que no puede eludir con la manifestaci\u00f3n de que se dedica \u00fanicamente a la impresi\u00f3n y comercializaci\u00f3n, por tanto, dice el Tribunal, queda sin fundamento jur\u00eddico la excepci\u00f3n de m\u00e9rito propuesta. <\/p>\n
Pasando a continuaci\u00f3n el Tribunal al estudio de las pretensiones del actor, precisa que el art\u00edculo 2341 consagra la responsabilidad civil por los delitos y las culpas, surgiendo de all\u00ed la obligaci\u00f3n de indemnizar el da\u00f1o o perjuicio causado a la v\u00edctima. Afirma que en el sub-lite se est\u00e1 ante una responsabilidad extracontractual (culpa aquiliana) que conlleva la indemnizaci\u00f3n de perjuicios (Art. 1613). <\/p>\n
Seg\u00fan la Corte, dice el Tribunal, para la prosperidad de dicha acci\u00f3n se requiere el lleno de los siguientes requisitos. a) Un autor o sujeto activo que cause el da\u00f1o; b) La culpa o dolo del mismo; c) El da\u00f1o o perjuicio ocasionado al sujeto pasivo y d) la relaci\u00f3n de causalidad entre el da\u00f1o y la culpa del sujeto. <\/p>\n
En el asunto en estudio, anota que el acto generador de la responsabilidad civil extracontractual, es la noticia publicada por el diario \u00abEl Espectador\u00bb que se encuentra acreditada en autos, basada en la informaci\u00f3n de la demandada que le hab\u00eda suministrado el D.A.S. a la que ning\u00fan reparo se le hizo por parte del actor. <\/p>\n
Si bien, precisa el Tribunal la libertad de expresi\u00f3n se encuentra amparada por la Constituci\u00f3n Nacional, tambi\u00e9n es cierto que se encuentra sujeta a ciertas restricciones, tales como el respeto a los derechos y a la reputaci\u00f3n de las personas; y que \u201cel hecho humano\u201d de la publicaci\u00f3n se encuentra demostrado. <\/p>\n
Refiri\u00e9ndose luego el ad-quem a la prueba del elemento relacionado con el da\u00f1o o perjuicio, afirma que no puede predicarse lo mismo que la anterior, toda vez que \u00e9stos no fueron demostrados por el demandante, aseveraci\u00f3n que hace con apoyo en los siguientes razonamientos: Anota previamente que la doctrina y la jurisprudencia por sentado tienen que no puede haber responsabilidad sin da\u00f1o, y \u00e9ste para que sea sujeto de reparaci\u00f3n debe ser cierto y directo, en virtud de que ha de repararse el perjuicio real y efectivamente causado. Corresponde entonces a quien pretende reclamar el pago de los perjuicios sufridos como consecuencia de la responsabilidad civil extracontractual, probar los hechos constitutivos de ella. <\/p>\n
En este asunto los perjuicios descritos en la demanda que reclama el actor del orden material y moral, los estima en cien millones de pesos ($100.000.000,oo) para cuya demostraci\u00f3n se recepcionaron los testimonios de Francisco Eduardo Brice\u00f1o Hurtado, H\u00e9ctor Alfredo Pati\u00f1o Vargas, Salom\u00f3n Castro Ram\u00edrez, H\u00e9ctor Arcadio Urrea Morales y Jaime Parra, personas de cuyos relatos transcribe el Tribunal los apartes que consider\u00f3 m\u00e1s importantes, para conclu\u00edr despu\u00e9s de su an\u00e1lisis que los deponentes se limitaron a relatar hechos que oyeron, pero nada les consta sobre los da\u00f1os sufridos por el actor, como tampoco que tales da\u00f1os tienen relaci\u00f3n de causalidad con la publicaci\u00f3n. Por estas razones, dice el Tribunal confirma la sentencia de primer grado, pues, reitera, la falta de la demostraci\u00f3n de los elementos de la responsabilidad tiene como efecto el fallo adverso a las pretensiones del demandante, ya que no basta alegar un derecho, sino que han de acreditarse los hechos en que fundamenta su pretensi\u00f3n. <\/p>\n
1.- Con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en un cargo \u00fanico acusa el recurrente la sentencia del Tribunal, de ser violatoria, por la v\u00eda indirecta, de normas de derecho sustancial, como consecuencia de haber incurrido en graves y trascendentes errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, yerros que condujeron a la transgresi\u00f3n de las siguientes normas sustanciales: art\u00edculo 42 de la anterior Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica; arts. 1o., 55, y 56 de la ley 29 de 1.944; 2343, 2347, 2356, 2359, 1.604 especialmente en su inciso 3o., 1.613, 1.614 y 1.615 del C\u00f3digo Civil; 8o. de la ley 157 de 1.987 y, 175 y 187 especialmente en su inciso 2o., del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
2.- En la sustentaci\u00f3n del cargo el censor dice que en los argumentos del Tribunal pese a encontrar el hecho acreditado en autos, no encontr\u00f3 suficientemente probada la culpa de la demandada, que siendo un medio informativo tiene mayor responsabilidad y debe obrar con mayor cuidado que un simple particular y sobre este aspecto nada se dijo en el fallo. <\/p>\n
2.1.- Debe, a juicio del recurrente, la actividad publicitaria y period\u00edstica calificarse como una actividad peligrosa sujeta a la presunci\u00f3n de culpa que emana de la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil, por las siguientes razones: a) se trata de una actividad profesional que beneficia solo a su autor, labor en la que se le exige m\u00e1ximo cuidado, por lo que en ejercicio de su oficio debe responder hasta la culpa lev\u00edsima; b) el periodismo tiene y crea per se graves riesgos, entre otras razones por su extensa divulgaci\u00f3n, de manera que las noticias pueden causar graves da\u00f1os morales y patrimoniales, riesgo que es la caracter\u00edstica de toda actividad peligrosa; c) la ley 29 de 1.944 establece en su art\u00edculo 1o. que la prensa en tiempo de paz es responsable, norma que debe tener un efecto especial a voces de los art\u00edculo 27 y 32 del c\u00f3digo civil; d) que es innegable que la ley exige enorme cuidado en la actividad period\u00edstica porque cuando \u00abcause da\u00f1o a otro estar\u00e1 obligado a indemnizarlo, salvo que demuestre que no incurri\u00f3 en culpa\u00bb, tal y como lo establece la mencionada ley 29 de 1.944 y, e) que de acuerdo con el inciso 3o. del art\u00edculo 1.604 del C.C., disposici\u00f3n aplicable al caso \u00bb la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearla\u00bb. <\/p>\n
2.2.- Por a\u00f1adidura, agrega el recurrente, aparte de la presunci\u00f3n de culpa aludida, \u00e9sta est\u00e1 plenamente demostrada en el proceso, incurriendo al no declararlo as\u00ed, nuevamente el Tribunal en evidente error de hecho, culpa que sostiene qued\u00f3 demostrada as\u00ed: con la publicaci\u00f3n hecha en primera p\u00e1gina del el peri\u00f3dico \u00abEl Espectador\u00bb y ampliada en la p\u00e1gina 13A; con la carta suscrita por el director nacional de Instrucci\u00f3n Criminal dirigida a la junta de acci\u00f3n comunal de \u00abEl Castillo\u00bb (Meta) en la que se afirma que la publicaci\u00f3n aludida no proviene ni directa ni indirectamente de tal \u00f3rgano estatal; con la certificaci\u00f3n expedida por el juez 18 de Instrucci\u00f3n Criminal quien afirma que contra Francisco Penagos no existe orden de captura por la matanza de Ca\u00f1o-Sibao. <\/p>\n
3.- Continuando el recurrente con la descripci\u00f3n de los errores de hecho del Tribunal, dice que estando plenamente comprobados el da\u00f1o o perjuicio causado a la v\u00edctima, como \u201cejemplar ciudadano\u201d, \u201cpersona correct\u00edsima\u201d y dedicada a \u201clabores agr\u00edcolas\u201d, as\u00ed como la relaci\u00f3n de causalidad entre el da\u00f1o y la culpa, en el fallo no se reconoci\u00f3 as\u00ed, yerro que se hace ostensible si se observa que de 10 declaraciones de testigos o\u00eddos dentro del proceso, solamente analiz\u00f3 cinco en forma fragmentaria y recortada, vale decir, las declaraciones de Francisco Eduardo Brice\u00f1o Hurtado, H\u00e9ctor Alfredo Pati\u00f1o Vargas, Salom\u00f3n Castro Ram\u00edrez, H\u00e9ctor Arcadio Urrea Morales y Jaime Humberto Parra Delgado, declaraciones que ponen de presente la clara contraevidencia en la conclusi\u00f3n del sentenciador, pues \u00e9stos testimonios demuestran claramente que Francisco Penagos era persona muy apreciada en la regi\u00f3n, dedicada con todo \u00e9xito a negocios de siembra, agricultura y ganader\u00eda, que manejaba directamente sus plantaciones y propiedades y que con motivo de la publicaci\u00f3n se vi\u00f3 precisado a abandonar su finca, motivo por el que experiment\u00f3 cuantiosas p\u00e9rdidas econ\u00f3micas en el extenso cultivo de arroz que ten\u00eda en curso (sic). Que dej\u00f3 igualmente de analizar los testimonios de Carlos Efranio Montalvo Lenis, Francisco Dobrovodky, Jos\u00e9 Guillermo Roa Franco y Dar\u00edo D\u00edaz Garz\u00f3n, deponentes cuyas afirmaciones dice el recurrente, demuestran tambi\u00e9n el da\u00f1o o perjuicio ocasionado y el nexo de causalidad que hall\u00f3 ausentes el Tribunal. <\/p>\n
4.- Por \u00faltimo sostiene que tambi\u00e9n incurri\u00f3 el Tribunal en grave error de hecho en la valoraci\u00f3n probatoria al no tener en cuenta o ignorar el completo y bien fundamentado dictamen pericial practicado, que demuestra cualitativa y cuantitativamente el perjuicio material sufrido por el demandante, dictamen que hace alusi\u00f3n a que tal da\u00f1o provino de la obligatoria ausencia de Penagos de la regi\u00f3n. <\/p>\n
5.- Concluye el censor la fundamentaci\u00f3n del cargo se\u00f1alando que los protuberantes errores de hecho atr\u00e1s anotados y demostrados, llevaron al Tribunal a confirmar la sentencia de primer grado, a cambio de revocarla y acceder a las pretensiones del actor, declarando por ende responsable civilmente a la demandada y consecuencialmente condenarla al pago de los perjuicios materiales y morales ocasionados con motivo de su actitud culpable, por lo que solicita a la Corte Case la sentencia impugnada y en su lugar acoja las s\u00faplicas del libelo. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Previamente precisa la Corte la responsabilidad civil en que incurren las entidades period\u00edsticas cuando aparece debidamente acreditado que, con intenci\u00f3n o culpa en publicaciones suyas falsas o parciales, se han ocasionado da\u00f1os a otro, en cuyo caso deber\u00e1n resarcirse. <\/p>\n
1.1.- Al respecto encuentra la Corte que ciertamente antes y con la Constituci\u00f3n de 1991 los medios masivos de comunicaci\u00f3n, como agentes de \u00e9sta, tambi\u00e9n ten\u00edan y tienen garantizada la libertad de expresi\u00f3n y la de difusi\u00f3n de pensamientos y opiniones, as\u00ed como la de recibir informaci\u00f3n no reservada legalmente y suministrarla en forma veraz e imparcial, sin \u201cestar sujetos a previa censura sino a responsabilidades ulteriores\u201d (art.19, num.3, P.I. Der. Civiles y 13, num.2. P. San Jos\u00e9 de Costa Rica). Sin embargo, advierte la Sala que, a pesar de la funci\u00f3n esencial positiva que cumplen dichos medios en la informaci\u00f3n para bien de la democracia, la defensa de las libertades y derechos de las personas, as\u00ed como en la denuncia de la criminalidad, especialmente la organizada, tambi\u00e9n lo es que son responsables cuando, contrariando los principios de veracidad o imparcialidad, vulneran derechos de los individuos o de las colectividades determinadas o determinables (arts. 20 y 95, num.j, C. Pol.), o exceden los l\u00edmites de la Constituci\u00f3n, la Ley (ley 29 de 1944) y los Tratados internacionales (arts. 93 y 94 C. Pol.; art. 19, num. 2\u00ba, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, aprobado por la Ley 74 de 1968; y art. 13, num. 1\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, aprobado por Ley 16 de 1972), responsabilidad cuya configuraci\u00f3n y tratamiento var\u00eda seg\u00fan el tipo de que se trate. <\/p>\n
1.2.- Ahora, trat\u00e1ndose de una responsabilidad \u00e9tica en la actividad period\u00edstica informativa, que se origina por el solo hecho de haber producido un resultado contrario a la verdad o efecto de la parcialidad, aquella genera el deber de rectificar o de aclarar los conceptos injuriosos si as\u00ed lo exigiere el perjudicado (arts. 19 a 22, ley 29 de 1944); y cuando se trata de responsabilidad penal, fundada en la comisi\u00f3n de aquellos tipos consagrados para proteger y tutelar determinados intereses jur\u00eddicos que integran el derecho a la honra de los individuos (arts. 315 y ss. del C. P., 22 y ss. de la ley 29 de 1944 y 33 del C.P.P.), ella se sujeta a la reglamentaci\u00f3n pertinente. <\/p>\n
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2.- As\u00ed mismo, precisa la Corte que la responsabilidad por los da\u00f1os ocasionados con publicaciones falsas o parciales difamatorias , adem\u00e1s de \u00e9tica y penal, tambi\u00e9n puede ser de car\u00e1cter civil, atendiendo las propias particularidades de la actividad profesional period\u00edstica. <\/p>\n
2.1.- En efecto, la legislaci\u00f3n vigente consagra dicha responsabilidad al prescribir que \u00abtodo el que por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento, por medio de la imprenta, de la radiodifusi\u00f3n o del cinemat\u00f3grafo, cause da\u00f1o a otra estar\u00e1 obligado a indemnizarlo, salvo que se demuestre que no incurri\u00f3 en culpa\u00bb (art. 55 de la Ley 29 de 1944). Sin embargo, en primer t\u00e9rmino debe se\u00f1alarse que se trata de una legislaci\u00f3n particular, porque comprende la responsabilidad civil extracontractual por divulgaci\u00f3n antijur\u00eddica del \u00abpensamiento\u00bb que cause da\u00f1o a otro que, dentro de una concepci\u00f3n amplia, incluye por supuesto la originada en informaci\u00f3n nociva. En segundo lugar, tambi\u00e9n advierte la Sala que los t\u00e9rminos y redacci\u00f3n empleados en el sentido de que \u00abtodo el que por cualquier medio eficaz… cause da\u00f1o a otro, estar\u00e1 obligado a indemnizarlo…\u00bb (art.55 ley 29 de 1944), no solo revelan que se trata de una aplicaci\u00f3n particular de los principios que regulan la responsabilidad civil por culpa extracontractual, sino que adem\u00e1s de servirle de fundamento, resultan \u00fatiles para la regulaci\u00f3n general de este tipo de responsabilidad civil, la cual no se ubica entonces dentro de la responsabilidad por actividades peligrosas del art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2.2.- De ello se desprende entonces, que la responsabilidad civil extracontractual por los da\u00f1os ocasionados en ejercicio de la actividad period\u00edstica por la divulgaci\u00f3n informativa, sobre hechos o conductas, que conlleve para una persona determinada o determinable imputaciones falsas o inexactas (delictuosas), solamente puede estructurarse cuando, de acuerdo con las circunstancias especiales de la actividad y los hechos relevantes de la misma, pueda atribuirse a culpa profesional del agente. <\/p>\n
Lo anterior, implica, en primer lugar, la presencia de intenci\u00f3n de perjudicar o deteriorar el buen nombre o la honra de una persona determinada o determinable con la informaci\u00f3n falsa o inexacta que a sabiendas se divulga; o bien de simple culpa, entendida \u00e9sta como la falta de diligencia profesional period\u00edstica necesaria en el comportamiento y ejercicio informativo para asegurar o, por lo menos, procurar que la informaci\u00f3n que se divulga, adem\u00e1s de ser veraz e imparcial, tambi\u00e9n respete los derechos de los dem\u00e1s y el orden p\u00fablico general, a menos que en este \u00faltimo caso la conducta de la entidad period\u00edstica se explique con la razonada, oportuna y eficaz correcci\u00f3n o clarificaci\u00f3n del error cometido. <\/p>\n
En segundo lugar, tambi\u00e9n se requiere la existencia de un da\u00f1o, que puede ser, de un lado, moral cuando se trata de un deterioro en el patrimonio moral que afecte la honra, la reputaci\u00f3n o lesione alguno de los dem\u00e1s derechos inherentes a la personalidad; o bien material, cuando se refiere a una disminuci\u00f3n en los derechos que conforman el patrimonio econ\u00f3mico existente o que pod\u00eda adquirirse mediante la realizaci\u00f3n de una labor o trabajo, o por medio de la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica pertinente. Con todo, en uno y otro caso debe tratarse de perjuicios actuales o futuros, pero ciertos e il\u00edcitos. Ahora, en la demostraci\u00f3n de una u otra especie de da\u00f1o, es preciso tener en cuenta la clase de perjuicio cuyo resarcimiento se solicita, porque trat\u00e1ndose de da\u00f1o moral se hace necesario considerar todas las afecciones a los derechos de la personalidad, es decir, debe tenerse presente que su deterioro provenga de la informaci\u00f3n carente de veracidad o imparcialidad. Sin embargo, para la comprobaci\u00f3n de este da\u00f1o moral tambi\u00e9n debe tenerse en cuenta que \u00e9ste puede encontrarse en el contenido de la publicaci\u00f3n, cuando constituye un agravio a los se\u00f1alados derechos de una persona determinada, que, por su radio de acci\u00f3n, ha tenido repercusi\u00f3n social negativa en su buen nombre u honra. Pero trat\u00e1ndose del da\u00f1o material, se requerir\u00e1 su comprobaci\u00f3n conforme a las reglas generales. <\/p>\n
Y en \u00faltimo t\u00e9rmino, dicha responsabilidad tambi\u00e9n exige que haya una relaci\u00f3n de causalidad entre la divulgaci\u00f3n falsa o parcial hecha intencional o culposamente y los da\u00f1os mencionados, de tal manera que \u00e9stos sean directamente atribuidos a aquella, teniendo en cuenta, entre otros, la finalidad o el contenido de la informaci\u00f3n y la especie de da\u00f1o, si moral o material, cuya indemnizaci\u00f3n se reclama. <\/p>\n
2.3.- Luego, como quiera que toda noticia o informaci\u00f3n que incrimine a una persona o colectividad determinada o determinable, puede ser fuente de da\u00f1os, se impone entonces para los medios de comunicaci\u00f3n social el deber profesional de extremar la diligencia y cuidado especiales que, adem\u00e1s de obedecer al ejercicio responsable de la libertad de informaci\u00f3n, tambi\u00e9n evite preventivamente el eventual da\u00f1o a tales personas. Esta diligencia se alcanza, entre otras, cuando se act\u00faa prudentemente en el manejo de la fuente directa u oficial pertinente, como cuando a la noticia o informaci\u00f3n incriminatoria determinada, le ha precedido el esfuerzo period\u00edstico profesional necesario y la verificaci\u00f3n razonable indispensable para la confirmaci\u00f3n de su veracidad y exactitud; e igualmente cuando se funda en datos que en el mismo sentido suministre o haya suministrado la autoridad competente, basada en decisiones o actuaciones judiciales no sometidas a reserva legal. En tanto que se incurre en responsabilidad civil por los da\u00f1os morales y materiales ocasionados a la persona, entre otros, cuando dicha divulgaci\u00f3n no guarda correspondencia con la referida fuente, o se produce a sabiendas de su falsedad o confiando imprudentemente en su exactitud, o bien se trata de una inexcusable interpretaci\u00f3n distorsionada de la mencionada fuente. <\/p>\n
3.- Siendo as\u00ed las cosas, procede en seguida la Corte al estudio de la primera parte del cargo relativa a la acusaci\u00f3n de la decisi\u00f3n desestimatoria del Tribunal de los perjuicios morales, en la cual se le achaca haber cometido error de hecho en la valoraci\u00f3n de numerosa prueba documental y testimonial no tenida en cuenta por el sentenciador y que, a juicio del recurrente, no solamente demostraba que Francisco Penagos S\u00e1nchez era \u201cun ejemplar ciudadano y una persona destacada, honrada, servicial p\u00fablica y privadamente, honesta, laboriosa e intachable en su conducta procesal\u201d, sino tambi\u00e9n que con esa \u201cgrave y falsa imputaci\u00f3n como la realizada por dicho periodista, da\u00f1a o perjudica mas a una persona correct\u00edsima, como est\u00e1 probado que lo es el demandante, a quien se haya endilgado ser un vulgar delincuente y asesino, que a una persona anodina, com\u00fan y corriente o de malos antecedentes\u201d (fls. 18 y 19, cdno. Corte). <\/p>\n
3.1.- Al respecto, primeramente observa la Sala que el Tribunal, despu\u00e9s de haber encontrado demostrado \u201cel hecho humano\u201d de la publicaci\u00f3n efectuada por el Diario El Espectador y de la noticia, se\u00f1ala que \u201cno ocurre lo propio con el da\u00f1o o perjuicio\u201d (fl.22, C-5), con lo cual claramente manifiesta no encontrar demostrado ning\u00fan tipo de da\u00f1o, esto es, ni moral, ni material. Sin embargo, mientras con relaci\u00f3n al primero no se\u00f1ala fundamentaci\u00f3n alguna, en cambio con respecto al segundo seguidamente lo aborda de acuerdo con la demanda, pues dice \u201cen efecto, la parte actora predica que con esa publicaci\u00f3n le ocasionaron y ocasionan innumerables perjuicios, pues no pudo atender directamente los cultivos ni su ganado\u201d (fl.22, C-5). <\/p>\n
3.2.- De all\u00ed que le asista raz\u00f3n al recurrente cuando le atribuye error de hecho al Tribunal en la apreciaci\u00f3n de la prueba documental y testimonial con relaci\u00f3n al da\u00f1o moral, estando, a su juicio, plenamente probado. <\/p>\n
3.2.1.- En efecto, si bien el Tribunal da por probada la publicaci\u00f3n del Espectador del 30 de julio de 1988, sin embargo omite o cercena su contenido en cuanto hace referencia a las imputaciones penales pertinentes, pues ni siquiera hace menci\u00f3n a ella. Y tal noticia se\u00f1ala textualmente lo siguiente \u201cIdentificados autores de la matanza de Granada. A trav\u00e9s de las indagaciones adelantadas en relaci\u00f3n con el asesinato de 17 campesinos \u2026 en el municipio de El Castillo y Granada, Meta – hecho ocurrido el 2 del pasado mes de junio- se ha logrado establecer la identidad del individuo que organiz\u00f3 la impresionante matanza y la del hombre que estuvo al frente de los sicarios que la consumaron. Seg\u00fan se supo, las pesquisas han estado a cargo de un grupo de expertos investigadores del cuerpo t\u00e9cnico de la Polic\u00eda Judicial, quienes al parecer ya rindieron el informe sobre los resultados de su labor al jefe nacional de Instrucci\u00f3n Criminal, Carlos Eduardo Lozano Tovar. Pese a la reserva que se viene observando en torno a la investigaci\u00f3n, se logr\u00f3 conocer que como autor intelectual del m\u00faltiple asesinato se se\u00f1ala a Francisco Penagos, quien figura como propietario de varias fincas ganaderas que abarcan una amplia zona del municipio de El Castillo \u2026\u201d (P\u00e1gina principal de la edici\u00f3n citada). Mas adelante, en la misma edici\u00f3n se dice que \u201ctambi\u00e9n se logr\u00f3 identificar a Nepomuceno Rojas, como el individuo que dirigi\u00f3 personalmente al grupo de sicarios que acribillaron a los indefensos campesinos\u201d; que se trata de \u201cun ex-oficial del ej\u00e9rcito que fue retirado del servicio por mala conducta\u201d, con quien tambi\u00e9n intervino el \u201cex-cabo primero del ej\u00e9rcito de apellido C\u00e1ceres, como uno de los componentes del grupo de asesinos\u201d, a quien se le hab\u00eda dictado \u201cauto de detenci\u00f3n\u201d. Finalmente se dice que \u201cseg\u00fan comunicado expedido d\u00edas despu\u00e9s de la matanza por el comandante de la S\u00e9ptima Brigada, Brigadier General Harold Bedoya Pizarro, en la consumaci\u00f3n del asesinato m\u00faltiple participaron miembros del Frente 26 de las Farc aunque ahora se ha venido ha establecer que tambi\u00e9n actuaron los sujetos mencionados en la presente informaci\u00f3n\u201d (p\u00e1gina 13 misma edici\u00f3n). <\/p>\n
As\u00ed mismo el Tribunal omiti\u00f3 el an\u00e1lisis no solo del derecho al buen nombre y a la honra que en s\u00ed mismo le asiste a toda persona y que comprende el de no ser afectado con informaciones que no corresponden a la verdad y exactitud de los hechos, como el de ser incriminado sin decisi\u00f3n judicial que lo respalde, sino que tambi\u00e9n omiti\u00f3 tener presente la prueba documental y testimonial que, en el caso concreto del se\u00f1or Francisco Penagos, confirmaba dicha situaci\u00f3n, pues se trataba de una persona trabajadora en el sector agrario, impulsora del progreso, ecu\u00e1nime, paternalista de la regi\u00f3n, de buena conducta y moral p\u00fablica durante 30 a\u00f1os, propulsor del desarrollo, l\u00edder pol\u00edtico con valores personales y comunitarios, excelente cliente financiero y cumplidor de sus deberes y realizador de obras sociales, reconocidas no solamente por sectores de la comunidad y organizaciones de la Junta Comunal de la vereda Santa Cruz, sino tambi\u00e9n por organizaciones pol\u00edticas (Comunidad Liberal de El Castillo – Meta), instituciones pol\u00edticas (el Consejo Municipal de Villavicencio) y organizaciones comerciales y financieras (fls. 26, 29 a 32 y 37 a 53 del C-1), coincidente con muchas de las declaraciones de los testigos a que mas adelante se hacen menci\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente el Tribunal, de un lado, pretermiti\u00f3 la valoraci\u00f3n de las pruebas documentales del Director Nacional de Instrucci\u00f3n Criminal en las que, a solicitud de parte, se\u00f1alaba que en la investigaci\u00f3n penal por los hechos mencionados \u201cen contra del se\u00f1or Francisco Penagos S\u00e1nchez \u2026 no existe orden de captura\u201d, que tan solo estaba contra \u201cresponsable de averiguaci\u00f3n\u201d y que \u201cdesde la Direcci\u00f3n Nacional no se ha proporcionado ning\u00fan informe a ning\u00fan diario y que por lo tanto, cuanto en el mencionado diario se publica, no proviene directa ni indirectamente de la Direcci\u00f3n Nacional de Instrucci\u00f3n Criminal\u201d (fls. 32, 28, 22 y 24, C-1). <\/p>\n
Y del otro, el sentenciador tambi\u00e9n pas\u00f3 por alto el contenido del informe del DAS No.1086 de julio 21 de 1988 y del informe sin n\u00famero del 29 de noviembre del mismo a\u00f1o (fls. 107 a 117 del C-1), en los cuales apoya su defensa la demandada y que fueron decretados y practicados a solicitud suya (fls. 62 y 63, C-1). En efecto, el Tribunal no tuvo en cuenta que con relaci\u00f3n a la investigaci\u00f3n de la masacre de 17 personas ocurrida en la vereda de Los Andes, en la carretera que de Granada conduce al municipio de El Castillo, dicho informe dice, de un lado, que hubo an\u00f3nimos que indicaban que se trataba de un atentado contra el alcalde, que \u201chasta la fecha no fue posible entrevistar otras personas (distintas a las de Yaneth Ca\u00f1\u00f3n, Jos\u00e9 de Jes\u00fas Pati\u00f1o Arias y otros) que directa o indirectamente tienen conocimiento de los hechos\u201d; y del otro afirma que, seg\u00fan Jos\u00e9 Rodrigo Garc\u00eda, dirigente de la U.P. \u201cla masacre fue perpetrada por un grupo de autodefensas que opera en el alto Ariari y su fin era el de eliminar al Alcalde de El Castillo por ser de la U.P.\u201d, en tanto que para otros declarantes \u201cel principal dirigente de este grupo es Nepomuceno Rojas, seguido por Tiberio Silva, Joaqu\u00edn Silva, Luis Largo, Ezequiel Liberato, Luis Pineda y un tal Aristizabal, etc.\u201d. Y tampoco vio que el informe \u00e9ste del 21 de julio que se\u00f1ala, como resultado de sus investigaciones, que \u201cpor esta raz\u00f3n se puede pensar que este veh\u00edculo pudo ser utilizado por los autores materiales de esta masacre, adem\u00e1s a Nepomuceno Rojas se le ha visto movilizarse en un veh\u00edculo toyota cabinado blanco\u201d, y concluye que se ha identificado los miembros del grupo de autodefensas, que seguidamente relaciona, entre los cuales menciona en un grupo (el de Cubaral y El Dorado) a Nepomuceno Rojas Melo y en otro (el de El Castillo) \u201cPACO PENAGOS, BASTANTE ADINERADO Y TIENE FINCA EN GRANADA\u201d. De igual manera tampoco tuvo en cuenta el sentenciador el informe del 29 de noviembre citado que, en lo pertinente, se\u00f1ala que \u201cseg\u00fan lo declarado por la personera del municipio de El Castillo, Mar\u00eda Elena Velosa EL SUJETO FRANCISCO PENAGOS, ES UNO DE LOS CABECILLAS DEL GRUPO DE AUTODEFENSAS DE EL CASTILLO, EN ESA REGION ES MAS CONOCIDO COMO PACO PENAGOS y, de \u00e9l se sabe que es suficientemente adinerado, pues posee varias fincas all\u00ed; se dice que Francisco Penagos aporta dinero para pagar los sicarios de esa organizaci\u00f3n, la que tiene sus sedes en el casco urbano de San Mart\u00edn y en fincas de Gonz\u00e1lo Rodr\u00edguez Gacha y otros\u201d (Lo subrayado y las may\u00fasculas son de la Sala). <\/p>\n
3.2.2.- Por otra parte, igualmente advierte la Corte que el anterior acervo probatorio, que fuera omitido en su apreciaci\u00f3n por el Tribunal, tambi\u00e9n resulta trascendente para quebrar el fallo desestimatorio de la responsabilidad por los perjuicios morales y algunos materiales, porque dicho yerro fue determinante en esa decisi\u00f3n negativa. <\/p>\n
3.2.2.1.- Esto se debe a que de no haberse cometido el mencionado yerro, la decisi\u00f3n habr\u00eda sido favorable reconociendo la responsabilidad impetrada. <\/p>\n
En efecto, en virtud de dicho acervo al rompe se observa que la entidad accionada, por medio del Diario El Espectador, suministr\u00f3 una noticia el 30 de julio de 1988 en la que se\u00f1al\u00f3 al demandante como \u201cautor intelectual del m\u00faltiple asesinato\u201d o de una matanza o masacre en el municipio de El Castillo, tomando supuestamente como fundamento informaciones de organismos de la Polic\u00eda Judicial de entonces, que, adem\u00e1s de no aparecer acreditada dicho suministro, se encuentra totalmente desvirtuado, no solamente por la Direcci\u00f3n Nacional de Instrucci\u00f3n Criminal, sino tambi\u00e9n por el contenido de los informes del DAS anteriormente transcritos, en cuyos apartes pertinentes, adem\u00e1s de no sustentarse en testigos directos de los hechos, si bien menciona al se\u00f1or Francisco Penagos como supuestamente perteneciente al grupo de autodefensas de El Castillo, en ning\u00fan momento le atribuye participaci\u00f3n personal o colectiva en los hechos de la mencionada masacre en ese municipio, ni mucho menos se le sindica como \u201cautor intelectual del m\u00faltiple asesinato\u201d. Adem\u00e1s, de dichas pruebas documentales se desprende la posibilidad que ten\u00eda la accionada de poder conocer o confirmar la informaci\u00f3n que iba a suministrar y que encerraba una eventual vulneraci\u00f3n al buen nombre de una persona, como quiera que el informe 1086 del DAS tiene fecha de 21 de julio de 1988 y la misma noticia daba cuenta de la investigaci\u00f3n judicial adelantada donde pod\u00eda obtener la informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los presuntos vinculados. En cambio, tales pruebas no acreditan comportamiento preventivo de la accionada para evitar publicaci\u00f3n falsa o imparcial de incriminaci\u00f3n, ni para verificarla y, si fuere el caso, para hacer las correcciones pertinentes, lo que hace entonces inexcusable su conducta. <\/p>\n
De haber visto el Tribunal este acervo probatorio habr\u00eda concluido que la entidad demandada, con la publicaci\u00f3n mencionada del 30 de julio de 1988, no solo estaba haciendo una incriminaci\u00f3n al demandado no correspondiente a los informes del D.A.S. y de Instrucci\u00f3n Criminal, que supuestamente fueron su fundamento, sino que tambi\u00e9n lo fue de manera imprudente en la verificaci\u00f3n de la verdad y exactitud de los hechos, ocasionando de consiguiente un da\u00f1o en la honra del citado Francisco Penagos, lo que lo habr\u00eda llevado a condenar a la parte demandada al pago de los perjuicios morales pertinentes. <\/p>\n
3.2.2.2.- As\u00ed mismo, como consecuencia del anterior yerro de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas de la responsabilidad civil por da\u00f1os morales, el Tribunal tampoco tuvo en cuenta los documentos que obran a folios 8 y 67 del cuaderno 1 que acreditan que el demandante pag\u00f3 el 5 de agosto de 1988 la suma de $377.300 para obtener la publicaci\u00f3n en El Tiempo de la aclaraci\u00f3n de aquella noticia de El Espectador para conseguir, motu proprio, un intento de resarcimiento de aquellos da\u00f1os. <\/p>\n
Por otra parte, tambi\u00e9n observa la Sala que se trata de un yerro trascendente, puesto que de no haberse cometido, tambi\u00e9n hubiese llevado al Tribunal a encontrar demostrada la responsabilidad civil por este da\u00f1o material, conduci\u00e9ndolo entonces a proferir contra CANO ISAZA & CIA. condena por el reembolso de los gastos hechos en la publicaci\u00f3n del Tiempo para hacer las aclaraciones period\u00edsticas, que, por lo dem\u00e1s, nunca hizo la sociedad demandada. <\/p>\n
3.2.2.3.- De all\u00ed que estando probado el yerro evidente de hecho en este aspecto, se viol\u00f3 indirectamente la ley sustancial, sobre la responsabilidad por los da\u00f1os morales y el consecuencial da\u00f1o material representado por los gastos originados en la aclaraci\u00f3n period\u00edstica mencionada, ocasionados con esa publicaci\u00f3n al negar su resarcimiento, por lo que, por este aspecto, el cargo ha de prosperar. <\/p>\n
4.- Pero cuesti\u00f3n distinta acontece con la segunda parte del cargo de la presente acusaci\u00f3n relativa al error evidente de hecho cometido por el Tribunal en cuanto a la responsabilidad por los da\u00f1os materiales solicitados en la demanda, distintos al reembolso de los gastos por aclaraci\u00f3n period\u00edstica, que, como se vio en el punto anterior, ha tenido \u00e9xito. <\/p>\n
4.1.- Previamente advierte la Sala que, en esta segunda parte del cargo, tambi\u00e9n se ha atacado el fallo de segunda instancia por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial a consecuencia de error evidente de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
4.1.1.- El tribunal a-quo confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia despu\u00e9s de haber interpretado la demanda, porque primero se\u00f1ala que, a su juicio, en la demanda la parte actora con esa publicaci\u00f3n… \u00abno pudo atender directamente sus cultivos y ganados\u00bb (folio 22, C-5), y luego encuentra que no se ha demostrado con el acervo probatorio analizado los elementos del da\u00f1o y la relaci\u00f3n de causalidad. <\/p>\n
En efecto, al analizar la demanda se\u00f1ala que como perjuicios se ha solicitado a t\u00edtulo de da\u00f1o emergente la suma de $16’560.000,oo por la disminuci\u00f3n en la cosecha de arroz en 1.800 cargas de 10 arrobas cada una, a consecuencia de haber tenido que abandonar sus predios y por consiguiente el cuidado de sus cultivos; la suma de $377.300,oo valor de la publicaci\u00f3n en el diario \u00abEl Tiempo\u00bb; por honorarios pagados a los profesionales del derecho $ 3’000.000,oo y, por los gastos de desplazamiento hacia Bogot\u00e1 del demandante para ocultarse despu\u00e9s de ocurrida la publicaci\u00f3n, la suma de $500.000,oo. Como lucro cesante pide la cifra de $20’000.000,oo que representan el inter\u00e9s legal comercial (3%) de las sumas dejadas de ganar a consecuencia de da\u00f1o producido; $10’000.000,oo como valores dejados de percibir por no encontrarse el demandante frente a sus negocios desde la fecha de la publicaci\u00f3n y, $10’000.000,oo por concepto de la desvalorizaci\u00f3n de las anteriores sumas. Como perjuicios morales objetivados consistentes en las repercusiones econ\u00f3micas por la p\u00e9rdida de su fama de hombre de bien, la cifra de $30’000.000,oo y como perjuicios morales subjetivos la suma de $10’000.000,oo por el dolor experimentado ante la da\u00f1ina publicaci\u00f3n. Posteriormente entra a analizar los testimonios de Francisco Eduardo Brice\u00f1o Hurtado, H\u00e9ctor Alfredo Pati\u00f1o Vargas, Salom\u00f3n Castro Ram\u00edrez, H\u00e9ctor Arcadio Urrea Morales y Jaime Parra, llegando a la conclusi\u00f3n de que de sus manifestaciones no surge la prueba del da\u00f1o ni el nexo de causalidad porque \u00ablos deponentes se limitan a relatar hechos que oyeron, pero concretamente no les consta sobre los da\u00f1os sufridos por el demandante, ni menos que tales da\u00f1os tienen como relaci\u00f3n de causalidad la tal publicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4.1.2.- Por una parte, el casacionista le endilga al Tribunal error de hecho consistente en haber dejado de apreciar los testimonio de Carlos Efranio Montalvo Lennis, Francisco Dobrovodky, Jos\u00e9 Guillermo Roa Franco y de Dar\u00edo D\u00edaz Garz\u00f3n, y de haberse equivocado en la apreciaci\u00f3n de los testimonios citados en el punto anterior. <\/p>\n
4.2.- Siendo as\u00ed las cosas, dentro de los l\u00edmites del cargo ce\u00f1ido al ataque de la decisi\u00f3n desestimatoria de los perjuicios materiales, pasa la Corte al estudio de los errores endilgados al Tribunal. <\/p>\n
4.2.1.- Los testimonios que, seg\u00fan el recurrente fueron dejados de apreciar por el tribunal, no permiten extraer la conclusi\u00f3n que aquel se\u00f1ala. <\/p>\n
4.2.1.1.- En efecto, el testigo CARLOS EFRANIO MONTALVO LENNIS expuso: que conoce a Francisco Penagos desde 1.968 y su relaci\u00f3n con \u00e9ste ha sido de amistad y de promoci\u00f3n cristiana del pueblo; que cuando sali\u00f3 la noticia el deponente se encontraba ausente del pa\u00eds y que entiende que el mismo d\u00eda el se\u00f1or Penagos tuvo que irse de la regi\u00f3n abandonando los cultivos, vendiendo la maquinaria para recluirse en su apartamento en Villavicencio donde lo visita frecuentemente; que la finca \u00abLa primavera\u00bb puede tener entre 450 y 480 hect\u00e1reas y estaba destinada al cultivo de millo, sorgo, algod\u00f3n, ganader\u00eda y ganado de engorde (sic). Dijo que ese momento don Francisco acab\u00f3 con los cultivos porque no pod\u00eda darles seguimiento personal, que para \u00e9l Penagos es una excelente persona, Cristiano comprometido y lider del pueblo. Cree el deponente que cultivaba unas 160 o 180 hect\u00e1reas y que le da la impresi\u00f3n de que distribu\u00eda la finca en mitad para la agricultura y mitad para la ganader\u00eda. Que la noticia afect\u00f3 tambi\u00e9n a la familia de Penagos, quien ha tenido un proceso que va desde sentirse deprimido y acorralado y poco a poco va haciendo un nuevo estilo de vida que es estar en Villavicencio frecuentando nuevamente sus amistades. Precisa el testigo que sabe que Penagos sali\u00f3 de la finca una vez se public\u00f3 la noticia en el diario \u00abEl Espectador\u00bb por confidencias de la gente de \u00abEl Castillo\u00bb, por confidencias del actor y concretamente entiende que el ej\u00e9rcito le recomend\u00f3 no entrar a la finca, le hicieron allanamientos y de hecho \u00e9l no volvi\u00f3 a la hacienda, adem\u00e1s de que el deponente telef\u00f3nicamente le recomend\u00f3 no volver a la regi\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, del resumen de esta declaraci\u00f3n no aparece manifestaci\u00f3n concreta alguna del da\u00f1o, o de situaciones existentes probadas, sino de situaciones hipot\u00e9ticas; porque si bien expone que con la noticia se produjo el abandono de la finca, no es menos cierto que nada dice en forma directa y frontal sobre la actividad de cultivo y ganader\u00eda existente en ese momento. Solamente expone lo que probablemente en el pasado cultivaba y destinaba el demandante en esta materia y lo que pudo afectarlo en su persona la mencionada publicaci\u00f3n. Pero en esta exposici\u00f3n no aparece indicaci\u00f3n alguna sobre cultivos existentes a ese momento que hubiesen sido declarados. Tampoco aparece demostraci\u00f3n de que la publicaci\u00f3n haya sido la causa del da\u00f1o, porque la declaraci\u00f3n omite se\u00f1alar quien fue el presunto causante de la no cultivaci\u00f3n futura, porque bien puede atribuirse a su ausencia o no, mas cuando la presencia para tal efecto pudo ser o no necesaria. Adem\u00e1s, del relato se desprende que se trataba de un testigo de o\u00eddas, cuya credibilidad, por la falta de percepci\u00f3n directa, resulta en este caso ninguna, lo que justifica su no consideraci\u00f3n positiva en el acervo probatorio. <\/p>\n
<\/p>\n
4.2.1.2.- Otro tanto acontece con los restantes testimonios que sostiene el recurrente dej\u00f3 de apreciar el Tribunal. En primer lugar, la Sala encuentra que el ciudadano FRANCISCO DOBROVODKY quien afirm\u00f3 esencialmente que es p\u00e1rroco de la poblaci\u00f3n de \u00abEl Castillo\u00bb y que distingue a Penagos como un gran colaborador especialmente en lo que se refiere a los ni\u00f1os pobres proporcion\u00e1ndoles regalos de navidad, que brinda ayuda a las personas necesitadas, y lo considera como persona de intachable conducta; no expone en su declaraci\u00f3n nada sobre los perjuicios materiales y sobre su causaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed mismo ocurre con el testigo JOSE GUILLERMO ROA FRANCO quien en resumen, dijo que conoc\u00eda a Francisco Penagos desde hace m\u00e1s o menos 18 a\u00f1os, a quien consideraba como una persona muy servicial que se preocupaba por los estudios de los ni\u00f1os del pueblo; y que sab\u00eda que \u00e9l cultivaba arroz, sorgo y \u00faltimamente soya y fue el deponente el que le vendi\u00f3 la semilla para el pasto destinado al ganado, agregando adem\u00e1s que le constaba que Penagos se fue de la regi\u00f3n a ra\u00edz de las publicaciones del diario \u00abEl Espectador\u00bb y que tuvo muchas p\u00e9rdidas porque no pudo atender los cultivos. Pues si bien esta declaraci\u00f3n se alude a la p\u00e9rdida de algunos cultivos, ellos, adem\u00e1s de no precisarse y concretarse, no reflejan que esa causa necesaria haya sido la no presencia personal del actor. Por otra parte, DAR\u00cdO D\u00cdAZ GARZ\u00d3N dijo en su declaraci\u00f3n que vive desde hace dos a\u00f1os en Bogot\u00e1, que ha visitado a Penagos en su finca en 2 ocasiones, la primera en 1.973 o 74 y la segunda en 1.976, dice conocer que \u00e9ste se dedicaba a la agricultura y a la ganader\u00eda, que despu\u00e9s de la publicaci\u00f3n la actitud que tom\u00f3 fue la de salir de la regi\u00f3n, dejando encargado de la finca a un se\u00f1or de nombre Camilo; que no sabe que cantidad de arroz hab\u00eda sembrada en la finca en el mes de Julio de 1.988, pero que era bastante; respecto al resultado de las cosechas afirm\u00f3 que \u00ablo m\u00e1s l\u00f3gico, es que al ausentarse de su finca nadie lo va a hacer personalmente a su manera. Yo creo que la cosecha no fue muy buena…\u00bb \u00ab\u00e9l se ausent\u00f3 despu\u00e9s de lo que sucedi\u00f3 y creo que hasta la fecha no ha vuelto all\u00e1 al municipio.\u00bb; que despu\u00e9s de la publicaci\u00f3n Penagos tom\u00f3 medidas de seguridad. De all\u00ed que esta declaraci\u00f3n, no obstante reconocer las buenas condiciones personales del actor, tambi\u00e9n afirma del encargo hecho al se\u00f1or Camilo y de la creencia que la cosecha no fue buena, lo cual en si misma tampoco revela con claridad la certeza del da\u00f1o y causaci\u00f3n del mismo. De all\u00ed que pudo concluirse que todas estas declaraciones cuentan de la fama de buen ciudadano del actor, de sus actividades y del aprecio que gozaba en la regi\u00f3n, pero adolecen de cualquier menci\u00f3n respecto del da\u00f1o concretamente sufrido por el demandante y se repite, si fue o no consecuencia de la mencionada publicaci\u00f3n. <\/p>\n
De otro lado, el dictamen pericial realizado en la primera instancia que valora los da\u00f1os que, seg\u00fan la demanda sufri\u00f3 el actor con la publicaci\u00f3n, no prueba ni es medio id\u00f3neo para demostrar los perjuicios ni menos la relaci\u00f3n de causalidad que encontr\u00f3 ausentes el Tribunal, raz\u00f3n por la cual resulta intrascendente el yerro en cuya valoraci\u00f3n se le atribuye a este \u00faltimo. <\/p>\n
4.2.2.- De otra parte, los testimonios que, de acuerdo con el censor, fueron mal apreciados por el a-quo, realmente no exponen en su declaraci\u00f3n hechos que hayan percibido directamente, de los cuales pueda establecerse la comprobaci\u00f3n de los elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual. <\/p>\n
4.2.2.1.- En efecto, el testigo FRANCISCO EDUARDO BRICE\u00d1O HURTADO es sustancialmente un testigo de o\u00eddas cuya ausencia de percepci\u00f3n directa de los hechos declarados le resta y le anula en este caso credibilidad a su declaraci\u00f3n. Porque ciertamente se limita a expresar que por informaciones radiales, de prensa escrita, de televisi\u00f3n y por amigos en la rama jurisdiccional, se enter\u00f3 de los hechos en que se sindica a don Francisco Penagos, quien por ello ha tenido grandes p\u00e9rdidas en el orden econ\u00f3mico, en su seguridad y en su vida; que es testigo de la situaci\u00f3n porque ha sido consultado sobre el qu\u00e9 hacer en un trance de \u00e9stos; que a don Francisco Penagos lo conoce desde hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os con quien ha mantenido amistad y le consta que \u00e9ste ha vivido del agro cultivando arroz, sorgo, pl\u00e1tano y al ganado de cr\u00eda y de ceba, que ha sido Penagos ferviente servidor de la comunidad realizando obras de su propio pecunio; que don Francisco por raz\u00f3n de la situaci\u00f3n de orden p\u00fablico de la regi\u00f3n y muy especialmente por raz\u00f3n de la masacre de Ca\u00f1o-Sibao y la publicaci\u00f3n del diario \u00abEl Espectador\u00bb ha tenido grandes p\u00e9rdidas en el orden econ\u00f3mico y en su seguridad y los perjuicios morales son cuantiosos, toda vez que se ha tocado con la dignidad de la persona, su fama y su reputaci\u00f3n. <\/p>\n
Y algo similar ocurre con la declaraci\u00f3n del testigo HECTOR ALFREDO PATI\u00d1O VARGAS, quien fuera de comentarios de tipo personal, el contenido de su testimonio result\u00f3 ajeno a los hechos, como quiera que sostuvo que simplemente conoci\u00f3 a Francisco Penagos en raz\u00f3n de su actividad pol\u00edtica y sabe que se dedica a la ganader\u00eda y a la agricultura en la regi\u00f3n de \u00abEl Castillo\u00bb (Meta); que lo distingue como una persona sencilla, trabajadora y de servicio a la regi\u00f3n; que le extra\u00f1\u00f3 cuando ley\u00f3 la noticia y tiempo despu\u00e9s se encontr\u00f3 con Penagos y \u00e9ste le coment\u00f3 que iba a procurar aclarar los hechos. De igual manera, tambi\u00e9n observa la Sala, contrariamente a lo que dice el recurrente, que el deponente SALOM\u00d3N CASTRO RAM\u00cdREZ, no obstante haber sido socio y tenido negocios con el actor, tampoco manifiesta su conocimiento directo sobre la existencia de cultivos en ese momento y de los da\u00f1os all\u00ed causados, sino que, por el contrario, expresa su desconocimiento directo sobre el particular,lo que le quita credibilidad a su declaraci\u00f3n. Porque, en efecto, este testigo en s\u00edntesis dijo que conoce al demandante hace como 10 a\u00f1os con quien ha tenido oportunidad de hacer sociedad en los cultivos, lo se\u00f1ala como una persona de buena conducta, honorable, cumplidor de sus obligaciones y negocios, que a \u00e9l se debe la fundaci\u00f3n del colegio Cooperativo, que ayuda a los campesinos enfermos, presta dinero sin ning\u00fan inter\u00e9s, cre\u00f3 la oficina de Telecom, de la Caja Agraria y el puesto de salud, tiene conocimiento que Penagos se dedicaba a la agricultura y la ganader\u00eda; que a partir de 1.988 hubo descontrol en la fumigaci\u00f3n de los cultivos porque de don Francisco de la noche a la ma\u00f1ana no se supo nada de \u00e9l seg\u00fan le coment\u00f3 el encargado de la finca, motivo por el que considera que la cosecha de ese a\u00f1o no pudo ser muy buena, precisando el testigo que nada tiene \u00e9l que ver con la baja en la producci\u00f3n pues los informes los di\u00f3 a tiempo, pero no estaba en ese momento don Francisco que era el que giraba los cheques para la compra de los venenos. Relata que el 30 de Julio de 1.988 esperaban a Francisco Penagos en una asamblea en el colegio Cooperativo, reuniones a las que siempre asist\u00eda y cree el testigo que como consecuencia de la noticia aquel no asisti\u00f3 y no lo ha vuelto a hacer; que la publicaci\u00f3n caus\u00f3 estupor y todo el pueblo comentaba que era imposible que don Francisco Penagos vaya a estar involucrado si la mayor\u00eda de las v\u00edctimas eran sus amigos, ahijados y trabajador (sic) de \u00e9l. De all\u00ed que el car\u00e1cter de oidas de este testigo, los aspectos ajenos a los hechos del litigo relatados y a la vaguedad e imprecisi\u00f3n con la que se refiri\u00f3 a este \u00faltimo, le dan raz\u00f3n al juzgador de instancia en el sentido de que el precitado testimonio nada aporta a la demostraci\u00f3n de los elementos de la responsabilidad deprecada. <\/p>\n
Y esta es la misma conclusi\u00f3n que puede extraerse de la declaraci\u00f3n del testigo HECTOR ARCADIO URREA MORALES, quien en su exposici\u00f3n no asegura la causa de los eventuales da\u00f1os, ni tampoco los determina, porque dicho testigo simplemente asever\u00f3 que conoce a Francisco Penagos hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os y sabe que se dedica a la agricultura y a la ganader\u00eda, actividades de las que ha tenido que distanciarse por circunstancias de orden personal, seg\u00fan \u00e9l mismo dice por amenazas; respecto a la noticia publicada en el diario \u00abEl Espectador\u00bb afirma que le acarre\u00f3 a Penagos muchos problemas, pero que no puede atribuir que esa sea la causa del abandono de la finca, predio en donde le consta que ten\u00eda arroz y sorgo, pero que no puede especificar qu\u00e9 cantidad de arroz pero era buena cantidad; sabe que como consecuencia de la publicaci\u00f3n tuvo que abandonar la regi\u00f3n y lo tiene como persona de reconocida honorabilidad, dispuesto a ayudar siempre a quien lo necesita y de su propio pecunio ha realizado varias obras sociales; que a ra\u00edz de la publicaci\u00f3n Penagos ha recibido perjuicios de todo orden, econ\u00f3micos al dejar de percibir, de administrar su mayor fuente de ingresos que es la finca y, por supuesto perjuicios morales que nunca se le hab\u00edan causado. Pero como puede observarse se trata de una declaraci\u00f3n fundada en la mencionada publicaci\u00f3n y en la percepci\u00f3n de algunos de los hechos sobre las condiciones personales del accionante y del abandono de la finca, pero, como relata el mismo testigo, no puede afirmar que las amenazas hubiesen provenido de la publicaci\u00f3n inexacta de la prensa y que esta, a su turno, sea la causa de da\u00f1os econ\u00f3micos y morales sufridos y que tampoco precisa. Luego, esta declaraci\u00f3n tampoco aporta nada, por lo menos, en la demostraci\u00f3n de la relaci\u00f3n de causalidad y en la precisi\u00f3n de los da\u00f1os. <\/p>\n
Algo semejante tambi\u00e9n ocurri\u00f3 con la declaraci\u00f3n del testigo JOSE HUMBERTO PARRA, quien, a pesar de las circunstancias relatadas, no manifest\u00f3 en forma clara e inequ\u00edvoca la existencia y extensi\u00f3n de la p\u00e9rdida de los cultivos en esa \u00e9poca; ni tampoco revela con fundamento real la causa eventual de los mismos. Porque, en efecto, este declarante afirm\u00f3 que distingue a Francisco Penagos desde 1.958 o 1.959 m\u00e1s o menos, como agricultor y posteriormente como ganadero; que a trav\u00e9s de un amigo se enter\u00f3 de la publicaci\u00f3n de \u00abEl Espectador\u00bb en la que vinculaba a Penagos en una masacre que hubo en Ca\u00f1o-Sibao, noticia que le caus\u00f3 sorpresa por tratarse de una persona tan querida en la regi\u00f3n; recuerda que despu\u00e9s de la noticia Penagos dej\u00f3 de ir a \u00abEl Castillo\u00bb, no sabe porqu\u00e9, tal vez por temor, abandonando pr\u00e1cticamente sus cultivos de arroz de los que no precisa qu\u00e9 extensi\u00f3n de terreno ten\u00eda cultivada pero cree que eran unas 150 hect\u00e1reas, cuya cosecha a ra\u00edz de que el se\u00f1or Penagos se fue de la finca, se dec\u00eda que hab\u00eda sido un desastre, una p\u00e9rdida grand\u00edsima. Al ser interrogado sobre la forma en que se enter\u00f3 de que la cosecha de arroz hab\u00eda sido un desastre afirm\u00f3 que \u00ab\u00e9l ten\u00eda un agr\u00f3nomo y el administrador y ellos me contaban que el maquinista no trabaj\u00f3 en forma como lo era y se perdi\u00f3 en la corta del arroz, se perdi\u00f3 bastante arroz por la falta de arreglos de la m\u00e1quina de inmediato, porque no iba el operador y no cumpl\u00eda con su labor y de ah\u00ed vino que se perdi\u00f3 la gran cantidad de arroz…\u00bb; que Francisco Penagos realiz\u00f3 muchas labores comunitarias, por lo que era muy apreciado en la regi\u00f3n, hasta el punto de que el pueblo qued\u00f3 abandonado cuando \u00e9l no volvi\u00f3. De all\u00ed que, por su contenido hipot\u00e9tico y por su percepci\u00f3n solo de o\u00eddas y desviada de la publicaci\u00f3n, tampoco asegure una credibilidad aceptable. Esta declaraci\u00f3n, como la anterior, tampoco aporta nada a la demostraci\u00f3n de la relaci\u00f3n de causalidad entre la divulgaci\u00f3n inexacta y los da\u00f1os y perjuicios mencionados, pues tan solo se relatan estos hechos, pero con relaci\u00f3n a aquella solamente expresa un parecer sobre que el temor pudo ser la causa, pues afirma tajantemente no saber cu\u00e1l fue la causa. <\/p>\n
4.2.2.2.- Ahora bien, en resumen la Sala observa que los testimonios anteriores limitan sus narraciones a se\u00f1alar: primero, el aprecio del que gozaba en la regi\u00f3n Francisco Penagos por sus obras en favor de la comunidad; segundo, las actividades que anteriormente a la publicaci\u00f3n desempe\u00f1aba como ganadero y agricultor; tercero, que, la huida de \u00e9ste como que, al parecer de los testigos (como deducci\u00f3n propia, inferidos por el eventual temor), fue consecuencia de la publicaci\u00f3n del diario \u00abEl Espectador\u00bb; y cuarto, que para esa misma \u00e9poca el precitado accionante abandon\u00f3 el cuidado directo de sus cultivos y en esa misma \u00e9poca se produjo la disminuci\u00f3n en la cosecha de arroz. Pero como puede observarse del an\u00e1lisis individual y global de dichos testimonios, en sus declaraciones no aparecen menciones directas sobre la realidad, concreci\u00f3n y certeza de los da\u00f1os alegados por el accionante, sino, por el contrario, ellos solamente deponen en forma hipot\u00e9tica, gen\u00e9rica y eventual de presuntos perjuicios que pudo sufrir la parte actora, los cuales solo infieren de sus antecedentes remotos como agricultor y ganadero y las publicaciones de la prensa, pero no de una percepci\u00f3n directa del detrimento o menoscabo patrimonial ocasionado. Por otra parte, tampoco aparece en el mencionado acervo probatorio referencias directas y objetivas a la demostraci\u00f3n de la relaci\u00f3n de causalidad o dicho de otra manera que el da\u00f1o sea consecuencia directa de la publicaci\u00f3n aludida, pues si bien algunos de los deponentes hablan de la disminuci\u00f3n en la cosecha sin concretarla, ni referir hechos que la demuestren, unos atribuyen hipot\u00e9ticamente la merma a la ausencia de Penagos, otros como es el caso del testigo Jos\u00e9 Humberto Parra dice que el agr\u00f3nomo y el administrador le contaron que \u00abel maquinista no trabaj\u00f3 en forma, y como el operador no iba a cumplir con su labor, de ah\u00ed vino la p\u00e9rdida\u00bb. <\/p>\n
4.2.3.- Con excepci\u00f3n del da\u00f1o material relativo a los gastos hechos por el demandante por la publicaci\u00f3n de clarificaci\u00f3n, que fuera negado pero cuya acusaci\u00f3n ha prosperado, tal como se dijo al hablar de la responsabilidad por da\u00f1os morales y sus consecuencias, advierte la Sala que el an\u00e1lisis del acervo antes mencionado respecto de los dem\u00e1s da\u00f1os materiales pone de presente que el primer grupo de apreciaci\u00f3n probatoria no desvirt\u00faa el grupo, ni tampoco por si solo permite extraer la demostraci\u00f3n de los elementos de la responsabilidad. <\/p>\n
Por lo menos, encuentra la Corte que, ante estos dos grupos de pruebas, la apreciaci\u00f3n hecha por el Tribunal resulta razonable porque se apoya y concuerda con la realidad establecida en el proceso, cual es, como ya se dijo, la ausencia de los elementos de la responsabilidad y espec\u00edficamente la prueba del da\u00f1o o lesi\u00f3n material que se dice causado y su nexo causal con la publicaci\u00f3n del diario \u00abEl Espectador\u00bb, lo que excluye la evidencia de error. Y tal conclusi\u00f3n quedar\u00e1 en firme, aun haciendo la apreciaci\u00f3n de los dem\u00e1s testimonios del primer grupo que, seg\u00fan el recurrente no tuvo en cuenta el tribunal, ya que este error ser\u00eda intrascendente, porque la apreciaci\u00f3n de este primer grupo, al carecer de la aptitud para desvirtuar la conclusi\u00f3n extra\u00edda tampoco tiene la fuerza para conducir a una decisi\u00f3n diferente. <\/p>\n
4.3.- Por consiguiente, el cargo en cuanto a la responsabilidad por los da\u00f1os materiales demandados, con excepci\u00f3n de los gastos de publicaci\u00f3n en El Tiempo, no est\u00e1 llamado a prosperar. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
1.- Primeramente advierte la Corte, en sede de instancia, que no encuentra obst\u00e1culo procesal, ni nulidad alguna para producir sentencia de m\u00e9rito. <\/p>\n
2.1.- Ahora bien, primeramente reitera la Sala la necesidad de aplicar para el caso de reparaciones del da\u00f1o moral en los derechos al buen nombre y a la honra, el criterio del arbitrium judice, de tal manera que por lo menos se aproxime a una compensaci\u00f3n equivalente o paliativa por la afecci\u00f3n sufrida, sin que con ella se aspire a resarcir plenamente a la v\u00edctima, ni tampoco se logre enmendar oportuna y totalmente las secuelas causadas por el error informativo nocivo que se ha cometido. <\/p>\n
Por esta raz\u00f3n, estima la Corte que, de un lado, deben tenerse en cuenta, factores como los relativos a las condiciones personales trascendentes en el buen nombre y la honra de la v\u00edctima, al alcance y gravedad de la afectaci\u00f3n de estos derechos, a la extensi\u00f3n de la difusi\u00f3n y las circunstancias de la informaci\u00f3n, a las condiciones period\u00edsticas y econ\u00f3micas del medio de comunicaci\u00f3n social, al inter\u00e9s de la v\u00edctima por la rectificaci\u00f3n y a la disposici\u00f3n del medio para hacerlo, etc. . Pero del otro, tambi\u00e9n precisa la Corte la necesidad que, en desarrollo de una correcta aplicaci\u00f3n del precitado principio, se seleccionen las formas de resarcimiento que se adecuen a la funci\u00f3n compensatoria o paliativa de dicho da\u00f1o, a fin de lograr en lo posible su justa reparaci\u00f3n y evitar un aprovechamiento indebido. <\/p>\n
Por ello, las medidas resarcitorias del mencionado perjuicio pueden ser directas, como la condena a la publicaci\u00f3n en forma obligatoria y gratuita, de la rectificaci\u00f3n correspondiente con la parte resolutiva de esta sentencia, o indirectas o equivalentes, como la condena al pago de una suma de dinero, o bien unas y otras, seg\u00fan lo requiera la mencionada reparaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2.- Pues bien, siguiendo el criterio antes mencionado, observa esta Corporaci\u00f3n que en el caso sub-examine el da\u00f1o moral padecido por el demandante por la publicaci\u00f3n nociva del demandado, no solo afect\u00f3 temporalmente su derecho al buen nombre y a <\/p>\n
la honra en la regi\u00f3n donde resid\u00eda pero con repercusi\u00f3n nacional, deteriorando as\u00ed mismo la imagen de ciudadano que ten\u00eda, sino que tambi\u00e9n lo oblig\u00f3 a salir de aquella regi\u00f3n y a hacer las aclaraciones del caso en otro peri\u00f3dico, que precisamente el demandado tampoco hizo. Pero, m\u00e1s a\u00fan, tuvo el accionante que acudir a los \u00f3rganos jurisdiccionales, para obtener, por su conducto, una rectificaci\u00f3n judicial del agravio sufrido. Por esta raz\u00f3n, si bien estas circunstancias ameritan una medida resarcitoria directa, mediante la rectificaci\u00f3n plena correspondiente, tambi\u00e9n lo es que el resarcimiento econ\u00f3mico, en su car\u00e1cter de paliativo y complementario de aquella, no puede ser en justicia en la cantidad pedida por el demandante en esa \u00e9poca, esto es, de $10.000.000, precisamente porque esta suma, a juicio de la Sala, trasciende la mencionada funci\u00f3n resarcitoria para comprender un provecho adicional inadmisible. <\/p>\n
Por todo lo expuesto, estima entonces la Corte que el justo resarcimiento de este da\u00f1o moral debe consistir en la rectificaci\u00f3n p\u00fablica de la informaci\u00f3n con inserci\u00f3n de la parte resolutiva de esta sentencia y reproducci\u00f3n o s\u00edntesis de los motivos en que se funda, y el pago de una suma de dinero que los estima para el caso sub-examine en la cantidad de cinco millones de pesos ($5.000.000.oo). <\/p>\n
2.3.- A lo anterior, como qued\u00f3 expuesto al despacharse el cargo, debe agregarse el resarcimiento del da\u00f1o material de lo cual resulta responsable el demandado, consistente en los gastos sufragados por el demandante el 5 de agosto de 1988 para divulgar las aclaraciones period\u00edsticas que oportunamente no fueron hechas por la entidad demandada y que ascienden a la suma de $377.300.oo (fl.8, C-1), la cual deber\u00e1 reembolsarse entonces en el valor que tenga a este momento, acudi\u00e9ndose, en este caso, a la \u201ccorrecci\u00f3n monetaria correspondiente, liquidable por simple operaci\u00f3n aritm\u00e9tica\u201d, a fin de obtener su cancelaci\u00f3n extrajudicial o judicial. En efecto, como quiera que la \u00fanica prueba allegada al proceso sobre la forma de hacer la actualizaci\u00f3n monetaria por desvalorizaci\u00f3n del peso es la que obra a folio 292 del cuaderno No.3, lo cual permite con la aplicaci\u00f3n de la correspondiente f\u00f3rmula all\u00ed indicada, que la mencionada correcci\u00f3n monetaria sea \u201cliquidable por simple operaci\u00f3n aritm\u00e9tica, sin estar sujeta a deducciones indeterminadas\u201d (art. 491, inc. 2\u00ba, C.P.C.), la Corte no estima necesario hacer uso de la facultad de decretar prueba de oficio para su concreci\u00f3n, pues esta \u00faltima estar\u00e1 recogida, se repite, en la \u201ccantidad y valor determinados\u201d (art. 308 C.P.C.) resultante de la liquidaci\u00f3n de la correcci\u00f3n monetaria por simple operaci\u00f3n aritm\u00e9tica. <\/p>\n
V – DECISION <\/p>\n
Acorde con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 el 16 de Diciembre de 1.993, en el proceso ordinario promovido por FRANCISCO PENAGOS S\u00c1NCHEZ contra la SOCIEDAD CANO ISAZA & CIA., y, en sede de instancia, RESUELVE: <\/p>\n
1.- Modificar la sentencia de primera instancia del 15 de abril de 1993, proferida por el Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, en el siguiente sentido: <\/p>\n
1.1.- Declarar no probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por la parte demandada. <\/p>\n
1.2.- Declarar civilmente responsable a la entidad demandada CANO ISAZA & CIA. por los da\u00f1os morales ocasionados al demandante FRANCISCO PENAGOS SANCHEZ, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. En consecuencia, se dispone: <\/p>\n
1.2.1.- Condenar a la Entidad demandada CANO ISAZA & CIA. para que, sin costo alguno para el demandante, en la edici\u00f3n del s\u00e1bado de la semana inmediatamente siguiente a la fecha en que reciba el oficio correspondiente, en las mismas condiciones de columnas, extensi\u00f3n, p\u00e1gina (principal y trece) y dem\u00e1s caracteres en que se hiciera la edici\u00f3n (C No.28.830 del s\u00e1bado 30 de julio de 1988) donde se public\u00f3 la noticia causante del da\u00f1o, efect\u00fae la publicaci\u00f3n que contenga: De una parte, la rectificaci\u00f3n p\u00fablica de esta informaci\u00f3n en el sentido de que para la \u00e9poca de la misma el se\u00f1or FRANCISCO PENAGOS no estaba vinculado legalmente a la masacre ocurrida en el municipio de El Castillo (Meta) el d\u00eda 2 de junio de 1988. Y de la otra, la indicaci\u00f3n de que por este error informativo inexcusable fue condenada en perjuicios esa Entidad period\u00edstica, por esta Corporaci\u00f3n, para lo cual transcribir\u00e1 la parte resolutiva de esta providencia. L\u00edbrese el oficio con el inserto del caso. <\/p>\n
1.2.2.- Condenar a la demandada CANO ISAZA & CIA. a pagar al demandante la suma de cinco millones de pesos ($5.000.000.oo), a t\u00edtulo de resarcimiento por da\u00f1os morales. <\/p>\n
1.3.- Declarar civilmente responsable a la entidad CANO ISAZA & CIA. por los da\u00f1os materiales consistentes en el costo de las aclaraciones period\u00edsticas que debi\u00f3 hacer el se\u00f1or FRANCISCO PENAGOS SANCHEZ, en su valor actual. En consecuencia, se condena a la parte demandada al pago de la suma de $377.300.oo por concepto de reembolso de los gastos de la aclaraci\u00f3n period\u00edstica tendientes a la reparaci\u00f3n moral afectada, y al pago de la correcci\u00f3n monetaria de dicha suma entre el 5 de agosto de 1988 y la \u00e9poca del reembolso, en la cantidad resultante de la liquidaci\u00f3n efectuada por simple operaci\u00f3n aritm\u00e9tica, en los t\u00e9rminos expuestos en la parte motiva. <\/p>\n
2.- Absolver a la parte demandada de las dem\u00e1s pretensiones formuladas en la demanda. <\/p>\n
3.- Condenar a la parte demandada, en costas del proceso en ambas instancias en un setenta por ciento (70%). <\/p>\n
Sin costas en el recurso de casaci\u00f3n por haber prosperado. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
<\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMIMLLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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S-015-99 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: DR. PEDRO LAFONT PIANETTA Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999) Referencia: […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81620","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81620","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81620"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81620\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81620"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81620"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81620"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}