S-019-99<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Distrito Capital, ocho (8) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).- <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 5157 <\/p>\n
Procede la Corte a decidir el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 27 de junio de 1994, pronunciada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, en este proceso ordinario de INVERSIONES URBANAS Y RURALES BOLIVARIANA LIMITADA contra el BANCO CENTRAL HIPOTECARIO. <\/p>\n
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ANTECEDENTES: <\/p>\n
I.- Por demanda de 9 de junio de 1992 que le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., el citado actor promueve, con audiencia del mencionado demandado, proceso ordinario en el que solicita se hagan las declaraciones siguientes: <\/p>\n
\u00ab1.- Se declare que el Banco Central Hipotecario es responsable del deterioro y desvalorizaci\u00f3n del bien inmueble ubicado en la Cra. 1a. Este N\u00ba 108-57 de la ciudad de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D. C., de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 050-0082049, perteneciente a la sociedad Inversiones Urbanas Bolivariana \u00abINURB\u00bb. <\/p>\n
\u00ab2.- Que se condene a la entidad demandada al pago de la desvalorizaci\u00f3n y deterioro del inmueble, la cual se aval\u00faa en TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE, ($30.000.000,00). <\/p>\n
\u00ab3.- Que se condene a la parte demandada al pago de los c\u00e1nones mensuales que se dejaron de percibir desde el 5 de junio de 1987 hasta el d\u00eda de hoy, cuyo valor de cada canon era de CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($56.000,00) dichos valores deber\u00e1n ser sometidos a la indexaci\u00f3n, o sea a la correcci\u00f3n monetaria que se tenga al momento de realizar el pago. <\/p>\n
\u00ab4.- Que se condene a la parte demandada al pago de los intereses al 6% anual sobre los c\u00e1nones dejados de percibir desde el mes de junio de 1987, fecha en que termin\u00f3 el contrato de arrendamiento efectuado por el secuestre. <\/p>\n
\u00ab5.- Que se condene a la parte demandada al pago de los intereses al 6% anual sobre la suma de $2.519.513,00 MCTE, correspondiente a los c\u00e1nones que fueron puesto (sic) a disposici\u00f3n del Juzgado y no fueron retirados, por el doctor CETINA, procurador judicial del Banco si no hasta el 12 de noviembre de 1991\u00bb. <\/p>\n
Las anteriores peticiones tienen como fundamento los hechos que a continuaci\u00f3n se resumen: <\/p>\n
a.-) El Banco Central Hipotecario demand\u00f3 por la v\u00eda ejecutiva con garant\u00eda real de hipoteca a Inversiones Urbanas y Rurales Bolivariana Limitada, proceso cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de esta ciudad y dentro del cual, como medida cautelar, se decret\u00f3 el embargo y posterior secuestro del inmueble dado en garant\u00eda, seg\u00fan auto del 14 de junio de 1982. <\/p>\n
b.-) Inscrito el embargo, se decret\u00f3 la diligencia de secuestro que se practic\u00f3 el 7 de marzo de 1983, habiendo sido designado como secuestre el se\u00f1or Pedro Antonio Cely, quien ejerci\u00f3 sus funciones hasta el 22 de noviembre de 1988, data en la que renunci\u00f3 a su cargo y rindi\u00f3 cuenta de los dineros recaudados por concepto de arrendamiento, motivo por el cual el Juzgado le design\u00f3 reemplazo, quien no tom\u00f3 posesi\u00f3n del cargo sin que la parte actora hiciera nada para su sustituci\u00f3n. <\/p>\n
c.-) Durante el tiempo en que el inmueble estuvo secuestrado, el apoderado judicial del Banco Central Hipotecario fue negligente en relaci\u00f3n con su manejo, \u00abya que a pesar de las diferentes peticiones que realiz\u00f3 el secuestre al Juzgado de colaborarle para el cuidado y conservaci\u00f3n, no tom\u00f3 ninguna medida pertinente, siendo que el embargo estaba inscrito en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos, por esta raz\u00f3n se lleg\u00f3 al deterioro y desvalorizaci\u00f3n del bien\u00bb. <\/p>\n
d.-) Tambi\u00e9n por hecho imputable al apoderado del Banco Central Hipotecario al no retirar el dinero depositado por el secuestre por concepto de arrendamientos, seg\u00fan rendici\u00f3n de cuentas efectuada por \u00e9l el 5 de agosto de 1988, se hizo imposible la disminuci\u00f3n del capital y, por ende, la de los intereses causados. <\/p>\n
III.- El libelo demandador fue admitido por auto del 15 de julio de 1992, y enterado el demandado de las pretensiones del demandante, de manera extempor\u00e1nea y satisfaciendo el derecho de postulaci\u00f3n present\u00f3 escrito de respuesta en el que acept\u00f3 unos hechos, neg\u00f3 otros y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Igualmente, propuso incidente de nulidad de la notificaci\u00f3n personal, que fue resuelto de manera adversa en primera instancia y que apelado se confirm\u00f3 por el Tribunal. <\/p>\n
IV.- El funcionario del conocimiento le puso fin a la primera instancia por sentencia del 3 de febrero de 1994 en la que se absolvi\u00f3 al contradictor y se conden\u00f3 en costas a la parte actora. <\/p>\n
V.- Descontento con lo as\u00ed decidido, la parte promotora del proceso recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 , Sala Civil, quien al desatar la alzada mediante sentencia de 27 de junio de 1994, confirm\u00f3 la del a-quo en todas sus partes y conden\u00f3 en costas a la impugnante. <\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
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El Tribunal, luego de dar por establecidos los presupuestos procesales y de no hallar motivo de nulidad, pas\u00f3 a pronunciar sentencia de fondo confirmatoria de la de primera instancia, en cuyo apoyo consign\u00f3 las motivaciones que pasan a destacarse. <\/p>\n
a) El abuso del derecho, seg\u00fan lo ha dicho la doctrina, es otra de las fuentes de la responsabilidad civil, ya sea delictual o cuasidelictual. <\/p>\n
b) Cita a Planiol para recordar que antes no se admit\u00eda ni se toleraba, por ser contradictorio y excluyente, que se pudiera predicar que del ejercicio de un derecho se derivara alguna clase de abuso y, explica a continuaci\u00f3n, que contra ello se reaccion\u00f3 mediante la formulaci\u00f3n de la teor\u00eda del abuso del derecho que surgi\u00f3 \u00abcomo una l\u00f3gica reacci\u00f3n contra el absolutismo\u00bb. Luego pasa a mencionar a Josserand como quien se encarg\u00f3 a partir de 1932 de sistematizar la \u00abteor\u00eda de la relatividad de los derechos\u00bb, a trav\u00e9s de la cual si era posible al ejercer uno subjetivo incurrir en el abuso, y termina citando a Alessandri en su obra \u00abDe la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil T. I, cuando dice \u00ablos derechos, a m\u00e1s de su aspecto individual, tienen una finalidad social que llenar, de la que su titular no puede prescindir. Deben, pues, ejercerse de acuerdo con los fines para que han sido otorgados. Quien prescinde de estos fines y los utiliza en otros diversos de aquellos que legitimaron su existencia, quien los desv\u00eda de la misi\u00f3n social a la que est\u00e1n destinados, abusa de ellos, y si causa un da\u00f1o, debe indemnizarlos…\u00bb. <\/p>\n
c) Invoca a continuaci\u00f3n la jurisprudencia de la Corte que ha entendido que el abuso del derecho constituye una especie de la culpa aquiliana y menciona las cuatro modalidades en que es susceptible el ejercicio de un derecho: \u00aba) el disfrute de hecho de su contenido; b) el de hacerlo valer frente a los dem\u00e1s; c) el de disponer de \u00e9l; y d) el de hacerlo efectivo por medio de la acci\u00f3n procesal, lo que indica que el abuso del derecho comienza por afirmar, desde luego, un derecho que asiste a quien lo ejercita. El abuso consiste en que este ejercicio se excede o se desv\u00ede de los fines que econ\u00f3mica y socialmente corresponden, y as\u00ed perjudique al perseguido, sin siquiera obtener las m\u00e1s de las veces provecho para s\u00ed (Corte, G. J. T. LV, p: 318)\u00bb. <\/p>\n
d) Hace una amplia cita doctrinal de sentencias de esta Corporaci\u00f3n entre ellas la de 11 de octubre de 1973 pronunciada dentro del ordinario de Luis Enrique P\u00e1ez Sierra contra la Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero, para concluir que \u00abese elemento indispensable para que se configure la responsabilidad del demandado no est\u00e1 acreditado, en el caso sub-judice en forma alguna. No obstante que en el proceso se estableci\u00f3 la existencia de los da\u00f1os causados al inmueble por su abandono, no se puede obligar a la parte demandada a indemnizarlo, porque no se demostr\u00f3 que en sus actuaciones procesales haya utilizado una conducta que tipifique, seg\u00fan las anteriores consideraciones, las caracter\u00edsticas propias del abuso del derecho que se han estudiado, tales como la clara intenci\u00f3n de inferir da\u00f1o o que hubiese procedido con temeridad, mala fe o imprudencia manifiesta\u00bb. <\/p>\n
e) Finaliza afirmando que la negligencia o el descuido fue del auxiliar de la justicia que fungi\u00f3 como secuestre del inmueble y nunca del aqu\u00ed demandado que se limit\u00f3 a ejercer, sin incurrir en abuso alguno, el derecho, a hacer efectivo el cr\u00e9dito garantizado con hipoteca ya exigible a su favor y a cargo de la demandante, agregando que \u00abla temeridad, la mala fe o la grave imprudencia en que debe necesariamente haber incurrido el demandado no aparece acreditada por cualquiera de los medios probatorios indicados en el estatuto procesal civil. De ah\u00ed que la conducta de donde se hace derivar la responsabilidad civil del demandado, no es fuente de derecho alguno en el presente caso, pues el solo hecho de que dicha parte no haya solicitado al juez la designaci\u00f3n de nuevo secuestre cuando no se posesion\u00f3 el escogido en reemplazo del que renunci\u00f3, o que no haya ejercido un severo control sobre el que en principio desempe\u00f1\u00f3 el cargo, no constituye necesariamente abuso del derecho, y menos a\u00fan cuando -como se ha repetido-, el nombramiento del nuevo auxiliar o la vigilancia sobre el ejercicio de su cargo pueden ser pedidos por la parte demandada, y pueden y deben ser ejercidos por el mismo juez que dirige el proceso\u00bb. <\/p>\n
EL RECURSO DE CASACION <\/p>\n
Dos cargos, ambos por la causal primera de casaci\u00f3n, formul\u00f3 el recurrente contra la sentencia del Tribunal, los cuales se despachar\u00e1n en el orden propuesto. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
En \u00e9l se acusa la sentencia de infringir, indirectamente los art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, y 72 y 73 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por aplicaci\u00f3n indebida, a consecuencia de errores de hecho cometidos por el Tribunal en el an\u00e1lisis del acervo probatorio. <\/p>\n
a) No haber tenido en cuenta indicio grave en contra del demandado, deducido de la no contestaci\u00f3n oportuna de la demanda, art\u00edculo 95 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a pesar de haber recibido notificaci\u00f3n personal y traslado en forma debidas por conducto de su representante legal. <\/p>\n
b) No haber tenido en cuenta el indicio derivado de la conducta procesal del Banco Central Hipotecario al proponer, sin fundamento como se evidencia con la improsperidad en ambas instancias, incidente de nulidad con el claro y \u00abcensurable\u00bb prop\u00f3sito de \u00abrevivir un t\u00e9rmino legal vencido (art\u00edculo 249 del C. de P. C.)\u00bb, el del traslado de la demanda, aduciendo \u00abomisi\u00f3n de simples formalismos que en nada afectaron el derecho de defensa\u00bb en el acto secretarial de notificaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
c) No haber tenido en cuenta la prueba documental, copias tomadas del expediente que contiene la ejecuci\u00f3n con t\u00edtulo hipotecario del Banco Central Hipotecario contra Inversiones Urbanas y Rurales Bolivariana Ltda. que se tramit\u00f3 en el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., decretado como prueba de manera oportuna pero solamente allegada a la segunda instancia directamente por la parte demandante. A continuaci\u00f3n relaciona una por una treinta y seis (36) actuaciones obrantes all\u00ed, que no fueron valoradas, ya que el conjunto pas\u00f3 \u00absorprendentemente inadvertida\u00bb. <\/p>\n
Destaca que de los documentos en listados se deduce que el secuestre estuvo atento a que el inmueble cautelado produjera rendimiento durante su administraci\u00f3n, lo que ciertamente sucedi\u00f3 entre el 1o. de abril de 1983 hasta el 30 de mayo de 1987, fecha en la cual los arrendatarios lo restituyeron. Igualmente puso en conocimiento del juzgado la necesidad de hacer reparaciones locativas de car\u00e1cter urgente pidiendo autorizaci\u00f3n para sufragarlos de los dineros recaudados. Su insistencia sobre el particular no fue atendida y \u00absolo recibi\u00f3 por respuesta la absoluta despreocupaci\u00f3n de la parte actora, siendo que a esta m\u00e1s que a nadie le ten\u00eda que haber interesado la conservaci\u00f3n del bien garante de la obligaci\u00f3n cuyo cobro ejecutivo persegu\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Se pregunta el censor \u00abqui\u00e9n debe asumir los gastos que los actos de administraci\u00f3n del secuestre generen?\u00bb respondi\u00e9ndose \u00e9l mismo que debe acudirse al art\u00edculo 10 del C. de P. C. \u00abque faculta al juez para autorizar el pago de impuestos y expensas con aquellos dineros consignados en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales\u00bb por el secuestre . Agrega que, en el supuesto de no existir tales dineros o frutos, acatando lo dispuesto en el art\u00edculo 2259 del C\u00f3digo Civil al que remite el 2277, \u00abel depositante se encuentra obligado a indemnizarle al depositante (sic) las expensas que haya hecho para la conservaci\u00f3n de la casa y que probablemente hubiere efectuado \u00e9l mismo de haberla tenido en su poder\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo asevera que \u00abla responsabilidad que se endilga al Banco Central Hipotecario no estriba en esencia en la no insistencia en el reemplazo del se\u00f1or Cely Chaparro como tampoco en la ausencia de un severo control sobre el mismo se\u00f1or como laxamente lo asevera el Tribunal, porque la verdad sea dicha, ni uno ni otro fueron la causa directa de los da\u00f1os materiales sufridos por el inmueble, sino el comportamiento palpablemente despreocupado, de extremo descuido, o lo que es igual, de manifiesta imprudencia de la parte actora ante la situaci\u00f3n de emergencia reiteradamente planteada por el auxiliar de la Justicia\u00bb; esto es, el fundamento jur\u00eddico de lo pedido est\u00e1 en el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil y no en los 72 y 74 del C. de P. C. <\/p>\n
d) No valorar, no obstante haber concluido que se causaron y demostraron los da\u00f1os y deterioros al inmueble que son objeto de reclamaci\u00f3n, el dictamen pericial que fij\u00f3 su cuant\u00eda, y, por la fundamentaci\u00f3n de sus conclusiones, \u00abf\u00e1cilmente se puede establecer la relaci\u00f3n de causalidad entre el da\u00f1o y la conducta culposa del apoderado del Banco Central Hipotecario: el comportamiento descuidado y negligente del ejecutante dio lugar a que el inmueble quedara expuesto a toda suerte de zaqueos (sic) y deterioros materiales\u00bb. <\/p>\n
e) No apreciar la declaraci\u00f3n del secuestre Pedro Antonio Cely Chaparro que reiter\u00f3 lo que varias veces plante\u00f3 en sus escritos respecto de la necesidad de efectuarle reparaciones al inmueble secuestrado y sometido a su administraci\u00f3n, \u00absin obtener una contestaci\u00f3n favorable\u00bb del apoderado del Banco Central Hipotecario. <\/p>\n
f) No haber tenido en cuenta los documentos allegados con la demanda y relacionados en \u00abel ac\u00e1pite de pruebas\u00bb, as\u00ed mismo que \u00abse trata en su mayor\u00eda de actuaciones obrantes en el proceso ejecutivo hipotecario\u00bb entre las mismas partes, y que origina, en su sentir, la indemnizaci\u00f3n de perjuicios reclamados como secuela del deterioro y desvalorizaci\u00f3n padecidos por el inmueble embargado y secuestrado. Hace la individualizaci\u00f3n de los catorce (14 ) documentos y manifiesta que ellos demuestran el proceder diligente del secuestre y ratifican la desidia e indiferencia del demandado porque, seg\u00fan su entendimiento, \u00abDesde el momento mismo en que el inmueble fue embargado y secuestrado la sociedad demandada dej\u00f3 de ser su poseedora, para pasar a serlo la parte actora y a trav\u00e9s del auxiliar de la justicia nombrado para el efecto. Y con la misma calidad asumi\u00f3 la responsabilidad de conservar y proteger el bien\u00bb. <\/p>\n
No aplic\u00f3 el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil que establece la responsabilidad civil extracontractual por un proceder doloso o culposo, a pesar de haberse demostrado la culpa del Banco Central Hipotecario, el da\u00f1o padecido por INVERSIONES URBANAS Y RURALES BOLIVARIANA LTDA. en el inmueble de su propiedad y la relaci\u00f3n de causalidad entre este y aquella. Y tambi\u00e9n, aplic\u00f3 indebidamente los art\u00edculos 72 y 74 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ya que al contradictor no se imput\u00f3 una actuaci\u00f3n, propiamente dicha, de mala fe, dolosa o temeraria. <\/p>\n
CONSIDERACIONES: <\/p>\n
1.- No le asiste raz\u00f3n a la recurrente cuando acusa al fallador ad-quem de no haber aplicado a la composici\u00f3n del asunto materia de controversia el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil que reglamenta la responsabilidad civil extracontractual, tal como lo plante\u00f3 desde un principio en su demanda, y por acudir a otros preceptos que, seg\u00fan \u00e9l, no sirven para solucionar el problema como son los art\u00edculos 72 y 74 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por cuanto para refutar este aserto basta leer con detenimiento la sentencia de segunda instancia para concluir que, contrariamente a lo expresado, los pedimentos de la parte demandante fueron estudiados a la luz de la responsabilidad civil extracontractual o aquiliana, como se aprecia en el siguiente pasaje del mismo y que aquel tom\u00f3, seg\u00fan lo dijo, de fallos de esta Corporaci\u00f3n de 26 de enero de 1976 y 24 de mayo de 1980: \u00abAhora bien, como la responsabilidad civil por abuso de derechos subjetivos, generalmente en nada se separa de los lineamientos principales de la culpa aquiliana, o de la contractual, en su caso, s\u00edguese que al demandante no le basta acreditar la existencia de ese abuso con la calidad de culposo, sino que es menester que demuestre el da\u00f1o que haya padecido y la relaci\u00f3n de causalidad entre \u00e9ste y la culpa alegada. El abuso del derecho, pues como especie de la responsabilidad civil, solo puede ser fuente de indemnizaci\u00f3n cuando se pruebe que existen los tres elementos cl\u00e1sicos de ella: culpa, da\u00f1o y relaci\u00f3n de causa o efecto entre aquella y \u00e9ste\u00bb. <\/p>\n
El elemento culpa de la responsabilidad civil extracontractual o aquiliana en su especie de abuso del derecho, no lo encontr\u00f3 demostrado el Tribunal, no porque hubiese hecho el estudio a la luz de preceptos distintos al art\u00edculo 2341 del Estatuto Sustantivo Civil, sino porque en el caso concreto de exceso en la elecci\u00f3n de las v\u00edas de derecho, la culpa tiene que haber sido generada, como aqu\u00ed no se demostr\u00f3, por la intenci\u00f3n inequ\u00edvoca de inferir da\u00f1o o por el proceder temerario o de mala fe o una imprudencia manifiesta, tal como lo exigen las normas especiales que tratan del asunto, como son, para el caso que se examina, los art\u00edculos 72 y 74 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
2.- Pero adem\u00e1s, en este caso el Tribunal no pas\u00f3 por alto ni omiti\u00f3 tener en cuenta las pruebas que rese\u00f1a la recurrente y que fueron recaudadas en el curso de la instrucci\u00f3n del plenario (indicios, documentos, declaraci\u00f3n del secuestre y dictamen pericial), sino que t\u00e1citamente consider\u00f3 que tales pruebas eran inanes para dar por sentado que la utilizaci\u00f3n del cobro compulsivo fue temeraria, es decir, iniciada de mala fe, sin lo cual no se estructura el abuso del derecho, que sirva de basamento a una condena en perjuicios. <\/p>\n
El ad-quem concluy\u00f3 que en los autos no estaba demostrada la temeridad ni la mala fe en la conducta del aqu\u00ed demandado al no asumir de manera directa y personal la administraci\u00f3n y control del inmueble embargado y secuestrado, como erradamente lo predica y exige el recurrente hasta el punto de dar a entender que debi\u00f3 desplazar al propio auxiliar de la justicia en el ejercicio de sus funciones. No pretiri\u00f3, entonces, el Tribunal que las medidas cautelares causaron perjuicios, sino que estim\u00f3 simplemente esos perjuicios como parte del normal desarrollo del proceso, puesto que la conducta omisiva que califica como nociva y perjudicial la demandante tambi\u00e9n, lo reitera, le es atribuible con igual intensidad a ella misma, al juez que conoci\u00f3 de la ejecuci\u00f3n y al negligente secuestre; es decir, en la mente del Tribunal no estuvo el considerar dicho proceder como injusto para ser generador de indemnizaci\u00f3n, a pesar de partir de la demostraci\u00f3n del da\u00f1o sufrido. <\/p>\n
A este respecto tiene dicho la jurisprudencia de la Corte, al referirse al ataque por error de hecho en la supuesta omisi\u00f3n de un conjunto de pruebas obrante en el expediente, que \u00abcomo para que este error tenga trascendencia en casaci\u00f3n se requiere adem\u00e1s que sea la determinante de tomar en el fallo decisiones contrarias a la legal, se impone afirmar que no es posible sustentar ataque a la sentencia con fundamento en error de hecho en la apreciaci\u00f3n de medios de prueba, cuando el fallador parte de la base de la presencia de ellos en el proceso, pero no los estima por considerarlos inconducentes o ineficaces para desvirtuar los hechos que otros medios de prueba demuestran\u00bb (G.J. CLI, p\u00e1g. 210). <\/p>\n
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El cargo, pues, no prospera. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Mediante \u00e9l se combate la sentencia por infringir indirectamente, como consecuencia de errores de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, los art\u00edculos 2341 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n; y 72 y 74 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
Con el prop\u00f3sito de sustentar su acusaci\u00f3n, la recurrente se\u00f1ala que la sentencia cuestionada cometi\u00f3 trascendentes errores de derecho al no expresar el m\u00e9rito asignado a cada una de las pruebas recaudadas ni hacer el examen de todas en conjunto. Seguidamente pasa a relacionar las medios que omiti\u00f3 estimar en conjunto, los mismos que enlista en la sustentaci\u00f3n del primer cargo, esto es, el indicio derivado de no haberse contestado la demanda oportunamente, el indicio de haberse propuesto sin \u00e9xito incidente de nulidad de la diligencia de notificaci\u00f3n personal de la demanda, los treinta y cuatro (34) documentos correspondientes al proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario suscitado entre las mismas partes y los dieciocho (18) documentos referentes al mismo proceso arrimados con la demanda. <\/p>\n
Luego de reproducir algunos apartes de la sentencia del Tribunal en los que se destaca la conclusi\u00f3n de no encontrarse acreditada en cabeza del demandado \u00abla clara intenci\u00f3n de inferir da\u00f1o o que hubiese procedido con temeridad o mala fe o imprudencia manifiesta\u00bb, esto es, el abuso del derecho en la elecci\u00f3n de las v\u00edas procesales, argumenta que el fallo carece de \u00abun pronunciamiento en torno a cada uno de los medios de convicci\u00f3n obrantes en el proceso, as\u00ed como la apreciaci\u00f3n conjunta de los mismos, que sustente la conclusi\u00f3n contenida en las transcripciones antes hechas\u00bb. Agrega que \u00abEl sentenciador manifest\u00f3 que no hall\u00f3 comprobada la mala fe, o la temeridad por \u00abcualquiera de los medios probatorios indicados en el estatuto procesal civil\u00bb pura y simplemente, sin adentrarse en el an\u00e1lisis de cada una de las pruebas espec\u00edficamente allegadas y practicadas en el curso del proceso, que no son otras diferentes a las anteriormente relacionadas\u00bb. <\/p>\n
Afirma el censor que tambi\u00e9n se quebrantaron los art\u00edculos 241 y 250 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en primer t\u00e9rmino, por no haber apreciado el dictamen pericial \u00aben conjunto con los restantes medios probatorios\u00bb y, en segundo lugar, \u00abpor cuanto no cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n de valorar los indicios derivados de la falta de contestaci\u00f3n oportuna de la demanda y conducta procesal del demandado en relaci\u00f3n con las dem\u00e1s pruebas obrantes en autos\u00bb. <\/p>\n
Insiste en que la situaci\u00f3n por \u00e9l planteada desde un principio se encuentra descrita en el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil que solamente exige que el deudor causante del da\u00f1o haya actuado de manera descuidada y negligente y no en los art\u00edculos 72 y 74 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que \u00abno exigen una conducta culposa cualquiera, sino una actuaci\u00f3n de tipo procesal que revista el car\u00e1cter de dolosa, malintencionada, temeraria, desarrollada a trav\u00e9s de recursos, incidentes, demandas, tr\u00e1mites especiales etc.\u00bb. <\/p>\n
Finaliza manifestando que \u00abDe haberse analizado el acervo probatorio conforme a lo ordenado por los art\u00edculos 174, 187, 241 y 250 del C. de P. C., el ad quem habr\u00eda subsumido la conducta omisiva del secuestre dentro de la hip\u00f3tesis prevista en el art\u00edculo 2341 del C.C., y no en la consagrada en los art\u00edculos 72 y 74 del C. (sic) referentes a actuaciones procesales propiamente dichas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Respecto de los modos por medio de los cuales puede producirse la violaci\u00f3n indirecta de una norma de derecho sustancial, tiene dicho la doctrina de la Corte que ello puede suceder como consecuencia de un error de hecho o uno de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, desacierto a consecuencia del cual deja de aplicar, al caso litigioso, la norma que verdaderamente lo regula, o le aplica la que le es extra\u00f1a; y concretando lo atinente al error de derecho, ha reiterado que uno de los eventos en que el Juzgador lo comete es cuando aprecia pruebas obrantes en el proceso sin observar los requisitos dispuestos en la ley para su valoraci\u00f3n. <\/p>\n
2.- La doctrina de esta Sala sobre la apreciaci\u00f3n de las pruebas en conjunto y la exposici\u00f3n razonada que se le da a cada prueba, exigencias impuestas al fallador por el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ha expuesto que \u00abEn tal evento, observa la Sala que c\u00f3mo de conformidad con la presunci\u00f3n legal de acierto en la estimativa probatoria de un fallo que llega en casaci\u00f3n, se entiende que el fallador da cumplimiento al deber de apreciar en conjunto o globalmente (integraci\u00f3n mediante la relaci\u00f3n o causaci\u00f3n de similitud, disimilitud, oposici\u00f3n, convergencia, etc.) todas las pruebas que se dan por existentes en el proceso someti\u00e9ndose en ello a las reglas de la sana cr\u00edtica y sus limitaciones (las solemnidades esenciales y de validez de los actos), dando la raz\u00f3n del m\u00e9rito de cada prueba (art. 187 del C. de P. C.), es menester concluir que su impugnaci\u00f3n en casaci\u00f3n por error de derecho no queda ajustada del todo a la t\u00e9cnica por la indicaci\u00f3n abstracta de la violaci\u00f3n de la citada preceptiva, sino que adem\u00e1s, es indispensable, entre otros, que el defecto sea en la apreciaci\u00f3n normativa de la prueba y no se sustente en deficiencia f\u00e1ctica, como la preterici\u00f3n de la prueba, porque el yerro que debe endilgarse debi\u00f3 ser el de hecho y no el de derecho. Adem\u00e1s, es imperativo, por lo arriba expuesto, que la indicaci\u00f3n de tal yerro de derecho, a pesar de referirse a falta de apreciaci\u00f3n global, debe ir acompa\u00f1ada de la determinaci\u00f3n o singularizaci\u00f3n (como lo exigen los art\u00edculos 368, num.1, y 374, num.3, C. de P. C.) de todas y cada una de las pruebas, que a juicio del recurrente no fueron objeto de apreciaci\u00f3n conjunta; indicaci\u00f3n \u00e9sta que, por lo dem\u00e1s, debe ser completa en el sentido que abarque la apreciaci\u00f3n en conjunto de todo (y no de una parte o grupo) el acervo probatorio que sostiene el fallo, la que debe ir acompa\u00f1ada de su comprobaci\u00f3n con la indicaci\u00f3n de los pasajes donde quede demostrada completamente la falta absoluta de la mencionada integraci\u00f3n y estimativa global, pues no apareciendo de esta manera, se mantiene la presunci\u00f3n de acierto en esta materia, que, por lo tanto, deja invulnerable el fallo por ese motivo\u00bb. (Sentencia 103 de 16 de mayo de 1991). <\/p>\n
En igual sentido se ha dicho por la Corporaci\u00f3n que \u00abEn lo que a la casaci\u00f3n ata\u00f1e, y como quiera que la norma antes mencionada -art. 187- exige la apreciaci\u00f3n de las pruebas en conjunto, la jurisprudencia de la Corte ha sostenido que el desconocimiento de tal mandato por parte del fallador da lugar a un error de derecho, desde luego que se desconocer\u00eda una prescripci\u00f3n de la ley instituida para evaluar las pruebas…Como es natural, en procura de que ese error aparezca, debe el impugnante demostrar que la tarea evaluativa de las distintas probanzas cumplida por el sentenciador se llev\u00f3 a cabo al margen del an\u00e1lisis de conjunto pedido en el art\u00edculo 187, o sea, poniendo de manifiesto c\u00f3mo la apreciaci\u00f3n de los diversos medios lo fue de manera separada o aislada, sin buscar sus puntos de enlace o de coincidencia. Este y no otro debe ser el criterio a seguirse cuando de individualizar este tipo de yerro se trata. En consecuencia, si, con prescindencia de las conclusiones obtenidas en el campo de los resultados de la prueba, pues es asunto que cae en el terreno rigurosamente f\u00e1ctico, la referida tarea valorativa se ci\u00f1\u00f3 a la norma citada, no ser\u00e1 admisible la pr\u00e9dica del error cuando bajo el pretexto de su demostraci\u00f3n, lo que persigue es la sustituci\u00f3n del examen de conjunto realizado por el sentenciador por el que proponga el recurrente. Expresado de otra manera, se debe tener un cuidado sumo para que el planteamiento no derive hacia el aspecto de la objetividad de los hechos pues en \u00e9ste la cuesti\u00f3n queda ya bajo el influjo del error de hecho que, como se sabe, tiene una naturaleza distinta al error de derecho\u00bb. (Sentencia 067 del 4 de marzo de 1991). <\/p>\n
3.- Acorde con lo precedente, el cargo estudiado no fue formulado de manera t\u00e9cnica por la recurrente. Es indiscutible que el incumplimiento por parte del fallador del deber de valorar en conjunto todos las pruebas allegadas al proceso, genera un error de derecho de su parte que hace atacable la sentencia de conformidad con la causal primera de casaci\u00f3n. Empero, no es suficiente que tal cosa se afirme simplemente, sino que es imperativo que, adem\u00e1s de la individualizaci\u00f3n de los medios de prueba no estimados globalmente, se indique por la censura los apartes de cada una de ellas que evidencien y demuestren de modo completo la falta total de dicha integraci\u00f3n, a consecuencia de la cual se produce la violaci\u00f3n de norma de derecho sustancial, so pena de que como secuela de no hacerse as\u00ed permanezca inalterable la presunci\u00f3n de acierto que cobija toda decisi\u00f3n judicial, y por lo mismo inc\u00f3lume la sentencia atacada con el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Ac\u00e1 la impugnante se limit\u00f3 a individualizar y determinar los medios probatorios obrantes en el expediente que considera no fueron valorados en conjunto: indicios, documentos, declaraci\u00f3n del secuestre y dictamen pericial, pero no relaciona ni destaca los aspectos de cada uno de ellos que sirvan de puntal a la integraci\u00f3n que echa de menos. Esta omisi\u00f3n conduce necesariamente a que el cargo est\u00e9 planteado sin los requisitos t\u00e9cnicos m\u00ednimos exigidos cuando se trata de acusar la sentencia por error de derecho y, por ende, la presunci\u00f3n de acierto de la misma no ofrece discusi\u00f3n posible. <\/p>\n
<\/p>\n
4.- Haciendo abstracci\u00f3n de la deficiencia t\u00e9cnica advertida en la formulaci\u00f3n del yerro de derecho, no tiene raz\u00f3n la recurrente cuando asegura que no se hizo por el fallador examen de conjunto de las pruebas recaudadas ni se expuso respecto de cada una de ellas el m\u00e9rito que le daba. En efecto, la sentencia s\u00ed dio cumplimiento al ya citado precepto aunque no de manera expresa sino t\u00e1cita, tal como se desprende de la conclusi\u00f3n que hizo el sentenciador de no haber encontrado en el elenco probatorio la demostraci\u00f3n del elemento cualificado de la responsabilidad civil extracontractual o aquiliana, en la especie de abuso del derecho, relacionado con la inequ\u00edvoca intenci\u00f3n de inferir da\u00f1o de parte del demandado o que hubiese procedido con temeridad, mala fe o imprudencia manifiesta. Al haber razonado de esa manera, ha de entenderse que ninguna de las probanzas, ya individual o conjuntamente consideradas, le sirvi\u00f3 para deducir dicho elemento axiol\u00f3gico de la pretensi\u00f3n resarcitoria estudiada, raz\u00f3n por la cual no podr\u00eda, dentro de una l\u00f3gica hermen\u00e9utica, hablarse de falta de apreciaci\u00f3n de las mismas en conjunto. <\/p>\n
El cargo, pues, no prospera. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 27 de junio de 1994 proferida en este proceso ordinario por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Costas del recurso a cargo de la parte demandante. Liqu\u00eddense. <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAM\u00cdREZ G\u00d3MEZ <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
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S-019-99 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: NICOLAS BECHARA SIMANCAS Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Distrito Capital, ocho (8) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).- Referencia: […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81624","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81624","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81624"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81624\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81624"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81624"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81624"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}