S-018-99<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de Junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).- <\/p>\n
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Referencia: Expediente 5127 <\/p>\n
Se decide por la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha veintis\u00e9is (26) de abril de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario de mayor cuant\u00eda seguido por ALBA INES OSORIO DE CASTRO contra los menores ANGELA MILENA y JOHN JAVIER OSORIO CLAVIJO, MARIA CRISTINA OSORIO AMAYA y los herederos indeterminados de JOSE ROGELIO OSORIO ZAPATA, todos en su condici\u00f3n de sucesores procesales de este \u00faltimo. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
1. Por escrito presentado el 7 de febrero de 1984, reformado el 31 de marzo siguiente, ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago (Valle) y por conducto de mandatario constituido para el efecto, la demandante, en su calidad de heredera de Ana Felix Zapata viuda de Osorio, reclamando para la sucesi\u00f3n de dicha causante, pide que se declare que existi\u00f3 lesi\u00f3n enorme para la vendedora en el contrato de compraventa celebrado entre esta \u00faltima y JOS\u00c9 ROGELIO OSORIO ZAPATA por escritura p\u00fablica 159 del 7 de febrero de 1980, otorgada en la Notaria Primera del C\u00edrculo de Cartago (Valle), relativo dicho contrato a los derechos de que es titular en com\u00fan y proindiviso con el comprador y otros condue\u00f1os sobre la casa ubicada en esa ciudad en la carrera 4a. Norte # 12-B-05; en consecuencia solicita se declare la rescisi\u00f3n del contrato, se disponga que el demandado entregue todos los derechos que compr\u00f3 sobre el bien objeto de la litis, debidamente saneados, dentro de los cinco d\u00edas siguientes a la fecha de la sentencia que le ponga t\u00e9rmino a la controversia; que reciba $100.000 como precio que pag\u00f3, aumentados en un 10%, que pague todos los frutos que hubieren producido los derechos objeto de la litis liquidados desde la fecha del contrato as\u00ed como los perjuicios ocasionados con motivo del mismo y las costas procesales en suma no inferior al 40% de lo obtenido en el presente litigio; se diga que las partes podr\u00e1n compensar las sumas resultantes del presente proceso y, en fin, se oficie a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartago para la cancelaci\u00f3n del registro de la escritura que contiene el contrato de cuya rescisi\u00f3n se trata. <\/p>\n
Como fundamento de las anteriores pretensiones, la actora refiere los hechos que pasan a resumirse: a) Por escritura 159 del 7 de febrero de 1980, otorgada en la Notar\u00eda Primera de Cartago (Valle), Ana Felix Zapata viuda de Osorio y JOSE ROGELIO OSORIO ZAPATA celebraron un contrato de compraventa por el cual la primera vendi\u00f3 al segundo todos los derechos que la compareciente posee en com\u00fan y proindiviso con el comprador y otros condue\u00f1os sobre una casa de habitaci\u00f3n ubicada en la carrera 4a. N, distinguida con el n\u00famero 12-B-05 de Cartago (Valle), inmueble al que le corresponde el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 375-0000412; el precio se estipul\u00f3 en la suma de $100.000, tal como consta en la cl\u00e1usula tercera de la escritura citada, valor notoriamente inferior a la mitad del precio justo para la \u00e9poca del contrato el cual ascend\u00eda como m\u00ednimo a $3\u2019000.000. b) El 19 de marzo de 1980 Ana Felix Zapata viuda de Osorio muri\u00f3 en la ciudad de Quimbaya (Quind\u00edo), raz\u00f3n por la cual est\u00e1 legitimada para el ejercicio de la acci\u00f3n rescisoria, su hija y heredera ALBA INES OSORIO DE CASTRO. <\/p>\n
2. Admitida a tr\u00e1mite la demanda y surtido el traslado correspondiente, el demandado se opuso a las pretensiones deducidas, proponiendo como defensas las que denomin\u00f3: \u201cextinci\u00f3n de la acci\u00f3n de rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme\u201d, afirmando que por escritura 1433 del 19 de noviembre de 1980 de la Notaria Primera de Cartago, el demandado vendi\u00f3 a Mar\u00eda Gilma Clavijo Morales todos los derechos que tenia en la casa identificada en la demanda; y \u201ctemeridad o mala fe\u201d, apoy\u00e1ndose en que objeto de enajenaci\u00f3n en el aludido contrato cuya rescisi\u00f3n se pretende sea declarada, fueron derechos cuotativos de la vendedora y no el inmueble en el que dichos derechos se encuentran radicados, como lo dice el escrito de demanda. <\/p>\n
3. Creado as\u00ed el lazo de instancia, el tr\u00e1mite se adelant\u00f3 con producci\u00f3n de pruebas cuya pr\u00e1ctica solicitaron las partes y decret\u00f3 de oficio el Juzgado, disponi\u00e9ndose con fecha 24 de octubre de 1987 la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad civil, originada esta en el proceso ordinario que en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago adelant\u00f3 ALBA INES OSORIO DE CASTRO contra JOSE ROGELIO OSORIO ZAPATA y Mar\u00eda Gilma Clavijo de Morales, proceso que tuvo por objeto la declaraci\u00f3n de simulaci\u00f3n existente en el contrato por cuya virtud el primero de dichos demandados dijo vender a la segunda derechos y acciones sobre la casa de la Carrera 4\u00aa No. 12 B 05 de Cartago, y que culmin\u00f3 con sentencia estimatoria de las pretensiones de la demandante que, adem\u00e1s de declarar que los derechos materia de la aparente enajenaci\u00f3n nunca salieron del patrimonio del vendedor, orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n correspondiente en el registro inmobiliario. <\/p>\n
Reanudado el 30 de mayo de 1990 el tr\u00e1mite procesal y advertida la muerte del demandado, fueron emplazados sus herederos, compareciendo al efecto los menores, hijos extramatrimoniales y herederos, ANGELA MILENA Y JOHN JAIVER OSORIO CLAVIJO, representados por su madre Mar\u00eda Gilma Clavijo Morales, y fue tambi\u00e9n citada en forma espec\u00edfica, por tener la misma condici\u00f3n que los anteriores, MARIA CRISTINA OSORIO AMAYA, actuando tambi\u00e9n el curador nombrado para llevar la representaci\u00f3n de las personas indeterminadas que tengan la condici\u00f3n de herederos del comprador demandado. <\/p>\n
Concluy\u00f3 la primera instancia mediante sentencia fechada el tres (3) de septiembre de 1991, adicionada el veintisiete (27) del mismo mes, por la cual el Juzgado de conocimiento resolvi\u00f3 declarar rescindido por configurarse en \u00e9l lesi\u00f3n enorme, el contrato de venta celebrado entre Ana Felix Zapata viuda de Osorio y JOS\u00c9 ROGELIO OSORIO ZAPATA, consignado en la escritura 159 del 7 de febrero de 1980 de la Notaria Primera de Cartago, ordenando la cancelaci\u00f3n de su respectivo registro. Y como consecuencia de lo anterior, dispuso el sentenciador que los herederos del demandado deber\u00e1n manifestar, dentro de los diez d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia, si consienten en la rescisi\u00f3n o si completan el justo precio con deducci\u00f3n de la d\u00e9cima parte, mas los intereses legales desde la fecha de la demanda, el cual corresponde a $2\u2019364.545.50 sin correcci\u00f3n monetaria; si se opta por lo primero, devolver\u00e1 la parte actora el precio recibido mas los intereses legales desde la fecha de notificaci\u00f3n de la demanda, y la parte demandada har\u00e1 la restituci\u00f3n a la sucesi\u00f3n de la vendedora de los derechos que en com\u00fan y proindiviso tenia ella con el demandado y otros condue\u00f1os sobre el bien ra\u00edz descrito en la demanda, el valor de los frutos que haya percibido o pudo percibir con mediana inteligencia desde la fecha de notificaci\u00f3n de la demanda, que tasa en $467.272.69 hasta el mes de julio de ese a\u00f1o. De cargo de aquella parte son las costas procesales causadas. <\/p>\n
Inconformes con tal decisi\u00f3n varios de los herederos del demandado y la parte demandante interpusieron recurso de apelaci\u00f3n motivo por el cual lleg\u00f3 el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga donde se tramit\u00f3 el grado con la producci\u00f3n de algunas pruebas decretadas de oficio y se desat\u00f3 mediante providencia de veintis\u00e9is (26) de abril de 1994 por virtud de la cual se confirm\u00f3 la sentencia impugnada, con su complemento, pero haciendo las siguientes puntualizaciones: a) Al completarse el justo precio no hay lugar a intereses legales; b) La restituci\u00f3n de los derechos vendidos mediante el contrato rescindido ha de hacerse para la sucesi\u00f3n de Ana Felix Zapata viuda de Osorio, representada por la demandante ALBA INES OSORIO DE CASTRO, extendi\u00e9ndose esta representaci\u00f3n para quienes invoquen la calidad de interesados y se encuentren legitimados para actuar en la respectiva oportunidad; c) La restituci\u00f3n del precio pagado equivale a los $100.000 entregados pero reajustados con correcci\u00f3n monetaria, importe que asciende a $1\u2019456.480.oo y los intereses legales por la suma de $82.999 comprendidos desde el 7 de febrero de 1980 hasta el 7 de diciembre de 1993; d) El valor de los frutos que debe pagarse corresponde a $809.610.oo, correspondientes al periodo transcurrido entre el 20 de febrero de 1984 y el 31 de octubre de 1993, en caso de optarse por la rescisi\u00f3n; por \u00faltimo, tambi\u00e9n dispuso el Tribunal que entre ambas partes tiene ocurrencia la compensaci\u00f3n y que en esta instancia no hay lugar a condena por costas en raz\u00f3n de no haberse ellas causado. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO RECURRIDO <\/p>\n
Luego de efectuar el recuento de los antecedentes procesales de mayor relevancia, inicia sus consideraciones el Tribunal con la identificaci\u00f3n de la acci\u00f3n incoada que corresponde a la de car\u00e1cter rescisorio por lesi\u00f3n que reglamentan, en materia de venta, los Arts. 1946 y siguientes del C.C., preceptos estos que configuran la instituci\u00f3n en referencia sobre una base objetiva \u201c\u2026 en la que \u00fanicamente se mira el justo precio \u2026\u201d y, a su vez, se\u00f1alan las condiciones para que pueda decretarse la rescisi\u00f3n. <\/p>\n
Y sobre estos supuestos conceptuales, advierte el sentenciador que teniendo en cuenta la prueba pericial, conducente para determinar el justo precio de un bien, \u201cse estableci\u00f3 que el inmueble cuyo contrato es objetado de rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme al momento de la compraventa fue trasmitido por un valor que es inferior a la mitad del justo precio de la cosa vendida como igualmente lo admite el demandado al rendir interrogatorio de parte\u201d, situaci\u00f3n ya advertida por el juez de primera instancia y t\u00e1citamente reconocida por esa misma parte que al recurrir se limit\u00f3 a insistir en que al iniciarse el proceso el comprador hab\u00eda enajenado los derechos adquiridos mediante el contrato de cuya rescisi\u00f3n se trata, a\u00f1adiendo que la declaraci\u00f3n judicial de simulaci\u00f3n en esa \u00faltima enajenaci\u00f3n no deb\u00eda tenerse en cuenta porque las pruebas correspondientes no se aportaron en forma oportuna, argumento que rechaza la sentencia por cuanto, manifiesta, es suficiente prueba la copia del fallo de la Corte debidamente autenticado en el que recibi\u00f3 plena confirmaci\u00f3n la aludida declaraci\u00f3n judicial. <\/p>\n
En este orden de ideas, debe concluirse entonces \u201c\u2026 que la declaraci\u00f3n de rescisi\u00f3n del (\u2026) contrato est\u00e1 amparada por las disposiciones que regulan la materia y ante todo con aquella (sic) que amerita la desproporci\u00f3n que hubo entre el valor real de los derechos radicados en el inmueble y el precio recibido por la vendedora \u2026\u201d, y partiendo de esta premisa en cuya virtud se encuentra fundada la pretensi\u00f3n deducida, pasa el Tribunal enseguida a ocuparse del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte actora para hacer ver, en primer lugar, que como consecuencia de la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme debe otorgarse al contratante demandado la alternativa de restituir lo comprado o completar el justo precio, opci\u00f3n para la que procede fijar un plazo relativamente amplio, superior al de la ejecutoria, facilitando as\u00ed este mecanismo de conservaci\u00f3n del contrato lesivo, valor que \u201cno comprende incremento sobre correcci\u00f3n monetaria (…) por cuanto el mencionado excedente no hace parte de restituciones rec\u00edprocas, sino del pago del precio complementario que es de naturaleza diferente y porque adem\u00e1s el art\u00edculo 1948 del C. Civil contiene una limitaci\u00f3n insalvable que as\u00ed lo precisa\u201d, ello de acuerdo con jurisprudencia que transcribe a espacio, pero aclarando que cuando la opci\u00f3n es restituir lo comprado y aceptar por lo tanto la rescisi\u00f3n, al comprador se le devolver\u00e1 el precio pagado mas correcci\u00f3n monetaria de acuerdo con certificaci\u00f3n del Banco de la Rep\u00fablica y los intereses legales del 6% a partir de la fecha de su entrega (7 febrero 1980), por lo que despu\u00e9s de realizar las operaciones de liquidaci\u00f3n con apoyo en pruebas conducentes que obran en el plenario, al demandado debe restituirle el haber hereditario para el que se demanda la rescisi\u00f3n, el precio pagado, incrementado en $1\u2019356.480 por concepto de reajuste por depreciaci\u00f3n monetaria experimentada por esos $100.000 desde el 7 de febrero de 1980 hasta el 25 de octubre de 1993, m\u00e1s $82.999 correspondientes a intereses legales cuyo pago se estima pertinente sobre el valor nominal de $100.000, toda vez que a juicio del Tribunal, \u201c es un incremento que autoriza el Art. 1617 del C. Civil y difiere del concepto de correcci\u00f3n monetaria\u201d. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto toca con el reconocimiento de frutos y tomando como base el dictamen pericial sobre el particular rendido en el proceso, la sentencia efect\u00faa la tasaci\u00f3n correspondiente en una suma global de $809.610 que comprende incrementos tasados hasta finalizar el mes de octubre de 1993. <\/p>\n
Por eso, de acuerdo con el resumen que acaba de efectuarse y en el entendido que en sede de apelaci\u00f3n, con algunas aclaraciones y adiciones, reciben confirmaci\u00f3n la sentencia original y su complemento, proferidas en primera instancia por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago, la decisi\u00f3n que al litigio le pone fin es la siguiente: Primero. Se declara la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme sufrida por el contratante vendedor, del contrato sobre derechos cuotativos inmobiliarios contenido en la escritura p\u00fablica 159 de 7 de febrero de 1980 otorgada por Ana F\u00e9lix Zapata viuda de Osorio y Jos\u00e9 Rogelio Osorio Zapata en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Cartago (Valle), disponi\u00e9ndose la consiguiente cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dicho t\u00edtulo en el registro de bienes ra\u00edces; Segundo. Oper\u00e1ndose la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n, los sucesores del demandado, dentro de los diez d\u00edas siguientes a la ejecutoria del fallo, deber\u00e1n manifestar si consienten en ella o si optan por completar el justo precio de los derechos enajenados, con deducci\u00f3n de una d\u00e9cima parte, complemento que se estima en la cantidad de $2\u2019364.545.50 y sobre el cual no se causan intereses legales ni tampoco procede su reajuste por depreciaci\u00f3n monetaria; Tercero. En el evento de ser aceptada expresa o t\u00e1citamente la rescisi\u00f3n, el demandado restituir\u00e1 a \u201c\u2026 la sucesi\u00f3n de ANA FELIX ZAPATA DE OSORIO, representada por la demandante ALBA INES OSORIO DE CASTRO, extendi\u00e9ndose esta representaci\u00f3n para quienes invoquen la calidad de interesados y se encuentren legitimados para actuar en la respectiva oportunidad \u2026\u201d, los derechos que individualiza y especifica la sentencia complementaria que con fecha 27 de septiembre de 1991 profiri\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago, junto con los frutos percibidos o que pudieran percibirse con mediana inteligencia y actividad, frutos estos que se tasan en la cantidad de $809.610 desde el 20 de febrero de 1984 hasta el 31 de octubre de 1993. Cuarto. En el mismo evento previsto en el numeral precedente, la parte actora restituir\u00e1 al comprador demandado el importe del precio pagado ($100.000) con el correspondiente ajuste por depreciaci\u00f3n monetaria y los intereses causados por dicha suma desde el 7 de febrero de 1980 hasta el 7 de diciembre de 1993, permiti\u00e9ndose a las partes efectuar las compensaciones del caso. Por \u00faltimo, se desechan las excepciones propuestas y en cuanto a costas concierne, se le impone a la parte demandada la obligaci\u00f3n de pagar las causadas en primera instancia, pues al decir del fallo impugnado, en el tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n no se causaron y por ese motivo a ninguno de los litigantes se les condena a reembolsarlas en favor del otro. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACION Y CONSIDERACIONES DE LA CORTE. <\/p>\n
Cuatro cargos formula el recurrente contra la sentencia impugnada, el primero de ellos afirmando la presencia de resoluciones contradictorias, el segundo dando cuenta de una presunta violaci\u00f3n directa de la ley, el tercero por infracci\u00f3n al principio que prohibe la reforma en perjuicio del \u00fanico apelante, y el \u00faltimo denunciando errores probatorios de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba de origen pericial practicada en el proceso, cargos que hay lugar a examinar tomando en cuenta las reglas que sobre el particular consagra el Art. 375 del C. de P. C. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Tomando pie en la causal que define el numeral 3\u00ba del Art. 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se alega en este primer cargo que en la sentencia, en su parte resolutiva, se presentan resoluciones contradictorias, al desconocer la correcci\u00f3n monetaria sobre el complemento al justo precio por pagar y reconocerla sobre la suma de dinero por restituir si la rescisi\u00f3n llegare a cobrar firmeza. <\/p>\n
Estima que la contraposici\u00f3n entre las referidas decisiones se destaca mas si se tiene en cuenta que no hay equidad cuando el precio que se complementa est\u00e1 ostensiblemente envilecido por la depreciaci\u00f3n monetaria, se\u00f1alando al punto que si se complementa con correcci\u00f3n monetaria, la devoluci\u00f3n del irrisorio precio pagado ($100.000) es por estimarse equitativa esa actualizaci\u00f3n, y ello, no obstante que en este aspecto ninguna norma habla de justo precio como si sucede en el caso anterior, siendo as\u00ed que si se da tratamiento diferente a ambas situaciones, no se guarda justa proporci\u00f3n, infringi\u00e9ndose el derecho constitucional fundamental a la igualdad de las partes ante la ley y el principio \u00e9tico-jur\u00eddico de la equidad. <\/p>\n
Agrega el casacionista en apoyo de su tesis, que al igual que acontece con los intereses, excluidos al fijar el complemento del justo precio que debe cubrir la parte demandada para restaurar el equilibrio contractual e impedir la rescisi\u00f3n, pero a la vez incluidos cuando se trata de la prestaci\u00f3n restitutoria a cargo de la parte demandante, se ponen de manifiesto pronunciamientos opuestos que se hacen notorios, seg\u00fan dice el recurrente, si se tiene en cuenta que en materia civil se impone el pago de intereses legales cuando se debe una suma de dinero y que solo admite excepci\u00f3n legal o contractual que en este caso no se da, sosteniendo tambi\u00e9n la censura que si se imponen condenas alternativas a ambos litigantes, debe guardarse un cierto grado de equilibrio entre los preceptos legales y de equidad tenidos en cuenta para la regulaci\u00f3n de una y otra condena, pues de no hacerse as\u00ed, insiste, se infringir\u00eda no solo la ley sino el principio constitucional de igualdad. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
1. El proceso, que es la uni\u00f3n concatenada de actos realizados unos por las partes y otros por el juez, ordinaria y normalmente termina con la sentencia de m\u00e9rito, de suerte que esta es la declaraci\u00f3n de la voluntad de la ley para el caso concreto que hace el juez y su finalidad es la de sacar de la incertidumbre los derechos de los particulares y darle certeza y definici\u00f3n a las relaciones jur\u00eddicas que los vinculan. En consecuencia, visto ese objetivo la sentencia debe ser clara, precisa y l\u00f3gica en sus disposiciones y por eso, determinando el contenido de esta clase de providencias judiciales, el art\u00edculo 304 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se\u00f1ala que la parte resolutiva de la sentencia \u201c… deber\u00e1 contener decisi\u00f3n expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, de las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y dem\u00e1s asuntos que corresponda decidir…\u201d. Como el pronunciamiento de la sentencia requiere de un juicio mental del juez que la dicta, una operaci\u00f3n intelectiva suya indispensable para concretar la voluntad abstracta de la ley frente a la litis, en esa tarea el fallador, por su condici\u00f3n humana, puede incurrir en contradicci\u00f3n que precisamente, debido a esa incoherencia o falta de l\u00f3gica, hace que las decisiones no se puedan cumplir coet\u00e1neamente pues no resulta posible establecer con exactitud, para darles efectividad, su aut\u00e9ntico sentido sustancial o el alcance que deban ellas tener. En otras palabras, la estructura de la sentencia debe ser coherente, constituida en consecuencia por un conjunto de razonamientos arm\u00f3nicos entre si que deben ser formulados observando cuidadosamente los principios de identidad y de contradicci\u00f3n, exigencia que para ser cumplida a cabalidad requiere en el pronunciamiento, adem\u00e1s de plena congruencia interna en cuanto las afirmaciones, deducciones y juicios que deben guardar en su conjunto adecuada concordancia, el identificar todos los elementos de raciocinio con la claridad necesaria para que no queden dudas sobre su significado y alcance, evitando por a\u00f1adidura incurrir en parad\u00f3jicos contrastes entre tales elementos y las conclusiones decisorias que ellos determinan, defecto este que adquiere particular gravedad cuando llega hasta el extremo de hacer inejecutable, en su integridad o al menos en parte, el fallo proferido. <\/p>\n
As\u00ed, analizando el origen del vicio de extrema contradicci\u00f3n que puede darse en las disposiciones de un fallo judicial hasta el punto de obligar a su invalidaci\u00f3n mediante el uso del recurso de casaci\u00f3n, dice la doctrina que tal irregularidad \u201c\u2026 tiene precisamente su sede en aquel trabajo l\u00f3gico que el juez debe llevar a cabo en su mente a trav\u00e9s de una serie de silogismos; pero mas bien que en una inconciliabilidad entre premisa y conclusi\u00f3n, o en una contradicci\u00f3n entre las diversas premisas entre s\u00ed, el vicio l\u00f3gico se ha manifestado aqu\u00ed en la volici\u00f3n, en cuanto el juez, al mismo tiempo, ha querido y no querido, o sea, al mismo tiempo, ha establecido la certeza de la existencia de varias voluntades concretas de la ley que rec\u00edprocamente se anulan en la pr\u00e1ctica (…); puesto que su existencia produce no solamente un fallo injusto, sino un fallo pr\u00e1cticamente inactuable, este vicio puede ser considerado tambi\u00e9n como un error in procedendo, que vicia la sentencia como providencia del mismo modo que la absoluta falta de parte dispositiva la vicia como acto escrito\u201d (Piero Calamandrei. La Casaci\u00f3n Civil. Tomo II. A\u00f1o 1961, p\u00e1g. 345). <\/p>\n
Por lo que ata\u00f1e a la legislaci\u00f3n nacional en el plano del procedimiento civil, el vicio de actividad en cuesti\u00f3n tradicionalmente se ha considerado como motivo suficiente para abrirle paso al recurso de casaci\u00f3n, si bien su consagraci\u00f3n ha sido materia de algunas modificaciones que no est\u00e1 por dem\u00e1s recordar brevemente en sus rasgos m\u00e1s importantes. El C\u00f3digo de Procedimiento Civil vigente establece, en efecto, que es causal de casaci\u00f3n el hecho de \u201cContener la sentencia en su parte resolutiva declaraciones o disposiciones contradictorias\u201d (Art. 368, numeral 3), dando por supuesto que como es la raz\u00f3n natural la que no permite ejecutar simult\u00e1nea, concurrente o coet\u00e1neamente las decisiones antag\u00f3nicas, contradictorias o incompatibles contenidas en el mismo fallo judicial, ese vicio de actividad especial\u00edsimo que impide que \u00e9ste \u00faltimo tenga cumplida y cabal eficacia puede y debe repararse en \u00faltimas mediante este recurso, luego queda definido que el n\u00facleo de la sentencia contradictoria para los fines que vienen de indicarse, radica en que contiene varias manifestaciones de voluntad jurisdiccional, en una misma declaraci\u00f3n de certeza jur\u00eddica, que son antag\u00f3nicas y se destruyen rec\u00edprocamente de modo que la ejecuci\u00f3n de una implica que la otra, por obra de principios elementales de l\u00f3gica formal, quede desprovista de sustancia y por ende se haga imposible de cumplir, siempre en el bien entendido que la contradicci\u00f3n, si es que en verdad existe pues con frecuencia se confunde lo contradictorio con lo diferente, ha de reflejarse en lo dispositivo del fallo cualquiera que sea la parte de este \u00faltimo en que aparezca formulado. <\/p>\n
Ha dicho y repetido la Corte que si hoy, a diferencia de lo que ocurr\u00eda antes, el r\u00e9gimen de la causal tercera de casaci\u00f3n no subordina su viabilidad al evento de que previamente se acuda a la aclaraci\u00f3n de la sentencia, como s\u00ed ocurr\u00eda a la luz de la legislaci\u00f3n positiva vigente hasta antes de 1970, \u201ces lo cierto que el fundamento jur\u00eddico, la raz\u00f3n de ser de dicha causal se encuentra \u00fanicamente, como tambi\u00e9n lo estuvo antes, en el hecho de que la contradicci\u00f3n reinante en las resoluciones de la misma sentencia hagan imposible la ejecuci\u00f3n simult\u00e1nea de todas ellas. S\u00f3lo en este supuesto la causal aludida tendr\u00e1 virtualidad suficiente para casar el fallo impugnado\u201d (G.J. T. CXLVI, P\u00e1g. 43 y en el mismo sentido se encuentran las sentencias de 16 de agosto de 1973, marzo 6 de 1990, y 5 de octubre 1988, publicada esta en la G.J. CXCII, p\u00e1g. 163). <\/p>\n
3. En el caso presente el Tribunal de Buga, en el fallo de 26 de abril de 1994 que le puso fin a la segunda instancia en este proceso, confirm\u00f3 en esencia la sentencia del juzgado de primer grado, aclarando algunas de sus disposiciones: que si los demandados optan por mantener el contrato rescindido, complementando el justo precio, \u201cno hay lugar a intereses legales\u201d, dejando asimismo en firme la decisi\u00f3n de que en ese complemento tampoco hay lugar a reajuste monetario; y en cuanto a la alternativa consistente en que el comprador acepte la rescisi\u00f3n, declar\u00f3 que corresponde restituir el precio pagado con intereses y correcci\u00f3n monetaria, por lo que estima el recurrente que tales disposiciones son contradictorias por cuanto, dice, el fallo desconoce la correcci\u00f3n monetaria y los intereses en la prestaci\u00f3n debida en concepto de pago del complemento del precio en el evento de conservarse el contrato, y contrariamente, para el caso de devoluci\u00f3n del precio si se hace efectiva la rescisi\u00f3n por consentirlo as\u00ed el comprador demandado, debe restitu\u00edrsele la cantidad por \u00e9l pagada con intereses y correcci\u00f3n monetaria. <\/p>\n
Pero lo cierto es que estas determinaciones, aunque pudieran tacharse de inequitativas o injustas, no son sin embargo contradictorias pues se trata de prestaciones diferentes que al oponerse entre s\u00ed no se anulan ni es factible tampoco decir que sea imposible el cumplimiento de la sentencia que condena a las partes a satisfacerlas en situaciones entre las cuales no existe identidad. <\/p>\n
Se trata, en efecto, de disposiciones de operancia alternativa y no concurrente cualquiera que sea la voluntad de los demandados frente a ellas. Si optan por persistir en el contrato de compraventa deben pagar el importe nominal del complemento del justo precio seg\u00fan este qued\u00f3 establecido en el proceso, al paso que si su voluntad es aceptar la rescisi\u00f3n del contrato, tienen derecho a la restituci\u00f3n del precio con reajuste por depreciaci\u00f3n monetaria e intereses, por manera que se trata de dos posibilidades distintas que por su propia \u00edndole no pueden tener simult\u00e1neamente efectividad en la pr\u00e1ctica. Esa alternativa significa que o sucede una de tales hip\u00f3tesis, o la otra, pero no las dos a la vez, desde luego que as\u00ed lo indica la misma sentencia con apoyo en la ley pues tal es el mandato del Art\u00edculo 1948 del C\u00f3digo Civil. As\u00ed las cosas, si son determinaciones de aplicaci\u00f3n alternativa y no concurrente seg\u00fan el texto mismo de la sentencia en concomitancia con la ley sustancial, no puede darse el defecto descrito en el numeral 3\u00ba del Art. 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que, como se ha dicho, exige la presencia en el fallo de juicios contrastantes entre s\u00ed que hagan imposible su cumplimiento simult\u00e1neo. Se trata de disposiciones, las aqu\u00ed se\u00f1aladas por la censura, que son sin duda opuestas en cuanto ata\u00f1e a los criterios utilizados por el sentenciador para fijar el objeto de las obligaciones a que se refieren, pero tambi\u00e9n es incuestionable que dichas disposiciones no corresponden en modo alguno a proveimientos de la sentencia destinados a ejecutarse a la vez, porque si en un caso con las caracter\u00edsticas que el presente ofrece, el contratante demandado o quien hiciere sus veces opta por enervar la rescisi\u00f3n declarada judicialmente e impedir que adquiera car\u00e1cter definitivo, la duplicidad de empleo alternativo desaparece, se torna \u00fanica la respectiva condena y ante esta unicidad, por simple exclusi\u00f3n l\u00f3gica, no es posible hablar de contradicci\u00f3n y por lo tanto queda descartado que pueda configurarse con la entidad que pide la ley, el defecto que describe aqu\u00e9l numeral del Art. 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
El cargo no prospera. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Acudiendo a la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, mediante este cargo se acusa la sentencia de incurrir en violaci\u00f3n directa por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos 1947, 1948, 1951 y 1952 del C\u00f3digo Civil; y por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1613 inciso 1o., 1614, 1615, 1616 inc. 1o., 1617, 1626 y 1649 inc. 2o. ibidem ; 8o. de la Ley 153 de 1887, 37-8 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (sin la reforma de 1989); y 16, 30, y 215 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, as\u00ed como tambi\u00e9n el texto del Pre\u00e1mbulo de esta \u00faltima. <\/p>\n
Afirma el recurrente que el Tribunal incurri\u00f3 en los errores denunciados al excluir la correcci\u00f3n monetaria y los intereses legales del complemento del justo precio de la compraventa, con deducci\u00f3n de la d\u00e9cima parte, para el caso que los sucesores del demandado elijan persistir en el contrato y evitar la rescisi\u00f3n pues contrario a lo dicho por la jurisprudencia sobre este particular, considera el recurrente que ninguna norma legal dice que no se pueda imponer aqu\u00e9l reajuste y prohibir el devengo de intereses, y las prohibiciones deben estar expresamente instituidas, con mayor raz\u00f3n si se tiene en cuenta que el C\u00f3digo Civil se expidi\u00f3 en una \u00e9poca en que no hab\u00eda tan alto grado de devaluaci\u00f3n monetaria, por lo cual, opina el censor, que de persistirse en la negativa que cuestiona, se violar\u00edan los derechos fundamentales a un orden econ\u00f3mico y social justo, a la propiedad privada, a la igualdad de las partes ante la ley y a la equidad, entre otros, y se desfigurar\u00eda el concepto de justo precio al que se refieren los art\u00edculos 1947 y 1948 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Sostiene igualmente que la \u00faltima norma citada cuando dice en la primera parte de su segundo inciso, que \u201cno se deber\u00e1n intereses o frutos sino desde la fecha de la demanda\u201d, no es lo mismo que si dijera \u201csolo se deber\u00e1n intereses o frutos\u201d, pues se trata de \u201cuna forma de redacci\u00f3n con proposici\u00f3n negativa y adversativa, sin que queden excluidos otros rubros restitutivos\u201d aduciendo que, de lo contrario, no se ve como pueda aceptarse que al comprador contra quien se pronuncia la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme deba restitu\u00edrsele el precio que pag\u00f3 por el predio; igualmente hace ver el recurrente que, en su criterio, lo mismo sucede con la segunda parte de la norma relativa a las expensas que haya ocasionado el contrato, toda vez que a su modo de ver no se refiere al contrato \u201cper se\u201d, sino simplemente a las expensas que gener\u00f3 su celebraci\u00f3n. <\/p>\n
Y en adici\u00f3n a los anteriores argumentos, manifiesta el escrito en estudio que, complement\u00e1ndose entre si los arts. 1951 y 1952 C.C., al reglar las responsabilidades del comprador que haya enajenado el predio, o cuando este se haya deteriorado, se infiere que \u201csi no se le permite al comprador lucrarse en mas del 10% de la diferencia del precio real entre el valor de compra y el valor de venta del predio, no se ve raz\u00f3n valedera para aceptar que si se le permita lucrarse con el complemento del \u2018justo precio\u2019 del predio sin correcci\u00f3n monetaria, que puede estar envilecido a tal extremo, como acontece en el sub j\u00fadice, que ese valor complementario no tenga ya ning\u00fan poder adquisitivo de significaci\u00f3n econ\u00f3mica aceptable\u201d; explica, adem\u00e1s, que en el supuesto concreto del que estos autos dan cuenta, el justo precio \u201cser\u00e1 el mayor precio por el cual el comprador lo vendi\u00f3, y ese es el \u2018justo valor de la cosa\u2019 de que escribe el texto (art. 1951 inc. 2o. C.C.), sin que pueda explicarse el absurdo hermen\u00e9utico tradicional de por qu\u00e9 en caso de venta del predio si puede tenerse el justo valor actual para tope de la reclamaci\u00f3n del vendedor, mientras que si no se vende y se declara la rescisi\u00f3n ese `justo valor\u00b4 sea envilecido\u201d. <\/p>\n
En fin, para concluir su exposici\u00f3n sostiene el recurrente que la interpretaci\u00f3n contraria a la que propone en su demanda sustentatoria de la impugnaci\u00f3n, infringe entre otros los siguientes derechos constitucionales fundamentales: \u201ca un orden econ\u00f3mico y social justo y a la equidad\u201d, \u201ca la igualdad de las partes ante la ley\u201d y \u201ca la propiedad privada\u201d puesto que al decir de aqu\u00e9l, \u201c \u2026 no se acatan dichos derechos constitucionales fundamentales cuando, hermen\u00e9uticamente, se permite el envilecimiento monetario del precio que debe completarse, sin correcci\u00f3n monetaria ni intereses legales, al vendedor (\u2026) que padeci\u00f3 lesi\u00f3n enorme y, como contrapartida, se permite la actualizaci\u00f3n del precio que debe restituirse al comprador con correcci\u00f3n monetaria e intereses \u2026\u201d. <\/p>\n
En consecuencia se solicita la casaci\u00f3n parcial del fallo impugnado en cuanto \u201c \u2026 niega la correcci\u00f3n monetaria del complemento del justo precio por la compraventa litigiosa\u201d, en cuanto neg\u00f3 igualmente la condena al pago de intereses en el mismo evento, confirm\u00e1ndose por consiguiente la determinaci\u00f3n que sobre este punto espec\u00edfico del pleito adopt\u00f3 el juzgado de primera instancia, y en fin, en cuanto aquella providencia se abstiene de imponer condena al reembolso de costas causadas en sede de apelaci\u00f3n, dedicando el recurrente el \u00faltimo cap\u00edtulo de su extensa disertaci\u00f3n a explicar los conceptos por virtud de los cuales se estiman infringidas las normas de derecho sustancial que cita el cargo en su encabezamiento. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
1. Sabido es que todo texto normativo, cualquiera que sea el grado de claridad sem\u00e1ntica del mismo, tiene por definici\u00f3n un alcance objetivo y limitado en cuya determinaci\u00f3n racional desempe\u00f1an papel preponderante, tanto la f\u00f3rmula literal en que aqu\u00e9l tiene expresi\u00f3n, primer factor este sin duda de singular importancia al tenor del Art. 27 del C. Civil, as\u00ed como tambi\u00e9n el esp\u00edritu y la finalidad que explican la consagraci\u00f3n de dicho precepto por el legislador, elementos estos \u00faltimos de forzosa consideraci\u00f3n en todo caso pues es en virtud de ellos que, en realidad y felizmente al decir de un autorizado expositor, la labor del int\u00e9rprete es conducida a las aplicaciones diversas y sucesivas de las que con el paso del tiempo, son susceptibles los enunciados legales abstractos, adquiriendo de este modo la regla de derecho escrita la flexibilidad indispensable y, por su parte, \u201c\u2026el int\u00e9rprete est\u00e1 seguro de no desnaturalizarla, de no sobrepasar sus justos l\u00edmites, teniendo cuidado, cosa relativamente f\u00e1cil, de asegurar que cada una de sus soluciones corresponde rigurosamente al objeto de armon\u00eda social perseguido por la f\u00f3rmula legal\u2026\u201d ( Julien Bonnecase. Elementos de Derecho Civil. Tomo I. Cap. 3\u00ba, Num. 131). <\/p>\n
En este orden de ideas, la b\u00fasqueda del esp\u00edritu y la finalidad de la norma que guarde justa correspondencia con las exigencias de cada conflicto en particular, no puede quedarse en el escueto se\u00f1alamiento de la intenci\u00f3n de la ley o del legislador al adoptar dicha norma, utilizando para el efecto instrumentos gramaticales o de simple l\u00f3gica formal de acuerdo con m\u00e9todos por los que propugn\u00f3 la escuela exeg\u00e9tica francesa durante el siglo XIX. Se trata, por el contrario, de prohijar una perspectiva hermen\u00e9utica integral de mayor profundidad que en cada momento hist\u00f3rico asegure la interpretaci\u00f3n cient\u00edfica y sana de las leyes, lo que de suyo supone poner en pr\u00e1ctica, con prudente sentido de juridicidad, un procedimiento intelectual que sin desestimar a la ligera ninguno de los criterios de investigaci\u00f3n conocidos (literal, contextual, hist\u00f3rico, sociol\u00f3gico y sistem\u00e1tico), tienda a obtener un resultado que sea acorde, tanto con los datos ideol\u00f3gicos, morales y econ\u00f3micos que ofrece la realidad social al tiempo en que el precepto ha de ser aplicado, como con los dictados de la equidad cual lo impone hoy en d\u00eda el Art. 230 de la C.N en cuanto estatuye que ella – la equidad – est\u00e1 llamada a ser objeto de ponderaci\u00f3n en la actividad jurisdiccional esparciendo su bienhechora influencia de manera generalizada, ponderaci\u00f3n que por su propia \u00edndole se refiere sin duda, como pauta dominante al menos, \u201c\u2026al fin de la norma, es decir a una aplicaci\u00f3n justa, seg\u00fan las circunstancias, de ella despu\u00e9s de haberla le\u00eddo literal, contextual e hist\u00f3ricamente y conjugar la realidad social con el esp\u00edritu y finalidad de la misma, por lo que la equidad viene a ser as\u00ed una especie de entramado humanitario (\u2026) para evitar que, pese al esfuerzo interpretativo realizado mediante el uso de los otros criterios, el resultado de la aplicaci\u00f3n de la norma sea injusto\u2026\u201d ( Carlos de la Vega Benayas. Teor\u00eda, aplicaci\u00f3n y eficacia de las normas. Cap\u00edtulo Segundo. Prg. II, P\u00e1g. 149. Edici\u00f3n de 1976), luego esa finalidad por la que es preciso inquirir, si bien en contadas ocasiones la hace expl\u00edcita la redacci\u00f3n misma del precepto en cuesti\u00f3n, no es esta la situaci\u00f3n que de ordinario se presenta y en consecuencia, para dar con ella, habr\u00e1 que acudir entonces a los principios cardinales en que se fundamenta la respectiva instituci\u00f3n jur\u00eddica y, en su defecto, a los grandes ideales rectores del ordenamiento cuyo logro, como acaba de verse, depende en buena medida de la equidad en tanto esta \u00faltima reclama de las autoridades judiciales obrar con rectitud, justicia y moderaci\u00f3n, conciliando la condici\u00f3n r\u00edgida y abstracta de los textos legales con las particulares circunstancias de hecho que en el caso concreto concurren. <\/p>\n
2. El contenido del cargo que se estudia, consistente seg\u00fan se dej\u00f3 visto en denunciar el yerro hermen\u00e9utico en que incurre la sentencia impugnada en cuanto expresa que cuando se trata de cubrir el complemento del precio por el comprador en beneficio del vendedor v\u00edctima de lesi\u00f3n enorme, al tenor del Art. 1948 del C. Civil no hay lugar a reconocer reajuste alguno por depreciaci\u00f3n monetaria ni tampoco procede el devengo de intereses, exige volver a examinar de nuevo dicho precepto con miras a establecer, frente al tema concreto en cuesti\u00f3n, el alcance que mejor conviene al sentido general de la regla de derecho all\u00ed consagrada, tarea en la cual, atendidas desde luego las pautas de interpretaci\u00f3n jur\u00eddica delineadas en el p\u00e1rrafo precedente y como en seguida pasa a verse, habr\u00e1 de llegarse a conclusiones que en buena medida llevan a darle la raz\u00f3n al recurrente. <\/p>\n
a) Sin el \u00e1nimo de inmiscuirse en la interesante pol\u00e9mica acerca de la verdadera naturaleza de la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme y el modo de operar que a esta le es caracter\u00edstico en el \u00e1mbito espec\u00edfico de las compraventas inmobiliarias, pol\u00e9mica por lo dem\u00e1s de car\u00e1cter esencialmente te\u00f3rico cuya larga trayectoria hist\u00f3rica se remonta hasta la c\u00e9lebre \u201cLex Secunda\u201d (C. Iust. 4.44. 2. Impp. Dioclesiano y Massimiano) que opiniones autorizadas (R. Dekkers. La Lesion Enorme, Introducci\u00f3n\u2026, P\u00e1g. 27, Par\u00eds. 1937) identifican como muestra sobresaliente de un vasto movimiento de pensamiento en su \u00e9poca promovido por la patr\u00edstica para introducir la equidad moral en la contrataci\u00f3n y el comercio, importa s\u00ed comenzar llamando la atenci\u00f3n acerca de que por principio, los agravios en m\u00e1s de la mitad del justo precio para vendedor y comprador, tal como los describe el Art. 1947 del C.. Civil, no constituyen un vicio capaz de producir la nulidad ipso iure del contrato que los origina; propiamente su consecuencia es la de permitirle al contratante perjudicado obrar de forma que se declare la ineficacia del v\u00ednculo negocial as\u00ed creado, si demuestra la lesi\u00f3n y, adem\u00e1s, no opta por reconducir el contrato a t\u00e9rminos de equidad el contratante que result\u00f3 favorecido, restableciendo en la razonable proporci\u00f3n que indica la ley, el equilibrio objetivo entre las prestaciones intercambiadas como lo exige la onerosidad que le es caracter\u00edstica a dicho contrato en atenci\u00f3n a la causa que justifica su celebraci\u00f3n y que contra la creencia com\u00fan, no supone tan s\u00f3lo la mera reciprocidad formal entre las obligaciones contraidas, sino que hace necesario en cada caso y sobre el plano teleol\u00f3gico de la satisfacci\u00f3n de las necesidades e intereses de las partes, poner en relaci\u00f3n con los beneficios que el contrato proporciona, las cargas econ\u00f3micas en que se traducen aquellas prestaciones. <\/p>\n
Queda claro, pues, que mediante el remedio rescisorio en referencia que tiene expresi\u00f3n en un poder jur\u00eddico de impugnaci\u00f3n del contrato lesivo en ultramitad, se trata de corregir, elimin\u00e1ndolo del modo y con el alcance que el legislador juzga menos gravosos, un da\u00f1o exorbitante que se considera incompatible con el se\u00f1alado car\u00e1cter conmutativo que en la mayor\u00eda de los casos es de la esencia del contrato de venta de bienes ra\u00edces, luego si en un convenio de esta \u00edndole se defrauda por encima o por debajo del \u201cjusto precio\u201d rebasando el l\u00edmite legal y por lo tanto se torna irrefutable la ausencia en \u00e9l de la justa equiparidad aludida, el ejercicio de la acci\u00f3n se justifica en orden a permitirle al contratante lesionado obrar de manera tal que el otro, quien obtiene provecho indebido, pueda consentir en la rescisi\u00f3n judicialmente pronunciada o restablecer la equivalencia transaccional a la medida y proporci\u00f3n que la ley indica, origin\u00e1ndose as\u00ed una modalidad de ineficacia negocial flexible en la cual predomina su finalidad tuitiva, no sancionatoria, congruente con el principio general de conservaci\u00f3n de la eficacia del contrato cuya destrucci\u00f3n definitiva solo proceder\u00e1, entonces, en el evento en que no sea factible conciliar su mantenimiento con la reparaci\u00f3n del perjuicio. <\/p>\n
b) Por eso, en pos de lo discurrido en el p\u00e1rrafo precedente y siguiendo ense\u00f1anzas de doctrina repetidas tambi\u00e9n desde tiempos remotos, bien puede decirse que son dos los aspectos b\u00e1sicos que permiten comprender a cabalidad el r\u00e9gimen de la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme y de contera, percatarse de la funci\u00f3n que est\u00e1 llamado a cumplir, dentro de ese contexto, un precepto como el que contiene el Art. 1948 del C. Civil. <\/p>\n
La primera de dichas bases sobre las que descansa el instituto en estudio, atiende a la finalidad que persigue cual es, seg\u00fan qued\u00f3 visto, la de propender por la efectiva reparaci\u00f3n de la grave inequidad objetiva que determinada relaci\u00f3n contractual representa para una de las partes frente al correlativo enriquecimiento de la otra, de donde se sigue que en virtud de aqu\u00e9l instituto, en cuanto mira de modo prioritario e independientemente de cualquier consideraci\u00f3n subjetiva, al fen\u00f3meno econ\u00f3mico que entra\u00f1a el intercambio producido, se establece un control sobre la justicia intr\u00ednseca de este \u00faltimo expresado en las atribuciones patrimoniales y en las cargas rec\u00edprocas reflejadas unas y otras en la esfera de cada contratante, control que se hace efectivo a instancia de parte interesada, otorg\u00e1ndole la ley al perjudicado la posibilidad de ejercitar, en el corto plazo que se\u00f1ala el Art. 1954 del C. Civil, aquella facultad de impugnaci\u00f3n que le permite someter a controversia la razonabilidad de toda la operaci\u00f3n realizada en procura de hacer imperar en ella elementales dictados de justicia conmutativa que consisten, para decirlo con palabras de Segismundo Scaccia (Tratado del Comercio y el Cambio. Cap. I, Quest. 5 Num. 99), en forjar contra el an\u00f3malo desequilibrio existente, \u201c\u2026una relaci\u00f3n de igualdad (equalis commutatio) entre las contraprestaciones, es decir una aequalitas de valor – no de simples guarismos nominales, valga agregar – entre lo dado y lo recibido, que de no verificarse convierte el contrato en lesivo para una de las partes\u2026\u201d. <\/p>\n
Y el segundo de los caracteres en cuesti\u00f3n, derivaci\u00f3n clara por cierto de la necesidad sentida de asegurar por todos los medios posibles la estabilidad en el tr\u00e1fico de bienes y servicios, tiene que ver con el principio de la conservaci\u00f3n de los contratos, habida cuenta que es justamente en guarda del mismo que la existencia de lesi\u00f3n por encima de los l\u00edmites legales, constatada mediante intervenci\u00f3n judicial a instancia de parte, no determina maquinalmente la ineficacia del negocio con las secuelas restitutorias a que hubiere lugar de conformidad con las reglas en general aplicables en esta materia de conformidad con el Art. 1746 del C. Civil. En \u00faltimo an\u00e1lisis, la rescisi\u00f3n con el alcance retroactivo que este precepto se\u00f1ala, tiende desde luego a reparar el perjuicio experimentado por el demandante haciendo que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de hacerse uso del poder de impugnaci\u00f3n del cual viene haci\u00e9ndose m\u00e9rito, pero no pierde de vista el legislador que los contratantes han querido realizar el negocio que por lo tanto, primando en el esp\u00edritu de las normas el \u201cfavor negotii\u201d, debe susbistir si aquella anomal\u00eda desaparece, resultado este al que se permite llegar, entonces, por el procedimiento menos radical y de relativa complejidad que consagra el tantas veces citado Art. 1948 del C. Civil, orientado a reajustar el alcance de las respectivas prestaciones mediante la denominada \u201creductio ad equitatem\u201d en virtud de la cual se le ofrece al contratante demandado, si su inter\u00e9s es evitar las consecuencias de la rescisi\u00f3n, la facultad de reinstaurar la idoneidad causal del contrato en funci\u00f3n del \u201ciustum pretium\u201d definido en t\u00e9rminos econ\u00f3micos razonables, incrementanto la prestaci\u00f3n deficitaria a su cargo o, dado el caso, aceptando reducir la excesiva, en las dimensiones que para ambos supuestos prescribe la ley. <\/p>\n
As\u00ed, pues, en toda la disciplina de la lesi\u00f3n enorme en el contrato civil de compraventa de bienes inmuebles, el factor que en realidad viene a ser decisivo es el restablecimiento del equilibrio patrimonial y en orden a alcanzar esta finalidad, la restituci\u00f3n rec\u00edproca de prestaciones que de la anulaci\u00f3n se sigue, no es impuesta a todo trance por el ordenamiento positivo. A pesar de la rescisi\u00f3n operada por causa de dicha lesi\u00f3n, el Art. 1948 del C. Civil admite la subsistencia de la relaci\u00f3n creada por las partes siempre que debidamente se compense a la que result\u00f3 perjudicada, efecto para el cual la citada norma concede al demandado el poder de incidir sobre el contenido del reglamento contractual para, sin producir alteraci\u00f3n cualitativa ninguna de la figura negocial en su conjunto y con el exclusivo prop\u00f3sito de satisfacer el inter\u00e9s del contratante que demand\u00f3 la rescisi\u00f3n, restablecer con equidad la relaci\u00f3n de valor entre las prestaciones, garantizando de esta manera su plena eficacia, por lo que salta a la vista que de las circunstancias econ\u00f3micas de mercado en vigor al momento de fijarse los t\u00e9rminos cuantitativos en que habr\u00e1 de hacerse actuar la susodicha facultad, no puede prescindirse a la ligera, toda vez que son ellas las que en concreto proporcionan la medida en que debe ejecutarse la modificaci\u00f3n correctiva en referencia para que, logr\u00e1ndose aquella finalidad, queden inc\u00f3lumes, no solamente el tenor literal de la disposici\u00f3n legal objeto de an\u00e1lisis en estas consideraciones, sino tambi\u00e9n el esp\u00edritu que le inculca su sentido y raz\u00f3n de ser. <\/p>\n
c) En efecto, de la lectura del Art. 1948 del C. Civil se sigue que al concluir un proceso de rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme de un contrato del tipo atr\u00e1s se\u00f1alado y obtenida por el demandante sentencia a su favor, la ley autoriza al demandado para mantener vigente la venta llevando a cabo, en funci\u00f3n del objetivo indicado en los p\u00e1rrafos precedentes, una prestaci\u00f3n en dinero cuyo contenido no siempre es id\u00e9ntico puesto que si del comprador se trata, puede enervar las consecuencias de la rescisi\u00f3n completando el \u201cjusto precio\u201d con deducci\u00f3n de una d\u00e9cima parte, mientras que al vendedor se le permite hacer lo propio restituyendo el exceso recibido aumentado en una d\u00e9cima parte, y en ambas hip\u00f3tesis la experiencia demuestra, ante el mal cr\u00f3nico que representa el fen\u00f3meno notorio de la inflaci\u00f3n en Colombia, que limitarse a determinar la extensi\u00f3n de dichas prestaciones en simples cantidades nominales de unidades monetarias con referencia al que era \u201cjusto precio\u201d en el momento de celebrarse el acto lesivo y pasando por alto, en consecuencia, el menoscabo experimentado en su valor de cambio por esas mismas unidades durante el tiempo transcurrido, conduce a resultados no conformes con los dictados de la equidad y que debido a ello, al persistir el agravio jur\u00eddico-econ\u00f3mico cuya existencia aspira a suprimir la acci\u00f3n rescisoria, tampoco consultan el aut\u00e9ntico significado de la regla de derecho que aquella disposici\u00f3n encierra. Dicho en otras palabras, las prestaciones en menci\u00f3n y de modo espec\u00edfico la consistente en el pago del suplemento del precio a cargo del comprador demandado e interesado en hacer subsistir el contrato en los t\u00e9rminos en que lo permite el Art. 1948 del C. Civil, tienen por fuerza que recibir el tratamiento de las obligaciones pecuniarias de valor estable que, por definici\u00f3n, han de medirse en su equivalente monetario al momento de ser satisfechas, evit\u00e1ndose as\u00ed, a la luz de un razonable criterio de equidad y buena fe adecuado a la \u00e9poca de acentuada inflaci\u00f3n que por m\u00e1s de tres d\u00e9cadas ha padecido el pa\u00eds, que la depreciaci\u00f3n del dinero y las fluctuaciones negativas en su poder adquisitivo, tenga que soportarlas el contratante v\u00edctima de la lesi\u00f3n; lo que ocurre, en s\u00edntesis, es que aqu\u00e9l contrae una obligaci\u00f3n de completar la cantidad que a t\u00edtulo de precio debi\u00f3 recibir el vendedor cuando se perfeccion\u00f3 la venta, cantidad que si se ha desvalorizado con el correr del tiempo hasta el momento del pago, es necesario, tomando pie en la naturaleza de la ameritada obligaci\u00f3n e inspir\u00e1ndose en una idea justa de realismo monetario que es vital en orden a restablecer en verdad el equilibrio patrimonial roto, reajustarla en igual proporci\u00f3n al deterioro del signo monetario, ello en el bien entendido que en casos como el que aqu\u00ed es materia de estudio, este reajuste o recomposici\u00f3n econ\u00f3mica lo \u00fanico que busca, en reconocimiento a los principios universales de equidad e igualdad de la justicia a los que de manera reiterada alude la jurisprudencia al tratar el tema de la llamada \u201ccorrecci\u00f3n monetaria\u201d (G. J, Ts. CLXXXIV, p\u00e1g. 25, y CC P\u00e1g. 20), es atenuar las secuelas nocivas del impacto inflacionario sobre una deuda pecuniaria sin agregarle por lo tanto, a esta \u00faltima, nada equiparable a una sanci\u00f3n o un resarcimiento. <\/p>\n
Preciso es subrayar, entonces, que el sistema legal consagrado en el Art. 1948 del C. Civil no debe ser distorsionado por influjo del envilecimiento de la moneda de curso legal, y a no permitirlo se encamina justamente el considerar que la correcta interpretaci\u00f3n jur\u00eddica de dicho sistema exige tomar el dinero, no en su significaci\u00f3n nominal sino por su valor real de cambio o de mercado vigente al tiempo en que habr\u00e1 de realizarse la prestaci\u00f3n complementaria, luego el concepto b\u00e1sico a tener en cuenta frente a la cuesti\u00f3n as\u00ed propuesta, es que el aumento que mediante el reajuste experimenta el importe nominal en que esa prestaci\u00f3n se expresa, originado tal aumento en la depreciaci\u00f3n monetaria, no trae consigo algo adicional que sea sustancialmente distinto a la misma prestaci\u00f3n ni supone, por ende, un incremento de su contenido, fuente en cuanto tal de injustificada ventaja para el acreedor. Se trata apenas de mantener el valor econ\u00f3mico del complemento del precio para que tampoco sufra perjuicio el vendedor damnificado y por eso, vistas las cosas con esta perspectiva, no queda otra alternativa diferente a admitir que la actualizaci\u00f3n a la que viene aludi\u00e9ndose, en la medida en que no conlleva imponerle al demandado interesado en la conservaci\u00f3n del contrato otras prestaciones diversas a las que autoriza el Art. 1948 del C. Civil y con referencia desde luego a la fecha de la demanda como punto de partida para medir el importe de la susodicha actualizaci\u00f3n, no choca -esta \u00faltima- con ninguna parte del precepto ni menos todav\u00eda, contradice la \u201cnaturaleza tan especial\u201d que con frecuencia se predica del instituto rescisorio, apreciaciones doctrinarias ambas que como lo apunta el recurso, hab\u00eda venido sosteniendo esta corporaci\u00f3n desde hace varios a\u00f1os (G. J, T. CLXXX, P\u00e1g. 322, reiterada en Cas. Civ. de 22 de julio de 1987, 19 de abril, 21 de abril de 1989 y 8 de febrero de 1994) y que hoy corresponde rectificar por obra de los motivos explicados a espacio en estas consideraciones. <\/p>\n
3. La conclusi\u00f3n que se desprende de esas mismas consideraciones en lo que ata\u00f1e a la impugnaci\u00f3n en estudio y su fundamento, es que en realidad el sentenciador ad quem incurri\u00f3 en el desacierto hermen\u00e9utico que se le endilga al encontrar, apoyado simplemente en el tenor literal del segundo inciso del Art. 1948 del C. Civil, una prohibici\u00f3n terminante e \u201cinsalvable\u201d para reconocerle a la parte actora en el proceso, el derecho a obtener el complemento del precio con el respectivo reajuste por depreciaci\u00f3n monetaria, por lo que el cargo esta llamado a prosperar y el fallo habr\u00e1 de casarse para introducir las modificaciones decisorias pertinentes. <\/p>\n
E igual cosa sucede con los intereses a cuyo pago aspira tambi\u00e9n el recurrente, toda vez que al tenor del mismo inciso 2\u00ba del Art. 1948 tantas veces citado a lo largo de estas consideraciones, de optar el adquirente demandado por el abono al vendedor del justo precio, deducida por supuesto la prima o rebaja porcentual que dicho precepto consagra, y cortando de esta forma el curso normal de la rescisi\u00f3n decretada, en esa obligaci\u00f3n de pagar el suplemento as\u00ed delimitado legalmente, es imperioso reconocer la presencia de un verdadero derecho de cr\u00e9dito en favor del vendedor que en cuanto tal, devenga intereses civiles remuneratorios liquidables a la tasa legal sobre el importe nominal de dicho suplemento desde la fecha de la reclamaci\u00f3n judicial. Al no declararlo as\u00ed por motivos que la sentencia impugnada omite explicar con la amplitud necesaria, el Tribunal quebrant\u00f3, por falta de aplicaci\u00f3n, la norma reci\u00e9n citada. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Aduciendo la causal cuarta de casaci\u00f3n, denuncia el recurso que la sentencia recurrida viola el principio que prohibe la reforma en perjuicio, por agravar la situaci\u00f3n de la demandante en motivos que no fueron objeto de apelaci\u00f3n por los sucesores procesales del demandado. <\/p>\n
Apunta el recurrente que si bien el art\u00edculo 357 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil autoriza al juzgador para resolver la apelaci\u00f3n sin limitaciones cuando ambas partes han apelado, se debe entender que cuando cada parte restringe su apelaci\u00f3n a aspectos concretos de la decisi\u00f3n, no puede el ad_quem desbordarlos, aunque la contraparte haya tambi\u00e9n recurrido, \u201ccomoquiera que la dispositividad de este recurso no puede ser invadida por el juzgador, por corresponder al inter\u00e9s particular de cada recurrente\u201d. <\/p>\n
Para el caso que ocupa, dice el censor que como la parte demandada apel\u00f3 solo la decisi\u00f3n de rescisi\u00f3n y no las determinaciones consecuenciales, solo a aquel aspecto deb\u00eda limitar el Tribunal su decisi\u00f3n, pues aunque la eventual prosperidad de la defensa de la demandada habr\u00eda \u201cdado al traste\u201d con las pretensiones consecuenciales, ello no indica que la no prosperidad de tal argumento autorice de oficio el examen de \u00e9stas. A guisa de explicaci\u00f3n transcribe las resoluciones adoptadas por ambos juzgadores de instancia y los t\u00e9rminos de la apelaci\u00f3n de la demandada para concluir que, de ese cotejo, se colige la violaci\u00f3n que denuncia reflejada en la exclusi\u00f3n que el ad_quem hizo de los intereses legales a que hab\u00eda condenado el a_quo a la parte demandada por el saldo del justo precio, la inclusi\u00f3n de correcci\u00f3n monetaria sobre los $100.000 que deb\u00edan restituirse a los sucesores procesales del demandado y la extensi\u00f3n de dichos intereses legales desde el 7 de febrero de 1984 (como lo hab\u00eda dispuesto el a_quo por ser la fecha de la demanda) al 7 de febrero de 1980. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
1. En la legislaci\u00f3n procesal que en el punto, como acontece en tantas otras, encuentra su fuente inspiradora en la Constituci\u00f3n, es dominante el principio de las dos instancias en virtud del cual, por regla general, el proceso es conocido sucesivamente por dos jueces de jerarqu\u00eda distinta cuando los interesados lo requieren mediante la proposici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n y, en algunos casos, por el grado de consulta forzosa que la ley establece para cierta clase de sentencias. <\/p>\n
As\u00ed, pues, como lo tiene dicho la doctrina, precisando el alcance del art\u00edculo 350 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el recurso de apelaci\u00f3n es el medio ordinario de apertura de la segunda instancia y que, por ende, hace efectivo el principio se\u00f1alado; tiene por objeto llevar al conocimiento de un juez superior la resoluci\u00f3n de uno inferior, \u201cen orden a que aqu\u00e9l revise y corrija los errores en que \u00e9ste hubiera podido incurrir\u201d, y consiguientemente \u201crevoque o reforme la providencia de primer grado\u201d. (Cas. Civ de. 1o. octubre 1992.) <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del caso espec\u00edfico de sentencias, cuando se las hace objeto de apelaci\u00f3n, la interposici\u00f3n y concesi\u00f3n de este recurso da lugar a la segunda instancia del proceso en la cual el juez ad quem, en ejercicio de su actividad jurisdiccional propia y sin limitaci\u00f3n distinta a la que emerge de la prohibici\u00f3n de reformar en perjuicio del apelante \u00fanico, revisa el proceso en todos los aspectos que \u00e9ste presenta, tanto de hecho como de derecho, para despu\u00e9s de concluida esa labor y precisamente con causa en ella, terminar en el pronunciamiento de un fallo mediante el cual revoca, reforma o confirma el apelado. El juez de la apelaci\u00f3n tiene que estudiar los hechos que individualizan toda la situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, para decidir si ellos corresponden a los previstos en la ley y advertir si entre esta y la decisi\u00f3n contenida en la sentencia que revisa hay relaci\u00f3n de semejanza o de disimilitud. O sea que por regla general y tomando en cuenta desde luego las naturales restricciones que se derivan del principio dispositivo imperante en el proceso civil, la apelaci\u00f3n da al juzgador ad quem una competencia panor\u00e1mica o integral de la cuesti\u00f3n controvertida que no admite reservas, salvo en lo atinente a la reforma en perjuicio del \u00fanico apelante, y en consonancia con ello, ha dicho la Corte que la apelaci\u00f3n otorga al juez de segundo grado \u201cla competencia que originalmente tuvo el funcionario que dict\u00f3 la providencia apelada. En tal virtud tiene aqu\u00e9l el mismo conocimiento y los mismos poderes para enfrentar el estudio de los hechos y del derecho, para valorar las pruebas, de igual o de distinto modo que el de primer grado, revisar \u00edntegramente el proceso y llegar a conclusiones que pueden coincidir en parte o en todo con las del juez a quo y, en fin, revocar la providencia, pues su posici\u00f3n frente a los litigantes es la misma al momento de resolver el recurso que la que tuvo el inferior al tiempo de decidir, entendido todo esto, en la medida en que lo pretenda el apelante y con la limitaci\u00f3n de la reformatio in pejus\u201d (Sent. 23 septiembre 1963. G.J.T. CIII-CIV, p\u00e1g. 160). <\/p>\n
2. En este orden de ideas, de acuerdo con el art\u00edculo 357 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la apelaci\u00f3n se debe entender interpuesta \u00fanicamente en lo que la providencia por ese medio impugnada tiene de perjudicial para el recurrente, pues tal es la regla que imponen tanto el inter\u00e9s para recurrir como la personalidad de este recurso. De ello ha de seguirse que la autoridad del juez de segunda instancia encuentra una primera limitaci\u00f3n consistente en que no puede, en l\u00ednea de principio general pues no se trata en verdad de una cortapisa de vigencia absoluta, modificar la sentencia en perjuicio del \u00fanico recurrente. Pero al tenor del texto que regula la materia, para que pueda darse el se\u00f1alado defecto no solamente es condici\u00f3n indispensable que haya un litigante vencido en el proceso al que le puso fin la providencia apelada sino que, adem\u00e1s, es esencial que una parte apele y la otra no, desde luego que si ambas recurren por esta v\u00eda, o la que no apel\u00f3 hubiere adherido al recurso de su contraparte, la competencia del superior vuelve a ser plena y debe \u00e9l resolver sin limitaciones. <\/p>\n
En otras palabras, valga volver a insistir una vez m\u00e1s en que los problemas relativos al defecto procesal que se examina -la reformatio in pejus- no se plantean y por lo tanto se torna en esfuerzo in\u00fatil empecinarse en hacer uso del motivo de casaci\u00f3n previsto en el Num. 4\u00ba del Art. 368 del C. de P. C., en el supuesto en que ambas partes son apelantes, ya sea porque las dos han recurrido directamente y en oportunidad frente a la sentencia, o bien porque una vez hecha valer la apelaci\u00f3n por uno de los litigantes, el contrario adhiri\u00f3 del modo en que autoriza hacerlo el Art. 353 del C. de P. C. Es que si las dos partes recurren, obvio es suponer que a falta de elementos concluyentes que exijan concluir de otra manera, ambas tienen inter\u00e9s en que se reproduzcan las mismas cuestiones, tanto f\u00e1cticas como jur\u00eddicas, ventiladas en primera instancia y respecto de las cuales no obtuvieron pronunciamiento favorable, luego la revisi\u00f3n a cargo del ad quem ser\u00e1 plena; si la sentencia, a t\u00edtulo de ejemplo, ha concedido parte de las pretensiones invocadas por el actor en su demanda, ello equivale a darle raz\u00f3n a este \u00faltimo e igualmente al demandado y sobre este supuesto, el fallo destinado a resolver los recursos interpuestos por ambas podr\u00e1 ser por entero desestimatorio de dichas pretensiones -pues ha de entenderse que as\u00ed lo quiere el demandado- o estimatorio de ellas en su integridad conforme lo solicita el demandante, extremos ambos dentro de los que tienen cabida multitud de posibilidades reformatorias congruentes que no admiten objeci\u00f3n con apoyo en el precepto consagrado en el Art. 357 del C. de P. C. <\/p>\n
3. Lo anterior fue lo que precisamente ocurri\u00f3 en la segunda instancia de este proceso, pues del fallo proferido por el Juzgado apelaron las dos partes: algunos de los demandados expresando su inconformidad total con lo resuelto por el a quo, sin limitaci\u00f3n alguna, tal cual se infiere del escrito visible al folio 203 del cuaderno No. 1, pues dijeron interponer \u201cel recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia proferida por su despacho y por medio de la cual puso fin a la primera instancia, despachando favorablemente las pretensiones de la parte demandante\u201d; y el demandante, expresando su disconformidad parcial con lo resuelto, como aparece del escrito visible a los folios 208 y 209 del mismo cuaderno. Entonces, si ambas partes apelaron la sentencia de primer grado, no tiene sentido afirmar que el Tribunal, al decidir la alzada modificando algunas de las disposiciones del fallo de primera instancia, infringi\u00f3 el principio prohibitivo de la reforma en perjuicio como lo asevera el casacionista en este cargo, porque, se insiste, como lo dice el art\u00edculo 357 citado al definir el \u00e1mbito de competencia del superior de modo terminante, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apel\u00f3 hubiere adherido al recurso, el superior resolver\u00e1 sin limitaci\u00f3n de ninguna especie. <\/p>\n
La falta de fundamento de esta censura cobra mayor notoriedad al decir el recurrente que los demandados limitaron la apelaci\u00f3n pues que solamente impugnaron por esa v\u00eda no las decisiones consecuenciales a la declaraci\u00f3n de rescisi\u00f3n del contrato litigioso, sino por estimar que no proced\u00eda la rescisi\u00f3n; y que, por ello, \u201c\u00fanicamente a este aspecto debi\u00f3 el ad quem reducir sus argumentaciones y decisiones por lo que dice relaci\u00f3n a estos recurrentes, sin entrar a sojuzgar las condenas concretas que, como consecuenciales de la rescisi\u00f3n, hizo el a quo contra la parte demandada\u201d. Es que si como ya se vio, mediante el escrito por el cual los demandados apelaron no limitaron, ni impl\u00edcita ni much\u00edsimo menos expresamente su recurso, sino que impugnaron en su integridad el fallo de primer grado, el razonamiento aludido se hace incomprensible desde luego que restringe a la mejor conveniencia del recurrente un acto de postulaci\u00f3n que sus autores ni remotamente expresaron reducir en sus alcances. Pretender lo contrario es considerar que quien expresa su disconformidad con una sentencia, sin aclaraci\u00f3n alguna, est\u00e1 conforme con alguna o algunas de sus partes, o que la parte no integra el todo; quien impugna la resoluci\u00f3n estimatoria de la pretensi\u00f3n principal objeto de una demanda, impugna igualmente y por elemental l\u00f3gica las disposiciones consecuenciales que de ella derivan; si los apelantes demandados manifestaron su disconformidad con el decreto de rescisi\u00f3n del contrato de compraventa por lesi\u00f3n enorme, tambi\u00e9n y como corolario hay que suponerlos inconformes ante lo decidido como consecuencia de tal declaraci\u00f3n; pues es lo cierto que aun cuando as\u00ed no se exprese, el sentido com\u00fan indica que frente de una sentencia que decreta la rescisi\u00f3n de un contrato por lesi\u00f3n enorme, imperioso resulta entender que quien apela de ella, as\u00ed como no se aviene o consiente tal decisi\u00f3n, tampoco lo hace respecto de las determinaciones que fluyen o emanan de esa decisi\u00f3n principal por ser inherentes a ella, tanto en lo atinente a las restituciones si la rescisi\u00f3n es consentida por el demandado, como en la fijaci\u00f3n de las pautas conforme a las cuales podr\u00e1 restablecerse la vigencia del contrato. <\/p>\n
Lo anterior resulta, pues, suficiente para advertir la inocuidad del cargo que por lo tanto se desecha. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Finalmente, invocando la causal primera que consagra el Art. 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil para la procedencia del recurso de casaci\u00f3n, se le atribuye a la sentencia impugnada violaci\u00f3n indirecta, por indebida aplicaci\u00f3n, del art\u00edculo 1948 inc. 2o. del C\u00f3digo Civil como consecuencia de errores manifiestos de hecho en la apreciaci\u00f3n del dictamen pericial practicado para el aval\u00fao de frutos, del cual se dice en el recurso que carece completamente de fundamento y que toma en cuenta derechos diferentes de los litigiosos, pues se limita a describir el bien, a se\u00f1alar unos rubros caprichosos que no se sabe como aparecen relacionados, pero no dice que los peritos hubieran ido a constatar el estado del inmueble, que hayan verificado el aval\u00fao catastral y, agrega el censor, que los auxiliares de la justicia avaluaron el 100% de un predio, no obstante que lo que es objeto de litigio corresponde a 20\/22 partes del mismo, sin que ni siquiera hayan hecho la m\u00e1s m\u00ednima discriminaci\u00f3n acerca de este particular. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
En orden a cerciorarse del m\u00e9rito de este cargo que como queda visto, se fundamenta en la errada apreciaci\u00f3n de un dictamen sobre frutos que, dice la censura, carece de la debida sustentaci\u00f3n y recae sobre derechos diferentes de los que son materia del litigio, es de advertirse primeramente que el juzgado de primera instancia orden\u00f3 a los peritos se\u00f1alar o fijar \u201cel valor de los frutos que el inmueble al cual se refiere la demanda (hecho 1o.), pudo haber producido …\u201d, luego ninguna duda queda que por determinaci\u00f3n judicial el cometido a cargo de los peritos era realizar una justa tasaci\u00f3n de los frutos producidos por todo el inmueble objeto de la venta impugnada y no apenas de una parte del mismo. Esto es lo que se deduce del decreto oficioso de pruebas proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago visible al folio 177 del cuaderno No. 1 del expediente y por eso ha de concluirse que los peritos se sometieron fielmente a dicha directriz, manteni\u00e9ndose dentro de los l\u00edmites fijados, manifestando ellos en su experticia avaluar la \u201c \u2026 renta de una casa de habitaci\u00f3n, ubicada en la cra. 4 Norte No. 12B-05 del Barrio el Prado de esta ciudad, desde el a\u00f1o de 1980 hasta el a\u00f1o de 1991…\u201d (fls. 1 y 2, cuad. No. 3), vale decir del mismo inmueble a que se refiere el hecho primero de la demanda que a este proceso le dio vida. De otra parte, del dictamen de los peritos \u201crendido tal como se nos encomend\u00f3 su Despacho\u201d, se corri\u00f3 traslado a las partes por auto que se notific\u00f3 mediante inserci\u00f3n en el estado del 19 de julio de 1991, en t\u00e9rmino de 3 d\u00edas que venci\u00f3 el 24 siguiente, seg\u00fan constancia secretarial (v\u00e9anse folios 2 y 4 mismo cuaderno No. 3), y el apoderado del demandante, si bien no estuvo conforme con el dictamen as\u00ed rendido, no lo controvirti\u00f3 oportunamente puesto que solamente lo vino a objetar por error grave en escrito de 24 de julio, objeci\u00f3n que por resultar intempestiva no recibi\u00f3 tr\u00e1mite, todo ello de acuerdo con evidencia incontrastable que suministran los autos (fls. 5, 6 y 8, cuad. No. 3). <\/p>\n
La frustrada objeci\u00f3n por error grave se fundament\u00f3 entonces, en lo cual hay clara semejanza con la sustentaci\u00f3n del cargo en casaci\u00f3n, en que se le asignaron valores irrisorios a la renta mensual de una casa sin suministrar explicaci\u00f3n ninguna, \u201csin tener en cuenta varios factores determinantes para la elaboraci\u00f3n de un trabajo de esa naturaleza cuales son entre otros ubicaci\u00f3n, dimenci\u00f3n (sic), estratificaci\u00f3n, estado de conservaci\u00f3n, costo real de los arrendamientos en Cartago y su valor comercial\u201d, pues dicha casa est\u00e1 ubicada en zona residencial; que la pericia en cuesti\u00f3n \u201cno pasa de ser una simple relaci\u00f3n o informe carente de sustentaci\u00f3n y sin explicaci\u00f3n alguna sobre las razones y motivaciones que indujeron a sus autores a sacar sus conclusiones\u201d, de donde se sigue, entonces, que existe visible equivalencia entre los fundamentos de la objeci\u00f3n al dictamen, formulada extempor\u00e1neamente, y el motivo en que se apoya el cargo que se despacha, equivalencia ante la cual no queda otra alternativa distinta a concluir que hoy pretende el apoderado de la parte actora obtener en sede de casaci\u00f3n lo que no consigui\u00f3 en la primera instancia por falta de la actuaci\u00f3n debida en tiempo oportuno, a saber: el reemplazo de los peritos para lograr un nuevo dictamen sobre el valor de los frutos producidos por el bien ra\u00edz que habr\u00e1 de ser restituido de quedar en firme la rescisi\u00f3n dispuesta en el fallo impugnado. <\/p>\n
As\u00ed entendido el cargo, su improcedencia es notoria a estas alturas, desde luego que el recurso de casaci\u00f3n no es medio id\u00f3neo para que el litigante que no ha observado especial diligencia en el curso de las instancias, pretenda ante la Corte restablecer en su beneficio oportunidades de contradicci\u00f3n probatoria perdidas pues bien sabido es que la admisibilidad de las alegaciones en casaci\u00f3n por el cauce indicado en el Num. 1\u00ba del Art. 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, no depende \u00fanicamente de que en ella se citen normas sustanciales supuestamente infringidas de manera directa o como consecuencia de errores acaecidos en el \u00e1mbito de la prueba, sino que adem\u00e1s es requisito de forzoso cumplimiento el que la cuesti\u00f3n concreta as\u00ed planteada haya sido sometida a debate en instancia dentro del marco procesal apropiado para el efecto. <\/p>\n
Y es por eso que frente a situaciones revestidas de las caracter\u00edsticas descritas, ha de reiterarse la jurisprudencia tradicional que rechaza la introducci\u00f3n de cuestiones nuevas en casaci\u00f3n, novedad que, valga insistir en ello una vez m\u00e1s, puede tener origen, tanto en la completa omisi\u00f3n del debate en instancia como en el aquietamiento intencional o no del recurrente, pero en todo caso a \u00e9l imputable, ante una de aquellas cuestiones. <\/p>\n
Por otro lado, es importante advertir que los peritos no cambiaron el objeto de su dictamen, pues lo concretaron a lo que el juzgado les determin\u00f3 como materia de investigaci\u00f3n. Y si eso lo consinti\u00f3 la parte demandante cuando se decret\u00f3 la prueba de oficio, y a\u00fan despu\u00e9s de rendido el dictamen y hasta cuando se dict\u00f3 la sentencia de segunda instancia, en atenci\u00f3n al principio que acaba de mencionarse, tampoco resulta de recibo el reparo en que sobre el particular pretende apoyarse el cargo en estudio. <\/p>\n
En s\u00edntesis, lo que con este cargo persigue el recurrente es que se altere el grado de certeza que el Tribunal le atribuy\u00f3 a la pericia sobre frutos y se designen nuevos peritos, pretensi\u00f3n deducida en la primera instancia cuando se formul\u00f3 objeci\u00f3n tard\u00eda al concepto de los expertos y que por ello resulta inadmisible en casaci\u00f3n. Pero aun cuando no lo fuera, si los peritos designados, no por iniciativa de ellos sino por orden del juez al fijar el objeto de la prueba pericial en cuesti\u00f3n, rindieron concepto sobre valor mayor del que corresponde en punto de frutos o beneficios, no se aprecia con facilidad cual pueda ser el inter\u00e9s del demandante en someter el punto a discusi\u00f3n, dada su condici\u00f3n de acreedor de la susodicha prestaci\u00f3n. Es que la cantidad avaluada por frutos de la casa en un 100% y no en \u201c20\/22 partes de ese predio\u201d, como lo quiere el recurrente, redunda en clara ventaja para el contratante vendedor que es quien, como lo ordena la sentencia, debe recibir los frutos producidos por el inmueble y como tal, va a percibir no los incrementos en \u201c20\/22 partes\u201d, sino en \u201cel 100%\u201d. Se observa as\u00ed que la sentencia complementaria dictada el 27 de septiembre de 1991 (fls. 196 a 202 cuad. 1), en el ordinal 4o. de su parte dispositiva, conden\u00f3 al \u201cdemandado, representado hoy por sus herederos\u201d, a pagar a la sucesi\u00f3n de la vendedora Ana F\u00e9lix Zapata Vda. de Osorio, \u201cel valor de los frutos que percibi\u00f3…\u201d, condena que el Tribunal adicion\u00f3 en su cuant\u00eda a la suma de $809.610.oo (fl. 14v. del cuad. No. 4) y cuya exigibilidad est\u00e1 condicionada, por supuesto, a que el demandado comprador consienta en la rescisi\u00f3n, evento en el cual debe restituir el bien con los frutos aludidos al demandante, lo que equivale a decir que \u00e9ste \u00faltimo, aqu\u00ed recurrente en casaci\u00f3n, de ser atendible su tesis, habr\u00eda de recibir frutos con menoscabo patrimonial para la parte demandada, o sea que habr\u00eda que casar la sentencia para imponer una condena de importe menor con ventaja para los demandados. <\/p>\n
El cargo en consecuencia se desecha. <\/p>\n
IV. SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
Resulta de todo lo dicho a lo largo de las consideraciones precedentes que debido a la prosperidad parcial del segundo de los cargos formulados en la demanda sustentatoria del recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte actora, la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n habr\u00e1 de ser infirmada en lo pertinente. Pero antes de proferir la que deba reemplazarla y con el fin de poderle dar cabal cumplimiento al Art. 307 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se estima del caso disponer en forma oficiosa la pr\u00e1ctica de la diligencia de prueba que indica la parte dispositiva de esta providencia. <\/p>\n
DECISION: <\/p>\n
En m\u00e9rito de cuanto se deja expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de fecha veintis\u00e9is (26) de abril de 1994 proferida en el proceso ordinario de la referencia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. <\/p>\n
Y actuando en sede de apelaci\u00f3n, de conformidad con los Arts. 307, 375, 179, 180 y 243 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se dispone oficiar al Banco de la Rep\u00fablica (Gerencia General) en Bogot\u00e1 D. C. para que con destino a este proceso y por conducto del funcionario que al efecto se designe, dentro del t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas contados a partir del recibo de la respectiva comunicaci\u00f3n, rinda informe debidamente circunstanciado mediante el cual se determine, teniendo en cuenta la disminuci\u00f3n del poder adquisitivo de la moneda ocurrida en el pa\u00eds y calculada, en ambos casos, con referencia tanto al \u00edndice de precios al consumidor como a la unidad de poder adquisitivo constante (UPAC), el valor que en la fecha tienen cantidades cuyos importes nominales, para el d\u00eda siete (7) de febrero de 1984 fecha en que se entabl\u00f3 la demanda de rescisi\u00f3n, eran de $2\u2019364.545.50 y $100.000. <\/p>\n
L\u00edbrese por Secretar\u00eda el oficio correspondiente. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n ante la prosperidad del recurso. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
<\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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S-018-99 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de Junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).- […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81623","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81623","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81623"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81623\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81623"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81623"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81623"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}